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La Argentina no pagó el vencimiento con el Club de París: comienza a correr el reloj para evitar un default en julio

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 El Gobierno espera un respaldo explícito del FMI para que ese grupo de acreedores descarte un default dentro de 60 días, pero solo podrá reestructurar los USD 2.400 millones una vez que firme el nuevo programa financiero con el Fondo
El impago al Club de París no es sorpresa, ya que el Gobierno se recostó en las gestiones con los principales países europeos miembros de ese consorcio. REUTERS/Gonzalo FuentesEl impago al Club de París no es sorpresa, ya que el Gobierno se recostó en las gestiones con los principales países europeos miembros de ese consorcio. REUTERS/Gonzalo Fuentes

El Gobierno no pagó este lunes los USD 2.485 millones que tenía pendiente ante el Club de París tras siete años de la firma del acuerdo firmado en 2014. El contrato con los países acreedores abre la posibilidad de 60 días como plazo de gracia antes de que la Argentina incurra en un evento de default de manera oficial.

El impago era algo que ya era esperado porque el Poder Ejecutivo se recostó en las últimas semanas en su expectativa sobre la renegociación de plazos y tasas de interés con ese organismo, tal como lo vino haciendo con los principales países europeos miembros de ese consorcio, primero con la gira que encabezó Martín Guzmán y luego directamente por Alberto Fernández.

En los siete años de vigencia del acuerdo con el Club de París, la Argentina pagó cerca de USD 8.100 millones, aunque el flujo de pagos se interrumpió en 2019, luego del último pago realizado por el Gobierno de Mauricio Macri por casi USD 1.900 millones.

El impago era algo que ya era esperado porque el Poder Ejecutivo se recostó en las últimas semanas en su expectativa sobre la renegociación de plazos y tasas de interés con ese organismo.

En ese 2014 en que se firmó el acuerdo realizó un primer pago de USD 640 millones. Al año siguiente fue de USD 682 millones. Ya bajo el mandato macrista, el Tesoro giró USD 1.680 millones en 2016, USD 1.380 millones en 2017, USD 1.891 millones en 2018 y USD 1.868 millones en 2019. Ese fue el último pago hecho por el Estado. Desde ese momento el saldo pendiente -que también era de USD 1.900 millones- comenzó a actualizarse con una tasa de interés “final” de 9% anual.

Esa ventana de posibilidad se abrió porque si bien el plazo original de pago era de cinco años, el propio entendimiento rubricado por el entonces ministro Axel Kicillof preveía otros dos años de plazo adicionales, aunque con la particularidad de tener que afrontar ese interés, considerado alto en ese momento por la oposición al gobierno kirchnerista y que el propio Guzmán ya en funciones discutió.

El impago era algo que ya era esperado porque el Poder Ejecutivo se recostó en las últimas semanas en su expectativa sobre la renegociación de plazos y tasas de interés con ese organismo.El impago era algo que ya era esperado porque el Poder Ejecutivo se recostó en las últimas semanas en su expectativa sobre la renegociación de plazos y tasas de interés con ese organismo.

De esa manera, entre el primer impago de mayo de 2020, que Guzmán adelantó a los miembros del Club semanas antes y el de hoy, la deuda consolidada con ese organismo supera los USD 2.485 millones y seguirá actualizándose al 9%, al menos hasta que haya un acuerdo para cambiar las condiciones. Eso no sucederá, lo saben en ambos lados de la negociación, antes de que exista un nuevo programa financiero firmado con el FMI.

Desde la Casa Rosada aseguran que ahora la pelota está del lado del Fondo Monetario. Paralelamente a las gestiones ante líderes europeos, Guzmán -y luego Fernández- comenzaron un trabajo fino con el staff técnico del Fondo Monetario para acercar posiciones, aún lejos de la posibilidad de tener un programa cerrado en el corto plazo.

Lo que necesitaría el Poder Ejecutivo, en todo caso, sería una suerte de “bendición” a las conversaciones en marcha en medio del camino hacia el acuerdo que sirva para que el Club de París flexibilice su posición y no considere el 30 de julio que el país defaulteó la deuda.

La deuda consolidada con ese organismo supera los USD 2.485 millones y seguirá actualizándose al 9%, al menos hasta que haya un acuerdo para cambiar las condiciones.

La lectura que hacen en el Gobierno es que no se trataría de una cuestión de ruptura de contratos, sino que el Club de París es un organismo multilateral “particular”, que está más guiado por los oleajes geopolíticos de cada momento que en la letra tallada en piedra de los acuerdos.

