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Freno a las facturas de luz y gas absurdas: el gobierno les puso límites

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Los entes de control de la luz y el gas reaccionaron rápido frente a las denuncias de sobrefacturación por consumos estimados por la cuarentena. Dictaron resoluciones para revertir la situación y están ampliando el alcance de la prohibición de corte de servicios por atrasos en los pagos.

 

Los entes de control de las distribuidoras de luz y gas demostraron esta semana un cambio de comportamiento fundamental respecto del desempeño que tuvieron los cuatro años que gobernó Cambiemos. El Enargas primero y el Enre después tomaron rápida intervención frente a las denuncias por sobrefacturación de servicios. Ambos organismos dictaron resoluciones para terminar con los abusos en la estimación de consumos, a partir de que se suspendió la lectura presencial de los medidores por la cuarentena, y permitir a los usuarios recuperar el dinero cobrado de más. Sus interventores, Federico Bernal y Federico Basualdo, respectivamente, respondieron a las quejas de los clientes por facturas que pasaron de un mes a otro de 1000 a 10.000 pesos en los casos más extremos. En esa línea de apertura a los reclamos de la ciudadanía, el Gobierno y los entes de control están ampliando el alcance del decreto que impide el corte de servicios públicos por falta de pago a un mayor número de usuarios de clase media.

PáginaI12 reveló la semana pasada que se estaba produciendo una avalancha de denuncias de clientes residenciales, del comercio y de la industria por boletas que empezaron a llegar de Edenor, Edesur, Metrogas y Litoral Gas, entre las más cuestionadas, por montos absurdos. La razón es que el Enargas y el Enre las autorizaron a estimar los consumos de cada usuario en base a sus registros históricos, debido a que el Gobierno resolvió no incluir a los trabajadores de las empresas eléctricas y de gas como prestadores de un servicio esencial. Lo hizo para resguardar su salud en el marco de la cuarentena, de modo que no tuvieran que salir a las calles a realizar la lectura habitual de los medidores. Esa prerrogativa está contemplada en el Reglamento del Servicio de Distribución para causas excepcionales, como ocurre en la actualidad. El problema es que en lugar de utilizarla con rigurosidad, en numerosos casos dio lugar a facturaciones exorbitantes, muy por encima de los registros reales de demanda de los clientes.

 

El primero en reaccionar fue el Enargas. Ya dictó dos resoluciones, la 25 y la 35, para resolver la situación. “Hemos detectado muchos casos con estimaciones que no guardan relación con el consumo real”, advirtió Bernal. “Adoptamos una medida que incluye el reintegro a los usuarios allí donde se haya producido la sobrefacturación”, agregó, en referencia a la primera de las medidas, por la cual se ordenó a las distribuidoras de gas habilitar “aplicaciones, entornos web y otras herramientas informáticas” para que los clientes puedan remitirles, bajo declaración jurada, la lectura correcta de los medidores.

Esta semana dio un paso más. En la resolución 35, el Enargas les fijó a las empresas reglas precisas de cómo deben hacer la estimación de consumo mientras siga suspendida la lectura de los medidores. “Las prestadoras deben utilizar el menor registro de consumo correspondiente al mismo período de los años 2017, 2018 y 2019”, señala. Es decir, en ningún caso las facturas podrán contemplar consumos superiores a aquellos años. Pero, además, deberán utilizar el de menor demanda. 2017 fue un año con temperaturas más altas, por lo que seguramente resultó el de consumo más bajo para la mayoría de los clientes, y ese parámetro es el que tendrán que aplicar las empresas en este momento.

La resolución 35 también amplia la posibilidad de remitir a las distribuidoras de gas una foto con la lectura correcta del medidor para reclamar el reintegro de lo facturado de más a los clientes residenciales. En principio, la resolución 25 lo limitaba a los no residenciales, comercios e industrias, que son quienes más reclamos habían formulado.

“Notamos una apertura de los entes por escuchar a los usuarios que antes categóricamente no existía. Convocan a las comisiones de usuarios, a las asociaciones de consumidores, a los clubes de barrio, a las fábricas recuperadas. Hay una amplitud que hace mucho no veíamos. Los organismos podrían haber utilizado la cuarentena como excusa para posponer encuentros con estos sectores, pero en lugar de eso, nos convocan más que nunca”, valora Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, una de las entidades que trabaja activamente dentro de los entes. “En la etapa anterior tuvimos que cuestionar judicialmente los concursos del Enre y el Enargas para designación de autoridades porque establecían un favoritismo expreso por los ejecutivos de las empresas eléctricas y las petroleras. Los postulantes de esos sectores tenían de entrada un mejor puntaje para acceder a un lugar en el directorio, mientras se discriminaba a las entidades de consumidores y demás actores de la sociedad civil, que son los más interesados en controlar a las empresas”, explica. Esos concursos están frenados y por eso el actual Gobierno nombró a Bernal y Basualdo como interventores, hasta que se resuelva una nueva convocatoria para designar a los integrantes estables de los entes de control.

