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La familia de Santiago Maldonado habló en conferencia: “El cuerpo no fue identificado”

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Brindaron una conferencia de prensa en Esquel, donde habló su abogada Verónica Heredia. “No confiamos en nadie, vamos a esperar las pruebas de ADN”, aseguraron

Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, aseguró esta tarde que se aguardará “el resultado de la autopsia” y dijo no tener “explicaciones” sobre por qué recién en el cuarto rastrillaje en el Río Chubut dio resultado positivo y se encontró un cuerpo.

“No entendemos, no tenemos ninguna explicación física, menos jurídica, de por qué se encontró ayer este cuerpo, luego de que por cuarta vez se hizo un rastrillaje”, afirmó Heredia durante una conferencia de prensa en Esquel, junto a Sergio y Andrea Maldonado, hermanos del joven Santiago, desaparecido el 1º de agosto.

Sergio Maldonado aseguró esta noche que hasta que “no esté cien por ciento seguro” de que el cuerpo encontrado en el Río Chubut es de su hermano Santiago lo va “a seguir buscando”.

“Yo hasta que no vea que ese cuerpo es cien por ciento de Santiago, lo voy a seguir buscando”, afirmó Maldonado, en una conferencia de prensa que se realizaba en la ciudad de Esquel, donde pidió además “respeto” para “la familia” y “por Santiago” e insistió en que hasta ahora “no podemos confirmar si el cuerpo es de Santiago o no”.

También, estimó que es “muy raro que (el cuerpo) se haya encontrado ahí” y señaló: “Lo que pedimos es tiempo, para que se hagan las cosas como corresponde” y remarcó que “Queremos saber la verdad desde un primer momento”.

El hermano del joven desaparecido el pasado 1º de agosto, tras un desalojo a un grupo mapuche por parte de la Gendarmería, criticó el accionar y “la ansiedad” de algunos hombres de prensa y medios e insistió en que se respete el dolor de la familia antes de confirmar datos o publicar fotos que hacen sufrir a los familiares.

Por su parte, Andrea Antico, cuñada de Santiago Maldonado, dijo que la familia del joven aguardará que “se coteje el ADN y se realice la autopsia” del cuerpo hallado en el Río Chubut porque “no confiamos en nadie, siempre nos atacaron”.

“No vamos a confiar en nadie, por eso estuvimos al lado del cuerpo para que nadie hiciera nada, nadie lo tocara, fue durísimo para nosotros, pero fue lo mejor”, explicó la mujer de Sergio Maldonado, durante una conferencia de prensa en la que aseguró que estuvieron 7 horas junto al cuerpo hallado ayer al mediodía.

Alejandro Incháurregui, perito de parte de la familia Maldonado, advirtió hoy que el hallazgo de un DNI a nombre de Santiago entre las ropas con que estaba vestido el cuerpo hallado ayer en el río Chubut, “no implica de ninguna manera una identificación positiva de ese cuerpo”.

Inchaurregui aclaró que la autopsia del cadáver se realizará en la Capital Federal, adonde será trasladado esta noche para ser peritado en la Morgue Judicial de la Nación, “cuando el juez lo disponga”.

DyN

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Dos vicepresidentes de YPF imputados en la persecución a Grupo Indalo, y corridos por la Justicia para seguir interviniendo en el proceso de la investigación

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Los apuntados son GermánVito Fernández Lahore es VP de Asuntos Jurídicos de la compañía, y Santiago Martínez Tanoira es VP de Gas y Energía.
La situación judicial de dos vicepresidentes de YPF, Fernández Lahore y Martínez Tanoira, se complicó aún más en el marco de la causa por la persecución a Grupo Indalo, y la intención de apoderarse de los activos de Oil Combustibles de manera espuria durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los apuntados son Germán Vito Fernández Lahore es VP de Asuntos Jurídicos de la compañía, y Santiago Martínez Tanoira es VP de Gas y Energía. La jueza María Servini los tiene imputados a pedido de la querella encarada por el empresario Fabián De Sousa, razón por la cual solicitó que no intervengan en las respuestas que se brindan desde YPF en el marco de la causa.

