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Politica

La absolución y la condena de Carlos Menem, en manos de la Corte Suprema

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Será el máximo tribunal el que defina si analiza las acusaciones contra el ex presidente y los tiempos de la Justicia

El ex presidente Carlos Menem en una de sus últimas apariciones públicas (Nicolás Aboaf)

El ex presidente Carlos Menem en una de sus últimas apariciones públicas (Nicolás Aboaf)

A los 88 años, el ex presidente y senador Carlos Menem esperará su suerte judicial en la Corte Suprema. En el cuarto piso del Palacio de Talcahuano promete darse este año el debate sobre la absolución por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador,  la condena a cuatro años y medio de prisión por el pago de sobresueldos y, sobre todo, por qué la Justicia demoró dos décadas en resolver las acusaciones en su contra.

Algo de esa demora ya planteó la propia Corte en 2017, cuando habilitó a Menem a ser candidato a senador por La Rioja y expuso que Casación se tomó casi seis años en tramitar un recurso de la causa por el contrabando de armas. La causa por los sobresueldos tuvo menos vericuetos, pero la instrucción no fue breve: “Hace ocho años que me fui del Gobierno y todavía siguen con este tema“, dijo Menem en 2007 al enfrentar su indagatoria. La condena llegó a fines de 2015.

A este panorama judicial se le suman otras dos complicaciones para el ex presidente que pueden activarse en este 2019: por un lado, un pedido de condena de cuatro años de prisión que hizo la fiscal Gabriela Baigún y la querella del Gobierno contra Menem por haber vendido en 1991 el predio de la Rural a un precio más bajo que el de mercado; y, por otro lado, la definición sobre su papel en el encubrimiento al atentado contra la AMIA, que el 18 de julio de 1994 terminó con la vida de 85 personas.

Menem está acusado de haber intentado desviar la llamada pista siria en los primeros días posteriores al atentado. La Fiscalía y las querellas AMIA y DAIA pidieron para él una pena de cuatro años de cárcel; las querellas de Memoria Activa y del Ministerio de Justicia reclamaron seis años de prisión, mientras que la querella de APEMIA exigió 14 años de encierro. Si es culpable y qué pena merece, es decisión del Tribunal Oral Federal 2 que desde hace más de tres años sustancia este debate. El 2018 se fue en alegatos. Ahora los acusados fueron invitados a decir sus últimas palabras. El paso siguiente será la sentencia.

Un joven Menem, cuando era gobernador de La Rioja

Un joven Menem, cuando era gobernador de La Rioja

En este escenario, queda claro el extenso tiempo que se tomaron los propios tribunales para avanzar con las causas contra el ex presidente, con  hechos que, según la acusación, fueron cometidos durante su gestión (1989-1999). Se investigan hechos que sucedieron hace 30 años como máximo y 20 años como mínimo. En ese tablero, la defensa de Menem puso en juego un derecho que está expresamente reconocido en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y, de forma implícita, en la Constitución Nacional: el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Pero, ¿qué es un plazo razonable? Los expertos y la jurisprudencia hablan de “considerar la complejidad del asunto, la actividad procesal del acusado, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada”.

Algunas paradojas del caso:

1) Los tiempos de la prescripción en este caso no se aplican porque Menem siguió siendo funcionario (senador) y por lo tanto arrastró consigo al resto de los implicados en las causa. Domingo Cavallo, el ex ministro de Economía, lo acompaña en dos de esos procesos (sobresueldos y La Rural).

2) Ninguna de las condenas por las que eventualmente pudiera ser sentenciado el ex presidente superaría los años que hace que se cometió el hecho investigado.

En el medio, una realidad. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “el promedio de duración de una causa de corrupción en la Argentina es de 14 años”.

La causa “Armas”

Carlos Menem retratado por el fotógrafo oficial de Presidencia (Victor Bugge)

Carlos Menem retratado por el fotógrafo oficial de Presidencia (Victor Bugge)

La causa “Armas” lleva más de dos décadas de trámite. Comenzó en 1995 por la firma de tres decretos presidenciales entre 1991 y 1994 para venderle 6.500 toneladas de armamento a Panamá y Venezuela. Pero el destino final fue Croacia y Ecuador, dos países sobre los que regía una prohibición de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para venderles armas porque estaban en guerra.

