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ENaCom busca modificar el régimen vigente de la TV Digital Terrestre Abierta

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El Ente Nacional de Comunicaciones, llama a presentar opiniones y propuestas para el procedimiento de elaboración participativa de normas, a fin de modificar el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado por Decreto N° 2456/14. Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial se convoca a esta iniciativa

Resolución 4954/2018
Ciudad de Buenos Aires, 14/08/2018
Visto el Expediente EX-2018-37040414-APN-SDYME#ENaCom, el IF-2018-39002284-APN-DNSA#ENaCom, y

Considerando:
Que por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el Ente Nacional de Comunicaciones, organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Que el Artículo 93 de la Ley Nº 26.522 establece que el Poder Ejecutivo Nacional aprobará el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, en el cual se fijarán las condiciones de emisión durante la transición a los servicios de radiodifusión digitales; debiéndose mantener los derechos y obligaciones de los titulares de licencias obtenidas por concurso público para servicios abiertos analógicos, garantizando su vigencia y área de cobertura, en tanto se encuentren operativos y hasta la fecha de finalización del proceso de transición tecnológica que al efecto establezca el Poder Ejecutivo Nacional.

Que a través del Decreto Nº 1.148 de fecha 31 de agosto de 2009 (B.O. 1/09/2009), se creó el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), basado en el estándar denominado ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), el cual consiste en un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción de señales digitales terrestres, radiodifusión de imágenes y sonido; y se estableció un plazo de diez (10) años a fin de realizar el proceso de transición de la televisión analógica a dicho sistema.

Que el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales debe prever además, las condiciones de transición de las emisoras de titularidad estatal, universitarias, de los Pueblos Originarios y de la Iglesia Católica.

Que a través del Decreto N° 2.456/14 se aprobó el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, que como Anexo lo integra.

Que el Artículo 5° del prenotado Anexo define las condiciones de transmisión para los titulares de licencias, estableciendo que “…Para la prestación de sus respectivos servicios, la AFSCA definirá para los titulares de licencias un canal radioeléctrico, respetando el área de cobertura asignada a las licencias y se les asignará la capacidad necesaria para emitir el mismo contenido de su servicio analógico a través del servicio digital, con definición Full HD 1080i (1920×1080) o hasta 12 Mbit/s….”.

Que, adicionalmente, su Artículo 6° al establecer las obligaciones para los titulares dichas licencias, les impone “…b) Prestar el servicio como licenciatarios operadores, conforme lo regula la Norma Nacional de Servicio para el Servicio de Comunicación Audiovisual de Televisión Digital Terrestre Abierta, con relación a los licenciatarios y autorizados que determine la AFSCA….”.

Que dicha norma, en particular en el aspecto indicado, ha sido objeto de reclamos tanto en sede administrativa como judicial.

Que a fin de garantizar la participación ciudadana, la universalización del acceso a nuevas tecnologías y la satisfacción de los objetivos previstos en la Ley, el Artículo 93 mencionado requiere que, antes de cualquier toma de decisión, se deberá cumplir con la sustanciación de un procedimiento de elaboración participativa de normas y de audiencia pública.

Que el Decreto Nº 1.172/03 y sus modificatorios, relativo al acceso a la información pública, institucionalizó los instrumentos de las audiencias públicas y de la elaboración participativa de normas, estableciendo un procedimiento común para la administración pública nacional centralizada y descentralizada que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional.

Que, en efecto, su Artículo 1° aprobó el “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional” (Anexo I) y el “Formulario de Inscripción para Audiencias Públicas del Poder Ejecutivo Nacional” (Anexo II); mientras que su Artículo 3° aprobó el “Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas” (Anexo V) y el “Formulario para la Presentación de Opiniones y Propuestas en el Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas” (Anexo VI).

Que dichos reglamentos propenden a la ampliación de la participación de la sociedad en los procesos de toma de decisiones de la Administración.

Que resulta necesario fijar las pautas de elaboración del proyecto de norma en cuestión, que será sometido a los procesos participativos a los que nos venimos refiriendo.

