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Francisco Longa: “Si gana el Frente de Todos, probablemente muchos piqueteros vuelvan al Gobierno

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El politólogo y escritor, autor del libro “Historia del Movimiento Evita -La organización social que entró al Estado sin abandonar la calle-”, analizó cómo se endureció la postura de las organizaciones sociales con el Gobierno tras las PASO y la estrategia de Néstor Kirchner que intentará llevar a la práctica Alberto Fernández para atenuar el conflicto en la calle

Longa es politólogo, magíster en Investigación Social y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Una década de militancia barrial en localidades del conurbano bonaerense con el Frente Darío Santillán significó la experiencia necesaria como trabajo de campo para la publicación de numerosos artículos sobre grupos piqueteros. En tiempos de endurecimiento de la postura de las organizaciones sociales, Longa habla con Infobae sobre la falta de presencia del Estado en los barrios más vulnerables, analiza las negociaciones entre el Gobierno y los referentes de los movimientos y vaticina que en el caso de que el Frente de Todos gane las elecciones “es probable que muchos piqueteros vuelvan al gobierno”.

-¿Cree que el vacío de poder que experimenta el Gobierno tras las PASO provocó un cambio en la relación con los movimientos sociales?

-Argentina en general vive un contexto de incertidumbre, de agudización de los indices socioeconómicos, una incertidumbre financiera que impacta directamente en el humor social. Cuando se combinan esas variables van drenando en el humor de todos los sectores de la sociedad; y, justamente, el sector que representan las organizaciones sociales es el más vulnerable, más sensible a los problemas económicos. En el último mes asistimos a una visibilización de una situación que por abajo es cada vez mas precaria, mas inestable. Entonces las agendas se van intercalando: la del hambre, la de las necesidades y la electoral, construyen una relación compleja que se tradujo en movilizaciones, acampes, convocatorias a paros nacionales.

-Desde el Gobierno calificaron los cortes de calle de “extorsivos”, dicen ‘nosotros financiamos a las organizaciones sociales y estas responden con manifestaciones e intransigencia a la hora de negociar…’

-Si uno analiza la narrativa de la mayoría de los gobiernos cuando enfrentan manifestaciones en su contra va a encontrar este tipo de descalificativos. Es una narrativa de manual, es cierto que han tenido mayor recurrencia a las calles, y de tono contenciosa, no son solo manifestaciones que transcurren por el centro de Buenos Aires, a veces incluye permanencia, bloqueos de calles, acampe y eso va teniendo más niveles de confrontación. Si uno presta atención a los reclamos que hay detrás de la agenda de la protesta social, son reclamos que difícilmente alguien pudiera decir que son ilegítimos, ni siquiera el propio gobierno se anima a tanto.

-Pero si desde Gobierno pusieron en tela de juicio la situación del hambre…

-Es cierto, sobre todo Miguel Ángel Pichetto salió a relativizar las situaciones de hambre, poniéndose en un lugar complicado, ni el núcleo duro de los históricos del gobierno se animaron a tanto. Pero eso a veces pasa, es común que en la dinámica política los conversos de último momento suelen asumir las posiciones más radicales, entonces hoy Pichetto es más defensor del Gobierno que los macristas de la primera hora.

(Crédito: Santiago Saferstein)

(Crédito: Santiago Saferstein)

-El financiamiento de los grupos piqueteros es un tema de debate, pero ¿es necesario que sean los movimientos sociales quienes administren la distribución de los planes para la gente que realmente lo necesita?

-Es un tema complejo y polémico. En el libro que acabo de publicar lo trabajo a fondo respecto de lo que pasó durante los años kirchneristas porque se construyó sobre esto mitos, juicios e ideas. Sobre los recursos se han construido todo tipo de fábulas y estigmatizaciones. En base a lo que analicé, contrariamente a la idea de lo que se suele pensar, los movimientos sociales durante el kirchnerismo no accedieron a enorme cantidades de recursos. Lo que en la jerga política se llama “los fierros”, es decir los recursos de envergadura, tener una billetera fluida, no estuvo en las manos de los movimientos sociales, ni tampoco accedieron a recursos políticos de envergadura. En 12 años de gobierno kirchnerista no hubo un solo ministro que proviniera de los movimientos sociales y en el parlamento tuvieron cargos menores. Si accedieron a subsecretarías, dependencias ministeriales de menor rango y por supuesto que tuvieron a cargo programas y responsabilidades pero no tantos recursos como se suele creer.

