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Salud

Ellen ‘t Hoen, la experta en patentes medicinales que exige aplicar el modelo del SIDA en las vacunas contra el COVID

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Esta abogada holandesa es una de las máximas expertas mundiales en el papel de la propiedad intelectual en la medicina y la farmacología. Sus ambiciosas propuestas para acelerar el proceso de inmunización en todo el planeta

Más de un año después del comienzo de la pandemia, las vacunas se convirtieron en la única esperanza de la humanidad a la hora de imaginar un retorno a la vida tal cual la conocíamos antes del COVID-19. Su elaboración en tiempo récord, la variedad en las tecnologías aplicadas y la alta efectividad demostrada en los países con procesos de vacunación más avanzados han puesto de manifiesto, una vez más, las enormes potencialidades del desarrollo científico y tecnológico.

Pero al mismo tiempo han quedado expuestas las profundas inequidades de ese desarrollo: mientras que un puñado de países ricos tienen ya vacunada a cerca de la mitad de su población, la gran mayoría de las naciones pobres apenas empezó a aplicar las primeras dosis

No se trata de un problema exclusivamente ético. El tiempo, en un contexto pandémico, juega en contra de la posibilidad de hallar una salida debido a que, en la medida en la que el virus siga reproduciéndose, las mutaciones son cada vez más frecuentes y amenazan la efectividad de las vacunas. Algo que, a la larga, puede terminar afectando también a los países que hoy parecen a salvo por lo avanzado de su plan de inoculación.

En ese cuadro, la incógnita que desvela al mundo es cómo acelerar la producción y la distribución de vacunas. Son cada vez más las voces que creen que la respuesta sería liberar las patentes, habilitando a laboratorios de todo el planeta a fabricar las fórmulas que ya se sabe que son efectivas.

¿Qué son las patentes y cómo se relacionan con la producción global de vacunas y de medicamentos? ¿Qué consecuencias tendría realmente suspenderlas? ¿Hay propuestas alternativas para regular la producción y la distribución de estos bienes esenciales? Ellen ‘t Hoen, una de las máximas expertas mundiales en la materia, respondió estas y otras preguntas en una entrevista con Infobae.

Desde hace 30 años, esta abogada holandesa que además es autora del libro Patentes privadas y salud pública (2016) estudia el papel de la propiedad intelectual en el mundo de la medicina y la farmacología, e interviene activamente en los debates del momento, con propuestas ambiciosas para facilitar el acceso a medicamentos y vacunas. Además de haber formado parte de Médicos Sin Fronteras, fue directora del Fondo de Patentes de Medicamentos y actualmente dirige la organización Leyes y Políticas de los Medicamentos.

—Para comenzar, ¿podría explicar, de una forma sencilla, cómo funcionan las patentes?

—Las patentes son concedidas a cambio de innovaciones y confieren cierto valor a quiénes las poseen. Cuando alguien tiene una patente, tiene el derecho de excluir a otros de hacer uso de su invento. Es por eso que algunos dicen que es un derecho negativo. También se puede conceder a otros el derecho a usar dicho invento, pero la idea básica es que se entrega un monopolio temporal a alguien que ha inventado algo y que ha gastado tiempo y dinero en hacerlo, para que, por cierto período, tenga la posibilidad de ser la única persona en explotarlo, de modo que esa inversión pueda ser recompensada. Suena como un sistema bastante justo. Pero, por supuesto, viene con costos para la sociedad.

—¿Cuáles serían los costos en el caso de las patentes en la industria médica?

—En el caso de la medicina, el costo detrás del sistema de patentes es aún más alto. Porque al tener un monopolio, los fabricantes pueden usar este derecho para maximizar los precios, y eso conduce a la especulación. Ya no estamos hablando de obtener un beneficio económico, sino de especulación. Eso puede provocar que la gente no tenga acceso a las innovaciones, aunque las necesiten. Por eso es que hay tanto debate en torno a las patentes de los medicamentos. Hoy en día duran un mínimo de 20 años y son concedidas para todos los campos de la tecnología utilizada.

—¿Esto funcionó siempre de la misma manera?

—En el pasado no era así. Cambió con la adopción de nuevos parámetros de propiedad intelectual por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995. Antes algunos países elegían, por ejemplo, no otorgar patentes por productos médicos. Quizás las otorgaban por los procesos, pero no por los productos. India ha hecho eso por un tiempo muy largo; Argentina tampoco dio patentes a las farmacéuticas por mucho tiempo; tampoco lo hacía Brasil. Ese tipo de flexibilidad o de diversidad en la aplicación de la ley de patentes desapareció con la adopción de los acuerdos de comercio de 1995.

—¿Cómo influyó este régimen de patentes durante la crisis del sida?

—Las consecuencias negativas de las patentes en medicamentos se volvieron internacionalmente muy visibles en el punto más alto de la crisis del sida/VIH, a fines de los años 90. Las medicinas antirretrovirales eran accesibles sólo en los países ricos, pero donde vivía la mayoría de las personas con VIH, que eran cerca de 30 millones, no se podía acceder porque costaban entre 10.000 y 15.000 dólares por paciente al año, a pesar de que el costo de producción rondaba los 50 dólares. El problema era que las patentes de estos medicamentos estaban muy extendidas, incluso en el África Subsahariana. Afortunadamente, países como India, en donde no regían las patentes, comenzaron a fabricar copias genéricas de esos medicamentos, haciendo bajar significativamente los precios.

