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La absolución y la condena de Carlos Menem, en manos de la Corte Suprema

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Será el máximo tribunal el que defina si analiza las acusaciones contra el ex presidente y los tiempos de la Justicia

El ex presidente Carlos Menem en una de sus últimas apariciones públicas (Nicolás Aboaf)

El ex presidente Carlos Menem en una de sus últimas apariciones públicas (Nicolás Aboaf)

A los 88 años, el ex presidente y senador Carlos Menem esperará su suerte judicial en la Corte Suprema. En el cuarto piso del Palacio de Talcahuano promete darse este año el debate sobre la absolución por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador,  la condena a cuatro años y medio de prisión por el pago de sobresueldos y, sobre todo, por qué la Justicia demoró dos décadas en resolver las acusaciones en su contra.

Algo de esa demora ya planteó la propia Corte en 2017, cuando habilitó a Menem a ser candidato a senador por La Rioja y expuso que Casación se tomó casi seis años en tramitar un recurso de la causa por el contrabando de armas. La causa por los sobresueldos tuvo menos vericuetos, pero la instrucción no fue breve: “Hace ocho años que me fui del Gobierno y todavía siguen con este tema“, dijo Menem en 2007 al enfrentar su indagatoria. La condena llegó a fines de 2015.

A este panorama judicial se le suman otras dos complicaciones para el ex presidente que pueden activarse en este 2019: por un lado, un pedido de condena de cuatro años de prisión que hizo la fiscal Gabriela Baigún y la querella del Gobierno contra Menem por haber vendido en 1991 el predio de la Rural a un precio más bajo que el de mercado; y, por otro lado, la definición sobre su papel en el encubrimiento al atentado contra la AMIA, que el 18 de julio de 1994 terminó con la vida de 85 personas.

Menem está acusado de haber intentado desviar la llamada pista siria en los primeros días posteriores al atentado. La Fiscalía y las querellas AMIA y DAIA pidieron para él una pena de cuatro años de cárcel; las querellas de Memoria Activa y del Ministerio de Justicia reclamaron seis años de prisión, mientras que la querella de APEMIA exigió 14 años de encierro. Si es culpable y qué pena merece, es decisión del Tribunal Oral Federal 2 que desde hace más de tres años sustancia este debate. El 2018 se fue en alegatos. Ahora los acusados fueron invitados a decir sus últimas palabras. El paso siguiente será la sentencia.

Un joven Menem, cuando era gobernador de La Rioja

Un joven Menem, cuando era gobernador de La Rioja

En este escenario, queda claro el extenso tiempo que se tomaron los propios tribunales para avanzar con las causas contra el ex presidente, con  hechos que, según la acusación, fueron cometidos durante su gestión (1989-1999). Se investigan hechos que sucedieron hace 30 años como máximo y 20 años como mínimo. En ese tablero, la defensa de Menem puso en juego un derecho que está expresamente reconocido en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y, de forma implícita, en la Constitución Nacional: el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Pero, ¿qué es un plazo razonable? Los expertos y la jurisprudencia hablan de “considerar la complejidad del asunto, la actividad procesal del acusado, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada”.

Algunas paradojas del caso:

1) Los tiempos de la prescripción en este caso no se aplican porque Menem siguió siendo funcionario (senador) y por lo tanto arrastró consigo al resto de los implicados en las causa. Domingo Cavallo, el ex ministro de Economía, lo acompaña en dos de esos procesos (sobresueldos y La Rural).

2) Ninguna de las condenas por las que eventualmente pudiera ser sentenciado el ex presidente superaría los años que hace que se cometió el hecho investigado.

En el medio, una realidad. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “el promedio de duración de una causa de corrupción en la Argentina es de 14 años”.

La causa “Armas”

Carlos Menem retratado por el fotógrafo oficial de Presidencia (Victor Bugge)

Carlos Menem retratado por el fotógrafo oficial de Presidencia (Victor Bugge)

La causa “Armas” lleva más de dos décadas de trámite. Comenzó en 1995 por la firma de tres decretos presidenciales entre 1991 y 1994 para venderle 6.500 toneladas de armamento a Panamá y Venezuela. Pero el destino final fue Croacia y Ecuador, dos países sobre los que regía una prohibición de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para venderles armas porque estaban en guerra.

