El Consejo de la Magistratura, recargado en los últimos cuatro meses, cuando creció hasta llegar a 20 miembros y pasó a ser presidido por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, está dejando una etapa de transición, con luces y sombras, para inaugurar una nueva era de consejeros con estabilidad de cuatro años de mandato por delante y el desafío de llegar a acuerdos políticos, hasta ahora esquivos. Esa falta de consensos les impidió cubrir las vacantes de la Justicia, que llegan al 30% de los cargos.

La nueva etapa se inaugura este viernes 18 de noviembre, cuando vencen los mandatos de los actuales consejeros. Podría entonces cambiar el eje de una discusión imposible, definida por la grieta entre los bloques kirchneristas y de la oposición, que paralizaron la gestión en los últimos meses.

La lógica que inaugura el Consejo encuentra a Rosatti cerca del estamento de los jueces (con sus diferencias) y el de los académicos, nucleados en torno a Diego Molea, como el nuevo eje de poder del Consejo. “Una avenida del medio que ayude con los consensos”, la llaman cerca de Molea, que en los últimos años articuló votaciones con el kirchnerismo y ahora se acercó a Rosatti.

En torno a ellos se divide el estamento de la abogacía, que tiene terminales políticas claras en el kirchnerismo, la UCR y Pro, y lo mismo sucede con los representantes partidarios del Congreso, que tenían más peso en la composición de 13 miembros del Consejo y hoy deben renovar sus integrantes, en medio de u

Algunos de estos nuevos consensos empezaron a cocinarse en las últimas tres semanas. Se profundizó el diálogo de Rosatti con todos los consejeros nuevos (abogados, jueces y académicos, recién elegidos a fin de octubre). Y, en paralelo, se multiplicaron las reuniones entre consejeros, aún de diferentes ideas y colores políticos, para aunar posiciones.

La gran deuda del Consejo de la Magistratura de transición que termina es la cobertura de vacantes de jueces, que suponen el envío de las ternas de candidatos para que el Poder Ejecutivo elija a uno y el Senado le dé acuerdo. Solo hubo tres concursos concluidos, con siete ternas enviadas.

El último plenario convocado por el Consejo de la Magistratura fue el 15 de julio. No hubo acuerdos posteriores para votar otras cuestiones. “Es extraño que el poroteo entre consejeros no dio para llegar a los dos tercios para aprobar las ternas, por el alineamiento K y anti K, pero la Justicia tiene que recuperar su propia imagen, mejorando algunas cosas por encima de la grieta”, señalan en el Consejo.

Poco se pudo hacer para cubrir las vacantes más sensibles. En ese grupo descollan las dos sillas de la Cámara Federal que ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, camaristas trasladados por el gobierno de Mauricio Macri y que la propia Corte (con voto de Rosatti) dijo que deben regresar a sus lugares cuando se elija a sus reemplazantes. Otra misión imposible parecen los tres juzgados de primera instancia de Comodoro Py 2002. El Gobierno cree que la Corte frena adrede esos concursos. El ministro de Justicia, Martín Soria, le envió una carta poco amable a Rosatti para reclamar por ese concurso: en tres carillas, acusó a la Corte de obstruirlo a como dé lugar.

Sin embargo, esta semana se produjeron reservados encuentros gastronómicos entre consejeros entrantes, para conversar sobre algunos de los principales postulantes para esos concursos, en busca de acercar posiciones. Hay quienes afirman que incluso se sumaron a esa mesa algunos de los candidatos mejor posicionados.

Un sector de Cambiemos ve como una amenaza que se descongele el Consejo de la Magistratura. Cree que mientras estén obturadas las vacantes de Bruglia y Bertuzzi, la Cámara Federal no les deparará decisiones adversas.

Pero la parálisis del Consejo no es una opción para Rosatti ni para los jueces que buscan cubrir vacantes con candidatos afines a las tres listas (Bordó, Celeste y Compromiso Judicial), los que intentan ascender y quienes pretenden que el Poder Judicial funcione de manera más eficiente.

