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En quiebra por el socialismo, Venezuela cede el control de sus empresas

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Mientras la nación pasa hambre, hay inversores que se alían a las compañías públicas de alimentación. Se espera que los nuevos gerentes obtengan parte de la producción y de los beneficios

Trabajadores caminan frente a los silos en la planta de arroz Hugo Chávez en Tucupita, Venezuela (Reuters/Archivo)

El Gobierno venezolano, que carga con cientos de empresas estatales quebradas en una economía que está en caída libre, está abandonando la doctrina socialista y traspasando empresas clave a inversionistas privados, ofreciendo ganancia a cambio de una participación en ingresos o productos.

Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidas, pero no vendidas, a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas, dijeron nueve personas con conocimiento del asunto. Los administradores cubren la nómina y las inversiones, y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al Gobierno.

“Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado”, dijo Ramón Lobo, legislador del partido socialista gobernante y exministro de Finanzas. “El Estado actúa como supervisor y recibe una retribución”.

El cambio es notorio en la agricultura, parte del esfuerzo de Nicolás Maduro por alimentar a una población hambrienta después de siete años de colapso económico y social. No está claro cuánto dinero aporta la nueva política, que sigue a la aprobación del año pasado de una ley “anti-bloqueo” que buscaba reducir el impacto de las sanciones de Estados Unidos e incentivar la inversión. El Gobierno ahora permite que fluyan las remesas en dólares y la empresa privada florezca en pequeños bolsillos.

Un hombre camina en un mercado de productos vacíos en Caracas, Venezuela, el 4 de noviembre de 2020 (REUTERS/Fausto Torrealba)Un hombre camina en un mercado de productos vacíos en Caracas, Venezuela, el 4 de noviembre de 2020 (REUTERS/Fausto Torrealba)

Maduro tomó el poder hace ocho años después de la muerte de Hugo Chávez, quien inició la revolución socialista al confiscar más de 1.000 empresas y numerosas granjas y propiedades, incluidos activos de multinacionales como Kimberly-Clark, Cemex y Kellogg. Las nuevas empresas estatales fracasaron debido a una mala gestión. Utilizando sus vastos ingresos petroleros, el Gobierno reemplazó los cultivos y la fabricación local por importaciones.

La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, fue puesta en manos de aliados y también se volvió ineficiente, convirtiéndose en efecto en un brazo del partido de Gobierno. Fue llevada a la ruina y forzada a recortar su producción. Entre eso y las recientes sanciones de EE.UU., que aumentaron significativamente durante la presidencia de Trump, han destrozado una sociedad que alguna vez estuvo entre las más ricas del mundo.

Más de 5 millones de venezolanos han huido del país en un intento desesperado por evitar la ruina.

“El Gobierno de Maduro dio un giro en U a fines de 2019 al promover un capitalismo salvaje”, dijo Rodrigo Agudo, jefe de la Red de Alimentos de Venezuela. “Dejó de recaudar impuestos sobre ciertas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y otros a invertir dinero de orígenes desconocidos en empresas locales”.

Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación del año pasado de la ley anti bloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación.

Personas buscan comida en un contenedor de basura durante la hora de cierre en el mercado mayorista de Coche el 31 de julio de 2020 (REUTERS/Manaure Quintero/File Photo)Personas buscan comida en un contenedor de basura durante la hora de cierre en el mercado mayorista de Coche el 31 de julio de 2020 (REUTERS/Manaure Quintero/File Photo)

Pero la naturaleza precisa de los nuevos acuerdos, ya sean arrendamientos, licencias o comodatos, no está clara. La ley anti bloqueo prohíbe revelar dicha información, teóricamente para proteger a las empresas de las sanciones de EE.UU., que están dirigidas a entidades que hacen negocios con el Gobierno, pero excluye a empresas privadas. Los ministerios de Agricultura e Información no respondieron a solicitudes de comentarios.

Los nuevos acuerdos están afectando a las principales empresas y en su mayoría involucran a empresarios con vínculos con el Gobierno, pero no exclusivamente. En algunos casos, las propiedades incautadas están volviendo a aquellos de quienes fueron confiscadas. En otros, los propietarios se niegan a participar. Términos de asociación similares se han establecido anteriormente en la industria petrolera. PDVSA otorgó a las empresas locales más control sobre activos estatales como petróleo y plantas de compresión de gas para operar y aumentar la producción. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas.

