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En un profundo hermetismo, Stiuso volvió a declarar en la causa por la muerte de Nisman y apuntó al gobierno de Cristina Kirchner

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El ex espía había pedido ampliar su declaración en el expediente en donde se investiga la muerte del fiscal de la causa AMIA. La fiscalía sigue interrogando a hombres de inteligencia.

En medio de un profundo hermetismo, el ex espía Antonio Horacio Stiuso reapareció hoy para declarar por cuarta vez en la causa por la muerte de Alberto Nisman, el fiscal de la UFI AMIA que en enero de 2015 fue encontrado muerto en el baño de su departamento, con un tiro en la cabeza, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrir a Irán en el atentado contra la mutual judía. Su declaración duró unas cuatro horas. “Violación a la ley de inteligencia”, se excusaron las fuentes para evitar precisar el voltaje de sus palabras.

Sin embargo, Infobae pudo saber algunos detalles de su declaración. Siempre con un toque de misterio y medias sonrisas, Stiuso aportó documentación, que ya constaba en la causa, en donde apuntó al ex jefe de la AFI Oscar Parrilli, hoy senador del Frente de Todos; el número 2 de esa central, Juan Martín Mena, viceministro de Justicia; y el ex jefe del Ejército César Milani. En sus palabras, Stiuso defendió su investigación sobre la responsabilidad iraní en el atentado contra la AMIA y lo que él entendía era un ataque del gobierno de Cristina Kirchner contra esas pruebas.

Otro de los blancos de su declaración fue el ex jefe de la AFI Fernando Pocino, el enemigo interno de Stiuso en la central de espías. Pocino era director de Reunión Interior de la Agencia Federal de Inteligencia y algunos lo señalan como una pieza clave en los movimientos de los hombres del espionaje durante el fin de semana de la muerte de Nisman.

Alberto NismanAlberto Nisman

El propio Stiuso había pedido declarar a fines de octubre, tal como reveló Infobae. A través de un escrito, el ex espía escribió: “Luego de haber prestado declaración en marzo de 2019, he tomado conocimiento por trascendidos periodísticos, de diversas cuestiones que no fueron abordadas en aquella oportunidad y que considero que la Fiscalía debe conocer”. En mayo pasado, el diario La Nación publicó que dos agentes declararon bajo juramento que espiaban a la fiscal retirada Viviana Fein cuando estaba en sus manos la investigación por la muerte de Nisman. El espionaje, no obstante, era un poco precario: rondaban la fiscalía para ver si se presentaba Stiuso.

Justamente Stiuso había presentado su renuncia al lugar que supo comandar en la entonces SIDE en diciembre del 2014. Se fue para jubilarse. Pero el gobierno de Cristina Kirchner encabezó una fuerte embestida en el organismo de inteligencia que luego derivó en denuncias penales contra el hombre fuerte de inteligencia que Néstor Kirchner puso a trabajar con Nisman en la investigación del atentado.

Es por eso que Stiuso inició este martes su exposición aludiendo a esa versión sobre Fein. Y lo primero que dijo fue despegarse de esa presunta vigilancia a la ex fiscal que habría concretado personal de Contraingelincia. Dijo que pretendían ligarlo a esa cuestión, lo cual era “absolutamente falso” porque él ya estaba en Uruguay.

De paso, afirmó que no tenía ningún sentido investigar a Fein. Y hasta aseguró que intentaron “pegarlo” a Diego Lagomarsino, el técnico informático que trabajaba para la UFI AMIA y que quedó procesado por haberle entregado a Nisman el arma con la que resultó muerto. Subrayó que a Lagomarsino ni lo conocía.

Esa desmentida sobre el espionaje a Fein fue el ancla para prestar una declaración que se extendió por varias horas. Esta vez no fue en los tribunales de Comodoro Py 2002, sino en un edificio de la calle 25 de Mayo de la Procuración General, según pudo confirmar Infobae. Durante la mañana del martes se creyó que el espía estaba declarando en el quinto piso del edificio de Retiro, ante el fiscal Eduardo Taiano, que instruye la investigación. Movimientos de policías en ese sector hicieron sospechar esa presencia, pero era todo erróneo.