Más de la mitad de la deuda argentina al Club de París está concentrada en dos países: Alemania (37%) y Japón (22%). Más atrás le siguen Holanda (casi 8%), España (6,68%), Italia (6,29%) y Estados Unidos (6,28 por ciento).

Entre la autocrítica y el cambio de piezas internas, el FMI analiza si ayudará a la Argentina

La onda expansiva del fracaso del acuerdo stand by que el Fondo Monetario Internacional firmó con el gobierno de Mauricio Macri en 2018 forzó al organismo a un recambio de piezas entre los principales puestos directivos. El 31 de agosto será el último día de trabajo de Alejandro Werner, todavía director del Departamento del Hemisferio Occidental y uno de los funcionarios más involucrados en aquella negociación inicial con la Argentina.

Así, se sumó a las salidas anteriores de Christine Lagarde como directora gerente, que dejó su lugar a Kristalina Georgieva, de su segundo David Lipton en febrero de 2020 y de Roberto Cardarelli, que fue desplazado de su cargo de jefe de la misión argentina y que fue reemplazado por Luis Cubeddu. Werner, en los hechos, ya había quedado fuera de la mesa de discusión con el Gobierno actual y su lugar era ocupado por su vicedirectora, Julie Kozack.

Junto con Lagarde y el jefe del staff técnico Roberto Cardarelli, fueron las tres caras visibles de esos meses de idas y vueltas entre el comienzo de las conversaciones en mayo de 2018 y el anuncio del segundo acuerdo en septiembre de ese año, tres meses después del primer programa financiero fallido.

Lo que necesitaría el Poder Ejecutivo sería una suerte de “bendición” del FMI a las conversaciones en marcha en medio del camino hacia el acuerdo que sirva para que el Club de París flexibilice su posición.

Con el cambio de Gobierno en 2019 y el anuncio de una reestructuración de la deuda con el FMI, las caras cambiaron en ambos lados de la mesa, tanto entre los funcionarios argentinos como los ejecutivos del Fondo. Kristalina Georgieva dejó su puesto en el Banco Mundial para hacerse cargo de la gerencia general, mientras que Lagarde pasó a ser la presidenta del Banco Central Europeo.

Por su lado, Roberto Cardarelli fue desplazado como jefe de misión y fue reemplazado por Luis Cubeddu. Cardarelli actualmente continúa en el Fondo Monetario como cabeza del equipo técnico que negocia con el gobierno de Marruecos. Asimismo, Lipton dejó su lugar en marzo de 2020 y actualmente trabaja como asesor en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El Gobierno necesitaría una suerte de “bendición” del FMI a las conversaciones en marcha en medio del camino hacia el acuerdo que sirva para que el Club de París flexibilice su posición. Ludovic Marin/Pool via REUTERSEl Gobierno necesitaría una suerte de “bendición” del FMI a las conversaciones en marcha en medio del camino hacia el acuerdo que sirva para que el Club de París flexibilice su posición. Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Pero el tembladeral interno del FMI no terminó en el cambio de piezas. Recientemente, el organismo inició un doble proceso de revisión interna sobre la actuación de los funcionarios en la firma del Stand By de 2018, que terminó por ser el préstamo más grande de la historia de la institución.

Por un lado, el propio staff técnico realiza un informe denominado Ex Post y que suele realizarse para todos los créditos con montos que excedan la cuota original. Ese estudio fue iniciado a principios de año pero no tiene fecha de publicación, según explicó en su momento el portavoz del Fondo Monetario, Gerry Rice.

Recientemente, el organismo inició un doble proceso de revisión interna sobre la actuación de los funcionarios en la firma del Stand By de 2018, que terminó por ser el préstamo más grande de la historia de la institución.

Una segunda vía de autocrítica será el reporte que prepara la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI que es una oficina autónoma que analiza errores y aciertos de la actuación del organismo en negociaciones y programas con distintos países.

En ese marco, el FMI ahora deberá decidir si tenderá un “salvavidas” al Gobierno para evitar el default con el Club de París. Desde Washington niegan que haya en la agenda inminente del organismo una misión del staff técnico hacia Buenos Aires, visita de la cual podría venir ese guiño que espera la Casa Rosada.

No sería la primera vez que un respaldo del FMI le ayudaría a la Argentina a continuar el proceso de reestructuración de deuda. En el oficialismo recuerdan aquella declaración del FMI en que el staff del Fondo consideró “insostenible” la deuda argentina y que sirvió como punto de partida de las discusiones con los acreedores privados.

