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IMPUTARON A TRES IRANIES POR TERRORISMO E INDAGARON A DOS VENEZOLANOS DEL AVION SOSPECHOSO

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El juez federal Federico Villena indagó a dos tripulantes venezolanos del avión de Emtrasur retenido en Ezeiza hace cuatro meses e indagará en las próximas horas a tres iraníes, incluido el piloto Gholamreza Ghasemi, el ingeniero Abdolbaset Mohammadi y Saeid Vali Zadeh, acusados de supuestas actividades de financiamiento de actividades terroristas.

El magistrado decidió además sobreseer los otros acusados. Se trata de Mandi Mouseli, Mohammad Khosraviaragh; Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramírez Martínez; Zeus Rojas Velásquez; Jesús Landaeta; Armando Marcao Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Ginez Perez; Ángel Marín Ovalles; Nelson Coello y José García Contreras.

Villena además permitió salir del país a Khosraviarah y a José García Contreras: el resto de los sobreseídos ya había salido del país el 15 de septiembre pasado.

En total había 19 tripulantes iraníes y venezolanos cuando el avión llegó a la Argentina. Unos 12 tripulantes ya fueron sobreseídos, se les devolvió el pasaporte y se los dejó seguir viaje a sus países. De los siete restantes, dos están en condiciones de irse y otros cinco quedaron sospechados de realizar actividades de financiamiento de terrorismo.

Los indagados son los venezolanos Víctor Pérez Gómez, gerente general de Operaciones de Emtrasur, la dueña del avión, y Mario Arraga Urdaneta. El juez debe resolver su situación procesal: es decir, si los procesa, los sobresee o les dicta una falta de mérito.

Villena explicó que tomaba la decisión urgido por la decisión de la Cámara Federal de La Plata que lo emplazó con diez días hábiles a resolver la situación de los tripulantes. Dejó a salvo su opinión acerca de que restaban llegar los resultados de diversas medidas de prueba que se habían encargado y los exhortos enviados a otros países. Dijo que ni la fiscalía ni la querella pidieron indagar a los extranjeros a los que sobreseyó y que por esa razón dispuso su sobreseimiento.

El juez, en un apartado, señaló que dejaba a salvo su opinión: “No se verifica la certeza negativa que requiere el pronunciamiento liberatorio, es decir que si bien no se ha reunido el grado de sospecha requerido para que los nombrados sean convocados a prestar declaración indagatoria, tampoco existe certeza negativa para dictar su sobreseimiento”.

Al contrario, el juez dijo que había elementos de sobra, como lo sostuvo al fiscal Cecilia Incardona y la querella, para continuar la investigación de los tripulantes.

“El auto de sobreseimiento exige un estado de certeza corroborante sobre la causal en que se funda y no procede cuando existen dudas acerca de la falta de responsabilidad de quien es imputado”. Y en este caso siguen las dudas, sostuvo.

Indicó que se hicieron mas de 51 medidas de prueba y que el caso lleva tres meses y debe profundizarse. El Código prevé que el juez tiene cuatro meses para investigar, prorrogables por otros dos, y más aún en casos complejos, pero la Cámara Federal de La Plata lo emplazó a resolver.

A pesar de disponer el sobreseimiento, dijo que esta decisión es “resulta prematura toda vez que no puede afirmarse que los nombrados no hayan participado de la hipótesis delictiva investigada, máxime si se tiene en cuenta que parte de los investigados Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Saeid Vali Zadeh, Mario Arraga Urdaneta y Víctor Pérez Gómez fueron citados a indagatoria.

“La detenida y objetiva lectura de los elementos probatorios glosados al sumario, valorados a la luz de la sana crítica racional, impone su profundización, toda vez que el suscripto no descarta que hayan existido maniobras delictivas por parte de los nombrados”, escribió.

Concluyó que es prematuro desvincularlos del caso, pues “resta recibir la respuesta de los exhortos internacionales librados a la República de Paraguay, al Reino de España, a República Dominicana y a Aruba, lo cual no resultaba suficiente para impedirle salir del país, pero sí para resolver respecto de su situación procesal como así también la producción de otras medidas de prueba dispuestas, como ser la peritaje contable”.

