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Sociedad

La crisis del Poder Judicial y la necesidad de su reforma

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El Poder Judicial tiene la función de garantizar el Estado de derecho, resolver los conflictos que se presentan en toda comunidad y asegurar la vigencia de los derechos. Desde hace ya muchos años padece tres órdenes de problemas que dificultan el cumplimiento de estas funciones.

Estos problemas –de orden institucional, funcional y cultural– han provocado una grave crisis de legitimidad del Poder Judicial. Según diversos estudios, alrededor del setenta por ciento de los argentinos descree del Poder Judicial. Estos números son más preocupantes respecto de la Corte Suprema, que exhibe un nivel de insatisfacción que ronda el ochenta por ciento, según un estudio de la Universidad de San Andrés. Lo cierto es que el desprestigio de una parte del Poder Judicial se derrama sobre el resto de los magistrados que cumplen adecuadamente sus funciones.

Ningún órgano de gobierno puede funcionar adecuadamente con semejantes niveles de desconfianza ciudadana. A diferencia de lo que ocurre con los poderes políticos, el Poder Judicial no puede resolver sus problemas de legitimidad en las urnas. Se trata, además, del único órgano de gobierno en el que la opacidad es la regla tanto para su administración como respecto de la forma en que construye y hace públicas sus decisiones. En efecto, carece de las instancias de vigilancia y control ciudadano de los poderes políticos.

Entre los problemas de orden institucional son particularmente graves la falta de independencia externa, respecto del poder político, económico y mediático; como interna, respecto de tribunales superiores o magistrados influyentes; la opacidad de su administración y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. Por otro lado, la carencia de una cultura de diálogo interinstitucional –el viejo sistema de frenos y contrapesos– obtura la posibilidad de arribar a decisiones judiciales con mayor respaldo democrático.

La excesiva concentración de poder es inadmisible en una república. En la Corte solo cinco personas tienen la última palabra sobre la constitucionalidad de leyes, decretos y actos administrativos emanados de autoridades elegidas por el voto popular. Si consideramos que los fallos suelen ser divididos, la mayoría se logra con apenas tres votos, y en consecuencia la jurisprudencia tiende a ser más variable. Por otro lado, una Corte reducida ofrece menos posibilidades de pluralidad de género, de especialidad, de carrera profesional, de procedencia geográfica, etc. Es tiempo además de que la cabeza del Poder Judicial tenga una integración con paridad de género.

Es necesario revisar el funcionamiento de la Corte. Desde 1909 y por una construcción pretoriana, se atribuyó la competencia de revisar hechos y derecho de las sentencias de tribunales inferiores, convirtiéndose en una instancia más tanto en materia federal como de derecho común. Esta competencia autoatribuida representa la mayor actividad de la Corte y la razón del abarrotamiento de causas. En busca de una solución, en 1990 se introdujo otro problema: el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite al tribunal rechazar sin fundamento alguno las causas que no quiere resolver.

La concentración de poder en la justicia penal federal porteña –un fuero que fue reconfigurado en la década del noventa para ser garante de la impunidad de los hechos de corrupción, al tiempo en que se profundizaba su connivencia con los servicios de inteligencia– se ha revelado como un grave problema institucional en los últimos cuatro años, en los que se han armado causas penales con testigos guionados, pericias fraguadas, imputados extorsionados o remunerados por el poder político, y se ha hecho un uso abusivo de la prisión preventiva.

El Consejo de la Magistratura es una institución fallida que no ha cumplido adecuadamente las funciones de selección, sanción y remoción de magistrados, que continúa disputando la administración del Poder Judicial con la Corte, y que no tiene una integración equilibrada tal como prescribe la Constitución.

Los problemas de orden funcional se manifiestan en los obstáculos materiales y simbólicos para el acceso a la justicia, como la ausencia de un patrocinio gratuito en todos los fueros para quienes lo necesiten, los elevados costos de litigar, el problema de la centralización geográfica, las deficiencias de infraestructura y digitalización, la incapacidad para resolver problemas comunes de los ciudadanos en forma eficiente, en plazos y con costos razonables; la lejanía del Poder Judicial respecto de la ciudadanía en general y, en particular, de las necesidades e intereses de los sectores populares y vulnerados.

Más difíciles de contrarrestar, en cambio, son los problemas de orden cultural: el corporativismo, la endogamia, el nepotismo, el elitismo, la escasa fundamentación de buena parte de sus sentencias, el uso de un lenguaje críptico, la resistencia al cambio, el machismo y la misoginia; la reticencia al examen, al control del desempeño, a la rendición de cuentas y a la implementación del ingreso democrático; el verticalismo, el apego a los privilegios y, en general, la falta de un proceso de incorporación de valores y prácticas como los que fueron adoptando los otros órganos de gobierno a partir de la transición democrática.

El Presidente ha demostrado que conoce estos problemas y las reformas que se discuten van en la dirección correcta. Es importante que este proceso de reforma sea participativo e inclusivo, que las políticas que se impulsen tengan un sustento empírico y que, cuando se carezca de los datos suficientes, se los produzca.

