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Internacional

La dictadura de Nicolás Maduro arrecia la censura en Venezuela: ahora va por el control de las redes sociales

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Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, y Luis Díaz, periodista y activista venezolano, dialogaron con Infobae sobre los nuevos pasos que pretende dar el régimen chavista para seguir atentando contra la libertad de expresión
El dictador Nicolás Maduro busca regular y controlar las redes sociales en Venezuela

La dictadura de Nicolás Maduro viene dando señales de nuevos controles que comenzarán a regir en Venezuela para limitar aún más la ya endeble libertad de expresión. No basta con las legislaciones ya existentes. El régimen pretende dar una nueva estocada e incrementar el seguimiento de las redes sociales, que en los últimos años se han convertido en el principal canal al que acuden los venezolanos para informarse, expresarse, e incluso denunciar la dramática situación que atraviesa el país.

Periodistas, activistas, abogados y miembros de la oposición venezolana denuncian que la dictadura lo que busca es, a través de la írrita Asamblea Nacional chavista, darle un marco legal a lo que ya se viene haciendo: detenciones a quienes difunden críticas en redes sociales, acusaciones infundadas y sin pruebas, y amenazas.

El pasado 3 de marzo, el Parlamento aprobó una agenda legislativa que incluía 35 propuestas de ley. Entre ellas se encuentra un proyecto para la reforma parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte), y la creación de la denominada Ley de Ciberespacio.

Semanas después, el 31 de marzo, Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación del régimen, avisó que el chavismo podría regular aún más las redes sociales luego de que Facebook suspendiera la cuenta de Maduro por difundir información falsa sobre el coronavirus. “En Venezuela hay instituciones y leyes que no pueden ser violadas por los contratos que haga una empresa. Por eso vamos a elevar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley por la actualización que se hará sobre la Ley Resorte”.

La suspensión de la cuenta de Maduro fue sólo una excusa, un motivo más para las ambiciones del régimen. La orden fue dada hace tiempo. De hecho, el pasado 6 de noviembre el dictador hizo pública su intención: “La radio tiene leyes y la gente tiene que cumplirlas. La televisión tiene leyes; inclusive la televisión por cable. La prensa tiene sus leyes. Tiene sus libertades y sus límites. ¿Pero qué límites cumplen esas redes que ya conocemos? Ninguno. Es un tema para la próxima Asamblea Nacional”.

“Ellos ya sin ley cometen aberraciones”, comentó a Infobae el periodista y ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz, quien sufrió en primera persona la persecución y censura del régimen, cuando en 2019 fue detenido por las fuerzas de seguridad luego de informar en sus redes sociales todo lo relacionado al gran apagón que afectó a toda Venezuela en marzo de ese año. Como ha ocurrido a miles de venezolanos, fue acusado por las autoridades de “instigación a delinquir”. La justicia chavista, no obstante, no ha presentado una prueba en su contra.

Estas normas se suman a la controvertida Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, conocida como “Ley contra el Odio”, aprobada en noviembre de 2017 por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La misma establece duras penas de 20 años de cárcel, cierre de medios de comunicación, y elevadas multas económicas a medios y empresas, entre otras sanciones.

Luis Carlos Diaz, periodista y ciberactivista venezolano, fue detenido en 2019 por explicar en sus redes sociales cómo actuar ante los apagones que afectaron al país en marzo de ese añoLuis Carlos Diaz, periodista y ciberactivista venezolano, fue detenido en 2019 por explicar en sus redes sociales cómo actuar ante los apagones que afectaron al país en marzo de ese año

“La Ley de odio es una ley ilegítima promulgada por la Asamblea Constituyente, que carece de reconocimiento internacional, es una muy mala copia de leyes de odio de otros países que se han usado para perseguir a disidencias”, explicó Díaz. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, recordó en diálogo con este medio que la Constitución venezolana “establece que una Asamblea Nacional Constituyente no tiene entre sus mandatos hacer leyes”.

Ambos coincidieron en que esa norma se “aplica de forma discrecional”: “A la gente se la llevan para hacerle preguntas y las acusan de generar odio”, contó Díaz. Además, sostuvo que la persecución no se lleva a cabo a través de una “herramienta o aparato sofisticado”. Se trata de gente que “vende a otros al gobierno”; gente que revisa historias de Facebook, Instagram o WhatsApp, para delatar a otros: “Es gente que quiere escalar en la estructura de poder, de represión”.