El fiscal Eduardo Taiano (Maximiliano Luna)El fiscal Eduardo Taiano (Maximiliano Luna)

Desde la mañana, Stiuso había llegado con su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, al lugar de la cita, donde lo esperaba personal de la fiscalía que trabaja en la investigación, representantes de la defensa y el abogado de la querella de la madre de Nisman, Sara Garfunkel. Todo sucedió bajo un clima de secretismo, el mismo que ronda en la causa desde hace más de un año cuando comenzaron a desfilar más de 60 espías como testigos, entre ellos Pocino. Faltan por lo menos otros 30 agentes o ex agentes. Los investigadores se resisten a que trasciendan datos de estas declaraciones por las limitaciones judiciales que tiene conocer su contenido: la ley de inteligencia.

A la hora en que Stiuso comenzó a declarar, Cristina Kichner hablaba vía zoom, desde el Senado, por última vez ante el Tribunal Oral Federal 2, que la juzga por defraudación al Estado y administración fraudulenta y que el martes próximo dará a conocer su veredicto. La fiscalía pidió para ella 12 años de prisión.

Las declaraciones de Stiuso

La primera vez que declaró fue el 17 de febrero de 2015 ante la fiscal Viviana Fein cuando el kirchnerismo desconocía su paradero. Allí dijo que no sabía nada de la muerte de Nisman. Luego se fue del país.

Su segunda declaración fue al año siguiente y torcería el rumbo de la causa. El gobierno ya había cambiado. Durante 14 horas, Stiuso afirmó que a Nisman lo habían matado por el trabajo que estaba realizando. La ex jueza Fabiana Palmaghini se declaró incompetente y derivó el caso a Comodoro Py, donde tramita actualmente.

La tercera declaración de Stiuso fue en marzo de 2019 y recién se conoció cuando la publicó Infobae en enero del 2020, al cumplirse cinco años de la muerte de Nisman. Allí Stiuso aportó una carpeta que contenía información sobre Nisman, su ex esposa y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, Stiuso y otros agentes de inteligencia. Serían datos de inteligencia ilegal y para Stiuso es la demostración de que lo seguían a él y a su familia y fue la base de lo que llamó en su declaración una “campaña mediática” en su contra.

Stiuso junto a su abogado en tribunalesStiuso junto a su abogado en tribunales

“La señora esta que presidía el gobierno pedía informes y tenía que controlar. La campaña de desprestigio iba atada a todo esto. Todo esto partía del cerebro enfermizo de la mujer”, dijo sin nombrarla.

Hoy fue la cuarta. Por el momento, el contenido de sus dichos se mantienen bajo reserva. Habrá que ver si una vez más logran impactar en el curso de la investigación.

Una de las pocas veces que Stiuso habló públicamente sobre el tema fue en el documental que armó Netflix sobre la muerte de Nisman. Allí a Stiuso le preguntan por qué no había atendido a Nisman el fin de semana en que se concretó su muerte. “No le contesté porque estaba el teléfono en vibrador. Y si hubiera escuchado no iba a hablar con él. Porque prendías la televisión y veías que era Stiuso y el títere Nisman. Lo iba a terminar de hundir si lo atendía, lo iba a llamar después que se presentara en el Congreso”, dijo. El ex espía ratificó que a su criterio a Nisman lo mataron. “¿Tu crees que Cristina Kirchner quería matarte?”, le preguntó el documentalista británico Justin Webster a Stiuso, quien hace silencio y responde: “Sí”.

 

 

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El MTE se retiró del campo en El Marquesado de forma “pacífica”

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Después de varias horas de tensión y momentos de violencia, los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se retiraron del campo ubicado en el barrio El Marquesado de Mar del Plata.

“Quedaron solamente dos, y el casero que va a quedarse con ellos”, informó Martín Ferlauto, secretario de Seguridad, en diálogo con Ahora Mar del Plata. Consultado sobre la retirada, el funcionario contestó que fue “pacífica” y además confirmó que quedará custodia policial en el sector durante la noche de este sábado.

El predio conformado por 140 hectáreas y ubicado en el barrio El Marquesado fue entonces desalojado, tal como habían acordado con las autoridades. En el conflicto intervino la policía, el Poder Judicial y la Municipalidad de General Pueyrredon.