 

Se debe a que Fernández Lahore y Martínez Tanoira habrían sido parte de las maniobras para que la gestión macrista de YPF se apodere a “precio vil” de los activos de Oil Combustible, empresa que fue víctima de persecución por cuestiones políticas y sometida a una asfixia financiera con el fin de quebrarla.

Santiago Martínez Tanoira

Santiago Martínez Tanoira

Con gran nivel de detalle, Ámbito detalló en abril de este año cómo fue toda la operación macrista en la que intervino la entonces cúpula de YPF. En esa maniobra fue clave también el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ariete judicial de Macri para sus gestiones más oscuras.

 

A continuación, reproducimos esa nota que destapa parte de la trama de la avanzada macrista contra el Grupo Indalo y especialmente Oil Combustibles:

Un abogado externo ligado al aún prófugo de la Justicia argentina Fabián “Pepín” Rodríguez Simón cobró miles de dólares de honorarios de la petrolera estatal YPF por supuestas gestiones de intermediación y asesoramiento, especialmente por la venta de los activos petroleros de la firma Oil Combustibles que terminaron siendo rematados, se sospecha, a “previo vil”. La confirmación de esta maniobra está siendo analizada por la jueza María Servini pero la documentación aportada ahora por YPF está plagada de faltantes e inconsistencias.

Es que quien figura contratando en aquella época al letrado Marcelo Rufino –proveniente del estudio Llerena & Asociados, donde también se desempeñó “Pepín”- es Germán Vito Fernández Lahore, quién logró atravesar exitosamente el cambio de gestión a fines de 2019 y continuó en el estratégico cargo de vicepresidente de Asuntos Jurídicos de YPF. El escándalo no solo gira en torno a la ausencia de precisiones acerca del rol que desempeñó Rufino en distintas negociaciones que entabló en nombre de la petrolera donde Rodríguez Simón era director, sino que salpican el traspaso que firmó YPF con las firmas Delta Patagonia y DAPSA, en el que YPF se obligaba, por contrato, a proveer combustible “de manera exclusiva” para sus estaciones de servicio a un precio que terminaba siendo perjudicial para la petrolera estatal.

 

La participación de Rufino en las negociaciones desde YPF por los activos de Oil Combustibles cuando ya había sido declarada la quiebra de la petrolera del Grupo Indalo había sido denunciada en el marco de la misma causa en la que Rodríguez Simón acaba de cumplir 500 días como prófugo, con orden de captura internacional. YPF demoró más de 3 meses en aportar la documentación requerida por el Juzgado Federal N°1 de Capital Federal. Cuando lo hizo, omitió gran parte de los informes que se habían solicitado, sobre todo respecto al soporte legal que habrían tenido determinadas decisiones del directorio para liquidar los activos de Oil, y bajo qué modalidad se definieron a los beneficiarios, por ejemplo. Además, tampoco se aportaron 23 facturas de Rufino por las que cobró un total de u$s270.000 y que incluyen reintegros por viajes a Nueva York y Madrid, en supuesta representación de la compañía estatal.

Fechas no coinciden

Pero las inconsistencias más graves de toda la documentación están en las fechas, lo que despertó las sospechas de los investigadores. El Contrato Marco por el que se incorporó a Rufino a YPF data formalmente del 19 de febrero de 2018 y se apoya en una propuesta acercada en mayo de 2017. Fue recién certificada ante escribano público el 31 de julio de 2018 y allí consta que el abogado cercano a “Pepín” prestaba servicios desde diciembre de 2016, sin marco de contratación alguno durante 1 año y 9 meses. Pero así y todo, su primera factura y el alta del contrato por parte de Fernández Lahore data del 23 de agosto de 2016. Dos años antes de haber cumplimentado los trámites de rigor y cuatro meses de la versión inicial sobre su incorporación.

Los u$s100 mil

El Poder general Administrativo y Judicial para que Rufino pudiera actuar extendido por el propio Fernández Lahore está fechado 30 de mayo de 2017. Sin embargo, existen por lo menos 6 facturas previas que totalizan 80 mil dólares cuyo marco de contratación se desconoce, por el período que va entre agosto 2016 y mayo 2017. A Rufino le abonaron esos montos sin tener ni poderes ni funciones reguladas en YPF. No existe tampoco ningún elemento externo (como un correo electrónico, memo interno o acuerdo) que brinde pistas del motivo por el que se le pagó ese dinero. Pero las “curiosidades” no terminan: los documentos de contratación y de propuesta de honorarios que Fernández Lahore le aportó a Servini (en su rol actual) no exhiben ningún tipo de aprobación por parte de YPF. No tienen firma ni responsable a cargo.

