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Economia

Freno a las facturas de luz y gas absurdas: el gobierno les puso límites

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Los entes de control de la luz y el gas reaccionaron rápido frente a las denuncias de sobrefacturación por consumos estimados por la cuarentena. Dictaron resoluciones para revertir la situación y están ampliando el alcance de la prohibición de corte de servicios por atrasos en los pagos.

 

Los entes de control de las distribuidoras de luz y gas demostraron esta semana un cambio de comportamiento fundamental respecto del desempeño que tuvieron los cuatro años que gobernó Cambiemos. El Enargas primero y el Enre después tomaron rápida intervención frente a las denuncias por sobrefacturación de servicios. Ambos organismos dictaron resoluciones para terminar con los abusos en la estimación de consumos, a partir de que se suspendió la lectura presencial de los medidores por la cuarentena, y permitir a los usuarios recuperar el dinero cobrado de más. Sus interventores, Federico Bernal y Federico Basualdo, respectivamente, respondieron a las quejas de los clientes por facturas que pasaron de un mes a otro de 1000 a 10.000 pesos en los casos más extremos. En esa línea de apertura a los reclamos de la ciudadanía, el Gobierno y los entes de control están ampliando el alcance del decreto que impide el corte de servicios públicos por falta de pago a un mayor número de usuarios de clase media.

PáginaI12 reveló la semana pasada que se estaba produciendo una avalancha de denuncias de clientes residenciales, del comercio y de la industria por boletas que empezaron a llegar de Edenor, Edesur, Metrogas y Litoral Gas, entre las más cuestionadas, por montos absurdos. La razón es que el Enargas y el Enre las autorizaron a estimar los consumos de cada usuario en base a sus registros históricos, debido a que el Gobierno resolvió no incluir a los trabajadores de las empresas eléctricas y de gas como prestadores de un servicio esencial. Lo hizo para resguardar su salud en el marco de la cuarentena, de modo que no tuvieran que salir a las calles a realizar la lectura habitual de los medidores. Esa prerrogativa está contemplada en el Reglamento del Servicio de Distribución para causas excepcionales, como ocurre en la actualidad. El problema es que en lugar de utilizarla con rigurosidad, en numerosos casos dio lugar a facturaciones exorbitantes, muy por encima de los registros reales de demanda de los clientes.

 

El primero en reaccionar fue el Enargas. Ya dictó dos resoluciones, la 25 y la 35, para resolver la situación. “Hemos detectado muchos casos con estimaciones que no guardan relación con el consumo real”, advirtió Bernal. “Adoptamos una medida que incluye el reintegro a los usuarios allí donde se haya producido la sobrefacturación”, agregó, en referencia a la primera de las medidas, por la cual se ordenó a las distribuidoras de gas habilitar “aplicaciones, entornos web y otras herramientas informáticas” para que los clientes puedan remitirles, bajo declaración jurada, la lectura correcta de los medidores.

Esta semana dio un paso más. En la resolución 35, el Enargas les fijó a las empresas reglas precisas de cómo deben hacer la estimación de consumo mientras siga suspendida la lectura de los medidores. “Las prestadoras deben utilizar el menor registro de consumo correspondiente al mismo período de los años 2017, 2018 y 2019”, señala. Es decir, en ningún caso las facturas podrán contemplar consumos superiores a aquellos años. Pero, además, deberán utilizar el de menor demanda. 2017 fue un año con temperaturas más altas, por lo que seguramente resultó el de consumo más bajo para la mayoría de los clientes, y ese parámetro es el que tendrán que aplicar las empresas en este momento.

La resolución 35 también amplia la posibilidad de remitir a las distribuidoras de gas una foto con la lectura correcta del medidor para reclamar el reintegro de lo facturado de más a los clientes residenciales. En principio, la resolución 25 lo limitaba a los no residenciales, comercios e industrias, que son quienes más reclamos habían formulado.

