Internacional
La dictadura de Nicolás Maduro arrecia la censura en Venezuela: ahora va por el control de las redes sociales
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2 años agoon
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Ruben Muñoz
La dictadura de Nicolás Maduro viene dando señales de nuevos controles que comenzarán a regir en Venezuela para limitar aún más la ya endeble libertad de expresión. No basta con las legislaciones ya existentes. El régimen pretende dar una nueva estocada e incrementar el seguimiento de las redes sociales, que en los últimos años se han convertido en el principal canal al que acuden los venezolanos para informarse, expresarse, e incluso denunciar la dramática situación que atraviesa el país.
Periodistas, activistas, abogados y miembros de la oposición venezolana denuncian que la dictadura lo que busca es, a través de la írrita Asamblea Nacional chavista, darle un marco legal a lo que ya se viene haciendo: detenciones a quienes difunden críticas en redes sociales, acusaciones infundadas y sin pruebas, y amenazas.
El pasado 3 de marzo, el Parlamento aprobó una agenda legislativa que incluía 35 propuestas de ley. Entre ellas se encuentra un proyecto para la reforma parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte), y la creación de la denominada Ley de Ciberespacio.
Semanas después, el 31 de marzo, Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación del régimen, avisó que el chavismo podría regular aún más las redes sociales luego de que Facebook suspendiera la cuenta de Maduro por difundir información falsa sobre el coronavirus. “En Venezuela hay instituciones y leyes que no pueden ser violadas por los contratos que haga una empresa. Por eso vamos a elevar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley por la actualización que se hará sobre la Ley Resorte”.
La suspensión de la cuenta de Maduro fue sólo una excusa, un motivo más para las ambiciones del régimen. La orden fue dada hace tiempo. De hecho, el pasado 6 de noviembre el dictador hizo pública su intención: “La radio tiene leyes y la gente tiene que cumplirlas. La televisión tiene leyes; inclusive la televisión por cable. La prensa tiene sus leyes. Tiene sus libertades y sus límites. ¿Pero qué límites cumplen esas redes que ya conocemos? Ninguno. Es un tema para la próxima Asamblea Nacional”.
“Ellos ya sin ley cometen aberraciones”, comentó a Infobae el periodista y ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz, quien sufrió en primera persona la persecución y censura del régimen, cuando en 2019 fue detenido por las fuerzas de seguridad luego de informar en sus redes sociales todo lo relacionado al gran apagón que afectó a toda Venezuela en marzo de ese año. Como ha ocurrido a miles de venezolanos, fue acusado por las autoridades de “instigación a delinquir”. La justicia chavista, no obstante, no ha presentado una prueba en su contra.
Estas normas se suman a la controvertida Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, conocida como “Ley contra el Odio”, aprobada en noviembre de 2017 por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La misma establece duras penas de 20 años de cárcel, cierre de medios de comunicación, y elevadas multas económicas a medios y empresas, entre otras sanciones.
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“La Ley de odio es una ley ilegítima promulgada por la Asamblea Constituyente, que carece de reconocimiento internacional, es una muy mala copia de leyes de odio de otros países que se han usado para perseguir a disidencias”, explicó Díaz. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, recordó en diálogo con este medio que la Constitución venezolana “establece que una Asamblea Nacional Constituyente no tiene entre sus mandatos hacer leyes”.
Ambos coincidieron en que esa norma se “aplica de forma discrecional”: “A la gente se la llevan para hacerle preguntas y las acusan de generar odio”, contó Díaz. Además, sostuvo que la persecución no se lleva a cabo a través de una “herramienta o aparato sofisticado”. Se trata de gente que “vende a otros al gobierno”; gente que revisa historias de Facebook, Instagram o WhatsApp, para delatar a otros: “Es gente que quiere escalar en la estructura de poder, de represión”.