La “fachada” con la que Rufino ingresó a cumplir funciones en la petrolera estatal –de acuerdo al contrato sin firmas- estaba supuestamente circunscripto a su “asesoramiento” en los juicios internacionales “Eton Park”, “Petersen”, “Maxus” y la definición de la estrategia legal en el caso “Paz Herrera”. Los primeros dos son reclamos de fondos buitres derivados de la estatización, el tercero un litigio ambiental por una subsidiaria fallida y el último un reclamo cruzado por parte de un abogado y pequeño accionista que acusaba al kirchnerismo de un fraude en presunto acuerdo con los Eskenazi y con Repsol. Ninguno de estos casos estaba ligado con la situación de la petrolera Oil. Pero Rufino había pactado cobrar 170 dólares la hora más un bono mensual de u$s20.000, sumado a otro premio según resultado de los juicios internacionales. Pero en ningún documento se menciona que el abogado allegado a Rodríguez Simón iba a actuar en la adquisición de los activos de Oil, a través de YPF. Su participación se revela por dos facturas presentadas por 50 mil dólares cada una por hacerse de los restos de la petrolera de Indalo. Es más, expresamente estaba prohibido en el Contrato Marco que Rufino facture otro tipo de servicios que no estuvieran contemplados sin regirse por las pautas de un acuerdo realizado por escrito.

En la nómina de irregularidades se destaca que no solo existe una factura de u$s13.600 de agosto 2016, sino que la primera factura de Rufino por la adquisición de los activos de Oil (así se detalla en la misma) por u$s50.000 fue emitida el 28/6/2018 y pagada el 25 de julio de ese año. El Comité de Inversiones de YPF que debía aprobar la adquisición de los activos de Oil recién lo hizo en agosto de 2018. Un mes antes, Rufino había cobrado por una gestión que no estaba entre sus funciones (y por la que específicamente no podría haber percibido nada de la petrolera estatal que no estuviera detallado en su contrato) y que, en la práctica, no se había ocurrido todavía.

“Operación OCSA”

El 23 de agosto de 2018, Rufino recibió un Poder Especial junto al VP de Downstream Santiago Martínez Tanoira expedido por Fernández Lahore para que cualquiera de ellos “intervenga en representación de YPF en el proceso de licitación pública nacional e internacional de los activos de la sociedad en quiebra Oil Combustibles”. Eso fue una semana antes de que el tema apareciera en el Comité de Inversiones. Pero casi un mes antes, el 25 de julio de 2018, ya existía una factura de u$s50.000 que Rufino cobró bajo el concepto “Adjudicación Operación OCSA” (la razón social de Oil) que, como se dijo, había sido a su vez emitida un mes antes de la fecha de cobro. Entonces, dos meses antes de que el Comité de Inversiones diera el visto bueno para que YPF participara de la oferta para la adquisición de la Refinería San Lorenzo, el Puerto, los depósitos y la red de estaciones de servicio, alguien sabía de antemano cuál iba a ser el destino de esos activos.

Facturas

No solo faltan aportar 23 facturas de Rufino que inexplicablemente YPF retaceó a la justicia. Algunas otras tienen como motivo de pago “Programa de Propiedad Participada” y “Caso SPA” que tampoco están contenidas dentro de su contrato, mientras que en el sistema aparece aparece el criterio “abono mayo” cuando no existía vínculo alguno. Por ejemplo, Rufino cobró u$s 6.630 por brindar “opinión legal del 24/4/2018”, contabilizando 39 horas de trabajo. Se desconoce a qué respondía esa “opinión” –porque no hay referencias que la enmarquen-, pero lo que sí se conoce es que Rufino la hizo valer y la petrolera estatal pagó.