 

Hernán Cappiello para La Nacion

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Condenan a Cristina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua

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Es por el cargo de defraudación al Estado en la causa Vialidad. Los jueces rechazaron condenarla por asociación ilícita. La condena no se aplica porque todavía puede apelar ante la Cámara de Casación y luego la Corte Suprema.

El Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación en la causa Vialidad. A Lázaro Báez también le dieron 6 años.

La vicepresidenta no fue encontrada culpable por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la que había sido acusada junto a otros ex funcionarios como Julio de Vido y Abel Fatala, que también fueron absueltos en ese punto y en el resto de los cargos.

De este modo el Tribunal no la encontró culpable de ser “jefa de una banda” como la acusaban los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Era el punto más difícil de probar, ya que un Gobierno no puede ser culpado de ser una asociación ilícita.

Cristina es la primera vicepresidenta de la historia en ser condenada por corrupción durante el ejercicio de su cargo. Aunque no irá presa porque la sentencia no estará firme hasta que Cristina agote las instancias de apelación, primero ante la Cámara de Casación y luego ante la Corte Suprema. Mientras no haya sentencia firme, no se aplicará la condena y por eso Cristina podrá ser candidata el año que viene.

Los fundamentos de la sentencia se leerán el 9 de marzo de 2023, desde entonces sólo Cristina y los fiscales tienen la posibilidad de apelar el fallo. La vicepresidenta apelará la condena y los fiscales apelarán la absolución que recibió Cristina en el cargo de asociación ilícita.

Los fiscales Luciani y Mola habían pedido 12 años de prisión pero los jueces Carlos Gorini, Andrés Bassi y Rodrigo Giménez Uriburu condenaron a la ex presidenta por la mitad de ese tiempo.

Un grupo de militantes se agolpó en las puertas de los tribunales de Comodoro Py para esperar la sentencia. El piquetero Luis D’Elía, que venía hablando de “golpe”, fue uno de los líderes de la movilización.

FUENTE LA POLITICS ONLINE

FOTO TAPA EL CRONISTA

 

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Camaristas explicaron por qué permitieron la exploración petrolera frente a la costa de Mar del Plata

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Este lunes se conoció el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que revocó la medida cautelar que prohibía la exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. En ese marco, los jueces Alejandro Taza Eduardo Jiménez brindaron una conferencia de prensa, donde argumentaron su posición.

“La Cámara ha tomado la decisión judicial de autorizar la exploración petrolera en el marco de un proyecto que es más grande, superior, en base al aporte de nuevos informes brindados tanto por el Estado como de la empresa encargada de hacer este tipo de tareas, considerando que aquellos requisitos que hemos impuesto para preservar el medio ambiente estaban cumplidos“, expresó el juez Alejandro Taza.

En relación a la posibilidad que la decisión judicial sea apelada, Taza explicó: “Estamos en un proceso de amparo en el marco de una medida cautelar que había sido dictada por el juez en primera instancia, luego vino a la Cámara, se impusieron una serie de requisitos. El Estado y la empresa petrolera dieron respuesta a esos requisitos, la Cámara los analizó e impuso nuevas condiciones y autorizó al exploración petrolera que estaba programada oportunamente por el Estado como la empresa. En principio, es una decisión definitiva y las partes pueden interponer únicamente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema”, dijo.

En ese caso, “la Cámara debe analizar si es procedente o no y en su caso, conceder o no el recurso extraordinario ante la Corte Suprema”.

“El Poder Judicial no es el encargado de fijar las políticas públicas por parte del Estado, eso es algo que le incumbe al poder político. Nuestras tarea es simplemente velar por la legalidad del proceso que se lleva a este tipo de proyecto y cuidar y preservar el medio ambiente que en definitiva es algo que nos comprende e interesa a todos”, remarcó.