Más allá de las distintas políticas públicas que pueden impulsarse para resolver estos problemas del Poder Judicial, las reformas a encarar deben promover un servicio de justicia basado en el acceso igualitario, la proximidad, la transparencia y la eficiencia, con el fin de potenciar las capacidades del sistema para ofrecer soluciones concretas a los problemas de los ciudadanos, con una mayor sensibilidad por las necesidades de los sectores más vulnerados. Se trata, en definitiva, de garantizar la efectividad de los derechos.

Hoy estamos muy lejos de eso. Bienvenido sea este primer paso.

* Roberto Carlés es Doctor en Derecho. Secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología

Por Roberto Carlés

 

FUENTE : INFOBAE

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DIA MUNDIAL DE LAS REDES SOCIALES

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El Día Mundial de las Redes Sociales se celebra cada 30 de junio, bajo el objetivo de que cada usuario cuente con herramientas que sirvan como medio de comunicación para mantenerse informado. De esta forma, desde el 2010, se conmemora el uso de las redes sociales como contacto virtual entre individuos, empresas y organizaciones.

Las diferentes plataformas como Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, entre otros, utilizan internet para convertirse en la fuente de conexión a nivel mundial. Así es como se permite que millones de personas en todo el mundo se mantengan conectados en tiempo y espacio real.

La iniciativa de instituir esta fecha como el Día Mundial de las Redes Sociales tuvo inicio en 2010, gracias al fundador de Mashable, Peter Cashmore, que consideró necesario aplicar una fecha en el calendario para festejar el gran avance de la comunicación y entretenimiento que implicaron las grandes compañías.

Más del 58% de la población mundial utiliza redes sociales actualmente, demostró el informe Digital 2022 realizado por We Are Social y Hootsuite,. Es decir que hay 4.620 millones de usuarios de redes en todo el mundo.

 

Recomendaciones para un uso responsable y seguro de las redes sociales

Respecto a las recomendaciones, los expertos comparten:

  • Pensar antes de publicar. Se debe tener cuenta que, aunque se borre el contenido publicado, seguirá quedando registrado en los servidores. Incluso, cualquier persona que lo haya visto pudo haberse guardado el contenido o haberlo difundido.
  • Configurar la privacidad y revisar los permisos de las aplicaciones. Con esta opción podrías controlar, por ejemplo, quién puede ver el material. Antes de instalar cualquier aplicación se debe desconfiar de aquellas que soliciten autorizaciones que no son necesarias para su funcionamiento.
  • Atender a los virus. El objetivo suele ser robar información. La forma más común es a través de enlaces de supuestas noticias, vídeos o publicaciones falsas. En este sentido, no hagas click en ningún enlace que no sea de confianza y asegúrate de tener instalado un antivirus en tu dispositivo electrónico.
  • Cuidar la identidad digital. En caso contrario se puede robar o suplantar los datos. Para evitarlo, no accedas a tus registros desde equipos compartidos.

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Sociedad

SE LEVANTO EL CORTE DE CAMIONEROS DE BALCARCE EN RECLAMO POR EL GASOIL

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En la intersección de las rutas 226 y 55, puntualmente en el cruce de Balcarce, aproximadamente 70 camiones reclamaban por la falta de gasoil. Dejaban pasar autos particulares, camiones con frío y con medicamentos, por otro lado, los que llevan cargas de cereales eran frenados.

Hace instantes, el Delegado Regional CNRT Mar del Plata, Cristian Azcona confirmó  que el corte se levantó hace instantes y la circulación de vehículos volverá a la normalidad.

Por su parte, Crisitian Azcona, sostuvo a este medio que se estaba tornando “complicada” la situación, ya que tenían que “cuidar a quienes manifiestan su reclamo y aquellas personas que circulan por ese sector”.

Recordemos que en este sentido, en la semana el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, sostuvo que la falta de gasoil “estaría solucionada en 15 o 20 días” y se garantiza la provisión del combustible “para los laboreos necesarios para la agroindustria”.

 

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QUITA DE SUBSIDIOS E IMPACTO EN LAS EXPENSAS

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Por el aguinaldo, por la calefacción, porque todo aumenta: cada nueva liquidación de expensas es un golpe al bolsillo. Ahora también podría ser por los servicios públicos. Con el anuncio de otra quita de subsidios, surgen dudas en los consorcios: ¿por dónde ahorrar cuando ya se recortó todo lo posible? ¿Y cómo se cobra tarifa plena o con descuento si un mismo edificio reúne vecinos de ingresos distintos?

Con los aumentos de 2016 y 2017, los consorcios debieron apretarse el cinturón: apagaron calderas por la noche, volvieron intermitentes las luces de pasillos para que estén encendidas solo lo necesario, recortaron horarios de los encargados o los reemplazaron por un empleado de seguridad o un tótem con vigilador remoto. Con otro tarifazo en puerta, ya no se sabe por dónde más ahorrar.

