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ESCÁNDALO JUDICIAL EN “CAUSA DE LOS CONTRATOS”: JUEZA DESAFÍA AL SUPERIOR TRIBUNAL E IGNORA A LA CORTE

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Barbagelata avanza en elevación a juicio de caso que investiga contratos “truchos” en la Legislatura de Entre Ríos durante una década y salpica a la política. Corte pidió expediente completo hace un mes y nunca se lo enviaron. Magistrada inició rebelión contra fallo de Jueces del STJ que ordenaron suspensión de plazos. Esquirlas para el PRO, jury y relaciones comerciales desconocidas.

Hasta ahora, la denominada “causa de los contratos” era una investigación que salpicaba a la política de Entre Ríos. Pero se convirtió en un escándalo que se trasladó al Poder Judicial de esa provincia y amenaza con tener consecuencias institucionales, luego de que una jueza de garantías desoyera la orden de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación y desafiara al Superior Tribunal de Justicia entrerriano (STJER). La trama ya no solo involucra un supuesto método irregular para financiar a la política. Le agrega condimentos de novela e involucra también a un sector importante de la oposición al peronismo que no solo brega por acelerar un juicio que impacte de lleno en el PJ local, sino por ocultar que ellos mismos podrían estar ligados al destino de los fondos que están bajo sospecha, mediante la colocación del producido por el delito en inversiones inmobiliarias. Las próximas horas serán determinantes porque mañana vence el plazo para la contestación de las partes a la remisión a juicio que planteó el Ministerio Público Fiscal de una parte del expediente y la presentación de pruebas. Sin embargo, todos los plazos están suspendidos por tribunales superiores lo que puede generar nulidades de todo tipo, si se avanza.

El pasado viernes 19 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia le reiteró su pedido a la jueza de garantías N°1 de Paraná Marina Barbagelata. Insólitamente, tuvo que volver a pedirle que le envíe la copia digital de toda la causa “Beckman, Flavia Marcela; Scialocomo, Esteban; Álvarez, María Victoria s / estafa”, tal como lo había hecho el 18 de octubre. Allí, a través de un correo electrónico la Corte le había solicitado “los autos principales”, luego de que el procurador general Eduardo Casal había considerado que debían analizarlo en el máximo Tribunal para definir el conflicto positivo de competencia.

Barbagelata y el juez federal con competencia electoral en Entre Ríos, Edgardo Alonso habían reclamado intervenir. La primera porque había puesto proa para iniciar el juicio oral cuanto antes considerándolo de jurisdicción provincial.

El juzgado electoral porque entendió que la maniobra de suscripción de los “contratos truchos” en la Legislatura a lo largo de los años tenía incidencia en el destino de la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales. Sería algo similar al tratamiento que se le dio a un tramo de la causa “cuadernos” y al de los aportantes falsificados que impactaron en la campaña legislativa de 2017 de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Todos quedaron bajo la órbita de la justicia electoral.

Reiteración

En esa discusión, la Corte decidió terciar y exigió que los autos “deberán ser enviados de forma digital, y sólo se remitirá el expediente papel en caso que la CSJN así lo requiera”. En términos formales, al pedir la Corte el expediente y no “copias certificadas”, congelaba cualquier avance hasta que se resuelva la controversia. Barbagelata, el 20 de octubre, sostuvo que obedecería a la Corte y mandó remitir el expediente a través de la Oficina Informática del Superior Tribunal de Justicia. En paralelo, las defensas de los implicados planteaban la suspensión de todos los actos ante la justicia provincial. Ese tramo llegó a la Sala Penal del STJER, máxima instancia judicial de Entre Ríos. El 4 de noviembre, y por unanimidad, resolvió que el planteo de los defensores era abstracto porque Barbagelata había recibido el oficio de la Corte, lo que implicaba que perdía jurisdicción hasta tanto el máximo Tribunal definiera el conflicto con la justicia electoral. Traducido, no podía dar un paso más porque ya no era la jueza del caso. “Emerge indubitable que la magistrada se ha desprendido de la causa y de hecho se encuentra suspendido el trámite hasta tanto se dirima la radicación de los autos; por consiguiente, el debate propuesto por las recurrentes ha devenido abstracto, desde que, según conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de la decisión”, sostuvo el máximo tribunal provincial. Firmaron los jueces Daniel Carubia, Claudia Mizawak y el presidente de la Sala, Miguel Ángel Giorgio.