Más allá de los reclamos de los vecinos, de la postura del gobierno local y de las expresiones de políticos en redes sociales, desde el Movimiento hicieron hincapié en la legitimidad para explotar los terrenos de Playa Escondida, al sur de Mar del Plata.

“En esas tierras, cedidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) a la ONG Tercer Tiempo, se llevará adelante un Proyecto de Producción Agroecológica donde trabajarán productores rurales del cordón frutihortícola de la ciudad, proyecto que permitirá el abastecimiento local con alimentos de calidad. Se trata de la concreción de una propuesta histórica para dichas tierras, pensado con la construcción del Complejo Turístico Chapadmalal”, habían declarado mediante un comunicado en la tarde del sábado.

“Están trabajando profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Conicet con todos los estudios de suelo correspondientes y necesarios. Es el equipo que evaluará la viabilidad de cada sector del predio según las funciones que permitan las tierras”, extendieron.

El proyecto se suma a otras iniciativas en Argentina, que buscan afianzar la agricultura familiar, resolviendo las dificultades del acceso a la tierra para muchas personas que actualmente trabajan en condiciones de arrendamientos costosos y precarios”, afirmaron.

“Se promueven nuevas formas de producir en armonía con el medio ambiente; cuidando la salud de quienes producen y consumen, para que la población acceda a alimentos sanos y a precios justos”, comentaron luego.

“Actualmente hicimos posesión del predio y su custodia, como lo marca el convenio firmado el 16 de febrero del corriente año y por el cual nos apersonamos. No se instalará ningún asentamiento, sino que allí vivirán quienes trabajen la tierra”, aseguraron.

Frente al conflicto que ocurren en El Marquesado donde los vecinos amanecieron con la presencia de 40 personas con “pecheras del MTE” liderado por Grabois en el marco del proyecto para ceder 140 hectáreas a más de 100 familias, explotar las tierras y realizar viviendas sociales el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se expresó mediante redes sociales.

En principió, declaró: “Lo que está pasando en la zona de El Marquesado es de extrema gravedad. Porque mientras los marplatenses trabajan todos los días con esfuerzo para progresar y hacer crecer a la ciudad, otros proponen regalar tierras, con fines político partidarios, haciendo las cosas como no se debe y de forma totalmente ilegítima”.

Asimismo, agregó: “Estamos en contacto con los vecinos, trabajando con las Fuerzas de Seguridad y la Justicia para frenar estas acciones que no avalamos de ninguna manera. Siempre voy a defender a los que laburan y se rompen el lomo. Fuera de la ley, nada”.

En la misma línea, los residentes del lugar cortaron la ruta 11 para pedir visibilizar y reclamar lo sucedido: “Entraron con 40 personas del MTE y están queriendo desalojar al hombre que vive en el campo”. Asimismo, afirmó uno de los vecinos  :”No tenemos cloacas, ni gas. Si hacen pozos ciegos se pueden contaminar las napas. Tenemos claro como terminan los proyectos sociales lo vimos a lo largo del país. Ninguno de los vecinos estamos a favor, nosotros compramos nuestros terrenos con años de trabajo”.

Diez Ahora

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Como afecta la caida de los sistemas informativos del poder judicial a los ciudadanos, explicado por la Dra Paula Braciale

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El dia viernes en la edición habitual de Rumbo 23 ( radio XFN.com y canal 41 TDA television abierta libre y gratuita)  la Dra Paula Braciale estuvo en comunicación con la Dra Mariela Valle y el martillero Bernardo Giles.

 

