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ESCÁNDALO JUDICIAL EN “CAUSA DE LOS CONTRATOS”: JUEZA DESAFÍA AL SUPERIOR TRIBUNAL E IGNORA A LA CORTE

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Barbagelata avanza en elevación a juicio de caso que investiga contratos “truchos” en la Legislatura de Entre Ríos durante una década y salpica a la política. Corte pidió expediente completo hace un mes y nunca se lo enviaron. Magistrada inició rebelión contra fallo de Jueces del STJ que ordenaron suspensión de plazos. Esquirlas para el PRO, jury y relaciones comerciales desconocidas.

Hasta ahora, la denominada “causa de los contratos” era una investigación que salpicaba a la política de Entre Ríos. Pero se convirtió en un escándalo que se trasladó al Poder Judicial de esa provincia y amenaza con tener consecuencias institucionales, luego de que una jueza de garantías desoyera la orden de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación y desafiara al Superior Tribunal de Justicia entrerriano (STJER). La trama ya no solo involucra un supuesto método irregular para financiar a la política. Le agrega condimentos de novela e involucra también a un sector importante de la oposición al peronismo que no solo brega por acelerar un juicio que impacte de lleno en el PJ local, sino por ocultar que ellos mismos podrían estar ligados al destino de los fondos que están bajo sospecha, mediante la colocación del producido por el delito en inversiones inmobiliarias. Las próximas horas serán determinantes porque mañana vence el plazo para la contestación de las partes a la remisión a juicio que planteó el Ministerio Público Fiscal de una parte del expediente y la presentación de pruebas. Sin embargo, todos los plazos están suspendidos por tribunales superiores lo que puede generar nulidades de todo tipo, si se avanza.

El pasado viernes 19 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia le reiteró su pedido a la jueza de garantías N°1 de Paraná Marina Barbagelata. Insólitamente, tuvo que volver a pedirle que le envíe la copia digital de toda la causa “Beckman, Flavia Marcela; Scialocomo, Esteban; Álvarez, María Victoria s / estafa”, tal como lo había hecho el 18 de octubre. Allí, a través de un correo electrónico la Corte le había solicitado “los autos principales”, luego de que el procurador general Eduardo Casal había considerado que debían analizarlo en el máximo Tribunal para definir el conflicto positivo de competencia.

Barbagelata y el juez federal con competencia electoral en Entre Ríos, Edgardo Alonso habían reclamado intervenir. La primera porque había puesto proa para iniciar el juicio oral cuanto antes considerándolo de jurisdicción provincial.

El juzgado electoral porque entendió que la maniobra de suscripción de los “contratos truchos” en la Legislatura a lo largo de los años tenía incidencia en el destino de la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales. Sería algo similar al tratamiento que se le dio a un tramo de la causa “cuadernos” y al de los aportantes falsificados que impactaron en la campaña legislativa de 2017 de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Todos quedaron bajo la órbita de la justicia electoral.

Reiteración

En esa discusión, la Corte decidió terciar y exigió que los autos “deberán ser enviados de forma digital, y sólo se remitirá el expediente papel en caso que la CSJN así lo requiera”. En términos formales, al pedir la Corte el expediente y no “copias certificadas”, congelaba cualquier avance hasta que se resuelva la controversia. Barbagelata, el 20 de octubre, sostuvo que obedecería a la Corte y mandó remitir el expediente a través de la Oficina Informática del Superior Tribunal de Justicia. En paralelo, las defensas de los implicados planteaban la suspensión de todos los actos ante la justicia provincial. Ese tramo llegó a la Sala Penal del STJER, máxima instancia judicial de Entre Ríos. El 4 de noviembre, y por unanimidad, resolvió que el planteo de los defensores era abstracto porque Barbagelata había recibido el oficio de la Corte, lo que implicaba que perdía jurisdicción hasta tanto el máximo Tribunal definiera el conflicto con la justicia electoral. Traducido, no podía dar un paso más porque ya no era la jueza del caso. “Emerge indubitable que la magistrada se ha desprendido de la causa y de hecho se encuentra suspendido el trámite hasta tanto se dirima la radicación de los autos; por consiguiente, el debate propuesto por las recurrentes ha devenido abstracto, desde que, según conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de la decisión”, sostuvo el máximo tribunal provincial. Firmaron los jueces Daniel Carubia, Claudia Mizawak y el presidente de la Sala, Miguel Ángel Giorgio.

