Connect with us

Policial

La Cámara Federal habilitó la detención de la viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner

Published

on

Se trata de Carolina Pochetti, quien fuera esposa de Daniel Muñoz, fallecido en 2016. El ladero del ex presidente apareció moviendo dinero en la causa de los cuadernos de las coimas

La familia de Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner que aparece como un personaje clave moviendo dinero en la causa de los cuadernos de las coimas, quedó en problemas legales. La Cámara Federal dejó hoy a las puertas de indagatorias y detenciones a la viuda, Carolina Pochetti, y el entorno del secretario fallecido en el marco de una causa por lavado de dinero que analiza cómo compró bienes en el exterior y que fueron descubiertos a través de la investigación Panamá Papers.

La decisión la tomaron los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia desde la Sala II de la Cámara Federal, al hacer lugar a un pedido del fiscal Carlos Stornelli contra una decisión del juez Luis Rodríguez.

El dato es clave a la luz de la causa de los cuadernos de la corrupción. Allí diferentes declaraciones hablan de cómo Muñoz recibía el dinero que se movía en el auto del chofer Oscar Centeno en el departamento de la ex presidente Cristina Kirchner. Incluso, una de las versiones también señalaba que Muñoz había conseguido valijas más pequeñas para quedarse con una diferencia.

El juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa, le pidió a su colega Rodríguez que le envíe el expediente. El fiscal Stornelli, que interviene en los dos casos, estuvo de acuerdo. Rodríguez todavía no hizo lugar. Trascendió que las defensas solicitaron la eximición de prisión.

Daniel Muñoz había sido investigado por enriquecimiento ilícito y había sido sobreseído. Pero el caso Panamá Papers destapó que Muñoz habría contratado el estudio panameño Mossack y Fonseca para la creación de la off shore Gold Black Limited, con acciones al portador y registradas el 13 de agosto de 2010 con un capital de 50 mil pesos. La empresa operó en las Islas Vírgenes Británicas con el agente “Proctullis Trusnet” y habría colocado el dinero obtenido en operaciones inmobiliarias de los Estados Unidos.

En este edificio de Miami, Muñoz compró propiedades con dinero que salió de Buenos Aires

En este edificio de Miami, Muñoz compró propiedades con dinero que salió de Buenos Aires

Según pudo saber Infobae, al comenzar a investigar se probó que Sergio Todisco junto a su esposa Elizabeth Ortiz Municoy –dueña de la inmobiliara Ortiz LizMar- habrían creado al menos 14 empresas en Miami y en el estado de Delaware, entre mayo de 2010 y julio de 2015, que fueron el canal para la adquisión de 16 propiedades –departamentos de lujo, paseos comerciales y un mini shopping-.

También se acreditó que Todisco dejó su puesto en febrero de 2015 y lo reemplazó Perla Aydeé Puente Reséndez, con el fin de ocultar los verdaderos dueños de la offshore –posiblemente Daniel Muñoz y su esposa Carolina Pochetti. Ese mismo año, Reséndez reemplazó a Todisco en ocho de las catorce sociedades creadas en Miami ya que se sospechaba que la investigación de Panamá Paperse había salido a la luz, analizó el fiscal Stornelli.

Tanto la Oficina Anticorrupción como la Procuración de Investigaciones Administrativas aportaron a la investigación, mientras que se le pedía distinta documentación a la AFIP sobre una cadena de empresas y se cruzaron dato de salidas y egresos del país de los imputados. Pero además, dijeron las fuentes consultadas, se logró que Estados Unidos mandara información clave para la causa.

Otro de los complejos investigados

Otro de los complejos investigados

Con toda esa batería, Stornelli pidió las indagatorias y detenciones de Carolina Pochetti (viuda de quien en vida fuera Héctor Muñoz), Sergio E. Todisco, Elizabeth E. Municoy, Carlos A. Gellert, Perla A Puente Resendez y Carlos Temístocles Cortez (todos con vínculos personales, familiares o de otro tenor con el matrimonio Muñoz. Y también el congelamiento de las cuentas.

