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Freno a las facturas de luz y gas absurdas: el gobierno les puso límites

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Los entes de control de la luz y el gas reaccionaron rápido frente a las denuncias de sobrefacturación por consumos estimados por la cuarentena. Dictaron resoluciones para revertir la situación y están ampliando el alcance de la prohibición de corte de servicios por atrasos en los pagos.

 

Los entes de control de las distribuidoras de luz y gas demostraron esta semana un cambio de comportamiento fundamental respecto del desempeño que tuvieron los cuatro años que gobernó Cambiemos. El Enargas primero y el Enre después tomaron rápida intervención frente a las denuncias por sobrefacturación de servicios. Ambos organismos dictaron resoluciones para terminar con los abusos en la estimación de consumos, a partir de que se suspendió la lectura presencial de los medidores por la cuarentena, y permitir a los usuarios recuperar el dinero cobrado de más. Sus interventores, Federico Bernal y Federico Basualdo, respectivamente, respondieron a las quejas de los clientes por facturas que pasaron de un mes a otro de 1000 a 10.000 pesos en los casos más extremos. En esa línea de apertura a los reclamos de la ciudadanía, el Gobierno y los entes de control están ampliando el alcance del decreto que impide el corte de servicios públicos por falta de pago a un mayor número de usuarios de clase media.

PáginaI12 reveló la semana pasada que se estaba produciendo una avalancha de denuncias de clientes residenciales, del comercio y de la industria por boletas que empezaron a llegar de Edenor, Edesur, Metrogas y Litoral Gas, entre las más cuestionadas, por montos absurdos. La razón es que el Enargas y el Enre las autorizaron a estimar los consumos de cada usuario en base a sus registros históricos, debido a que el Gobierno resolvió no incluir a los trabajadores de las empresas eléctricas y de gas como prestadores de un servicio esencial. Lo hizo para resguardar su salud en el marco de la cuarentena, de modo que no tuvieran que salir a las calles a realizar la lectura habitual de los medidores. Esa prerrogativa está contemplada en el Reglamento del Servicio de Distribución para causas excepcionales, como ocurre en la actualidad. El problema es que en lugar de utilizarla con rigurosidad, en numerosos casos dio lugar a facturaciones exorbitantes, muy por encima de los registros reales de demanda de los clientes.

 

El primero en reaccionar fue el Enargas. Ya dictó dos resoluciones, la 25 y la 35, para resolver la situación. “Hemos detectado muchos casos con estimaciones que no guardan relación con el consumo real”, advirtió Bernal. “Adoptamos una medida que incluye el reintegro a los usuarios allí donde se haya producido la sobrefacturación”, agregó, en referencia a la primera de las medidas, por la cual se ordenó a las distribuidoras de gas habilitar “aplicaciones, entornos web y otras herramientas informáticas” para que los clientes puedan remitirles, bajo declaración jurada, la lectura correcta de los medidores.

Esta semana dio un paso más. En la resolución 35, el Enargas les fijó a las empresas reglas precisas de cómo deben hacer la estimación de consumo mientras siga suspendida la lectura de los medidores. “Las prestadoras deben utilizar el menor registro de consumo correspondiente al mismo período de los años 2017, 2018 y 2019”, señala. Es decir, en ningún caso las facturas podrán contemplar consumos superiores a aquellos años. Pero, además, deberán utilizar el de menor demanda. 2017 fue un año con temperaturas más altas, por lo que seguramente resultó el de consumo más bajo para la mayoría de los clientes, y ese parámetro es el que tendrán que aplicar las empresas en este momento.

La resolución 35 también amplia la posibilidad de remitir a las distribuidoras de gas una foto con la lectura correcta del medidor para reclamar el reintegro de lo facturado de más a los clientes residenciales. En principio, la resolución 25 lo limitaba a los no residenciales, comercios e industrias, que son quienes más reclamos habían formulado.

“Notamos una apertura de los entes por escuchar a los usuarios que antes categóricamente no existía. Convocan a las comisiones de usuarios, a las asociaciones de consumidores, a los clubes de barrio, a las fábricas recuperadas. Hay una amplitud que hace mucho no veíamos. Los organismos podrían haber utilizado la cuarentena como excusa para posponer encuentros con estos sectores, pero en lugar de eso, nos convocan más que nunca”, valora Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, una de las entidades que trabaja activamente dentro de los entes. “En la etapa anterior tuvimos que cuestionar judicialmente los concursos del Enre y el Enargas para designación de autoridades porque establecían un favoritismo expreso por los ejecutivos de las empresas eléctricas y las petroleras. Los postulantes de esos sectores tenían de entrada un mejor puntaje para acceder a un lugar en el directorio, mientras se discriminaba a las entidades de consumidores y demás actores de la sociedad civil, que son los más interesados en controlar a las empresas”, explica. Esos concursos están frenados y por eso el actual Gobierno nombró a Bernal y Basualdo como interventores, hasta que se resuelva una nueva convocatoria para designar a los integrantes estables de los entes de control.

