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Escándalo en el INCAA: denuncian gastos por casi $7 millones en fotocopias

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Las compras fueron realizadas en sólo cuatro meses y por una modalidad especial para evitar la licitación
Edificio del INCAA sobre la calle Lima
Edificio del INCAA sobre la calle Lima

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) quedó envuelto en un nuevo escándalo por irregularidades en el manejo de fondos públicos. Según trascendió, se registraron gastos en fotocopias que ascienden a casi 7 millones de pesos en un lapso de cuatro meses.

A raíz de una denuncia anónima, que comenzó a circular el 11 de mayo, la Unidad de Transparencia Institucional (UTI) confirmó gastos de librería que incluyen fotocopias, cuadernos, lapiceras, tarjeteros, catálogos y multipuertos USB por un monto de $6.487.600 en tan sólo cuatro meses.

Además, la UTI pudo comprobar que los gastos fueron facturados por montos menores a los 500 mil pesos para evitar el llamado a licitación y el control de autoridades superiores.

Los gastos fueron facturados en montos menores a los $ 500.000 para evitar el llamado a licitación (@rodrialegre)

Los gastos fueron facturados en montos menores a los $ 500.000 para evitar el llamado a licitación (@rodrialegre)

Según se constató, las empresas proveedoras fueron la Gráfica Paysandú, Item 54, Visual Comunication, Hidden Castle y Print Forms.

Ahora, la Gerencia de Relaciones Internacionales del INCAA, desde donde se efectuaron los gastos entre enero y abril de este año, quedó en la mira de la Justicia por malversación de fondos públicos y ya fueron suspendidos dos funcionarios.

En una resolución del INCAA publicada por el canal TN, el presidente del organismo Ralph Haiek ordenó la apertura de “actuaciones sumariales” a los agentes Bernardo Ernesto Bergeret Balverde, Alejandro Righini y Pablo Ezequiel Maggioni “a efectos de determinar la eventual responsabilidad”. La Oficina de Anticorrupción deberá determinar si estos empleados estaban relacionados con las compañías.

En tanto, Righini fue suspendido por 30 días mientras que Maggioni fue separado del Departamento de Compras mientras se lleven a cabo las investigaciones, aunque continuará en el organismo.

No es la primera vez que el Incaa queda en el medio de la polémica. Hace un año, el Gobierno echó al director, Alejandro Cacetta, acusándolo de no haber tenido “velocidad” en resolver determinadas acusaciones de corrupción que había en el organismo.

Además, en abril pasado el juez Claudio Bonadio procesó a tres ex presidentes del instituto durante el kirchnerismo por el delito de defraudación a la administración pública debido al manejo de fondos destinados a subsidios de fomento de la cinematografía.

Infobae

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Fue anulada la designación de la diputada Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura

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El magistrado en lo Contencioso Administrativo Federal anuló resolución que consideró a la UCR “segunda minoría” en Diputados para el Consejo. Las equivalencias con la designación de del peronista Martín Doñate.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Diego Martín Cormick declaró hoy nula la medida que autorizó a la diputada radical Roxana Reyes para ser miembro del Consejo de la Magistratura, al cuestionar el concepto de «segunda minoría» utilizado para efectuar esa designación.

La medida judicial es análoga a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que recientemente cuestionó la designación del peronista Martín Doñate como representante de la Cámara Alta ante el cuerpo judicial y se pronunció en favor de Luis Juez, del PRO. Así consideró que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, «no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical».

El magistrado, quien antes había rechazado dictar una medida cautelar en tal sentido, tomó la decisión ante la acción de amparo promovida por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, quien sostuvo que la Resolución 689/22 de la presidencia de la Cámara viola el principio de «equilibrio» que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional.

La resolución cuestionada, del 20 de abril de 2022, cuando Sergio Massa era presidente de la Cámara baja, dispuso «designar a la señora diputada de la Nación Roxana Reyes como miembro titular de la segunda minoría» para integrar el cuerpo que sanciona y participa en la selección de jueces nacionales.

Martínez sostuvo que Reyes pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR), que integra Juntos por el Cambio, que ya designó a un legislador de la Cámara para que lo represente en el Consejo.