El ex presidente estuvo preso seis meses en 2001 en una quinta de Don Torcuato, cuando ya había dejado el poder. Fue la entonces Corte Suprema la que anuló la acusación por asociación ilícita que pesaba contra los acusados. En 2008 comenzó el juicio oral a Menem y otros 17 acusados que duró tres años. Todos fueron absueltos en 2011. En 2013 Casación revisó el fallo y lo condenó junto a otras 11 personas por contrabando agravado. El Tribunal oral les puso números a esas condenas. A Menem le tocaron siete años.

La defensa llegó a la Corte Suprema. En 2017, en un fallo que lo habilitó a ser candidato a senador por La Rioja, el máximo tribunal instó a otra sala de Casación a revisar la condena de Menem porque no había tenido lo que se llama un doble conforme, es decir, la obligación de que un segundo tribunal revisara y respaldara el veredicto anterior. En esa resolución también advirtió que debía emitirse un fallo urgente, atento al tiempo que llevaba la causa.

A principios de octubre de 2018, Casación decidió que había que absolver al ex presidente y al resto de los implicados por el paso del tiempo. Según dijeron los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, “los hechos juzgados datan de los años 1991 y 1995 y llegado el último tramo del año 2018 aún no ha recaído sentencia firme. Es decir que tomado de su extremo han transcurrido más de 25 años –que es más del doble de tiempo, por ejemplo, de la prescripción de un homicidio- sin que las autoridades estatales hayan emitido un pronunciamiento definitivo sobre el asunto sometido a su conocimiento”.

Eso, dijeron, afecta las garantías del derecho de defensa a ser juzgados en un tiempo lógico y por lo tanto todos los implicados debían ser absueltos. El tercer juez, Carlos Mahiques, opinó que los plazos no estaban vencidos, pero que no había pruebas para condenar a Menem.

Los tribunales de Comodoro Py (Adrián Escandar)

Los tribunales de Comodoro Py (Adrián Escandar)

Lo más significativo del fallo es que Casación aseguró que la demora judicial ocurrió “por la exclusiva desidia, inactividad o deficiencia en la técnica investigativa de los distintos órganos estatales intervinientes que resultaban los encargados de llevar adelante la persecución penal pública en tiempo y forma, extremo que claramente no puede ser soportado por los justiciables si es que se pretende respetar la garantía del debido proceso legal consagrada en nuestra Constitución Nacional”.

Contra eso, el fiscal Raúl Pleé y la querella AFIP-DGI apelaron, pero Casación acaba de rechazar ese recurso: “Los recurrentes no han logrado demostrar la arbitrariedad que aducen ni la forma mediante la cual se habría operado la violación a las garantías constitucionales que alegan, en tanto basan su impugnación en su mera invocación y en juicios distintos al criterio adoptado por este Tribunal”, se planteó en la resolución a la que accedió Infobae, firmada en los últimos días de diciembre.

“En otro orden de ideas, el intento del Fiscal General de excluir esta causa de la aplicación de la doctrina del plazo razonable, basado en la comparación con otros casos fallados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, atañe a su criterio, en tanto no se extrae esa conclusión de la doctrina del Superior”, se añadió. Ahora, se descuenta, los apelantes presentarán en febrero un recurso extraordinario en queja para llegar al máximo tribunal.

La causa “Sobresueldos”

Carlos Menem junto a María Julia Alsogaray

Carlos Menem junto a María Julia Alsogaray

La causa que ya está por aterrizar en el cuarto piso del Palacio de Tribunales es la de sobresueldos. Después del fallo armas, Casación confirmó la condena a cuatro años y medio de prisión del ex presidente por el pago de sobresueldos durante su gobierno, junto a la del ex ministro de Economía Domingo Cavallo. El ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, que también estaba acusado, fue el único que tuvo suerte: para él sí se revocó la condena. Fue un fallo dividido. Para Riggi, aquí también los tiempos de la causa estaban vencidos y por lo tanto había que absolverlos a todos.

Esa causa comenzó de la mano de María Julia Alsogaray, un ícono de la gestión de los 90. La ex funcionaria, ya fallecida, explicó que el incremento de su patrimonio estaba justificado en los pagos que recibía por afuera de su sueldo. Explicó que se trataba de una práctica habitual en el gabinete, y que incluso Cavallo había recomendado que declararan “el sobre” ante la AFIP. El peculado consiste en “la apropiación indebida de fondos públicos por aquel a quien está confiada su custodia”. Es un delito que tiene un máximo de 10 años de cárcel.

La defensa de Menem y Cavallo sostuvieron que la sentencia era arbitraria, que había una ley de fondos de reserva y que, de última, la investigación fue selectiva porque “se desvinculó a algunos sobre los que había mayores pruebas incriminatorias”. Resaltaron, además, que los gastos reservados existieron siempre, también en el Poder Judicial y el Congreso, pero solo se investigó a Menem y Cavallo.

