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Fallo judicial a favor del equipo de la AFIP que denunció al kirchnerismo

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Concluyó que Jaime Mecikovksy y otros técnicos actuaron de manera correcta y no hay indicios de una asociación ilícita o de falsos testimonios.

El kirchnerismo sufrió un nuevo traspié en los tribunales. La Justicia concluyó que no se encontraron indicios para sostener que hayan existido “grupos especiales” dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) destinados a perseguir a empresarios o funcionarios kirchneristas durante el gobierno de Cambiemos y, por el contrario, convalidó la actuación desarrollada entre 2015 y 2019.

La decisión la adoptó el juez federal Sebastián Casanello, quien sobreseyó a Jaime Mecikovsky, uno de los funcionarios de más alto rango dentro de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad. El magistrado concluyó que Mecikovsky, al que el kirchnerismo tiene en la mira y apartó de sus funciones desde hace años, no lideró una supuesta asociación ilícita dentro del organismo, sino que cumplió con su labor como funcionario.

Casanello dispuso el sobreseimiento de Mecikovsky este lunes, en un expediente en el que cifraba sus esperanzas el kirchnerismo. Acumuló las denuncias que presentaron Rubén Ángel Toninelli, quien dirigió la Dirección General Impositiva (DGI) durante la gestión de Ricardo Echegaray, y otros ex funcionarios del organismo durante esa gestión como Mariana de Alva, Carlos Sánchez, Norberto Filipini y Guillermo Michel, actual titular de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El expediente se había iniciado en 2016 con una acusación contra Mecikovsky por presunto falso testimonio. Le enrostraron que habría declarado falsedades en una investigación penal abierta contra Toninelli por su presunta connivencia con Lázaro Báez. Pero a esa primera denuncia se sumaron con el correr de los meses otras acusaciones de otros exfuncionarios de Echegaray por el mismo delito, como supuesto líder de una asociación ilícita y otros delitos como violación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario.

La investigación quedó en manos del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien dispuso múltiples medidas de pruebas, pero las hipótesis se diluyeron o se comprobaron falsas durante la instrucción del expediente. Y ahora, casi siete años después de radicada la primera denuncia –y un largo periplo de apelaciones que llegó hasta la Casación-Casanello sobreseyó a Mecikovsky y ordenó archivar las actuaciones contra el resto de los miembros del “grupo especial” a los que les endilgaban conformar una asociación ilícita.

De acuerdo a la denuncia de Toninelli –quien está probado que siendo titular de la DGI viajó a Río Gallegos en el avión privado de Lázaro Báez junto a Martín Báez y su hijo Federico Toninelli mientras la AFIP investigaba a los Báez-, Mecikovsky habría liderado una asociación ilícita dentro de la AFIP con otros funcionarios y técnicos. Entre ellos, Manuel Rodríguez, Pablo Legardón, Carlos Blanco, Silvina Huici, Juan José Cappannari, Pedro Robledo, Santiago Eduardo De Marco, Roberto Mario Ávila, Sansinena y Juan Carlos Santos.

Para Casanello, sin embargo, la acusación no tenía asidero para prosperar. “Dejando a un lado la orfandad probatoria”, sostuvo, “las críticas [de Toninelli y otros] son tan genéricas que no podrían constituir el cuerpo de ninguna intimación válida”, concluyó.

El magistrado también descartó las denuncias por presunto falso testimonio contra Mecikovsky, y otros técnicos de la AFIP por sus afirmaciones en expedientes incómodos para Báez, Toninelli y otros funcionarios. “La acusación de falso testimonio que se le realiza en esta causa a Huici, Blanco y Mecikovsky, al igual que su instigación, carece de contenido concreto al no haberse individualizado cuáles habrían sido las falsedades afirmadas, o las verdades negadas o calladas en sus declaraciones”, remarcó Casanello.

A lo largo de su resolución de 27 carillas, Casanello destacó incluso que lejos de verificarse los supuestos falsos testimonios, la Justicia terminó por corroborar la veracidad de sus dichos. Así ocurrió en Bahía Blanca y en la ciudad de Buenos Aires, donde se constató que Báez y otros protagonizaron un fraude tributario multimillonario con facturas truchas en perjuicio del Estado, lo que resultaría el delito precedente del lavado de activos por el que el propio Báez ya fue condenado en la llamada “ruta del dinero K”.

“En este contexto”, destacó Casanello, “lo relevante de las testimoniales de Huici, Blanco y Mecikovsky estaba dado por las características que habían tenido las fiscalizaciones llevadas adelante sobre las empresas que le proveían de facturas apócrifas a Austral Construcciones, hecho que incluso no sólo fue corroborado en la Justicia federal de Bahía Blanca en la causa 10451/2014, la cual cuenta con un procesamiento confirmado por la Cámara [Federal de esa ciudad] y ha sido elevada a juicio recientemente por esos hechos, sino que también tuvo incidencia en los procesos por delitos tributarios que actualmente tramitan ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico”.