De manera clara, para todo Mar del Plata y Batan  la doctora Paula Bracciale, quien encabezó la Lista Bordó y Blanca en el Colegio de Abogados de Mar del Plata, habló sobre los servicios centralizados del poder judicial que no están funcionando, entre ellos el portal de notificaciones y presentaciones electrónicas. “El acceso a la justicia es un derecho constitucional que tiene cada ciudadano y cada habitante de nuestro país y, desde el comienzo de este año, los abogados que ejercemos la profesión en el poder judicial estamos viviendo una situación muy crítica por la falta de funcionamiento de la página de la Corte de la Provincia y la mesa de entrada virtual que funciona mal”, explicó.
Si bien puede llegar a parecer un tema técnico que afecta el dia a dia el trabajo de los abogados, la Dra Braciale dejo en claro que es el acceso de la población, del ciudadano a su derecho a la justicia el que se ve afectado.
Para que se entienda, junto a la Dra Valle dieron claros ejemplos de como nos afecta esta situacion a todos. Desde un reclamo de alimentos en situaciones de vulnerabilidad en el fuero de familia hasta resoluciones de conflictos civiles y comerciales. “Un amparo de salud, el cobro de una indemnización , no pueden esperar y tenemos que dar una respuesta”, concluyó.
Tambien, los abogados se encuentran impedidos de ejercer su profesion libremente, por razones ajenas a sus posibilidades, en claro conflicto con sus necesidades diarias. Detrás de cada profesional, hay siempre una familia, reflexionaron juntos en Rumbo 23.
Dejanos tus consultas al Whatsapp de la radio: 223 60 22 223.
Dra Mariela N Valle
Martillero Bernardo Giles

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No fue lawfare: mentiras y trampas en el juicio de Vialidad que condenó a Cristina

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Abogados que ocultaron tramos de documentos oficiales en que basaron las defensas porque lo omitido hundía a sus clientes. O que le enrostraron a la Fiscalía haber lanzado afirmaciones que en realidad nunca lanzó para confundir al tribunal o a la opinión pública. O que denunciaron la violación del derecho de defensa por no haber sido notificados sobre la incorporación de una prueba al expediente cuando sí fueron notificados. O varios peritos de parte y testigos que orillaron el falso testimonio con afirmaciones sesgadas. O empleados de Vialidad que… la lista continúa.

El Tribunal Oral Federal que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la “causa Vialidad” reflejó en el fallo que difundió este jueves múltiples episodios en los que las defensas intentaron jugadas, como mínimo, polémicas. Tanto, que el tribunal le notificó lo ocurrido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que “fiscalice las temerarias intervenciones profesionales” y, acaso, aplique sanciones disciplinarias.

Esas “temerarias intervenciones” de los abogados reflejaron un contraste notorio entre las acusaciones de lawfare y lo que salió a la luz, con evidencias concretas, durante las audiencias del juicio oral, según surge de la sentencia de 1616 páginas que rubricaron los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

De hecho, el tribunal remarcó a lo largo del fallo que algunas defensas incurrieron repetidas veces en una “actitud estratégica de elegir los presupuestos de la acusación para luego poder defenderse de dichos extremos inexistentes”, lo que calificó como “una verdadera y despiadada lucha contra los molinos de viento”. ¿Por qué? Porque para algunas defensas, según el estimó el tribunal, lo más importante no se dirimía en las audiencias del juicio, sino en “la instalación de una narrativa en el plano extraprocesal”. Es decir, la difusión de un relato ante la opinión pública a través de los medios de comunicación y propaganda afines.

La lectura del fallo aporta numerosos ejemplos. Entre ellos, cuando los defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, remarcaron que no había mensajes directos entre la entonces Presidenta y su secretario de Obras Públicas, José López, y esgrimieron esa ausencia como una prueba irrefutable de la inocencia de su defendida. “¿Esperaban que la Presidenta de la Nación chateara personalmente con López?”, se preguntó el tribunal. “¿Quién más que la entonces Presidenta, a través de su asistente personal, podría ordenarle a un Secretario de Estado que se hiciese presente en la quinta de Olivos o en Casa de Gobierno a una hora determinada?”, plantearon Gorini, Giménez Uriburu y Basso, para luego indicar que esa jugada defensiva era “realmente llamativa” y “manifiestamente endeble”.

El letrado de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva, fue, sin embargo, el que protagonizó más episodios cuestionablesc como cuando sostuvo que su cliente había sido un empleado bancario que ascendió en el escalafón hasta convertirse en el máximo ejecutivo del Banco de Santa Cruz, y le enrostró al fiscal Diego Luciani haber dicho que era mero “cajero” bancario.