El juez Rodriguez no hizo lugar y por eso Stornelli llegó a la Cámara Federal, en donde hoy tuvo éxito. Los camaristas Irurzun y Bruglia afirmaron que “los elementos de la causa (obtenidos vía informes oficiales de otros países como los Estados Unidos de América, de organismos locales argentinos, de datos entrecruzados por la UIF y de otros procesos penales, etc.) permitían sospechar que los imputados habían conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita”.

Según la Fiscalía, “los documentos enviados por el Departamento de Justicia de los EEUU mostraban que se habían aplicado esos fondos en la adquisición de dieciséis bienes inmuebles en Nueva York y Miami. A partir de 2013 pero principalmente entre 2015 y 2017, aquellos fueron vendidos obteniéndose una suma cercana a los USD 73.406.300. Una parte fue reintroducida en el sistema bancario y luego transferida a entidades financieras de otros estados de ese país, así como a México (capital) y China (Hong Kong). También se presumen envíos de dinero a Andorra, concretamente a cuentas a nombre de diferentes empresas y personas”.

“Con todo –dijo la Cámara Federal-, se insiste: si previamente existió base suficiente para la disposición de medidas cautelares patrimoniales en torno a una hipótesis de lo acontecido que se mantiene en pie, resulta infundado no sostener lo propio aquí, cuando se está aludiendo al destino de los fondos en el exterior, donde en estos momentos estarían depositados y, en algunos supuestos, siendo movilizados”.

Irurzun y Bruglia aseguraron que “los datos –provenientes justamente del país en que están radicadas las cuentas- dan la pauta sobre un peligro en la demora elevado y la negativa a proceder como se requiere pone seriamente en riesgo objetivos propios de la instrucción, porque el paso del tiempo –obvio es decirlo- no es inocuo en estos casos”.

Y también aludieron a la causa de los cuadernos: “Cabe destacar que el fiscal y el juez a cargo de la instrucción de la causa n° 9608/18 están informando que existen fuertes motivos para sospechar que la procedencia de estas millonarias sumas de dinero podría rastrearse en la actividad que, según versiones directas, llevara adelante el fallecido y ex funcionario público Daniel Muñoz (que era esposo de Pochetti) en el marco de los delitos presuntamente cometidos por una asociación ilícita conformada en el seno del poder político y empresarial, tendiente a percibir dinero ilegítimamente a través de sistemas de recaudación en que el nombrado pudo haber tenido un rol importante. Esta circunstancia se erige como factor nuevo y trascendental”.

Policial

Dos vicepresidentes de YPF imputados en la persecución a Grupo Indalo, y corridos por la Justicia para seguir interviniendo en el proceso de la investigación

Published

on

Los apuntados son GermánVito Fernández Lahore es VP de Asuntos Jurídicos de la compañía, y Santiago Martínez Tanoira es VP de Gas y Energía.
La situación judicial de dos vicepresidentes de YPF, Fernández Lahore y Martínez Tanoira, se complicó aún más en el marco de la causa por la persecución a Grupo Indalo, y la intención de apoderarse de los activos de Oil Combustibles de manera espuria durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los apuntados son Germán Vito Fernández Lahore es VP de Asuntos Jurídicos de la compañía, y Santiago Martínez Tanoira es VP de Gas y Energía. La jueza María Servini los tiene imputados a pedido de la querella encarada por el empresario Fabián De Sousa, razón por la cual solicitó que no intervengan en las respuestas que se brindan desde YPF en el marco de la causa.

 

Se debe a que Fernández Lahore y Martínez Tanoira habrían sido parte de las maniobras para que la gestión macrista de YPF se apodere a “precio vil” de los activos de Oil Combustible, empresa que fue víctima de persecución por cuestiones políticas y sometida a una asfixia financiera con el fin de quebrarla.

Santiago Martínez Tanoira

Santiago Martínez Tanoira

Con gran nivel de detalle, Ámbito detalló en abril de este año cómo fue toda la operación macrista en la que intervino la entonces cúpula de YPF. En esa maniobra fue clave también el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ariete judicial de Macri para sus gestiones más oscuras.

