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Freno a las facturas de luz y gas absurdas: el gobierno les puso límites

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Los entes de control de la luz y el gas reaccionaron rápido frente a las denuncias de sobrefacturación por consumos estimados por la cuarentena. Dictaron resoluciones para revertir la situación y están ampliando el alcance de la prohibición de corte de servicios por atrasos en los pagos.

 

Los entes de control de las distribuidoras de luz y gas demostraron esta semana un cambio de comportamiento fundamental respecto del desempeño que tuvieron los cuatro años que gobernó Cambiemos. El Enargas primero y el Enre después tomaron rápida intervención frente a las denuncias por sobrefacturación de servicios. Ambos organismos dictaron resoluciones para terminar con los abusos en la estimación de consumos, a partir de que se suspendió la lectura presencial de los medidores por la cuarentena, y permitir a los usuarios recuperar el dinero cobrado de más. Sus interventores, Federico Bernal y Federico Basualdo, respectivamente, respondieron a las quejas de los clientes por facturas que pasaron de un mes a otro de 1000 a 10.000 pesos en los casos más extremos. En esa línea de apertura a los reclamos de la ciudadanía, el Gobierno y los entes de control están ampliando el alcance del decreto que impide el corte de servicios públicos por falta de pago a un mayor número de usuarios de clase media.

PáginaI12 reveló la semana pasada que se estaba produciendo una avalancha de denuncias de clientes residenciales, del comercio y de la industria por boletas que empezaron a llegar de Edenor, Edesur, Metrogas y Litoral Gas, entre las más cuestionadas, por montos absurdos. La razón es que el Enargas y el Enre las autorizaron a estimar los consumos de cada usuario en base a sus registros históricos, debido a que el Gobierno resolvió no incluir a los trabajadores de las empresas eléctricas y de gas como prestadores de un servicio esencial. Lo hizo para resguardar su salud en el marco de la cuarentena, de modo que no tuvieran que salir a las calles a realizar la lectura habitual de los medidores. Esa prerrogativa está contemplada en el Reglamento del Servicio de Distribución para causas excepcionales, como ocurre en la actualidad. El problema es que en lugar de utilizarla con rigurosidad, en numerosos casos dio lugar a facturaciones exorbitantes, muy por encima de los registros reales de demanda de los clientes.

 

El primero en reaccionar fue el Enargas. Ya dictó dos resoluciones, la 25 y la 35, para resolver la situación. “Hemos detectado muchos casos con estimaciones que no guardan relación con el consumo real”, advirtió Bernal. “Adoptamos una medida que incluye el reintegro a los usuarios allí donde se haya producido la sobrefacturación”, agregó, en referencia a la primera de las medidas, por la cual se ordenó a las distribuidoras de gas habilitar “aplicaciones, entornos web y otras herramientas informáticas” para que los clientes puedan remitirles, bajo declaración jurada, la lectura correcta de los medidores.

Esta semana dio un paso más. En la resolución 35, el Enargas les fijó a las empresas reglas precisas de cómo deben hacer la estimación de consumo mientras siga suspendida la lectura de los medidores. “Las prestadoras deben utilizar el menor registro de consumo correspondiente al mismo período de los años 2017, 2018 y 2019”, señala. Es decir, en ningún caso las facturas podrán contemplar consumos superiores a aquellos años. Pero, además, deberán utilizar el de menor demanda. 2017 fue un año con temperaturas más altas, por lo que seguramente resultó el de consumo más bajo para la mayoría de los clientes, y ese parámetro es el que tendrán que aplicar las empresas en este momento.

La resolución 35 también amplia la posibilidad de remitir a las distribuidoras de gas una foto con la lectura correcta del medidor para reclamar el reintegro de lo facturado de más a los clientes residenciales. En principio, la resolución 25 lo limitaba a los no residenciales, comercios e industrias, que son quienes más reclamos habían formulado.