Andrea Manzi, de la Red de Multisectoriales, hace la misma evaluación sobre el cambio de funcionamiento en los organismos de control. “Vemos que los entes están en una actitud de salir a la calle, retomar el contacto con los usuarios. Es importante que avancen en una descentralización de delegaciones para que estén presentes en toda el área de concesión. Si no para la gente es muy difícil hacer los reclamos. Están en un buen punto de partida y es necesario que sigan adelante”, plantea. La organización que encabeza fue una de las que lideró los reclamos por la sobrefacturación de luz y gas.

En las videoconferencias de esta semana con las comisiones de usuarios que funcionan dentro de los organismos, el Enargas y el Enre señalaron que están autorizando a clientes de gas y luz que en principio no estaban amparados por el decreto del Gobierno que impide la interrupción de servicios por falta de pago a acceder a esa posibilidad. Los entes están abiertos a recibir las solicitudes a través de sus páginas de internet y sus cuentas de mail. Los clientes con ingresos superiores a dos salarios mínimos –que en la norma oficial es el límite para acceder al beneficio- pueden justificar su situación económica y solicitar que no le corten la luz y el gas por falta de pago, por un lapso de 180 días.

En relación a las denuncias de sobrefacturación de consumos, el Enre indicó que analizará “oportunamente” los reclamos de los usuarios. “Se dispuso que las eventuales diferencias que surjan entre las lecturas reales y lo que se haya facturado a los usuarios y usuarias serán evaluadas oportunamente y se establecerán los procedimientos para su tratamiento, ponderando los derechos” de cada parte. También instruyó a Edenor y Edesur a que “refuercen los canales de atención y comunicación para que los clientes puedan impugnar sus facturas en los casos donde se detecte un desvío entre el consumo real y el estimado por la distribuidora”. La medida es menos contundente que la del Enargas y no termina de resolver la cuestión, pero reconoce la existencia de “desvíos de facturación” y promete entregar las soluciones efectivas más adelante, en un análisis caso por caso.

En los casi treinta años de existencia de los entes de control de la luz y el gas, a partir de las privatizaciones de los ’90, su funcionamiento resultó claramente defectuoso en la mayoría de esos años. Las empresas cometieron todo tipo de abusos, sin que los clientes encontraran quién los defienda de manera real. Los últimos cuatro años fueron de los peores, según coinciden los responsables de entidades de consumidores. En un momento tan delicado como el actual, es saludable que hayan empezado a mostrar otra actitud.

 

FUENTE PAGINA 12

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Galit Ronen, embajadora de Israel: “No puede ser que cada vez que a la Argentina se le da la gana, Israel se queda sin carne

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“No puede ser que cada vez que le da ganas a la Argentina, Israel se queda sin carne”, afirmó la representante diplomática

La decisión del Gobierno de restringir la exportación de carne vacuna podría generar un conflicto diplomático con Israel. Galit Ronen, la embajadora de ese país en Argentina, afirmó hoy: “Si no podemos saber que nos van a vender carne de forma regular vamos a buscar otros lugares”.

Según un relevamiento realizado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), durante los primeros cuatro meses de 2021 -previo a las restricciones- las ventas a Israel sumaron 12.266 toneladas peso producto en cuatro meses y resultaron 18,2% mayores a las de un año atrás (6,2% del total). Por estas ventas, Argentina facturó 84,2 millones de dólares. En 2020, Israel importó de la Argentina 27.310 toneladas peso producto, un 15,1% más que en 2019.

Durante una charla con el Colegio de Abogados de La Plata, Ronen señaló que “no puede ser que cada vez que le da ganas a la Argentina, Israel se queda sin carne”, y aseguró que mantuvo conversaciones con diferentes funcionarios de Argentina.