—Fue en ese contexto que surgió la idea de un fondo de patentes médicas.

—Sí. Fue algo que surgió en base a una experiencia ocurrida en los Estados Unidos a finales de la Primera Guerra Mundial, cuando se desarrollaron los primeros aviones. Las patentes y la tecnología necesaria para construirlos eran de un pequeño grupo que se negaba a compartirlas con los demás. El Gobierno necesitaba producir aviones a gran escala en sus esfuerzos bélicos, por lo que decidió crear un fondo común de patentes, y forzó a esas compañías a participar. A partir de entonces, cualquiera que quisiera podía usar las patentes de ese fondo para hacer aviones, pero pagando una regalía de 100 dólares a los dueños, que de hecho se enriquecieron bastante. Fue en la Conferencia Internacional del SIDA de Barcelona en 2002 en la que se planteó la idea: “Si pudimos hacerlo con fines militares, podemos hacer algo similar para los medicamentos del HIV”. Ahora el Fondo se ha expandido a otras enfermedades como la hepatitis, pero por fuera de esos casos específicos continúa siendo muy difícil acceder a este tipo de licencias.

—Usted propone, ante la actual pandemia, un Fondo de Patentes Médicas para el COVID-19. ¿Podría darnos más datos sobre cómo funciona este fondo?

—Actualmente, el fondo se presenta ante compañías, entidades o institutos de investigación que poseen las patentes de los medicamentos, por ejemplo, para el HIV, y negocia una licencia de esa patente. Eso significa que el dueño de la patente autoriza al fondo a dar a otros la posibilidad de desarrollar o fabricar esos medicamentos. En algunos casos es gratis, y en otros es a cambio de pequeñas regalías, que son un porcentaje de las ventas netas del producto genérico. Entonces, los fabricantes que pueden trabajar a gran escala producen grandes volúmenes de medicamentos y bajan los precios, lo que permite proveer estas medicinas a los millones cuyas vidas dependen de eso. Es como recrear una situación en la que las patentes no existían. Sin embargo, hay una lista de países de altos ingresos en los que estos medicamentos genéricos no pueden ser vendidos. Porque ese es un mercado lucrativo que los dueños de las patentes farmacéuticas quieren mantener. No digo que eso sea algo bueno, porque que alguien viva en un país de ingresos altos no significa que necesariamente pueda pagar los precios que ponen los monopolios.

—Mencionó antes a India, que es un importante actor en la escena global de los medicamentos, a veces llamada “la farmacia del mundo”. ¿Cuál es su rol en la industria farmacéutica global?

—India es el hogar de un importante número de fábricas de genéricos. Son compañías que hacen medicamentos, algunos de ellos llamados copias, que son químicamente iguales a los originales, pero a un costo mucho más bajo. La razón por la cual India posee semejante complejo industrial es porque en la década del 70 el Gobierno decidió abolir las patentes para proveer medicinas en su país. Tan pronto como una medicina sale al mercado, un fabricante indio sabrá cómo arreglárselas para producir el genérico y ofrecerlo a un precio mucho más bajo.

—¿Se adecuó en algún momento a las regulaciones de la OMC sobre patentes, firmadas en 1995?

—Sí. En 2005 modificó su legislación de patentes para que fuera compatible con los estándares internacionales. Pero lo hizo con una serie de criterios estrictos para proteger su industria. Por ejemplo, India permite que las farmacéuticas patenten una innovación real, pero no pueden patentar la alteración de una molécula o una mejora pequeña. Con esa decisión limitó la cantidad de patentes que otorga, lo cual fue un movimiento importante.

Una imagen de México durante la pandemia (Foto: Cuartoscuro)Una imagen de México durante la pandemia (Foto: Cuartoscuro)

—Es evidente que las patentes satisfacen el interés egoísta de las farmacéuticas, que como todas las empresas trabajan para obtener una ganancia. ¿Pero no es posible que también permitan cierto beneficio para la comunidad?

—Es una pregunta difícil, y la verdad es que no lo sabemos. Hay una especie de creencia en que sin las patentes va a haber menos inversiones e innovación. No hay dudas de que el sistema de patentes y la posibilidad de hacer cantidades enormes de dinero a partir de nuevos medicamentos incentiva el financiamiento de la industria farmacéutica, lo cual se vuelca en investigación y desarrollo. Pero la pregunta es: ¿estamos teniendo la investigación y el desarrollo que necesitamos desde una perspectiva sanitaria? Para muchas enfermedades el sistema no funciona; sólo lo hace allí donde hay un potencial de vender una medicina a un precio muy alto. Hay ejemplos muy claros de esto, como las enfermedades que afectan a los pobres. La necesidad de resolver cuestiones de este tipo es enorme y el problema es global, pero el sistema de patentes nunca hará que el dinero llegue a esos desarrollos. Porque, de nuevo, la perspectiva de rentabilidad no está ahí. Es interesante lo que estamos experimentando actualmente con el COVID-19, porque cuando la pandemia estalló, hace como un año atrás, nadie dijo: “Por suerte tenemos este sistema genial de patentes médicas, sentémonos y esperemos que llegue la solución desde la industria”. Por el contrario, los estados comenzaron a invertir miles de millones de dólares al servicio de la investigación y el desarrollo de tratamientos y vacunas. Creo que sí funciona para ciertos productos que pueden ser vendidos a precios altos. Lo vemos en el área de las investigaciones en torno al cáncer, donde ha habido una serie de avances gracias a la perspectiva de ganancias que había detrás. Pero hay grandes áreas de necesidad en donde esto no se cumple. Y no se puede gastar el dinero destinado a la salud dos veces. Si se gasta en un tratamiento muy caro contra el cáncer, no se puede gastar en investigar una enfermedad rara.