“Notamos una apertura de los entes por escuchar a los usuarios que antes categóricamente no existía. Convocan a las comisiones de usuarios, a las asociaciones de consumidores, a los clubes de barrio, a las fábricas recuperadas. Hay una amplitud que hace mucho no veíamos. Los organismos podrían haber utilizado la cuarentena como excusa para posponer encuentros con estos sectores, pero en lugar de eso, nos convocan más que nunca”, valora Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, una de las entidades que trabaja activamente dentro de los entes. “En la etapa anterior tuvimos que cuestionar judicialmente los concursos del Enre y el Enargas para designación de autoridades porque establecían un favoritismo expreso por los ejecutivos de las empresas eléctricas y las petroleras. Los postulantes de esos sectores tenían de entrada un mejor puntaje para acceder a un lugar en el directorio, mientras se discriminaba a las entidades de consumidores y demás actores de la sociedad civil, que son los más interesados en controlar a las empresas”, explica. Esos concursos están frenados y por eso el actual Gobierno nombró a Bernal y Basualdo como interventores, hasta que se resuelva una nueva convocatoria para designar a los integrantes estables de los entes de control.

Andrea Manzi, de la Red de Multisectoriales, hace la misma evaluación sobre el cambio de funcionamiento en los organismos de control. “Vemos que los entes están en una actitud de salir a la calle, retomar el contacto con los usuarios. Es importante que avancen en una descentralización de delegaciones para que estén presentes en toda el área de concesión. Si no para la gente es muy difícil hacer los reclamos. Están en un buen punto de partida y es necesario que sigan adelante”, plantea. La organización que encabeza fue una de las que lideró los reclamos por la sobrefacturación de luz y gas.

En las videoconferencias de esta semana con las comisiones de usuarios que funcionan dentro de los organismos, el Enargas y el Enre señalaron que están autorizando a clientes de gas y luz que en principio no estaban amparados por el decreto del Gobierno que impide la interrupción de servicios por falta de pago a acceder a esa posibilidad. Los entes están abiertos a recibir las solicitudes a través de sus páginas de internet y sus cuentas de mail. Los clientes con ingresos superiores a dos salarios mínimos –que en la norma oficial es el límite para acceder al beneficio- pueden justificar su situación económica y solicitar que no le corten la luz y el gas por falta de pago, por un lapso de 180 días.

En relación a las denuncias de sobrefacturación de consumos, el Enre indicó que analizará “oportunamente” los reclamos de los usuarios. “Se dispuso que las eventuales diferencias que surjan entre las lecturas reales y lo que se haya facturado a los usuarios y usuarias serán evaluadas oportunamente y se establecerán los procedimientos para su tratamiento, ponderando los derechos” de cada parte. También instruyó a Edenor y Edesur a que “refuercen los canales de atención y comunicación para que los clientes puedan impugnar sus facturas en los casos donde se detecte un desvío entre el consumo real y el estimado por la distribuidora”. La medida es menos contundente que la del Enargas y no termina de resolver la cuestión, pero reconoce la existencia de “desvíos de facturación” y promete entregar las soluciones efectivas más adelante, en un análisis caso por caso.

En los casi treinta años de existencia de los entes de control de la luz y el gas, a partir de las privatizaciones de los ’90, su funcionamiento resultó claramente defectuoso en la mayoría de esos años. Las empresas cometieron todo tipo de abusos, sin que los clientes encontraran quién los defienda de manera real. Los últimos cuatro años fueron de los peores, según coinciden los responsables de entidades de consumidores. En un momento tan delicado como el actual, es saludable que hayan empezado a mostrar otra actitud.

 

FUENTE PAGINA 12

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Economia

Inflación y precios: las empresas ya validan un dólar de 450 pesos para sus productos importados

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No hay empresario ni ejecutivo de primera línea, de esos que se sientan en contadas sillas, que no tenga diálogo constante y frecuente con Sergio Massa. Escuchan de primera mano las intenciones y los pedidos del ministro de Economía. Claro que esas intenciones suelen no ser más que eso cuando de la teoría pasan al terreno de la praxis.

Pero hay algunas que sí son operativas y que dependen de su decisión o de la de los que trabajan directamente con ellos. Una de ellas es simple: las góndolas no pueden estar vacías hasta fin de año. “No quiero ver las chapas”, le escuchó decir a Massa un interlocutor.

Se refería, metafóricamente, a los estantes donde se colocan los productos a la venta. Ese pedido simple para un país que circule por el andarivel de la normalidad esconde, para la Argentina, toda una definición. Sucede que, para seguir con la ilustración del ministro, las góndolas llenas implican un alto costo, ya que importar productos o insumos implica un desembolso que se mide en dólares, pero se recauda en pesos. “El precio no importa, no pueden faltar productos”, cerró la charla el funcionario, según testigos.

Por estos días, con los precios de los alimentos desatados, la gran mayoría de los actores del sector ubican esa explicación en dos razones. La primera, el rotundo fracaso de Precios Justos; la segunda, las expectativas de un dólar mucho más alto. Esto genera una consecuencia letal para la inflación: gran parte de los productos que hoy se venden tiene un componente de precio que valida un dólar de alrededor de 450 pesos.

