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En quiebra por el socialismo, Venezuela cede el control de sus empresas

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Mientras la nación pasa hambre, hay inversores que se alían a las compañías públicas de alimentación. Se espera que los nuevos gerentes obtengan parte de la producción y de los beneficios

Trabajadores caminan frente a los silos en la planta de arroz Hugo Chávez en Tucupita, Venezuela (Reuters/Archivo)

El Gobierno venezolano, que carga con cientos de empresas estatales quebradas en una economía que está en caída libre, está abandonando la doctrina socialista y traspasando empresas clave a inversionistas privados, ofreciendo ganancia a cambio de una participación en ingresos o productos.

Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidas, pero no vendidas, a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas, dijeron nueve personas con conocimiento del asunto. Los administradores cubren la nómina y las inversiones, y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al Gobierno.

“Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado”, dijo Ramón Lobo, legislador del partido socialista gobernante y exministro de Finanzas. “El Estado actúa como supervisor y recibe una retribución”.

El cambio es notorio en la agricultura, parte del esfuerzo de Nicolás Maduro por alimentar a una población hambrienta después de siete años de colapso económico y social. No está claro cuánto dinero aporta la nueva política, que sigue a la aprobación del año pasado de una ley “anti-bloqueo” que buscaba reducir el impacto de las sanciones de Estados Unidos e incentivar la inversión. El Gobierno ahora permite que fluyan las remesas en dólares y la empresa privada florezca en pequeños bolsillos.

Un hombre camina en un mercado de productos vacíos en Caracas, Venezuela, el 4 de noviembre de 2020 (REUTERS/Fausto Torrealba)Un hombre camina en un mercado de productos vacíos en Caracas, Venezuela, el 4 de noviembre de 2020 (REUTERS/Fausto Torrealba)

Maduro tomó el poder hace ocho años después de la muerte de Hugo Chávez, quien inició la revolución socialista al confiscar más de 1.000 empresas y numerosas granjas y propiedades, incluidos activos de multinacionales como Kimberly-Clark, Cemex y Kellogg. Las nuevas empresas estatales fracasaron debido a una mala gestión. Utilizando sus vastos ingresos petroleros, el Gobierno reemplazó los cultivos y la fabricación local por importaciones.

La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, fue puesta en manos de aliados y también se volvió ineficiente, convirtiéndose en efecto en un brazo del partido de Gobierno. Fue llevada a la ruina y forzada a recortar su producción. Entre eso y las recientes sanciones de EE.UU., que aumentaron significativamente durante la presidencia de Trump, han destrozado una sociedad que alguna vez estuvo entre las más ricas del mundo.

Más de 5 millones de venezolanos han huido del país en un intento desesperado por evitar la ruina.

“El Gobierno de Maduro dio un giro en U a fines de 2019 al promover un capitalismo salvaje”, dijo Rodrigo Agudo, jefe de la Red de Alimentos de Venezuela. “Dejó de recaudar impuestos sobre ciertas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y otros a invertir dinero de orígenes desconocidos en empresas locales”.

Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación del año pasado de la ley anti bloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación.

Personas buscan comida en un contenedor de basura durante la hora de cierre en el mercado mayorista de Coche el 31 de julio de 2020 (REUTERS/Manaure Quintero/File Photo)Personas buscan comida en un contenedor de basura durante la hora de cierre en el mercado mayorista de Coche el 31 de julio de 2020 (REUTERS/Manaure Quintero/File Photo)

Pero la naturaleza precisa de los nuevos acuerdos, ya sean arrendamientos, licencias o comodatos, no está clara. La ley anti bloqueo prohíbe revelar dicha información, teóricamente para proteger a las empresas de las sanciones de EE.UU., que están dirigidas a entidades que hacen negocios con el Gobierno, pero excluye a empresas privadas. Los ministerios de Agricultura e Información no respondieron a solicitudes de comentarios.