El ex presidente y su entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo (AFP)

El ex presidente y su entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo (AFP)

Pero además las defensas exigieron que el tema de los plazos razonables fuera tratado en un plenario por Casación. Lo hicieron a través de un recurso llamado de “inaplicabilidad de la ley“. Incluso aludieron al fallo que sobreseyó hace unas semanas al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti por la misma acusación: como ex funcionario del menemismo, también había sido salpicado por sospechas de sobresueldos, pero su causa tramitó por afuera de la causa principal y su caso nunca llegó a juicio. La Cámara Federal entendió que aquí se aplicaban los plazos razonables y el gobernador debía ser sobreseído. La defensa también citó un sobreseimiento para Elías Jassan, ex ministro de Justicia de Menem.

“Es imposible que iguales hechos impliquen para dos imputados sometidos al mismo proceso violación de la garantía ser juzgados en un plazo razonable e inexistencia de dicha violación en el caso de mi defendido –planteó la defensa de Menem en el escrito al que accedió Infobae-. Los hechos son los mismos, las circunstancias de la causa, la conducta de las defensas y la complejidad de las maniobras a resolver idénticas. No constituye diferencia que exista condena en el caso de mi defendido y no lo existan el caso de los dos imputados en cuestión ya que dicha condena no está firme y el proceso no concluye hasta que lo esté”.

En Casación rechazaron los argumentos de Menem y Cavallo. Se negaron a abrir la puerta a un plenario. La defensa del ex presidente se quejó diciendo que el recurso se rechazó en forma improcedente. Si hubieran tenido éxito en esa jugada, Casación hubiera llamado a un plenario para que se definiera una voz única sobre el fin de las causas judiciales y los “plazos lógicos” para llegar a una sentencia.

Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (cij)

Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (cij)

Las defensas apelaron por el fallo condenatorio y Casación concedió el recurso. Ahora, la discusión se trasladó a la Corte Suprema. Serán los ministros del supremo tribunal los que resolverán si se ponen a analizar el fondo de las dos resoluciones que salpican a Menem: la absolución por armas, la condena de los sobresueldos (que también arrastra a Cavallo) y sobre todo, los tiempos de la Justicia.

Si en alguna de las causas decidiera que Menem es culpable, el Senado debería disponer su desafuero, de acuerdo a la llamada doctrina Pichetto. Y Menem quedaría detenido, a su edad y por razones de salud probablemente con arresto domiciliario.

Mientras tanto, en este 2019, el ex presidente espera saber si alguno de los dos juicios que enfrenta (AMIA y Rural) lo llevan a sumar otra condena que, obviamente y apelaciones mediante, no quedará firme hasta que la Corte diga la última palabra.

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Kicillof, Insaurralde y Magario: los candidatos que más suenan en el PJ bonaerense

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El peronismo de la provincia de Buenos se reúne el fin de semana en Santa Teresita. Los nombres para hacerle frente a María Eugenia Vidal.

El PJ bonaerense se reúne este sábado para empezar a elaborar su estrategia electoral con la que enfrentará a Cambiemos este año. Desde la oposición saben que la gobernadora María Eugenia Vidal es la oponente más complicada del oficialismo y necesitan proyectar las opciones disponibles dentro de su espacio ante el posible desdoblamiento de las elecciones.

En ese marco, el PJ bonaerense reunirá a su consejo partidario este sábado a las 11 de la mañana en Santa Teresita. Muy activo desde que asumió las riendas dela fuerza, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, movió sus influencias y organizó un encuentro en plena temporada alta estival. Luego, almorzará con la comitiva de intendentes justicialistas.

Diagramar la campaña del peronismo es fundamental en medio de las conversaciones entre funcionarios de Provincia y de Nación para desdoblar las elecciones, un escenario que el peronismo mira con desconfianza. La decisión final no llegaría hasta marzo, cuando Vidal lo acuerde con el presidente Mauricio Macri y la Comisión Bicameral haya dado sus recomendaciones en torno a la cuestión.

Las especulaciones apuntan a que un calendario electoral unificado entre Provincia y Nación, como es costumbre desde hace décadas, permitiría al peronismo atar su suerte en cada uno de los distritos que gobiernan a la performance que obtenga en la presidencial la senadora Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente con mayor volumen electoral de la oposición.