“Hablé, y les sugerí que se nos de una cuota como Hilton con la Unión Europea, o de carne kosher a Estados Unidos, pero esto es una solución que demora; hacer una cuota es un proceso legal que lleva tiempo. Fueron muy amables, pero al final no me dieron el sí, supongo que ellos piensan que la solución (del conflicto) está cerca, con lo cual consideran que no hay que tener una solución especial para Israel”, completó la embajadora en el país.

El cepo a las exportaciones vence el domingo 20. A una semana de ese plazo, desde el consorcio de exportadores de Carne ABC esperan que en los próximos días el Gobierno brinde una respuesta a la propuesta que presentaron y que estaría pensada en “destinar mayor cantidad de cortes al mercado doméstico”.

Esta decisión generó, al mismo tiempo, un conflicto con el campo, pero también en el nivel de las relaciones diplomáticas, sobre todo con Israel, país que ya hizo manifiesto su descontento por la votación de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) del 27 de mayo sobre el conflicto bélico en Medio Oriente, por considerar que esa resolución “no menciona a Hamas ni el derecho de Israel a defenderse”.

La exportación de carne antes de la restricción oficial había dejado ingresos por US$ 203,7 millones, con un precio promedio de 2.931 dólares la tonelada (Ministerio de Agricultura)La exportación de carne antes de la restricción oficial había dejado ingresos por US$ 203,7 millones, con un precio promedio de 2.931 dólares la tonelada (Ministerio de Agricultura)

Las exportaciones de carne vacuna se derrumbaron 35% en mayo último y los frigoríficos pudieron cumplir apenas con el 65% de sus planes de venta al exterior, en medio de las restricciones impuestas por el Gobierno, según datos difundidos por el sector. El mes pasado se exportaron 45.200 toneladas, por debajo de las 69.500 de abril.

Los frigoríficos sostienen que con las restricciones a las exportaciones de carne “se interrumpió el muy buen desempeño que venía mostrando la actividad”. Según un relevamiento de CICCRA, en mayo se colocaron en el exterior poco más de 45 mil toneladas de res con hueso.

Miguel Schiariti, presidente de CICCRA, dijo que estimaron esos números a partir de encuestas realizadas a los exportadores, para conocer lo antes posible el impacto de la medida que restringió las ventas externas. “Es un 65% de lo que los frigoríficos tenían producido para exportar y con la declaración jurada aprobada”, lamentó.

En abril último, las exportaciones antes de la restricción oficial había dejado ingresos por US$ 203,7 millones, con un precio promedio de 2.931 dólares la tonelada. En mayo último, con el recorte de las ventas al exterior a 45.200 toneladas, se habría vendido por apenas US$ 132,4 millones. Así, con la medida anunciada el 17 de mayo último y oficializada el 20 de ese mes, se estima una pérdida de ingresos por US$ 71,3 millones.

Según Schiariti, los exportadores están esperando una definición sobre el futuro de los negocios con mercadería ya lista para vender. Sostuvo que los cortes están envasados, preparados y con el ticket correspondiente”.

“Hay mucha incertidumbre. Cuando se vuelva a exportar, a China que es el principal comprador, te van a querer sacar 300 dólares en el valor de la tonelada”, se quejó.

También lamentó que la suspensión de las exportaciones de carne vacuna “demolió los excelentes números que arrojó abril”. “Fue el mejor abril de la historia. En términos interanuales se registró un crecimiento de 8,4%. En abril, 8 kilos de cada 10 kilos exportados fueron enviados a China, país que explicó casi la mitad del crecimiento del volumen exportado por los frigoríficos argentinos en comparación con el mismo mes de 2020”, indicó el informe de Ciccra.

En el primer cuatrimestre del año, las ventas al exterior sumaron 278.600 toneladas res con hueso, 20% por encima de enero-abril de 2020, y un nuevo récord para esa época.

Ciccra alertó que el cierre de exportaciones generó “pérdida de horas trabajadas, básicamente por la industria exportadora, dado que la mayoría de los establecimientos anticiparon vacaciones, suspendieron con garantía horaria y terminaron los contratos con el personal contratado”.

La cámara resaltó que toda la cadena de la carne tiene 422.300 empleos directos. También llamó a “no repetir la experiencia del anterior cierre de exportaciones e intervención en la carne, desde 2006, porque llevó a la pérdida de 19.800 puestos de trabajo”.

En mayo de 2021 se produjeron 217 mil toneladas res con hueso, un 9,7% menos que en abril último, y 17,4% por debajo de mayo de 2020.