 

A continuación, reproducimos esa nota que destapa parte de la trama de la avanzada macrista contra el Grupo Indalo y especialmente Oil Combustibles:

Un abogado externo ligado al aún prófugo de la Justicia argentina Fabián “Pepín” Rodríguez Simón cobró miles de dólares de honorarios de la petrolera estatal YPF por supuestas gestiones de intermediación y asesoramiento, especialmente por la venta de los activos petroleros de la firma Oil Combustibles que terminaron siendo rematados, se sospecha, a “previo vil”. La confirmación de esta maniobra está siendo analizada por la jueza María Servini pero la documentación aportada ahora por YPF está plagada de faltantes e inconsistencias.

Es que quien figura contratando en aquella época al letrado Marcelo Rufino –proveniente del estudio Llerena & Asociados, donde también se desempeñó “Pepín”- es Germán Vito Fernández Lahore, quién logró atravesar exitosamente el cambio de gestión a fines de 2019 y continuó en el estratégico cargo de vicepresidente de Asuntos Jurídicos de YPF. El escándalo no solo gira en torno a la ausencia de precisiones acerca del rol que desempeñó Rufino en distintas negociaciones que entabló en nombre de la petrolera donde Rodríguez Simón era director, sino que salpican el traspaso que firmó YPF con las firmas Delta Patagonia y DAPSA, en el que YPF se obligaba, por contrato, a proveer combustible “de manera exclusiva” para sus estaciones de servicio a un precio que terminaba siendo perjudicial para la petrolera estatal.

 

La participación de Rufino en las negociaciones desde YPF por los activos de Oil Combustibles cuando ya había sido declarada la quiebra de la petrolera del Grupo Indalo había sido denunciada en el marco de la misma causa en la que Rodríguez Simón acaba de cumplir 500 días como prófugo, con orden de captura internacional. YPF demoró más de 3 meses en aportar la documentación requerida por el Juzgado Federal N°1 de Capital Federal. Cuando lo hizo, omitió gran parte de los informes que se habían solicitado, sobre todo respecto al soporte legal que habrían tenido determinadas decisiones del directorio para liquidar los activos de Oil, y bajo qué modalidad se definieron a los beneficiarios, por ejemplo. Además, tampoco se aportaron 23 facturas de Rufino por las que cobró un total de u$s270.000 y que incluyen reintegros por viajes a Nueva York y Madrid, en supuesta representación de la compañía estatal.

Fechas no coinciden

Pero las inconsistencias más graves de toda la documentación están en las fechas, lo que despertó las sospechas de los investigadores. El Contrato Marco por el que se incorporó a Rufino a YPF data formalmente del 19 de febrero de 2018 y se apoya en una propuesta acercada en mayo de 2017. Fue recién certificada ante escribano público el 31 de julio de 2018 y allí consta que el abogado cercano a “Pepín” prestaba servicios desde diciembre de 2016, sin marco de contratación alguno durante 1 año y 9 meses. Pero así y todo, su primera factura y el alta del contrato por parte de Fernández Lahore data del 23 de agosto de 2016. Dos años antes de haber cumplimentado los trámites de rigor y cuatro meses de la versión inicial sobre su incorporación.

Los u$s100 mil

El Poder general Administrativo y Judicial para que Rufino pudiera actuar extendido por el propio Fernández Lahore está fechado 30 de mayo de 2017. Sin embargo, existen por lo menos 6 facturas previas que totalizan 80 mil dólares cuyo marco de contratación se desconoce, por el período que va entre agosto 2016 y mayo 2017. A Rufino le abonaron esos montos sin tener ni poderes ni funciones reguladas en YPF. No existe tampoco ningún elemento externo (como un correo electrónico, memo interno o acuerdo) que brinde pistas del motivo por el que se le pagó ese dinero. Pero las “curiosidades” no terminan: los documentos de contratación y de propuesta de honorarios que Fernández Lahore le aportó a Servini (en su rol actual) no exhiben ningún tipo de aprobación por parte de YPF. No tienen firma ni responsable a cargo.