Críticas de la oposición a Kicillof por el acuerdo “ruinoso”

El acuerdo firmado por Kicillof con los miembros del Club de París en 2014 levantó críticas en la oposición de ese entonces (que incluso estaba integrada por dirigentes que luego terminaron formando parte del Frente de Todos) en el momento de la firma y en años siguientes.

Sin ir más lejos, este lunes el ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay cuestionó por Twitter las condiciones del entendimiento firmado por el ahora gobernador bonaerense. “Hoy vence el ruinoso acuerdo de Kicillof con Club de París: los punitorios más caros, el plazo más corto y una pena adicional de $900 millones al final de estos 60 días de gracia Una de las tantas deudas que le dejó el kirchnerismo a Juntos por el Cambio”, dijo.

El también ex presidente del Banco Central completó su mensaje por redes sociales al afirmar que “mientras que Cambiemos pagó casi USD 7.000 millones en capital e intereses, el Frente de Todos aumentó la deuda con Club de París en USD 2.800 millones (USD 2.300 millones con CFK y USD 500 millones con AF). Pero para CFK, ellos solo desendeudan!”, cerró.

En el mismo sentido escribió el legislador porteño Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, que aseguró que “corresponde que recordemos que fue Kicillof, como ministro de Economía de CFK, quien renegoció la deuda y la incrementó de 6.706 millones a US$ 9.690 millones, admitiendo punitorios confiscatorios. Sí, U$S 3.000 millones más”, tuiteó.

Mariano Boettner

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IIMPUESTO A LAS GANANCIAS: POR DECRETO, EL GOBIERNO NACIONAL SUBIÓ EL PISO A $175 MIL

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El mínimo no imponible volverá a actualizarse el 1 de enero en función de la evolución de los salarios.

Tras el incremento anticipado del salario mínimo, vital y móvil, el gobierno nacional anunció la firma de un decreto para elevar el piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que pasará a ser de 175 mil pesos. Volverá a actualizarse en enero.

Tras la derrota electoral del Frente de Todos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el gobierno nacional empezó a anunciar una serie de medidas ante el difícil contexto económico y así, en primer lugar,  este martes centrales sindicales, empresarios y el gobierno acordaron elevar el salario mínimo a 33 mil pesos hacia febrero.

Y como segunda medida este miércoles se  anunció oficialmente que mediante un decreto a publicar este jueves en el Boletín Oficial el gobierno decidió elevar el piso a partir del cual los asalariados deben abonar el impuesto a las Ganancias: desde septiembre, quienes perciban una remuneración bruta mensual de hasta $175 mil quedarán exentos. Hasta ahora, ese valor era de $150 mil.

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Tras la reunión del Consejo del Salario, el gobierno nacional, empresarios y centrales sindicales acordaron llevar el mínimo, vital y móvil a 33 mil pesos en febrero.

De la misma manera, el umbral de los 173 mil pesos pasará a ser de 203 mil pesos. A su vez, informaron que los trabajadores gozarán de la exención del Sueldo Anual Complementario de diciembre.

Así, destacaron que las 1.267.000 personas que dejaron de pagar el impuesto tras la última reforma del régimen aprobada en abril seguirán sin abonarlo a pesar del incremento de los sueldos y lo acordado en las paritarias: sostienen que solo alcanza al 10% de los trabajadores bajo relación de dependencia.

impuesto a las ganancias

En este marco, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, todas las deducciones y las escalas del impuesto volverán a actualizarse a partir del 1 de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.

FUEENTE : QUE DIGITAL

FOTO TAPA : BONANO

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PRESIÓN TRIBUTARIA: SI UN EMPLEADO TRABAJA DE 9 A 18, TODO LO QUE GANA HASTA LAS 14:25 SE DESTINA A PAGAR IMPUESTOS

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Un trabajador en relación de dependencia tiene que destinar el 60% de sus horas laborales a afrontar la carga impositiva, entre descuentos al salario e impuestos al consumo

 

Un empleado privado en relación de dependencia puede destinar hasta un 60% de su semana laboral solo para hacer frente a los impuestos nacionales y locales que se cobran sobre su salario y sobre los productos que compra con ese dinero. Para graficar: para un trabajador que desempeña sus tareas de lunes a viernes de 9 a 18, hasta el miércoles a las 15 solo trabaja para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Ese fue el resultado de una estimación realizada por el economista Manuel Adorni, que publicó en su cuenta de Twitter y que se viralizó de inmediato. “Si tu horario laboral es de 9 a 18 horas, recordá que hasta las 14:25 vas a trabajar para pagar impuestos. Si trabajás de lunes a viernes, hasta el miércoles a las 15 horas vas a trabajar para el Estado. Que disfrutes de tu jornada”, ironizó.