La mayoría de los casos nunca llegan a juicio. Los acusados llegan a pasar periodos indefinidos en prisión preventiva, tiempo en el que reciben muy poca -o nula- información sobre la causa. Las liberaciones se dan de forma arbitraria y por mera decisión de las autoridades. “La apertura de un proceso ya es un castigo, aunque no hayas sido condenado. El proceso judicial no avanza, la fiscalía no presenta nada, casi todos dicen que no puedes hablar de tu caso, te inhiben, te establecen un régimen de presentación… Es muy kafkiano el proceso. Es un castigo anticipado por casos que no constituyen delito”, apuntó Correa.
La ley prohíbe toda conducta que promueva “el odio nacional”. Sin embargo, en sus seis páginas y 25 artículos, no especifica qué acciones, declaraciones u otros comportamientos constituyen odio. “Es una justificación para hacer lo que ellos quieran”, consideró tiempo atrás la ex fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, en alusión a los jueces y fiscales afines al chavismo.
La Ley Resorte, por su parte, también forma parte del amplio paquete de legislaciones que limitan la libertad de expresión en Venezuela. Aprobada en diciembre de 2004, su objetivo es establecer la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión. En 2010 fue reformada para incluir a los medios electrónicos, lo que Díaz calificó como una “aberración jurídica”.
Correa explicó que la norma “nació pretendidamente para proteger a los niños y adolescentes, pero se terminó utilizando para castigar a medios críticos e independientes, y hasta el día de hoy se sigue usando”: “Se sigue usando la amenaza de su aplicación”. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) juega un papel muy importante en este sentido: “Es un órgano de naturaleza más bien técnica, que ahora se dedica a administrar contenido. Entonces mandan exhortos a las emisoras, y a veces las emisoras sacan el programa en cuestión u otras veces se inhiben de tratar ciertos temas… (…) Por ejemplo, Infobae está bloqueado en Venezuela, pero eso no tiene ningún procedimiento. Es sencillamente una instrucción de Conatel a los proveedores de internet, y ellos eliminan esa dirección IP. Pero ahí no hay ningún procedimiento administrativo, ningún proceso judicial, nadie ha podido apelar. Simplemente se bloquea y ya… eso ocurre con muchos portales”, detalló el abogado y activista venezolano.
A este amplio abanico de leyes se puede llegar a incluir la Ley del Ciberespacio que, según adelantó el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, podría ser aprobada en el curso de este año. Al respecto, Ñáñez dijo que las normas actuales quedaron desactualizadas, por ejemplo, en “la soberanía del espacio aéreo”, pues las redes funcionan “por el ciberespacio” y, por tanto, “usan el espectro público para posicionar las reglas de su corporación”.
“Ya es una metástasis”, opinó Díaz sobre esta acumulación de normas, cuyo único fin es silenciar a los venezolanos. Sobre la Ley de Ciberespacio, explicó que hasta el momento “no hay nada”, ni siquiera “un borrador”.
“No tengo muy claro el objetivo de estas normas porque ya se están aplicando muchos instrumentos de manera restrictiva. Incluso ellos utilizan intensamente las redes sociales. Tienen ejércitos de trolls, gente que se dedica a posicionar etiquetas en Twitter. ¿Entonces van a bloquear Twitter? Lo mismo WhatsApp, que ellos lo usan intensamente para coordinar sus distintos proyectos, programas… Tienen ahí un problema que no es de fácil solución. Porque si bloquean Twitter, por ejemplo, se bloquean a ellos también”, añadió Correa.
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Según el director de Espacio Público, la intención de la dictadura es “generar más miedo, tratar de tener más herramientas para controlar y exigir cosas”: “En algunas ocasiones se sienten desprovistos con algunas de las herramientas en relación a las plataformas. Pero dependen de las plataformas. En alguna ocasión pensaron en crear plataformas propias, pero nada de eso ocurrió”.
Esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el uso de la Ley Resorte en Venezuela “regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva”, lo que la convierte en “un instrumento para silenciar la radio”: “Las estaciones de radio que todavía existen están autocensuradas por el terror que genera esta ley Resorte”. Según datos del organismo, al menos ocho estaciones han sido sacadas del aire en los últimos meses.