Que resulta razonable que la norma, por una parte, permita que allí donde haya espectro radioeléctrico suficiente, los licenciatarios sometidos a los procedimientos de migración a los que refiere el Decreto N° 1.148/09, puedan explotar la utilización del ancho de banda de un canal radioeléctrico.

Que, por la otra, merced a la modificación del Decreto N° 2.456/14, también deberá procurarse que no se vean frustradas las legítimas expectativas de aquéllos sujetos que aspiran a erigirse como nuevos prestadores de comunicación audiovisual, allí donde haya disponibilidad de espectro radioeléctrico al efecto.

Que, de la misma manera deberán contemplarse las situaciones derivadas de la escasez de dicho recurso, tal como se registra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su zona de influencia (AMBA), que ha exigido optimizar las herramientas que brinda la modulación digital, a través de la multiplexación, tal y como se refleja en la distribución dispuesta por la Resolución N° 10.090-ENaCom/16 y sus modificatorias, necesaria para hacer convivir a los sujetos que detentan derechos en la explotación de servicios de televisión digital abierta.

Que corresponde a este Ente Nacional, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 26.522 – de conformidad con las modificaciones introducidas por Decreto N° 267/15 – oficiar de autoridad responsable y convocante de los procedimientos de elaboración participativa y audiencia pública, prescriptos por dicha norma.

Que, en consecuencia, deviene necesario el dictado del acto administrativo por el que se dé inicio a los procedimientos; se delegue en la Presidenta del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones la redacción del proyecto de norma “Modificación al Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado por Decreto N° 2.456/14”, de conformidad con los lineamientos ut supra definidos y de los reglamentos aprobados por Decreto N° 1.172/03; y se aprueben los formularios para la presentación de opiniones y propuestas y demás formalidades para su instrumentación.

Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Regulatorios.

Que han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta del Directorio Nº 17 del Ente Nacional de Comunicaciones de fecha 17 de febrero de 2017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015, el Artículo 93 de la Ley N° 26.522, el Acta de Directorio N° 1 del Ente Nacional de Comunicaciones de fecha 5 de enero de 2016 y lo acordado en su Acta N° 36 de fecha 13 de Agosto de 2018.

Por ello,
El Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones
Resuelve:
Artículo 1°.- Iníciase el procedimiento de elaboración participativa de la norma “Modificación al Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado por Decreto N° 2.456/14”, de conformidad con las previsiones del Artículo 93 de la Ley Nº 26.522.

Artículo 2°.- Delégase en la Presidenta del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones la elaboración del proyecto de norma “Modificación al Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado por Decreto N° 2.456/14,” con sujeción a los lineamientos referidos en los considerandos de la presente, el que deberá encontrarse concluido y agregado al EX-2018-37040414-APN-SDYME#ENACOM del Registro del Ente Nacional de Comunicaciones, con fecha 17 de septiembre de 2018.

Artículo 3°.- Apruébase el Formulario para la Presentación de Opiniones y Propuestas en el Procedimiento de Elaboración Participativa de “Modificación al Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado por Decreto N° 2.456/14”, que como Anexo IF-2018-38999593-APN-DNSA#ENaCom del Generador electrónico de documentos oficiales, que forma parte integrante, en un todo, de la presente Resolución.

Artículo 4°.- En el plazo indicado en el Artículo 11 de la presente los interesados podrán presentar sus opiniones y propuestas, a través del formulario referido en el Artículo 3°, a través de la plataforma de trámites a distancia (TAD).

Artículo 5°.- El proyecto de norma a que alude la presente medida se encontrará disponible para su consulta en la página web del Ente Nacional de Comunicaciones, a partir del 18 de septiembre de 2018. Las opiniones podrán ser comunicadas a través de correo electrónico dirigido a ayl-DNSA@enacom.gob.ar, con los alcances previstos en el Artículo 17, del Anexo V, del Decreto Nº 1.172/03.

Artículo 6°.- Convócase a audiencia pública para recabar opiniones relativas al proyecto de decreto a través del cual se modifique el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, aprobado por Decreto N° 2.456/14 de conformidad con las previsiones del Artículo 93 de la Ley Nº 26.522.