El caso es similar al de Doñate: la Corte se pronunció en contra de su nombramiento al filo del fin de su mandato y el Frente de Todos insistió con su postulación para el período 2022-2026, lo cual está siendo analizado nuevamente por el máximo tribunal.

Con Reyes ocurre ahora que el juez hace lugar a la objeción de Martínez sobre su designación de abril, pero es propuesta nuevamente.

La lista de los cuatro representantes de la Cámara baja quedó conformada entonces con dos representantes del Frente de Todos (Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade), uno del PRO (Alvaro González) y Reyes, por la UCR, a quienes la Corte Suprema de la Nación decidió tomarles juramento para que desempeñen sus cargos para el período 2022-2026.

El juez consideró que, de acuerdo con lo expuesto por Martínez, «es evidente que el espíritu de la ley es otorgar un lugar a tres espacios políticos diferentes» correspondiendo, según su criterio a «dos integrantes al partido político que cuenta con mayor cantidad de votos, y un integrante a cada uno de los siguientes».

Agregó que la actual «asignación de representantes se efectúa con legisladores elegidos en las elecciones efectuadas en 2019 y 2021» y que «en ambos procesos electorales el Frente de Todos (Partido Justicialista y otros), constituyó una alternativa para votar; y el Frente Juntos por el Cambio (PRO, UCR, Coalición Cívica), otra».

Para el juez, «de otorgarle un integrante al bloque constituido por el PRO y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la cámara».

Así consideró que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, «no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical».

FUENTE TIEMPO ARGENTINO

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La Corte Suprema falló contra Abuelas de Plaza de Mayo en un reclamo por el Banco de Datos Genéticos

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Los miembros del máximo tribunal le desconocieron a las abuelas y a los organismos de derechos humanos la capacidad de reclamar la inconstitucionalidad de dos artículos de una ley que delimitó las facultades del BNDG.

La Corte Suprema falló en contra de un planteo de un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos en un antiguo reclamo sobre los alcances de la tarea del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Como en muchas otras oportunidades, los jueces de la Corte resolvieron sin resolver: le desconocieron a las abuelas y a los organismos la capacidad de reclamar la inconstitucionalidad de dos artículos de una ley que delimitó las facultades del BNDG y admitieron que esa decisión –que es poco menos que formal- “no implica, claro está, adelantar juicio alguno sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, ni menoscabar el derecho de cada habitante de la Nación para acudir al amparo jurisdiccional cuando se vean lesionados o restringidos ilegalmente sus derechos constitucionales de modo que exijan reparación”.

El reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo

El reclamo se remonta a casi una década. En 2013, un grupo de víctimas de la dictadura –entre ellos varias Abuelas- (María Isabel Chorobik de Mariani, Elsa Beatriz Pavón, Mirta Acuña de Baravalle, Rosaria Isabella Valenzi, Elsa Oshiro, Marcela Alejandra Gudiño, María Teresa Fernández, Margarita Pinto, Victoria Prigione Greco, María Isabel Prigione Greco y Gustavo Giménez), junto con la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y la Asociación Civil Librepueblo plantearon una “acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional” contra los artículos segundo y quinto de la ley 26.548, “en cuanto limitan la actuación del BNDG al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se hubiera iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983”.

“De convalidar la limitación en la competencia del BNDG, quedarían excluidos de su competencia causas judiciales vinculadas con la desaparición forzada de personas posteriores al 10 de diciembre de 1983, supresión de estado civil en los casos no relacionados a la última dictadura; los datos genéticos de personas que han asistido al Banco por causas judiciales civiles o criminales; juicios de filiación común o particular o quienes han recurrido al Banco con la sola intención de dejar su muestra de ADN en resguardo de su patrón genético”,  explicaron los amparistas.

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Esa limitación –argumentaron- “vulnera los derechos a la verdad, a la identidad y a la justicia, al quedar excluidas de su competencia las causas judiciales, vinculadas con la desaparición forzada de personas, iniciadas después de esa fecha, desconociendo, asimismo, el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional”. El límite temporal, añadieron, no había sido establecido en la ley de creación del banco de datos genéticos, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

A lo largo de todo el expediente, que tramitó en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal en sus instancias anteriores, las víctimas de la dictadura y los organismos aportaron una intensa argumentación en favor de su postura. “Que el BNDG incluya como materia de su objeto aquellos casos de apropiaciones no relacionadas con terrorismo de estado no nos perjudica a los familiares de desaparecidos”. Hicieron hincapié en “la falta de pruebas aportadas por la demandada tendientes a acreditar la existencia de laboratorios públicos o privados para asistir a aquellos cuya situación no encuadre dentro de las previsiones de la ley 26.548”, que le pone un cepo a la actuación del BNDG.