Los nuevos acuerdos están afectando a las principales empresas y en su mayoría involucran a empresarios con vínculos con el Gobierno, pero no exclusivamente. En algunos casos, las propiedades incautadas están volviendo a aquellos de quienes fueron confiscadas. En otros, los propietarios se niegan a participar. Términos de asociación similares se han establecido anteriormente en la industria petrolera. PDVSA otorgó a las empresas locales más control sobre activos estatales como petróleo y plantas de compresión de gas para operar y aumentar la producción. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas.

Lobo, el legislador socialista, dijo que los acuerdos tienen plazos, generalmente de cinco a 10 años, y funcionan como una concesión. La empresa privada se compromete a invertir, aumentar la producción dentro de un plazo y administrar el activo.

La mayoría de los nuevos acuerdos se realizan en zonas rurales del país. Agropatria, un negocio de suministros agrícolas de tamaño monopólico nacionalizado en 2010 que dirigía cinco empresas, ahora está recurriendo a la gestión privada. Más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas, confiscadas “para liberar a los productores de la extorsión y los intermediarios”, según el entonces presidente Chávez, ahora son administradas por Agrollano 2910, una empresa agrícola local que está invirtiendo casi US$150 millones para reabastecerse, según cuatro de las personas.

Nicolás Maduro (EFE/ Rayner Peña/Archivo)Nicolás Maduro (EFE/ Rayner Peña/Archivo)

Lácteos Los Andes, un gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el Gobierno en 2008, ahora es administrado por una empresa privada venezolana, aunque no se han realizado cambios oficiales en el consejo.

Dos plantas de procesamiento de granos del Gobierno, en su mayoría inactivas desde su inauguración en 2007, han sido transferidas, pero no vendidas a empresas privadas locales. Lo mismo ocurre con las plantas de leche y café construidas durante el auge del petróleo de Venezuela y en virtud de acuerdos bilaterales con aliados regionales como Cuba, Bolivia, Brasil y Argentina.

Las condiciones para las empresas varían. La contribución principal es un porcentaje de las ganancias o de la producción para el Estado. En algunos casos, el Gobierno y los gerentes están discutiendo una escala salarial mensual estandarizada de entre US$60 y US$80 para trabajadores y técnicos, agregaron algunas de las personas.

No todas las empresas a las que el Gobierno apunta para asociarse están generando interés. Los empresarios locales desconfían por los años de mal mantenimiento bajo la supervisión del Estado y temen a nuevas nacionalizaciones.

Maduro, que ha reducido las asignaciones para algunos Gobiernos estatales y locales durante la crisis, les ha otorgado margen de maniobra para asociarse con empresas locales para generar ingresos. En diciembre, el gobernador del estado agrícola de Portuguesa, Rafael Calles, dijo a los medios públicos que las alianzas con el sector privado en la administración de 24 empresas estatales recaudaron US$60.000 al mes para el Gobierno estatal.

Un hombre camina frente a un afiche con la bandera de Irán y Venezuela en el supermercado iraní Megasis este viernes en Caracas (EFE)Un hombre camina frente a un afiche con la bandera de Irán y Venezuela en el supermercado iraní Megasis este viernes en Caracas (EFE)

El Gobierno nunca ha publicado el número de propiedades que ha incautado a lo largo de los años. Pero un estudio de la cámara industrial nacional Conindustria dijo que un total de 1.322 granjas de ganado, tiendas de alimentos, compañías eléctricas, molinos, fabricantes de vidrio, bancos, supermercados e instalaciones de almacenamiento en frío fueron expropiadas entre 2002 y 2015.

Muchas dejaron de existir y solo quedan unas 700. La mayoría de sus antiguos propietarios aún esperan una compensación o están involucrados en un litigio con la esperanza de recibir un pago, según un estudio de Transparencia Internacional de 2019.

Algunos analistas señalan que lo que está sucediendo en Venezuela tiene precedentes en otros Estados autoritarios de izquierda.

“Este proceso es similar al proceso de privatización en Rusia en que los activos se transfieren a empresas locales privadas y a inversionistas de países aliados al Gobierno”, dijo Asdrubal Oliveros, jefe de la consultora económica Ecoanalítica, hablando de la década de 1990. “Pero a diferencia de Rusia, no ha habido un programa de estabilización profunda con la ayuda de organizaciones multilaterales. Estar aislado y bajo sanciones lo convierte en una situación diferente”.

