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La crisis del Poder Judicial y la necesidad de su reforma

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El Poder Judicial tiene la función de garantizar el Estado de derecho, resolver los conflictos que se presentan en toda comunidad y asegurar la vigencia de los derechos. Desde hace ya muchos años padece tres órdenes de problemas que dificultan el cumplimiento de estas funciones.

Estos problemas –de orden institucional, funcional y cultural– han provocado una grave crisis de legitimidad del Poder Judicial. Según diversos estudios, alrededor del setenta por ciento de los argentinos descree del Poder Judicial. Estos números son más preocupantes respecto de la Corte Suprema, que exhibe un nivel de insatisfacción que ronda el ochenta por ciento, según un estudio de la Universidad de San Andrés. Lo cierto es que el desprestigio de una parte del Poder Judicial se derrama sobre el resto de los magistrados que cumplen adecuadamente sus funciones.

Ningún órgano de gobierno puede funcionar adecuadamente con semejantes niveles de desconfianza ciudadana. A diferencia de lo que ocurre con los poderes políticos, el Poder Judicial no puede resolver sus problemas de legitimidad en las urnas. Se trata, además, del único órgano de gobierno en el que la opacidad es la regla tanto para su administración como respecto de la forma en que construye y hace públicas sus decisiones. En efecto, carece de las instancias de vigilancia y control ciudadano de los poderes políticos.

Entre los problemas de orden institucional son particularmente graves la falta de independencia externa, respecto del poder político, económico y mediático; como interna, respecto de tribunales superiores o magistrados influyentes; la opacidad de su administración y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. Por otro lado, la carencia de una cultura de diálogo interinstitucional –el viejo sistema de frenos y contrapesos– obtura la posibilidad de arribar a decisiones judiciales con mayor respaldo democrático.

La excesiva concentración de poder es inadmisible en una república. En la Corte solo cinco personas tienen la última palabra sobre la constitucionalidad de leyes, decretos y actos administrativos emanados de autoridades elegidas por el voto popular. Si consideramos que los fallos suelen ser divididos, la mayoría se logra con apenas tres votos, y en consecuencia la jurisprudencia tiende a ser más variable. Por otro lado, una Corte reducida ofrece menos posibilidades de pluralidad de género, de especialidad, de carrera profesional, de procedencia geográfica, etc. Es tiempo además de que la cabeza del Poder Judicial tenga una integración con paridad de género.

Es necesario revisar el funcionamiento de la Corte. Desde 1909 y por una construcción pretoriana, se atribuyó la competencia de revisar hechos y derecho de las sentencias de tribunales inferiores, convirtiéndose en una instancia más tanto en materia federal como de derecho común. Esta competencia autoatribuida representa la mayor actividad de la Corte y la razón del abarrotamiento de causas. En busca de una solución, en 1990 se introdujo otro problema: el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite al tribunal rechazar sin fundamento alguno las causas que no quiere resolver.

La concentración de poder en la justicia penal federal porteña –un fuero que fue reconfigurado en la década del noventa para ser garante de la impunidad de los hechos de corrupción, al tiempo en que se profundizaba su connivencia con los servicios de inteligencia– se ha revelado como un grave problema institucional en los últimos cuatro años, en los que se han armado causas penales con testigos guionados, pericias fraguadas, imputados extorsionados o remunerados por el poder político, y se ha hecho un uso abusivo de la prisión preventiva.

El Consejo de la Magistratura es una institución fallida que no ha cumplido adecuadamente las funciones de selección, sanción y remoción de magistrados, que continúa disputando la administración del Poder Judicial con la Corte, y que no tiene una integración equilibrada tal como prescribe la Constitución.

Los problemas de orden funcional se manifiestan en los obstáculos materiales y simbólicos para el acceso a la justicia, como la ausencia de un patrocinio gratuito en todos los fueros para quienes lo necesiten, los elevados costos de litigar, el problema de la centralización geográfica, las deficiencias de infraestructura y digitalización, la incapacidad para resolver problemas comunes de los ciudadanos en forma eficiente, en plazos y con costos razonables; la lejanía del Poder Judicial respecto de la ciudadanía en general y, en particular, de las necesidades e intereses de los sectores populares y vulnerados.