Andrea Manzi, de la Red de Multisectoriales, hace la misma evaluación sobre el cambio de funcionamiento en los organismos de control. “Vemos que los entes están en una actitud de salir a la calle, retomar el contacto con los usuarios. Es importante que avancen en una descentralización de delegaciones para que estén presentes en toda el área de concesión. Si no para la gente es muy difícil hacer los reclamos. Están en un buen punto de partida y es necesario que sigan adelante”, plantea. La organización que encabeza fue una de las que lideró los reclamos por la sobrefacturación de luz y gas.

En las videoconferencias de esta semana con las comisiones de usuarios que funcionan dentro de los organismos, el Enargas y el Enre señalaron que están autorizando a clientes de gas y luz que en principio no estaban amparados por el decreto del Gobierno que impide la interrupción de servicios por falta de pago a acceder a esa posibilidad. Los entes están abiertos a recibir las solicitudes a través de sus páginas de internet y sus cuentas de mail. Los clientes con ingresos superiores a dos salarios mínimos –que en la norma oficial es el límite para acceder al beneficio- pueden justificar su situación económica y solicitar que no le corten la luz y el gas por falta de pago, por un lapso de 180 días.

En relación a las denuncias de sobrefacturación de consumos, el Enre indicó que analizará “oportunamente” los reclamos de los usuarios. “Se dispuso que las eventuales diferencias que surjan entre las lecturas reales y lo que se haya facturado a los usuarios y usuarias serán evaluadas oportunamente y se establecerán los procedimientos para su tratamiento, ponderando los derechos” de cada parte. También instruyó a Edenor y Edesur a que “refuercen los canales de atención y comunicación para que los clientes puedan impugnar sus facturas en los casos donde se detecte un desvío entre el consumo real y el estimado por la distribuidora”. La medida es menos contundente que la del Enargas y no termina de resolver la cuestión, pero reconoce la existencia de “desvíos de facturación” y promete entregar las soluciones efectivas más adelante, en un análisis caso por caso.

En los casi treinta años de existencia de los entes de control de la luz y el gas, a partir de las privatizaciones de los ’90, su funcionamiento resultó claramente defectuoso en la mayoría de esos años. Las empresas cometieron todo tipo de abusos, sin que los clientes encontraran quién los defienda de manera real. Los últimos cuatro años fueron de los peores, según coinciden los responsables de entidades de consumidores. En un momento tan delicado como el actual, es saludable que hayan empezado a mostrar otra actitud.

 

FUENTE PAGINA 12

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Economia

El dato: un empleado necesita $50.000 para no ser pobre pero a los $73.102 ya paga Impuesto a las Ganancias

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En 2020, el mínimo no imponible se ajustó en enero un 44,27%, por debajo de la inflación. El peso de Ganancias en los sueldos de los trabajadores es mayor

De acuerdo a las últimas cifras difundidas por el INDEC, la canasta básica familiar de pobreza en octubre fue de $49.911,60. En tanto, el mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias para una persona casada, cónyuge y 2 hijos es de 73.102 pesos.

En 2020, el mínimo no imponible se ajustó en enero un 44,27%, por debajo del 53,8% de inflación de 2019. Asimismo, el peso de Ganancias en los sueldos de los trabajadores es mayor.

Empleados: a los $73.102 ya se paga Ganancias

Empleados: a los $73.102 ya se paga Ganancias

El acercamiento de ambas cifras se da porque el mínimo no imponible en Ganancias se actualiza una vez por año y por que el RIPTE, en los últimos años, fue evolucionando por debajo de la inflación.

Ganancias: qué cambios urgentes se imponen

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin y Asociados detalló los cambios que se imponen en el Impuesto a las Ganancias.

En efecto, el reconocido tributarista aseguró que hay cuestiones urgentes que merecen ser modificadas de inmediato.