Los argumentos de Vidal para desdoblar la elección bonaerense Por el momento, las opciones del peronismo bonaerense para jugar en la categoría a gobernador se reducen a tres: el diputado de Unidad Ciudadana y exministro de Economía Axel Kicillof, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien es el predilecto de la expresidenta; ; y su par de La Matanza, Verónica Magario. En el caso de que finalmente hubiese un desdoblamiento electoral, las tornas giraría a favor de Kicillof.

El exministro tiene alcance nacional ya instalado, es conocido entre la población y es quien fideliza mejor al electorado de Cristina Kirchner.

No obstante, en territorio bonaerense no todos ven con buenos ojos que un dirigente importado de la Capital Federal compita a gobernador. Por su lado, Insaurralde y Magario tienen peso territorial en sus distritos pero no les alcanzaría el tiempo de campaña para instalarse y darle pelea a Vidal. B.D.N. (Fuente www.perfil.com).

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Artículo por artículo, cómo es el decreto para recuperar bienes de la corrupción

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Artículo por artículo, cómo es el decreto para recuperar bienes de la corrupc

El Presidente y todo su gabinete firmaron el DNU que fue publicado este martes en el Boletín Oficial

El gobierno nacional publicó este martes el decreto de necesidad y urgencia a través del cual puso en marcha el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio.

 El yate de Ricardo Jaime, emblema de los bienes recuperados asociados a la corrupción

La norma, que había sido adelantada por Infobae, fue instrumentada a partir de la modificación del artículo 1907 del Código Civil, que incluye la nueva modalidad de extinción de los derechos reales, y un anexo que define punto por punto cómo será el nuevo procedimiento que se sustanciará en el fuero civil.

En los argumentos, el Poder Ejecutivo precisó los lineamientos básicos de la medida. Aseguró que “el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido social y desincentiva el cumplimiento de la ley“.

Y en virtud de ello, indicó que “el Estado debe contar con herramientas consistentes, prácticas y eficaces de política criminal, tanto de carácter penal como de carácter no penal, para luchar de manera integral contra el flagelo del crimen organizado“.

El anexo crea el nuevo régimen procesal propiamente dicho. Del análisis de su articulado, se puede precisar cómo será el procedimiento a partir del cual  los jueces civiles podrán recuperar bienes vinculados a la corrupción, el narcotráfico y otros delitos graves que fueron detallados en el artículo 6.

Los puntos más importantes:

– Acción civil

La acción de extinción de dominio se sustanciará en el fuero civil a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial. Este tema es relevante en virtud de los debates que se habían dado el año pasado en el Congreso. 

– Creación de la Procuraduría de extinción de dominio

El decreto contempla la creación de una nueva fiscalía que tendrá facultades para realizar investigaciones de oficio y colaborar en la identificación y localización de los bienes.

Esta nueva Procuraduría deberá presentar demandas e impulsar las acciones de extinción de dominio. Tendrá la potestad de pedir informes a todas las áreas del Estado Nacional, como así también entidades públicas y privadas, que no podrán negarse bajo ninguna circunstancia.

A requerimiento de la Fiscalía, el juez estará obligado incluso a levantar el secreto fiscal, bancario, o bursátil. 

– Bienes a recuperar

Se podrán recuperar todos los bienes que el demandado haya incorporado a su patrimonio con posterioridad a la fecha de la comisión de un presunto delito y cuyo origen no puede ser justificado en virtud de sus ingresos.

Esto incluye a todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad  u otros derechos, o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria.  Incluye ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de estos bienes.

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– Los delitos penales que disparan el proceso civil

El artículo 6 hace un pormenorizado de los delitos a partir de los cuales procede la acción civil de extinción de dominio. Incluye aquellos vinculados a la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas, entre otros.

La nueva fiscalía especializada podrá promover la acción siempre y cuando se haya dictado una medida cautelar sobre alguno de los bienes sospechados en el proceso penal. Además, podrán pedir otras medidas cautelares para asegurar el éxito de la acción.

– La carga probatoria

La parte demanda, es decir el sospechoso de haber cometido alguno de los delitos especificados en el régimen, tendrá la carga de la prueba para demostrar que los bienes afectados al proceso fueron incorporados a su patrimonio de forma lícita.

Este punto es trascendental porque invierte el principio general en derecho de la carga de la prueba, donde un demandado es inocente hasta que se demuestra lo contrario y quien tiene que probar el ilícito es la parte que impulsa la acción. 

– El destino de los bienes recuperados

El decreto establece que los bienes que sean recuperados quedarán bajo la órbita de la Agencia de Administración de Buenos del Estado, para su posterior subasta.

