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La Audiencia Pública en Salta, para la región NOA, convocó a 300 personas

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Desde La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Salta, 71 personas divididas en 52 grupos expusieron en la Casa de la Cultura de Salta sobre el funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual, convergencia y derecho a la comunicación. Durante la jornada pasaron por el auditorio alrededor de 300 personas que expusieron y escucharon las propuestas, reclamos y sugerencias en relación a diferentes temáticas relacionadas a la comunicación audiovisual, los derechos de las audiencias y la convergencia.


Se trató de la segunda Audiencia Pública del año organizada por la Defensoría, donde c omunidades de pueblos originarios que gestionan medios audiovisuales; sindicatos de periodistas; carreras de comunicación y periodismo de universidades de esas provincias; cooperativas de servicios; medios comunitarios, públicos, universitarios y comerciales; proyectos educativos y comunicacionales, algunos de ellos en contextos de encierro e intérpretes de lengua de señas argentina  tuvieron la palabra.

Con esta Audiencia Pública para la región NOA ya son 23 los encuentros convocados por el organismo. Esta fue la tercera vez que la Defensoría invitó a expresarse sobre “El funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual en Argentina. Aportes sobre derecho a la comunicación y convergencia”.

Se recibieron las opiniones, demandas y propuestas de la ciudadanía sobre los derechos de las audiencias en el escenario actual de los medios audiovisuales. También sobre la regulación y políticas públicas que contribuyan a generar mayor diversidad y pluralismo en todos los medios y plataformas. Sobre la situación específica de cada sector vinculado a la comunicación audiovisual. Como así también sobre la protección y promoción de los sectores históricamente marginados. Además, sobre la noción y el desarrollo de las comunicaciones convergentes.

Desde las primeras horas de la mañana distintas voces expresaron sus preocupaciones con respecto a la situación de acefalía en la que se encuentra la Defensoría del Público y solicitaron la pronta resolución, al tiempo que valoraron que el organismo siga desarrollando su trabajo con intensidad. También se expresaron respecto de la distribución equitativa de la pauta publicitaria oficial, las dificultades para acceder al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), los problemas para contar con el servicio de internet en zonas alejadas de las grandes ciudades, el aumento de los servicios públicos y las dificultades que genera en el sostenimiento de los medios audiovisuales en sus distintas modalidades de gestión: comerciales, públicos y sin fines de lucro.

La Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, que prestó colaboración para el desarrollo de la A udiencia, destacó: “En la mesa observamos que en este momento hay dos grandes problemas en la comunicación. Por un lado la ausencia del Estado, que parece que se ha vuelto en contra de la comunicación alternativa. Y por el otro, la dificultad para acceder a equipamientos y fondos de sustento”.

En relación a la accesibilidad  se escucharon p edidos de ampliación de la aplicación de lengua de señas argentina en los medios, como así también el reclamo de personas ciegas, que aseguraron: “No es simplemente que no tenemos acceso a la información si no que no lo tenemos tampoco a la cultura”.

Los pueblos originarios también hicieron sus propuestas y reclamos. Resaltaron la importancia de la pluralidad y destacaron la existencia de las radios de las comunidades. Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena afirmaron: “Necesitamos seguir haciendo radio desde las comunidades y para las comunidades”. La Comunidad Cueva del Inca, expresó: “No estamos siendo escuchados”. Y otras voces expresaron: “Estamos luchando para emerger de la nada”. La radio comunitaria La Voz Indígena describió: “Nuestro objetivo es que la voz de nuestro pueblo salga a muchas comunidades. Al monte no llegan las noticias”. “Tengo la impresión de que los medios de pueblos originarios tendemos a desaparecer porque hay un Estado ausente”, describieron con tristeza desde Radio Pachakuti. También reclamaron por procesos claros para la implementación de los FOMECA.

En su exposición, la Universidad Nacional de La Rioja resaltó que “la creación de medios universitarios en los últimos años fue muy importante , t anto para la comunidad académica como así también para el conjunto de la sociedad. Otras instituciones educativas expusieron el valor de los medios para sus comunidades. Desde la Escuela Secundaria 2 Clara Armstrong, manifest aron: “Es necesario contar con herramientas concretas para mostrar las diferentes expresiones culturales que se llevan a cabo en las escuelas”.