Lobo, el legislador socialista, dijo que los acuerdos tienen plazos, generalmente de cinco a 10 años, y funcionan como una concesión. La empresa privada se compromete a invertir, aumentar la producción dentro de un plazo y administrar el activo.

La mayoría de los nuevos acuerdos se realizan en zonas rurales del país. Agropatria, un negocio de suministros agrícolas de tamaño monopólico nacionalizado en 2010 que dirigía cinco empresas, ahora está recurriendo a la gestión privada. Más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas, confiscadas “para liberar a los productores de la extorsión y los intermediarios”, según el entonces presidente Chávez, ahora son administradas por Agrollano 2910, una empresa agrícola local que está invirtiendo casi US$150 millones para reabastecerse, según cuatro de las personas.

Nicolás Maduro (EFE/ Rayner Peña/Archivo)Nicolás Maduro (EFE/ Rayner Peña/Archivo)

Lácteos Los Andes, un gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el Gobierno en 2008, ahora es administrado por una empresa privada venezolana, aunque no se han realizado cambios oficiales en el consejo.

Dos plantas de procesamiento de granos del Gobierno, en su mayoría inactivas desde su inauguración en 2007, han sido transferidas, pero no vendidas a empresas privadas locales. Lo mismo ocurre con las plantas de leche y café construidas durante el auge del petróleo de Venezuela y en virtud de acuerdos bilaterales con aliados regionales como Cuba, Bolivia, Brasil y Argentina.

Las condiciones para las empresas varían. La contribución principal es un porcentaje de las ganancias o de la producción para el Estado. En algunos casos, el Gobierno y los gerentes están discutiendo una escala salarial mensual estandarizada de entre US$60 y US$80 para trabajadores y técnicos, agregaron algunas de las personas.

No todas las empresas a las que el Gobierno apunta para asociarse están generando interés. Los empresarios locales desconfían por los años de mal mantenimiento bajo la supervisión del Estado y temen a nuevas nacionalizaciones.

Maduro, que ha reducido las asignaciones para algunos Gobiernos estatales y locales durante la crisis, les ha otorgado margen de maniobra para asociarse con empresas locales para generar ingresos. En diciembre, el gobernador del estado agrícola de Portuguesa, Rafael Calles, dijo a los medios públicos que las alianzas con el sector privado en la administración de 24 empresas estatales recaudaron US$60.000 al mes para el Gobierno estatal.

Un hombre camina frente a un afiche con la bandera de Irán y Venezuela en el supermercado iraní Megasis este viernes en Caracas (EFE)Un hombre camina frente a un afiche con la bandera de Irán y Venezuela en el supermercado iraní Megasis este viernes en Caracas (EFE)

El Gobierno nunca ha publicado el número de propiedades que ha incautado a lo largo de los años. Pero un estudio de la cámara industrial nacional Conindustria dijo que un total de 1.322 granjas de ganado, tiendas de alimentos, compañías eléctricas, molinos, fabricantes de vidrio, bancos, supermercados e instalaciones de almacenamiento en frío fueron expropiadas entre 2002 y 2015.

Muchas dejaron de existir y solo quedan unas 700. La mayoría de sus antiguos propietarios aún esperan una compensación o están involucrados en un litigio con la esperanza de recibir un pago, según un estudio de Transparencia Internacional de 2019.

Algunos analistas señalan que lo que está sucediendo en Venezuela tiene precedentes en otros Estados autoritarios de izquierda.

“Este proceso es similar al proceso de privatización en Rusia en que los activos se transfieren a empresas locales privadas y a inversionistas de países aliados al Gobierno”, dijo Asdrubal Oliveros, jefe de la consultora económica Ecoanalítica, hablando de la década de 1990. “Pero a diferencia de Rusia, no ha habido un programa de estabilización profunda con la ayuda de organizaciones multilaterales. Estar aislado y bajo sanciones lo convierte en una situación diferente”.