Más difíciles de contrarrestar, en cambio, son los problemas de orden cultural: el corporativismo, la endogamia, el nepotismo, el elitismo, la escasa fundamentación de buena parte de sus sentencias, el uso de un lenguaje críptico, la resistencia al cambio, el machismo y la misoginia; la reticencia al examen, al control del desempeño, a la rendición de cuentas y a la implementación del ingreso democrático; el verticalismo, el apego a los privilegios y, en general, la falta de un proceso de incorporación de valores y prácticas como los que fueron adoptando los otros órganos de gobierno a partir de la transición democrática.

El Presidente ha demostrado que conoce estos problemas y las reformas que se discuten van en la dirección correcta. Es importante que este proceso de reforma sea participativo e inclusivo, que las políticas que se impulsen tengan un sustento empírico y que, cuando se carezca de los datos suficientes, se los produzca.

Más allá de las distintas políticas públicas que pueden impulsarse para resolver estos problemas del Poder Judicial, las reformas a encarar deben promover un servicio de justicia basado en el acceso igualitario, la proximidad, la transparencia y la eficiencia, con el fin de potenciar las capacidades del sistema para ofrecer soluciones concretas a los problemas de los ciudadanos, con una mayor sensibilidad por las necesidades de los sectores más vulnerados. Se trata, en definitiva, de garantizar la efectividad de los derechos.

Hoy estamos muy lejos de eso. Bienvenido sea este primer paso.

* Roberto Carlés es Doctor en Derecho. Secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología

Por Roberto Carlés

 

FUENTE : INFOBAE

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A fin de año el 63% de niños y adolescentes serán pobres

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La pandemia, la añeja crisis económica, la falta de financiamiento, la inflación que destruye el poder adquisitivo y las demoras en poner en funcionamiento la economía tienen consecuencias funestas.

 

Al finalizar 2020 habrá 1,2 millones de pobres más entre los niños, niñas y adolescentes (NNYA) de Argentina que el año anterior, según un informe de Unicef elaborado en base a las nuevas proyecciones de caída del PBI que actualizó el que la organización realizó en mayo, que pronosticaba que 750 mil NNYA caerían en situación de pobreza para la misma época, números afectados por la pandemia de coronavirus.

Las nuevas estimaciones presentadas hoy alertan que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la cantidad chicas y chicos pobres pasaría de 7 a 8,3 millones, con lo cual el porcentaje NNYA pobres alcanzaría casi el 63% (62,9%) al final de este año.

Unicef basa sus cálculos en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y los pronósticos del Producto Bruto Interno (PBI) provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo multilateral que el pasado 24 de junio presentó las nuevas proyecciones por países que en el caso de Argentina dan cuenta de un incremento de la pobreza infantil de 4,3 puntos porcentuales en junio en relación a la estimación de mayo, pasando del 58,6% al 62,9% actual.

Estos datos forman parte del informe “Actualización de la estimación de pobreza infantil” que presentó Unicef junto a los resultados de la “Segunda Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el Gobierno sobre la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes”.

La encuesta de Unicef muestra que, más allá de la apertura de actividades, de la flexibilización de la cuarentena en parte del país y del programa de asistencia al trabajo y a la producción, aún hay 2,6 millones de hogares que tienen sus ingresos laborales reducidos, lo que representa 45% del total.

La representante de Unicef Argentina, Luisa Brumana, destacó que -en este contexto- el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanza al 47% de los hogares, frente al 22% que lo recibía en abril.

“Son 13 millones de personas que habitan en 2,8 millones de hogares donde al menos un miembro recibe el IFE”, dijo Brumana y señaló que la continuidad de los programas de protección social “es clave para evitar que más hogares caigan en la pobreza extrema”.

“Deben redoblarse los esfuerzos para que ninguna familia en condiciones de vulnerabilidad se quede por fuera de estos beneficios”, agregó.

