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La Cámara Federal ordenó la detención y desafuero de Julio de Vido

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Es por “riesgo de entorpecimiento” en la causa que investiga el desvío de fondos en Río Turbio; el Congreso ahora deberá votar el desafuero del ex Ministro de Planificación Federal
Redacción Nexofin | contacto@nexofin.com
Martes 17 de octubre de 2017 – 11:18 am

La Sala II de la Cámara Federal, con el voto en disidencia parcial del juez Eduardo Farah, ordenó al juez Luis Rodríguez el desafuero y detención del diputado del FPV Julio De Vido en el marco de la causa por el desvío de fondos que debían dirigirse a la mina de Río Turbio (Santa Cruz). El juez Leopoldo Bruglia que integra otra sala, desempató entre los camaristas que coincidieron en el desafuero y no así en la prisión preventiva, y adhirió al voto de su par Martín Irurzun. “Su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación”, indica el fallo.

A poco más de un mes de que De Vido declare ante el juez Luis Rodríguez, la Cámara Federal se expidió sobre el pedido de desafuero y detención sobre el cual, por medio de dos escritos, insistió el fiscal ante la Cámara Germán Moldes, respaldando así el reclamo inicial del fiscal de la causa Carlos Stornelli.

La Cámara ordenó estas medidas en la causa por los desvíos de fondos millonarios de la mina de Río Turbio, al entender que “existían claros indicios de riesgos de entorpecimiento”, de la investigación.

De todos modos, la detención no se puede hacer efectiva hasta tanto “el Congreso de la Nación resuelva previamente su desafuero”, señalaron fuentes judiciales. Por eso, los camaristas Irurzun y Bruglia ordenaron al Juez que proceda a formalizar el inmediato pedido de desafuero a la Cámara de Diputados. El intento del oficialismo de quitarle los fueros al diputado del FPV bajo el concepto de “inhabilidad moral”, fracasó a fines de julio. Ahora el juez deberá ordenar que la discusión vuelva al recinto.

En esta investigación al ex ministro se lo causa de malversación de fondos por 26.000 millones de pesos -la plata que desde 2005 a 2015 se destinó a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) para la modernización y puesta en valor del complejo minero-, y cuyo perjuicio al Estado se calculó en 265 millones de pesos.

​Los jueces que votaron por el pedido de desafuero y detención indicaron que se está ante una investigación “de actos de corrupción complejos”, que habrían sido desarrollados “con la necesaria intervención de funcionarios de diversas áreas del Estado y al amparo de su estructura, durante un extenso período de tiempo”. En dicho contexto De Vido “es uno de sus actores principales”.

Así, al analizar el juez Irurzun el pedido de detención que realizó en dos oportunidades el fiscal de la causa, y que respaldó Moldes, reiteró que se debe considerar que “los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal”.

Atento a su condición de Diputado Nacional, “se impone proceder conforme requiere el Ministerio Público Fiscal y ordenar al a quo que proceda a la inmediata remisión del pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados”.

Al indicar allanamientos realizados en el marco de la causa, convenios pagos de obras no realizadas, denuncias de sobreprecios, entre otros puntos, indicó el juez Irurzun que “no resulta factible distanciar a De Vido del escenario” como “portador de un rol preponderante en los hechos” de corrupción de la causa y que su libertad representa “un riesgo latente”.

El juez Eduardo Farah se manifestó a favor del desafuero del diputado del FPV, y a su vez pidió que se imponga a De Vido “una caución real” elevada. Remarcó que hay argumentos suficientes para realizar el pedido al Congreso de la Nación, pero no así en su detención. Por ello, fue el juez Bruglia integrante de la Sala I quien desempató en la disidencia parcial.

En su voto Bruglia señaló que si bien se podrían analizar medidas “menos gravosas” que la detención, “resultaría ineficaz a la luz del peligro procesal” que representa De Vido. No alcanza en tal sentido, con la retención de pasaportes, prohibición de salida del país y la comparecencia mensual en la justicia, según el camarista y consideró que “no neutralizan las graves consecuencias que De Vido podría provocar en el avance de la investigación, ya que exclusivamente tienden a evitar un posible peligro de fuga, riesgo procesal”.

 

Nexofin

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UNA A UNA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA INTENTAR RECUPERARSE DE CARA A NOVIEMBRE

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El gobierno nacional puso en marcha la última semana una serie de medidas destinadas a consolidar la reactivación económica, con la profundización de políticas de incentivo a la producción, el consumo y la creación de nuevos puestos de trabajo, entre las que se destacaron el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias; una suba en el salario mínimo, vital y móvil y la eliminación a partir de enero de las retenciones a la exportación de servicios.

Las iniciativas fueron anunciadas de manera paulatina luego que el presidente Alberto Fernández pusiera en funciones el lunes pasado al jefe de Gabinete, Juan Manzur; y a Santiago Cafiero en la cartera de Relaciones Exteriores y Culto; Aníbal Fernández, en Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería y Pesca; Jaime Perczyk, en Educación; y Daniel Filmus, en Ciencia y Tecnología.