(Bloomberg)

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FUENTE : INFOBAE

Internacional

Ante el terrorismo solo cabe la condena incondicional

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Al equiparar hechos de distinta naturaleza, el Gobierno parece desconocer el legítimo derecho de defensa de un pueblo que es sometido permanentemente a ataques en su territorio

Ataque en Tel Aviv

En las últimas horas, cientos de misiles fueron lanzados contra el territorio soberano del Estado de Israel por la organización terrorista Hamas desde la Franja de Gaza provocando al menos tres muertes y decenas de heridos.

Ataques de esa naturaleza forman parte -desgraciadamente- de la vida diaria en esa región. Pero en el día de la fecha, el accionar de Hamas adquirió las características de lo extremo. En un hecho infrecuente, los ataques provocaron que sonaran alarmas en el centro del país, en donde tiene asiento Tel Aviv y alrededores y donde vive gran parte de los 8,5 millones de habitantes del Estado de Israel. El propio movimiento islamista Hamas, que controla la Franja de Gaza desde hace años, reconoció haber lanzado 130 cohetes contra Tel Aviv.

En tanto, un comunicado de la Cancillería argentina se conoció horas después. El mismo expresó la “honda preocupación” del Gobierno Nacional ante “el dramático agravamiento de la situación en Israel y Palestina” y “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de unidades de seguridad israelíes ante protestas por posibles desalojos de familias palestinas de sus hogares en los barrios de Sheikh Jarrah y Silwan, así como por la respuesta a través del lanzamiento de misiles y artefactos incendiarios desde la Franja de Gaza”.

Las palabras utilizadas por las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores no pueden sino ser interpretadas como la búsqueda de transmitir el pensamiento de quienes la formulan. Al equiparar los hechos, parece desconocer el legítimo derecho de defensa de un pueblo que es sometido permanentemente a ataques en su territorio.

El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, a su vez, contradice la postura del gobierno norteamericano que emitió una firme condena a los ataques. El portavoz del Departamento de Estado Ned Price afirmó que “Israel tiene derecho a defenderse” y “responder” a los ataques. Poco después, el secretario de Estado Antony Blinken se comunicó con su par israelí Gabi Ashkenazi y reiteró las seguridades del tradicional apoyo norteamericano al que es su principal aliado en Medio Oriente. En el mismo sentido se expresó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan quien en una comunicación con su par israelí Meir Ben-Shabbat transmitió la condena por el ataque de Hamas y otros grupos terroristas en Gaza contra Tel Aviv y Jerusalén y sostuvo que el Presidente Joe Biden reafirmó su convicción sobre el derecho del pueblo israelí a defender su territorio.

En el mismo sentido se expresó el gobierno alemán. A través de un comunicado, su ministro de Relaciones Exteriores Heiko Maas condenó el ataque de Hamas y lo tachó de “absolutamente inaceptable” al tiempo que reconoció el derecho de Israel de a la “auto-defensa”.

La actitud del gobierno argentino no puede sino merecer el reproche de quienes creemos firmemente que el terrorismo resulta inaceptable en todas sus formas. La Argentina fue blanco del terrorismo internacional en los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994. Las heridas por esos trágicos hechos todavía permanecen abiertas y el homenaje a sus víctimas nos obliga a no cesar jamás en la condena a hechos de esa naturaleza.

Actos deleznables como ellos nos obligan al imperativo de rechazar en palabras y actos cualquier forma de extremismo y la intolerancia. Frente a actos como los cometidos por Hamas en el día de la fecha no corresponde nada salvo un firme repudio.

Mariano Caucino

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Fin de una era: por qué estalló Colombia

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Tras plantear un ajuste a la clase media, Iván Duque ahora es señalado por la comunidad internacional por violaciones a los DD.HH.

Las manifestaciones multitudinarias contra el gobierno de Iván Duque en Colombia, comenzaron hace 10 días como un rechazo a una reforma tributaria, y se han transformado en movimiento de múltiples demandas de la sociedad. Dichas manifestaciones han sido reprimidas brutalmente por las fuerzas de seguridad, aumentando día a día el número de heridos, desaparecidos y muertos.