(Bloomberg)

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FUENTE : INFOBAE

Internacional

UN NUEVO INFORME DE LA ONU DENUNCIÓ MÁS CASOS DE TORTURAS Y DETENCIONES ARBITRARIAS EN VENEZUELA

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El documento abarca el período entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 y se centra en acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico.

El Consejo de DDHH de la ONU, en un un nuevo informe al que tuvo acceso Infobae, denunció más casos de torturas, detenciones arbitrarias y persecución a la oposición en Venezuela. Además, señaló graves errores cometidos por el régimen de Nicolás Maduro para hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

El informe abarca el período entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 y se centra en acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico, y el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El informe documentó torturas a 14 personas privadas de libertad durante el período que abarca la investigación. Además, señala estigmatización, criminalización y amenazas contra voces disidentes, la sociedad civil, medios de comunicación y sindicalistas.

“Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó 154 casos, incluidos 46 casos de penalización, 26 relatos de amenazas y hostigamiento, 11 actos de violencia y 71 casos de estigmatización de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil”, dice el informe.

La ACNUDH señala también 35 casos de violación del derecho a la libertad. Y denuncia que al menos 22 personas seguían sometidas a medidas coercitivas más allá de los límites establecidos en la legislación venezolana.

El ACNUDH siguió documentando casos de violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión que afectan a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y medios de comunicación, personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil. Se documentaron 34 casos, entre ellos hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación. El ACNUDH siguió registrando relatos de autocensura por temor a represalias”, señala el informe.

Militares de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R.

Militares de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R.

El informe ahonda en las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro.

La ACNUDH mostró su preocupación por el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada que atenta contra el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos y los trabajadores de los medios de comunicación.

El informe también denuncia los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con el chavismo, ya que esas relaciones plantean preocupaciones sobre la independencia del poder judicial y la separación de poderes.

“El ACNUDH documentó la detención arbitraria de al menos 13 personas, incluidas dos mujeres, entre el 9 y el 13 de julio de 2021 en Caracas, y entre agosto y septiembre de 2021 en los estados de Apure y Táchira durante operaciones de seguridad”, dice el informe.

Además, denuncia que no se tiene acceso a información pública y desglosada sobre la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

“La pandemia de COVID-19 agravó un sistema de salud ya frágil. Se siguió reportando la falta de medicamentos, suministros y suficiente personal calificado en el sistema de salud, afectando en particular el acceso de mujeres y niños a una atención médica adecuada, incluido el tratamiento especializado para niños y niñas con enfermedades crónicas y la vacunación contra enfermedades prevenibles, y la salud sexual y reproductiva de mujeres y adolescentes. Según se reporta, los centros de salud se han visto afectados por apagones regulares, lo que ha impactado la prestación de servicios a los pacientes”, denuncia el informe.

FUENTE : INFOBAE

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Internacional

QATAR PROHIBIRÁ EL SEXO FUERA DEL MATRIMONIO DURANTE EL MUNDIAL: LAS PENAS PARA LOS QUE VULNEREN LAS LEYES

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Las autoridades del estado asiático han informado que habrá castigos de hasta 7 años de prisión para los infieles que tengan relaciones extramatrimoniales.

Los detalles

La expectativa aumenta a cada instante a 152 días para el comienzo del Mundial de Qatar. En este contexto, los organizadores del torneo más codiciado del planeta informaron que se han vendido más de 1,2 millones de entradas para los compromisos que se disputarán en el país del Golfo. La fase más reciente de venta de los tickets, un sorteo de selección aleatoria, se cerró a finales de abril con 23,5 millones de solicitudes de entradas procedentes en su mayoría de Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, México, Qatar, Arabia Saudita y Estados Unidos.

Pero hay algo que deberán tener en cuenta los viajeros. El Comité Supremo de Qatar informó que habrá duras condenas a quienes cometan adulterio. A través de un comunicado oficial, las autoridades locales aseguraron que habrá penas de hasta 7 años de prisión para aquellos que tengan sexo extramatrimonial. “Qatar es un país conservador y las muestras públicas de afecto están mal vistas independientemente de la orientación sexual”, anunció el medio Daily Star.