El 10/12/2018 -año prolífico para Rufino- el abogado remite una nota al entonces CEO durante la gestión de Mauricio Macri, Daniel González, en el que aclara que adjunta “la factura correspondiente a los honorarios profesionales de éxito pactados por la adquisición de los activos petroleros de Oil Combustibles en el marco del proceso de quiebra”, pero sin acompañarlo de requerimiento alguno que justifique su actuación en el caso. Esa nota formal llegó como una suerte de “maquillaje” para una situación que -de hecho- había ocurrido 5 meses antes.

 

Pero el cúmulo de irregularidades llega a su clímax el 6/9/2018. Martínez Tanoira presenta la oferta para quedarse con los activos de Oil ante el directorio de YPF. Allí, el VP admite que los 42 millones de dólares base para la licitación “son un valor bastante bajo inclusive por el potencial que tienen los activos”. Deja entrever que podría ser un precio por debajo del valor real. En la justicia, se denomina a esta operatoria “precio vil”.

DAPSA

En la documentación ahora en poder de la justicia existen dos tramos adicionales de la misma operatoria. Una vez en posesión de los activos de Oil, YPF asignó a DAPSA (Destilería Argentina de Petróleo SA) ciertos contratos de estaciones de servicio. Pero además, contó con una autorización del Directorio de la petrolera estatal para firmar un “contrato de suministro exclusivo” con DAPSA que tuvo su correspondiente contrato. En paralelo, Servini cuenta con una copia de la oferta de adquisición por parte de Delta Patagonia de los activos de Oil y su correspondiente contrato de suministro. Pero aquí también vuelve a aparecer Rufino, aunque en un rol diferente. En el punto 3 de la propuesta de participación conjunta, DAPSA anunció que unificaría la personería pero bajo el apoderado de YPF, Marcelo Rufino. Es decir, ¿por qué motivo una empresa privada le hace una propuesta a la petrolera estatal y deja la representación para esa operación en manos del abogado allegado a “Pepín”? En el expediente, hasta ahora, no hay indicio alguno de justificación de este comportamiento. El Poder General de Administración y Disposición de DAPSA es en favor de un abogado, cuya dirección en la calle esmeralda coincide con la firma de servicios inmobiliarios Delta del Plata SA.

Omisiones

Entre los faltantes que YPF no aportó (todavía) se encuentra la reunión de directorio donde supuestamente se aprobaba la presentación de la oferta de licitación de YPF -en el marco de la quiebra- ni tampoco la que aprueba la venta de las estaciones de servicio a la firma Delta, del que tampoco existe rastro sobre informes técnicos que justifiquen su elección. ¿Existió una compulsa de precios para elegir el mejor oferente para alcanzar la meta de negocios redituable para YPF? Misterio. De las negociaciones para arribar a ese resultado, no quedó registro. La desprolijidad fue tal que en el acuerdo de suministro con Delta, YPF le asigna vigencia entre 2018 y 2023. Pero sin precisar fecha de inicio y fin, algo intrínseco a casi cualquier contrato. Todos estos elementos configuran un paso más en la confirmación de la hipótesis de que existió un plan coordinado entre las más altas esferas del Poder Ejecutivo que comandaba Macri con objetivos políticos, pero también con fines económicos. El desguace de Oil Combustibles (y los beneficios que esta situación generó) también apuntan a corroborar que mediaron negocios poco claros que motivaron la arremetida para quebrar a la compañía en un trámite que tuvo inusual velocidad.

FUENTE ambito

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Atentado contra Cristina Kirchner: la jueza Capuchetti delegó la investigación al fiscal Rívolo

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Este miércoles, la jueza María Eugenia Capuchetti derivó la investigación del atentado contra Cristina Kirchner en la fiscalía de Carlos Rívolo, luego de que la Vicepresidenta cuestionara su imparcialidad y pidiera a la Cámara Federal que la aparten de la causa.

La magistrada justificó su decisión basándose en las críticas que recibió por parte de la expresidenta y explicó que busca evitar que las medidas que se tomen en un futuro sean impugnadas. “No puedo soslayar que mi imparcialidad como directora del proceso fue oportunamente puesta en tela de juicio por la misma querella”, señaló.

Capuchetti, quien luego hizo hincapié en el pedido de recusación que hizo Cristina Kirchner ante la Cámara Federal la semana pasada.