Tanto para Mecikovsky como otros funcionarios y técnicos de la AFIP, la resolución de Casanello resulta un alivio y una reivindicación. Muchos de ellos fueron desplazados de sus cargos y sufrieron represalias desde 2019 por investigar a la familia Kirchner, Báez y Toninelli, entre otras figuras, laderos o empresarios kirchneristas.

En el caso de Mecikovsky, la primera titular de la AFIP durante la presidencia de Alberto Fernández, Mercedes Marcó del Pont lo envió al área de “almacenes” del organismo, donde los históricos no recuerdan que un funcionario de tan alto rango haya jamás sido enviado allí. Lo trasladaron sin funciones, escritorio, ni computadora.

Mecikovsky cosechó, además, denuncias penales, operaciones mediáticas y hackeos en sus computadoras durante los últimos años. Lo hostigaron por su labor como subdirector General de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP y como testigo ante la Justicia. En febrero de 2022, por ejemplo, declaró en el juicio oral por la “causa Vialidad” sobre las maniobras que se desarrollaron durante el kirchnerismo, dentro de la AFIP, para proteger a Báez y sus empresas.

Mecikovsky fue, también, quien alertó a la Justicia que la denuncia que radicó Marcó del Pont por presunto “hostigamiento fiscal” contra la familia Kirchner –y que por extensión también benefició a Báez, Echegaray y Cristóbal López- se basó en una auditoría interna de la AFIP adulterada, que quienes la desarrollaron se negaron a firmar la versión modificada y que por eso fueron desplazados de sus cargos y se les bajaron sus sueldos.

En esa línea, al menos cuarenta funcionarios y empleados de la AFIP fueron desplazados de sus cargos, reasignados a funciones menores o, incluso, humillados durante los últimos años. Los castigos fueron porque habían investigado a los Kirchner, López, Báez o Echegaray, y en ciertos casos haber testificado sobre ellos ante la Justicia, según reveló LA NACION en junio de 2021.

Las represalias abarcaron a personal de la AFIP en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mercedes, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. A algunos les asignaron tareas administrativas. Otros ni siquiera cuentan con computadora o escritorio asignado. Pero todos cumplen una función desde entonces: sirven de mensaje disuasorio para los restantes empleados del organismo.

Incluso en el expediente que tramitaron el juez Casanello y el fiscal Marijuán desde 2016, la AFIP –ya durante la presidencia de Alberto Fernández- buscó ser aceptada como querellante, pero su solicitud no prosperó. Ahora, se descuenta que Toninelli, entre otros, apelarán el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones.

 

Ir a notas de Hugo Alconada Mon
FUENTE LA NACION

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Usurpación en barrio Las Heras: Ferlauto confirmó que “las familias tienen 48 horas para desalojar los terrenos”

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El secretario de Seguridad municipal, Martín Ferlauto, hizo referencia a las tomas de tierras en el barrio Las Heras y la orden de desalojo que dispuso el juez de la causa.

 

“Hoy tome comunicación telefónica con el fiscal de la causa y me informó que el juez ordenó el desalojo definitivo de los terrenos del bario Las Heras. Son aproximadamente 28 grupos familiares que tienen 48 horas para hacer abandono del lugar o sino lo hará el Estado con el uso de la fuerza”, dijo.

 

Con respecto a las diferentes usurpaciones que se vienen desarrollando en distintos puntos de la ciudad, el funcionario remarcó: “Se está replicando en varios lugares de la ciudad la toma de terrenos. Está orquestado, no se si por una o varias organizaciones, y estamos cansados de esto, yo estoy cansado. Antes que funcionario, soy argentino”.

 

“Tenemos que trabajar más allá de las ideologías porque esto es un problema de Mar del Plata, queremos proteger el estilo de vida de nuestros vecinos, simplemente eso”, concluyó.

 

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El MTE se retiró del campo en El Marquesado de forma “pacífica”

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Después de varias horas de tensión y momentos de violencia, los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se retiraron del campo ubicado en el barrio El Marquesado de Mar del Plata.

“Quedaron solamente dos, y el casero que va a quedarse con ellos”, informó Martín Ferlauto, secretario de Seguridad, en diálogo con Ahora Mar del Plata. Consultado sobre la retirada, el funcionario contestó que fue “pacífica” y además confirmó que quedará custodia policial en el sector durante la noche de este sábado.

El predio conformado por 140 hectáreas y ubicado en el barrio El Marquesado fue entonces desalojado, tal como habían acordado con las autoridades. En el conflicto intervino la policía, el Poder Judicial y la Municipalidad de General Pueyrredon.

Más allá de los reclamos de los vecinos, de la postura del gobierno local y de las expresiones de políticos en redes sociales, desde el Movimiento hicieron hincapié en la legitimidad para explotar los terrenos de Playa Escondida, al sur de Mar del Plata.