Respecto a las personas humanas, el sistema de ajuste de las deducciones personales, es un sistema que ajusta por variable salarial. “El ajuste tiene que ser por el costo de vida y debe ajustarse semestralmente; no anualmente”.

Ganancias y Bienes Personales: qué cambios urgentes se imponen

Ganancias: qué cambios urgentes se imponen

Litvin también señaló que no es entendible la diferencia que existe entre la deducción de asalariados y autónomos. Se debe igualar.

El experto también dejó al descubierto que el sector público asalariado tiene “coronita”. “A diferencia del sector privado, los conceptos no remunerativos en el sector público no pagan Ganancias“, destacó Litvin.

Funcionarios publicos y legisladores tienen una parte significativa de su remuneración que no paga ganancias. “No es equitativo, es una injusticia y es un privilegio”, advirtió César Litvin.

Otro cambio urgente que se impone refiere al tope de las donaciones en el Impuesto a las Ganancias.

Litvin explicó que en este marco de pandemia, donde tanto se necesitan las donaciones, el límite existente en el Impuesto a las Ganancias “no sirve ni motiva a nadie”.

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados

“Se debe eliminar el tope del 5% de la utilidad neta”, sugirió el experto.

En tanto, en relación a las personas jurídicas, Litvin detalló que “hay que tener un sistema tributario mucho más sencillo y una reducción de los impuestos corporativos, acompañada de una baja significativa del gasto público“.

Presupuesto 2021: cambios impositivos

El Presupuesto 2021 prevé, desde el 1/1/2021 hasta el 31/12/2025, una tasa del 17% para los productos electrónicos.

Además, cuando dichos bienes sean fabricados por empresas beneficiarias del régimen de la ley 19640 –Promoción al territorio nacional de Tierra de Fuego-, la alícuota será del 38,53% de la alícuota general

En cuanto a las apuestas on line se prevé un aumento de la alícuota, estableciéndose que el impuesto a ingresar surgirá de la aplicación de la alícuota del 5% sobre el valor neto de los depósitos que realice el apostador en su cuenta de juego y la misma se reducirá en un 50% para el caso de apuestas en que intervengan sujetos vinculados a la explotación de juegos de azar y/o apuestas que tengan inversiones genuinas en el país vinculadas a dicho rubro.

Presupuesto 2021: cambios impositivos

Presupuesto 2021: cambios impositivos

Además, para el caso de apuestas en que intervenga, de manera directa o indirecta, un sujeto del exterior, la alícuota se incrementará al 10%, y para el caso de apuestas en que intervenga, de manera directa o indirecta, un sujeto del exterior que se encuentre ubicado, constituido, radicado o domiciliado en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación, la alícuota se incrementará al 15%.

Respecto al Impuesto al valor agregado, se exime del gravamen a la importación para consumo y de otros derechos de importación a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud y/o el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud destinados a asegurar las coberturas de vacunas para enfermedades prevenibles. Y además, no quedará sujeto al IVA el servicio de Roaming internacional cuando sea brindado a proveedores de servicios ubicados en la República de Chile.

Por otra parte, se exime del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diésel oil, y a su venta en el mercado interno, realizadas durante el año 2021, para compensar los picos de demanda que no puedan ser satisfechos por la producción local.

En cuanto al Impuesto sobre los débitos y créditos se prevé que la tasa será del 2,5%o (dos con cincuenta centésimos por mil) para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de la publicación en el boletín oficial, para los créditos y débitos en cuentas bancarias pertenecientes a concesionarios de servicios públicos, en la medida que el capital de la sociedades concesionaria pertenezca en un porcentaje no inferior al 80% a Estado Nacional.

Además, se exime al Fondo y al Fiduciario en las operaciones directamente relacionadas con el PyME-Tech de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales.

Por último se reestablece desde el 10/01/2021 y por el término de 1 año el Fondo Nacional de Incentivo Docente.

fuente : IPROFESIONAL

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Economia

Máximo: millonaria deuda que la AFIP le ayuda a licuar

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Sin que se le conozca trabajo alguno en toda su vida, el diputado del FdT posee una fortuna impactante por la que tampoco pagaba impuestos. La AFIP le concede 10 años al 2% para saldar su deuda.

Después de que el TOF 5 ordenara que las deudas impositivas que acumuló el condominio que administra las propiedades de la herencia de Néstor Kichner sean afrontadas por la intervención, la AFIP aceptó una moratoria para que Máximo Kirchner salde impuestos impagos desde hace casi cuatro años.