Sin embargo, y de forma sorpresiva, Barbagelata abrió un nuevo incidente en el que básicamente puso a consideración de las partes si debe o no hacer caso a lo que ordena el Superior Tribunal y suspender los plazos, al que califica como una interpretación equivocada del STJER que “no se condice con lo efectivamente sucedido”. Obviamente, las defensas protestaron pero el Ministerio Público Fiscal ni siquiera contestó la vista a este requerimiento y la Fiscalía de Estado –que es además actor civil en el caso- afirmó que lo que resuelve el STJER es “vinculante” por lo que no es de cumplimiento optativo. Barbagelata, en un mismo movimiento, siendo jueza de garantías y sin que ninguna parte lo solicite, terminó desafiando al Superior Tribunal entrerriano y haciendo caso omiso a lo que exigía la Corte, manteniendo los plazos para que mañana deban presentar pruebas y avanzar para poner fecha a un juicio que todavía no se sabe si corresponde realizar. Barbagelata decidió reanudar los plazos procesales y rechazó los recursos de reposición y apelación que se plantearon el pasado viernes, con un fin de semana largo en el medio, dejaron mínimos márgenes de maniobra para los abogados. La jueza les rechazó la batería de planteos que llovieron y apuntó al martes como día clave. Es más, dijo que aunque la Corte le requiriese el expediente físico, el proceso continuaría de todas formas.

Pandora

La “causa de los contratos” devino en una Caja de Pandora: las revelaciones que surgen de la investigación disparan esquirlas a 360 grados. Inicialmente, toda la investigación recayó en la fiscal Anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche. El eje era la creación de contratos para personal apócrifos en la Legislatura en una presunta maniobra que se llevó a cabo entre 2008 y 2018. Hay 32 imputados en el expediente que, se supone, pega en la línea de flotación del PJ. Pero aquí empiezan las sorpresas: En el transcurso de las primeras actuaciones se dispone el allanamiento del estudio contable OKO, (Opromolla, Krapp y Orlando) que, se sospecha, se encargaba de las cuestiones administrativas, contables y también de inversiones de la organización investigada. Ordenaban el papelerío como “monotributistas” de los supuestos contratados para darle viso de legalidad. La hipótesis era que se extraían los fondos de la Legislatura y con ese producto del ilícito se blanqueaba a través de inversiones inmobiliarias y ganaderas.

Sebastián Orlando Bertozzi –uno de los socios del estudio- es el marido de la fiscal Goyeneche. Su rol era constituir fideicomisos para la compra de departamentos. La propia fiscal y Pedro Opromolla habían tenido un acuerdo comercial para un condominio de dos unidades, hecho que mantuvo en secreto. Los socios de Bertozzi, llamativamente, no estaban en el lugar físico del estudio el día del allanamiento, lo que impidió que secuestraran sus celulares, de interés para la causa. No se presentaron a trabajar, lo que no descarta un aviso previo. Bertozzi es afiliado al PRO de Entre Ríos, cuyo referente a nivel nacional es el exministro del Interior Rogelio Frigerio. Fuentes ligadas al caso lo señalan como un importante operador de la política a nivel provincial, lo que explica la motivación para avanzar con prisa hacia una eventual estocada hacia el PJ, con esta investigación como llave maestra.

Todo eso le valió a Goyeneche un pedido de apartamiento y un pedido de juicio político que amenaza con prosperar la semana próxima. Barbagelata es muy cercana a la fiscal y pisó el acelerador cuando se empezó a mencionar el jury a la fiscal anticorrupción por haber ocultado la relación comercial, que se extendía -mediante la atención contable- a otros miembros del Ministerio Público y el Poder Judicial a través del estudio OKO. Fue la oficina que quedó en la mira de la UIF quien recibió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre su accionar. En una década, el bufete contable jamás había confeccionado uno, algo que llamó la atención a los investigadores. El 7/12/2018, en una audiencia pública, Goyeneche había dicho que no tenía relación comercial alguna con Opromolla. Luego, debió apartarse de la causa. La jueza que le autorizaba los procedimientos era Barbagelata. No se descarta que si ese pedido de juicio político tiene resolución exista lo que en la jerga se denomina “intercambio de rehenes”. Causa por jury.

Todo un escándalo a nivel institucional que trasciende el marco de una investigación penal y en el que se conjugan todo tipo de intereses políticos y, ahora también, judiciales.

 

FUENTE : AMBITO
FOTO: Maria Electra Barbagelata.