—Los defensores de las patentes afirman que en el último siglo hubo muchos progresos en materia médica y científica gracias a la perspectiva lucrativa detrás de la industria.

—Sí. Esa afirmación puede ser cierta en algún punto, pero no convierte al sistema en un buen sistema. Y a su vez, creo que hay una diferencia entre la capacidad de hacer dinero y la capacidad de especular, que no son lo mismo. La industria que produce medicamentos y los vende a precios razonables obtiene de eso ganancias, y creo que nadie se opondría. Pero no es lo que se ve en el mundo farmacéutico, que es donde pesan las patentes. Ahí se ven precios muy altos, y en consecuencia una falta de acceso. El modelo de negocios está pensado para un segmento de altos ingresos, y desde un punto de vista sanitario uno quiere que todo aquel que lo necesite pueda acceder al medicamento que sea.

Un laboratorio de la Universidad de Oxford trabaja en la vacuna contra el COVID-19
POLITICA 
Europa Press
Un laboratorio de la Universidad de Oxford trabaja en la vacuna contra el COVID-19 POLITICA Europa Press

—¿Cómo se integra, entonces, en esa industria tan lucrativa y que funciona con un sistema tan rígido de patentes, el financiamiento estatal?

—Es otro aspecto que desmiente esta idea de que el desarrollo y la innovación existen gracias a las patentes: mucha de la ciencia y del conocimiento que la industria utiliza para desarrollar estos productos proviene de fondos públicos, por ejemplo, de universidades. No me malinterpreten, la inversión estatal es muy positiva; de hecho, es mejor financiar la investigación y el desarrollo a través de dinero público que permitiendo a las compañías poner precios altos a los medicamentos que desarrollen. Además, el dinero público generalmente va a la investigación inicial, que es la de mayor riesgo porque no hay certezas de si desembocará en algo o no. Con lo cual, yo diría que el éxito de la industria farmacéutica en un país determinado depende enormemente de si hay una base decente de investigación científica. Si los gobiernos están invirtiendo en ciencia, es quizás un elemento más importante que si hay o no un sistema de patentes.

—En el caso de la actual pandemia de COVID-19 se ha vuelto muy evidente cómo el financiamiento estatal fue crucial para el desarrollo de las vacunas que se están aplicando actualmente.

—Ha quedado muy claro que muchas de estas vacunas se lograron gracias a la investigación y el dinero público. Ahora le decimos la vacuna de AstraZeneca, pero en realidad es la vacuna de la Universidad de Oxford, que estaba hecha y lista cuando AstraZeneca se asoció, por lo que fue lograda con dinero público. El problema es que en la transferencia de conocimiento y de la propiedad intelectual incluso, toda esa inversión pública se convierte en lucro privado. Ahora es la compañía la que decide si ofrecerá la licencia de su vacuna o no, o quién puede acceder a ella, o a qué precio. Ese es un problema real de nuestro sistema de innovación. Las instituciones públicas y por lo tanto nuestros propios gobiernos no son buenos protegiendo el dinero con el que financian la industria, y ese es dinero de todos, proviene de los impuestos.

—Algunas personas dicen que la suspensión de patentes es un abordaje equivocado a este problema porque los tratamientos y las vacunas contra el COVID-19 son productos biológicos complejos, cuyas principales barreras no son las patentes, sino las instalaciones para la producción, la infraestructura y el know-how. ¿Qué piensa al respecto?

—Creo que la suspensión de patentes puede ser muy útil para los tratamientos. Pero con las vacunas hay un problema porque para producirlas y replicar las que ya han sido desarrolladas se necesita mucho más que el acceso a la propiedad intelectual. Es necesario el acceso al know-how y a la tecnología, y en algunos casos incluso a las líneas celulares. Son cosas que no puede lograr una suspensión de patentes. No se puede forzar el intercambio de know-how, sino que tiene que haber algún tipo de colaboración. Es por eso que este sería un muy buen caso para el Fondo de Patentes. De hecho, la OMS estableció el año pasado un Fondo de Acceso a la Tecnología del COVID-19 con ese propósito, para tener una plataforma, un lugar, en el que aquellos que tienen el conocimiento, el know-how, la tecnología y la propiedad intelectual puedan compartirla con fabricantes alrededor del mundo. Ese fondo no ha sido exitoso hasta ahora, y está causando muchos problemas, porque el mundo produce normalmente 3.500 millones de vacunas, cuando ahora se requieren 10.000 millones. Necesitamos desesperadamente incrementar la capacidad de producción. Eso no significa que no haya otros problemas; por supuesto, hay cuestiones de infraestructura en algunos continentes, de modo que aunque se pudiera transferir el conocimiento no habría a quién transferirlo, lo que llevaría más tiempo.