Artículo 7°.- Fíjase la fecha 6 de noviembre de 2018, a las 12.00 hs., para la realización de la audiencia pública que refiere el Artículo que antecede, que tendrá lugar en el domicilio que al efecto se fije y publique en la página web oficial del Ente Nacional de Comunicaciones.

Artículo 8°.- La Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales será el área de implementación y presidirá la audiencia pública, cuyo procedimiento se regirá por las disposiciones del Anexo I del Decreto Nº 1.172/03.

Artículo 9°.- Habilítase, a partir del 18 de septiembre de 2018, el Registro para la inscripción previa de los participantes a la audiencia pública, en los términos y con los alcances previstos en el Artículo 14 del Anexo I del Decreto Nº 1.172/03, en el ámbito de la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales. El Registro se formalizará a través de la presentación del formulario, que como Anexo IF-2018-39000164-APN-DNSA#ENaCom integra la presente, el que deberá ser presentado a través de la plataforma trámites a distancia (TAD).

Artículo 10.- Apruébase el Formulario de Inscripción para Audiencias Públicas del Poder Ejecutivo Nacional relativa a la “Modificación del Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales”, que como Anexo IF-2018-39000164-APN-DNSA#ENaCom del Generador electrónico de documentos oficiales, que forma parte integrante, en un todo, de la presente Resolución.

Artículo 11.- Los interesados podrán tomar vista, consultar el proyecto de norma y sus antecedentes, a través de la compulsa del EX-2018-37040414-APN-SDYME#ENaCom del Registro del Ente Nacional de Comunicaciones, en la sede del Ente Nacional de Comunicaciones, sito en la calle Perú 103, durante un período de treinta (30) días corridos, computados desde el 18 de septiembre, a los fines previstos por los Artículos 16 del Anexo I y 14 del Anexo V del Decreto Nº 1.172/03. Vencido dicho plazo, y por el término de quince (15) días corridos los interesados podrán presentar sus opiniones y propuestas.

Artículo 12.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese.
Silvana Myriam Giudici

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Intensa actividad en el Consejo Deliberante: Aprueban decks y aumento de taxis con plus nocturno

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El Concejo Deliberante aprobó este martes el nuevo proyecto para regular los decks gastronómicos en la calle.

La iniciativa fue sancionada con los votos del interbloque oficialista y de los concejales Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio. El Frente de Todos se abstuvo y Acción Marplatense votó en contra.

Los decks podrán ser techados, con cerramientos laterales y tener publicidad. Además, los gastronómicos podrán poner sillas y mesas en las veredas.

Tras aprobarse la iniciativa, los decks deberán adecuarse a la nueva normativa a partir de abril de 2023.

Los decks surgieron como alternativa todavía en tiempos de pandemia, cuando se mantenían restricciones para las reuniones en espacios cerrados y para garantizar el funcionamiento de una actividad tan vital como la gastronomía se permitió habilitar espacios de consumo no solo en veredas sino también sobre las calles.

A pesar de ser muy utilizado por los marplatenses a la hora de comer afuera, el proyecto recibió duras críticas. Quienes más alzaron la voz en contra de los decks fueron los comerciantes del paseo comercial de Güemes y la Cámara Textil de Mar del Plata, quienes argumentan que no favorecen el ingreso a sus locales.

En cambio, desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (AEHG) y Uthgra defendieron el proyecto. Más trabajo y más posibilidades para recuperar un sector que fue altamente golpeado por la pandemia son los principales argumentos que esgrimen.

 

AUMENTAN LOS TAXIS

La tarifa de taxis y remises tendrán un aumento inminente del 40%, tras la aprobación por unanimidad del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, que oficializó como novedad en la actualización una tarifa diferencial nocturna

En consecuencia, la ficha para viajar en taxi pasará de 14 pesos a 20. En tanto, el valor de la bajada de bandera será de 300 pesos.

Lo sobresaliente tiene que ver con la aprobación del cobro de un plus nocturno desde las 22 hasta las 6 de la mañana. En ese caso, la ficha tendrá un costo de 24 pesos y la bajada de bandera 360 durante la noche.