La mayoría de los casos nunca llegan a juicio. Los acusados llegan a pasar periodos indefinidos en prisión preventiva, tiempo en el que reciben muy poca -o nula- información sobre la causa. Las liberaciones se dan de forma arbitraria y por mera decisión de las autoridades. “La apertura de un proceso ya es un castigo, aunque no hayas sido condenado. El proceso judicial no avanza, la fiscalía no presenta nada, casi todos dicen que no puedes hablar de tu caso, te inhiben, te establecen un régimen de presentación… Es muy kafkiano el proceso. Es un castigo anticipado por casos que no constituyen delito”, apuntó Correa.

La ley prohíbe toda conducta que promueva “el odio nacional”. Sin embargo, en sus seis páginas y 25 artículos, no especifica qué acciones, declaraciones u otros comportamientos constituyen odio. “Es una justificación para hacer lo que ellos quieran”, consideró tiempo atrás la ex fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, en alusión a los jueces y fiscales afines al chavismo.

La Ley Resorte, por su parte, también forma parte del amplio paquete de legislaciones que limitan la libertad de expresión en Venezuela. Aprobada en diciembre de 2004, su objetivo es establecer la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión. En 2010 fue reformada para incluir a los medios electrónicos, lo que Díaz calificó como una “aberración jurídica”.

Correa explicó que la norma “nació pretendidamente para proteger a los niños y adolescentes, pero se terminó utilizando para castigar a medios críticos e independientes, y hasta el día de hoy se sigue usando”: “Se sigue usando la amenaza de su aplicación”. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) juega un papel muy importante en este sentido: “Es un órgano de naturaleza más bien técnica, que ahora se dedica a administrar contenido. Entonces mandan exhortos a las emisoras, y a veces las emisoras sacan el programa en cuestión u otras veces se inhiben de tratar ciertos temas… (…) Por ejemplo, Infobae está bloqueado en Venezuela, pero eso no tiene ningún procedimiento. Es sencillamente una instrucción de Conatel a los proveedores de internet, y ellos eliminan esa dirección IP. Pero ahí no hay ningún procedimiento administrativo, ningún proceso judicial, nadie ha podido apelar. Simplemente se bloquea y ya… eso ocurre con muchos portales”, detalló el abogado y activista venezolano.

A este amplio abanico de leyes se puede llegar a incluir la Ley del Ciberespacio que, según adelantó el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, podría ser aprobada en el curso de este año. Al respecto, Ñáñez dijo que las normas actuales quedaron desactualizadas, por ejemplo, en “la soberanía del espacio aéreo”, pues las redes funcionan “por el ciberespacio” y, por tanto, “usan el espectro público para posicionar las reglas de su corporación”.

“Ya es una metástasis”, opinó Díaz sobre esta acumulación de normas, cuyo único fin es silenciar a los venezolanos. Sobre la Ley de Ciberespacio, explicó que hasta el momento “no hay nada”, ni siquiera “un borrador”.

“No tengo muy claro el objetivo de estas normas porque ya se están aplicando muchos instrumentos de manera restrictiva. Incluso ellos utilizan intensamente las redes sociales. Tienen ejércitos de trolls, gente que se dedica a posicionar etiquetas en Twitter. ¿Entonces van a bloquear Twitter? Lo mismo WhatsApp, que ellos lo usan intensamente para coordinar sus distintos proyectos, programas… Tienen ahí un problema que no es de fácil solución. Porque si bloquean Twitter, por ejemplo, se bloquean a ellos también”, añadió Correa.

Jorge Rodriguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, anunció que la Ley de Ciberespacio podría ser aprobada este año por el Parlamento (REUTERS/Manaure Quintero)Jorge Rodriguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, anunció que la Ley de Ciberespacio podría ser aprobada este año por el Parlamento (REUTERS/Manaure Quintero)

Según el director de Espacio Público, la intención de la dictadura es “generar más miedo, tratar de tener más herramientas para controlar y exigir cosas”: “En algunas ocasiones se sienten desprovistos con algunas de las herramientas en relación a las plataformas. Pero dependen de las plataformas. En alguna ocasión pensaron en crear plataformas propias, pero nada de eso ocurrió”.

Esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el uso de la Ley Resorte en Venezuela “regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva”, lo que la convierte en “un instrumento para silenciar la radio”: “Las estaciones de radio que todavía existen están autocensuradas por el terror que genera esta ley Resorte”. Según datos del organismo, al menos ocho estaciones han sido sacadas del aire en los últimos meses.

La SIP indicó que en el país caribeño hay “una dictadura implacable” que considera al periodismo independiente como un enemigo permanente: “La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años”.

En su último informe, el organismo internacional sostuvo que “la mayoría de los medios que difunden informaciones críticas han migrado a internet”. Esto, pese a los bloqueos de páginas web que realiza el régimen “a través de las compañías telefónicas”.

Además, denunció que a “muchos periodistas se les han iniciado investigaciones penales ordenadas por jerarcas del Gobierno con la finalidad de silenciarlos e intimidarlos”. “En la calle, la intimidación a los periodistas es una constante permanente. Son incontables los casos de amenazas, robo de equipos, mini secuestros, agresiones físicas por parte de los distintos órganos represivos del Estado, así como de parte de colectivos, grupos paramilitares armados, protegidos y empleados por el Gobierno”.

Mientras la dictadura acusa a simples ciudadanos de generar “odio”, para la SIP son “los personeros del Gobierno” los que utilizan los medios audiovisuales “para generar odio contra los periodistas”.

Para la SIP, la dictadura venezolana ve a los medios independientes como un "enemigo permanente"Para la SIP, la dictadura venezolana ve a los medios independientes como un “enemigo permanente”

Persecución y censura

Son innumerables los casos de censura, intimidación y restricciones que han sufrido los venezolanos en los últimos tiempos. Persecución que se acentuó desde el inicio de la pandemia. “Al principio de la pandemia hubo un incremento de los detenidos vinculado al uso de las redes sociales y mecanismos de mensajería, como WhatsApp. Hubo un aumento de la persecución criminal por el ejercicio de la libertad de expresión, primero con temas vinculados al covid, y después fueron temas más vinculados a casos de corrupción con la gasolina, denuncias sobre situación de hospitales, por eso hay varios médicos perseguidos”, comentó Correa.

Díaz recordó la persecución y posterior detención que sufrió el año pasado el periodista Darvinson Rojas por publicar en sus redes sociales cifras del coronavirus correspondientes al estado Miranda. “Unos días después llegó las FAES, le dijeron que habían reportado un caso de coronavirus en ese domicilio. La familia no abrió la puerta, entonces la rompieron, los golpearon y se los llevaron presos. Después de unas horas a los padres los liberaron, y a Darvinson lo dejaron dos semanas preso. Lo acusaban de promover el odio”.

Casos como esos, se cuentan de a cientos.

La dictadura de Maduro ya no sólo persigue y detiene arbitrariamente a periodistas independientes, sino también lo hace con ciudadanos que critican al régimen en redes socialesLa dictadura de Maduro ya no sólo persigue y detiene arbitrariamente a periodistas independientes, sino también lo hace con ciudadanos que critican al régimen en redes sociales

De acuerdo a datos de la ONG Espacio Público, sólo en el pasado mes de febrero se produjeron en el país 38 violaciones a la libertad de expresión en 19 casos distintos.

Entre ellos se destaca el ocurrido el 10 de ese mes, cuando el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, instó al Ministerio Público (MP) a abrir una investigación contra el portal de noticias Efecto Cocuyo. El poderoso funcionario chavista, sancionado por narcotráfico, amenazó a ese medio por informar sobre un artículo publicado por la revista colombiana Semana sobre la presencia de líderes de un grupo disidente de las FARC en territorio venezolano.

La SIP alertó que también continúa ” la persecución contra corresponsales extranjeros” en Venezuela.

En las últimas semanas, dos casos han sido denunciados por Espacio Público. Un usuario de Tiktok fue arrestado por criticar a un cantante afín al chavismo, mientras que la escritora Milagros Mata Gil fue detenida junto a su marido, el poeta Juan Manuel Muñoz, por, supuestamente, difundir un artículo crítico contra el fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, precisamente unos de los arquitectos de la Ley del Odio.

