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Como si se hubiera largado sin aviso un chubasco de verano con granizo, todos corren a refugiarse. Los integrantes de la comunidad LGTB se están casando de a decenas porque temen que se anule la ley de matrimonio igualitario. Las bodas gay aumentaron un 42% en San Pablo en los últimos tres meses. También la inscripción de cambio de género y nombre en el registro civil. Los cuatro gobernadores del Nordeste que pertenecen al PT de Lula da Silva se preparan para una resistencia activa. Los legisladores de izquierda y centro estudian a las corridas el fenómeno que llevó a Alexandria Ocasio-Cortéz a la Cámara de Representantes en Washington haciendo campaña contra Trump y los gerontes de su propio partido. Los profesores universitarios están en guardia ante el avance contra ocho académicos acusados de difundir las ideas de Norcorea y Cuba. Los sindicatos se preparan para un verano caliente ante los ajustes prometidos. Hasta los grandes capos del narcotráfico dicen que abandonaron por un tiempo las favelas que controlan hasta “ver qué sucede”. Todos temen la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Su retórica de extrema derecha, homófoba y racista está haciendo que muchos buscaran algún lugar donde guarecerse hasta ver el resultado de sus primeros días de gobierno a partir del primer día del 2019.
La asistencia a la ceremonia de asunción de Viktor Orbán, el primer ministro antiinmigrantes de Hungría, y su colega israelí Benjamin Netanyahu, reconocido por su mano dura con los palestinos y su economía neoliberal, ya marca una tendencia de la que será su política internacional. John Bolton, un duro de la Administración Trump representará a Estados Unidos. También estará el gurú intelectual de Bolsonaro: Olavo de Carvalho, un periodista, filósofo y astrólogo que vive en un bosque de Virginia y que ya le impuso dos ministros. Tabaré Vázquez y Evo Morales no tienen ningún problema de ir a Brasilia el Primero de Enero a pesar de que saben que no la tendrán fácil con Bolsonaro. Inexplicablemente, Mauricio Macri no viaja a la investidura del nuevo mandatario de su principal socio comercial.
Bolsonaro fue electo con el mandato por parte del electorado de terminar con la violencia del narcotráfico, recortar la burocracia estatal para reactivar la economía y acabar con la clase política corrupta. Pero pocos días antes de asumir ya le estalló un escándalo de corrupción dentro de su propia familia. Apareció una cuenta bancaria no justificada de Fabricio Queiroz, el ex chofer de su hijo, el legislador del estado de Río de Janeiro y senador electo Flavio Bolsonaro. Todo comenzó cuando el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) descubrió depósitos por 1,2 millones de reales (305.000 dólares) que entre 2016 y 2017 se hicieron en la cuenta bancaria de Queiroz, y que en parte terminaron en las manos de la esposa del presidente electo, Michelle Bolsonaro. Los fiscales del estado de Río dijeron que Queiroz estaba dispuesto a cooperar con la investigación, pero sus abogados presentaron un certificado médico en el que decía que tenía que someterse a una cirugía urgente y por lo tanto no podía testificar. Su recuperación fue milagrosa. Dos días más tarde, Queiroz estaba sentado en un set de la cadena SBT, muy cercana a Bolsonaro. Allí aseguró que el dinero provenía de la compra y venta de autos, que es al negocio al que se dedica. El presidente electo explicó, por su parte, que el dinero que Queiroz transfirió a su esposa era por el pago de un préstamo personal y que si se trataba de un error, lo solucionaría con las autoridades fiscales. Flavio Bolsonaro culpó de inmediato a la prensa que dijo “intenta desestabilizar al gobierno de mi padre antes de que asuma”. Michelle Bolsonaro no abrió la boca. “Desde que salió a la luz este caso, ha habido un espectáculo de evasiones y explicaciones poco convincentes por parte de los Bolsonaro sobre éste que es un episodio con implicaciones relevantes para la política nacional”, dijo en un editorial el prestigioso Folha de Sao Paulo. El escándalo perseguirá a Bolsonaro hasta el Planalto.
La otra controversia que acompaña al presidente aún no asumido es la del quebrado sistema jubilatorio. Será su principal preocupación económica, dicen en su entorno. Y los mercados ya apuestan a que será así. “No podemos salvar a Brasil matando a personas mayores”, dijo para calmar las aguas Bolsonaro durante la campaña. De cualquier modo tendrá que lidiar con el principal problema de política pública del país: un sistema de pensiones que consume más de la mitad del presupuesto federal y está creciendo a una tasa de cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación. Se cree que Bolsonaro actuará rápidamente para resolver el problema que viene acosado a Brasil desde hace años. Su ministro de economía, Paulo Guedes, un neoliberal de la Universidad de Chicago y cofundador del principal banco de inversión de Brasil, es un enamorado del sistema jubilatorio privado que impuso la dictadura del general Pinochet en Chile. Los inversores confían en él para los recortes y hacer el ajuste fiscal del 4-5% del PIB que se necesita para estabilizar la deuda pública, y las reformas de liberalización para reavivar el crecimiento después de una recesión en 2015-2016 que hizo evaporar el 3% del PIB. “Hoy, el 40% de todo el gasto público federal va al sistema de pensiones y dentro de 10 o 15 años representará más de la mitad“, explica Fabio Ramos, economista de UBS Brasil. “De esta manera se transforma en el factor que más impulsa el crecimiento de la deuda pública, la cual a nivel neto llegará al 60% del PIB y bruta al 90% para 2019, de acuerdo a las estimaciones del FMI”.
El resto, ya es más conocido. Entre las primeras medidas del gobierno de Bolsonaro estará la liberalización de la venta de armas. “Cada ciudadano debe tener derecho a tener un arma y a ejercer su derecho de legítima defensa”, repitió en las entrevistas de campaña. También intentará aprobar en el congreso una especie de “licencia para matar” para la policía en el combate al narcotráfico. La promesa electoral de Bolsonaro es dar la facultad a los policías para que “en el ejercicio de su actividad profesional” sean protegidos por el sistema jurídico a través de una especie de inmunidad. Tiene intención de tipificar como terrorismo a las tomas de propiedades privadas tanto rurales como urbanas. Una medida contra el movimiento de “los sin tierra” que propician las tomas y que ahora podrían ser sentenciados como cualquier terrorista a treinta años de cárcel.
Tampoco va a permitir la entrega de más tierras a los “pueblos originarios”. “Ni un milímetro más de tierras indígenas”, dice su programa, una medida que justifica por el temor a que estos territorios se vuelvan “países independientes dentro de Brasil”. En este sentido también limitará la migración, particularmente de Venezuela. Y promete hacer una profunda reforma educativa “para acabar con el adoctrinamiento” en las escuelas. Quiere eliminar la educación sexual en las escuelas primarias y reimponer las materias de Organización Social y Política Brasileña y Educación Moral y Cívica que se enseñaban durante la dictadura.
Cuando tenga que gobernar no va a tener más remedio que correrse hacia el centro y aceptar los límites que le imponga la oposición para pasar muchas de las leyes que propone. El Trump del Trópico, como lo bautizó la prensa estadounidense, tendrá los mismos problemas que enfrenta el auténtico Trump de la Casa Blanca. Cuando intenta modificar la tradicional política internacional estadounidense, se confronta con todo el espectro democrático occidental; quiere construir un muro en la frontera con México y termina cerrando oficinas del gobierno en plena Navidad por la oposición del Congreso a darle los fondos; deja Medio Oriente en manos de Rusia e Irán y se enfrenta al Pentágono. La vida en el poder es bastante más dura que la de la campaña.
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