La “fachada” con la que Rufino ingresó a cumplir funciones en la petrolera estatal –de acuerdo al contrato sin firmas- estaba supuestamente circunscripto a su “asesoramiento” en los juicios internacionales “Eton Park”, “Petersen”, “Maxus” y la definición de la estrategia legal en el caso “Paz Herrera”. Los primeros dos son reclamos de fondos buitres derivados de la estatización, el tercero un litigio ambiental por una subsidiaria fallida y el último un reclamo cruzado por parte de un abogado y pequeño accionista que acusaba al kirchnerismo de un fraude en presunto acuerdo con los Eskenazi y con Repsol. Ninguno de estos casos estaba ligado con la situación de la petrolera Oil. Pero Rufino había pactado cobrar 170 dólares la hora más un bono mensual de u$s20.000, sumado a otro premio según resultado de los juicios internacionales. Pero en ningún documento se menciona que el abogado allegado a Rodríguez Simón iba a actuar en la adquisición de los activos de Oil, a través de YPF. Su participación se revela por dos facturas presentadas por 50 mil dólares cada una por hacerse de los restos de la petrolera de Indalo. Es más, expresamente estaba prohibido en el Contrato Marco que Rufino facture otro tipo de servicios que no estuvieran contemplados sin regirse por las pautas de un acuerdo realizado por escrito.

En la nómina de irregularidades se destaca que no solo existe una factura de u$s13.600 de agosto 2016, sino que la primera factura de Rufino por la adquisición de los activos de Oil (así se detalla en la misma) por u$s50.000 fue emitida el 28/6/2018 y pagada el 25 de julio de ese año. El Comité de Inversiones de YPF que debía aprobar la adquisición de los activos de Oil recién lo hizo en agosto de 2018. Un mes antes, Rufino había cobrado por una gestión que no estaba entre sus funciones (y por la que específicamente no podría haber percibido nada de la petrolera estatal que no estuviera detallado en su contrato) y que, en la práctica, no se había ocurrido todavía.

“Operación OCSA”

El 23 de agosto de 2018, Rufino recibió un Poder Especial junto al VP de Downstream Santiago Martínez Tanoira expedido por Fernández Lahore para que cualquiera de ellos “intervenga en representación de YPF en el proceso de licitación pública nacional e internacional de los activos de la sociedad en quiebra Oil Combustibles”. Eso fue una semana antes de que el tema apareciera en el Comité de Inversiones. Pero casi un mes antes, el 25 de julio de 2018, ya existía una factura de u$s50.000 que Rufino cobró bajo el concepto “Adjudicación Operación OCSA” (la razón social de Oil) que, como se dijo, había sido a su vez emitida un mes antes de la fecha de cobro. Entonces, dos meses antes de que el Comité de Inversiones diera el visto bueno para que YPF participara de la oferta para la adquisición de la Refinería San Lorenzo, el Puerto, los depósitos y la red de estaciones de servicio, alguien sabía de antemano cuál iba a ser el destino de esos activos.

Facturas

No solo faltan aportar 23 facturas de Rufino que inexplicablemente YPF retaceó a la justicia. Algunas otras tienen como motivo de pago “Programa de Propiedad Participada” y “Caso SPA” que tampoco están contenidas dentro de su contrato, mientras que en el sistema aparece aparece el criterio “abono mayo” cuando no existía vínculo alguno. Por ejemplo, Rufino cobró u$s 6.630 por brindar “opinión legal del 24/4/2018”, contabilizando 39 horas de trabajo. Se desconoce a qué respondía esa “opinión” –porque no hay referencias que la enmarquen-, pero lo que sí se conoce es que Rufino la hizo valer y la petrolera estatal pagó.

El 10/12/2018 -año prolífico para Rufino- el abogado remite una nota al entonces CEO durante la gestión de Mauricio Macri, Daniel González, en el que aclara que adjunta “la factura correspondiente a los honorarios profesionales de éxito pactados por la adquisición de los activos petroleros de Oil Combustibles en el marco del proceso de quiebra”, pero sin acompañarlo de requerimiento alguno que justifique su actuación en el caso. Esa nota formal llegó como una suerte de “maquillaje” para una situación que -de hecho- había ocurrido 5 meses antes.