Estos casos muestran cómo estas leyes -ilegales, controvertidas y poco entendidas- se están utilizando cada vez más para encarcelar, amenazar o intimidar a quienes se atreven a criticar a la dictadura.

FUENTE : INFOBAE

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UN NUEVO INFORME DE LA ONU DENUNCIÓ MÁS CASOS DE TORTURAS Y DETENCIONES ARBITRARIAS EN VENEZUELA

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El documento abarca el período entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 y se centra en acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico.

El Consejo de DDHH de la ONU, en un un nuevo informe al que tuvo acceso Infobae, denunció más casos de torturas, detenciones arbitrarias y persecución a la oposición en Venezuela. Además, señaló graves errores cometidos por el régimen de Nicolás Maduro para hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

El informe abarca el período entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 y se centra en acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico, y el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El informe documentó torturas a 14 personas privadas de libertad durante el período que abarca la investigación. Además, señala estigmatización, criminalización y amenazas contra voces disidentes, la sociedad civil, medios de comunicación y sindicalistas.

“Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó 154 casos, incluidos 46 casos de penalización, 26 relatos de amenazas y hostigamiento, 11 actos de violencia y 71 casos de estigmatización de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil”, dice el informe.

La ACNUDH señala también 35 casos de violación del derecho a la libertad. Y denuncia que al menos 22 personas seguían sometidas a medidas coercitivas más allá de los límites establecidos en la legislación venezolana.

El ACNUDH siguió documentando casos de violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión que afectan a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y medios de comunicación, personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil. Se documentaron 34 casos, entre ellos hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación. El ACNUDH siguió registrando relatos de autocensura por temor a represalias”, señala el informe.

Militares de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R.

Militares de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R.

El informe ahonda en las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro.

La ACNUDH mostró su preocupación por el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada que atenta contra el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos y los trabajadores de los medios de comunicación.

El informe también denuncia los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con el chavismo, ya que esas relaciones plantean preocupaciones sobre la independencia del poder judicial y la separación de poderes.

“El ACNUDH documentó la detención arbitraria de al menos 13 personas, incluidas dos mujeres, entre el 9 y el 13 de julio de 2021 en Caracas, y entre agosto y septiembre de 2021 en los estados de Apure y Táchira durante operaciones de seguridad”, dice el informe.

Además, denuncia que no se tiene acceso a información pública y desglosada sobre la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

“La pandemia de COVID-19 agravó un sistema de salud ya frágil. Se siguió reportando la falta de medicamentos, suministros y suficiente personal calificado en el sistema de salud, afectando en particular el acceso de mujeres y niños a una atención médica adecuada, incluido el tratamiento especializado para niños y niñas con enfermedades crónicas y la vacunación contra enfermedades prevenibles, y la salud sexual y reproductiva de mujeres y adolescentes. Según se reporta, los centros de salud se han visto afectados por apagones regulares, lo que ha impactado la prestación de servicios a los pacientes”, denuncia el informe.

FUENTE : INFOBAE

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Internacional

QATAR PROHIBIRÁ EL SEXO FUERA DEL MATRIMONIO DURANTE EL MUNDIAL: LAS PENAS PARA LOS QUE VULNEREN LAS LEYES

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Las autoridades del estado asiático han informado que habrá castigos de hasta 7 años de prisión para los infieles que tengan relaciones extramatrimoniales.

Los detalles

La expectativa aumenta a cada instante a 152 días para el comienzo del Mundial de Qatar. En este contexto, los organizadores del torneo más codiciado del planeta informaron que se han vendido más de 1,2 millones de entradas para los compromisos que se disputarán en el país del Golfo. La fase más reciente de venta de los tickets, un sorteo de selección aleatoria, se cerró a finales de abril con 23,5 millones de solicitudes de entradas procedentes en su mayoría de Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, México, Qatar, Arabia Saudita y Estados Unidos.

Pero hay algo que deberán tener en cuenta los viajeros. El Comité Supremo de Qatar informó que habrá duras condenas a quienes cometan adulterio. A través de un comunicado oficial, las autoridades locales aseguraron que habrá penas de hasta 7 años de prisión para aquellos que tengan sexo extramatrimonial. “Qatar es un país conservador y las muestras públicas de afecto están mal vistas independientemente de la orientación sexual”, anunció el medio Daily Star.

