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“Están convirtiendo a La Matanza en un gueto sin camas ni respiradores”

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Miguel Saredi, integrante del Consejo Sanitario de Emergencia, advirtió sobre las dificultades que atraviesa el partido más grande del conurbano en medio de la cuarentena total

Miguel Saredi, concejal y dirigente histórico del partido de La Matanza, alertó sobre algunas situaciones particulares que transforman al municipio en un caldo de cultivo muy peligroso en el medio del avance de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus y las consecuencias económicas provocadas por la cuarentena total que dictó el presidente Alberto Fernández.

La primera preocupación gira en torno a la respuesta del sistema sanitario ante un eventual pico de contagios del virus chino, que de acuerdo a las proyecciones oficiales llegará a fines de abril. Según explicó, las camas disponibles, los respiradores y los insumos no son suficientes como para enfrentar en condiciones adecuadas un aceleramiento de la curva de infecciones. Y las últimas medidas adoptadas por intendentes vecinos, que avanzaron con bloqueos de dudosa legalidad, complican aún más el panorama.

Tenemos 40 camas de terapia intensiva distribuidas en tres hospitales para más de dos millones de habitantes. Cuando veo los bloqueos que realiza la Ciudad de Buenos Aires e incluso municipios vecinos como Ezeiza y Lomas de Zamora, empiezo a alertar que están transformando el Municipio en un gueto sin camas ni respiradores, donde no vamos a poder salir ni trasladar enfermos”, advirtió.

Según precisó, en el primer cordón -Ramos Mejía, Tapiales, Villa Madero- hay un mayor respeto por el aislamiento. Pero en el segundo y en el tercero todo es más complejo. En esas áreas hay 150 villas de emergencia y asentamientos precarios en donde viven más de un 1.200.000 personas. Por eso, muchas veces el aislamiento se da en los barrios y no en los domicilios, lo que podría facilitar la transmisión del virus.

“Hay muchas imágenes de deportistas, artistas, argentinos en el exterior que también tienen situaciones que son preocupantes, pero en los barrios es todo muy complicado”, analizó Saredi. Y ejemplificó: “En los barrios los servicios se pagan con tarjetas prepagas, pero esas tarjetas ahora no las podés comprar en ningún lado y te cortan los suministros, por eso estamos pidiendo medidas de emergencia para mantener estas cuestiones”.

En el inicio de la pandemia, Saredi ya había advertido sobre la fragilidad del sistema de salud bonaerense en una entrevista con Infobae. “Estoy muy preocupado por la falta de camas y de respiradores. Tenemos problemas de infraestructura sanitaria que vienen de larga data. Ante un eventual brote, el sistema podría colapsar”, había advertido.

Miguel Saredi, dirigente de La Matanza

Miguel Saredi, dirigente de La Matanza

El otro punto de conflicto es económico. “Acá hay un montón de albañiles, personal de limpieza, chicos que trabajan en changas o mujeres que cumplen tareas por hora en la Ciudad de Buenos Aires y que por distintos motivos han dejado de trabajar durante los últimos días. A todas esas personas se les hace muy difícil la situación porque necesitan generar recursos para poder comer”, detalló.

También hay que agregar el tema de la discapacidad. La discapacidad y la pobreza van unidas y las instituciones están dejando de atenderlos porque se quedan sin enfermeros, sin personal y no pueden hacerlo”, agregó.

Hay un factor de riesgo adicional en los barrios donde prolifera el paco, una adicción que ataca y daña los pulmones de los más chicos. Esas secuelas respiratorias son las que los convierten en uno de los sectores más vulnerables frente al virus chino pese a los esfuerzos que realizan algunas organizaciones y los dos obispados del partido para brindar asistencia.

“Son todas acciones individuales y colectivas, pero estamos muy complicados en cuanto a la asimetría de recursos. Por eso les pedimos que no nos bloqueen, no nos pongan muros y murallas en la General Paz, porque si no solucionamos estos temas, quedamos a la gracias de Dios esperando que el virus no llegue al segundo y al tercer cordón”, rogó Saredi en un reportaje concedido a radio Mitre.