 

Pero el cúmulo de irregularidades llega a su clímax el 6/9/2018. Martínez Tanoira presenta la oferta para quedarse con los activos de Oil ante el directorio de YPF. Allí, el VP admite que los 42 millones de dólares base para la licitación “son un valor bastante bajo inclusive por el potencial que tienen los activos”. Deja entrever que podría ser un precio por debajo del valor real. En la justicia, se denomina a esta operatoria “precio vil”.

DAPSA

En la documentación ahora en poder de la justicia existen dos tramos adicionales de la misma operatoria. Una vez en posesión de los activos de Oil, YPF asignó a DAPSA (Destilería Argentina de Petróleo SA) ciertos contratos de estaciones de servicio. Pero además, contó con una autorización del Directorio de la petrolera estatal para firmar un “contrato de suministro exclusivo” con DAPSA que tuvo su correspondiente contrato. En paralelo, Servini cuenta con una copia de la oferta de adquisición por parte de Delta Patagonia de los activos de Oil y su correspondiente contrato de suministro. Pero aquí también vuelve a aparecer Rufino, aunque en un rol diferente. En el punto 3 de la propuesta de participación conjunta, DAPSA anunció que unificaría la personería pero bajo el apoderado de YPF, Marcelo Rufino. Es decir, ¿por qué motivo una empresa privada le hace una propuesta a la petrolera estatal y deja la representación para esa operación en manos del abogado allegado a “Pepín”? En el expediente, hasta ahora, no hay indicio alguno de justificación de este comportamiento. El Poder General de Administración y Disposición de DAPSA es en favor de un abogado, cuya dirección en la calle esmeralda coincide con la firma de servicios inmobiliarios Delta del Plata SA.

Omisiones

Entre los faltantes que YPF no aportó (todavía) se encuentra la reunión de directorio donde supuestamente se aprobaba la presentación de la oferta de licitación de YPF -en el marco de la quiebra- ni tampoco la que aprueba la venta de las estaciones de servicio a la firma Delta, del que tampoco existe rastro sobre informes técnicos que justifiquen su elección. ¿Existió una compulsa de precios para elegir el mejor oferente para alcanzar la meta de negocios redituable para YPF? Misterio. De las negociaciones para arribar a ese resultado, no quedó registro. La desprolijidad fue tal que en el acuerdo de suministro con Delta, YPF le asigna vigencia entre 2018 y 2023. Pero sin precisar fecha de inicio y fin, algo intrínseco a casi cualquier contrato. Todos estos elementos configuran un paso más en la confirmación de la hipótesis de que existió un plan coordinado entre las más altas esferas del Poder Ejecutivo que comandaba Macri con objetivos políticos, pero también con fines económicos. El desguace de Oil Combustibles (y los beneficios que esta situación generó) también apuntan a corroborar que mediaron negocios poco claros que motivaron la arremetida para quebrar a la compañía en un trámite que tuvo inusual velocidad.

FUENTE ambito

noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

Continue Reading

Policial

Atentado contra Cristina Kirchner: la jueza Capuchetti delegó la investigación al fiscal Rívolo

Published

on

Este miércoles, la jueza María Eugenia Capuchetti derivó la investigación del atentado contra Cristina Kirchner en la fiscalía de Carlos Rívolo, luego de que la Vicepresidenta cuestionara su imparcialidad y pidiera a la Cámara Federal que la aparten de la causa.

La magistrada justificó su decisión basándose en las críticas que recibió por parte de la expresidenta y explicó que busca evitar que las medidas que se tomen en un futuro sean impugnadas. “No puedo soslayar que mi imparcialidad como directora del proceso fue oportunamente puesta en tela de juicio por la misma querella”, señaló.

Capuchetti, quien luego hizo hincapié en el pedido de recusación que hizo Cristina Kirchner ante la Cámara Federal la semana pasada.

La magistrada expresó: “Encontrándose la recusación ante ese tribunal, debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte”. Por eso tomó la decisión de delegarle la investigación al fiscal Carlos Rívolo.