“No llegó ninguna notificación a las administraciones. Pero en el hipotético caso que les quitaran el subsidio a los consorcios, el gasto se multiplicaría entre tres y cinco veces”, estima la administradora Gabriela Saldivia, especialista en Propiedad Horizontal y panelista del programa televisivo Consorcios en La Mira. Para la experta, “lo que más consume electricidad son ascensores y bombas, por lo que cambiar las luces a LED no hace un ahorro significativo”.

Los servicios públicos son una parte importante de las expensas. Según cifras de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal (CAPHAI), tienen una incidencia de entre un 3% y un 5% del total mensual, que llega a hasta un 7% en los edificios con agua caliente central y a un 12% en invierno para los que tienen calefacción central.

En los consorcios nucleados en la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERH), los servicios representan de un 25% a un 30% de gastos comunes con sistema centralizado de agua.

No hay muchas opciones de ahorro, solo podría hacerse limitando los horarios de calefacción. Pero los que tienen ese servicio no creo que lo reduzcan porque es su forma de no pasar frío en invierno”, analiza Daniel Tocco, vicepresidente primero de CAPHAI.

Desde la Comisión Directiva de la AIERH tampoco ven muchas alternativas. “No podés reducir mucho las expensas, porque en junio hay nueva escala salarial, el aguinaldo, la calefacción por el invierno. Esos gastos son reales, no pueden no aplicarse”, señala Laura Colucci, una de sus integrantes.

En algunos de sus edificios, se optó por reemplazar la caldera central de calefacción por calderas individuales, una por unidad funcional, para que cada consorcista pueda regular su consumo o suspenderlo por completo. “Pero esto solo puede lograrse en consorcios con pocos departamentos, donde es más fácil ponerse de acuerdo. Algunos vecinos optaron por anular la caldera y calefaccionarse de otro modo, para ahorrar”, explica Colucci.

Detalles de una medida difícil de aplicar

La quita de subsidios al gas y la electricidad será total para usuarios de viviendas con ingresos mayores a $ 350.000, tres autos o tres inmuebles en junio. La suba para ellos será de entre 210% y 220%. Quienes no entren en ese grupo no tendrán más que los aumentos recibidos hasta ahora: 40% para la mayoría de los clientes, y 20% para los jubilados o beneficiarios de tarifa social.

Sin embargo, aún no hay precisiones oficiales sobre si esa quita se aplicará a los consorcios como un todo, en los gastos comunes de gas y electricidad. Una decisión que podría ser polémica si se tiene en cuenta que en un edificio pueden vivir personas que superen el ingreso para dejar de recibir subsidios, y otras que están por debajo de esa línea.

Así nace un gris, porque en el anuncio de la medida se destacó la intención de dar un beneficio al que gana menos. Pero al ser las expensas un gasto común, queda poco claro cómo establecer si el consorcio entero puede llegar a tener el beneficio. De hecho, los descuentos se aplican a particulares, mientras que los consorcios son solo personas jurídicas, no reales.

Mientras tanto, la mayoría de los usuarios ya abonan el aumento del 40%, aplicado este mes: 16% para la electricidad y de hasta 25% para el gas. “Más allá de los subsidios, en un edificio con servicios centrales las expensas van a llegar en julio con un incremento de entre el 15 y el 20% por luz, gas y aguinaldo”, estima Matías Ruiz, presidente de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH).

Estrategias de ahorro

En un edificio de Primera Junta, en Caballito, desde hace años se regula el uso de la caldera que abastece la losa radiante de los departamentos. “La caldera se enciende entre las 7 y las 8 y se apaga entre las 19 y las 20. Debe hacer menos de 13 grados para que el encargado la active. Y si la temperatura supera esa marca antes del mediodía, a las 12 se apaga para ahorrar gas”, explica María Marquez (41), una de las vecinas.

Con los aumentos de gas y electricidad en 2016 y 2017, el consorcio de este edificio decidió bajar la temperatura de corte a 13 grados. Hasta ese momento, la marca estipulada por la asamblea de copropietarios era de 15.

Para muchos, apagar la caldera de la losa radiante trae aparejado tener que echar mano a métodos de calefacción eléctrica, como aires acondicionados frío-calor, caloventores o estufas, con los que “el ahorro que se genera en el gasto de gas se traslada al de consumo eléctrico”, le dice Márquez a Clarín.

La misma vecina agrega que la decisión, a veces, trae alguna polémica menor entre quienes están preocupados por el ahorro y aquellos que empiezan a sentir frío los días que la caldera se apaga temprano y queda así hasta la jornada siguiente.

En marzo de 2018 comenzó a implementarse el plan del Gobierno porteño para reducir costos de expensas. Se eliminaron los certificados “Edificio seguro” y el libro de datos del consorcio. Se espaciaron la frecuencia de fumigación y los plazos de revisión de los tanques de agua. Pero no hay proyecto que aguante a la inflación imperante y a aumentos salariales firmados en mesas paritarias sin representación de consorcistas.

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