Los nuevos valores entrarán en vigencia cuando el intendente Guillermo Montenegro promulgue la ordenanza aprobada este mediodía.

 

DiezAhora

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Fue anulada la designación de la diputada Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura

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El magistrado en lo Contencioso Administrativo Federal anuló resolución que consideró a la UCR “segunda minoría” en Diputados para el Consejo. Las equivalencias con la designación de del peronista Martín Doñate.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Diego Martín Cormick declaró hoy nula la medida que autorizó a la diputada radical Roxana Reyes para ser miembro del Consejo de la Magistratura, al cuestionar el concepto de «segunda minoría» utilizado para efectuar esa designación.

La medida judicial es análoga a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que recientemente cuestionó la designación del peronista Martín Doñate como representante de la Cámara Alta ante el cuerpo judicial y se pronunció en favor de Luis Juez, del PRO. Así consideró que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, «no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical».

El magistrado, quien antes había rechazado dictar una medida cautelar en tal sentido, tomó la decisión ante la acción de amparo promovida por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, quien sostuvo que la Resolución 689/22 de la presidencia de la Cámara viola el principio de «equilibrio» que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional.

La resolución cuestionada, del 20 de abril de 2022, cuando Sergio Massa era presidente de la Cámara baja, dispuso «designar a la señora diputada de la Nación Roxana Reyes como miembro titular de la segunda minoría» para integrar el cuerpo que sanciona y participa en la selección de jueces nacionales.

Martínez sostuvo que Reyes pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR), que integra Juntos por el Cambio, que ya designó a un legislador de la Cámara para que lo represente en el Consejo.

El caso es similar al de Doñate: la Corte se pronunció en contra de su nombramiento al filo del fin de su mandato y el Frente de Todos insistió con su postulación para el período 2022-2026, lo cual está siendo analizado nuevamente por el máximo tribunal.

Con Reyes ocurre ahora que el juez hace lugar a la objeción de Martínez sobre su designación de abril, pero es propuesta nuevamente.

La lista de los cuatro representantes de la Cámara baja quedó conformada entonces con dos representantes del Frente de Todos (Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade), uno del PRO (Alvaro González) y Reyes, por la UCR, a quienes la Corte Suprema de la Nación decidió tomarles juramento para que desempeñen sus cargos para el período 2022-2026.

El juez consideró que, de acuerdo con lo expuesto por Martínez, «es evidente que el espíritu de la ley es otorgar un lugar a tres espacios políticos diferentes» correspondiendo, según su criterio a «dos integrantes al partido político que cuenta con mayor cantidad de votos, y un integrante a cada uno de los siguientes».

Agregó que la actual «asignación de representantes se efectúa con legisladores elegidos en las elecciones efectuadas en 2019 y 2021» y que «en ambos procesos electorales el Frente de Todos (Partido Justicialista y otros), constituyó una alternativa para votar; y el Frente Juntos por el Cambio (PRO, UCR, Coalición Cívica), otra».

Para el juez, «de otorgarle un integrante al bloque constituido por el PRO y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la cámara».

Así consideró que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, «no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical».

FUENTE TIEMPO ARGENTINO

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La Corte Suprema falló contra Abuelas de Plaza de Mayo en un reclamo por el Banco de Datos Genéticos

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Los miembros del máximo tribunal le desconocieron a las abuelas y a los organismos de derechos humanos la capacidad de reclamar la inconstitucionalidad de dos artículos de una ley que delimitó las facultades del BNDG.

La Corte Suprema falló en contra de un planteo de un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos en un antiguo reclamo sobre los alcances de la tarea del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Como en muchas otras oportunidades, los jueces de la Corte resolvieron sin resolver: le desconocieron a las abuelas y a los organismos la capacidad de reclamar la inconstitucionalidad de dos artículos de una ley que delimitó las facultades del BNDG y admitieron que esa decisión –que es poco menos que formal- “no implica, claro está, adelantar juicio alguno sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, ni menoscabar el derecho de cada habitante de la Nación para acudir al amparo jurisdiccional cuando se vean lesionados o restringidos ilegalmente sus derechos constitucionales de modo que exijan reparación”.

El reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo

El reclamo se remonta a casi una década. En 2013, un grupo de víctimas de la dictadura –entre ellos varias Abuelas- (María Isabel Chorobik de Mariani, Elsa Beatriz Pavón, Mirta Acuña de Baravalle, Rosaria Isabella Valenzi, Elsa Oshiro, Marcela Alejandra Gudiño, María Teresa Fernández, Margarita Pinto, Victoria Prigione Greco, María Isabel Prigione Greco y Gustavo Giménez), junto con la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y la Asociación Civil Librepueblo plantearon una “acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional” contra los artículos segundo y quinto de la ley 26.548, “en cuanto limitan la actuación del BNDG al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se hubiera iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983”.

“De convalidar la limitación en la competencia del BNDG, quedarían excluidos de su competencia causas judiciales vinculadas con la desaparición forzada de personas posteriores al 10 de diciembre de 1983, supresión de estado civil en los casos no relacionados a la última dictadura; los datos genéticos de personas que han asistido al Banco por causas judiciales civiles o criminales; juicios de filiación común o particular o quienes han recurrido al Banco con la sola intención de dejar su muestra de ADN en resguardo de su patrón genético”,  explicaron los amparistas.

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Esa limitación –argumentaron- “vulnera los derechos a la verdad, a la identidad y a la justicia, al quedar excluidas de su competencia las causas judiciales, vinculadas con la desaparición forzada de personas, iniciadas después de esa fecha, desconociendo, asimismo, el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional”. El límite temporal, añadieron, no había sido establecido en la ley de creación del banco de datos genéticos, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

A lo largo de todo el expediente, que tramitó en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal en sus instancias anteriores, las víctimas de la dictadura y los organismos aportaron una intensa argumentación en favor de su postura. “Que el BNDG incluya como materia de su objeto aquellos casos de apropiaciones no relacionadas con terrorismo de estado no nos perjudica a los familiares de desaparecidos”. Hicieron hincapié en “la falta de pruebas aportadas por la demandada tendientes a acreditar la existencia de laboratorios públicos o privados para asistir a aquellos cuya situación no encuadre dentro de las previsiones de la ley 26.548”, que le pone un cepo a la actuación del BNDG.

Explicaron que hasta antes de la modificación legislativa “cualquier persona podía acudir al BNDG para esclarecer su identidad biológica, aun cuando no hubiera nacido en cautiverio”. Y que la limitación de la competencia significaba “una violación a la garantía de no repetición y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos”.

Pero en octubre de 2020, la procuradora adjunta Laura Monti dictaminó que no había un “caso”, porque los amparistas no se veían perjudicados por el contenido, los alcances y la aplicación de la ley. “La circunstancia de que el Congreso de la Nación hubiera decidido sólo contemplar la situación de quienes fueron objeto de delitos cometidos con anterioridad al 10 de diciembre de 1983 no podía ser interpretado en manera alguna como una violación a la garantía de no repetición y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos en tanto, justamente, la nueva legislación ampara a quienes fueron víctimas de delitos de lesa humanidad”, rescató la procuradora.

Entonces no hubo pronunciamiento de fondo. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti coincidieron con la procuradora y rechazaron el amparo sin decidir quién tenía la razón.

“Lo aquí expuesto no implica, claro está, adelantar juicio alguno sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, ni menoscabar el derecho de cada habitante de la Nación para acudir al amparo jurisdiccional cuando se vean lesionados o restringidos ilegalmente sus derechos constitucionales de modo que exijan reparación. (Si quien está legitimado demostrase algún derecho subjetivo afectado concretamente por las normas aquí criticadas) tal y como, desde antiguo, ese Tribunal lo ha sostenido, cuando el ejercicio de los poderes políticos afectó esas garantías y sin que esa protección haya implicado ejercer, por sí mismo, las facultades de otro poder”, resumió la procuradora y suscribieron los cortesanos.

Foto: Télam
FUENTE : TIEMPO AREGENTINO

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