“¿Hay temor a un desborde social?”, le preguntaron. “Lo que hay es respeto porque la situación de aislamiento sin comida es muy difícil. Acá hay mucha gente que se gana la diaria y no lo está pudiendo hacer. Desde el trapito que está en el semáforo, el changa y el albañil hasta el personal de maestranza o muchas mujeres que son sostén de familia en un sector donde 6 de cada 7 chicos son pobres”, completó Saredi.

Para combatir algunas de estas dificultades, el gobierno dispuso que a partir de la semana que viene el Ejército realice asistencia alimentaria a través de bolsones de comidas y en algunos casos viandas y platos calientes preparados especialmente en cocinas de campaña, según adelantó Infobae hace dos días.

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Policial

La Oficina Anticorrupción dejará de ser querellante en otras causas de corrupción

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Félix Crous adelantó que el organismo que preside seguirá el mismo camino que tomó en los casos Hotesur y Los Sauces

Felix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción
Felix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción

La Oficina Anticorrupción (OA) fue noticia la semana pasada al comunicar que dejaba de ser querellante en el juicio por los casos Hotesur y Los Sauces. El anuncio generó enorme revuelo e impulsó un duro comunicado firmado por los referentes Juntos por el Cambio.

Sin embargo, pese a los cuestionamientos, el titular de la OA, Félix Crous, adelantó que el organismo que preside también renunciará a otras querellas en procesos judiciales por hechos de corrupción.

“Seguramente vamos a desistir en otros juicios e iniciaremos algunas querellas, pocas, porque tenemos como 30 y muchas están abandonadas. Es un número que no puede ser seguido por la oficina porque no tiene capacidad y muchos de esos juicios no tienen significación. Esto sucederá, vamos a ver en cuáles y cuándo, pero vamos a reducir sustancialmente ese número de querellas, anticipó el funcionario en diálogo con el programa Código F, que se emite por Radio Rivadavia.

En ese sentido, Crous destacó: “Las querellas que iniciaremos serán en aquellos casos en los cuales haya un interés superlativo en controlar el desempeño de los jueces y los fiscales. Y de inmediato apuntó que “la OA está investigando la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social” e interviene también “en un juicio por lavado de activos que tiene como protagonista a Lázaro Baez“.

El Hotel Alto Calafate, propiedad de la empresa Hotesur (Foto de archivo)

El Hotel Alto Calafate, propiedad de la empresa Hotesur (Foto de archivo)

Al ser consultado sobre las razones que propiciaron la decisión de que la OA haya renunciado a los juicios por los casos de lavado de dinero conocidos como Hotesur y Los Sauces, Crous respondió: “Hay otra representación específica que es de la Unidad de Información Financiera (UIF). La regla no puede ser que la oficina sea la quinta rueda del carro”.

El Estado no tiene que querellar, para eso están los fiscales, tenemos faceta administrativa e investigación de denuncias si somos requeridos, no tenemos que ser una fiscalía”, argumentó el titular de la OA, quien apuntó que desistir de una querella es “algo rutinario” y recordó que la gestión anterior (encabezada por Laura Alonso) “tuvo 45 desistimientos de todos los calibres”.

“Nosotros pretendemos tener intervención restrictiva y ser sobrios o poco proactivos en el ejercicio de la querella”, finalizó.

FOTO TAPA . PAGINA 12

FUENTE: INFOBAE

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Politica

El Frente de Todos pidió que se investigue la denuncia de Ana María Figueroa

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Senadores y diputados nacionales del Frente de Todos se presentaron a la Justicia Federal para pedir que se investiguen los dichos de la jueza Ana María Figueroa acerca de las presuntas presiones de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri para forzar determinadas causas, y pidieron que se la cite a declarar, así como también se investigue a Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, presunto protagonista de dichas maniobras.

El escrito fue presentado por el titular del bloque del Frente de Todos de la Cámara alta, José Mayans, a quien acompañaron Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Jorge Taiana; y nueve diputados, entre ellos, Leopoldo Moreau, Martín Soria y José Luis Gioja. Debido a la “enorme gravedad institucional del caso”, solicitaron que se habilite la feria judicial.