Y agregó: “En ese contexto, hemos hecho una serie de resoluciones  tendientes a preservar el medio ambiente de la mejor manera posible, procurando a que existan observadores y velando pro el cuidado del medio ambiente, fundamentalmente de la Ballena Franca que se alimenta en esa zona y el fitoplancton. Hemos ordenado medidas de mitigación del impacto porque se hace a través de artefactos sonoros que pueden llegar a perturbar la tranquilidad o algún indicio de perturbación al medio ambiente, frente a cualquier situación que se produzca en ese sentido, nosotros estaríamos dispuestos a tomar las medidas pertinentes que correspondieran”, aclaró.

En tanto, para el juez Eduardo Jiménez, justificó la decisión porque “nos enmarcamos en el mandato constitucional, que es de desarrollo sustentable y remarcó que la justicia “no va a interferir en la política de desarrollo del gobierno” pero “sí marcar pautas de resguardo” ambiental.

En ese análisis, argumentó que “YPF hace ese tipo de prospecciones desde hace 90 años, con bombeos de aire sonoros, para ver si el lugar es aceptable o no y con más de 138 procesos en marcha y no hay ningún accidente ecológico que se haya producido” y mencionó el CAN 114 y 08 “que están en zona de reproducción y alimentación” de las ballenas francas.

Asimismo, mencionó la zona del Agujero Azul, “que es donde descansan los restos del (crucero ARA) General Belgrano que tiene una media sanción para ser protegida” y “que es uno de los sectores de biodiversidad más importantes que tiene la República”.

Jiménez aclaró que con este fallo “se está explorando y no explotando” y que se impusieron “observadores calificados como los del proyecto Pampa Azul, con 9 universidades y 6 ministerios y están para la preservación del Mar Argentino”.

Si hubiera la posibilidad que los cetáceos murieren, se detiene el proceso“, remarcó Jimenez y dijo: “No quisimos avalar ni un fascismo ambiental ni una explotación a cómo venga, tenemos que buscar un justo equilibrio para que no dañe los ecosistemas”, completó.

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Causa Potenciar Trabajo: el fiscal Marijuán denunció a la ministra Tolosa Paz por incumplimiento de los deberes de funcionario público

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También la acuso de “abuso de autoridad” y “malversación de caudales públicos”. A Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita le imputa los mismos delitos. Entiende que la titular del ministerio de Desarrollo Social no dio de baja a los más de 250.000 beneficiarios de ese programa con las presuntas incompatibilidades detectadas por la AFI

El fiscal Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, por los presuntos delito de “Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”. Les reprocha no haber dado de baja a los 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular por tener alguna “incompatibilidad”, según el informe que el 24 de octubre envió la AFIP a la cartera que conduce la ex diputada nacional y que fue solicitado por su antecesor Juan Zabaleta.

El fiscal federal abrió una investigación preliminar después de que Infobae publicara el contenido de ese informe. Además solicitó que varios funcionarios declaren en calidad de testigos: primero fue el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, quien ratificó los informes elaborados por el organismo. Explicó que los contenidos son “estadísticos” y no nominales por el “secreto fiscal” al que está impuesto el organismo recaudador; y precisó que solo un juez puede levantarlo de ese impedimento.

La aclaración era por las críticas públicas que había realizado la ex diputada nacional. Aun conociendo la legislación -es contadora-, en conferencia de prensa dijo que la AFIP no había proporcionado la identidad de los titulares del plan social que, por ejemplo, tenían autos con menos de un año de antigüedad, había comprado dólares y disfrutaban de más de una propiedad. Todas incompatibilidades manifiestas.

El miércoles fue el turno de Juan Manzur, el jefe de Gabinete., quien declaró por escrito: respondió 11 preguntas y deslindó responsabilidades en Tolosa Paz.

Manzur aclaró que, si bien conocía el contenido del trabajo de la AFIP sobre el listado de titulares del Potencial Trabajo, más de 1.300.000, y “los requisitos” para ser excluidos del programa, respondió: “De lo que aquí interesa en la relación a la aplicación y/o ejecución de cada individuo que se inscribe en el ‘Potenciar Trabajo’, como así también la aprobación de su incorporación al mismo, son potestad de la autoridad de aplicación, a través de la ejecución de los planes, programas y proyectos”.