El periódico británico brindó su información basada en una fuente policial que manifestó su preocupación ante las posibles infidelidades que puedan cometer los turistas: “La cultura de la bebida y la fiesta después del partido, que es normal en la mayoría de los lugares, está estrictamente prohibida, con consecuencias muy estrictas y aterradoras si te atrapan. Existe la sensación de que éste podría ser un torneo muy malo para los aficionados”.

En este sentido, el director ejecutivo de la Copa del Mundo que se disputará a partir de noviembre, Nasser al-Khater, subrayó que “la seguridad de cada aficionado es de suma importancia” para ellos. “Pero las demostraciones públicas de afecto están mal vistas, no es parte de nuestra cultura, y eso se aplica para todos”, agregó.

Además, el secretario general de la Asociación de Fútbol de Qatar, Mansoor Al Ansari, destacó que en el estado asiático también habrá prohibiciones para las manifestaciones homosexuales. “Si quieres mostrar tu punto de vista sobre la comunidad LGBTQ+, hazlo en una sociedad en la que esté aceptado”, enfatizó el directivo.

En total, habrá dos millones de entradas disponibles durante los 28 días que durará el torneo, en noviembre y diciembre. La próxima oportunidad de adquirir boletos para el certamen internacional será por orden de llegada, pero la fecha aún no se ha anunciado.

Qatar espera atraer a 1,2 millones de visitantes durante el Mundial, casi la mitad de su población. Por lo tanto, los organizadores están trabajando para evitar que los aficionados se vean perjudicados por los precios. Una de las principales preocupaciones ha sido el costo y la disponibilidad del alojamiento en el Estado árabe del Golfo, que cuenta con menos de 30.000 habitaciones de hotel, según las últimas estimaciones de Turismo de Qatar. Y el 80% de esas habitaciones están actualmente asignadas a los invitados de la FIFA, dijeron los organizadores.

Cabe señalar que el país ha potenciado el alojamiento no hotelero, poniendo a disposición de los aficionados 65.000 habitaciones en villas y apartamentos, y unas 4.000 habitaciones en dos cruceros atracados en el puerto de Doha. Mientras tanto, la comunidad empresarial local, criticada por el trato que da a los trabajadores inmigrantes, se ha comprometido a devolver 28 millones de dólares a los trabajadores que pagaron tasas de contratación para asegurarse un empleo.

El cobro de comisiones de contratación es ilegal en Qatar y en otros países, aunque la práctica está muy extendida en muchos de los países de los que proceden los trabajadores qataríes.

FUENTE : INFOBAE

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DURO REVÉS PARA LA COMUNIDAD LGTBI INTERNACIONAL

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Por disposición de un tribunal, un país deja de reconocer el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo.

Este lunes un tribunal de Japón dictaminó constitucional el veto al reconocimiento a las parejas del mismo sexo. La medida significa un importante retroceso para los grupos LGTBI del país donde el año pasado un fallo histórico había sido favorable para las uniones homosexuales.

El fallo que veta el reconocimiento a las parejas del mismo sexo fue dictado por la corte de Osaka que rechazó los argumentos de tres parejas del mismo sexo que luchan por la igualdad de derechos. “Desde la perspectiva de la dignidad individual, se puede decir que es necesario hacer realidad los beneficios de las parejas del mismo sexo sean reconocidos públicamente mediante un reconocimiento oficial”, indicó el tribunal.

Sin embargo, la corte señaló que “no considera” que la falta de reconocimiento actual sea una violación de la constitución y dijo que “no se ha llevado a cabo un debate público sobre qué sistema sería apropiado”.

El presente fallo responde al realizado en 2021 por un tribunal de Sapporo que decretó que no reconocer el matrimonio del mismo sexo en Japón era inconstitucional. Ese veredicto había sido celebrado por la comunidad LGTBI de Japón, un país donde -por diversas razones- menos del 18% de las personas homosexuales reconoció su orientación sexual en el trabajo.

Según la constitución nipona, el “matrimonio solo puede ser con el consentimiento mutuo de ambos sexos”. Aunque en los últimos años las autoridades locales en el país han avanzado en el reconocimiento de derechos, incluso uniones de parejas del mismo sexo, estas aun no cuentan con las mismas garantías que el matrimonio.

FUENTE : MDZOL.COM

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