Sin embargo, y de forma sorpresiva, Barbagelata abrió un nuevo incidente en el que básicamente puso a consideración de las partes si debe o no hacer caso a lo que ordena el Superior Tribunal y suspender los plazos, al que califica como una interpretación equivocada del STJER que “no se condice con lo efectivamente sucedido”. Obviamente, las defensas protestaron pero el Ministerio Público Fiscal ni siquiera contestó la vista a este requerimiento y la Fiscalía de Estado –que es además actor civil en el caso- afirmó que lo que resuelve el STJER es “vinculante” por lo que no es de cumplimiento optativo. Barbagelata, en un mismo movimiento, siendo jueza de garantías y sin que ninguna parte lo solicite, terminó desafiando al Superior Tribunal entrerriano y haciendo caso omiso a lo que exigía la Corte, manteniendo los plazos para que mañana deban presentar pruebas y avanzar para poner fecha a un juicio que todavía no se sabe si corresponde realizar. Barbagelata decidió reanudar los plazos procesales y rechazó los recursos de reposición y apelación que se plantearon el pasado viernes, con un fin de semana largo en el medio, dejaron mínimos márgenes de maniobra para los abogados. La jueza les rechazó la batería de planteos que llovieron y apuntó al martes como día clave. Es más, dijo que aunque la Corte le requiriese el expediente físico, el proceso continuaría de todas formas.

Pandora

La “causa de los contratos” devino en una Caja de Pandora: las revelaciones que surgen de la investigación disparan esquirlas a 360 grados. Inicialmente, toda la investigación recayó en la fiscal Anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche. El eje era la creación de contratos para personal apócrifos en la Legislatura en una presunta maniobra que se llevó a cabo entre 2008 y 2018. Hay 32 imputados en el expediente que, se supone, pega en la línea de flotación del PJ. Pero aquí empiezan las sorpresas: En el transcurso de las primeras actuaciones se dispone el allanamiento del estudio contable OKO, (Opromolla, Krapp y Orlando) que, se sospecha, se encargaba de las cuestiones administrativas, contables y también de inversiones de la organización investigada. Ordenaban el papelerío como “monotributistas” de los supuestos contratados para darle viso de legalidad. La hipótesis era que se extraían los fondos de la Legislatura y con ese producto del ilícito se blanqueaba a través de inversiones inmobiliarias y ganaderas.

Sebastián Orlando Bertozzi –uno de los socios del estudio- es el marido de la fiscal Goyeneche. Su rol era constituir fideicomisos para la compra de departamentos. La propia fiscal y Pedro Opromolla habían tenido un acuerdo comercial para un condominio de dos unidades, hecho que mantuvo en secreto. Los socios de Bertozzi, llamativamente, no estaban en el lugar físico del estudio el día del allanamiento, lo que impidió que secuestraran sus celulares, de interés para la causa. No se presentaron a trabajar, lo que no descarta un aviso previo. Bertozzi es afiliado al PRO de Entre Ríos, cuyo referente a nivel nacional es el exministro del Interior Rogelio Frigerio. Fuentes ligadas al caso lo señalan como un importante operador de la política a nivel provincial, lo que explica la motivación para avanzar con prisa hacia una eventual estocada hacia el PJ, con esta investigación como llave maestra.

Todo eso le valió a Goyeneche un pedido de apartamiento y un pedido de juicio político que amenaza con prosperar la semana próxima. Barbagelata es muy cercana a la fiscal y pisó el acelerador cuando se empezó a mencionar el jury a la fiscal anticorrupción por haber ocultado la relación comercial, que se extendía -mediante la atención contable- a otros miembros del Ministerio Público y el Poder Judicial a través del estudio OKO. Fue la oficina que quedó en la mira de la UIF quien recibió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre su accionar. En una década, el bufete contable jamás había confeccionado uno, algo que llamó la atención a los investigadores. El 7/12/2018, en una audiencia pública, Goyeneche había dicho que no tenía relación comercial alguna con Opromolla. Luego, debió apartarse de la causa. La jueza que le autorizaba los procedimientos era Barbagelata. No se descarta que si ese pedido de juicio político tiene resolución exista lo que en la jerga se denomina “intercambio de rehenes”. Causa por jury.