Explicaron que hasta antes de la modificación legislativa “cualquier persona podía acudir al BNDG para esclarecer su identidad biológica, aun cuando no hubiera nacido en cautiverio”. Y que la limitación de la competencia significaba “una violación a la garantía de no repetición y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos”.

Pero en octubre de 2020, la procuradora adjunta Laura Monti dictaminó que no había un “caso”, porque los amparistas no se veían perjudicados por el contenido, los alcances y la aplicación de la ley. “La circunstancia de que el Congreso de la Nación hubiera decidido sólo contemplar la situación de quienes fueron objeto de delitos cometidos con anterioridad al 10 de diciembre de 1983 no podía ser interpretado en manera alguna como una violación a la garantía de no repetición y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos en tanto, justamente, la nueva legislación ampara a quienes fueron víctimas de delitos de lesa humanidad”, rescató la procuradora.

Entonces no hubo pronunciamiento de fondo. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti coincidieron con la procuradora y rechazaron el amparo sin decidir quién tenía la razón.

“Lo aquí expuesto no implica, claro está, adelantar juicio alguno sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, ni menoscabar el derecho de cada habitante de la Nación para acudir al amparo jurisdiccional cuando se vean lesionados o restringidos ilegalmente sus derechos constitucionales de modo que exijan reparación. (Si quien está legitimado demostrase algún derecho subjetivo afectado concretamente por las normas aquí criticadas) tal y como, desde antiguo, ese Tribunal lo ha sostenido, cuando el ejercicio de los poderes políticos afectó esas garantías y sin que esa protección haya implicado ejercer, por sí mismo, las facultades de otro poder”, resumió la procuradora y suscribieron los cortesanos.

Foto: Télam
FUENTE : TIEMPO AREGENTINO

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La Provincia habilitó un aumento del 45% en la tarifa de agua y cloacas

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El Ejecutivo bonaerense confirmó que comenzará a regir el cuadro nuevo ajuste en tres cuotas. Impacta en 94 localidades.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires habilitó formalmente la implementación del aumento en la tarifa de agua, por lo que la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) actualizará sus valores en un 45,2%, en tres tramos y de manera retroactiva.

Tras la audiencia de fines de agosto, ahora la resolución Nº1581, publicada en el Boletín Oficial dio luz verde a ABSA para ajustar la tarifa de agua y cloacas en 94 localidades de la provincia un 45,2% en tres tramos: julio 20%, septiembre 10% y noviembre un 10% restante.

En la audiencia pública que se realizó el 22 de agosto, la compañía estatal elevó el requerimiento para llevar de los $11,10 actuales a $16,12 el valor de los 1.000 litros de agua, cuya medida (1 metro cúbico) es contemplada para la facturación de los servicios de agua y cloacas de localidades del interior.

En la actualidad, la facturación promedio por los servicios de agua y cloacas prestados por la empresa es de $566,14 más impuestos ($769), y esto significa para una familia tipo un costo diario estimado en $6,40 por integrante. Con el tercer tramo de la actualización aplicado, la facturación promedio será de $822,03 más impuestos ($1.152), y el costo diario por integrante de una familia tipo será de $9,60.

Desde la operadora provincial destacaron que “el impacto final del aumento significará menos de $400 finales para el 93% de los usuarios”. Indicaron además que esta medida busca apaciguar el atraso tarifario que hoy experimenta ABSA, que pone en riesgo la continuidad de la prestación de los servicios esenciales a más de 2.500.000 habitantes del territorio provincial.

El último ajuste de la tarifa de agua había sido bajo la administración de María Eugenia Vidal a principios de 2019 cuando se dio una suba en torno al 38%, una cifra similar al 40% que había sufrido un año antes. (DIB)

FUETRE infoeme.com/

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