Los cambios en el Gabinete, así como las medidas puestas en marcha, buscan poner nuevamente en agenda los temas considerados prioritarios por el gobierno, tras el resultado registrado en las PASO, y de cara a mejorar la performance de los candidatos oficialistas en las elecciones de medio término que se realizarán el 14 de noviembre, que determinarán la nueva conformación del Congreso Nacional y de las legislaturas provinciales.

A las medidas ya anunciadas se sumarán en los próximos días la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar una jubilación anticipada, que beneficiará a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten 5 años o menos para cumplir la edad jubilatoria, de entre 55 y 60 años en las mujeres y de entre 60 y 65 en los varones.

Además se encuentran bajo análisis un programa para ampliar el empleo y reconvertir planes sociales en trabajo, créditos no bancarios para proyectos productivos de la economía popular, la ampliación de la obra pública y el eventual regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) bajo un esquema focalizado, debido a que en la actualidad las restricciones por la pandemia de coronavirus son mínimas.

Las proyecciones que manejan en gobierno y en el área económica estiman que el paquete de medidas equivaldría a algo más de medio punto del Producto Bruto Interno (PBI).

Las medidas

Salario mínimo, vital y móvil

El primer anuncio –que se concretó el martes pasado y estuvo a cargo de Juan Manzur y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni- fue la decisión de elevar el actual salario mínimo, vital y móvil de 29.160 a 33.000 pesos en tres tramos, por lo que la mejora total de ese ingreso en un año será del 52,8%.

Este mes el incremento será del 9%, 4% en octubre y 3% en febrero próximo, con lo que el ingreso mínimo será de 31.104 pesos en septiembre, 32.000 pesos el próximo mes y de 33.000 pesos en febrero.

El incremento salarial alcanza a casi 1.100.000 trabajadores y beneficiarios de programas sociales como Potenciar Trabajo y Acompañar, del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones.

Ganancias

El miércoles el nuevo anuncio tuvo como foco el incremento del piso a partir del cual los asalariados pagan el Impuesto a las Ganancias, en $175.000, a partir del este mes, junto con la exención del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre para el pago de este tributo para los trabajadores comprendidos dentro del tope.

Con la actualización, 1.267.000 trabajadores que dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias cuando se aprobó la ley en abril, seguirán sin abonar el impuesto.

Desde el gobierno subrayaron que la medida apunta a fortalecer el poder adquisitivo de los contribuyentes del impuesto y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno, entre otras cuestiones.

También anticiparon que el mínimo no imponible del impuesto, así como las deducciones y las escalas, volverán a actualizarse a partir del 1 de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.

Al incremento del piso, también se decidió ampliar las exenciones del impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para beneficiar el ahorro en pesos, a través de un decreto firmado por el Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que reglamentó la Ley 27.638 que brinda desgravaciones a aquellos que utilicen instrumentos de ahorro en pesos.

La medida busca dar mayor liquidez al sistema y financiamiento para el sector privado, además de contribuir a contar con un sistema tributario más progresivo.

Los beneficios impositivos contenidos en la norma contemplan exenciones en Ganancias para depósitos con cláusulas de ajuste y para instrumentos financieros destinados a fomentar la inversión productiva, entre otras cuestiones.

Eliminación de retenciones a la exportación de servicios

El viernes, Guzmán y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunciaron la decisión de eliminar completamente a partir de enero próximo las retenciones a la exportación de servicios producidos en el país y consumidos en el exterior, con el objetivo de fomentar la creación de empleo de calidad, generar divisas y corregir la medida aplicada a partir de 2018, que perjudicaba al sector.

Ese rubro es el segundo complejo exportador del país, solo superado por el segmento oleaginoso cerealero. En 2018, por primera vez en la historia de la Argentina, el sector de servicios comenzó a pagar retenciones a la exportación. En 2020 se bajó la alícuota a 5% y a partir de 2022 se reducirá a 0%.


Jubilación anticipada

Por el lado previsional, el viernes la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, anticipó que el gobierno nacional trabaja en un DNU para implementar una jubilación anticipada.

Se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten 5 años o menos para cumplir la edad jubilatoria -entre 55 y 60 años las mujeres y entre 60 y 65 los varones-.


Previaje PAMI

Con foco también en los jubilados, Manzur el viernes presentó en Pilar junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la titular del PAMI, Luana Volnovich, el plan Previaje PAMI que contempla el reintegro del 70% de los gastos en turismo para los afiliados, para recorrer todos los destinos de Argentina.

De cara a la próxima semana, uno de las cuestiones más importantes será la reunión que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, mantendrá con las entidades que conforman la Mesa de Enlace agropecuaria, en la que se podrían concretar anuncios para el sector. Telam

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MARPLATENSES MARCHARON CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO

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Marplatenses participaron este viernes de una marcha por la crisis climática que también se realizó en otras ciudades del mundo. La manifestación se realizó por las calles del centro de Mar del Plata, para pedir medidas que mitiguen el cambio climático.

La concentración se realizó frente a la Municipalidad para sumarse al pedido al Congreso de la Nación una agenda ambiental “realista, justa, honesta, constante y transparente”.