Muchas inquietudes y solicitudes se refirieron a la convergencia. Al respecto se pidió que una posible ley también contemple a los medios gráficos “porque son formadores de opinión y sobre todo en las clases populares”, reflexionaron representantes de la Colectiva Ni una Menos de Santiago del Estero .

“No dejemos de fortalecer este espacio porque es una forma de hacer patria”, aseguraron desde la Red Social Chaski. Representantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE) se sumaron a la propuesta: “Gracias por seguir sosteniendo este espacio desde la Defensoría del Público porque esto es sostener la democracia popular”. El colectivo Va de  O nda, también se refirió a la importancia del encuentro: “Estas A udiencias representan la lucha para sostener la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Y especificaron: “Nuestra convergencia es la resistencia del ejercicio responsable de la libertad”.

La Fundación Abrojos resaltó: “La Defensoría del Público sigue siendo una necesidad para las audiencias y sobre todo para los medios sin fines de lucro y la comunicación popular”.

Por otra parte, desde la Fundación Wayruro, comentaron: “El avance sobre la comunicación fue en todos los frentes. Se ha frenado la producción de medios federales”. En relación a la distribución de pauta oficial, el grupo Buufo Salta recalcó: “Nos llama mucho la atención la distribución”. Este reclamo se escuchó en el auditorio en repetidas oportunidades y representantes del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, anunciaron: “Solicitamos la ayuda de la Defensoría para que los organismos municipales, provinciales y nacionales distribuyan en forma equitativa la pauta oficial”.

UNSE TEVÉ, productora de contenidos de la Universidad de Santiago del Estero, explicó las dificultades que encuentra para la distribución de sus trabajos: “Advertimos que la distribución del contenido por parte del Estado está acotada y eso genera que mucha gente no pueda acceder a producciones culturales de todo el país, ya que es muy costoso para productoras pequeñas. Por otra parte, es muy difícil saber a quienes están llegando nuestros contenidos”.

También, desde el ámbito académico, integrantes de la Universidad Nacional de La Rioja destacaron: “Evidentemente el Estado se contempla como una mercancía y no quiere entender que cuando hablamos de comunicación nos referimos a un derecho humano inalienable al servicio de la sociedad y la garantía de este derecho es lo que debe dar el Estado”.

“Estas Audiencias Públicas son espacios muy importantes de debate”, aseguraron desde el diario El Ancasti. Y concluyeron: “También es de suma importancia que los periodistas se capaciten con un enfoque de derechos y que quienes educan a futuros periodistas y las personas que dirigen los medios, lo hagan”.

Toda la jornada contó con interpretación Lengua de Señas Argentina – español y se emitió en vivo a través de la cuenta de Facebook de la Defensoría.

El 27 de julio será el encuentro para la región NEA (Corrientes, Santa Fe, Misiones, Formosa, Chaco y Entre Ríos) y la cuarta Audiencia será el 14 de septiembre para la región Patagonia (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén).

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Intensa actividad en el Consejo Deliberante: Aprueban decks y aumento de taxis con plus nocturno

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El Concejo Deliberante aprobó este martes el nuevo proyecto para regular los decks gastronómicos en la calle.

La iniciativa fue sancionada con los votos del interbloque oficialista y de los concejales Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio. El Frente de Todos se abstuvo y Acción Marplatense votó en contra.

Los decks podrán ser techados, con cerramientos laterales y tener publicidad. Además, los gastronómicos podrán poner sillas y mesas en las veredas.

Tras aprobarse la iniciativa, los decks deberán adecuarse a la nueva normativa a partir de abril de 2023.

Los decks surgieron como alternativa todavía en tiempos de pandemia, cuando se mantenían restricciones para las reuniones en espacios cerrados y para garantizar el funcionamiento de una actividad tan vital como la gastronomía se permitió habilitar espacios de consumo no solo en veredas sino también sobre las calles.

A pesar de ser muy utilizado por los marplatenses a la hora de comer afuera, el proyecto recibió duras críticas. Quienes más alzaron la voz en contra de los decks fueron los comerciantes del paseo comercial de Güemes y la Cámara Textil de Mar del Plata, quienes argumentan que no favorecen el ingreso a sus locales.

En cambio, desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (AEHG) y Uthgra defendieron el proyecto. Más trabajo y más posibilidades para recuperar un sector que fue altamente golpeado por la pandemia son los principales argumentos que esgrimen.