La SIP indicó que en el país caribeño hay “una dictadura implacable” que considera al periodismo independiente como un enemigo permanente: “La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años”.
En su último informe, el organismo internacional sostuvo que “la mayoría de los medios que difunden informaciones críticas han migrado a internet”. Esto, pese a los bloqueos de páginas web que realiza el régimen “a través de las compañías telefónicas”.
Además, denunció que a “muchos periodistas se les han iniciado investigaciones penales ordenadas por jerarcas del Gobierno con la finalidad de silenciarlos e intimidarlos”. “En la calle, la intimidación a los periodistas es una constante permanente. Son incontables los casos de amenazas, robo de equipos, mini secuestros, agresiones físicas por parte de los distintos órganos represivos del Estado, así como de parte de colectivos, grupos paramilitares armados, protegidos y empleados por el Gobierno”.
Mientras la dictadura acusa a simples ciudadanos de generar “odio”, para la SIP son “los personeros del Gobierno” los que utilizan los medios audiovisuales “para generar odio contra los periodistas”.
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Persecución y censura
Son innumerables los casos de censura, intimidación y restricciones que han sufrido los venezolanos en los últimos tiempos. Persecución que se acentuó desde el inicio de la pandemia. “Al principio de la pandemia hubo un incremento de los detenidos vinculado al uso de las redes sociales y mecanismos de mensajería, como WhatsApp. Hubo un aumento de la persecución criminal por el ejercicio de la libertad de expresión, primero con temas vinculados al covid, y después fueron temas más vinculados a casos de corrupción con la gasolina, denuncias sobre situación de hospitales, por eso hay varios médicos perseguidos”, comentó Correa.
Díaz recordó la persecución y posterior detención que sufrió el año pasado el periodista Darvinson Rojas por publicar en sus redes sociales cifras del coronavirus correspondientes al estado Miranda. “Unos días después llegó las FAES, le dijeron que habían reportado un caso de coronavirus en ese domicilio. La familia no abrió la puerta, entonces la rompieron, los golpearon y se los llevaron presos. Después de unas horas a los padres los liberaron, y a Darvinson lo dejaron dos semanas preso. Lo acusaban de promover el odio”.
Casos como esos, se cuentan de a cientos.

De acuerdo a datos de la ONG Espacio Público, sólo en el pasado mes de febrero se produjeron en el país 38 violaciones a la libertad de expresión en 19 casos distintos.
Entre ellos se destaca el ocurrido el 10 de ese mes, cuando el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, instó al Ministerio Público (MP) a abrir una investigación contra el portal de noticias Efecto Cocuyo. El poderoso funcionario chavista, sancionado por narcotráfico, amenazó a ese medio por informar sobre un artículo publicado por la revista colombiana Semana sobre la presencia de líderes de un grupo disidente de las FARC en territorio venezolano.
La SIP alertó que también continúa ” la persecución contra corresponsales extranjeros” en Venezuela.
En las últimas semanas, dos casos han sido denunciados por Espacio Público. Un usuario de Tiktok fue arrestado por criticar a un cantante afín al chavismo, mientras que la escritora Milagros Mata Gil fue detenida junto a su marido, el poeta Juan Manuel Muñoz, por, supuestamente, difundir un artículo crítico contra el fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, precisamente unos de los arquitectos de la Ley del Odio.
Estos casos muestran cómo estas leyes -ilegales, controvertidas y poco entendidas- se están utilizando cada vez más para encarcelar, amenazar o intimidar a quienes se atreven a criticar a la dictadura.