El ex presidente estuvo preso seis meses en 2001 en una quinta de Don Torcuato, cuando ya había dejado el poder. Fue la entonces Corte Suprema la que anuló la acusación por asociación ilícita que pesaba contra los acusados. En 2008 comenzó el juicio oral a Menem y otros 17 acusados que duró tres años. Todos fueron absueltos en 2011. En 2013 Casación revisó el fallo y lo condenó junto a otras 11 personas por contrabando agravado. El Tribunal oral les puso números a esas condenas. A Menem le tocaron siete años.

La defensa llegó a la Corte Suprema. En 2017, en un fallo que lo habilitó a ser candidato a senador por La Rioja, el máximo tribunal instó a otra sala de Casación a revisar la condena de Menem porque no había tenido lo que se llama un doble conforme, es decir, la obligación de que un segundo tribunal revisara y respaldara el veredicto anterior. En esa resolución también advirtió que debía emitirse un fallo urgente, atento al tiempo que llevaba la causa.

A principios de octubre de 2018, Casación decidió que había que absolver al ex presidente y al resto de los implicados por el paso del tiempo. Según dijeron los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, “los hechos juzgados datan de los años 1991 y 1995 y llegado el último tramo del año 2018 aún no ha recaído sentencia firme. Es decir que tomado de su extremo han transcurrido más de 25 años –que es más del doble de tiempo, por ejemplo, de la prescripción de un homicidio- sin que las autoridades estatales hayan emitido un pronunciamiento definitivo sobre el asunto sometido a su conocimiento”.

Eso, dijeron, afecta las garantías del derecho de defensa a ser juzgados en un tiempo lógico y por lo tanto todos los implicados debían ser absueltos. El tercer juez, Carlos Mahiques, opinó que los plazos no estaban vencidos, pero que no había pruebas para condenar a Menem.

Los tribunales de Comodoro Py (Adrián Escandar)

Los tribunales de Comodoro Py (Adrián Escandar)

Lo más significativo del fallo es que Casación aseguró que la demora judicial ocurrió “por la exclusiva desidia, inactividad o deficiencia en la técnica investigativa de los distintos órganos estatales intervinientes que resultaban los encargados de llevar adelante la persecución penal pública en tiempo y forma, extremo que claramente no puede ser soportado por los justiciables si es que se pretende respetar la garantía del debido proceso legal consagrada en nuestra Constitución Nacional”.

Contra eso, el fiscal Raúl Pleé y la querella AFIP-DGI apelaron, pero Casación acaba de rechazar ese recurso: “Los recurrentes no han logrado demostrar la arbitrariedad que aducen ni la forma mediante la cual se habría operado la violación a las garantías constitucionales que alegan, en tanto basan su impugnación en su mera invocación y en juicios distintos al criterio adoptado por este Tribunal”, se planteó en la resolución a la que accedió Infobae, firmada en los últimos días de diciembre.

“En otro orden de ideas, el intento del Fiscal General de excluir esta causa de la aplicación de la doctrina del plazo razonable, basado en la comparación con otros casos fallados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, atañe a su criterio, en tanto no se extrae esa conclusión de la doctrina del Superior”, se añadió. Ahora, se descuenta, los apelantes presentarán en febrero un recurso extraordinario en queja para llegar al máximo tribunal.

La causa “Sobresueldos”

Carlos Menem junto a María Julia Alsogaray

Carlos Menem junto a María Julia Alsogaray

La causa que ya está por aterrizar en el cuarto piso del Palacio de Tribunales es la de sobresueldos. Después del fallo armas, Casación confirmó la condena a cuatro años y medio de prisión del ex presidente por el pago de sobresueldos durante su gobierno, junto a la del ex ministro de Economía Domingo Cavallo. El ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, que también estaba acusado, fue el único que tuvo suerte: para él sí se revocó la condena. Fue un fallo dividido. Para Riggi, aquí también los tiempos de la causa estaban vencidos y por lo tanto había que absolverlos a todos.