 

AUMENTAN LOS TAXIS

La tarifa de taxis y remises tendrán un aumento inminente del 40%, tras la aprobación por unanimidad del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, que oficializó como novedad en la actualización una tarifa diferencial nocturna

En consecuencia, la ficha para viajar en taxi pasará de 14 pesos a 20. En tanto, el valor de la bajada de bandera será de 300 pesos.

Lo sobresaliente tiene que ver con la aprobación del cobro de un plus nocturno desde las 22 hasta las 6 de la mañana. En ese caso, la ficha tendrá un costo de 24 pesos y la bajada de bandera 360 durante la noche.

Los nuevos valores entrarán en vigencia cuando el intendente Guillermo Montenegro promulgue la ordenanza aprobada este mediodía.

 

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Fue anulada la designación de la diputada Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura

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El magistrado en lo Contencioso Administrativo Federal anuló resolución que consideró a la UCR “segunda minoría” en Diputados para el Consejo. Las equivalencias con la designación de del peronista Martín Doñate.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Diego Martín Cormick declaró hoy nula la medida que autorizó a la diputada radical Roxana Reyes para ser miembro del Consejo de la Magistratura, al cuestionar el concepto de «segunda minoría» utilizado para efectuar esa designación.

La medida judicial es análoga a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que recientemente cuestionó la designación del peronista Martín Doñate como representante de la Cámara Alta ante el cuerpo judicial y se pronunció en favor de Luis Juez, del PRO. Así consideró que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, «no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical».

El magistrado, quien antes había rechazado dictar una medida cautelar en tal sentido, tomó la decisión ante la acción de amparo promovida por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, quien sostuvo que la Resolución 689/22 de la presidencia de la Cámara viola el principio de «equilibrio» que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional.

La resolución cuestionada, del 20 de abril de 2022, cuando Sergio Massa era presidente de la Cámara baja, dispuso «designar a la señora diputada de la Nación Roxana Reyes como miembro titular de la segunda minoría» para integrar el cuerpo que sanciona y participa en la selección de jueces nacionales.

Martínez sostuvo que Reyes pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR), que integra Juntos por el Cambio, que ya designó a un legislador de la Cámara para que lo represente en el Consejo.

El caso es similar al de Doñate: la Corte se pronunció en contra de su nombramiento al filo del fin de su mandato y el Frente de Todos insistió con su postulación para el período 2022-2026, lo cual está siendo analizado nuevamente por el máximo tribunal.

Con Reyes ocurre ahora que el juez hace lugar a la objeción de Martínez sobre su designación de abril, pero es propuesta nuevamente.

La lista de los cuatro representantes de la Cámara baja quedó conformada entonces con dos representantes del Frente de Todos (Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade), uno del PRO (Alvaro González) y Reyes, por la UCR, a quienes la Corte Suprema de la Nación decidió tomarles juramento para que desempeñen sus cargos para el período 2022-2026.

El juez consideró que, de acuerdo con lo expuesto por Martínez, «es evidente que el espíritu de la ley es otorgar un lugar a tres espacios políticos diferentes» correspondiendo, según su criterio a «dos integrantes al partido político que cuenta con mayor cantidad de votos, y un integrante a cada uno de los siguientes».

Agregó que la actual «asignación de representantes se efectúa con legisladores elegidos en las elecciones efectuadas en 2019 y 2021» y que «en ambos procesos electorales el Frente de Todos (Partido Justicialista y otros), constituyó una alternativa para votar; y el Frente Juntos por el Cambio (PRO, UCR, Coalición Cívica), otra».

Para el juez, «de otorgarle un integrante al bloque constituido por el PRO y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la cámara».

Así consideró que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, «no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical».

FUENTE TIEMPO ARGENTINO

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La Corte Suprema falló contra Abuelas de Plaza de Mayo en un reclamo por el Banco de Datos Genéticos

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Los miembros del máximo tribunal le desconocieron a las abuelas y a los organismos de derechos humanos la capacidad de reclamar la inconstitucionalidad de dos artículos de una ley que delimitó las facultades del BNDG.