Todo un escándalo a nivel institucional que trasciende el marco de una investigación penal y en el que se conjugan todo tipo de intereses políticos y, ahora también, judiciales.

 

FUENTE : AMBITO
FOTO: Maria Electra Barbagelata.

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La Justicia de EEUU falló contra Argentina en la causa por la expropiación de YPF

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La jueza Preska dejó afuera del caso a YPF, pero admitió la demanda contra el Estado argentino por una indemnización de hasta 20 mil millones de dólares.

La jueza estadounidense Loretta Preska aplicó un revés al Estado argentino en la causa por la expropiación de YPF en 2012 y ahora enfrenta el riesgo de tener que pagar indemnizaciones por hasta 20 mil millones de dólares.

Preska, titular de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y sucesora de Thomas Griesa, admitió las demandas de los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron a accionistas privados el derecho a litigar contra Argentina e YPF por la expropiación.

El fallo de este viernes tuvo una recepción positiva en YPF. Fuentes de la compañía explicaron a LPO que “la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional”. Además, indicaron que Preska no hizo lugar a todos los pedidos de los demandantes.

En la petrolera de mayoría estatal destacan que “sus activos están fuera de riesgo”, aunque en los hechos la jueza determinó que la Argentina deberá pagar las indemnizaciones y por lo tanto otros activos del país quedan sujetos a embargos.

El fallo se da apenas dos días después de la reunión de Alberto Fernández con Joe Biden en la Casa Blanca e implica un duro revés para el gobierno argentino, que buscó exagerar el supuesto buen vínculo con Estados Unidos.

Burford: El mega estudio que hizo de los juicios contra Argentina su negocio más rentable

La jueza neoyorkina consideró que el Gobierno argentino debió haber realizado en 2012 una oferta pública a todos los accionistas de YPF y no solamente a la española Repsol, que tenía la mayoría del paquete. “Ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada, pero (Argentina) no lo hizo”, consideró.

La Argentina tiene dos instancias para apelar el fallo de Preska, pero igualmente deberá pagar una garantía. Los demandantes reclaman indemnizaciones de entre 8 mil y 20 mil millones de dólares, pero la jueza Preska rechazó fijar los montos.

En el fallo sostiene que “el precio de oferta pública que Argentina habría estado obligada a ofrecer si cumpliera con los Estatutos es la medida apropiada de los daños compensatorios de los demandantes”, pero advirtió que no tiene certezas del momento exacto en que Argentina tomó el control de las acciones para determinar el monto.

Burford lleva adelante el juicio contra Argentina tras haberle comprado los derechos a Petersen Energía, una empresa creada por los Eskenazi que se fue a la quiebra en España. El fondo inglés pagó 15 millones de euros y un 30% de la indemnización que resulte del juicio.

FUENTE : LA POLITICA ONLINE

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Usurpación en barrio Las Heras: Ferlauto confirmó que “las familias tienen 48 horas para desalojar los terrenos”

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El secretario de Seguridad municipal, Martín Ferlauto, hizo referencia a las tomas de tierras en el barrio Las Heras y la orden de desalojo que dispuso el juez de la causa.

 

“Hoy tome comunicación telefónica con el fiscal de la causa y me informó que el juez ordenó el desalojo definitivo de los terrenos del bario Las Heras. Son aproximadamente 28 grupos familiares que tienen 48 horas para hacer abandono del lugar o sino lo hará el Estado con el uso de la fuerza”, dijo.

 

Con respecto a las diferentes usurpaciones que se vienen desarrollando en distintos puntos de la ciudad, el funcionario remarcó: “Se está replicando en varios lugares de la ciudad la toma de terrenos. Está orquestado, no se si por una o varias organizaciones, y estamos cansados de esto, yo estoy cansado. Antes que funcionario, soy argentino”.