El 26 de octubre el organismo recaudador determinó su ingreso al plan de facilidades y el diputado saldará en 98 cuotas de $ 19.840 cada una la deuda generada por un conjunto de impuestos de las propiedades que heredó de su padre y que no administra por decisión de la Justicia desde 2016.

El líder de La Cámpora declaró un patrimonio de 292 millones de pesos, aunque se encuentra embargado. Sin embargo, deberá pagar el impuesto a la riqueza que él mismo impulsó, en caso que sea aprobado en la Cámara de Senadores.

El «Condominio Máximo y Florencia Kirchner» administra 25 propiedades correspondientes a la sucesión de bienes de Néstor Kirchner. Después de que en marzo de 2016 Cristina Kirchner cedió su patrimonio a sus hijos, el diputado nacional quedó como dueño del 50% del condominio.

En el marco de la causa Los Sauces -la inmobiliaria familiar investigada por haber lavado más de $ 80 millones-, el juez Claudio Bonadio decidió en 2016 intervenir no sólo la compañía sino también el condominio.

El abogado defensor de Máximo el Dr. Carlos Beraldi, designado por Cristina para imponer la reforma del sistema judicial que le permita escapar de cualquier condena en las causas por corrupción que se tramitan en su contra, aseguró que debía al 31 de agosto de 2020 en concepto de Impuesto sobre Bienes Personales de 2016 a 2019 poco más de tres millones de pesos, con intereses incluidos. A eso debe sumarse la deuda por el Impuesto a las Ganancias de Personas Humanas, por más de un millón de pesos. En total, 4.077.599 pesos.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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«No ayuden más» piden inquilinos al gobierno Nac&Pop

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Los alquileres aumentaron más que la inflación a partir de la sanción de la ley y se quebró una tendencia de siete trimestres en que los incrementos fueron inferiores a los precios generales.

La frase ya es milenaria y de origen impreciso: “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”. En ella estarán pensando los millones de inquilinos que luego de celebrar la sanción de la ley de alquileres pueden comprobar en carne propia los efectos no deseados de la norma.

La ley se sancionó el 11 de junio y comenzó a regir a partir del mes siguiente, precisamente en el inicio del trimestre que quebró una seguidilla de veintiún meses en los que los aumentos de los alquileres fueron inferiores a la inflación general.

Al respecto, la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires señaló que en julio-septiembre la inflación interanual en el distrito fue de 34,5%, pero el incremento del precio del metro cuadrado en alquiler superó ese porcentaje en todos los casos: 47,9% para los monoambientes, un 47,8% para los departamentos de 2 ambientes y un 51,8% para las unidades de 3 ambientes.

“De esta manera, después de siete trimestres consecutivos se modificó la tendencia; en este trimestre los alquileres se valorizaron a un ritmo muy superior al registrado por la trayectoria de los precios al consumidor”, indicó el organismo estadístico porteño, que también precisó la diferencia interanual, a pesar de que en el mismo período la inflación fue menor.

En comparación con el tercer trimestre de 2019, hubo un aumento de 9,7 puntos porcentuales en los alquileres de los departamentos de un ambiente, 11,8 para los 2 ambientes y 14,4 para los 3.

“Las importantes aceleraciones de julio/septiembre se enmarcan en un contexto de plena vigencia de la nueva ley de alquileres”, destacó la DGEyC, en un informe en el que señaló a los barrios de Núñez, Palermo, Belgrano y Villa Urquiza como los de valores más elevados, discriminados según la cantidad de ambientes.

La ley sancionada hace cinco meses dispuso la extensión de los contratos de dos a tres años y que la actualización de los precios deje de ser semestral para aplicarse una vez por año y según un índice conformado por la combinación de la inflación y el índice de salarios.

Desde el primer momento, inmobiliarias, administradores y propietarios advirtieron que la norma iba a generar una retracción de la oferta de inmuebles y, además, un aumento mayor en los valores ante la incertidumbre de los locadores sobre cuál será la inflación (y la paridad cambiaria) doce meses después de la firma del contrato.

En la defensa de la iniciativa, la senadora correntina Ana Almirón fue la informante del bloque oficialista y sostuvo que “esta ley es una respuesta que están esperando más de nueve millones de argentinos”, ya que a su juicio “otorga certeza, agilidad y un balance de poder para todas las partes involucradas”.

Sin embargo, la realidad mostró que ni bien comenzó a regir la nueva ley los alquileres tuvieron un incremento que superó a la inflación interanual entre 13 y 17 puntos porcentuales.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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