De aquella definición se salta a la microeconomía, una de las áreas que menos miran los funcionarios y los líderes de la oposición. Aquellos interlocutores se dieron vuelta para poder operar esa directiva. Los actores del consumo tienen un problema nada menor: recaudan en pesos y pagan en dólares. Está bien que a dólar oficial. Ahora bien, ¿a qué valor de dólar oficial? Y ahí está el punto central del asunto, ya que las licencias para importar se aprueban a 270 días, aproximadamente. Esto significa que alguien que está autorizado a comprar productos en el exterior tendrá que desembolsar los dólares entre diciembre de este año y enero de 2024.

Y entonces, la pregunta: ¿a qué precio? Liberados en esto de tener que llenar góndolas a cualquier precio, la cobertura se hace en mercados de futuros. Dicho esto, por ejemplo, quien tenga pesos en su cartera y una licencia para importar para diciembre y recurra al Rofex, el principal mercado de futuros de la Argentina, validará un precio para el último día del año, cuando se ejecuta el contrato de cambio, de 415 pesos. Para el que deba hacer su pago en enero próximo, deberá pensar en una divisa de 445 pesos y los desafortunados de febrero, podrán fijar precios con una moneda estadounidense que el mercado cree que estará en 475 pesos.

De vuelta a las góndolas, a los precios y a la inflación, pues lo que sucede en la microeconomía es que ese dólar de más de 400 pesos que esperan los que compran y los que venden ya se traslada al precio de hoy de un producto por una simple razón: el precio de reposición que se calcula está relacionado con aquella importación con la que logrará reponer el stock.

La secuencia de semejante descalabro, sofisticado y financiero, finalmente llega a los consumidores: los precios de miles de productos. De hecho, no es ninguna casualidad que los índices de inflación de los alimentos hayan mostrado sus niveles más altos fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el índice nacional mostró un aumento de 9,8%, en el Noroeste y en el Noreste fue de 10,6%, y en el Gran Buenos Aires, de 10,2%. La explicación está en estas conductas de miles de empresarios, medianos, pymes y grandes, que descuentan el valor de reposición de sus ventas de hoy mediante un precio más alto.

En la Argentina hay alrededor de 280.000 bocas de expendio de alimentos, bebidas y productos de limpieza. De ese número, los grandes supermercados suman 70.000. El resto, 210.000, se reparten entre negocios medianos y pequeños comercios. Nadie controla los precios ahí. De hecho, ya son muchos los empresarios pymes de la alimentación que prefieren no vender a los supermercados. Es decir, pasar por góndolas más resistentes a los inconducentes acuerdos de precios del secretario de Comercio, Marías Tombolini. De hecho, la gran mayoría de los que tienen a estos funcionarios de interlocutores refieren que ponen mucha más atención a las licencias de importación que a los precios en las góndolas. Dicen, le es más redituable en términos políticos políticos y económicos. Nadie sabe si esa aseveración se refiere a la macroeconomía o a la microeconomía propia.

Mientras tanto, la Argentina está a 250 días de un cambio de Gobierno. Poco se habla, o nada, mejor dicho, pero el 11 de diciembre, cuando un nuevo presidente pise Balcarce 50, lo esperará una enorme deuda invisible. Se trata de la deuda comercial de importaciones que se autorizaron en la gestión actual y que se deberán pagar entonces.

Nadie se atreve a decir cuánto será ese número, pero los que lo miran con atención reconocen que hoy ya suma 11.000 millones de dólares. Se habla de que quedará entre alrededor de 22.000 y 24.000 millones de dólares. Es una anécdota el número final. Pero será una deuda que la Argentina tiene con los proveedores privados de todo el globo. Y eso, no se puede defaultear.

 

Diego Cabot para La Nacion

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Cultura

Mar del Plata será sede del evento de turismo de reuniones más importante de Latinoamérica

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Mar del Plata será en septiembre la sede de la Icca Latin American & the Caribbean Summitt, el evento de turismo de reuniones más importante de Latinoamérica, y se posiciona como ciudad líder del turismo de congresos y reuniones en Argentina a nivel nacional e internacional.