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La prospección del desarrollo de la guerra en Ucrania enfrenta considerables dificultades no solo por lo poco fiables que son los datos que están disponibles, sino también por el hecho de que las personas que toman decisiones ocultan a la opinión pública las acciones con las que tratan de sorprender día tras día a su oponente. Nuevamente se produce un giro copernicano del combate: a pocos días del envío de carros de combate al ejército ucraniano por parte de países de Occidente, el gobierno de Rusia anuncia que suspende su participación en el tratado sobre el control de armas nucleares. No obstante, pese a la suma probabilidad de hechos imprevisibles, se ven algunas tendencias al cumplirse el primer año del conflicto bélico.
La primera es que se avanza hacia un empeoramiento del conflicto tanto respecto del campo de batalla como en cuanto al enfrentamiento geoestratégico. Otro rasgo creciente en los últimos meses consiste en la fatiga tras un año de confrontación, desde el agotamiento de materiales bélicos hasta el cansancio que comienza a verse en la opinión pública. Tomando en cuenta estas tendencias y siempre en términos de probabilidades, porque en un conflicto abierto, cualquier cosa es posible, puede observarse que la guerra se mantiene en una alternancia entre el estancamiento y la escalada, entendiendo esta última como una agudización pronunciada del enfrentamiento propiamente bélico. Regularmente, ambas situaciones presentan una relación secuencial: tras una escalada, suele haber un estancamiento, sobre todo en una guerra prolongada.

La prolongación de la guerra ha sido el principal tema de los discursos en torno al primer aniversario de los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden. Ambos han afirmado que están preparados para continuar la guerra hasta una hipotética victoria militar. Putin lo ha hecho de una forma directa, y Biden, en términos del “mantenimiento de su apoyo a Kiev dure lo que dure la guerra”. Estas afirmaciones excluyen, al menos por el momento, la eventualidad de una negociación del alto el fuego y, menos aún, para establecer una paz duradera.
De hecho, líderes menos alineados han empezado a sugerir propuestas para detener la guerra. Tal es el caso de los presidentes de México, Brasil o la India, o de algunos sectores socialdemócratas europeos. También ha despertado expectativas en el sur global la propuesta de China de detener la guerra.
Ahora bien, cuando se prevé la prolongación del conflicto como idea para derrotar al oponente, se deben calcular los costos humanos y materiales. Aunque ninguna de las partes ha ofrecido datos precisos sobre las muertes directas que ha habido durante este primer año de la guerra, las Naciones Unidas estima en 30 mil las de civiles, y alrededor de 7 millones de refugiados ucranianos y otros tantos desplazados en el interior del país. Además, hay que tener presentes los 1.500 millones de personas afectadas por la inflación y el impacto económico por la guerra en todo el mundo (entre estos, también se cuenta la población latinoamericana, informó las Naciones Unidas).
En cuanto a las muertes de combatientes, hay grandes diferencias según las fuentes. Los ministerios de Defensa de Ucrania y de Rusia han aceptado que han tenido pérdidas de alrededor de 25 mil ucranianos y 40 mil rusos. Sin embargo, medios como la BBC, DW o FP señalan que en las fases de recrudecimiento bélico ha habido cerca de 8 mil muertos al mes en el caso de Ucrania, y unos 12 mil en el caso de Rusia, lo que eleva el promedio anual en torno a 90 mil fallecimientos de ucranianos y 130 mil de combatientes rusos. Estas cifras se aproximan a las que ofrece la compilación que este año hizo el Estado Mayor de la Defensa de Noruega. En pocas palabras, se trata de una pavorosa masacre, incluso si se aceptan las cifras más conservadoras.
Por otro lado, los daños materiales son cuantiosos y se pueden ver en la afectación de viviendas, carreteras, aeropuertos y líneas de ferrocarril, instalaciones de salud y educativas. La Escuela de Economía de Kiev ha estimado en más de 2 billones de dólares de pérdidas en infraestructuras durante este primer año de guerra.