Con respecto a la actualidad hay algo que la gente no logra captar: cómo es la configuración y la vida en los márgenes, en las barriadas populares. Actualmente existen en algunos barrios populares la imposibilidad del Estado por hacer efectivos algunos derechos, en muchos casos los movimientos populares terminan efectivizando en el territorio las políticas públicas, casi de te diría que a veces los gobiernos necesitan de los movimientos para penetrar en los territorios, sino no llegan.

Un funcionario de Cambiemos, que está a cargo de implementar políticas públicas en barrios populares me decía: “A mi me sirve más trabajar en un barrio que tiene organizaciones sociales que en un barrio que no las tiene, yo puedo implementar mejor un plan de viviendas cuando hay piqueteros, movimientos sociales, porque eso me ordena la representatividad”. La gente suele pensar que los movimientos sociales son solo eso que ven una vez cada 10, 15 días en las calles protestando y yo siempre propongo pensar lo siguiente: ustedes ven la movilización un jueves en el Obelisco, pero ¿qué pasa de viernes a miércoles con esos movimientos? ¿dónde están?, en muchos casos atendiendo las necesidades más angustiantes. Si las organizaciones sociales no estuvieran esta crisis sería mucho peor.

(Crédito: Santiago Saferstein)

(Crédito: Santiago Saferstein)

-¿Pero el método de reclamo de corte de calle es el único que tienen para conquistar derechos?

-Las organizaciones sociales despliegan un abanico muy amplio de estrategias para demostrar su poder como cualquier actor político, y para obtener reivindicaciones para sus bases. Por ejemplo, la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) se plantea como el gremio de los excluidos, como la CGT de los que no tienen empleo registrado, entonces como todo gremio tienen que lograr beneficios para sus bases porque hay delegados y asambleas que cuando vuelven a sus asambleas de base en los barrios la gente los interpela y les dice: “¿Qué ganaron para nosotros?, ¿aumentos de salarios para nuestras cooperativas, maquinarias para mejorar nuestros emprendimientos productivos?”, y esos dirigentes tienen presiones de las bases que a veces se termina traduciendo en el corte de calle pero antes hay innumerables reuniones y negociaciones. En general cuando nosotros vemos una movilización de calle estamos viendo la punta del iceberg y lo que hay detrás es una serie de negociaciones previas fallidas, en muchos casos responsabilidad de las autoridades que no atendieron esos reclamos.

También se ven movilizaciones con distintas agendas, algunos más contemplativos y otros más radicales; Hay diferentes organizaciones y cada una tiene su método. En el Movimiento Evita que yo estudié se ve negociación, diálogo, confrontación, lucha, crítica, rosca política de la clásica, conviven delegados barriales con políticos profesionales, diputados nacionales con doñas y dones de los barrios que cocinan la olla todos los días para darle de comer a los chicos. Este sector nos guste o no nos guste llegó para quedarse en la Argentina. Las organizaciones sociales van a seguir existiendo por muchos años porque la economía de nuestro país no puede darle en este momento lugar en el empleo formal a este 35% de la gente que cobra por una cooperativa, tiene una changa, o hace trabajos en negro.

(Adrián Escandar)

(Adrián Escandar)

-Más allá de las diferencias políticas, el kirchnerismo y Cambiemos tuvieron oposición de ciertos grupos de movimientos sociales pese a mantener los planes de asistencia. Si “llegaron para quedarse”, ¿significa que seguirá habiendo cortes y movilizaciones más allá de cualquier gobierno que asuma en los próximos años?