La novedad fue dada a conocer este martes por la tarde por el Ente Municipal de Turismo (EMTur), que trabajó en la candidatura a través de un Libro de Postulación (Bidding Book). “La Feliz” fue la única ciudad argentina que se presentó y logró imponerse ante otras propuestas que hicieron Santiago (Chile) y Río de Janeiro (Brasil).

El ICCA Latin American & the Caribbean Summitt es considerado uno de los eventos más demandados de la región latinoamericana respecto al segmento MICE, que incluye reuniones de negocios; viajes de motivación, tanto de negocios como de ocio; conferencias científicas y prácticas; seminarios de capacitación y eventos corporativos.

 

Bernardo Martín, el titular del Ente de Turismo, con representantes de la  ICCA Latin América & Caribbean Summitt.

Bernardo Martín, el titular del Ente de Turismo, con representantes de la  ICCA Latin América & Caribbean Summitt.

 

“Es el evento regional más importante de Icca, que representa a los proveedores más notables y líderes mundiales en el manejo, transporte y alojamiento de reuniones internacionales de Icca que está integrada por más de 1.100 empresas y organizaciones de casi 100 países en todo el mundo”, afirmaron en el Ente de Turismo que conduce Bernardo Martín.

Empresarios del sector consultados por 0223 se manifestaron en la misma sintonía y destacaron que es la primera vez que se hace este evento en Argentina: “Esto es realmente importante para el turismo de reuniones y posiciona a Mar del Plata dentro de toda América”.

La cumbre se llevará a cabo entre el 4 y el 7 de septiembre de este año. Entre el 29 y el 31 de marzo, el EMTur recibirá a miembros directivos de ICCA Región Latinoamérica que realizarán una visita de inspección a la ciudad, en la que recorrerán hoteles, salones, espacios recreativos, culturales, venues exteriores, sitios icónicos de la ciudad, establecimientos gastronómicos, entre otros.

El comunicado de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (Icca)

 

 

"Mar del Plata (Argentina) será el destino anfitrión de la Cumbre de América Latina y el Caribe ICCA 2023.

Nuestro anfitrión local será el destacado equipo del Ente de Turismo de Mar del Plata. Les agradecemos su dedicación, profesionalismo, creatividad y voluntad de recibir a la comunidad latinoamericana de ICCA este año. Fechas confirmadas: 4-7 de septiembre de 2023

Nuestra tradicional cumbre regional continuará innovando y mejorando su estructura, sus experiencias y contenidos para crear el mayor valor para todos los participantes. Asociaciones internacionales, miembros de ICCA y actores regionales tendrán una íntima plataforma de negocios y conocimiento en un destino único que, como dice su eslogan, lo tiene todo.

ICCA espera dar la bienvenida a todos nuestros miembros, socios y colegas regionales a Mar del Plata en septiembre.

Las inscripciones se abrirán pronto”

 

0223

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Economia

Consejo del Salario: aumentará el mínimo en tres tramos hasta 88 mil pesos

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La CGT y las cámaras empresarias acordaron hoy un nuevo salario mínimo, vital y móvil con aumentos en tres tramos no acumulativos de 26,6% y revisión en julio próximo, por lo que ese ingreso será de 80.342 pesos desde el 1° de abril, de 84.512 a partir del 1° de mayo y de 87.987 pesos desde el 1° de junio, informaron esta tarde fuentes gremiales y oficiales.

En tanto, la CTA que lidera Hugo Yasky se abstuvo en la votación y su par Autónoma (CTAA) de Hugo Godoy, rechazó la propuesta y anunció una medida de fuerza para abril.

El Ministerio de Trabajo, a cargo de Raquel Olmos, confirmó que el acuerdo fue logrado por “amplia mayoría”, ya que el plenario del organismo aprobó la propuesta de la comisión con 30 votos positivos, una abstención y un sufragio negativo a ese incremento.

El encuentro virtual inauguró el período anual del Consejo entre abril de este año y marzo de 2024 sobre la base de los valores vigentes a marzo último, no acumulativos.

Los trabajadores que perciben ese ingreso cobrarán un 15,6% en abril, un 6% en mayo y otro 5% en junio, en tanto la cartera laboral convocará a un nuevo encuentro entre sindicalistas y empresarios para el 15 de julio próximo, confirmaron fuentes oficiales.

La CTA que lidera el docente Yasky se abstuvo en la votación, en tanto su par Autónoma (CTAA) del estatal Godoy y del visitador médico Ricardo Peidro la rechazó de forma total y anunció que convocará a la conducción para llamar a una protesta a mediados de abril.

 

La Capital

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