La magistrada, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, dio una entrevista el sábado pasado al programa Toma y Daca, de AM750, en la que se refirió a las “presiones” sufridas durante el gobierno de Cambiemos. “Aún votando de manera conjunta con colegas en algunas cuestiones más álgidas, políticamente, el ex presidente de la Nación públicamente decía que felicitaba a los otros dos jueces a pesar de las presiones que habían tenido por la jueza Figueroa, y habíamos votado los tres igual, por ejemplo”, dijo en la entrevista.

También reveló que apenas asumió Macri “me preguntaron cuánto iba a demorar en sacar un fallo, cosa que no me había pasado nunca en Casación”, y que reclamó no volver a tener esa clase de pedidos.  “No lo hicieron más personalmente, a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario”, añadió, y apuntó a un funcionario “por debajo del ministro (Germán) Garavano”, quien la presionaba por el Memorándum con Irán. El funcionario habría sido Mahiques.

En el texto presentado hoy, los diputados y senadores resaltan que a partir de la asunción de Macri en 2015 “fueron desplegadas, desde distintos estamentos oficiales y sectores afines, diferentes maniobras destinadas a interferir sobre el normal funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y direccionar el trámite de causas que le resultaban funcionales a sus intereses políticos”, y que esas maniobras fueron “planificadas, dirigidas y ejecutadas desde una denominada Mesa Judicial” integrada  “nada más ni nada menos que por el ex Presidente de la Nación, funcionarios de su gobierno y operadores judiciales”, entre los que mencionan al ex ministro de Justicia Germán Garavano; el ex secretario de Asuntos Penitenciarios, al subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y, a la vez, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques; el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas; los ex secretarios de Estado José Torello y Pablo Clusellas; el ex Procurador del Tesoro de la Nación Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y Daniel Angelici.

“Como puede advertirse, las manifestaciones de la jueza Figueroa revisten una gravedad inusitada”, apuntan lo legisladores. “Lisa y llanamente, una magistrada que integra el máximo tribunal penal federal del país reconoció que, durante los últimos cuatro años, no solo ella, sino también muchos otros colegas, sufrieron presiones por parte de miembros del Poder Ejecutivo de la Nación e integrantes de servicios -aparentemente de inteligencia-, quienes se arrogaron ilícitamente la potestad de ‘direccionar qué sentencias tienen que darse y con qué sentido o con qué dosificación de pena, etcétera'”.

La denuncia también subraya que, si bien la jueza se refirió al caso del Memorándum, “lo cierto es que la nombrada magistrada da cuenta de un modus operandi y ratifica que se desarrolló en forma sistemática sobre un grupo por ahora indeterminado de magistrados que tenían a su cargo causas de interés político”.

El escrito señala que se podría estar frente a una asociación ilícita agravada, amenazas coactivas agravadas, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Y pide la declaración testimonial de la jueza Figueroa, así como el registro de las llamadas telefónicas de Juan Bautista Mahiques durante los cuatro años de gobierno de Macri. Además, se solicitan “los registros fílmicos, las imágenes, los libros de ingreso y egreso y cualquier otra constancia” que permita saber si entre diciembre de 2015 y diciembre 2019 jueces y fiscales estuvieron en la Casa Rosada, la AFI, el ministerio de Justicia o la Quinta de Olivos.

FUENTE : PAGINA 12

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Politica

Presentaron un proyecto para agilizar los juicios políticos a los jueces que liberaron presos

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La iniciativa es de Juntos por el Cambio en el senado bonaerense con la idea de activar el funcionamiento de los Jurados de Enjuiciamiento a Magistrados a través del sistema de videoconferencias, hoy paralizados por la cuarentena

Un grupo de detenidos en la cárcel de Devoto

Un grupo de detenidos en la cárcel de Devoto

En el marco de las excarcelaciones masivas que se registraron en los diferentes departamentos judiciales de la Provincia, el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado bonaerense busca activar el funcionamiento de los Jurados de Enjuiciamiento a Magistrados a través del sistema de videoconferencias, hoy paralizados por el aislamiento social dispuesto por el gobierno nacional y provincial en el marco de la pandemia del Covid-19.

La semana pasada, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunciaba que instruiría a la oficina de Atención a las Víctimas, creada por ley en el ámbito del Congreso, para que que le dé impulso a juicio político a los jueces que procedan a la liberación de delincuentes sin darle vista, previamente, a las víctimas.