-Los movimientos sociales tienen una agenda que trasciende a los distintos gobiernos, es la agenda que le marcan sus bases sociales y la agenda que le marca la necesidad de un sector que padece como ningún otro la crisis económica. Es probable que en el marco de cualquier gobierno la protesta social continúe. Lo que va a definir qué grado de radicalidad o de dramatismo asuma la protesta social va a ser el arte de la negociación y de la voluntad política.

Las protestas sociales desde el 2001 nunca cesaron pero hubo momentos de baja y de alza, y esos momentos de baja estuvieron siempre asociados con mejoramiento de los índices socioeconómicos, y apertura, diálogo, y canalización de las demandas de los sectores populares. Si el próximo gobierno se abre al diálogo, canaliza las demandas y mejora las variables socioeconómicas es probable que las movilizaciones se reduzcan sensiblemente.

-¿Las últimas manifestaciones, los acampes, son también un llamado de atención para Alberto Fernández?

-Es curioso, un miércoles a la noche desde Tucumán, Alberto Fernández dijo que no era momento de salir a la calle y al otro día todas las organizaciones sociales salieron a la calle, incluso las que están enroladas políticamente en el Frente de Todos. Esto nos habla de la relación entre líderes y masas, candidatos y organizaciones, que a veces tendemos a pensarlas de una manera muy lineal, es decir, si una organización apoya la candidatura de Alberto Fernández sacamos la cuenta y decimos va a hacer lo que él diga, pero estamos viendo que no es todo así. Las organizaciones sociales tienen sus referentes, sus demandas, a veces tensan la negociación y esto es como el tango: se baila de a dos. Si eso ocurre con las organizaciones que reconocen la candidatura de Fernández, imaginate lo que pueda ocurrir con las que están enroladas en vertientes más de izquierda que además impugnan su candidatura. Es de esperar que esas organizaciones permanezcan y mantengan su agenda de calle. Seguramente vamos a seguir viendo movilizaciones y protestas, y va a depender de cómo marche la economía, de la apertura al diálogo de éste gobierno y del que vendrá, y de las decisiones que tomen los dirigentes de estas organizaciones.

(Crédito: Santiago Saferstein)

(Crédito: Santiago Saferstein)

-En tu libro planteas que Néstor Kirchner le abrió las puertas a la gestión estatal a los movimientos sociales a cambio de apoyo para su gobierno, ¿Percibís que Fernández plantea una estrategia similar al incluir a las organizaciones sociales dentro de un plan de gobierno?

-Es probable, Alberto Fernández ya está construyendo un marco de alianzas que incluye a parte importante de las organizaciones sociales. Fernández intentará hacerlo de la misma manera que lo hizo Kirchner pero con diferencias, no se trataba de una adhesión política al gobierno, pero también de la manera en que el gobierno de Cambiemos intentó hacerlo, tal vez por necesidad y no por deseo o por coincidencia política, pero las fluidas negociaciones que ha tenido Cambiemos con las organizaciones sociales también tuvieron que ver con garantizar la gobernabilidad porque hoy estos sectores expresan un poder político de calle que no se puede soslayar. El mundo de la economía popular junto con el movimiento de mujeres y de las disidencias sexuales son los más dinámicos, los que hoy pueden ganar la calle, plantear demandas, hacerlo con creatividad, y generar hechos políticos como ningún otro sector en nuestro país. El sindicalismo que tiene la estructura y la fuerza no lo hace como estos sectores. Es probable que Fernández, que es un político muy avezado en la gimnasia de la seducción y del diálogo tenga la cintura política para incorporar a estos movimientos a su próximo gobierno y tal vez con eso mermar la agenda del conflicto de calle.