“Notamos una apertura de los entes por escuchar a los usuarios que antes categóricamente no existía. Convocan a las comisiones de usuarios, a las asociaciones de consumidores, a los clubes de barrio, a las fábricas recuperadas. Hay una amplitud que hace mucho no veíamos. Los organismos podrían haber utilizado la cuarentena como excusa para posponer encuentros con estos sectores, pero en lugar de eso, nos convocan más que nunca”, valora Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, una de las entidades que trabaja activamente dentro de los entes. “En la etapa anterior tuvimos que cuestionar judicialmente los concursos del Enre y el Enargas para designación de autoridades porque establecían un favoritismo expreso por los ejecutivos de las empresas eléctricas y las petroleras. Los postulantes de esos sectores tenían de entrada un mejor puntaje para acceder a un lugar en el directorio, mientras se discriminaba a las entidades de consumidores y demás actores de la sociedad civil, que son los más interesados en controlar a las empresas”, explica. Esos concursos están frenados y por eso el actual Gobierno nombró a Bernal y Basualdo como interventores, hasta que se resuelva una nueva convocatoria para designar a los integrantes estables de los entes de control.

Andrea Manzi, de la Red de Multisectoriales, hace la misma evaluación sobre el cambio de funcionamiento en los organismos de control. “Vemos que los entes están en una actitud de salir a la calle, retomar el contacto con los usuarios. Es importante que avancen en una descentralización de delegaciones para que estén presentes en toda el área de concesión. Si no para la gente es muy difícil hacer los reclamos. Están en un buen punto de partida y es necesario que sigan adelante”, plantea. La organización que encabeza fue una de las que lideró los reclamos por la sobrefacturación de luz y gas.

En las videoconferencias de esta semana con las comisiones de usuarios que funcionan dentro de los organismos, el Enargas y el Enre señalaron que están autorizando a clientes de gas y luz que en principio no estaban amparados por el decreto del Gobierno que impide la interrupción de servicios por falta de pago a acceder a esa posibilidad. Los entes están abiertos a recibir las solicitudes a través de sus páginas de internet y sus cuentas de mail. Los clientes con ingresos superiores a dos salarios mínimos –que en la norma oficial es el límite para acceder al beneficio- pueden justificar su situación económica y solicitar que no le corten la luz y el gas por falta de pago, por un lapso de 180 días.

En relación a las denuncias de sobrefacturación de consumos, el Enre indicó que analizará “oportunamente” los reclamos de los usuarios. “Se dispuso que las eventuales diferencias que surjan entre las lecturas reales y lo que se haya facturado a los usuarios y usuarias serán evaluadas oportunamente y se establecerán los procedimientos para su tratamiento, ponderando los derechos” de cada parte. También instruyó a Edenor y Edesur a que “refuercen los canales de atención y comunicación para que los clientes puedan impugnar sus facturas en los casos donde se detecte un desvío entre el consumo real y el estimado por la distribuidora”. La medida es menos contundente que la del Enargas y no termina de resolver la cuestión, pero reconoce la existencia de “desvíos de facturación” y promete entregar las soluciones efectivas más adelante, en un análisis caso por caso.

En los casi treinta años de existencia de los entes de control de la luz y el gas, a partir de las privatizaciones de los ’90, su funcionamiento resultó claramente defectuoso en la mayoría de esos años. Las empresas cometieron todo tipo de abusos, sin que los clientes encontraran quién los defienda de manera real. Los últimos cuatro años fueron de los peores, según coinciden los responsables de entidades de consumidores. En un momento tan delicado como el actual, es saludable que hayan empezado a mostrar otra actitud.

 

FUENTE PAGINA 12

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Economia

El Gobierno rescindirá contratos para hacer rutas de la gestión de Macri

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En el ministerio de Katopodis consideran que el modelo es inviable en el contexto económico actual 

Fueron la gran promesa de la obra pública durante la gestión de Cambiemos, pero tras casi dos años sin que se produzcan avances significativos en ninguno de los seis grandes corredores viales licitados y adjudicados mediante el sistema de Participación Público Privada (PPP), el Gobierno Nacional decidió cerrar ese capítulo. Según confirmaron a LA NACION fuentes del ministerio de Obras Públicas, se buscará avanzar en la rescisión de los contratos, lo que disparará una ardua negociación por los US$567 millones depositados en concepto de garantías al momento de la adjudicación, que las empresas buscarán recuperar.

El pasado 27 de mayo, la cartera de Obras Públicas envió intimaciones a las compañías que integran los seis consorcios adjudicatarios para que cumplan con el incremento de las garantías acordado en la adenda firmada en julio 2019, que amplió los plazos para la ejecución de los distintas etapas de las obras. “Se le requiere la subsanación del incumplimiento dentro de un plazo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de extinción del contrato PPP por culpa del contratista PPP”, dice la intimación enviada.