Una enfermera prepara vacunas de AstraZeneca para el programa  COVAX en Addis Ababa, Etiopía. REUTERS/Tiksa Negeri//File PhotoUna enfermera prepara vacunas de AstraZeneca para el programa COVAX en Addis Ababa, Etiopía. REUTERS/Tiksa Negeri//File Photo

—Pero hay países de ingresos medios que tienen tanto la capacidad, las instalaciones como la ciencia desarrollada, y que si tuvieran acceso a la propiedad intelectual y al know-how podrían estar produciendo la vacuna ahora.

—Exacto. Si el know-how, la tecnología y la propiedad intelectual hubieran sido transferidas al Fondo del COVID-19 un año atrás, en diversos lugares del planeta habría probablemente más fabricantes produciendo, porque no se necesita un año para poner en marcha la producción. Imagino que en un país como Argentina no sería tan difícil. Hay bases tecnológicas y científicas. Lo mismo en India y en otros lugares. Lo que estamos viendo es que hay países que empiezan a desarrollar sus propias vacunas porque, como no reciben esa tecnología, desarrollan la suya. Está pasando en Cuba, en Vietnam, y por supuesto en China y en Rusia.

—¿Qué opina de la iniciativa presentada en noviembre pasado por India, Sudáfrica y otros países ante la OMC para suspender temporalmente las patentes? ¿Por qué cree que las grandes potencias siguen oponiéndose a estas propuestas?

—Mi opinión es que se trata de una propuesta bastante moderada. He escuchado a algunas personas decir que es radical, pero no me parece. Es por una sola enfermedad y por un período limitado, y sólo para productos necesarios en el tratamiento y la prevención del COVID-19. Los países pueden suspender la implementación de los tratados de patentes en ese contexto limitado; podría ser muy útil. Imaginen si surge un tratamiento: podría ser muy bueno poder producirlo muy rápidamente y en distintos lugares. Para lo que sería menos efectiva una suspensión de patentes es para transferir todo el paquete de know-how, tecnología y propiedad intelectual de las vacunas. Porque es una tecnología más compleja, que requiere de la colaboración de aquellos que la poseen. Se necesita un esfuerzo colaborativo. La suspensión de patentes puede servir para algunas cosas, pero para las vacunas su aplicación directa puede ser menos efectiva, aunque sí tendría una enorme relevancia política.

—¿Relevancia política en qué sentido?

—Que haya países diciendo que quieren suspender todas las patentes mientras dure la pandemia le envía una señal muy clara a aquellos que retienen la propiedad intelectual, de que algo tienen que ceder, que algo tiene que cambiar. Tengo esperanza en estos debates en la OMC, porque obligan a los países a hablar entre ellos para ver cómo van a resolver este problema. Pueden estar en desacuerdo y algunos pueden tratar de obstruir los progresos, pero al menos hay un proceso multilateral abierto para encontrar soluciones. Y eso es necesario, porque ningún país puede formular, encontrar ni implementar soluciones por su cuenta. Si queremos salir de esta crisis necesitamos más colaboración internacional, no menos.

19/11/2020 Coronavirus.- MSF reclama a los países que respalden suspender las patentes de vacunas y tratamientos en la pandemia.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha reclamado a los países que "construyan un consenso" en torno a la propuesta de India y Sudáfrica de renunciar a cierta propiedad intelectual durante la pandemia de COVID-19. Este llamamiento se produce el día antes de la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que tendrá lugar este miércoles y jueves, y en la que el Consejo General de la OMC analizará un informe sobre la propuesta.

POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD
MSF
19/11/2020 Coronavirus.- MSF reclama a los países que respalden suspender las patentes de vacunas y tratamientos en la pandemia. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha reclamado a los países que “construyan un consenso” en torno a la propuesta de India y Sudáfrica de renunciar a cierta propiedad intelectual durante la pandemia de COVID-19. Este llamamiento se produce el día antes de la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que tendrá lugar este miércoles y jueves, y en la que el Consejo General de la OMC analizará un informe sobre la propuesta. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD MSF

—¿Existe información sobre si es posible que las potencias modifiquen su voto en la OMC y accedan a la propuesta de liberar las patentes temporalmente? ¿O estamos hablando aún de una posibilidad remota? Un artículo reciente de la revista Nature decía que el gobierno de Joe Biden estaba evaluando la propuesta….

—Es muy difícil de saber. Hay muchos movimientos de piezas diferentes, pero hay también una presión creciente en Europa y Estados Unidos para que se levanten temporalmente los derechos sobre las patentes de las vacunas y tratamientos. Pero creo que sí hay un acuerdo en que algo tiene que suceder. La capacidad de producción de la vacuna debe ser ampliada, la producción debe llevarse adelante en diferentes lugares del mundo… No es como en los días del HIV, en los que los países ricos podían simplemente no mirar el problema y actuar como si no existiera. El mundo entiende que este es un problema que solo puede resolverse si se resuelve para todos.

—¿A qué cree que se debe la reticencia de las potencias a hacer cambios, por modestos que sean, en las reglas del juego?