Sin embargo, mucha gente dice “el 10 de diciembre, si gana el Frente de Todos, probablemente muchos de estos piqueteros vuelvan al gobierno”, probablemente eso ocurra. Lo que a mí me preocupa es que no tengamos un balance fidedigno de lo que ocurrió cuando esas organizaciones ya estuvieron en un gobierno. Eso ocurrió durante los 12 años kirchneristas; no es cierto que estas organizaciones sean solamente soldados y obedientes del presidente, muchas veces son díscolas y plantean demandas. Hoy en los territorios los movimientos le garantizan una maya de penetración al Estado que muchas veces efectiviza políticas públicas. La gente se queda en la mirada impresionista del corte de calle, lo que no observa porque no conoce es que día tras día si hay chicos que en el fondo de una barriada pueden tener su DNI por primera vez, y tal vez son adolescentes, si hay señoras que hoy pueden estar terminando la secundaria con 55, 60 años, a las cuales el Estado nunca les garantizo la educación, si hay personas que hoy tienen un plato de comida en esta situación tan difícil, en muchos casos es gracias a estas organizaciones. Esto no constituye a mi juicio una mirada romántica, quien lea Historia del Movimiento Evita no va a encontrar una mirada ni celebratoria, ni contemplativa, tampoco condenatoria a priori ni prejuiciosa, va a encontrar datos, investigación, análisis, datos concretos que muestran como las organizaciones tienen contradicciones, alcanzan objetivos, sufren reveses, pero durante gran parte de su vida diaria están garantizando derechos que debería garantizar el Estado, por eso muchas veces el Estado no tiene la legitimidad política y moral para contener algunas protestas. He estado en muchísimas negociaciones entre organizaciones y gobierno y los movimientos le ganaban el debate político a los funcionarios, decían: “Bueno, nosotros estamos haciendo en los sectores mas castigados de la sociedad lo que ustedes no están haciendo, cómo nos van a decir que abandonemos la calle porque queremos pizarrones para nuestras escuelas, un proyector para equipar con una sala audiovisual una escuela que nosotros pusimos donde el Estado no la puso”. Cuando las organizaciones le dicen esto a los funcionarios, te aseguro que los funcionarios agachan la cabeza.

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Jubilados vip: se fueron acorralados por denuncias y cobran todos sus beneficios

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Son por lo menos cinco en los últimos años. El más conocido fue Oyarbide, que se retiró antes de que prospere el juicio político.

Al renunciar, no perdieron sus privilegios. por Cecilia Devanna Jubilados VIP. Norberto Oyarbide, Carlos Rozanski, Jorge Ballestero, Jorge Ferro y Oscar Hergott.

FOTO: CEDOC NOTICIAS RELACIONADAS

El cambio de las jubilaciones de privilegio acelera una purga de jueces y fiscales Negociaciones contrarreloj: buscan acelerar la ley sobre jubilaciones de privilegio Qué se puede hacer con “la plata de los jubilados” De la polémica a la jubilación sin escalas. Son cinco, pero podrían ser muchos más.

Entre los magistrados que están jubilados en la actualidad, hay cinco nombres que, entre 2016 y 2018, dejaron sus despachos y pasaron a retiro con todos lineamientos previsionales que hoy son materia de discusión, cuando estaban a punto de ser encaminados a juicio político tras ser denunciados e investigados en el Consejo de la Magistratura.

El caso más conocido es el de Norberto Oyarbide, el hombre que ocupó el juzgado 5 de Comodoro Py desde los 90 y sobrevivió desde los escándalos de Spartacus hasta el de su lujoso anillo, pasando por los sobreseimientos exprés de los Kirchner o llamados para impedir allanamientos. En abril de 2016, acorralado por las denuncias en su contra, dio un paso al costado.

Presentó su renuncia, que el macrismo aceptó de inmediato, y pasó a un retiro con jubilación vip. La hubiera perdido si seguía en su cargo y se encaminaba a la destitución, previo juicio político al que ya seguro iba.

Retirándose por su propia voluntad, Oyarbide pudo seguir cobrando del Estado casi lo mismo que percibía cuando renunció. Porque, tal como aún sucede, un juez jubilado percibe el 82 por ciento de su sueldo, y a eso se suma que deja de tener descuentos jubilatorios.

Es decir que, en definitiva, desde entonces percibe cerca del 95% de lo que cobraba como salario. Otros que siguieron sus pasos fueron los camaristas Jorge Ferro y Jorge Ballestero, y los jueces Carlos Rozanski y Oscar Hergott. Todos ellos recibieron fuertes denuncias en el Consejo de la Magistratura donde, al igual que Oyarbide, comenzaron a ser investigados y se encaminaron a sendos juicios políticos. Cuando la situación se volvió casi la crónica de un final anunciado, a pesar de las dilaciones y los tiempos políticos de los que no está exento el Consejo, renunciaron.