Es decir, que cuando se contempla la continuación de la guerra, tal como se desprende de los discursos emitidos en este primer aniversario por los mandatarios de Rusia y de Estados Unidos, es necesario tener en cuenta lo que verdaderamente significa: un cúmulo con rasgos apocalípticos de muerte y destrucción. Y este es un buen punto de referencia para avizorar las consecuencias de la ofensiva rusa, la cual está prevista para el inicio de la primavera, que enfrentará la dotación de armas pesadas (tanques, artillería móvil, etc.) que el ejército ucraniano recibirá de sus aliados occidentales.
En sus respectivos discursos para este aniversario, los mandatarios Biden y Putin se han acusado mutuamente de haber iniciado la guerra. Biden se basa en una evidencia: la agresión militar fue una iniciativa de Rusia, pero en su discurso, el mandatario ruso ha sostenido que las potencias occidentales son las que la han provocado y ha puesto como prueba de su voluntad de paz el envío del memorándum de negociación enviado a Washington y a Bruselas en diciembre de 2021 y el rotundo rechazo recibido como respuesta. Resulta indudable que este ninguneo persistente no justifica la agresión militar de Moscú, contraria al derecho internacional. Sin embargo, la historia se encargará de dimensionar la responsabilidad de las potencias occidentales en su incapacidad de evitar la guerra.
En todo caso, el argumento acerca de la responsabilidad del comienzo de la guerra no puede dispensar de la responsabilidad actual sobre su prolongación. La evidencia de los efectos aterradores que causa día tras día tiene suficiente peso moral como para abandonar la tentativa de lograr una derrota del oponente, cueste el tiempo que cueste. Cada día que se prolonga esta guerra aumenta la responsabilidad moral sobre el conjunto de la comunidad internacional.
Enrique Gomáriz Moraga
*Investigador y consultor (www.latinoamerica21.com).
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Internacional
Gemelas argentinas de 12 años cayeron del tercer piso de un edificio en Barcelona: una murió y otra está muy grave
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4 semanas agoon
23 febrero, 2023By
Maru Valle
La plaza central de Sallent quedó en silencio. Un crespón negro sobre el balcón fue el símbolo de la tristeza. El pueblo reunido alrededor de las plazas. Algunos chicos de la misma edad estuvieron cerca. Fue para homenajear a dos niñas argentinas que cayeron del tercer piso de un departamento esta localidad de Barcelona, en España. Juntos se reunieron para homenajear a una de ellas, que falleció por las heridas, y para acompañar a la familia que espera la recuperación de la otra joven: está grave pero estable.
El ayuntamiento convocó al minuto de silencio en la plaza central de la “Casa de la Vila”, a Diputados, en Sallent, una localidad española de la provincia de Barcelona, en Cataluña.
Las dos niñas de 12 años, hermanas gemelas, cayeron desde el balcón del tercer piso de un departamento que compartían con sus padres y con su hermanito. Los investigadores habrían encontrado dos cartas escritas por las chicas y dos sillas con las que habrían alcanzado la baranda.
Es por esos indicios que determinaron que podría haberse tratado de un intento de suicidio y descartan cualquier “indicio de criminalidad en el hecho”.
Mientras el ayuntamiento, a través de un comunicado, expresó “Hemos vivido algo trágico en Sallent. Dos menores, vecinas de Sallent, se precipitaron desde un balcón, lo que provocó la muerte de una de ellas y la otra fue trasladada en estado crítico al hospital”, publicaron el martes por la noche.
Todo ocurrió alrededor de las 15 en un edificio de tres pisos sobre un restaurante, justo en la entrada del pueblo. “Queremos trasladar, en primer lugar, nuestro pésame a la familia, amigos, amigas, conocidos y conocidas de las menores y al conjunto de la comunidad educativa. Es un hecho estremecedor y doloroso por el conjunto de nuestra población”.
El ayuntamiento suspendió las actividades programadas por el carnaval y decretó tres días de duelo. “Pedimos el máximo respeto a la familia de las víctimas y rogamos que no se difunda información falsa o no corroborada para respetar el derecho a la intimidad y evitar crear aún más dolor”, cerraron.