FUENTE : INFOBAE

FOTO TAPA : AJN AGENCIA DE NOTICIAS

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La Argentina no pagó el vencimiento con el Club de París: comienza a correr el reloj para evitar un default en julio

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 El Gobierno espera un respaldo explícito del FMI para que ese grupo de acreedores descarte un default dentro de 60 días, pero solo podrá reestructurar los USD 2.400 millones una vez que firme el nuevo programa financiero con el Fondo
El impago al Club de París no es sorpresa, ya que el Gobierno se recostó en las gestiones con los principales países europeos miembros de ese consorcio. REUTERS/Gonzalo FuentesEl impago al Club de París no es sorpresa, ya que el Gobierno se recostó en las gestiones con los principales países europeos miembros de ese consorcio. REUTERS/Gonzalo Fuentes

El Gobierno no pagó este lunes los USD 2.485 millones que tenía pendiente ante el Club de París tras siete años de la firma del acuerdo firmado en 2014. El contrato con los países acreedores abre la posibilidad de 60 días como plazo de gracia antes de que la Argentina incurra en un evento de default de manera oficial.

El impago era algo que ya era esperado porque el Poder Ejecutivo se recostó en las últimas semanas en su expectativa sobre la renegociación de plazos y tasas de interés con ese organismo, tal como lo vino haciendo con los principales países europeos miembros de ese consorcio, primero con la gira que encabezó Martín Guzmán y luego directamente por Alberto Fernández.

En los siete años de vigencia del acuerdo con el Club de París, la Argentina pagó cerca de USD 8.100 millones, aunque el flujo de pagos se interrumpió en 2019, luego del último pago realizado por el Gobierno de Mauricio Macri por casi USD 1.900 millones.

El impago era algo que ya era esperado porque el Poder Ejecutivo se recostó en las últimas semanas en su expectativa sobre la renegociación de plazos y tasas de interés con ese organismo.

En ese 2014 en que se firmó el acuerdo realizó un primer pago de USD 640 millones. Al año siguiente fue de USD 682 millones. Ya bajo el mandato macrista, el Tesoro giró USD 1.680 millones en 2016, USD 1.380 millones en 2017, USD 1.891 millones en 2018 y USD 1.868 millones en 2019. Ese fue el último pago hecho por el Estado. Desde ese momento el saldo pendiente -que también era de USD 1.900 millones- comenzó a actualizarse con una tasa de interés “final” de 9% anual.

Esa ventana de posibilidad se abrió porque si bien el plazo original de pago era de cinco años, el propio entendimiento rubricado por el entonces ministro Axel Kicillof preveía otros dos años de plazo adicionales, aunque con la particularidad de tener que afrontar ese interés, considerado alto en ese momento por la oposición al gobierno kirchnerista y que el propio Guzmán ya en funciones discutió.

El impago era algo que ya era esperado porque el Poder Ejecutivo se recostó en las últimas semanas en su expectativa sobre la renegociación de plazos y tasas de interés con ese organismo.El impago era algo que ya era esperado porque el Poder Ejecutivo se recostó en las últimas semanas en su expectativa sobre la renegociación de plazos y tasas de interés con ese organismo.

De esa manera, entre el primer impago de mayo de 2020, que Guzmán adelantó a los miembros del Club semanas antes y el de hoy, la deuda consolidada con ese organismo supera los USD 2.485 millones y seguirá actualizándose al 9%, al menos hasta que haya un acuerdo para cambiar las condiciones. Eso no sucederá, lo saben en ambos lados de la negociación, antes de que exista un nuevo programa financiero firmado con el FMI.

Desde la Casa Rosada aseguran que ahora la pelota está del lado del Fondo Monetario. Paralelamente a las gestiones ante líderes europeos, Guzmán -y luego Fernández- comenzaron un trabajo fino con el staff técnico del Fondo Monetario para acercar posiciones, aún lejos de la posibilidad de tener un programa cerrado en el corto plazo.

Lo que necesitaría el Poder Ejecutivo, en todo caso, sería una suerte de “bendición” a las conversaciones en marcha en medio del camino hacia el acuerdo que sirva para que el Club de París flexibilice su posición y no considere el 30 de julio que el país defaulteó la deuda.

La deuda consolidada con ese organismo supera los USD 2.485 millones y seguirá actualizándose al 9%, al menos hasta que haya un acuerdo para cambiar las condiciones.

La lectura que hacen en el Gobierno es que no se trataría de una cuestión de ruptura de contratos, sino que el Club de París es un organismo multilateral “particular”, que está más guiado por los oleajes geopolíticos de cada momento que en la letra tallada en piedra de los acuerdos.