En mayo de 2018, en medio de una fuerte avanzada del macrismo, escrachado en el country donde vivía y con una licencia por motivos de salud, el entonces camarista de la Sala I de la Cámara Federal Jorge Ballestero, presentó su renuncia. Jubilación en mano, que el propio macrismo decía no tener problema en apurar si era necesaria para que Ballestero dejara su lugar en la Cámara, “Pati”, dejó el Poder que había ocupado durante más de cuarenta años.

Lo perseguían los ruidos de la polémica tras la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa, de la que hasta el propio Mauricio Macri se había hecho eco. En la mira de Elisa Carrió, por posibles irregularidades en su declaración jurada, Ballestero se retiró con los beneficios de la jubilación como los de Oyarbide.

Es decir, se salvó de seguir siendo investigado y se garantizó su jubilación. Desde su retiro, además, Ballestero volvió a la actividad privada, por lo que sigue teniendo también otros ingresos.   Bonadio les negó la excarcelación a Cristóbal López y Fabián De Sousa

En esa lista además se inscribe Jorge Ferro, el ahora ex camarista de Mar del Plata, fue denunciado ante el Consejo por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas  (Protex) por una denuncia de protección a un importante prostíbulo de la ciudad atlántica. Pocos días ante de la dimisión de Ballestero, Ferro hizo lo propio. Tenía el beneficio de la jubilación otorgada desde 2009, por lo que pudo evitar el frente en su contra y gozar de su pensión desde el momento de su renuncia. En 2016, Rozanski, entonces presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, también presentó su renuncia.

Fue cuando estaba siendo investigado por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura por supuesto “maltrato laboral” contra el personal que tenía a cargo, tras una denuncia iniciada por el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato. Rozanski, sobre el que pesaban decenas de testimonios en su contra, también había denunciado a los integrantes de la Comisión y acusó a Piumato de “agravios, ataques y amenazas”.   Acorralado por el Consejo, Carlos Rozanski presentó la renuncia como juez

Otro que renunció días antes de ser suspendido en su cargo y enviado a juicio político fue Oscar Hergott, uno de los miembros del Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py.

Denunciado por sus pares, estaba acusado de acoso laboral y sexual a empleadas de su tribunal. Freiler, una rara avis. A diferencia de sus colegas, que renunciaron cuando estaban por ser encaminados a juicio político y evitaron así perder los beneficios de la jubilación, en noviembre de 2017 el entonces camarista Eduardo Freiler enfrentó su proceso.  Cercano al kirchnerismo, el nombre de Freiler encabezaba la lista de magistrados que el macrismo no quería en tribunales. Su destitución fue un objetivo y lo lograron.

De hecho, para llevarlo a juicio político se valieron de una jugada polémica que incluyó a la Corte Suprema de Justicia. Así lograron los votos para enviarlo a jury y finalmente consiguieron su destitución.

El tribunal estaba integrado por siete miembros y para llegar a la destitución se requerían cinco votos afirmativos: “No es un juez probo. Freiler no honra el cargo para el que fue nombrado”, manifestó el jurado. Desde entonces, Freiler se llamó a silencio. En la Justicia, consideran que “cayó con las botas puestas”.

Una rara avis.

 

Cecilia Devanna (Fuente www.perfil.com).

FUENTE : PERFIL

 

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En su segundo mes de gestión, la confianza en el gobierno de Alberto Fernández tuvo una caída del 2,3%

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El Índice de Confianza en el gobierno de Alberto Fernández fue de 2,27 en febrero

El Índice de Confianza en el gobierno de Alberto Fernández fue de 2,27 en febrero

El Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Di Tella registró en febrero un leve baja del 2,3% en relación al mes pasado. Con 2,27, la administración de Alberto Fernández se mantiene un 15% por encima del coeficiente obtenido por Mauricio Macri durante su último mes de gestión (1,97 en diciembre).