Esa causa comenzó de la mano de María Julia Alsogaray, un ícono de la gestión de los 90. La ex funcionaria, ya fallecida, explicó que el incremento de su patrimonio estaba justificado en los pagos que recibía por afuera de su sueldo. Explicó que se trataba de una práctica habitual en el gabinete, y que incluso Cavallo había recomendado que declararan “el sobre” ante la AFIP. El peculado consiste en “la apropiación indebida de fondos públicos por aquel a quien está confiada su custodia”. Es un delito que tiene un máximo de 10 años de cárcel.

La defensa de Menem y Cavallo sostuvieron que la sentencia era arbitraria, que había una ley de fondos de reserva y que, de última, la investigación fue selectiva porque “se desvinculó a algunos sobre los que había mayores pruebas incriminatorias”. Resaltaron, además, que los gastos reservados existieron siempre, también en el Poder Judicial y el Congreso, pero solo se investigó a Menem y Cavallo.

El ex presidente y su entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo (AFP)

El ex presidente y su entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo (AFP)

Pero además las defensas exigieron que el tema de los plazos razonables fuera tratado en un plenario por Casación. Lo hicieron a través de un recurso llamado de “inaplicabilidad de la ley“. Incluso aludieron al fallo que sobreseyó hace unas semanas al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti por la misma acusación: como ex funcionario del menemismo, también había sido salpicado por sospechas de sobresueldos, pero su causa tramitó por afuera de la causa principal y su caso nunca llegó a juicio. La Cámara Federal entendió que aquí se aplicaban los plazos razonables y el gobernador debía ser sobreseído. La defensa también citó un sobreseimiento para Elías Jassan, ex ministro de Justicia de Menem.

“Es imposible que iguales hechos impliquen para dos imputados sometidos al mismo proceso violación de la garantía ser juzgados en un plazo razonable e inexistencia de dicha violación en el caso de mi defendido –planteó la defensa de Menem en el escrito al que accedió Infobae-. Los hechos son los mismos, las circunstancias de la causa, la conducta de las defensas y la complejidad de las maniobras a resolver idénticas. No constituye diferencia que exista condena en el caso de mi defendido y no lo existan el caso de los dos imputados en cuestión ya que dicha condena no está firme y el proceso no concluye hasta que lo esté”.

En Casación rechazaron los argumentos de Menem y Cavallo. Se negaron a abrir la puerta a un plenario. La defensa del ex presidente se quejó diciendo que el recurso se rechazó en forma improcedente. Si hubieran tenido éxito en esa jugada, Casación hubiera llamado a un plenario para que se definiera una voz única sobre el fin de las causas judiciales y los “plazos lógicos” para llegar a una sentencia.

Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (cij)

Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (cij)

Las defensas apelaron por el fallo condenatorio y Casación concedió el recurso. Ahora, la discusión se trasladó a la Corte Suprema. Serán los ministros del supremo tribunal los que resolverán si se ponen a analizar el fondo de las dos resoluciones que salpican a Menem: la absolución por armas, la condena de los sobresueldos (que también arrastra a Cavallo) y sobre todo, los tiempos de la Justicia.

Si en alguna de las causas decidiera que Menem es culpable, el Senado debería disponer su desafuero, de acuerdo a la llamada doctrina Pichetto. Y Menem quedaría detenido, a su edad y por razones de salud probablemente con arresto domiciliario.

Mientras tanto, en este 2019, el ex presidente espera saber si alguno de los dos juicios que enfrenta (AMIA y Rural) lo llevan a sumar otra condena que, obviamente y apelaciones mediante, no quedará firme hasta que la Corte diga la última palabra.

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LA CORTE SUPREMA CONFIRMO PRISION PREVENTIVA NO OBSTANTE HAY PROTECCION ASEGURADA

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Pichetto volvió a rechazar el desafuero de Cristina pese al fallo de la Corte La Corte Suprema confirmó la prisión preventiva contra la senadora pero su par en la Cámara alta consideró que sin sentencia definitiva no se puede hacer lugar al pedido de la Justicia.

El  jefe del interbloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, volvió a manifestar su rechazo al desafuero de su par en la Cámara Alta Cristina Fernández de Kirchner.