El actual conflicto se muestra como la peor cara de la desigualdad estructural en Colombia,  que se ha profundizado con la pandemia de COVID19. Como la priorización de la acción represiva, demuestra la falta de capacidad política del gobierno de Duque ante un conjunto de demandas ciudadanas que se suman día a día buscando algún tipo de respuesta.

Desnuda desigualdad

Colombia ha sido atravesada en los últimos 50 años por el conflicto armado entre la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares y el ejército. Esta larga, sangrienta y sinuosa historia ha dejado el saldo de más de 900.000 muertos, el desplazamiento de más de 8 millones de personas, y el asesinato de cientos de líderes sociales.

El gobierno de juan Manuel Santos logro en 2016 realizar un histórico acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dando un paso definitivo para comenzar un largo proceso de sanación del país. Incorporó a miembros de esta organización a la vida política y negoció acuerdos similares con otras guerrillas menores. Pero el comienzo de una solución a ese conflicto puso en relieve los otros profundos problemas estructurales socio económicos que ocultaba Colombia desde hace décadas.

Colombia es un país conocido en el mundo por tener una larga estabilidad política, independientemente del conflicto de la guerrilla, ya que desde los años 50 se han intercalado democráticamente en el poder conservadores y liberales, mientras los números macroeconómicos no paran de crecer, con un crecimiento del 3,26 del PBI en 2019. Pero al mirar la distribución del ingreso Colombia, es el séptimo país más desigualdad del mundo, y el segundo de la región después de Brasil.

Colombia no ha generado cambios en la distribución del ingreso desde 1992. En 2019 el 10% de la población más favorecida poseía 4 veces más que el 40% de la población más pobre. A su vez hay más de 500.000 niños en situación de desnutrición crónica. Mientras en lo que respecta a la educación, en Colombia hay 2 millones de analfabetos, y solo el 44 % de los estudiantes llega a terminar el bachillerato, y de este número solo la mitad logra entrar a la universidad. Sobre este escenario la pandemia llevó el desempleo actual al 14%, y la pobreza en 2020 al 42,5% de la población.

LA PANDEMIA LLEVÓ EL DESEMPLEO ACTUAL AL 14%, Y LA POBREZA EN 2020 AL 42,5%.

Impuestos y falta de ideas

En 2019 Iván Duque que ya poseía un 65 % de desaprobación, con un modelo económico que mostraba desgaste, en cuanto a lo que inclusión social se refiere. Entonces envió proyectos de reforma laboral y de pensiones que generaron más malestar en la población.

Este malestar económico termino de confluir en un gran paro nacional en noviembre del 2019. Donde a pesar de lo pacifico de las manifestaciones, estas fueron reprimidas duramente por la policía ocasionando la muerte de varios manifestantes. La llegada de la pandemia de COVID19 pareció dar una pausa a las protestas sociales, pero cuando en abril de este año el gobierno propuso una nueva reforma tributaria, esta se transformó en la chispa que volvió a encender el conflicto.

La reforma planteaba obtener 25,4 billones de pesos colombianos, unos 6800 millones de dólares, para paliar la crisis económica del país. Pero la reforma planteaba obtener el dinero mediante el gravamen de impuestos a una empobrecida clase media.

Y a su vez subir hasta un 19% el IVA a productos alimenticios, e incluso ampliar este aumento del IVA a la gasolina, electricidad y el gas, golpeando también a los sectores bajos. Esto origino un nuevo paro nacional iniciado el 28 de abril, con enormes y constantes movilizaciones en todo el país, generando que Duque retirara el proyecto, y renunciara el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

SUBIR HASTA UN 19% EL IVA A PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Sin embargo, a pesar del retiro de la reforma tributaria, el paro continua. Es que solo había sido el catalizador de múltiples reclamos de un movimiento tan grande como heterogéneo. A tal punto que el comité conformado por los sectores que llevan a adelante el paro nacional, buscaban presentar a Duque diversos reclamos que iban desde: la renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, defensa de la producción (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).