Según el informe elaborado por la Escuela de Gobierno de la universidad, la confianza fue mayor entre los hombre, entre las personas menores de 50 años, entre quienes viven en los partidos del GBA (en comparación con quienes residen en la CABA y el interior del país), entre quienes sólo tienen educación primaria, entre quienes dicen no haber sido (ellos o sus familias) víctima de delitos en los últimos 12 meses, y entre quienes creen que la situación económica del país dentro de un año será mejor que la actual.

Para los responsables del sondeo, la caída del 2,3% es “estadísticamente no significativa”. Sin embargo, los número del líder del Frente de Todos son comparativamente bajos cuando se los compara con el inicio de otras gestiones.

Mientras en el primer mes de Alberto Fernández el ICG fue de 2,32 puntos, en el de Néstor Kirchner y Mauricio Macri fue 3,14 (coincidentemente para ambos casos), y en los de Cristina Kirchner fue 2,37 y 2,75 para el primer y segundo gobierno, respectivamente.

Los datos del primer mes de gobierno

La primera medición del ICG para el gobierno de Alberto Fernández mostró una evolución positiva en cuatro de los cinco subíndices medidos respecto de la última del gobierno de Mauricio Macri. El que experimentó la mayor variación positiva fue “Preocupación por el interés general” (2,31 puntos, +45,7%), seguido por “Evaluación general del Gobierno” (2,12 puntos, +42,1%), “Capacidad para resolver problemas del país” (3,03 puntos, +35,1%), y “Eficiencia en la administración del gasto público” (1,82 puntos, +17,2%). El único subíndice con una variación negativa fue “Honestidad de los funcionarios” (2,34 puntos, -21,0%). “Durante el gobierno de Macri, en este último subíndice se registraron los valores más altos de la serie histórica del ICG”, destaca el informe.

Los valores del ICG de enero, de acuerdo con el estudio de la Universidad Di Tella, fueron “más altos entre los hombres (2,37 puntos, con una variación de 33,1% respecto a diciembre) que entre las mujeres (2,29 puntos, y una variación de 8,5%). Aunque la diferencia entre los grupos es pequeña, contrasta con la tendencia predominante durante el gobierno de Macri en que los valores del ICG eran mayores entre las mujeres”.

En cuanto a las edades, el ICG de enero para el gobierno de Alberto Fernández fue más alto en el grupo de 30 a 49 años (2,45 puntos, con un aumento de 32,4% respecto del mes anterior), seguido de cerca por el grupo de 18 a 29 años (2,37 puntos, y una variación de 40,2%). En el grupo de mayores de 50 años, el ICG fue de 2,24 puntos, con un crecimiento de apenas el 2,8%. El contraste es notorio con la tendencia del gobierno de Macri, en que el ICG era más alto para el grupo de mayores de 50 años.

Índice del primer mes de gobierno de Alberto Fernández
Índice del primer mes de gobierno de Alberto Fernández

Respecto de la zona geográfica, el valor más alto del ICG de enero se registró en el Gran Buenos Aires, donde el índice tomó un valor de 2,44 puntos, con una variación positiva de 29,8% respecto de diciembre. En segundo lugar, el ICG fue de 2,32 puntos en el interior del país, aumentando 17,2%, y el valor más bajo se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1,99 puntos), con una disminución de 9,2% respecto del mes anterior. Ello contrasta con la tendencia predominante en el gobierno de Mauricio Macri, en que los valores más altos se registraban en la CABA y los más bajos en el GBA.

Cuando se toma en cuenta el nivel de instrucción, el valor más alto se recogió en el grupo de quienes tienen únicamente educación primaria (2,80 puntos), aumentando 73,9% respecto de diciembre. Le sigue el grupo de quienes recibieron hasta educación secundaria (2,36 puntos), con una variación positiva de 22,3%. Finalmente se ubicó el grupo de quienes tienen educación terciaria y/o universitaria (2,19 puntos), con un aumento de 6,8%. Para los responsables del estudio, “nuevamente es claro el contraste con la tendencia durante el gobierno de Macri, en que la confianza era mayor a medida que aumentaba el nivel de instrucción”.

