El fiscal federal Franco Picardi acaba de recibir la noticia: quedó al frente, desde el Ministerio Público, de la investigación conocida como “Operativo Puf”, la causa bajo la órbita del juez Claudio Bonadio que se abrió por impulso de la diputada Elisa Carrió y la querella del fiscal Carlos Stornelli que acusaron a ex funcionarios kirchneristas de haber armado en Dolores la causa D’Alessio.

Según señalaron a Infobae fuentes judiciales, Picardi se convirtió así en el sexto fiscal que interviene en el expediente. Los otros cinco fiscales que fueron convocados a la causa se excusaron de intervenir o fueron recusados y prefirieron alejarse. Fueron Gerardo Pollicita, Alejandra Mangano, Jorge Di Lello, Carlos Rívolo y Eduardo Taiano. No es común que un expediente pase por tantas manos. Tampoco que otro fiscal, Stornelli, sea querellante.

La llamada causa “Operativo Puf”, que nació casi en paralelo a la investigación sobre el falso abogado Marcelo D’Alessio, busca esclarecer si hubo un complot de presos kirchneristas para derribar la causa de los cuadernos.

Las sospechas contra esos detenidos, entre los cuales estaba Roberto Baratta y Juan Pablo Shiavi, surgieron a través de transcripciones que llegaron de manera anónima, casi en forma paralela, al fiscal Stornelli y a la diputada Elisa Carrió. Stornelli hizo una denuncia y el caso cayó en manos del juez Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello. Las legisladoras aliadas a Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, radicaron la presentación que cayó en manos del juez Claudio Bonadio. En esta causa desfilaron cinco fiscales y ahora se definió a un sexto.

La denuncia se sustenta en interceptaciones telefónicas hechas por un juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, para conocer los diálogos en prisión del narcotraficante Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”, que está detenido en Ezeiza.

La difusión de las escuchas de los detenidos -algunas con sus familiares o sus abogados- generó una advertencia de la Corte Suprema de Justicia, que llamó a poner límites al uso de las interceptaciones telefónicas: instó a los jueces a disponer escuchas telefónicas solo “con criterio restrictivo” y de forma “fundada”, y exhortó a la Comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia a certificar que la AFI “no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las expresa específicamente solicitadas como requerimiento de asistencia por los magistrados judiciales”.

El caso

La causa se abrió en febrero de 2019, apenas se conoció que el juez Alejo Ramos Padilla estaba investigando al falso abogado Marcelo D’Alessio, denunciado por un empresario llamado Pedro Etchebest que lo había grabado y filmado, incluso en un encuentro con el fiscal Stornelli en Pinamar. Aunque la causa de Dolores nació como un intento de extorsión, el caso tomó otro ribete cuando por las escuchas supieron que D’Alessio estaba al tanto de que iban a allanarlo. Precisamente, en el procedimiento, se encontraron carpetas, equipos y credenciales que abrieron la hipótesis de una red de espionaje ilegal.

D’Alessio quedó preso junto a dos ex policías bonaerenses y un ex agente de la SIDE, en un expediente en donde hubo más procesados como el entonces fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone o el periodista Daniel Santoro. El fiscal Stornelli fue llamado a indagatoria por ocho hechos y declarado rebelde por no presentarse. La semana pasada anunció que se presentaría, cambió su defensa y la audiencia fue programa para el 29 de noviembre.

Stornelli cree que la investigación de Dolores fue un complot para atacar la causa de los cuadernos de la corrupción. Lo planteó primero en una denuncia por un sobre anónimo que había llegado a su fiscalía. El caso cayó en manos del juez Luis Rodriguez y el fiscal Jorge Di Lello.

Una denuncia similar fue presentada después por las diputadas Mariana Zuvic y Paula Olivetto. Y ampliada por Elisa Carrió. Allí se aportaron también transcripciones de esas escuchas, sin especificar cómo se había llegado a obtener ese material. El fiscal Stornelli se constituyó en querellante.

Por sorteo el expediente quedó en manos del juez Bonadio, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita. En el caso fueron denunciados los protagonistas de esos diálogos, como el ex subsecretario Roberto Baratta, el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y el ex representante en el Vaticano Eduardo Valdés. Pero luego se amplió a otros involucrados, como el juez Ramos Padilla y su padre. Entre los denunciados apareció el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.

Los fiscales que pasaron por el caso

En base a un tuit escrito por Tailhade tiempo atrás, en donde ponía una foto suya y lo cuestionaba, Pollicita decidió excusarse de intervenir. Pollicita es el titular a cargo de la fiscalía número 11. Por disposición de la Fiscalía General (por entonces en manos de Germán Moldes, quien renunció recientemente), el caso pasó a manos de la fiscal Alejandra Mangano, a cargo de la fiscalía 12.

La fiscal intervino en el expediente pero tiempo después decidió alejarse antes de que pudieran objetar su función porque su marido es Juan Rodríguez Ponte, quien está a cargo de la oficina de escuchas.

La causa pasó a entonces al fiscal 1: Jorge Di Lello. Pero a Di Lello lo recusó el fiscal Stornelli en su rol de querellante. Es que Stornelli aseguró que Di Lello habría prejuzgado al desestimar la investigación por la primera denuncia por Puf, la que había llegado por vía anónima a Stornelli En aquel momento, Di Lello sostuvo que no se encontraron elementos que permitieran avanzar “con imputaciones por accionar delictivo sobre persona alguna”. El juez Rodríguez desestimó el caso. Tras la recusación de Stornelli, Di Lello rechazó los argumentos de su colega, pero optó por retirarse.

El siguiente destinatario de la causa fue, entonces, el titular a cargo de la fiscalía 2: Carlos Rívolo. Pero Rívolo acompañó a Stornelli en la instrucción por las anotaciones del chofer Oscar Centeno y en escuchar el desfile de arrepentidos. Se excusó de intervenir.

La pelota fue entonces hacia el titular de la fiscalía 3 Eduardo Taiano. Aunque todos suponían que sería el receptor de la pesquisa, Taiano también resolvió dar un paso al costado. Habló de una relación de amistad con su colega del Ministerio Público.

El encargado de la fiscalía 4, siguiente en el orden de la lógica, es Stornelli. Por razones obvias, su fiscalía fue salteada. A cargo de la fiscalía 5 está Franco Picardi, el destinatario entonces de intervenir en esa causa que hasta ahora instruye Bonadio.

Valdés y Etchebest, en su rol de denunciados, habían recusado a Bonadio. Pero en agosto el juez de la Cámara FederalMartín Irurzun remarcó que “objetivamente no hay obstáculo que impida a un magistrado investigar si, en derredor de una causa que se encuentra bajo su dirección, se desarrollaron o están ejecutándose acciones tendientes a desviar, dificultar o de cualquier modo entorpecer su curso”. Sin embargo, le encomendó a Bonadio evaluar en el futuro “la procedencia de continuar interviniendo” en la investigación “en atención a que la hipótesis planteada en estos actuados, de corroborarse, lo sitúa entre los eventuales perjudicados por la maniobra”. “Es imposible pasar por alto el contexto dentro del cual se desarrolla esta investigación”, dijo Irurzun. En la causa de Dolores, no sólo está imputado Stornelli sino también Bonadio.

Por Patricia Blanco

20 de noviembre de 2019