Una de las principales hipótesis refiere a que las hermanitas eran víctimas de bullying en la escuela, donde las discriminaban por ser argentinas. El ataque xenófobo llevaría un tiempo y sus padres habrían solicitado asistencia psicológica en la escuela. Sin embargo, el departamento de Educación de la Generalitat, se precipitó a negar que no habría un antecedente de “bullying” alrededor del caso, mientras los Mossos d’Esquadra (la Policía Local) no descarta que ese sea el motivo detrás del violento episodio.
La familia lleva casi dos años viviendo esta ciudad y compartían edificio con otros argentinos, entre ellos Kevin, un primo. “Aquí en el pueblo este, desde que llegaron sufrieron bullying. Por parte de gente que tiene familiares argentinos y aún así los criticaba por ser argentinos“, contó el joven a Televisión Español (TVE) desmintiendo la versión del Departamento de Educación.
Y agregó: “Los padres de las niñas han hablado con varios padres de los niños que criticaban a las nenas pero no sé si el colegio ha hecho algo al respecto. Cuando ellas lamentablemente se habían tirado, esos niños estaban parados aquí en la esquina tranquilamente”, recalcó el joven al tiempo que explicó que “iban a empezar el psicólogo, las aconsejaban, las ayudaban porque al fin y al cabo eran niñas muy buenas que no se metían con nadie”.
En otro comunicado difundido por la escuela, expresaron el “hecho trágico” de “dos alumnas de 1° de ESO del Instituto” Púbico Llobregat de Sallent. “El centro educativo debe ser en estos casos un espacio donde poder trabajar el dolor que todos nosotros y en especial el alumnado siente”, aseguraron. Por eso tomaron la decisión de permanecer abiertos para recibir a los alumnos “en el centro para gestionar el dolor”.
Mientras tanto, esperan la evolución de la segunda hermana, que se encuentra internada con un cuadro “crítico pero estable”, informaron fuentes oficiales de Sallent.
Según publicaron los medio locales, la familia llevaba casi dos años en Barcelona y hacía poco tiempo que llegaron a Sallent. La mamá trabaja como camarera en un restaurante y el padre estaba al cuidado de sus hijas y del hermanito más pequeño al momento del hecho. Él estaba en la cocina y las niñas en su dormitorio cuando se desató la tragedia.
Según informaron a la agencia EFE fuentes de la investigación, la Policía ahora analiza los dos textos manuscritos y por los primeros indicios descartó una acción criminal.
La niña sobreviviente fue trasladada grave al hospital Pac Taulí de Sabadell. Muchos de sus compañeros de escuela participaron del homenaje en la plaza central de Sallent. Los vecinos y amigos de la familia colocaron velas y carteles en la puerta del edificio y un mensaje: “Te has ganado el cielo pequeña, justicia”.
Durante el acto, el alcalde, Oriol Ribalta, dijo: “Son momentos muy difíciles y todo el conjunto de la población nos sentimos doloridos por lo que nos ha tocado vivir”.
Además, recalcó: “rogamos máximo respeto para la familia y que no se difundan informaciones falsas. En estos momentos, la investigación está en manos de profesionales, la comisión de los Mossos d’Esquadra”. Desde el ayuntamiento insisten en que la institución educativa “no había advertido” que las niñas eran víctimas de bullying, aunque no está claro si ya recibían asistencia psicológica o si la habían solicitado y no llegaron a recibirla.
Según publicó el diario La Vanguardia de España, “los problemas de las pequeñas, el acoso y los insultos se intensificaron cuando una de las niñas, Alana, precisamente la que falleció al caer, pidió en el Instituto que quería que la llamaran con un nombre masculino”. Así, el articulo cita a fuentes de la investigación y refiere a una manifestación de la niña para “iniciar un proceso de cambio de género. Una decisión que los padres aseguraron desconocer”.