En el caso de dinero en efectivo, será transferido a una cuenta especial que devengue intereses a fin de mitigar su depreciación. Y los instrumentos financieros con cotización en mercados regulados serán administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

– Devolución de bienes

En caso de una sentencia firme de sobreseimiento dictada en sede penal, el Estado quedará obligado a restituir el bien a su antiguo poseedor. De resultar imposible, deberá entregarle un valor equivalente en dinero.

– Prescripción

La acción de extinción de dominio prescribe a los 20 años. El plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio del bien objeto de la acción. De aquí surge otra polémica porque el artículo permitirá la aplicación retroactiva de la norma, algo prohibido por los principios generales del derecho.

Anexo: régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio

República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional

2019 – Año de la Exportación

Anexo

Número:

Referencia: EX-2019-02582495- -APN-DGDYD#MJ

ANEXO I

RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

ARTÍCULO 1°.- Naturaleza. La acción civil de extinción de dominio procede respecto de cualquier
derecho, principal o accesorio, sobre los bienes descriptos en el presente régimen. La extinción de dominio
se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial, no
pudiendo acumularse a ninguna pretensión.
ARTÍCULO 2°.- Competencia. Será competente para entender en las acciones previstas en el presente
régimen, la Justicia Federal con competencia en lo civil y comercial. En la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, será competente la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal.
Será competente el juez del domicilio del demandado o aquel donde se encuentren ubicados sus bienes, a
elección de la parte actora. En caso de que existan bienes ubicados en distintas jurisdicciones la parte actora
podrá accionar en todas o cualquiera de ellas.
ARTÍCULO 3°.- Procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional. La Procuración
General de la Nación contará con una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional,
con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización
de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos enumerados en el artículo 6° del presente, en los
casos que así lo dispongan los fiscales intervinientes en esas investigaciones.
La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, junto con los fiscales competentes
conforme a lo establecido en el artículo 2o, deberán presentar las demandas e impulsar las acciones de
extinción de dominio previstas en el presente régimen.
El Procurador General de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22, segundo párrafo, de la
Ley N° 27.148 y su modificatoria, determinará el funcionamiento de la Procuraduría de Extinción de
Dominio a favor del Estado Nacional y establecerá los criterios que orienten el inicio y selectividad de las
acciones de extinción de dominio en función de la significación económica de los bienes, el grado de
afectación al interés público y los objetivos que orientan el accionar del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional estará facultada para requerir
información a todas las áreas del Estado Nacional así como a entidades públicas y privadas, las que no
podrán negarla bajo ninguna circunstancia.
A requerimiento del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, el juez competente deberá levantar el secreto
fiscal, bancario, bursátil o el establecido en los artículos 22 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y 87 –
primer párrafo- de la Ley N° 27.260.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría podrá conformar equipos de investigación conjunta
con organismos locales, internacionales y/o de otros países, así como requerir y/o prestar colaboración
internacional en los términos de la normativa, los convenios y pactos vigentes.
ARTÍCULO 4°.- Partes. En la oportunidad prevista en el artículo 8° del presente régimen, el
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá demandar a cualquier persona, humana o jurídica, que ostente la
tenencia, posesión, titularidad o cualquier otro derecho sobre un bien objeto de la acción de extinción de
dominio, se encuentre o no imputada en la investigación penal.
Deberá impulsar la citación como tercero de intervención obligada en los términos de los artículos 90 y 94
del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, a la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN y a toda otra persona que ostente un derecho sobre los bienes objeto de la
demanda que pudiera ser afectado por la acción de extinción de dominio.
ARTÍCULO 5°.- Bienes incluidos. Estarán sujetos al presente régimen aquellos bienes incorporados al
patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por
no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un
incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente de uno de
los delitos enunciados en el artículo siguiente.
Quedarán abarcados:
a. Todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o
no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad u otros derechos sobre los bienes
mencionados, o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria;
b. La transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, de los bienes previstos en el inciso
anterior;
c. Los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes previstos en cualquiera
de los incisos anteriores.
ARTÍCULO 6°.- Procedencia. La acción de extinción de dominio procede respecto de los bienes que
presuntamente provienen de los siguientes delitos:
a) Los previstos en los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 23, 24 y 29 bis de la Ley N° 23.737 y sus
modificatorias;
b) Los previstos en los artículos 866 y 867 del CÓDIGO ADUANERO, aprobado por la Ley N° 22.415 y
sus modificatorias;
c) Los delitos agravados por el artículo 41 quinquies del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;
d) Los previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer párrafo, 142 bis, 145 bis, 145 ter, 146 y
170 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;
e) El previsto en el artículo 174, inciso 5° del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre y cuando la