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Según explicaron fuentes del ministerio que conduce Gabriel Katopodis, el sentido de esa intimación es, más allá de su letra explícita, sentar las empresas a “negociar definitivamente la desactivación de esa bomba”. “La decisión del Gobierno Nacional es rescindir los contratos. El tema es cómo”, apuntaron.

“En nuestro gobierno la obra pública es el motor de la reactivación industrial y una herramienta del Estado para mejorar la vida real de los argentinos. No cumplieron con las obras y endeudaron al país, eso no lo vamos a permitir”, dijo, consultado por este medio sobre el tema el ministro Katopodis.

"No cumplieron con las obras y endeudaron al país, eso no lo vamos a permitir", dijo Katopodis
“No cumplieron con las obras y endeudaron al país, eso no lo vamos a permitir”, dijo Katopodis Fuente: LA NACION – Crédito: Silvana Colombo

Para el Gobierno el sistema de PPP, cuyo sentido es que las empresas consigan el financiamiento para hacer las obras, es impracticable en el contexto actual y ya lo era en el momento en que se cerraron los contratos, en julio de 2018. “En el momento en que se lanza ya todo el mundo sabía lo que estaba pasando en la economía argentina y la restricción de financiamiento externo que teníamos”, apuntan.

En el Gobierno lo señalan como un plan “excesivamente ambicioso y costoso”. Según datos oficiales, las obras licitadas bajo este sistema involucran un monto total de US$10.000 millones, de los cuales el 60% constituye el costo “puro” de las obras y el 40% restante, U$S400 millones, es el costo financiero.

Los resultados obtenidos, alegan, también son casi nulos. En términos globales la ejecución física del Plan de Obras Principales no supera el 2% y los proyectos más avanzados rondan el 4%. Según un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), dentro del Programa Rutas Seguras -que enmarca a los proyectos de PPP- “se ejecutaron solamente 6 de los 4000 kilómetros planificados, es decir, un 0,15% del total anunciado”.

En el ministerio de Katopodis aseguran que “no hay ninguna animosidad contra las empresas”, sino que heredaron una situación que deben resolver de alguna forma. Aseguran que no quieren generar conflictos con las casas matrices de las empresas internacionales involucradas ni con los jugadores de la obra pública, que son pocos y no solo tienen otros contratos activos con el ministerio, sino que son los que podrían ejecutar los proyectos por venir. “No hay otras empresas; son estas”, resumen.

Los seis proyectos adjudicados bajo el modelo de PPP
Los seis proyectos adjudicados bajo el modelo de PPP

Las empresas que integran los seis consorcios adjudicatorios de los proyectos de PPP son Paolini Hnos, Vial Agro y la empresa italiana INC SpA por un lado; China Construction America y Green SA por el otro; José Cartellone Construcciones Civiles, grupo Helport (del grupo empresario de Eduardo Eurnekian), Panedile, Copasa (España) y Eleprint (del expresidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss) en el caso de las “E” y “F” y Rovella Carranza y JCR Mota-Engil Latin American (Portugal).

Las empresas que integran los consorcios ya están al tanto de la decisión del Gobierno, aunque todavía no hubo una reunión formal luego del envío de las intimaciones. Habrá, por delante, una negociación dura sobre qué pasará con las garantías, que representan un monto total de US$567 millones.

Las empresas pujarán por que les sean devueltas, alegando que no son responsables de la parálisis de la economía argentina. Incluso, anticipándose a la situación, algunas empresas ya accionaron judicialmente para intentar reemplazar esas garantías por cauciones en pesos. Es de esperar que el Gobierno, por el contrario, busque ejecutarlas. “El Estado va a defender el patrimonio de los argentinos a como dé lugar. No estaría haciendo bien las cosas si pierde plata”, se limitan a decir.

La negociación por delante se prevé árida y en Obras Públicas prefieren no adelantar su estrategia. “Esto es, salvando las distancias, similar a lo que pasa en la negociación entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los acreedores de la deuda. Hay cierto secretismo y no está mal, porque es un juego y hay que ver cómo responde el otro”, dicen, y señalan que además de personal de ese ministerio, tomarán parte en la negociación la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro.

Fuente FOTOS: Archivo
FUENTE : DIARIO LA ANCION

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Economia

CUIDADO: ESTA VEZ EL RELATO PUEDE EMPUJAR UNA DEBACLE

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Lo ocurrido en las últimas horas con la cuestión de la deuda externa prende señales de peligro sobre una vieja costumbre del oficialismo en el gobierno: ¿también es relato el avance de las negociaciones?.