—Las naciones ricas se oponen porque son el hogar de empresas farmacéuticas gigantescas. Por supuesto que las grandes compañías están en contra de suspender las patentes porque lo ven como el puntapié inicial para algo más peligroso. Ellas piensan: “Si comenzamos a cuestionar el sistema de propiedad intelectual, hoy será por el COVID, mañana será por el cáncer, y Dios sabe qué vendrá después”. Harán lo que sea para que esta propuesta no prospere. Hay una tradición muy larga de la Unión Europea y de los Estados Unidos, y ahora también del Reino Unido, por supuesto, que posee una industria farmacéutica también, de defender las posiciones de las compañías farmacéuticas en lugares como la OMC. Pero ha habido excepciones.

—¿Por ejemplo?

—Ha habido oportunidades en las que pusieron un límite. En 2001, en medio de la crisis del sida, la industria no quería en absoluto la Declaración de Doha de Salud Pública, pero los gobiernos consideraron que la situación era muy severa, y decidieron actuar para que la gente en el mundo en desarrollo acceda a los antirretrovirales. Entonces, si hay presión sobre esto, y creo que ahora la hay, y si hay movilización por parte de la sociedad civil, que hoy existe en una escala muy grande, estos países pueden ponerse del lado de la salud pública.

—Otro problema en esta crisis de las vacunas es que los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas suelen ser secretos. Antes dijo que los gobiernos deberían establecer ciertas condiciones a cambio de las grandes sumas de dinero que invierten en la industria. ¿Qué condiciones tendrían que imponer a los laboratorios?

—La primera condición es que los precios sean razonables. La segunda sería que compartan la tecnología, el know-how y la propiedad intelectual con otros fabricantes, particularmente en países de ingresos bajos y medios, para que se pueda subir la escala de producción rápidamente. También que se compartan de manera continuada los nuevos desarrollos, de modo que si alguien obtiene un conocimiento de una corporación, lo mejora y quizás saca su propia patente, que eso sea compartido nuevamente con otros. La colaboración entre compañías evitaría la duplicación y permitiría desarrollar vacunas mucho más rápido. Yo establecería condiciones en esa línea, pero lo más importante es compartir la propiedad intelectual y la tecnología. Insistiría en colaborar con el Fondo de Acceso a la Tecnología del COVID-19 de la OMS.

Ilustración de viales etiquetados "Vacuna contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) de Pfizer BioNtech" sobre una bandera de la UE, 24 de marzo de 2021. REUTERS/Dado RuvicIlustración de viales etiquetados “Vacuna contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) de Pfizer BioNtech” sobre una bandera de la UE, 24 de marzo de 2021. REUTERS/Dado Ruvic

—Como una alternativa a la suspensión de la propiedad intelectual, las farmacéuticas están cada vez más aumentando el licenciamiento de sus productos en el exterior. Una suerte de subcontratación o tercerización. Argentina acaba de anunciar que las vacunas Sputnik V van a ser fabricadas en el país. ¿Cuáles son las ventajas y las contras de este mecanismo?

—Se está refiriendo a las pocas licencias bilaterales que existen. Es distinto a un abordaje más colectivo como el del Fondo de Acceso del COVID-19, donde estarían todas las vacunas desarrolladas y tanto el know-how como la propiedad intelectual estarían disponibles para otros. Lo que está pasando ahora es que las compañías ingresan en licencias bilaterales con fabricantes elegidos a dedo. No he leído el acuerdo de la Sputnik V, así que no sé cuáles son los términos y condiciones. Pero en el caso de las farmacéuticas occidentales se licencian unas a otras. Por supuesto, está el acuerdo de AstraZeneca con el Instituto Serum de India, y otros que son más como contratos de fabricación, de llenar y terminar. No es una transferencia de tecnología completa de todo el know-how necesario para hacer estas vacunas. Así que, si bien puede ayudar a incrementar la capacidad de producción en ciertos países, a otros no les va a servir. Un abordaje más internacional y colectivo sería preferible.

—Respecto de cómo ayudar a los países más pobres en los que las capacidades estatales son muy bajas en muchas dimensiones, no sólo para producir vacunas, ¿cree que sería suficiente con un Fondo de Acceso como el que propone?

—No es que las vacunas per se tengan que ser fabricadas en el continente en el que son utilizadas. Hay que ser conscientes de que hay países o regiones en los que no hay capacidad de producción y que van a necesitar importar. Pero cuanto mayor sea la escala de producción menores serán los costos. Así que es algo que tiene que pasar de inmediato. El mecanismo COVAX de la OMS está pensado para eso, pero está sufriendo por no tener suficientes suministros. También hay que adoptar una estrategia de más largo plazo, y eso implica incrementar la capacidad; no hay razones por las que África no podría tener mayor producción. Sudáfrica o Senegal tienen cierta capacidad. Puede que necesiten más apoyo y financiamiento para estar en pleno funcionamiento, pero esa debería ser una de las consecuencias de esta crisis, el reconocimiento de que eso debe suceder. Parte del dinero que se invirtió en estas vacunas debería ir al desarrollo de esa capacidad de producción, que no sólo facilitaría el manejo de la crisis del COVID-19, sino que podría beneficiar el tratamiento de otras enfermedades en el futuro.