La Corte Suprema falló en contra de un planteo de un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos en un antiguo reclamo sobre los alcances de la tarea del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Como en muchas otras oportunidades, los jueces de la Corte resolvieron sin resolver: le desconocieron a las abuelas y a los organismos la capacidad de reclamar la inconstitucionalidad de dos artículos de una ley que delimitó las facultades del BNDG y admitieron que esa decisión –que es poco menos que formal- “no implica, claro está, adelantar juicio alguno sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, ni menoscabar el derecho de cada habitante de la Nación para acudir al amparo jurisdiccional cuando se vean lesionados o restringidos ilegalmente sus derechos constitucionales de modo que exijan reparación”.

El reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo

El reclamo se remonta a casi una década. En 2013, un grupo de víctimas de la dictadura –entre ellos varias Abuelas- (María Isabel Chorobik de Mariani, Elsa Beatriz Pavón, Mirta Acuña de Baravalle, Rosaria Isabella Valenzi, Elsa Oshiro, Marcela Alejandra Gudiño, María Teresa Fernández, Margarita Pinto, Victoria Prigione Greco, María Isabel Prigione Greco y Gustavo Giménez), junto con la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y la Asociación Civil Librepueblo plantearon una “acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional” contra los artículos segundo y quinto de la ley 26.548, “en cuanto limitan la actuación del BNDG al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se hubiera iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983”.

“De convalidar la limitación en la competencia del BNDG, quedarían excluidos de su competencia causas judiciales vinculadas con la desaparición forzada de personas posteriores al 10 de diciembre de 1983, supresión de estado civil en los casos no relacionados a la última dictadura; los datos genéticos de personas que han asistido al Banco por causas judiciales civiles o criminales; juicios de filiación común o particular o quienes han recurrido al Banco con la sola intención de dejar su muestra de ADN en resguardo de su patrón genético”,  explicaron los amparistas.

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Esa limitación –argumentaron- “vulnera los derechos a la verdad, a la identidad y a la justicia, al quedar excluidas de su competencia las causas judiciales, vinculadas con la desaparición forzada de personas, iniciadas después de esa fecha, desconociendo, asimismo, el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional”. El límite temporal, añadieron, no había sido establecido en la ley de creación del banco de datos genéticos, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

A lo largo de todo el expediente, que tramitó en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal en sus instancias anteriores, las víctimas de la dictadura y los organismos aportaron una intensa argumentación en favor de su postura. “Que el BNDG incluya como materia de su objeto aquellos casos de apropiaciones no relacionadas con terrorismo de estado no nos perjudica a los familiares de desaparecidos”. Hicieron hincapié en “la falta de pruebas aportadas por la demandada tendientes a acreditar la existencia de laboratorios públicos o privados para asistir a aquellos cuya situación no encuadre dentro de las previsiones de la ley 26.548”, que le pone un cepo a la actuación del BNDG.

Explicaron que hasta antes de la modificación legislativa “cualquier persona podía acudir al BNDG para esclarecer su identidad biológica, aun cuando no hubiera nacido en cautiverio”. Y que la limitación de la competencia significaba “una violación a la garantía de no repetición y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos”.

Pero en octubre de 2020, la procuradora adjunta Laura Monti dictaminó que no había un “caso”, porque los amparistas no se veían perjudicados por el contenido, los alcances y la aplicación de la ley. “La circunstancia de que el Congreso de la Nación hubiera decidido sólo contemplar la situación de quienes fueron objeto de delitos cometidos con anterioridad al 10 de diciembre de 1983 no podía ser interpretado en manera alguna como una violación a la garantía de no repetición y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos en tanto, justamente, la nueva legislación ampara a quienes fueron víctimas de delitos de lesa humanidad”, rescató la procuradora.

Entonces no hubo pronunciamiento de fondo. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti coincidieron con la procuradora y rechazaron el amparo sin decidir quién tenía la razón.

“Lo aquí expuesto no implica, claro está, adelantar juicio alguno sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, ni menoscabar el derecho de cada habitante de la Nación para acudir al amparo jurisdiccional cuando se vean lesionados o restringidos ilegalmente sus derechos constitucionales de modo que exijan reparación. (Si quien está legitimado demostrase algún derecho subjetivo afectado concretamente por las normas aquí criticadas) tal y como, desde antiguo, ese Tribunal lo ha sostenido, cuando el ejercicio de los poderes políticos afectó esas garantías y sin que esa protección haya implicado ejercer, por sí mismo, las facultades de otro poder”, resumió la procuradora y suscribieron los cortesanos.

Foto: Télam
FUENTE : TIEMPO AREGENTINO

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