Más de la mitad de la deuda argentina al Club de París está concentrada en dos países: Alemania (37%) y Japón (22%). Más atrás le siguen Holanda (casi 8%), España (6,68%), Italia (6,29%) y Estados Unidos (6,28 por ciento).

Entre la autocrítica y el cambio de piezas internas, el FMI analiza si ayudará a la Argentina

La onda expansiva del fracaso del acuerdo stand by que el Fondo Monetario Internacional firmó con el gobierno de Mauricio Macri en 2018 forzó al organismo a un recambio de piezas entre los principales puestos directivos. El 31 de agosto será el último día de trabajo de Alejandro Werner, todavía director del Departamento del Hemisferio Occidental y uno de los funcionarios más involucrados en aquella negociación inicial con la Argentina.

Así, se sumó a las salidas anteriores de Christine Lagarde como directora gerente, que dejó su lugar a Kristalina Georgieva, de su segundo David Lipton en febrero de 2020 y de Roberto Cardarelli, que fue desplazado de su cargo de jefe de la misión argentina y que fue reemplazado por Luis Cubeddu. Werner, en los hechos, ya había quedado fuera de la mesa de discusión con el Gobierno actual y su lugar era ocupado por su vicedirectora, Julie Kozack.

Junto con Lagarde y el jefe del staff técnico Roberto Cardarelli, fueron las tres caras visibles de esos meses de idas y vueltas entre el comienzo de las conversaciones en mayo de 2018 y el anuncio del segundo acuerdo en septiembre de ese año, tres meses después del primer programa financiero fallido.

Lo que necesitaría el Poder Ejecutivo sería una suerte de “bendición” del FMI a las conversaciones en marcha en medio del camino hacia el acuerdo que sirva para que el Club de París flexibilice su posición.

Con el cambio de Gobierno en 2019 y el anuncio de una reestructuración de la deuda con el FMI, las caras cambiaron en ambos lados de la mesa, tanto entre los funcionarios argentinos como los ejecutivos del Fondo. Kristalina Georgieva dejó su puesto en el Banco Mundial para hacerse cargo de la gerencia general, mientras que Lagarde pasó a ser la presidenta del Banco Central Europeo.

Por su lado, Roberto Cardarelli fue desplazado como jefe de misión y fue reemplazado por Luis Cubeddu. Cardarelli actualmente continúa en el Fondo Monetario como cabeza del equipo técnico que negocia con el gobierno de Marruecos. Asimismo, Lipton dejó su lugar en marzo de 2020 y actualmente trabaja como asesor en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El Gobierno necesitaría una suerte de “bendición” del FMI a las conversaciones en marcha en medio del camino hacia el acuerdo que sirva para que el Club de París flexibilice su posición. Ludovic Marin/Pool via REUTERSEl Gobierno necesitaría una suerte de “bendición” del FMI a las conversaciones en marcha en medio del camino hacia el acuerdo que sirva para que el Club de París flexibilice su posición. Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Pero el tembladeral interno del FMI no terminó en el cambio de piezas. Recientemente, el organismo inició un doble proceso de revisión interna sobre la actuación de los funcionarios en la firma del Stand By de 2018, que terminó por ser el préstamo más grande de la historia de la institución.

Por un lado, el propio staff técnico realiza un informe denominado Ex Post y que suele realizarse para todos los créditos con montos que excedan la cuota original. Ese estudio fue iniciado a principios de año pero no tiene fecha de publicación, según explicó en su momento el portavoz del Fondo Monetario, Gerry Rice.

Recientemente, el organismo inició un doble proceso de revisión interna sobre la actuación de los funcionarios en la firma del Stand By de 2018, que terminó por ser el préstamo más grande de la historia de la institución.

Una segunda vía de autocrítica será el reporte que prepara la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI que es una oficina autónoma que analiza errores y aciertos de la actuación del organismo en negociaciones y programas con distintos países.

En ese marco, el FMI ahora deberá decidir si tenderá un “salvavidas” al Gobierno para evitar el default con el Club de París. Desde Washington niegan que haya en la agenda inminente del organismo una misión del staff técnico hacia Buenos Aires, visita de la cual podría venir ese guiño que espera la Casa Rosada.

No sería la primera vez que un respaldo del FMI le ayudaría a la Argentina a continuar el proceso de reestructuración de deuda. En el oficialismo recuerdan aquella declaración del FMI en que el staff del Fondo consideró “insostenible” la deuda argentina y que sirvió como punto de partida de las discusiones con los acreedores privados.