Pero eso era falso. Luciani jamás lo dijo, aclaró el tribunal. “Si alguien utilizó ese término fue la propia defensa de Báez, la que puso ese concepto en boca de los Fiscales para luego poder cuestionarlo y probar un pretenso yerro tanto en el plano procesal como en el mediático”. Y más allá de eso, el tribunal le recordó que lo esencial del debate pasó por otro lado: ¿tenía Báez experiencia en la obra pública? Y allí tropezó su defensa: “El intento de la defensa técnica de Báez de presentarlo como un avezado directivo de una empresa constructora es directamente una farsa”, concluyeron los magistrados. Una y otra vez, empero, Báez y sus letrados incurrieron en “falsedades” o “falacias”, según el tribunal. Por ejemplo, cuando quisieron sostener que Austral Construcciones se constituyó en abril de 2003 y acusaron a los fiscales de “falsear” el acta constitutiva porque “no les servía la verdad”, lo que también levantó y difundió la maquinaria de difusión cercana al kirchnerismo. Pero en realidad, según verificó el tribunal, la Fiscalía tenía la razón, apoyado en un documento que así lo demostró y que conocían todas las partes. “Nos enfrentamos, una vez más, frente a un artilugio defensista cimentado en una nueva falsedad”, estimó el tribunal.

La diferencia entre el relato y las evidencias también quedó expuesta cuando se analizó cómo fue el proceso de recálculo en las obras otorgadas a Báez. La defensa invocó un informe que aportó la Dirección Nacional de Vialidad que calificó como “una prueba central” que demostraba “dos mentiras” de la Fiscalía y cuya solidez era “incontrovertible”. Pero, ¿qué pasó? Según el tribunal, la defensa incurrió en un “berenjenal comparativo” que lo llevó a esbozar conclusiones erróneas o, peor, “opuestas” a las reales.

“La treta”

Lo mismo, aclaró el tribunal, ocurrió cuando se analizaron la ampliación del plazo o las redeterminaciones de precios en las obras, entre otros ejes. “Una vez más, las defensas escogieron ellas mismas los ejes sobre los que ejercer su defensa, y en ese afán realizaron estruendosas y simbióticas alegaciones sobre la licitud del procedimiento, el acierto en los cálculos y el sacrificio económico que resultaba su aplicación para las empresas”, destacaron los magistrados, cuando en realidad lo nuclear pasaba por otro lado. “El yerro en el que caen las defensas […] se encuentra íntimamente vinculado al escandaloso sistema de aprobación de las ampliaciones de plazos y modificaciones de obras (por su automaticidad, inmotivación, falta de acreditación, justificación, control y fundamento, etc.) que lo antecedió, pues ahí residía la treta”.

Lejos de amilanarse, sin embargo, las defensas redoblaron la apuesta. También buscaron relativizar la importancia de que Báez tuviera tanta preponderancia en el reparto de la obra pública en Santa Cruz. Para eso plantearon que en cada provincia suele haber una constructora con mayor peso porque, por ejemplo, está localizada allí, con sus maquinarias y personal, lo que buscó probar el letrado de Báez con un documento que, según alertó el tribunal, “no cuenta con la totalidad del universo de obras financiadas y/o ejecutadas por la Dirección Nacional de Vialidad en el período en cuestión”.

El tribunal requirió entonces más información oficial y lo que obtuvo, lejos de beneficiar a los acusados, los complicó aún más. “La comparación completa y fundamentada en datos es apabullante”, destacaron Gorini, Giménez Uriburu y Basso, que se apoyaron en datos “objetivos y verificables” para evaluar la distribución de sus negocios, y deploraron lo que calificaron como “pseudos conocimientos especiales” que invocaron los letrados y que fueron levantados por los medios de comunicación más afines al Frente de Todos.

Testigos y peritos de parte

En otros tramos de la sentencia, el tribunal también criticó la actuación de varios testigos y peritos propuestos por las defensas. Entre ellas, una ingeniera designada como perito por la defensa de la actual vicepresidenta, Adriana Alperovich, quien para apoyar a quien la había contratado llegó a utilizar “bibliografía estudiantil guatemalteca, peruana y colombiana, sin precisar sus antecedentes, calificación y rigurosidad técnica”. Eran tesis de grado.