En tanto, el departamento de Educación de la Generalitat informó que el Equipo de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica activó el protocolo para brindar contención a los compañeros de colegio de las gemelas, en conjunto con profesionales del Programa de Bienestar Emocional.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España, son 353.000 los residentes nacidos en Argentina los que viven en el país, incluidos los que ingresaron con pasaporte europeo. De ese total, 25 mil tienen menos de 19 años, según datos provisorios hasta julio de 2022. Alrededor de 68 mil son las personas que residen en Barcelona.
MG
Fuente: Clarin
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Internacional
Detuvieron a Facundo Jones Huala en El Bolsón: estaba prófugo desde hace un año
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2 meses agoon
30 enero, 2023By
Maru Valle
En un operativo realizado en la madrugada de este lunes, la Policía de Río Negro detuvo a Facundo Jones Huala en una vivienda de El Bolsón. El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se encontraba prófugo de la Justicia de Chile desde el 11 de febrero de 2022 y, según informaron a Infobae desde el gobierno provincial, fue capturado mientras se encontraba escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza.
Tras la detención, la provincia articula con la Justicia Federal y con la Justicia Ordinaria respecto a pasos procesales a seguir. Como primera instancia fue trasladado a Bariloche.
De acuerdo consignó el parte policial, el operativo se realizó de la siguiente manera: “Procedemos a revisar el lugar y observamos una persona en una habitación, tirado sobre un montón de ropa, presumiblemente dormido quien vestía una pollera de jeans hasta la rodilla y una blusa color negro con tachas doradas y una remera manga larga floreada debajo de la misma, al consultarle quien era, dijo ser Jones Huala”.
“Había rumores de personas que lo habían identificado en la zona desde hace varios meses y finalmente pudimos dar con él. Estaba en estado de ebriedad, en buena condición física, sólo, escondido y en una situación de delito común”, amplió la gobernadora Arabela Carreras a este medio.
Actualmente Facundo Jones Huala presenta vigente una alerta azul de Interpol, destinada a conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.
Según informó el gobierno de Río Negro, el Juzgado Federal de Bariloche mantiene comunicaciones con el Juzgado de origen Chile que emitió la alerta, para que en el término de 4 horas informe si transformará la misma en alerta roja para habilitar la captura internacional y el correspondiente pedido de extradición.
Más allá de la causa en Chile, podría ser imputado por distintos cargos por la justicia provincial.
La justicia chilena había declarado a Jones Huala como “prófugo” a mediados de febrero de 2022 por no haberse presentado luego de que la Corte Suprema de aquel país le revocara la libertad condicional con que había sido beneficiado. “Nos queda encontrarlo, ponerlo donde corresponde, que es privado de libertad, para que cumpla su condena en nuestro país y ahora está prófugo de la Justicia”, sostuvo en aquel momento el subsecretario del Interior chileno, Juan Francisco Galli.
Chile condenó a nueve años de prisión al líder de la RAM por quemar una vivienda y amenazar a una familia con armas de fuego, aunque la pena se redujo a 6 debido a que computaron el tiempo en el que estuvo detenido en Argentina, en la cárcel federal de Esquel, antes de su extradición. Ese episodio ocurrió en 2013 en Pisu Pisué. En enero de 2022 Jones Huala había obtenido el beneficio de libertad condicional, ya que el Tribunal de Apelaciones de Temuco evaluó su “buena conducta” durante el cumplimiento de la pena.
“El gobierno nacional tiene que tomar cartar en el asunto sobre la peligrosidad de este hombre, que por suerte lo ha capturado la provincia; es el líder de estos encapuchados que están profugos como él, que escaparon el 4 de octubre arriba de la montaña en Villa Mascardi”, señaló a radio Rivadavia Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi y uno de los denunciantes sobre los violentos ataques de la RAM.
“Aníbal Fernández nos menospreciaba a los vecinos cada vez que denunciamos el lugar exacto donde estaba; yo denuncié el lugar exacto donde estaba mirando la final del mundial”, amplió.
Infobae
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