“Primero vinieron por los socialistas,
y yo no dije nada, porque yo no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas,
y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los judíos,
y yo no dije nada, porque yo no era judío.
Luego vinieron por mí,
y no quedó nadie para hablar por mí”
La investigación realizada recientemente por Comuna nos remite sin demasiado esfuerzo a los versos escritos por Martín Niemoller (adjudicados a Bertold Brecht), que bien podrían ser una alegoría de la construcción del poder mediático en la Argentina. ¿Por qué? Primero Clarín se hizo de Papel Prensa, luego de radio Mitre y Canal 13; después se le habilitó la fusión de Multicanal y Cablevisión al tiempo que se le prorrogó la licencia de Canal 13 ad infinitum; y más tarde accedió a Telecom… Hoy no queda nadie para hablar de nosotros.
Este proceso se erigió bajo el mando de un tan oscuro como lúcido dirigente político-empresarial promovido por el Movimiento de Integración y Desarrollo, que a los 28 años ingresó al diario como adscripto a la dirección y que en menos de dos (1974) se convirtió en gerente general: Héctor Horacio Magnetto.
Desde aquella fecha hasta hoy, todos los presidentes —comenzando con Jorge Rafael Videla y con la excepción de Cristina Fernández de Kirchner— le hicieron concesiones a Magnetto otorgándole el poder de construir un Estado dentro del Estado. Raúl Alfonsín lo denunció públicamente, Menem dijo que se arrepintió de haberle dado tanto, Néstor Kirchner se cansó de los aprietes y comenzó a enfrentarlo. Cristina no lo habilitó nunca.
Pero ¿qué fue lo que permitió a Clarín llegar a semejante construcción de poder? Las debilidades de su enemigo. El desconocimiento que aún tiene la política de lo que significa la comunicación. Casi siempre confunde medios o negocios con un sistema cada vez más complejo que engarza fondos de inversión transnacionales con recursos energéticos, Poder Judicial y desde hace unos veinte años aproximadamente el avance de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que compiten con la inteligencia humana impactando en la subjetividad del más avispado de quienes vivimos en esta precaria situación de comunicación, que también modela el sistema productivo capitalista.
Desde 1983 a la fecha el Estado argentino no tuvo una política pública de comunicación acorde a las necesidades de la gobernabilidad democrática y mucho menos del Derecho Humano a la Comunicación.
Si hurgamos un poco en el conocimiento de los funcionarios gubernamentales de la comunicación son pocos los que podrían responder acertadamente si Clarín es dueño de Canal 13 o no. Hasta antes de la pandemia no concedían que Internet era un servicio público esencial, aunque muchos lo planteamos en ocasión de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El gran triunfo de esa reconocida popularmente como ley de medios fue el de correr el velo sobre el que se ocultaba la construcción de poder a través de la comunicación. A esa ley que sigue vigente, muchos exégetas (que más que exégetas fueron grandes vendedores de humo) le otorgaron un poder que había que construir. Un poder que pudiera romper con los monopolios privados que el neoliberalismo instaló en la comunicación, pero también en la energía, el comercio interior y exterior, en los modos de producción y hasta en la organización del trabajo. El poder que daría una ideología que se atreva a proponer un modelo no-neoliberal.
La ley, que sigue vigente, empoderó a los medios autogestivos, comunitarios que estaban en la ilegalidad; permitió el acceso a los pueblos originarios a tener sus propios medios; creó la accesibilidad a las personas con discapacidad, (la lengua de señas en la TV es hija de la ley de medios); permitió a las organizaciones de la economía social acceder a licencias y, de manera revolucionaria, reservó un treinta y tres por ciento del espectro para las organizaciones sin fines de lucro; otorgó a los músicos la independencia de las grandes discográficas a través del poder del Instituto Nacional de la Música (Inamu). En fin, una ley que, aunque la política lo desconozca, reconoció de una vez y para siempre que la comunicación es un derecho humano.