Misión Soberanía y Transición Energética Argentina fue una de las entidades que realizó la convocatoria. “Hubo una importante participación que mostró a una juventud comprometida con su presente y su futuro, que asume una responsabilidad histórica con la construcción de un mundo más sostenible”, expresó Manuel Golomb, integrante de la organización, a Ahora Mar del Plata.

“La agenda reivindicativa es clara: queremos acciones inmediatas para empezar a abordar la crisis climática que pone en jaque la vida en nuestro planeta y en nuestras sociedades”, sostuvo y mencionó la importancia de la ley de humedales y el inicio de una “transición energética justa, que ponga el eje en un proceso de descarbonización de la economía, pero que a su vez también garantice el acceso a la energía para todos, porque hay un derecho vulnerado en gran parte de nuestra población”.

Golomb consideró: “Es una problemática que nos afecta a todos por igual, pero no todos tienen la misma capacidad de respuesta. Los sectores más vulnerables tienen menos alternativas para poder hacerle frente a los cambios climáticos que se están suscitando, como fenómenos meteorológicos o sequias. Es necesario reforzar la construcción y la presencia del Estado, y la discusión en las agendas públicas en torno a cómo abordamos una transición socioecológica que ponga la mirada en aquellos sectores más vulnerables.

Golomb también forma parte de la organización de la Cumbre Latinoamericana de Sustentabilidad Energética 2021 que se lanzará próximamente, con la participación de 10 mil jóvenes latinoamericanos. “Es una plataforma de educación energética 4.0 para sensibilizar a los jóvenes en la temática de transición energética y que sea un proceso de participación colectiva”, describió.

“En el país estamos construyendo una comunidad para La Transición Energética Argentina (TEArg), con las organizaciones socioambientales más importantes,, donde queremos construir una agenda pública que delinee cuáles son las principales formas de acción para impulsar la transición energética con justicia social”, agregó.

El 2 de octubre se realizará el primer encuentro nacional para la transición energética justa y ya está abierta la inscripción en @te.arg. “Tenemos que seguir manifestándonos, participando, formándonos y empezando a liderar estos procesos porque la responsabilidad de construir un mundo más sostenible es de todos”, subrayó.

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UN EX MINISTRO DE NESTOR KIRCHNER EN LA CORTE. QUIEN ES HORACIO ROSATTI…

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Antes de llegar a la Corte, Rosatti fue dirigente del peronismo en Santa Fe, su provincia. Fue el segundo ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Asumió ese cargo el 26 de julio de 2004, en reemplazo de Gustavo Beliz, y renunció cuando estaba apunto de cumplir un año al frente del ministerio. No aceptó ser candidato a diputado por Santa Fe y se fue peleado con el entonces presidente. Además, denunció irregularidades en la construcción de cárceles. “No cerraban los precios”, dijo. En aquellos tiempos, el jefe de gabinete de Kirchner era Alberto Fernández. Rosatti también fue procurador del Tesoro, convencional constituyente e intendente de Santa Fe.

En 2017, en tanto, Rosatti adhirió al fallo en el que se decidió que los nuevos jueces ingresantes al Poder Judicial tengan que pagar el Impuesto a las Ganancias, como el resto de la ciudadanía. En 2019, fue parte de la mayoría que prohibió la re-reelección de los gobernadores Sergio Casas y Alberto Weretilneck, de La Rioja y Río Negro.

Ya durante el gobierno de Alberto Fernández, quien fue su jefe de gabinete en su etapa como ministro de Justicia de Kirchner, Rosatti firmó fallos en contra del ex vicepresidente Amado Boudou, al confirmar la condena en el caso Ciccone, y otro contra la dirigente social Milagro Sala, que se encuentra con prisión domiciliaria desde 2016. Este año, en tanto, adhirió a la sentencia en la que se autorizó a la Ciudad de Buenos Aires a decidir sobre la presencialidad en el dictado de clases.

Especialmente en el caso de Sala, el Presidente consideró el fallo como un desafío a su autoridad, mientras la propia dirigente Tupac Amaru declaraba que “pareciera que gobierna la Corte Suprema” y que el gobierno de Fernández se ha mostrado “un poco blandengue”.

Cristina, en tanto, sigue sin perdonarle su salida del gobierno de Kirchner y ha sido crítica de su designación, como la de Rosenkrantz, durante el gobierno de Macri. El enojo de la vicepresidenta con la Corte no es nuevo y se ha repetido especialmente en una dura carta que difundió a finales del año pasado, en la que acusó al máximo tribunal de “encabezar y dirigir el proceso de Lawfare” en su contra.

“Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, fue, textual, el cuestionamiento de CFK hacia los jueces.

Fuera de la actividad política o jurídica, Rosatti también cuenta con un extenso CV académico. Se desempeñó como docente de grado y de posgrado en varias casas de estudios en la Argentina, entre las que se destacan la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Católica de Santa Fe.

Asimismo, ejerció como decano de la Facultad de Derecho en la sede santafesina de la UCA entre 1999 y 2002. Es doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental y, además,  autor de decenas de libros sobre derecho. También recibió el Premio Konex de Platino en Derecho Constitucional.  La Nacion.

 

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