FUENTE : INFOBAE

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Salud

LOS RUSOS COMIENZAN A VIAJAR AL EXTERIOR PARA VACUNARSE CON PFIZER ANTE LA FALTA DE APROBACIÓN DE LA SPUTNIK V

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La población busca alternativas fuera del país para inmunizarse frente al coronavirus. El desarrollo del Kremlin no consigue que los organismos internacionales la autoricen

la desconfianza y apatía que siempre les generó los anuncios del gobierno respecto a sus desarrollo de inmunización contra el COVID-19, los rusos comienzan a buscar alternativas fuera del país para protegerse contra la pandemia. Es por eso que las agencias de viajes rusas están vendiendo paquetes turísticos para que los rusos reciban vacunas contra el coronavirus fuera del país, en medio de la frustración entre algunos rusos porque sus vacunas de producción nacional no han sido aprobadas internacionalmente.

Rusia no ha registrado ninguna vacuna de fabricación extranjera para su uso. Ha aprobado cuatro vacunas de producción nacional, incluida la Sputnik V de dos dosis. Ninguna de las vacunas de Rusia está aprobada por la Organización Mundial de la Salud o la Unión Europea.

La OMS ha suspendido su proceso de aprobación para Sputnik V hasta que se visite nuevamente una fábrica que no pasó una inspección de buenas prácticas, dijo la Organización Panamericana de la Salud el 15 de septiembre. La demanda en Rusia de viajes que permitan a las personas recibir vacunas extranjeras aprobadas por la OMS ha aumentado desde ese anuncio la semana pasada, dijo Maya Lomidze, directora de la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR).

La mayoría de los viajes, que cuestan entre 600 y 850 euros, son a Serbia, y una empresa ofrecía Alemania como destino. Permiten a los clientes recibir una de cuatro vacunas diferentes, incluida la desarrollada con Pfizer, dijo ATOR en un comunicado. Si los viajeros eligen una vacuna de dos dosis deben reservar dos viajes.

Anna Filatovskaya, directora de relaciones públicas de Russian Express, una agencia de viajes que ofrece tales recorridos, dijo que los clientes eligen Pfizer con mayor frecuencia. Dijo que sus paquetes turísticos incluían vuelos de regreso con Aeroflot, dos o tres noches en un hotel en Belgrado, desayuno y viaje a una clínica. La vacuna en sí es gratuita, pero la agencia de viajes registra a los clientes para recibirla, dijo.

El jefe de estado ruso, Vladimir Putin, se puso al frente de la promoción de la vacuna Sputnik V que aún no cuenta con la aprobación de los organismos internacionales y que empuja a los rusos a vacunarse con Pfizer fuera de su país (Reuters)El jefe de estado ruso, Vladimir Putin, se puso al frente de la promoción de la vacuna Sputnik V que aún no cuenta con la aprobación de los organismos internacionales y que empuja a los rusos a vacunarse con Pfizer fuera de su país (Reuters)

Comenzamos a vender estos tours hace unas dos semanas. Había alrededor de 20 solicitudes en ese momento”, dijo.

La demanda se disparó el miércoles después de que los medios locales informaran sobre la disponibilidad de los viajes, dijo. “Esto provocó una demanda salvaje”, dijo a Reuters. Dijo que 17 personas habían solicitado un viaje de vacunación el miércoles.

Ivetta Verdiyan, directora de publicidad de otra agencia de viajes, dijo que sus viajes los utilizaban principalmente rusos que viajan por negocios o cuyos hijos estudian en el extranjero. María, residente de Moscú, dijo que viajó al extranjero este verano para vacunarse, aunque no utilizó uno de estos recorridos.

Confío en Sputnik, pero no está reconocida fuera de Rusia. Las reglas de viaje en el mundo implican que necesito un certificado internacional para desplazarme por trabajo”, dijo, negándose a dar su apellido.

(Con información de Reuters).-

fuente : INFOBAE

FOTO TAPA : EL PAIS

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Salud

SE AGUDIZA LA CRISIS SANITARIA: VENEZUELA LLEVA CUATRO AÑOS SIN UN PROGRAMA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS

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El régimen de Nicolás Maduro suspendió “temporalmente” el sistema oficial en 2017 y nunca lo reanudó. En este período más de 900 personas dejaron de recibir el trasplante que necesitaban

Un trasplante representa la esperanza de vida para muchas personas en el mundo. A diario, niños, hombres y mujeres con afecciones severas de salud, se aferran a la esperanza de la donación de órganos para sobrevivir a los tratamientos o afecciones de una enfermedad.

Pero, ¿qué pasa cuando no hay luz al final del túnel, cuando la única posibilidad es la esperar por algo que no se sabe si llegará?

Ese es el caso de los venezolanos que requieren de un trasplante de órganos, quienes no cuentan con un programa auspiciado por el Estado.

“Antes, cuando existía el Programa tu podías decir que era temporal mientras aparecía un riñón, por ejemplo, y tenías un número en la lista. Pero, sin el Programa no hay ninguna otra opción, tu vida depende de permanecer atado a una máquina, porque si no te mueres”, explicó a Infobae Katherin Martínez, directora de la ONG Prepara Familia.