La “autoridad de aplicación” es el ministerio de Desarrollo Social al frente del cual está, desde el 13 de octubre, Tolosa Paz. La precedieron en el cargo Daniel Arroyo, y Juan Zabaleta.

Juan Manzur, jefe de Gabinete y Carlos Castagneto, titular de la AFIP, declararon como testigos en la investigación preliminar del fiscal Guillermo MarijuánJuan Manzur, jefe de Gabinete y Carlos Castagneto, titular de la AFIP, declararon como testigos en la investigación preliminar del fiscal Guillermo Marijuán

Dentro de esa cartera, el Programa Potenciar Trabajo funciona bajo la orbita de la Secretaría de Desarrollo Social comandada por Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita. El dirigente social administrará en 2023 -como lo hace ahora- fondos multimillonarios. En total, $594.285.915.597; un presupuesto más alto que el destinado a las políticas alimentarias, que es de $442.755.687.402; y casi la mitad de la partida presupuestaria que para el próximo año autorizó el Congreso para el ministerio de Tolosa Paz en un año electoral: $1.169.156.152.175, es decir más de un billón de pesos.

Los fundamentos de la denuncia penal

“Vengo por la presente a efectuar formal denuncia contra la actual Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz y contra el Secretario a cargo de la Secretaría Economía Social de dicho organismo, Emilio Miguel Ángel Pérsico, por las conductas que encuadran en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, previstos y reprimidos por los artículos 248 y 260 del Código Penal, ello conforme lo actuado en esta investigación que será referenciado en adelante”, comienza el escrito de 24 carillas presentado por el Fiscal Guillermo Marijuán y al que accedió de manera exclusiva Infobae.

Marijuán le reprocha a la ministra que, ante el informe de la AFIP no cumplió con su función de dar de bajas a esos titulares o al menos solicitar que se releve del secreto fiscal a la AFIP y así investigar si, efectivamente, esos beneficiarios recibían un subsidio del Estado fuera de las normas.

En ese trabajo, la AFIP había detectado, sobre un padrón de 1.382.279 beneficiarios, que “44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses (entre enero y junio pasado) mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil”. Que “52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc”. Que “63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil y que “253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales (no se aclara si son dueños de una moto o un auto de alta gama)” y que seguían empadronados hasta más de 2.800 personas fallecidas.

infobae

Marijuán entiende que: “Resulta evidente que a raíz de la labor solicitada por la anterior gestión a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también por la titular actual de ese organismo a la AFIP, se tomó conocimiento de esa situación, lo que debió derivar en una orden inmediata de la Ministra Victoria Tolosa Paz y de los funcionarios responsables, de suspensión y re empadronamiento de las personas que son beneficiarias del “Programa Potenciar Trabajo” y que resultaban observadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, no obstante lo cual la actitud fue muy distinta y de allí esta denuncia penal”.

Para el fiscal federal, el no haber dado de baja a los titulares del programa social con incompatibilidades “existió claramente una inobservancia de estas conclusiones, ya que con posterioridad a conocer el informe de la AFIP enviado con fecha 24 de octubre del año en curso, la Ministra Victoria Tolosa Paz requirió nuevamente una información complementaria de ese organismo, ya con otros conceptos distintos de los originales”. En este caso se realizaron menos preguntas, con otros criterios y con un padrón más chico.

No conforme con eso, y lejos de realizar un reempadronamiento el fiscal determinó que la ex diputada nacional “ya en conocimiento de dos informes de la AFIP que ponían en su conocimiento inconsistencias en los planes “Potenciar Trabajo” otorgados, la Ministra hizo un nuevo pedido al organismo fiscal ampliatorio del anterior -con fecha 17 de noviembre de 2022-, esta vez consultando solo por cuatro items, que fue respondido por AFIP, haciendo saber la normativa de la cual surgía el carácter secreto y consecuente obligación de reserva de la información económica-patrimonial contenida en las declaraciones juradas , manifestaciones e informes de naturaleza impositiva presentadas ante el Organismo, detallando que el pedido efectuado no se encontraba incluido dentro de las excepciones al secreto fiscal”.