Esta delegación implica que el fiscal llevará adelante las medidas para la investigación y solo debe recurrir a la jueza para que autorice determinadas medidas que avancen sobre los imputados, como allanamientos, detenciones o intervenciones telefónicas. Rívolo podrá tomar declaraciones testimoniales, pedir informes y recoger evidencias sin necesidad de un autorización de Capuchetti.

“En caso de entender que la instrucción se halla completa en alguno de sus tramos (o en su totalidad) puede avanzar en la elevación a juicio del caso”, dijo la magistrada sobre el fiscal.

La jueza aclaró que la decisión que tomó no implica desoír la directiva de la Cámara Federal para que eleve el caso a juicio con los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. Este último es el supuesto líder de “La banda de los copitos” que la Vicepresidenta quiere acusar de ser coautor del crimen, pero que en la causa es considerado como partícipe secundario.

“La tesitura asumida en pos de una mejor administración de justicia y mayor celeridad del proceso en nada se contrapunta con los lineamientos de la alzada”, escribió Capuchetti.

El último de los embates del círculo íntimo de Cristina Kirchner contra la jueza lo protagonizó el abogado José María Ubeira, representante de la expresidenta. “Si le pasa algo a la Vicepresidenta o a sus hijos, la magistrada será responsable. Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo”, aseguró.

El punto de quiebre entre Capuchetti y la querella fue cuando rechazó el pedido de secuestrar los teléfonos de las asesoras del diputado Gerardo Milman, que habían estado con él en el bar Casablanca dos días antes del atentado. En aquel bar, un asesor legislativo llamado Jorge Abello -que nunca fue llamado como testigo- aseguró que el 23 de septiembre escuchó a Gerardo Milman decir: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”.

Los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia están trabajando en una resolución ligada a si corresponde o no secuestrar los teléfonos. También debaten si en esa resolución hacen un análisis de como llevó el caso Capuchetti y piden determinadas medidas de investigación.

 

Infoveloz

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

 

Continue Reading

Policial

Motochorros se llevaron millonaria suma de dinero en una salidera bancaria en Mar del Plata

Published

on

Con recuperación de registros de cámaras de seguridad, tanto del sistema de monitoreo público como de comercios y viviendas particulares, investigadores buscan reconstruir el recorrido realizado por motochorros que sorprendieron a un empresario de Mar del Plata en pleno centro y le sustrajeron una suma millonaria de dinero en efectivo que acababa de retirar de una sucursal bancaria.

El robo ocurrió en horas cercanas al mediodía del jueves, según confirmaron a Ahora Mar del Plata fuentes judiciales cercanas a la causa que se abrió en sede fiscal de turno para averiguación de autores del hecho, hasta el momento sin identificar y, por ende, prófugos.

 

El caso se mantuvo en el más extremo hermetismo, al igual que los primeros pasos de esta pesquisa que por el momento –según se pudo conocer- tiene muy pocos elementos sólidos hacia el objetivo perseguido de esclarecimiento y captura de los delincuentes.

Información a la que accedió Ahora Mar del Plata de fuentes con acceso a la causa confirma que la víctima se acercó hasta una sucursal bancaria de la zona de Peatonal San Martín y Córdoba, donde realizó la extracción de una millonaria suma de dinero en efectivo.

Se retiró de esas oficinas para dirigirse a su camioneta, con la que comenzó un recorrido por calles céntricas. Se sitúa el robo en una esquina con semáforo que sería la de San Luis y Bolívar, donde dos desconocidos a bordo de una motocicleta se pusieron a la par, rompieron el vidrio del vehículo y se llevaron el bolso en el que estaba el dinero.

El testimonio que el damnificado dio en Comisaría 1ª sirvió a personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) para saber algunos detalles sobre características de vestimenta y motocicleta, además del sentido en que orientaron la fuga. Detrás de ese recorrido están los investigadores, que con registros solicitados al Centro de Ordenamiento y Monitoreo y a comerciantes tratan de reconstruir paso a paso ese escape. Por el momento sin resultados positivos.

 

DiezAhora

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Continue Reading

Más Vistas