Eso no fue todo. “Sobrepasando los límites de la tarea pericial que le fuera encomendada”, Alperovich “omitió deliberadamente su abordaje completo y recurrió a normas, dictámenes y antecedentes que no resultan ni remotamente aplicables al caso”, indicó el tribunal, hasta ofrecer “una versión exculpatoria que no resiste el menor análisis técnico”. Pero su relevancia en los tribunales fue lo de menos. Su testimonio fue ensalzado por la defensa y levantado por los medios de comunicación afines como “la única que hizo un estudio serio” y “quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecio. En la misma línea, varios testigos quedaron bajo la lupa, como Daniel Semino o Laura Hindie, que durante el juicio intentó relativizar lo que ella misma, como jefa de Legales del Distrito 23° de Vialidad, había sostenido apenas nueve meses después de ocurridos los hechos. ¿Qué pasó en el medio? Que asumió como diputada por el Frente de Todos. Para el tribunal, su giro resultó una “calculada y casi frívola mutación” que la llevó a modificar “su percepción de los hechos de manera infantil y con un sentido de la oportunidad asombroso”. Pero en las usinas de propaganda fue presentada como “una testigo fundamental”.

Como el de Hindie, los defensores y medios afines al kirchnerismo también propalaron el testimonio de Justo Pastor Romero, un auditor de Vialidad Nacional que al declarar durante el juicio oral “escondió en su fundamentación un error de base” conceptual, según el tribunal, y lanzó “temerarias interpretaciones” sobre un informe, “totalmente opuestas a las aclaraciones que realizaron sus hacedores en relación a sus alcances”. Y otra vez se repitió la dinámica: los magistrados desconfiaron de su credibilidad, al punto de indicar que les pareció que estaba “constantemente repitiendo un libreto”. ¿Y los medios de propaganda oficialistas? Lo definieron como “otro testigo demoledor”.

Columnas y notificaciones

Sin embargo, el tribunal estimó que no sólo ciertos testigos parecieron seguir un libreto propio. También la defensa de Báez editó el contenido de los “reporte por certificación de obra” que expuso durante el juicio. “Para empezar, [el material] se trata de una muestra parcializada del informe en cuestión”, alertaron los magistrados, que lo compararon con el informe completo. “Como puede verse de una simple comparación, 6 columnas han sido suprimidas del documento en ciernes”.

Pero si el uso de información parcial o manipulada durante un juicio resulta cuestionable, casi todas las defensas incurrieron en otro error, decisivo en el resultado final del proceso. Ocurrió cuando se incorporó a la “causa Vialidad” evidencias de otra investigación, la 12.441/2008. Es decir, el contenido de los teléfonos de José López; en particular, los mensajes que el exsecretario de Obras Públicas cruzó con los secretarios privados de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Báez y su alfil en Austral Construcciones, Julio Mendoza.

La tormenta se desató cuando el fiscal Luciani usó esos mensajes en su alegato de manera intensiva. Las defensas clamaron que se violaba el principio de defensa en juicio de sus clientes y que jamás habían sido notificados sobre el eventual uso de ese material, lo que amplificaron sus canales habituales de difusión y propaganda, donde se afirmó que era “una prueba introducida silenciosamente en el juicio”, sin que las partes pudieran objetar su inclusión.

La realidad fue, otra vez, distinta. Así lo expuso el tribunal en su sentencia: “Las alegaciones introducidas por algunas defensas en torno a la supuesta sorpresa que habría significado para esas partes el hecho de conocer el contenido de esa prueba recién durante el alegato de clausura fiscal resultan completamente inadmisible”. ¿Por qué? Porque la Fiscalía pidió incorporar ese material al expediente mucho antes del inicio del juicio, todas las partes fueron notificadas de su interés e invitadas a compulsar ese material, que quedó a disposición de todos desde noviembre de 2017, tanto en la sede del tribunal como en forma digital.

Dicho de otro modo: las defensas sí fueron notificadas sobre el eventual uso de los teléfonos de López como prueba, pero no reaccionaron. Para el tribunal, la conclusión es tan clara como tajante: “Independientemente de si se trató de una decisión deliberada o una negligencia en el ejercicio del ministerio de la defensa, lo que de ninguna manera puede permitirse es atribuir ni vincular esa supuesta sorpresa con el comportamiento procesal que ha tenido este tribunal”.

 

 

Hugo Alconada Mon para La Nacion

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