En esta oportunidad, destaca el fiscal en su denuncia contra Tolosa Paz y Pérsico, la AFIP le respondió que “en relación a los atributos -por los datos- solicitados en su mayoría resultaban de acceso público”.

Sobre el final de la presentación penal, el fiscal Marijuán remarcó: “Cabe destacar asimismo, que en los informes realizados por la AFIP se señaló que había personas fallecidas, en relación de dependencia, o con beneficios jubilatorios, con bienes personales declarados y/o declaraciones juradas presentadas por su condición de contribuyentes alcanzados impositivamente, con bienes y/o vehículos – motos y autos-, así como con intervención en el mercado de cambios. Esto inexorablemente debía derivar en una actividad directa y concreta hacia la suspensión de estos planes, para evitar el perjuicio que mes a mes importa pagar un Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo” para alguien que es incompatible con la ley que lo establece y reglamenta”.

Tolosa Paz recién solicito al Juez Federal Julián Ercolini que releve a la AFIP del secreto fiscal el lunes pasado, una vez que Marijuán avanzó en su Investigación Preliminar: ya había tomado declaración testimonial a Castagneto; había citado a Manzur y había escuchado las testimoniales de los responsables que administran el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que coordina el intercambio de información de personas físicas y jurídicas entre organismos públicos nacionales y provinciales.

Según las normas vigentes, Desarrollo Social no debe liberar los haberes del Potenciar Trabajo a sus titulares hasta que el SINTyS informe que no hay incompatibilidades. Las incompatibilidades las determina Desarrollo Social, a través de la resolución 121/2020.

infobae

Por eso, al declarar ante Marijuán, Castagneto explicó que, para elaborar sus informes: “La AFIP utilizó las bases de datos que tiene para responder los informes, pero siempre respetando el secreto fiscal. Estos informes contestaron los puntos que fueron requeridos con datos estadísticos, no reflejan una opinión al respecto”.

Ante otra pregunta del fiscal, el funcionario también dejó en claro que: “La AFIP declara datos estadísticos, no declara irregularidades, no somos un ente ejecutor ni definidor de estas políticas públicas”. Como Manzur, también dejó en claro que esa era tarea de Tolosa Paz y, para mayor precisión subrayó: “No somos nosotros los que tenemos que decir si alguien está cometiendo una irregularidad. La AFIP no es organismo ejecutor ni de aplicación de los planes Potenciar Trabajo”.

El fiscal Guillermo Marijuán denunciará a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz por presunto mal desempeño en sus funcionesEl fiscal Guillermo Marijuán denunciará a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz por presunto mal desempeño en sus funciones

Estas son algunas de las razones por las que el fiscal federal está convencido de Victoria Tolosa Paz “se apartó de su responsabilidad” razón por la cual la denunciará a ella y a los responsables del Potenciar Trabajo por presunto “mal desempeño de funcionario público”.

la denuncia penal de Guillermo Marijuán será sorteada por Cámara Federal, y la responsabilidad de imputar algún delito a Tolosa Paz y/o otros funcionarios recaerá en un magistrado y un nuevo fiscal. Por conexidad, la causa también puede aterrizar en el juzgado de Julián Ercolini quien, junto al fiscal Eduardo Taiano ya investigan las presuntas irregularidades en la administración del programa Potenciar Trabajo denunciado por el diputado Wado Wolf y una segunda denuncia que también presentó Marijuán en el mismo sentido. La novedad, en este último caso, es que el fiscal la acusa a Tolosa Paz de haberse “apartado” de las normas, haber abusado de su autoridad, haber incumplido con sus deberes y malversar causales públicos. Los mismos cargos le imputo al secretario Emilio Pérsico quien además, es uno de los líderes del Movimiento Evita.

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