En diálogo con Infobae, Adorni comentó que para realizar esa cuenta se basó en una carga tributaria del 60 por ciento. “Estamos hablando de promedios y de porcentaje estándares; después dependerá de cada caso, si se retiene o no impuesto a las Ganancias o si trabaja media jornada, en ambos casos lo que se termina pagando terminaría siendo más”, aseguró.

Para llegar a esa conclusión, el economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto, entre los aportes patronales y las cargas jubilatorias que hace el propio empleado, y luego para un caso de un trabajador en relación de dependencia, el cobro de ART y el descuento sindical. En esa primera instancia Adorni consideró que, como ejemplo, un empleado con un sueldo bruto de $30.000 termina recibiendo 20.000 pesos.

Fuente: TwitterFuente: Twitter

Y sobre esa base estimó cuánto es lo que ese empleado pagará de impuestos una vez que quisiera, por ejemplo, comprar alimentos en un supermercado. Esa cuenta da un 40% de presión tributaria sobre esos productos, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.

“Aunque depende del producto, están calculados todos los impuestos de la cadena. Hay otros, por supuesto, que tienen más o menos IVA. En definitiva, desde que empezaste a trabajar hasta que llevaste la comida a la mesa de tu casa, trabajaste por $30.000 y pudiste disfrutar -por así decirlo- por $12.000, la diferencia te da un 60% aproximadamente″, concluyó Adorni.

El economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto entre los aportes y cargas jubilatorias, el cobro de ART y el descuento sindical. Y luego, los impuestos a consumo de alimentos en un supermercado

Hace dos años el economista había hecho una cuenta similar, también en Twitter y que también se viralizó. “Sueldo de Comercio: $34.293,57. Imp. al trabajo: $ 5.829,90. Sindicato: $957,35. => Cobrás $ 27.506,32. Con eso salís a consumir productos con 50% de impuestos en promedio. Trabajaste por $34.293,57 y compraste por $13.753,16. Impuestos = $20.540,41. Que tengan todos un buen día”, había mencionado en ese entonces.

Independencia Tributaria

En los últimos 10 años hasta 2020, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), elaboró un indicador que dio a conocer como el Día de la Independencia Tributaria, es decir, en qué momento del año una persona deja de trabajar para pagar impuestos y comienza a “gozar” de su salario propiamente dicho.

El año pasado esa fecha llegó el 28 de junio para el caso de un trabajador que ganaba en ese entonces en promedio 50 mil pesos de bolsillo mensuales. Según el informe de la consultora que dirige el economista Nadin Argañaraz, desde el 1° de enero los ciudadanos y ciudadanas comienza a trabajar “para el Estado”, entendido como destinar su ingreso a cumplir con el pago de impuestos que tienen alguna incidencia en su salario.

El año pasado el Día de la Independencia Tributaria llegó el 28 de junio

Una vez cumplido ese plazo determinado, comienza a percibir ingresos “para sí mismo”. Según los resultados obtenidos en el último relevamiento realizado por ese centro de estudios, un trabajador asalariado formal en Argentina debió trabajar en 2020 entre 181 y 214 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno, dependiendo de sus ingresos.

Iaraf toma en consideración cuatro tipos testigo de asalariados para hacer su estimación. El Caso 1, el nivel más bajo de ingresos ejemplificado, se trata de un empleado que no queda alcanzado ni por el impuesto a las Ganancias ni por el impuesto a los Bienes Personales (ni el impuesto PAIS en 2020). Para este ejemplo, su “Día de la independencia tributaria” permaneció relativamente estable a lo largo de la última década.

Por su parte, los Casos 2 al 4, con sueldos más altos, demoraron una mayor cantidad de días en 2020 para alcanzar su independencia tributaria en comparación con 2019. Por otra parte, si bien se mantienen aún alejados del pico de 2015, en todos estos casos necesitaron más días para cumplir con sus obligaciones tributarias que al inicio de la serie, en 2011. Ante esto, Iaraf aclaró que “los cuatro casos considerados terminarían el 2020 con un aumento de la carga tributaria formal, acercándose nuevamente a los valores de 2017”.

FUENTE : INFOBAE

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EL ENACOM RECHAZARA LOS AUMENTOS DE MOVILES INTERNET Y TELEVISION PAGA

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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) rechazará los aumentos en los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión paga para agosto y septiembre que las empresas informaron a los usuarios, aseguró a Télam el vicepresidente de la dependencia oficial, Gustavo López.