El pedido de prisión preventiva contra la legisladora se da en el marco de la causa en la que se la investiga por supuestos delitos derivados del Acuerdo de Entendimiento entre la Argentina e Irán por el atentado a la AMIA en 1994. Ayer, la Corte Suprema de la Nación confirmó por unanimidad la prisión preventiva de la expresidenta en el caso que lleva adelante el juez Claudio Bonadio.

El máximo tribunal también rechazó un planteo similar al que había formulado la exmandataria, del ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, contra el procesamiento dictado por encubrimiento agravado. Ante ese fallo, Pichetto insistió con que no corresponde que el Senado vote a favor del desafuero de Fernández de Kirchner.

“Como dice la Corte, acá no hay sentencia definitiva”, sentenció el legislador justicialista. PUBLICIDAD Pichetto: “Como dice la Corte, acá no hay sentencia definitiva” En ese sentido, reiteró: “No se ha modificado nada desde el punto de vista de nuestra posición”, a la vez que remarcó que “no se llevó adelante el juicio ni se definió la responsabilidad penal sobre los hechos”.

No obstante, Pichetto precisó que “cuando haya sentencia definitiva, procederá el desafuero”. De ese modo, el senador mantiene su postura con respecto a la situación procesal de la exmandataria, a la que ya calificó en otras ocasiones como un “verdadero absurdo, un disparate, un exceso”, pese a las múltiples tensiones y cruces que existen entre ambos legisladores. Para Pichetto, el pedido de prisión preventiva a Cristina “es un disparate” El camino al desafuero. El 6 de diciembre de 2017 el juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva y embargo de 50.000.000 de pesos a Fernández de Kirchner. Tres meses después, tras resistir planteos de recusación, el magistrado elevó la causa a juicio oral y público.

El excanciller Héctor Timerman, quien falleció en diciembre pasado. fue entonces beneficiado con arresto domiciliario por su estado de salud, en tanto que la prisión preventiva de la expresidenta quedó supeditada a un eventual proceso de desafuero ya que tras dejar ese cargo fue electa senadora nacional, cargo que desempeña en la actualidad. En noviembre del año pasado, Cambiemos intentó tratar el desafuero de Cristina pero no consiguió quórum y se cayó la sesión. El oficialismo necesitaba 37 legisladores para debatir el pedido, pero solo consiguió 26. Precisamente, el Bloque Justicialista que comanda Pichetto y el Frente para la Victoria (conducido por CFK pero formalmente encabezado por Marcelo Fuentes) no asistieron al encuentro.

B.D.N./FeL (Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de “share” o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a perfilcom@perfil.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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aCom: Más voces, más conectividad y las actas de directorio del 2019 escondidas

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En la reunión de hoy del Directorio de Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), se aprobaron nuevos proyectos de conectividad en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, a través de los fondos del Servicio Universal. Además, se adjudicaron nuevas licencias para radios FM y se abrió el concurso para una nueva línea de FoMeCA

Durante la 43° Reunión de Directorio se aprobaron 4 proyectos de Aportes No reembolsables (ANR) en localidades pertenecientes a las provincias de Buenos Aires y Córdoba por un monto total de $13.009.337 (NdE: ¿en qué localidad?, ¿a quién/es?). El Concurso está orientado a la universalización y mejora de la infraestructura de Internet de Banda Ancha en localidades menores a 10.000 habitantes. Desde la creación de este programa ya se destinaron más de $2.442 millones del Fondo del Servicio Universal (FSU) para brindar conectividad en todo el país.

“Estamos trabajando para lograr una mayor pluralidad de voces y conectar a los no conectados. Nuestro desafío es reducir cada vez más la brecha digital para que todos los argentinos tengan las mismas posibilidades sin importar donde vivan”, afirmó Silvana Giudici, presidenta de ENaCom.

También, se aprobó la entrega de 11 licencias para emisoras de baja potencia en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta (NdE: ¿en qué localidad?, ¿a quién/es?). Esta decisión se enmarca en el Plan de Regularización de FM que el organismo lanzó en agosto del año pasado y que tiene dos objetivos: la adjudicación de licencias a nuevas emisoras y la regularización de las emisoras que operan con Permisos Precarios y Provisorios (PPP) y las Emisoras Reconocidas.