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MDP [ CONDENARON AL ASESINO DEL REMISERO MIGUEL LUIS A 20 AÑOS DE PRISIÓN

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La sentencia fue leída por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2, cuyos jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Juan Manuel Sueyro, dieron por acreditado lo sucedido en la madrugada del lunes 20 de enero de 2020.

Brian Albornoz (27), el asesino del remisero Miguel Luis (29), fue condenado en el mediodía de este viernes a la pena de 20 años de prisión.

La sentencia fue leída por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2, cuyos jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Juan Manuel Sueyro, dieron por acreditado lo sucedido en la madrugada del lunes 20 de enero de 2020.

Albornoz, que había comprado cocaína en un viaje anterior a la zona roja de Mar del Plata en otro remís y que por falta de pago entregó su teléfono a ese chofer, volvió a pedir un nuevo auto de alquiler desde el departamento de Bahía Blanca al 2700 de un amigo.

El que llegó entonces fue Luis, quien condujo a Albornoz hasta su casa en 1° de mayo al 5000 supuestamente para buscar dinero. Pero allí Albornoz tomó el arma reglamentaria de su hermano, un bombero del cuartel central, y en el retorno se produjo el desenlace. Miguel Luis recibió varios disparos y las heridas derivaron en su muerte días después, cuando permanecía internado en el HIGA.

Albornoz escapó del lugar pero a las pocas cuadras pidió a algunas personas que llamaran a la policía y simuló haber sido víctima, junto a Luis, de un asalto. Sin embargo minutos después admitió el hecho.

El fiscal Leandro Arévalo había solicitado la pena de 25 años de prisión, mientras que para el abogado de la familia de Luis, Maximiliano Orsini, la pena justa debía ser de 29 años. Por su parte, la defensora oficial, Carla Ostachi, había pedido apenas 10 años y 8 meses de prisión, al valorar la falta de antecedentes de Albornoz y su condición de adicto.

 

La sentencia

El fallo fue por unanimidad, una vez que los jueces deliberaron y se pusieron de acuerdo sobre los atenuantes y agravantes de la conducta de Albornoz. En su voto, el juez Falcone señaló que “cabe analizar detenidamente la totalidad de las atenuantes complementarias propiciadas por la Dra. Carla Ostachi. En relación al consumo de estupefacientes, que ostentó la condición de deteriorante para la defensora, debe decirse que el informe de la oficina municipal de salud obrante a fs. 87 de la causa de este tribunal, acompañado por la defensa a modo de instrucción suplementaria, da cuenta de ‘un episodio de consumo de sustancias’ como motivante de la consulta inicial. Asimismo, el informe del departamento de adicciones de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria de fs. 92, rubricado por el psicólogo Guillermo Ariel Durante, pone de manifiesto en dos pasajes diferentes un consumo recreativo (no problemático) en la vida de Albornoz primero de marihuana y luego de cocaína. Ello significa que no puede disminuirse su responsabilidad penal a partir del tipo de consumo que él protagoniza, al no tratarse de una patología que lo incapacita jurídicamente. Dicho en otros términos: el modo en el que cualquier ciudadano se posiciona a la hora de cumplimentar normas penales es exclusivo resorte suyo, es su competencia. En tal sentido, mal podría disminuirse su responsabilidad criminal a partir de una ingesta recreativa de estupefacientes, dado que por el potencial déficit de responsabilidad pasible de ser adjudicado a la hora de actuar, él es precisamente responsable”.

En ese sentido, Falcone se apoyó en una cita de Joachim Hruschka, el alemán que fue referencia en derecho penal en todo el mundo. A propósito, el juez recordó que “al autor lo que hace es infringir una incumbencia que, en el momento decisivamente relevante, le habría de impedir aducir su propia incapacidad. Además, debo destacar que Sergio Alejandro Medina, el primero de los remiseros con el que tuvo una diferencia esa noche a raíz del pago del viaje, relató en el debate que Albornoz era educado y no se lo veía fuera de sus cabales. También, la deposición de su amigo Pablo Daniel Suarez arrojó como conclusión que esa noche consumieron juntos ‘dos bolsitas de los travestis’ por el valor de 500 pesos, tratándose de tres décimas cada uno, y que eso “no les hizo nada”. Por todo ello es que entiendo que la atenuante postulada no debe prosperar”.

Respecto a los motivos por los cuales Albornoz accionó su arma contra Luis no pudieron ser establecidos en el debate. Ante la falta de testigos y la negativa a declarar de Albornoz (excepto sus palabras finales de arrepentimiento), no se logró determinar si solo fue producto de una discusión o de un intento de robo.