investigación impute a un funcionario público que tenía a su cargo el cuidado y/o manejo de bienes
públicos;
f) Los previstos en los artículos 256 a 261, 263 cuando los bienes no pertenezcan a particulares, 264 a 268
(2), 269, y 277 a 279 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;
g) Los previstos en los artículos 300 bis, 303, 304 y 306 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre
que el hecho ilícito penal precedente fuera alguno de los enumerados en este artículo;
h) Los previstos en los artículos 210 y 210 bis del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre y cuando
los delitos que se le atribuyan a la asociación sean alguno o varios de los detallados precedentemente.
ARTÍCULO 7°.- Medidas cautelares. Los fiscales intervinientes deberán informar a la Procuraduría de
Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, el inicio de todas aquellas actuaciones en las que
pudieran existir bienes que, directa o indirectamente, provengan de alguno de los delitos enumerados en el
artículo 6° del presente.
Cuando la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional tenga elementos que
permitan considerar que un bien proviene directa o indirectamente de alguno de los delitos enumerados en
el artículo 6°, podrá requerirle al fiscal interviniente que solicite el dictado de las medidas cautelares que
estime necesarias para asegurarlo a los fines de la acción de extinción de dominio y que aún no se hubieran
decretado.
ARTÍCULO 8o.- Demanda. Objeto. El dictado de medidas cautelares sobre alguno de los bienes descriptos
en el artículo 5o de este régimen en una investigación por alguno de los delitos enumerados en el artículo
6o, habilita la presentación de una demanda de extinción de dominio sobre dichos bienes, debiéndose
acompañar la documentación que así lo acredite.
La acción de extinción de dominio tramitará de conformidad con las reglas del procedimiento previsto en el
artículo 498 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, con excepción del plazo
de contestación de demanda, que será de QUINCE (15) días.
ARTÍCULO 9o.- Excepción previa. Sólo será admisible, como excepción de previo y especial
pronunciamiento en los términos del artículo 346 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE
LA NACIÓN, la acreditación de que el bien o derecho objeto de la demanda se incorporó al patrimonio del
demandado con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado, cuando esa
circunstancia fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el
juez la considere en la sentencia definitiva.
ARTÍCULO 10.- Etapa probatoria. La parte demandada tiene la carga probatoria de demostrar que el o los
bienes y derechos objeto de la acción de extinción de dominio, se incorporaron a su patrimonio con
anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado o el origen lícito de los fondos con los
que los hubiera adquirido.
No será de aplicación la prueba confesional.
En lo demás, los medios de prueba admisibles serán los previstos en el CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y
COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Se aplicará en lo pertinente, la Sección 8° del Capítulo V, del Título II, del Libro Segundo del CÓDIGO
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Los representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL propenderán a alcanzar acuerdos de extinción de
dominio, siempre y cuando los activos involucrados resulten adecuados para compensar el detrimento
patrimonial del Estado Nacional o el daño causado a la sociedad. Dichos acuerdos serán sometidos a la