“Aquellos jueces que no den vista a la parte, a la victima del delito y que procedan a la liberación de delincuentes, van a ser pasibles de inicio de juicio político por parte del cuerpo de abogados de la Oficina de Victima del Congreso”, aseguraba el diputado en declaraciones a Radio La Red.

Los presos de Devoto, durante un motín en el techo que tuvo lugar la semana pasada (Franco Fafasuli)

Los presos de Devoto, durante un motín en el techo que tuvo lugar la semana pasada (Franco Fafasuli)

Hoy, el sistema de enjuiciamiento previsto por la ley está suspendido por la pandemia ya que en su reglamento no se prevén las sesiones virtuales. “El Consejo de la Magistratura, la Cámara de Diputados y Senadores, o la misma Suprema Corte de Justicia, son ámbitos institucionales que están funcionando a través de las nuevas tecnologías. Pretendemos que con el sistema de enjuiciamiento ocurra lo mismo porque la situación que se está viviendo por la liberación de presos es muy delicada”, remarcó Juan Pablo Allan, autor de a iniciativa junto a Nidia Moirano.

Lo que está pasando es que muchos familiares o las propias víctimas realizan denuncias contra los jueces que sacan a presos de manera indiscriminada, pero esas denuncian no llegan a nada porque no está funcionando el sistema de enjuiciamiento. Debemos avanzar en ese sentido”, agregó.

En este marco, un pedido de juicio político contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca Claudio Brun, acusado por presunto mal desempeño de sus funciones, fue presentado formalmente en las últimas horas por la abogada María Fernanda Petersen, con el respaldo del Observatorio de la Víctima de Delitos que depende de la Cámara de Diputados.

Se trata del magistrado que había concedido el beneficio de arresto domiciliario un hombre que, en 2015, había sido condenado a siete años de prisión por el abuso sexual a una menor con retraso madurativo, y que, durante el último fin de semana, tras el rechazo que cosechó su resolución, dispuso que volviera al penal en el que se encontraba alojado.

El pedido de juicio político en su contra fue presentado anoche ante el Consejo de la Magistratura bonaerense y se constituyó en la primera que realizará el Observatorio, que funciona en la órbita del Congreso y cuenta con el respaldo de Massa. El planteo se formalizó en representación de G.N.S., una adolescente discapacitada que en 2008 fue abusada sexualmente, con acceso carnal, por un hombre que fue sentenciado a cárcel, informaron fuentes parlamentarias.

Juan Pablo Allan, senador provincial de Juntos por el Cambio

Juan Pablo Allan, senador provincial de Juntos por el Cambio

Voceros parlamentarios señalaron que pedirán la suspensión preventiva del juez mientras se sustancia la investigación sobre su conducta en el Consejo de la Magistratura.

La presentación, a la que accedió Télam, le adjudica al magistrado haber incumplido sus funciones al “omitir notificar y oír a la víctima antes del resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria” y que la familia de la chica “se enteró por los medios”.

A través del escrito, la abogada especificó que Brun “violó el artículo 5 de la Ley Nacional de Víctimas que se aplica en todo el país al ser de orden público” y que por tratarse “de un abuso a una joven, también se violó la ley 26.485 de “Protección Integral de las Mujeres”.

Asimismo, afirma que el juez omitió notificar y oír a la víctima antes de resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria, no se constituyó en el penal ni tomó contacto real con la situación y sólo dispuso su traslado a su domicilio.

Es preciso destacar que de la propia resolución surge a todas luces que no se encuentra controlado por el sistema de monitoreo electrónico hasta tanto no finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, lo que pone en un situación de peligro y gravedad a la víctima”, precisa el escrito.

En la presentación, la abogada afirma que “existe una clara violación de los deberes propios a su cargo, puesto que el magistrado no ha realizado una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas en la causa”.

Los impulsores de la denuncia adelantaron que se espera que todas las víctimas, abogados y colectivos de víctimas tengan un modelo simple y bien fundado que les permita seguir el Leading Case (el caso líder o testigo) y hacer las presentaciones en cada caso donde se hayan operado libertades y beneficios irregulares.

FOTO TAPA : PAGINA 12

FUENTE : INFOBAE

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