El gobierno argentino resolvió un día que no iba a pagar un vencimiento de U$S 503 millones pero que igualmente no iba a entrar en default. «Vamos a ampliar el plazo de las negociaciones» afirmaron en la Casa Rosada, como si esa fuese una decisión unilateral que un deudor puede tomar ante sus acreedores.

«No estamos en default» insistieron, «a lo sumo en un default técnico» afirmaron, inventando un neologismo que resulta imposible encontrar en cualquier libro de finanzas o en la letra, grande o chica, de un contrato. Pero la jugada pareció en un principio dar buenos resultados…

Las afirmaciones argentinas en el sentido de pretender ofrecer una alternativa a sus acreedores, siempre dentro del espíritu de querer llegar a un acuerdo posible de pagar, ofició como un bálsamo en los mercados: subieron los ADR, cayó el riesgo país y el dólar blue cedió cerca de un 10% de su máxima cotización. El país del eterno incumplimiento había resuelto mantener los pies dentro del plato y ello era digno de un voto de confianza…

Pero el espejismo duró lo que un rayo en medio de una tormenta; cuando los principales grupos tenedores de bono consultaron a la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), quien determinó que la Argentina entró en default y activó el pago de seguros por alrededor de 1.500 millones de dólares.

De acuerdo a un contundente fallo unánime con 14 votos a favor, el comité aseguró que en el país ocurrió un «evento de crédito» el 22 de mayo cuando finalizó el período de gracia de un mes por no haber afrontado el vencimiento del que hablábamos más arriba.

Si bien este fallo le otorga a algunos fondos la opción de activar la cláusula de aceleración que les permite exigir el pago de todo lo adeudado de forma inmediata, se espera que eso no sucederá y en cambio  el propio riesgo de una default generalizado podría facilitar un acuerdo con Argentina.

Pero para ello deberán darse dos condiciones de las que sería bueno que el gobierno tomase nota: acelerar los términos de la negociación, para evitar que los fondos más duros exijan que se declare al país en cesación de pagos, y mejorar sustancialmente la primera oferta hecha llegar a los bonistas. Ambas cuestiones parecen escapar hoy de las posibilidades ciertas de la administración y ya comienzan a sonar alarmas en torno a la estrategia elegida por Martín Guzman para encarar una cuestión en la que a cada paso se pierde la iniciativa.

No son pocos los analistas y también algunos miembros del gabinete presidencial que sostienen que el ministro juega todas sus cartas al apoyo del FMI y del gobierno de Donald Trump y comienzan a creer que la única intención del organismo es la de asegurarse su propia acreencia dejando a los fondos privados librados a su suerte. Lo que a la larga repetiría el escenario ya vivido en tiempos de Néstor Kirchner: el Fondo y el Club de París cobraron hasta el último peso y Argentina quedó desfinanciada y aislada internacionalmente por las acciones de los bonistas y los fallos del juez Griessa.

Muchos ven en el horizonte un futuro no muy diferente a ese pasado sugestivamente cercano

Cuidado entonces con enamorarnos del relato. El margen no existe y la memoria de los centros financieros internacionales no juega a favor de la Argentina.

Ninguna de las variantes económicas permiten construir con optimismo el futuro. A nivel interno una gran inflación, la caída vertical de la actividad, el complicado panorama social, los efectos de una emisión desmadrada -más allá de los motivos por los que haya sido elegida como red de contención durante la crisis sanitaria- la falta de inversión y la escasez de crédito, presagian una salida complicada, dolorosa y que va a requerir un equilibrio que no tiene forma de dejar a todos contentos.

El frente externo no aparece más diáfano: cualquiera sea el final de la negociación por la deuda Argentina quedará fuera del mercado de capitales por al menos un lustro. A ello debe agregarse este presente de precios deprimidos de los commodities, en su nivel más bajo en décadas, y una disminución fuerte de los negocios internacionales. Ni que hablar de las chances de que el país reciba inversiones genuinas que ayuden a su recomposición, como paso inicial a un eventual desarrollo.

Insistir por camino que ya se han intentado es tan irresponsable como de corto vuelo. Echar mano a la épica nacionalista puede mantenernos con el pecho hinchado algunos pocos meses pero en menor tiempo aún vaciará las panzas tocando, como sostuvo el fundador del movimiento que hoy gobierna, la víscera más sensible de los argentinos. Esa que se ha llevado puesto a más de un gobierno, del color político que fuese,  que creyó que con el relato era suficiente.

