Hay dos causas que arrinconaron al jefe del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, durante la última semana. En la más trascendente, la Justicia lo imputó por supuestas maniobras defraudatorias por más de 50 millones de pesos en la obra social sindical, Osecac. La otra llegó a la Oficina Anticorrupción y es por el incumplimiento del cupo femenino.
Ese complicado frente judicial habría sido uno de los motivos por los cuales Cavalieri tomó la decisión de abondar la conducción del sindicato de Comercio que conduce hace 32 años.
El juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, imputó al titular del Sindicato de Empleados de Comercio y de la obra social del gremio Osecac por el presunto delito de administración fraudulenta, en el marco de la causa de la financiera CBI Cordubensis.
Según indicaron fuentes judiciales, además de Cavalieri, quedaron imputados como autores de defraudación los dirigentes de la cúpula de la obra social Carlos Alfredo Bélz, Pedro Ángel Mezzapelle, Daniel Andrés Ruberto, José Luis Oberto y Carlos Alberto Restivo.
Las imputaciones se concretaron luego del allanamiento que se realizó, por orden de Vaca Narvaja, el miércoles 14 de marzo en la sede de Osecac en la ciudad de Buenos Aires. Allí se buscó documentación para determinar la relación de Cavalieri, y de los otros miembros de la comisión directiva, con cheques destinados al pago de prestaciones irregulares en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
De acuerdo con la investigación, los cheques habrían sido cobrados en Córdoba por Javier Guevara Amado, contador del empresario Euclides Bugliotti, a través de la mesa de dinero que funcionaba en la financiera CBI Cordubensis y los cheques depositados en cuentas fantasmas de Halabo SA y Jotemi SA en la sucursal Córdoba del Banco Nación. También se señala que muchos valores terminaron en Toyota Compañía Financiera SA y Centro Motor SA.
También fueron imputados como partícipes necesarios Bruno Rodolfo Cricco, Alejandro Domingo Mateo, Mariana Rojas, Juan Antonio López, Mario Rolando Ramírez, Rafael Ricardo Molina y María Fernanda Sánchez.
De acuerdo con la investigación a cargo del fiscal Enrique Senestrari, para realizar las maniobras los imputados utilizaron empresas creadas por terceros no identificados para actuar como prestadores de salud y funcionar como intermediarios en el sistema de Osecac, por lo que se sospecha que se habría pagado a supuestos prestadores prácticas que no se habrían realizado.
Los investigadores pusieron la lupa en los cheques emitidos a nombre de Fundación de Prestadores de Salud (Fundapresa), Asociación de Clínicas y Sanatorios de la ciudad de Villa Mercedes, Fundación de Prestadores de Salud (Fundeas), Fundación Bemac Ayuda, Fundación de Aportes para la Salud, Fundación de Prestadores de Salud de Mendoza (Funpresame) y Emprendimiento de Salud Asociación Civil.
Según la investigación de Senestrari, los directivos de Osecac habrían librado cheques “no a la orden” o “no negociable” de las cuentas corrientes de Osecac en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación, para “pagar un lucro indebido”.
A partir de los datos reunidos en la investigación, la defraudación de las maniobras realizadas entre septiembre de 2010 y agosto de 2012 superaría los $53 millones, aunque resta determinar el monto total de la supuestas operaciones ilegales.
La causa (CBI) estalló el 14 de febrero de 2014, cuando se conoció la dudosa muerte del vicepresidente de la firma, Jorge Suau, ocurrida un día antes en circunstancias aún no aclaradas por la Justicia. El hallazgo del cadáver en el interior de su camioneta, en un camino rural, se produjo en el marco de la caída de una mesa de dinero multimillonaria y el fraude a cientos de ahorristas.
Aunque no hay precisiones, en ámbitos judiciales circula el rumor de que en los próximos días Cavalieri y el resto de los implicados en la denuncia serían procesados por el magistrado cordobés.
Por su parte la dirigente Leticia Baibiene presentó un informe ante la Oficina Anticorrupción (OA) en el que exige que el Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, dé curso a los expedientes por incumplimiento del cupo femenino que fueron presentados en esa cartera.
En el escrito dirigido a Laura Alonso, Baibiene resalta que el cupo femenino había sido uno de los ítems en los que el propio Ministerio de Trabajo había puesto especial énfasis en el último tiempo para constatar el cumplimiento de las organizaciones de las reglamentaciones vigentes.
NEXOFIN