En el año 2017 el régimen de Nicolás Maduro suspendió el Programa de Donación de Órganos “temporalmente”. Desde entonces un número indeterminado de venezolanos han muerto a la espera de una cirugía o en el mejor de los casos huyeron del país con la esperanza de lograr la operación fuera de sus fronteras.

Katherine Martinez, directora de la ONG Prepara FamiliaKatherine Martinez, directora de la ONG Prepara Familia

Se estima que una operación de trasplante, en cualquier lugar del mundo, cuesta en promedio entre 70 y 80 mil dólares. Esa es la razón por la que los Estados se hacen cargo de este tipo de programas, para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a ello sin importar su condición social.

En Venezuela no hay lista de espera, ni registro de personas que necesitan trasplantes. Cómo ya es costumbre en la dictadura chavista, no hay cifras claras, ni organismos que asuman la responsabilidad de informar sobre el estado de los pacientes con enfermedades que requieren de donaciones.

Lo único que se ha podido estimar es el número de trasplantes que se habrían realizado durante estos años en los que el programa fue suspendido: más de 900 personas han perdido la oportunidad de recibir una donación desde 2017 hasta ahora.

La notificación enviada a los centros de salud en 2017 sobre la suspensión de las cirugías de donación de órganosLa notificación enviada a los centros de salud en 2017 sobre la suspensión de las cirugías de donación de órganos

“De acuerdo a la cantidad de trasplantes que se venían realizando en el país, hasta antes del año 2017, la proyección es que por arriba de 930 personas perdieron la posibilidad de realizarse un trasplante. De estos el 10% hubiesen sido niños”, precisó la representante de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV), Lucila Velutini, en diálogo con Infobae.

“Nosotros en Venezuela llegamos a tener una cifra lindísima en comparación con otros países. Habían 11 centros de trasplantes a nivel nacional hasta 2017 cuando cerraron el sistema de procura de órganos”, añadió.

La representante de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV), Lucila VelutiniLa representante de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV), Lucila Velutini

Hasta el año 2014 el proceso de donación de órganos se realizaba a través de la gestión de la ONTV, fundación que trabajaba en conjunto con el Ministerio de Salud y el Instituto Venezolano de Seguros Sociales.

El primero de junio de ese año el régimen chavista, ya en manos de Nicolás Maduro, ordenó la creación de Fundavene, una nueva figura que se encargaría de la gestión de los casos.

Tres años más tarde, la dictadura ordenó la suspensión temporal del programa a partir del primero de junio de 2017. La medida sería “reevaluada” en el mes de septiembre de ese mismo año, sin embargo el servicio nunca se reactivó.

“Todas las personas que necesitan ser trasplantadas tienen sueños. Los niños quieren ser estudiantes, bailarines, violinistas, escaladores, ingenieros, médicos, mecánicos y cuando tú les dices que en este momento su única esperanza es esa máquina de diálisis se hace muy cuesta arriba y muchos de ellos se entregan”, comentó Velutini.

Durante la últimas semanas se han incrementado las protestas en reclamo por la reactivación del Programa Nacional de DonacionesDurante la últimas semanas se han incrementado las protestas en reclamo por la reactivación del Programa Nacional de Donaciones

Muy ocasionalmente se conoce en Venezuela de alguna cirugía de trasplante que se realiza en forma particular, debido a su elevado costo.

También en instituciones públicas como el Hospital Militar en Caracas o el Hospital Dr. Enrique Tejera de la ciudad de Valencia, se han reportado casos de este tipo de operaciones. Algunas de ellas condicionadas a la consignación de una larga lista de insumos y materiales médicos.

LOS 12 NIÑOS MUERTOS DEL JM DE LOS RÍOS

El Hospital pediátrico Dr. José Manuel de los Ríos, en Caracas, fue durante años una referencia en la atención de niños y adolescentes en el país. Pero, con el paso del tiempo no ha escapado de los embates de la “revolución” que lo convirtió en un centro médico más sin recursos, insumos y con graves fallas en su equipamiento en infraestructura.

Ese centro, que alguna vez fue ejemplo del ejercicio de la pediatría, hoy cuenta 12 menores muertos en lo que va de año y casi 50 desde 2017, todos ellos esperaban por un trasplante que no llegó y no aguantaron el duro proceso de los tratamientos.

La lista de insumos pedidos a quienes se realizan cirugías de trasplantes en el Hospital Militar de CaracasLa lista de insumos pedidos a quienes se realizan cirugías de trasplantes en el Hospital Militar de Caracas

“Un niño de 10 años debe de estar jugando o en la escuela estudiando, como cualquier otro niño. ¿Te imaginas que en vez de hacer eso debas ir a conectarte a una máquina tres o cuatro veces por semana?”, se cuestionó la representante de Prepara Familia. “Para ellos es agotador, se les apaga la esperanza”, añadió.

En el año 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los niños del servicio de nefrología del JM de los Ríos. Un año más tarde el beneficio se extendió a los pacientes de los otros 13 servicios del hospital. Pese a ello, el régimen de Maduro no ha hecho nada para solventar la crisis del centro.

Según los reportes de las ONG en el hospital no hay insumos, las comidas que les dan a los niños no se corresponde con una dieta balanceada propia de sus padecimientos, cada vez hay menos equipos, la infraestructura está en decadencia y hay fallas constantes en los servicios básicos como agua y electricidad.