La magistrada expresó: “Encontrándose la recusación ante ese tribunal, debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte”. Por eso tomó la decisión de delegarle la investigación al fiscal Carlos Rívolo.

Esta delegación implica que el fiscal llevará adelante las medidas para la investigación y solo debe recurrir a la jueza para que autorice determinadas medidas que avancen sobre los imputados, como allanamientos, detenciones o intervenciones telefónicas. Rívolo podrá tomar declaraciones testimoniales, pedir informes y recoger evidencias sin necesidad de un autorización de Capuchetti.

“En caso de entender que la instrucción se halla completa en alguno de sus tramos (o en su totalidad) puede avanzar en la elevación a juicio del caso”, dijo la magistrada sobre el fiscal.

La jueza aclaró que la decisión que tomó no implica desoír la directiva de la Cámara Federal para que eleve el caso a juicio con los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. Este último es el supuesto líder de “La banda de los copitos” que la Vicepresidenta quiere acusar de ser coautor del crimen, pero que en la causa es considerado como partícipe secundario.

“La tesitura asumida en pos de una mejor administración de justicia y mayor celeridad del proceso en nada se contrapunta con los lineamientos de la alzada”, escribió Capuchetti.

El último de los embates del círculo íntimo de Cristina Kirchner contra la jueza lo protagonizó el abogado José María Ubeira, representante de la expresidenta. “Si le pasa algo a la Vicepresidenta o a sus hijos, la magistrada será responsable. Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo”, aseguró.

El punto de quiebre entre Capuchetti y la querella fue cuando rechazó el pedido de secuestrar los teléfonos de las asesoras del diputado Gerardo Milman, que habían estado con él en el bar Casablanca dos días antes del atentado. En aquel bar, un asesor legislativo llamado Jorge Abello -que nunca fue llamado como testigo- aseguró que el 23 de septiembre escuchó a Gerardo Milman decir: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”.

Los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia están trabajando en una resolución ligada a si corresponde o no secuestrar los teléfonos. También debaten si en esa resolución hacen un análisis de como llevó el caso Capuchetti y piden determinadas medidas de investigación.

 

Infoveloz

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Motochorros se llevaron millonaria suma de dinero en una salidera bancaria en Mar del Plata

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Con recuperación de registros de cámaras de seguridad, tanto del sistema de monitoreo público como de comercios y viviendas particulares, investigadores buscan reconstruir el recorrido realizado por motochorros que sorprendieron a un empresario de Mar del Plata en pleno centro y le sustrajeron una suma millonaria de dinero en efectivo que acababa de retirar de una sucursal bancaria.

El robo ocurrió en horas cercanas al mediodía del jueves, según confirmaron a Ahora Mar del Plata fuentes judiciales cercanas a la causa que se abrió en sede fiscal de turno para averiguación de autores del hecho, hasta el momento sin identificar y, por ende, prófugos.

 

El caso se mantuvo en el más extremo hermetismo, al igual que los primeros pasos de esta pesquisa que por el momento –según se pudo conocer- tiene muy pocos elementos sólidos hacia el objetivo perseguido de esclarecimiento y captura de los delincuentes.

Información a la que accedió Ahora Mar del Plata de fuentes con acceso a la causa confirma que la víctima se acercó hasta una sucursal bancaria de la zona de Peatonal San Martín y Córdoba, donde realizó la extracción de una millonaria suma de dinero en efectivo.

Se retiró de esas oficinas para dirigirse a su camioneta, con la que comenzó un recorrido por calles céntricas. Se sitúa el robo en una esquina con semáforo que sería la de San Luis y Bolívar, donde dos desconocidos a bordo de una motocicleta se pusieron a la par, rompieron el vidrio del vehículo y se llevaron el bolso en el que estaba el dinero.

El testimonio que el damnificado dio en Comisaría 1ª sirvió a personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) para saber algunos detalles sobre características de vestimenta y motocicleta, además del sentido en que orientaron la fuga. Detrás de ese recorrido están los investigadores, que con registros solicitados al Centro de Ordenamiento y Monitoreo y a comerciantes tratan de reconstruir paso a paso ese escape. Por el momento sin resultados positivos.

 

DiezAhora

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