homologación judicial, y tendrán efecto de cosa juzgada.
ARTÍCULO 11.- Sentencia de extinción de dominio. Además de los requisitos previstos en el CÓDIGO
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, la sentencia de extinción de dominio deberá
contener:
a) Los fundamentos específicos que llevaron al juzgador a formarse la convicción de que bienes o derechos
de propiedad del o los demandados y/o de los terceros citados fueron incorporados sin una causa lícita a su
patrimonio;
b) Si se dispusiere la extinción de dominio, la identificación precisa de los bienes o derechos afectados por
la sentencia;
c) La declaración de extinción de dominio del bien o de los bienes identificados conforme al inciso b) sin
contraprestación ni compensación alguna a favor del o de los demandados, así como de sus frutos y
productos, en caso de resultar aplicable;
d) Los efectos respecto de los derechos existentes sobre los bienes afectados;
e) En caso de que se determine un incremento patrimonial que no pueda desvincularse de un patrimonio
constituido en forma previa a los hechos investigados, o que el bien o el derecho haya sido transferido a
favor de un tercero de buena fe y a título oneroso, deberá determinar su valor en dinero para su ejecución;
f) Las medidas de ejecución de la sentencia, conforme los medios previstos por el CÓDIGO PROCESAL
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, así como el plazo para la subasta de los bienes de conformidad
con lo establecido en el último párrafo del artículo 13 del presente;
g) En caso de tratarse de bienes inmuebles y bienes muebles registrables, la notificación a los registros
respectivos del cambio de titularidad de los bienes afectados por la sentencia;
h) El pronunciamiento sobre las costas, la regulación de honorarios y la compensación prevista en el
artículo 18 del presente régimen, en caso de corresponder;
i) En caso de que la sentencia incluya bienes ubicados fuera de la República Argentina, deberá
identificarlos de manera precisa, con el objeto de que la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del
Estado Nacional proceda a efectuar los trámites de reconocimiento y ejecución de sentencia en la
jurisdicción correspondiente, conforme a la legislación aplicable.
j) En caso de que la sentencia rechace la demanda de extinción de dominio, deberá comunicarse al juez a
cargo de la investigación penal en la que oportunamente se dictaron las medidas cautelares, a efectos de
que adopte la determinación que estime corresponder.
ARTÍCULO 12.- Cosa juzgada. La sentencia firme hará cosa juzgada respecto de los bienes o derechos
involucrados, con independencia del resultado de cualquier otra acción judicial.
La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del
hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Nacional a
restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor
equivalente en dinero.
ARTÍCULO 13.- Destino de los bienes sometidos a la acción de extinción de dominio. Durante la
tramitación del proceso de extinción de dominio, la administración y el mantenimiento de los bienes
muebles e inmuebles sometidos a medidas cautelares de desapoderamiento estará a cargo de la AGENCIA
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado en el ámbito de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. En las mismas circunstancias, el dinero en efectivo o

depositado en cuentas bancarias a la vista será transferido a una cuenta especial que devengue intereses a
fin de mitigar su depreciación, y los instrumentos financieros con cotización en mercados regulados
nacionales o internacionales serán administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que funciona
en la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, organismo descentralizado
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
La sentencia que haga lugar a la acción de extinción de dominio deberá ordenar la subasta de los bienes y,
una vez deducidos los gastos incurridos para su localización y secuestro, administración y mantenimiento y
demás costos procesales, su producido ingresará a rentas generales de la Nación salvo cuando exista una
asignación específica establecida en las leyes mencionadas en el artículo 6° del presente.
ARTÍCULO 14.- Disposición anticipada. El juez podrá, a pedido del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y
con intervención de la autoridad a cargo de la administración de los bienes, ordenar la venta anticipada de
los bienes sujetos a medidas cautelares, cuando presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o
cuando su conservación genere erogaciones excesivas para el erario público.
El juez siempre podrá ordenar la venta anticipada de los bienes cautelados cuando el afectado manifieste su
consentimiento.
Previo a resolver, el juez deberá escuchar a quienes invoquen derechos reales o personales sobre aquellos
bienes. De no presentarse los interesados, procederá sin más la venta anticipada y el producido con sus
intereses pasarán a conformar el objeto del proceso de extinción de dominio.
El juez podrá adoptar las medidas que considere adecuadas para evitar la compra simulada o fraudulenta del
bien que frustre los fines de desapoderamiento perseguidos por el presente régimen. Asimismo, el juez
podrá ordenar la destrucción de los bienes cautelados cuando:
a. Sea necesario u obligatorio dada su naturaleza;
b. Representen un peligro para el ambiente, la salud o la seguridad pública;
c. Amenacen su ruina.
ARTÍCULO 15. – Fondo de garantía. El Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer un fondo de garantía,
conformado por un porcentaje del producido de lo que enajene de acuerdo con el presente régimen, a los
efectos previstos en el último párrafo del artículo 12.
ARTÍCULO 16.- Prescripción. La acción de extinción de dominio prescribe a los VEINTE (20) años. El
plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio de los titulares o poseedores del bien
o de los bienes objeto de la presente acción. Cuando no pudiera determinarse, deberá computarse desde la
fecha de presunta comisión del delito investigado en sede penal.
ARTÍCULO 17.- Suspensión. La suspensión del dictado de la sentencia civil prevista en el artículo 1775
del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN no resulta de aplicación en el presente régimen.
ARTÍCULO 18.- Programas de colaboración. El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá desarrollar
programas de colaboración de personas que aporten información relevante para las investigaciones que
lleve adelante la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, fijando como
compensación un porcentaje que no podrá exceder del DIEZ POR CIENTO (10%) de los bienes cuyo
dominio se declare extinguido como consecuencia de la información aportada por el colaborador. A tal
efecto, en cualquier instancia informará al juez a cargo del proceso, la existencia de uno o más
colaboradores, cuya identidad será preservada, con el objeto de que la sentencia incluya dicha
compensación.
ARTÍCULO 19.- Bienes cautelados. La acción de extinción de dominio procede aún en los casos en que
los bienes se encuentren cautelados o vinculados de cualquier modo a otro proceso.