Hasta  la matricula cero para la educación, y detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato. El gobierno que tuvo la falta de criterio político y social para buscar un impuesto sobre los sectores medios y bajos, ahora debe dar, aunque sea en forma transitoria, respuesta a numerosos reclamos.

Violencia y represión institucional

La violencia ha llegado a tal punto, que un organismo reconocido como Human Rights Watch público un video donde se ve a policías disparar desde una tanqueta proyectiles hacia manifestantes. Y la ONU pidió a Colombia respetar los DD.HH. y garantizar el derecho a las protestas.

Esa misma violencia policial ha pasado a transformarse en uno de los reclamos del paro nacional: la represión a las protestas ha dejado al cierre de esta nota el saldo de 24 muertos, casi 100 desparecidos y cientos de heridos. Estos hechos han revelado la incapacidad de las fuerzas de seguridad colombianas para contener la protesta social.

Debido a que por más de 50 años la policía ha sido entrenada y estructurada en contexto de conflicto armado contra un enemigo en común: las guerrillas. Generando que al tratar con los manifestantes,  muchas veces en vez de abórdalos como ciudadanos que reclaman democráticamente, estos son tratados como subersivos.

 AL CIERRE DE ESTA NOTA EL SALDO ERA DE 24 MUERTOS, CASI 100 DESPARECIDOS

Mientras la corriente más reaccionaria del uribismo, del cual Duque proviene, reduce la complejidad del análisis de los reclamos sociales a un conjunto de conspiraciones orquestadas por Venezuela. la ciudadanía continua en las calles planteando múltiples demandas que por ahora parecen sobrepasar la capacidad de respuesta del actual gobierno.

Mientras la segunda ola de COVID19 avanza, en Colombia se empiezan a reclamar soluciones a problemas que han pasado desapercibidos por mucho tiempo en el centro de la opinión pública. Siendo que el futuro de la democracia colombiana dependerá de lo rápido y efectivo que esas demandas sean encauzadas y respondidas.

FUENTE : REVISTA NOTICIAS

FOTO TAPA : PERFIL

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Estados Unidos ya vacunó con dos dosis a 100 millones de personas

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Estados Unidos tiene ya cien millones de personas completamente vacunadas contra el coronavirus, lo cual morigerará los devastadores efectos de la enfermedad, lo que supone un 35% de su población.

Estados Unidos tiene ya cien millones de personas completamente vacunadas contra el coronavirus, lo cual morigerará los devastadores efectos de la enfermedad, informó hoy el coordinador de respuesta a la pandemia de la Casa Blanca, Jeff Zients.

«Son 100 millones de estadounidenses con una sensación de alivio y tranquilidad al saber que después de un año largo y duro están protegidos del virus, sabiendo que su decisión de vacunarse no solo los protege a ellos sino que también protege a sus familias, sus amigos y sus comunidades», expresó Zients en rueda de prensa.

El país, que sigue siendo el más afectado del mundo, ha distribuido 237 millones de dosis y el 55% de los adultos recibió al menos una dosis.

Se considera que una persona está completamente vacunada dos semanas después de la aplicación del inmunizante o de la segunda dosis para los que se administran en dos tomas.

La campaña de vacunación en Estados Unidos arrancó con altibajos en diciembre, pero el ritmo aumentó rápidamente durante la primavera boreal hasta llegar a un pico de la tasa de inyecciones a principios de abril.

Sin embargo, ahora experimenta una cierta disminución del ritmo de inoculación, consignó la agencia de noticias AFP.

Paulatinamente, todas las personas que estaban convencidas de querer vacunarse lo han hecho, por lo que ahora la campaña está orientada a llegar a las indecisas o de difícil acceso, como las que residen en zonas rurales.

En el país están autorizadas tres vacunas, las de Pfizer/BioNtech, Moderna y Johnson & Johnson, esta última la única que no precisa de más de una dosis.

Estados Unidos registra 32,3 millones de casos y 575.000 muertes, según el último reporte sanitario.

Entretanto, se informó oficialmente que los mayores de 16 años pueden vacunarse en Florida desde hoy sin prueba de residencia, lo que abre la vía a la inmunización de las personas indocumentadas.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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