Para continuar, revisitemos a Niemoller o a Brecht.
La dictadura de Jorge Rafael Videla le otorgó a Clarín-La Nación y La Razón el monopolio de Papel Prensa (PP). Con el tiempo Clarín (previo cierre forzado de La Razón) se quedó con el paquete mayoritario de PP. Aunque el Estado tiene acciones en Papel Prensa, Clarín siempre ejerció el control político eliminando competencia gráfica y obligando al cierre de muchas editoriales por el control del precio abusivo del papel para diarios.
Raúl Alfonsín, que contó con el apoyo inicial de Clarín, y a quien le habría prometido la frecuencia de radio Mitre, cayó bajo la presión del diario que le exigía públicamente la derogación de una artículo de la ley de la dictadura que prohibía a los medios gráficos acceder a medios audiovisuales.
Menem lo hizo. Incluyó en la Ley 23596 de Reforma del Estado la privatización de las emisoras audiovisuales y permitió el ingreso de los medios gráficos a la televisión y a la radio. Clarín quería Canal 13 y radio Mitre y los obtuvo.
Canal 13 era el canal denominado ABC1 y Mitre una de las emisoras más escuchadas. El proceso político de selección de Héctor Magnetto no fue fruto del azar, formaba parte de una política destinada a quedarse con las grandes audiencias.
Consolidado en el espacio audiovisual, a comienzos del siglo XXI, Clarín fue por el cable, que en la Argentina se había instalado con una fuerza inusual gracias a una política abierta al capital extranjero. En menos de una década (año 2007) Clarín se quedó con las dos empresas más importantes de distribución de televisión por vínculo físico: Cablevisión y Multicanal. Néstor Kirchner permitió esa fusión monopólica, así como accedió a prorrogar la licencia de los canales de televisión que, privatizados en 1990, vencían en el año 2005. En el año 2007 Clarín comenzó a presionar al gobierno con Telecom, era lo que necesitaba para convertirse en telco y competir con Telefónica. Kirchner le negó esa posibilidad y Clarín comenzó a confrontar con Cristina. En marzo de 2008 lanzó, a «pantalla partida», la guerra contra las retenciones móviles por el decreto 125 de Martín Lousteau.
Mauricio Macri liberó a Clarín del peso de los artículos de la Ley de Medios que proponían la desmonopolización, nombró a Carlos Rosenkrantz, un hombre de Héctor Magnetto, en la Corte Suprema de Justicia y permitió la fusión de los medios del Grupo con Telecom,
Queda claro que el Estado no tuvo desde 1983 un modelo de comunicación democrático y participativo donde éste pudiera dirigir las políticas.
La ley de medios, que significó el primer gran avance simbólico de poder popular sobre la comunicación, ratificó el modelo mixto de comunicación, (doctrina del peronismo desde 1953), otorgando legalidad a los medios universitarios, autogestivos, estatales municipales y de catorce provincias.
Inconclusa, en su aplicación la ley no previó una política de sostenibilidad económica y tecnológica para estos sectores. Esa deuda es tan importante como herir al neoliberalismo en su afán monopolizador.
Argentina produce satélites, que están en línea con las demandas de la comunicación. Con Arsat, de la mano de Julio De Vido avanzó con la red de fibra óptica más importante de América latina, empresa que Macri no privatizó.
Algunas preguntas hacia el futuro:
¿Podrá avanzar el actual gobierno de coalición en la recuperación de la soberanía tecnológica, promover y garantizar la sostenibilidad del sistema de medios autogestivos y, en la lucha por la alfabetización digital, impedir que los ciudadanos sean succionados mentalmente por las máquinas y sus aplicaciones? ¿No habrá llegado la hora de enfrentar el problema de la comunicación con una política que contemple al conjunto de los sectores involucrados pensando en el derecho de los ciudadanos a recibir y dar información? ¿No será el momento de pensar en un Ministerio de Comunicación?