“En esas tierras, cedidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) a la ONG Tercer Tiempo, se llevará adelante un Proyecto de Producción Agroecológica donde trabajarán productores rurales del cordón frutihortícola de la ciudad, proyecto que permitirá el abastecimiento local con alimentos de calidad. Se trata de la concreción de una propuesta histórica para dichas tierras, pensado con la construcción del Complejo Turístico Chapadmalal”, habían declarado mediante un comunicado en la tarde del sábado.

“Están trabajando profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Conicet con todos los estudios de suelo correspondientes y necesarios. Es el equipo que evaluará la viabilidad de cada sector del predio según las funciones que permitan las tierras”, extendieron.

El proyecto se suma a otras iniciativas en Argentina, que buscan afianzar la agricultura familiar, resolviendo las dificultades del acceso a la tierra para muchas personas que actualmente trabajan en condiciones de arrendamientos costosos y precarios”, afirmaron.

“Se promueven nuevas formas de producir en armonía con el medio ambiente; cuidando la salud de quienes producen y consumen, para que la población acceda a alimentos sanos y a precios justos”, comentaron luego.

“Actualmente hicimos posesión del predio y su custodia, como lo marca el convenio firmado el 16 de febrero del corriente año y por el cual nos apersonamos. No se instalará ningún asentamiento, sino que allí vivirán quienes trabajen la tierra”, aseguraron.

Frente al conflicto que ocurren en El Marquesado donde los vecinos amanecieron con la presencia de 40 personas con “pecheras del MTE” liderado por Grabois en el marco del proyecto para ceder 140 hectáreas a más de 100 familias, explotar las tierras y realizar viviendas sociales el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se expresó mediante redes sociales.

En principió, declaró: “Lo que está pasando en la zona de El Marquesado es de extrema gravedad. Porque mientras los marplatenses trabajan todos los días con esfuerzo para progresar y hacer crecer a la ciudad, otros proponen regalar tierras, con fines político partidarios, haciendo las cosas como no se debe y de forma totalmente ilegítima”.

Asimismo, agregó: “Estamos en contacto con los vecinos, trabajando con las Fuerzas de Seguridad y la Justicia para frenar estas acciones que no avalamos de ninguna manera. Siempre voy a defender a los que laburan y se rompen el lomo. Fuera de la ley, nada”.

En la misma línea, los residentes del lugar cortaron la ruta 11 para pedir visibilizar y reclamar lo sucedido: “Entraron con 40 personas del MTE y están queriendo desalojar al hombre que vive en el campo”. Asimismo, afirmó uno de los vecinos  :”No tenemos cloacas, ni gas. Si hacen pozos ciegos se pueden contaminar las napas. Tenemos claro como terminan los proyectos sociales lo vimos a lo largo del país. Ninguno de los vecinos estamos a favor, nosotros compramos nuestros terrenos con años de trabajo”.

Diez Ahora

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Como afecta la caida de los sistemas informativos del poder judicial a los ciudadanos, explicado por la Dra Paula Braciale

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El dia viernes en la edición habitual de Rumbo 23 ( radio XFN.com y canal 41 TDA television abierta libre y gratuita)  la Dra Paula Braciale estuvo en comunicación con la Dra Mariela Valle y el martillero Bernardo Giles.

 

De manera clara, para todo Mar del Plata y Batan  la doctora Paula Bracciale, quien encabezó la Lista Bordó y Blanca en el Colegio de Abogados de Mar del Plata, habló sobre los servicios centralizados del poder judicial que no están funcionando, entre ellos el portal de notificaciones y presentaciones electrónicas. “El acceso a la justicia es un derecho constitucional que tiene cada ciudadano y cada habitante de nuestro país y, desde el comienzo de este año, los abogados que ejercemos la profesión en el poder judicial estamos viviendo una situación muy crítica por la falta de funcionamiento de la página de la Corte de la Provincia y la mesa de entrada virtual que funciona mal”, explicó.
Si bien puede llegar a parecer un tema técnico que afecta el dia a dia el trabajo de los abogados, la Dra Braciale dejo en claro que es el acceso de la población, del ciudadano a su derecho a la justicia el que se ve afectado.
Para que se entienda, junto a la Dra Valle dieron claros ejemplos de como nos afecta esta situacion a todos. Desde un reclamo de alimentos en situaciones de vulnerabilidad en el fuero de familia hasta resoluciones de conflictos civiles y comerciales. “Un amparo de salud, el cobro de una indemnización , no pueden esperar y tenemos que dar una respuesta”, concluyó.
Tambien, los abogados se encuentran impedidos de ejercer su profesion libremente, por razones ajenas a sus posibilidades, en claro conflicto con sus necesidades diarias. Detrás de cada profesional, hay siempre una familia, reflexionaron juntos en Rumbo 23.
Dejanos tus consultas al Whatsapp de la radio: 223 60 22 223.
Dra Mariela N Valle
Martillero Bernardo Giles

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