“El hospital de niños te da una visión de lo que sucede en otras partes del país. Ha sido la ventana que ha tenido más visibilidad, eso es tan solo una ventanita de lo que significa a nivel nacional”, añadió Velutini.

Al menos 12 niños murieron este año en un hospital de Caracas en espera por una trasplante de órganos (FOTO: AFP)Al menos 12 niños murieron este año en un hospital de Caracas en espera por una trasplante de órganos (FOTO: AFP)

Hoy el reclamo de los pacientes, familiares y ONG no solo está centrado en la necesidad de la reactivación del Programa de Donación de Órganos, sino en la recomposición del decadente sistema de salud pública de Venezuela.

Las personas dializadas o con cualquier otro tratamiento, en espera por un trasplante sobreviven. Porque un tratamiento da cierta calidad de vida, pero un trasplante te da una calidad de vida casi absoluta.

El anuncio del reinicio de este tipo cirugías sería solo un aviso, si no se implementan un conjunto de políticas públicas que garanticen los insumos, equipamiento, mano de obra calificada e infraestructura necesaria para este tipo de operaciones.

Carlos Eduardo Martínez

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Economia

AGOSTO OTRO MES CON FUERTE SUBA EN GNC ALQUILERES PREPAGAS Y….

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Si bien la inflación viene desacelerándose en los últimos meses –en junio fue de 3,2% y en los últimos 12 meses la suba de precios acumulada alcanzó el 50,2%, según el Indec, los aumentos de GNC, expensas y alquileres que llegarán en agosto le ponen presión al índice que mide el costo de vida y que ya alcanzó el 25,3% en la primera mitad del año.

En agosto continuarán los aumentos de precios, en un marco en el que el tipo de cambio oficial se mantiene estable pero el dólar libre volvió a la zona de los $180, y las tarifas se encuentran practicamente congeladas.

En ese sentido, el precio del metro cúbico del GNC aumentará entre $2 y $3 a partir del octavo mes del año, para venderse a un promedio de $40 en las estaciones de servicio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según indicaron a Infobae desde la Cámara de Expendedores de GNC.

En noviembre habrá un nuevo y último incremento en el año, que elevaría el precio entre $1 y $1,50 aproximadamente. El último aumento de este combustible se había aplicado en abril de este año y fue del 5 por ciento.

“Dados los nuevos contratos que se firmaron de GNC, el valor del gas en boca de pozo tiene que pasar a representar en agosto el 14% del precio de nafta súper, que actualmente es del 13,5 por ciento”, dijo a este medio Pedro González, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC.

En ese sentido, afirmó que en noviembre el precio del GNC debe pasar a representar el 14,5%, mientras que el año que viene corresponde que alcance el 15%, porcentaje que regirá por tres años como consecuencia de la vigencia de los contratos.

En tanto, el ajuste de la paritaria conseguido por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), con aumentos salariales que subieron del 32% al 44,8%, comenzó a impactar en julio sobre las expensas que deberán pagarse en agosto.

Se calcula que, en promedio, los sueldos de los encargados representan entre un 30 y un 35% de los vecinos. Sus salarios varían según diversos factores, como la categoría, si viven o no en el edificio, si llevan a cabo actividades adicionales a las funciones básicas, etc. Por ejemplo, pueden cobrar adicionales por la limpieza de cocheras o de piletas, jardinería y también por la antigüedad.

Además, existen otros factores que encarecen las expensas que exceden a las labores de los encargados de edificios: los gastos extraordinarios por obras de mantenimiento, los servicios de vigilancia y el mantenimiento de ascensores y tanques.

A partir de agosto también se pondrá en marcha el aumento para quienes firmaron contrato de alquiler luego de que se aprobara la nueva ley.

Luego de la sanción de la nueva Ley de Alquileres —que cumplió un año— en julio, los montos mensuales de los alquileres tuvieron su primer aumento anual bajo la nueva fórmula de actualización, un índice (ICL) compuesto por inflación y salarios. Ahora, el próximo mes de agosto correrá la actualización para los que firmaron sus contratos en agosto del año pasado, 12 meses atrás.

En base al Índice para Contratos de Locación (ICL) que publica el Banco Central, desde el sector inmobiliario estiman que alcanzará el 46% en la segunda quincena del mes. Los propietarios e inquilinos deben realizar el cálculo cuando se cumple un año desde el día que se inició el contrato y luego cada 12 meses.

Un informe realizado por el portal de propiedades Zonaprop arrojó que, debido al aumento de las unidades en renta, alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires ya supera los $40.000 por mes, mientras que en lo que va del año, los precios de los alquileres acumulan una suba del 31,6%, superior a la inflación.

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo autorizó hoy un incremento de hasta un 9% a partir del 1º de agosto; 9% a partir del 1º de septiembre; 9% a partir del 1º de octubre y 9% a partir del 1º de enero de 2022 para las cuotas de los servicios de medicina prepaga.

De esta forma, en total, las prepagas subirán un 27% antes de finalizar el 2021, que se agregará al 14% que el Gobierno autorizó en lo que val del año. Ya el 2022 comenzará con una nueva suba de 9% según lo dispuesto en la presenta resolución. Pero el primer aumento será inmediato.

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