El periódico británico brindó su información basada en una fuente policial que manifestó su preocupación ante las posibles infidelidades que puedan cometer los turistas: “La cultura de la bebida y la fiesta después del partido, que es normal en la mayoría de los lugares, está estrictamente prohibida, con consecuencias muy estrictas y aterradoras si te atrapan. Existe la sensación de que éste podría ser un torneo muy malo para los aficionados”.

En este sentido, el director ejecutivo de la Copa del Mundo que se disputará a partir de noviembre, Nasser al-Khater, subrayó que “la seguridad de cada aficionado es de suma importancia” para ellos. “Pero las demostraciones públicas de afecto están mal vistas, no es parte de nuestra cultura, y eso se aplica para todos”, agregó.

Además, el secretario general de la Asociación de Fútbol de Qatar, Mansoor Al Ansari, destacó que en el estado asiático también habrá prohibiciones para las manifestaciones homosexuales. “Si quieres mostrar tu punto de vista sobre la comunidad LGBTQ+, hazlo en una sociedad en la que esté aceptado”, enfatizó el directivo.

En total, habrá dos millones de entradas disponibles durante los 28 días que durará el torneo, en noviembre y diciembre. La próxima oportunidad de adquirir boletos para el certamen internacional será por orden de llegada, pero la fecha aún no se ha anunciado.

Qatar espera atraer a 1,2 millones de visitantes durante el Mundial, casi la mitad de su población. Por lo tanto, los organizadores están trabajando para evitar que los aficionados se vean perjudicados por los precios. Una de las principales preocupaciones ha sido el costo y la disponibilidad del alojamiento en el Estado árabe del Golfo, que cuenta con menos de 30.000 habitaciones de hotel, según las últimas estimaciones de Turismo de Qatar. Y el 80% de esas habitaciones están actualmente asignadas a los invitados de la FIFA, dijeron los organizadores.

Cabe señalar que el país ha potenciado el alojamiento no hotelero, poniendo a disposición de los aficionados 65.000 habitaciones en villas y apartamentos, y unas 4.000 habitaciones en dos cruceros atracados en el puerto de Doha. Mientras tanto, la comunidad empresarial local, criticada por el trato que da a los trabajadores inmigrantes, se ha comprometido a devolver 28 millones de dólares a los trabajadores que pagaron tasas de contratación para asegurarse un empleo.

El cobro de comisiones de contratación es ilegal en Qatar y en otros países, aunque la práctica está muy extendida en muchos de los países de los que proceden los trabajadores qataríes.

FUENTE : INFOBAE

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DURO REVÉS PARA LA COMUNIDAD LGTBI INTERNACIONAL

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Por disposición de un tribunal, un país deja de reconocer el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo.

Este lunes un tribunal de Japón dictaminó constitucional el veto al reconocimiento a las parejas del mismo sexo. La medida significa un importante retroceso para los grupos LGTBI del país donde el año pasado un fallo histórico había sido favorable para las uniones homosexuales.

El fallo que veta el reconocimiento a las parejas del mismo sexo fue dictado por la corte de Osaka que rechazó los argumentos de tres parejas del mismo sexo que luchan por la igualdad de derechos. “Desde la perspectiva de la dignidad individual, se puede decir que es necesario hacer realidad los beneficios de las parejas del mismo sexo sean reconocidos públicamente mediante un reconocimiento oficial”, indicó el tribunal.

Sin embargo, la corte señaló que “no considera” que la falta de reconocimiento actual sea una violación de la constitución y dijo que “no se ha llevado a cabo un debate público sobre qué sistema sería apropiado”.

El presente fallo responde al realizado en 2021 por un tribunal de Sapporo que decretó que no reconocer el matrimonio del mismo sexo en Japón era inconstitucional. Ese veredicto había sido celebrado por la comunidad LGTBI de Japón, un país donde -por diversas razones- menos del 18% de las personas homosexuales reconoció su orientación sexual en el trabajo.

Según la constitución nipona, el “matrimonio solo puede ser con el consentimiento mutuo de ambos sexos”. Aunque en los últimos años las autoridades locales en el país han avanzado en el reconocimiento de derechos, incluso uniones de parejas del mismo sexo, estas aun no cuentan con las mismas garantías que el matrimonio.

FUENTE : MDZOL.COM

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