Además, Por otra parte, se aprobó el reglamento y la convocatoria para la Línea D – Pueblos originarios del Fondo de Fomento Concursable de Medios Audiovisuales (FoMeCA), atendiendo un reclamo histórico de las comunidades originarias. El concurso abrirá el 1° de abril y se destinarán hasta $27.000.000 para los proyectos ganadores, fortaleciendo un sector clave para la pluralidad de voces.

Finalmente, se autorizaron 7 radios FM de pueblos originarios, universidades, escuelas y municipalidades (NdE: ¿en qué localidad?, ¿a qué comunidad?, ¿a qué universidad?, ¿a qué municipio?). También se otorgaron 34 licencias Únicas Argentina Digital y 64 registros.

Durante el encuentro estuvieron presentes Silvana Giudici, presidenta de ENaCom, junto a los directores Agustín Garzón, Miguel Ángel Giubergia, Heber Martínez, Alejandro Pereyra y Guillermo Jenefes.

NdE: Si hubiera actas del Directorio las preguntas tendrían respuesta, en el 2019 ningún acta se publicó.
Fuente: Ente Nacional de Comunicaciones

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Elisa Carrió se opone a que haya internas en Cambiemos para elegir la fórmula presidencial

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“No tienen sentido en el caso de un partido de gobierno”, advirtió la diputada de la Coalición Cívica

La diputada durante la Asamblea Legislativa festejó el discurso de Macri

La diputada durante la Asamblea Legislativa festejó el discurso de Macri

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se opuso a la idea de abrir una interna en Cambiemos para elegir la fórmula presidencial y adelantó que no se presentará a ningún cargo electivo este año.

Las internas no tienen sentido en el caso de un partido de gobierno. La Coalición Cívica va por la renovación (del mandato) del presidente (Mauricio) Macri y voy a recorrer el país defendiendo al Gobierno”, sentenció la legisladora al hacer una defensa cerrada del mandatario.

Además, según la líder de la Coalición Cívica, “la mitad” del radicalismo sostiene a Macri como presidente. “No soy de las que quiebra en los momentos difíciles o usa el oportunismo“, advirtió en diálogo con radio Mitre.

De esta manera, el tercer miembro del frente Cambiemos marcó posición sobre la intención del radicalismo de postular un candidato propio y competir en las elecciones primarias presidenciales de Cambiemos. En esa lista para confrontar con Mauricio Macri ya se anotó el ex ministro de Economía, Martín Lousteau. La decisión se definirá en abril o mayo, según adelantó el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.

Voy a acompañar a todos los candidatos de Cambiemos que sean decentes“, sostuvo Carrió. Además, la diputada nacional anticipó que ya piensa en la jubilación y que no se presentará a ningún cargo electivo.

No voy a ser candidata. Los jubilados tenemos que trabajar en este país porque la jubilación no alcanza. Como diputada tengo una jubilación muy mínima, así que volveré a trabajar en la actividad privada, eso me gusta”, aclaró.

Volverá a la actividad privada porque la jubilación no le alcanza

Volverá a la actividad privada porque la jubilación no le alcanza

Elisa Carrió estuvo presente ayer en el discurso de Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa, cuando se dio inicio del período de apertura de sesiones. Para la diputada, el mensaje del mandatario fue “excelente” al igual que “su actitud”, ya que reconoció “la realidad en el sentido que estamos sufriendo”. 

“Yo siento que este es el costo que debemos pagar por todo lo despilfarrado. Estamos en un camino de salida. No se puede salir con populismo, mintiendo”, opinó la jefa de la Coalición Cívica. “Cuando sale del libreto, del marketing, le sale mucho mejor“, añadió sobre el discurso del Presidente.

La agenda de Carrió continuará el próximo miércoles, cuando amplíe su denuncia contra el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, al que acusó de formar parte de una operación contra el fiscal Carlos Stornelli. Anticipó que pedirá su juicio político.

Fotos: Nicolás Stulberg y Maximiliano Luna

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