 

“Tenemos que trabajar más allá de las ideologías porque esto es un problema de Mar del Plata, queremos proteger el estilo de vida de nuestros vecinos, simplemente eso”, concluyó.

 

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El MTE se retiró del campo en El Marquesado de forma “pacífica”

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Después de varias horas de tensión y momentos de violencia, los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se retiraron del campo ubicado en el barrio El Marquesado de Mar del Plata.

“Quedaron solamente dos, y el casero que va a quedarse con ellos”, informó Martín Ferlauto, secretario de Seguridad, en diálogo con Ahora Mar del Plata. Consultado sobre la retirada, el funcionario contestó que fue “pacífica” y además confirmó que quedará custodia policial en el sector durante la noche de este sábado.

El predio conformado por 140 hectáreas y ubicado en el barrio El Marquesado fue entonces desalojado, tal como habían acordado con las autoridades. En el conflicto intervino la policía, el Poder Judicial y la Municipalidad de General Pueyrredon.

Más allá de los reclamos de los vecinos, de la postura del gobierno local y de las expresiones de políticos en redes sociales, desde el Movimiento hicieron hincapié en la legitimidad para explotar los terrenos de Playa Escondida, al sur de Mar del Plata.

“En esas tierras, cedidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) a la ONG Tercer Tiempo, se llevará adelante un Proyecto de Producción Agroecológica donde trabajarán productores rurales del cordón frutihortícola de la ciudad, proyecto que permitirá el abastecimiento local con alimentos de calidad. Se trata de la concreción de una propuesta histórica para dichas tierras, pensado con la construcción del Complejo Turístico Chapadmalal”, habían declarado mediante un comunicado en la tarde del sábado.

“Están trabajando profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Conicet con todos los estudios de suelo correspondientes y necesarios. Es el equipo que evaluará la viabilidad de cada sector del predio según las funciones que permitan las tierras”, extendieron.

El proyecto se suma a otras iniciativas en Argentina, que buscan afianzar la agricultura familiar, resolviendo las dificultades del acceso a la tierra para muchas personas que actualmente trabajan en condiciones de arrendamientos costosos y precarios”, afirmaron.

“Se promueven nuevas formas de producir en armonía con el medio ambiente; cuidando la salud de quienes producen y consumen, para que la población acceda a alimentos sanos y a precios justos”, comentaron luego.

“Actualmente hicimos posesión del predio y su custodia, como lo marca el convenio firmado el 16 de febrero del corriente año y por el cual nos apersonamos. No se instalará ningún asentamiento, sino que allí vivirán quienes trabajen la tierra”, aseguraron.

Frente al conflicto que ocurren en El Marquesado donde los vecinos amanecieron con la presencia de 40 personas con “pecheras del MTE” liderado por Grabois en el marco del proyecto para ceder 140 hectáreas a más de 100 familias, explotar las tierras y realizar viviendas sociales el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se expresó mediante redes sociales.

En principió, declaró: “Lo que está pasando en la zona de El Marquesado es de extrema gravedad. Porque mientras los marplatenses trabajan todos los días con esfuerzo para progresar y hacer crecer a la ciudad, otros proponen regalar tierras, con fines político partidarios, haciendo las cosas como no se debe y de forma totalmente ilegítima”.

Asimismo, agregó: “Estamos en contacto con los vecinos, trabajando con las Fuerzas de Seguridad y la Justicia para frenar estas acciones que no avalamos de ninguna manera. Siempre voy a defender a los que laburan y se rompen el lomo. Fuera de la ley, nada”.

En la misma línea, los residentes del lugar cortaron la ruta 11 para pedir visibilizar y reclamar lo sucedido: “Entraron con 40 personas del MTE y están queriendo desalojar al hombre que vive en el campo”. Asimismo, afirmó uno de los vecinos  :”No tenemos cloacas, ni gas. Si hacen pozos ciegos se pueden contaminar las napas. Tenemos claro como terminan los proyectos sociales lo vimos a lo largo del país. Ninguno de los vecinos estamos a favor, nosotros compramos nuestros terrenos con años de trabajo”.

Diez Ahora

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