Apelarán el fallo

El abogado Orsini resaltó tras conocerse la sentencia su disconformidad ya que “el mismo fallo habla de que el homicidio rayó con la alevosía, de manera que para mí en una escala que tiene un máximo de 33 años no puede aplicarse una pena de 20, que está por debajo del mínimo de un homicidio simple”. Orsini adelantó que apelarán el fallo en instancia superiores.

FUENTE : LA CAPITAL MDP

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DENUNCIAN PENALMENTE A COMERCIANTE POR ROBAR ENERGÍA

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Los propietarios de una cervecería ubicada en la zona céntrica de esta ciudad fueron denunciados penalmente por EDEA a causa del robo de energía detectado en sus instalaciones, las cuales estaban alimentadas a través de una conexión eléctrica clandestina.

 

La denuncia fue presentada por los representantes legales de la compañía ante la Fiscalía General de Mar del Plata, habiendo quedado la causa radicada ante la Fiscalía N° 5, quien tiene a su cargo la investigación.

 

Los operarios del Área de Normalización de Pérdidas de EDEA detectaron en la cervecería, ubicada en calle Alvarado al 2800, una conexión trifásica directa que de manera irregular suministraba energía al interior del local que se encontraba sin medidor por falta de pago.

 

Tras confeccionar las actas de infracción, el personal de la distribuidora retiró la conexión ilegal existente, procediéndose a la normalización del servicio, previo pago de la energía consumida en forma irregular y la aplicación de los cargos correspondientes.

 

Por otra parte, también se realizó una denuncia que se tramita en la Fiscalía de Determinación de Autores por robos de cables de acometidas pertenecientes a la red de EDEA.  Según se informó desde la distribuidora, en los últimos meses se viene registrado en distintas zonas de la ciudad, la sustracción de los cables que vinculan la instalación del usuario con la línea de baja tensión de la empresa, lo cual fundamentalmente perjudica a los usuarios que quedan sin suministro eléctrico hasta la reposición del mismo por parte del personal de la compañía.

Con la información suministrada por EDEA, la Fiscalía de Determinación de Autores se encuentra llevando a cabo las diligencias necesarias para dar con los autores de los robos.

Responsables de la distribuidora destacaron que las acciones contra el fraude eléctrico continuarán de igual manera, previéndose actuaciones en otros sectores de la ciudad, tanto comerciales como residenciales.

 

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LA JUSTICIA QUE MERECEMOS

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Causas Hotesur y Los Sauces: sin juicio, sobreseyeron a Cristina Elisabet Kirchner, a sus hijos y al resto de los acusados

Lo resolvió el Tribunal Oral Federal 5, ante un planteo de la vicepresidenta. Fue con el voto de dos jueces y la disidencia de la tercera magistrada, que sostuvo que debía ser enjuiciada

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sus hijos, Máximo y Florencia, y el resto de los acusados en las causas “Hotesur” y “Los Sauces” fueron sobreseídos hoy por el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py. La decisión fue tomada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado y la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti que votó por rechazar el planteo y por avanzar hacia el juicio oral.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que así se resolvió el pedido de la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, y de otros acusados de las causas. Se trata del tercer expediente en el que la vicepresidenta es sobreseída en el año de las causas que tenía elevadas a juicio oral. Antes fue desvinculada en las causas dólar futuro y la firma del memorándum con Irán.

El fallo llegó al filo de la salida de Grünberg del tribunal. El próximo martes vence su suplencia y en su lugar debe asumir otro magistrado. El tribunal se había comprometido esta semana en resolver antes de la partida de Grünberg.

El sobreseimiento también alcanza a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner e hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y al contador Osvaldo Sanfelice, socio de la inmobiliaria de los Kirchner en Río Gallegos, entre otros.