ARTÍCULO 20.- Inoponibilidad. Ningún acto jurídico realizado sobre los bienes objeto de la demanda es
oponible a la acción de extinción de dominio prevista en el presente régimen, con excepción de los
realizados a favor de terceros de buena fe y a título oneroso, en cuyo caso deberá procederse conforme a lo
establecido en el inciso e) del artículo 11 del presente.
ARTÍCULO 21.- Disposición transitoria. La PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá realizar un relevamiento exhaustivo de las causas penales en
trámite a los efectos del artículo 7° del presente, dentro de los SESENTA (60) días contados a partir de su
entrada en vigencia.
ARTÍCULO 22.- Comunicación a la Comisión Bicameral Permanente. El MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL deberá dar cuenta de la aplicación del presente régimen a la COMISIÓN BICAMERAL
PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN prevista en el artículo 6° de la Ley N°
27.148 y su modificatoria.

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Politica

Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia para recuperar bienes de corruptos y narcotraficantes

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“Estoy hablando de dinero, campos, casas, barcos, autos y obras de arte”, aseguró el jefe de Estado al anunciar la extinción de dominio en Casa Rosada

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, informó que firmará un decreto para poner en marcha la extinción de dominio, el instituto jurídico que permite recuperar bienes vinculados a la corrupción, al crimen organizado y al narcotráfico.

En un anuncio realizado en Casa de Gobierno, el jefe de Estado aseguró: “Estamos hablando de dinero, campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se van a poder subastar y destinar a políticas públicas que son fundamentales para los argentinos“.

Según explicó, decidieron instrumentar la medida por decreto porque el proyecto que impulsaba Cambiemos “está estancado hace años” en el Congreso.

El gobierno nacional logró imponer la iniciativa en Diputados, pero fue modificada en el Senado, de ahí la demora en la sanción de la ley a la que se refirió Macri.

Los argentinos ya esperamos demasiado y la Justicia necesita este mecanismo ya mismo“, argumentó el Presidente, quien además les solicitó a los jueces que “actúen rápido en el compromiso con la verdad y la transparencia“.

Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. El que las hace, las paga. Sí, repito: en la Argentina, el que las hace las paga“, suscribió Macri.

La semana pasada, la diputada nacional Elisa Carrió había reclamado por el tema en una entrevista con Infobae. Y este lunes minutos después del anuncio la Coalición Cívica emitió un comunicado de prensa en el que resaltó “esta herramienta fundamental” que tendrán los jueces.

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Según explicaron los ministros Patricia Bullrich y Germán Garavano en una conferencia improvisada en el Salón Blanco, el decreto permitirá avanzar con la extinción de dominio por la vía civil incluso cuando el o los imputados aún no hayan sido condenados en el fuero penal.

Un juez civil determinará qué bienes puede tener esa persona en virtud de sus ingresos y su actividad declarada. En este caso, se va a invertir la carga de la prueba y será independiente del proceso penal“, declaró Bullrich.

La ministra de Seguridad advirtió que durante los primeros años de gestión de Cambiemos se recuperaron cerca de 23 millones de pesos en campos, propiedades y secuestro de drogas. “Es un porcentaje mínimo”.

(Prensa Presidencia)

(Prensa Presidencia)

“Con este nuevo mecanismo tienen que tener miedo los narcotraficantes y los corruptos. Todo aquel delincuente que tuvo un proceso penal y fue condenado, cuando salga de la cárcel no va a poder tener los bienes que obtuvo con actos ilícitos”, explicó Bullrich.

La funcionaria también explicó que el proceso puede tener quince años de retroactividad y que hay millones de pesos que “podrían haber sido recuperados” con este mecanismo nuevo. Además, envió un mensaje a los legisladores que no están de acuerdo con el proyecto de Cambiemos: “No creemos que haya un solo diputado o senador que esté en contra de sacarles los bienes a aquellos que le roban a la gente”.

El ministro Garavano detalló cómo es el proceso que describe el nuevo decreto. “Se origina un proceso penal donde hay bienes secuestrados. La fiscalía avisa sobre la cantidad de bienes a una procuración que se va a crear específicamente para seguir este tema y esta evalúa el inicio de la acción civil”, sostuvo.

Infobae

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