“Nosotros vamos a rechazar los aumentos”, dijo López, quien advirtió que “lo que pretenden las empresas es un proyectado del 65 al 70% de aumento en un año”, incremento al que calificó de “disparate”.

“Con aumentos de ese tipo, amparados por la justicia, mucha gente se va quedar sin servicio”, enfatizó el funcionario.

En enero de este año se descongelaron los precios de los servicios de comunicaciones, En esa oportunidad, el Enacom autorizó hasta el 1 de julio aumentos del 20%, mientras que las empresas aumentaron alrededor de 32%, amparadas en medidas cautelares que frenaron la aplicación del DNU 690 y sus reglamentaciones que categorizaron a la tv paga, internet y telefonía como servicios públicos esenciales y en competencia.

“Nuestro objetivo era que no hubiera aumentos hasta diciembre, pero las empresas ya anunciaron incrementos para agosto y septiembre. Esta semana nosotros lo vamos a rechazar”, indicó López en diálogo con Télam.

El vicepresidente del Enacom recordó que existen medidas cautelares iniciadas por las empresas que impiden la aplicación del DNU 690 que declara a internet, telefonía fija y móvil y tv paga como servicio público esencial y en competencia, así como la posibilidad de regular los precios.

“En este punto no hay dialogo porque cada uno tiene una postura diametralmente opuesta, no hay posibilidad de zanjarlo: O es servicio público o no es servicio público” insistió López.

El vicepresidente del Enacom dijo que a pesar de las objeciones realizadas al DNU 690, “las empresas están invirtiendo más que en el 2019”, cuando los precios estaban liberados.

López concluyó que tras analizar los montos invertidos en los últimos seis años, “la inversión no depende de la regulación sino de la macroeconomía”.

Consultado por la posición de quienes promueven que el Estado subsidie la demanda y deje los precios liberados a la competencia indicó que: “subsidiar la demanda sería: cobren lo que quieran que total el Estado lo paga. Nosotros decimos: cobren lo justo, lo razonable, que nosotros también ayudamos”.

Subrayó además, que el Fondo de Servicio Universal tiene por objeto financiar la expansión de redes y que los ingresos que existen por ese concepto no alcanzarían para subsidiar la demanda.

Ante la posición del sector privado que asegura verse condicionado por la declaración de servicio público, y especialmente por la regulación de precios, López señaló que “nosotros no nos metemos en sus ganancias, pero estamos cuidando al consumidor”.

Agregó que la decisión de declarar a internet como servicio público se tomó un año atrás cuando en plena pandemia, con el aislamiento social vigente y un congelamiento en las tarifas de gas, luz y agua, las empresas del sector “quisieron volver a aumentar de un modo brutal” los precios de los servicios.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández reavivó el debate público al sostener que las comunicaciones son un servicio público “le pese a quien le pese”.

Desde el ámbito legislativo, el senador oficialista Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley que toma el mismo principio del DNU 690 y el presidente de la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Pablo Carro, sostuvo que “en la Argentina que viene no podemos depender en servicios esenciales como la conectividad, solo con el criterio de cómo quieran cobrarlos las grandes empresas”.

Para el vicepresidente del Enacom queda claro que “vale la pena el debate público sobre si internet o las telecomunicaciones tienen que tener un acceso universal o tienen que estar restringido por la ley de oferta y demanda”.

López rechazó que la declaración de servicio público sea una medida que vaya en contra de un grupo empresario determinado, dado que Telecom fue la primera empresa en imponer aumentos superiores a los aprobados por el Enacom.

“Nunca lo pensamos así. Las circunstancias nos llevan a determinadas declaraciones porque quien encabezo la lucha en contra fue un grupo especifico”, indicó.

Recordó que “todo esto vino a partir de la pandemia” y que “el diálogo por la suba de precios se rompió cuando quisieron aumentar mucho más allá de lo que la lógica indicaba”.

Señaló que la declaración de internet como servicio esencial es una recomendación de las Nacionales Unidas y puso como ejemplo de esto que en “Chile ya tiene media sanción el servicio publico de internet y Colombia lo aprobó la semana pasada”.

A lo que se suma que tienen la misma calificación para internet en México, Canadá y “algunos países de Europa”, agregó el funcionario.

“Nosotros lo hicimos, lo creemos y lo sostenemos porque nos parece que como la luz, el gas y el agua, es un servicio esencial para la vida cotidiana. La declaración de servicio publico nos permite pensar y discutir hacia adelante normas que garanticen el acceso. Todo lo demás estamos dispuestos a conversarlo siempre”, finalizó López.

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