En la causa “Hotesur” y “Los Sauces” -dos empresas de la familia Kirchner- se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquilar de hoteles y propiedades a los empresarios bajo la sospecha que fue una devolución de favores por los negocios públicos que obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El voto fue dividido. Los jueces Obligado y Grünberg dijeron que no hubo lavado de dinero porque los hechos comenzaron cuando para combatir ese delito había una ley más benigna que la actual, entonces eso favorece a los imputados. Luego señalaron que cuando comenzaron los hechos no era punible el autolavado ya que por enrtonces no se castigaba a quien “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado”. Y según señalaron los jueces esa fue la imputación: que habían lavado dinero de un delito que los imputados cometieron: la entrega de negocios por parte del Estado para que los empresarios devolvieran el dinero. Al analizar la hipótesis de asociación ilícita por la que habían sido acusados algunos de los imputados, los jueces señalaron que no se había “constatado mínimamente un concreto daño, o peligro, para con el orden o la tranquilidad pública” con el funcionamiento de la organización, correspondía el sobreseimiento. También se ocuparon de analizar si se había cometido el delito de ofrecimiento de dádivas: “es claro que no puede considerarse que el delito de “ofrecimiento” de dádivas se consumó al comienzo de la presunta maniobra, puesto que, como lo reiteraron los representantes del ministerio público, esas dádivas ingresaron a la empresa Los Sauces en forma de fondos que respondían a pago de alquileres; vale decir que la figura, en todo caso, se habría consumado en este último “tramo”, con la efectiva “presentación” o “entrega” de esas dádivas/fondos”, dijeron los jueces y sobreseyeron a los imputados que estaban acusado por ese delito.

Palliotti en su disidencia señaló que: “…estoy convencida que el único ámbito para discutir la totalidad de los planteos formulados por los defensores resulta ser, inexorablemente, el debate oral, público, contradictorio y continuo, principal etapa del procedimiento penal que garantiza la inmediación entre las partes, favoreciendo la confrontación de las evidencias recabadas durante la instrucción y la adecuada discusión de los hechos, responsabilidades y encuadramientos legales, frente a un tribunal imparcial, que garantice el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales que informan el proceso penal”. Coincidió con el planteo que había el fiscal del caso Diego Velasco. Y agregó: “El tratamiento de los diversos planteos formulados por la defensa en este momento procesal, no sólo desnaturalizarían la instancia del juicio oral, sino que, además, me colocaría en la situación de tener que valorar anticipadamente –y por eso de manera impropia- el acervo probatorio recabado en la etapa de instrucción”. Sus colegas no opinaron lo mismo y por eso dictaron el sobreseimiento.

Daniel Obligado y Adrián Grünberg, los jueces que votaron por el sobreseimiento de todos los acusadosDaniel Obligado y Adrián Grünberg, los jueces que votaron por el sobreseimiento de todos los acusados

A fines de octubre, la defensa de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner pidió el sobreseimiento. Señaló, entre otros argumentos, que no hubo lavado de dinero porque la plata para pagar los alquileres estaba bancarizada y que se puede seguir su trazabilidad. Otros acusados se sumaron al pedido.

El fiscal federal Diego Velasco había dictaminado que los planteos se tenían que rechazar. Sostuvo que todavía hay prueba pendiente que se está realizando, que todo eso se debe analizar en un juicio oral porque lo contario violaría el derecho de la Fiscalía, como representante de la sociedad, a tratar todo en un proceso oral sobre un hecho grave de corrupción. También que un planteo similar ya fue tratado y rechazado por el tribunal tiempo atrás. Velasco además solicitó que se fije la fecha de inicio del juicio oral.

El fiscal había hablado de la importancia de investigar y juzgar los casos de corrupción de acuerdo con las diferentes convenciones a las que adhirió el país. Obligado y Grünberg le contestaron en el mismo acto de sobreseimiento de los imputados, entre ellos la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación: “La extensión argumental de esta decisión, el detenido tratamiento del caso en él contenido, el relevamiento jurisprudencial y doctrinario formulado y las pormenorizadas respuestas otorgadas a cada uno de los argumentos expuestos por la Fiscalía testimonian el grado de escrutinio a que han sido sometidos los planteos defensistas. Aun cuando no pueda desconocerse la trascendencia que pesa sobre las investigaciones en los delitos contra la administración pública, no es posible soslayar que su persecución debe hacerse siempre con la ley en la mano y en plena observancia del principio de igualdad que impone que todos los habitantes tengan el mismo tratamiento ante los tribunales de justicia y, por ello, que sean juzgados con los mismos derechos y garantías”.

Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo del gobierno nacional que actúa como querellante, no tomó una postura y planteó que se debe resolver el planteo de las defensas teniendo en cuenta que el lavado de dinero requiere un delito precedente que tenga sentencia firme, un guiño a la vicepresidenta, porque una nueva legislación aprobada hace años estableció que se puede condenar por lavado sin un delito previo que tenga condena.

La decisión puede ser apelada por el fiscal Velasco para que sea revisada por la Cámara Federal de Casación y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

FUENTE : INFOBAE

 

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