El Consejo de transición que funcionó en los últimos cuatro meses quedó en deuda por falta de consenso para reunir los dos tercios de los votos que se necesitan para nombrar jueces o removerlos. Como balance positivo podría enumerarse que los concursos no se detuvieron, con sus exámenes y entrevistas a candidatos; que hubo inversión en tecnología para gestionar un sistema on line que dejó la pandemia, y que se generaron avances en infraestructura edilicia.

El conflicto institucional en puerta

El fallo de la Corte que anuló la partición del bloque del Frente de Todos que realizó Cristina Kirchner para enviar a tres consejeros propios por el Senado tiene consecuencias institucionales para en el propio Consejo y marcó una profundización de las diferencias que mantiene el Gobierno con el máximo tribunal. Así al menos fue percibida la sentencia en el Senado: una declaración de guerra y una réplica a los fracasados intentos legislativos por reformular la Corte y todo el Poder Judicial. En la Casa Rosada también se dieron por aludidos.

La Corte fue ácida con Cristina Kirchner: habló de un ardid, una manipulación, una artimaña, que actuó con mala fe al dividir el bloque para que el kirchnerismo se quedara con los dos senadores por la mayoría y uno por la segunda minoría. En los tribunales no hablan de un encono político, sino que prefieren definir el fallo de la Corte como un ejemplo del uso del “lenguaje claro” en las decisiones judiciales, para que estén al alcance de todos.

Ya había sido dura la Corte con el oficialismo al dictar sentencias contra sus deseos: la confirmación de la condena contra Amado Boudou, el fallo por la tragedia de Once, la condena a Milagro Sala y la sentencia que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura que inspiró Cristina Kirchner.

El voltaje político de los pronunciamientos del máximo tribunal contrasta con la imagen de operador técnico, ascético, que quiere dar la Corte, para restablecer el orden en el Consejo, más allá de sus consecuencias.

Cómo quedará integrado el Consejo

A partir del 18 de noviembre, el Consejo quedará constituido por Rosatti, como presidente, y Gerónimo Ustarroz, como representante del Gobierno. El estamento de los jueces estará integrado por Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero, de la lista Bordó (crítica del kirchnerismo); Alberto Lugones, por la lista Celeste (más afín al oficialismo) y María Alejandra Provítola (Compromiso Judicial).

Por los abogados asumirán el radical Miguel Piedecasas y la macrista Jimena de la Torre; el kirchnerista Héctor Recalde y María Fernanda Vázquez, ligada a Molea, que también buscará orbitar en torno a los nuevos representantes académicos: Guillermo Tamarit, radical, rector de la Unnoba y elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional; y Hugo Galderisi, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

Hasta allí las certezas. Por los diputados asumirán el larretista Álvaro González y la radical Roxana Reyes. Vanesa Siley continuará representando al kirchnerismo, que pretende designar a la reemplazante de Graciela Camaño, que durante el gobierno de Cambiemos ingresó por un acuerdo entre Eduardo de Pedro y Sergio Massa. Una silla clave.

Por los senadores, el kirchnerismo debe definir la continuidad o los reemplazos de María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde, mientras que la UCR postuló al correntino Eduardo Vischi. La gran incógnita es por el lugar de la segunda minoría: si Cristina Kirchner acatará el fallo de la Corte y designará a Luis Juez (Pro) o si impulsará la continuidad del camporista Martín Doñate.

Los actuales mandatos vencen el 18 de noviembre: la Corte dijo que Doñate ya no es más consejero y que Juez debe reemplazarlo. Pero para que Juez asuma, su nombre con el título correspondiente debe ser enviado por Cristina Kirchner, como presidenta del Senado. No lo hizo aún. Si no lo hace se expone a ser denunciada ante la Justicia. Y hay incertidumbre acerca de que ocurrirá luego del 18 de noviembre.

En la Corte cayó mal la carta que Juez le envió a Rosatti, exigiéndole que le tome juramento de inmediato. Igual desagrado provocó la misiva de los consejeros del radicalismo y Pro pidiéndole lo propio. Se abre una semana de coyuntura.