El consumo de alimentos es una de las variables en las que impacta con más fuerza la disminución de los ingresos en los sectores vulnerables.

Los programas alimentarios como la Tarjeta Alimentar alcanzan a 36% de los hogares (frente a 19% en abril); el porcentaje de hogares encuestados que dejó de comprar algún alimento por no tener dinero disminuyó levemente de 28 a 26% de acuerdo al informe.

No obstante, la concurrencia a comedores populares aumentó (pasó de 8% a 10%) y mejoró notablemente el acceso: en abril 8% de las personas que concurrieron a un comedor reportaron problemas para acceder o retirar viandas; en julio este porcentaje se redujo a 1%.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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Sociedad

Un proyecto COVID 19 de Mar del Plata para el país: “Evaluar el impacto emocional que genera la pandemia”

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El proyecto es uno de los  siete elegidos por el Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19, una convocatoria generada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para fortalecer las capacidades de provincias y municipios.

El grupo liderado por la investigadora del Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (IPSIBAT-CONICET, UNMDP) Lorena Canet Juric fue uno de los proyectos marplatenses elegido por el Programa nacional. El proyecto ganador tiene como objetivos analizar el impacto emocional del aislamiento social, preventivo y obligatorio,  obtener información sobre los niveles de ansiedad, los síntomas depresivos y los niveles de afectividad provocados por este estado de aislamiento y proveer información basada en evidencias sobre efectos emocionales del aislamiento y su relación con aspectos socio-demográficos.

Los investigadores explican que este tipo de estudios contribuye a obtener información novedosa, con un alto valor social y científico, que sirve de base para el diseño de futuras investigaciones, pero sobre todo configura una fuente de datos que facilita la toma de decisiones futuras a nivel provincial y nacional. El análisis de los resultados permitirá identificar factores protectores o de vulnerabilidad para generar estrategias de afrontamiento adecuadas y acciones tendientes a regular los efectos del aislamiento social sobre las reacciones emocionales y la sintomatología psicopatológica, detallan los especialistas.

El grupo de investigación encargado de llevar adelante el trabajo es heterogéneo y está conformado por los investigadores del CONICET Lorena Canet Juric, Laura Andrés, Sebastián Urquijo, Fernando Poó, los becarios, también del CONICET, Macarena Del Valle, Juan Ignacio Galli, Hernán López Morales,  Rosario Gelpi Trudo, el becario Matías Yerro y la docenteFlorencia Bortolotto, ambos pertenecientes a la UNMDP.

“La idea de explorar las consecuencias en la salud mental surgió el primer día de decretado el aislamiento obligatorio, en principio con un interés científico sobre qué podría significar en nuestra salud mental el estar aislados por la pandemia y cómo nos afectaría o cambiaría a largo plazo. El objetivo inicial era ver el impacto del aislamiento, pero a medida que transcurrieron los días se trataba más del efecto de otras cuestiones vinculadas con la pandemia que el aislamiento en sí”, explica Canet Juric.

Los investigadores esperan que los resultados que obtengan muestren alguna continuidad con datos reportados sobre la salud mental en pandemias anteriores, pero teniendo en cuenta las particularidades del contexto argentino: “Nos interesa específicamente ver si nuestros hábitos y nuestra forma de relacionarnos con los otros y los vínculos estrechos que solemos tener como comunidad afectan de alguna forma específica nuestra salud mental”, comenta Canet Juric. Estos proyectos están pensados de base para contribuir a resolver problemas de las provincias que prestaron su aval, en este caso la provincia de Buenos Aires. La subsecretaria de Ciencia y Tecnología provincial ha propuesto en primera instancia mantener un canal fluido de diálogo para poder fortalecer la propuesta y así hacer que el conocimiento se articule con las necesidades y demandas en relación a la salud mental que vayan surgiendo.