Ojalá repitamos con Aristóteles aquello de «la única verdad es la realidad» y actuemos en consecuencia. Esta vez no hay colorín, colorado…

 

FOTO TASPA : IPROFESIONAL

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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Bonos en dólares cedieron hasta 5,6% a la espera de avances en negociación del canje

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Los títulos en moneda dura retrocedieron luego de tres jornadas con subas, mientras se mantuvo la expectativa con respecto al acuerdo por canje de deuda. El riesgo país avanza un 2,6%. ADRs cerraron mixtos, y el S&P Merval perdió 2,2%.
Tras anotar importantes subas en las últimas tres jornadas, los bonos y las acciones revirtieron ímpetu alcista y cayeron este martes, en un contexto expectante a señales sobre avances en la reestructuración de la deuda soberana, con negociaciones que se podrían extender más allá de este viernes si no se alcanza un acuerdo.

Coincidiendo con el epílogo de la jornada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo una videoconferencia con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina -AMCHAM- que Argentina podría extender el período de negociación con sus acreedores que vencía el 22 de mayo en momentos en que el país continúa con un “diálogo constructivo”.

Con esa novedad, los bonos soberanos profundizaron sus bajas, y terminaron con retrocesos de hasta el 5,6%, por lo que el riesgo país de Argentina, medido por el banco JP.Morgan , subía 67 unidades a 2.757 puntos básicos.

Los acreedores de la Argentina hicieron contraofertas a fines de la semana pasada después de rechazar una propuesta inicial del Gobierno que implicaba una suspensión de pagos de tres años, un recorte del 62% en los pagos de cupones y vencimientos hasta 2030 e incluso después.

“Será muy difícil cerrarlo esta semana (el acuerdo), por eso hay una alta probabilidad de un default técnico. Aunque en principio esto no generaría una situación dramática, ya que la deuda no se aceleraría y las negociaciones continuarían los siguientes días”, estimaron desde una sociedad de bolsa.

“Se habla de una prórroga de diez días para acercarse a un VPN (Valor Presente Neto) del 50/55%”, dijo otro agente.

El Gobierno insiste en que cualquier acuerdo debe cumplir con su propio análisis de lo que sería sostenible para la economía, que atraviesa una severa crisis, como también el del Fondo Monetario Internacional (FMI), el principal prestamista del país.

“Las contrapropuestas representan un progreso. Pero las dos partes permanecen a metros, no centímetros, de lo que podría funcionar”, dijo a Reuters una fuente familiarizada con las conversaciones del Gobierno con los acreedores, que pidió no ser identificada. “Si tomas su oferta al pie de la letra, no solo está más allá de lo que el Gobierno consideraría aceptable, sino que también está más allá de lo que funcionaría en un marco del FMI”, añadió.

Las contraofertas de los principales grupos de acreedores exigen un período de gracia más corto -de un año- para los pagos y tasas de interés en promedio más altas que la propuesta inicial del Gobierno.

Las conversaciones pueden continuar más allá de la fecha límite del viernes, ya que el Gobierno busca calmar la crisis de la deuda para revivir la economía, más afectada aún por la pandemia del coronavirus.

La oferta de reestructuración del Gobierno representa alrededor de 40 centavos por dólar y las contraofertas fueron de poco menos de 60 centavos por dólar.

Los bonos argentinos ya se cotizan a niveles muy bajos, principalmente entre 30 y 35 centavos por dólar, después de una fuerte caída el año pasado, cuando aumentaron los temores sobre un posible incumplimiento soberano, que sería el noveno del país.

“Las discusiones están en curso. Los próximos días serán cruciales”, dijo la fuente. Recordemos que el viernes finaliza el período de gracia para pagar intereses de bonos en moneda extranjera que vencieron el 22 de abril.

S&P Merval y ADRs

En la plaza bursátil, el índice S&P Merval cayó un 2,2%, a 39.388,72 puntos, en línea con la trayectoria declinante de los mercados externos.

En Wall Street, en tanto, los papeles de empresas argentinas cerraron sin una tendencia definida. Las subas fueron lideradas por las acciones de Loma Negra (+9,6%), una de las preferidas por los inversores en las últimas jornada, tal como lo muestra su creciente volumen operado. Por el contrario, las bajas fueron encabezadas por los activos de Tenaris (-9,4%).

FUENTE : AMBITO

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