Críticas de la oposición a Kicillof por el acuerdo “ruinoso”

El acuerdo firmado por Kicillof con los miembros del Club de París en 2014 levantó críticas en la oposición de ese entonces (que incluso estaba integrada por dirigentes que luego terminaron formando parte del Frente de Todos) en el momento de la firma y en años siguientes.

Sin ir más lejos, este lunes el ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay cuestionó por Twitter las condiciones del entendimiento firmado por el ahora gobernador bonaerense. “Hoy vence el ruinoso acuerdo de Kicillof con Club de París: los punitorios más caros, el plazo más corto y una pena adicional de $900 millones al final de estos 60 días de gracia Una de las tantas deudas que le dejó el kirchnerismo a Juntos por el Cambio”, dijo.

El también ex presidente del Banco Central completó su mensaje por redes sociales al afirmar que “mientras que Cambiemos pagó casi USD 7.000 millones en capital e intereses, el Frente de Todos aumentó la deuda con Club de París en USD 2.800 millones (USD 2.300 millones con CFK y USD 500 millones con AF). Pero para CFK, ellos solo desendeudan!”, cerró.

En el mismo sentido escribió el legislador porteño Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, que aseguró que “corresponde que recordemos que fue Kicillof, como ministro de Economía de CFK, quien renegoció la deuda y la incrementó de 6.706 millones a US$ 9.690 millones, admitiendo punitorios confiscatorios. Sí, U$S 3.000 millones más”, tuiteó.

Mariano Boettner

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HOTELES Y RESTAURANTES CIERRAN POR MILLARES

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Más de 12.000 establecimientos cerraron desde el inicio de la pandemia y todo hace suponer que está llegando una aceleración del desastre. Inflación, presión fiscal y caída del poder adquisitivo son una inapelable condena a muerte.

Desde que comenzó la pandemia, cerca de 12 mil restaurantes y hoteles cerraron en todo el país, y la actividad registra la crisis más grave de los últimos 40 años, de acuerdo con un informe difundido hoy. La actividad del sector se hundió a niveles comparables a los de 1980, alertó la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

«Nuestra realidad hoy es peor que el escenario más pesimista que proyectábamos. Ya desaparecieron 11.800 empresas, 3.800 más que en 2020, año en que cerraron sus puertas 8.000 establecimientos. En nuestro sector se perdieron 175.000 puestos de trabajo. Pero, además, con las nuevas restricciones que impiden el trabajo en la mayoría de nuestras pymes, la situación -que ya es crítica- empeorará aún más. No hay empresa que resista sin posibilidades de trabajar», advirtió la presidenta de FEHGRA, Graciela Fresno.

Desde el gobierno la respuesta no se hizo esperar:  la Secretaría Pyme de la Nación destacó la ampliación de créditos de $2.000 millones en la línea de créditos a tasa 0% para PyMEs, monotributistas y autónomos del sector turístico.

Indicó que el financiamiento llegará así a los $6.000 millones y estará vigente hasta el próximo 30 de junio. «Los créditos están destinados a capital de trabajo y tendrán un plazo de dos años, durante el primero de los cuales la tasa es del 0%, subsidiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP)», señaló.

Aseguró que «durante los doce meses subsiguientes la tasa será del 18% y desde el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) se otorgan los avales por el 100% de cada préstamo». Remarcó que «además, tendrán un año de gracia para comenzar a pagarlos».

Más allá de lo insuficiente de la ayuda ante la magnitud de la crisis, sería bueno recordar a las autoridades que por barato que sea el crédito otorgado los comerciantes, con sus establecimientos cerrados y acumulando deudas de impuestos, cargas sociales, salarios y servicios, no están en condiciones de devolver ni siquiera un porcentaje de ellos.

Y que las mismas normas laborales que desde el estado se han mantenido contra viento y marea sin atender el cambio de era y la necesidad de preservar las fuentes de trabajo con la lógica de un equilibrio con el capital que en la legislación argentina está ausente, sirvieron para empujar la informalidad o las figuras forzadas como las de los eventuales y temporarios que ahora quedan fuera de cualquier asistencia ante la crisis.

Lo que deja expuesta una sola realidad, tangible y dolorosa, que se observa al ver la cantidad de cierres de establecimientos con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

Lo demás es márketing, discurso, propaganda…o simple chanterío.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

 

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