Al igual que durante el gobierno de Macri, el primer ICG del gobierno de Fernández es “sustancialmente mayor entre aquellos entrevistados que dicen no haber sido (ellos o sus familias) víctima de delitos en los últimos 12 meses (2,45 puntos, con un aumento de 14,0% respecto a diciembre), mientras que la confianza entre quienes dicen haber sufrido algún delito en ese período es de 1,91 puntos, aumentando 40,4%)”.

FUENTE : INFOBAE

FOTO TAPA : NEW YORK TIME

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Elisa Carrió acusó a Cristina Kirchner de preparar un golpe contra la Justicia y buscar erosionar al Presidente

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El bloque de la CC-ARI sostuvo que “estamos ante un claro golpe y un atropello al Poder Judicial para garantizar impunidad” Fuente: LA NACION – Crédito: Rodrigo Néspolo

La legisladora y líder de la Coalición Cívica (CC)-ARI, Elisa Carrió, junto al jefe del Bloque de la CC en Diputados, Maximiliano Ferraro, acusaron hoy a la vicepresidenta Cristina Kirchner de preparar un “golpe” contra el Poder Judicial y de buscar erosionar el poder del presidente Alberto Fernández. “Va por todo”, alertaron Carrió y Ferraro junto al resto de los legisladores de la CC en un comunicado.

El texto de la Coalición Cívica profundizó la reacción de la oposición frente a los diferentes avances del Gobierno sobre la justicia, como la presión por liberar a los detenidos por casos de corrupción, los cambios en el programa de protección de testigos y el proyecto para limitar las prisiones preventivas de los funcionarios.

El accionar de la vicepresidenta erosiona la figura institucional del Presidente para que quede lastimada en su autoridad

Comunicado de la CC-ARI

La Coalición Cívica acusó a la vicepresidenta de “ir por todo”, con el objetivo de “garantizar la impunidad” a través de un “claro golpe y un atropello al Poder Judicial”.

En el comunicado, la fuerza de Carrió señaló que la estrategia de “ir por todo” perjudica también al presidente Alberto Fernández y acusaron a Cristina Kirchner de erosionar la “figura institucional” del primer mandatario para “que quede lastimada en su autoridad”.

En el comunicado, la CC-ARI señaló que la estrategia de "ir por todo" perjudica también al presidente Alberto Fernández
En el comunicado, la CC-ARI señaló que la estrategia de “ir por todo” perjudica también al presidente Alberto Fernández Fuente: LA NACION – Crédito: Daniel Jayo

“Estamos ante un claro golpe y un atropello al Poder Judicial para garantizar la impunidad, lo que ratifica que Cristina Kirchner va por todo”, sostuvieron los diputados de la CC en un comunicado al cual tuvo acceso LA NACION. “Cuando se va por todo, se va incluso por el Presidente”, destacaron y luego explicaron: “El accionar de la vicepresidenta erosiona la figura institucional del Presidente para que quede lastimada en su autoridad”. Según los legisladores, esta actitud que denuncian “agrava y debilita las negociaciones” en “cuestiones fundamentales sobre el futuro de la Argentina”.

En línea con la preocupación que manifestaron ayer sus aliados de Pro en la primera reunión postelectoral sobre el modo en que entienden se contempla a la Justicia desde el oficialismo, los legisladores de la CC-ARI sostuvieron: “Hablan de presos políticos, en lugar de hacerlo acerca de los políticos presos por delitos de corrupción; de lawfare; de eliminar la prisión preventiva para los casos de corrupción; destruyen el programa de protección de testigos; intentan intervenir el Poder Judicial de Jujuy”.

Por último manifestaron que la CC-ARI “va a estar en el Congreso para denunciar el amedrentamiento a testigos protegidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” y que van a “advertir estos golpes ante los organismos internacionales que correspondan para que no gane la impunidad”.

FUENTE : LA NACION

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