“Para mí, y el grupo con el que trabajo, era y es importante poder aportar algo como científicos en la situación actual. En particular en mi caso, no me sentía cómoda pensando en mis proyectos vigentes sin poder aportar algo para ayudar desde mi campo de saber a la situación planteada por el aislamiento y la pandemia”, agrega la referente del grupo. Los tiempos del proyecto son particulares, porque desde el 22 de marzo están trabajando en la recolección de datos longitudinales, con tres encuestas en adultos -a punto de sacar la cuarta- y una medida sobre percepción parental de la salud mental de los niños, mucho antes de la convocatoria de los proyectos. “Estamos bastante avanzados, esperamos poder seguir manteniendo a las personas que participaron del momento inicial y continuar hasta pasada la pandemia”, concluye la investigadora.

Fuente: “Departamento de Comunicación CONICET Mar del Plata”.

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El dueño de cinco cafeterías de Bariloche decidió prohibir el ingreso de políticos: “Todos debemos pagar parte del costo de esta crisis”

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Aclaró quedarán exceptuados los funcionarios que donen el 25% de su sueldo. “Que resignen parte de sus ingresos les daría mayor legitimidad a las decisiones que toman”, explicó

Un empresario de Bariloche decidió implementar a partir de esta semana una original medida para manifestar su hartazgo con la cuarentena y con la forma en que los gobiernos nacional y provincial están gestionando la pandemia: aplicará “derecho de admisión” para funcionarios nacionales, provinciales y municipales en sus cinco cafeterías.

La “prohibición” que se le ocurrió a José Sojo busca poner el foco en que el sector privado está asumiendo una parte desproporcionadamente grande de los costos de la pandemia, mientras que los políticos siguen percibiendo el 100% de sus ingresos.

Justamente por eso, el dueño del Café Delirante aclaró que quedarán exceptuados todos los funcionarios que donen el 25% de su sueldo, tal como están haciendo los trabajadores gastronómicos. “Que resignen parte de sus ingresos les daría mayor legitimidad a las decisiones que toman”, explicó.

Tras más de cuatro meses de restricciones, Sojo tuvo que tomar recientemente la decisión de cerrar hasta diciembre uno de sus locales ubicado en la base del cerro Catedral debido a una serie de medidas dispuestas por la Municipalidad de Bariloche. Hasta esta semana ese local seguía funcionando bajo la modalidad “take away”.

“Prohibieron cualquier tipo de circulación los días domingos. Esta sucursal, al estar ubicada en el centro de esquí, operaba solamente para llevar, y como el esquí solo está habilitado para residentes, los domingos eran el principal día de trabajo”, detalló a Infobae.

Si bien el empresario reconoció que las restricciones son entendibles, especialmente en el marco del nuevo brote que sufre Bariloche desde la última semana, a su entender la clase dirigente es la única que no está compartiendo el sacrificio y los costos del coronavirus.

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“Me gustaría que quienes declaman ‘quedate en casa’ lo hagan entendiendo que todos debemos pagar parte del costo económico de esta crisis y que quienes salimos a hacer trabajar nuestros emprendimientos lo hacemos a consciencia. Y si, a pesar del peligro del virus, decidimos salir, es porque no queremos que nuestros proyectos se mueran”, aseguró.

Sojo explicó que su negocio, como tantos otros, “está complicado” ya que todas sus cafeterías estuvieron cerradas por cuatro meses y se garantizaron los puestos de trabajo a todos los empleados “por lo menos hasta diciembre”.

“Afortunadamente habíamos empezado a vender café online en nuestra página web y esto generó ingresos, pero de cualquier manera estamos por debajo del 50% de las ventas del año pasado”, dijo.

Y agregó: “Tenemos un buen equipo de gente y, a no ser que el mundo se acabe, de alguna forma u otra vamos a recuperarnos”.

Por otro lado, el empresario no descartó que la medida, que rápidamente se viralizó a través de medios y redes sociales, tenga algún impacto negativo en el futuro. Pero aclaró: “Café Delirante existe para transformar la forma en que tomamos café en Argentina. No vamos a lograrlo siendo tibios frente a los miedos”.

 

FUENTE : INFOBAE

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