Después de 17 años, la Justicia procesó a diez exfuncionarios kirchneristas y empresarios por coimas y administración fraudulenta, al involucrarlos en una operatoria de sobornos por una cifra actualizada de unos 114 millones de pesos para la contratación sin licitación pública de la constructora sueca Skanksa para las obras de ampliación de dos gasoductos.
Los procesados por el juez Sebastián Casanello, en una causa que instruyó el fiscal Carlos Stornelli, son el exsecretario de Energía Daniel Cameron, el extitular del Enargas Fulvio Madaro y los exfuncionarios Daniel Muñoz, Osvaldo Felipe Pitrau y Alicia Federico, junto a los representantes de la licenciataria Trasportadora de Gas del Sur Pablo Ferrero y Jorge García. A ellos se suman Daniel Zinna, de Skanska, y los titulares de la cuenta comitente que negociaban los cheques librados por Skanska Horacio Héctor Tosí y Osvaldo Díaz.
Se trata de la segunda parte de una causa que fue objeto de múltiples controversias procesales que demoraron su tramitación, hasta el punto de que muchos de los ahora procesados habían ido sobreseídos en un fallo que luego fue anulado.
En la primera parte de esta investigación, ya elevada a juicio oral y publico y en manos del Tribunal Oral Federal N° 4 desde hace unos años, están procesados desde fines de 2017 unas 31 personas entre quienes se encuentran el exministro Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, funcionarios de Skanska y titulares de empresas que habían servido para emitir facturas falsas a la empresa sueca y personas que intervinieron en el dispositivo de pago de sobornos.
En este caso hay una prueba clave: una grabación que realizó un auditor interno de Skanska, Claudio Corizzo, de su charla con Javier Azcárate, por entonces gerente comercial de la empresa, donde el ejecutivo le narra cómo era la maniobra, cómo se calculó el pago de los sobornos y hasta menciona al “pingüino de acá a dos cuadras”, en alusión a Néstor Kirchner.
La grabación fue secuestrada en el inicio del caso por un allanamiento realizado por el juez en lo penal económico Javier López Biscayart.
El caso consiste en el acuerdo entre empresarios de Skanska y funcionarios públicos mediante el cual los ejecutivos pagaban sobornos (”comisiones indebidas” según el eufemismo de la empresa) para que les adjudicaran el “Proyecto de Expansión de Gas 2005″.
Las obras consistían en la ampliación de dos gasoductos, uno en el norte y otro en el sur, y requerían hacer una traza de caños paralela a la existente, aumentar la presión del gas y construir nuevas plantas. Se calculó que la obra en el norte del país estaba presupuestada en unos 195 millones de dólares y la del sur en unos 240 millones de dólares, informó La Nación.
“La irregular forma de contratación, evidenciada a través de la falta de fundamentación para validar la oferta presentada, constituyó el mecanismo por medio del cual se intentó dar un viso de legalidad -de racionalidad formal burocrática- y disfrazar la espuria connivencia entre los funcionarios públicos y los representantes de Skanska”, dice el fallo de Casanello. Y agrega que “el éxito de las empresas en obtener mayores valores que los presupuestados originalmente devino de la decisión irregular de la Administración por modificar los procedimientos de contrataciones, que encuentra justificación en un acuerdo entre funcionarios públicos y privados para direccionar la contratación de Skanska en las obras del Proyecto de Ampliación de Gas 2005″.
“La contratación de Skanska, producto de la injerencia de las más altas autoridades de los organismos encargados y su ilegítima actuación en las contrataciones, se revela superpuerta con el pago de sobornos a los funcionarios que intervinieron”, dijo Casanello.
El monto de lo defraudado asciende a $34.594.947,34 en ambas obras, calculados en 2005. Al actualizar los montos del perjuicio por el índice de la construcción para determinar los embargos, el juez dispuso que en el caso de los funcionarios procesados por frade y cohecho ascienda a $401.426.783, compuesto por $286.733.416 por el fraude y $ 114.693.366 por el cohecho.
FUENTE ; adnsur.com.ar
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