La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 37, Romina Monteleone, le solicitó al juez Luis Zelaya que eleve a juicio la investigación seguida al periodista Eugenio Veppo, acusado del delito de “homicidio simple con dolo eventual” de la agente de tránsito Cinthia Choque y las “lesiones graves” que sufrió su compañero Santiago Siciliano.

Días atrás, la familia de la agente fallecida ya había solicitado a través de sus abogados que Veppo sea sometido a debate oral por el mismo delito pero aún resta conocer la postura de Siciliano, ya que el pasado viernes el abogado Mauricio Dalessandro, que lo representaba en el expediente, renunció a su cargo, por lo que el agente debió nombrar a un nuevo letrado.

De acuerdo a la investigación, alrededor de las 3.35 del 8 de septiembre, el imputado que iba junto a otro hombre y una mujer conducía su Volkswagen Passat V6 FSI 4 Motion “incumpliendo la reglamentación vigente al transitar a una velocidad elevada (no menos de 130 kilómetros por hora) que excedía la máxima permitida en este tramo de la avenida Figueroa Alcorta –que es de 70 km/h- y zigzagueando temerariamente”.

Para la fiscal, el conductor iba a esa velocidad para “rebasar tanto por izquierda como por derecha a los automotores que circulaban por la misma senda, presuntamente luego de haber ingerido alcohol y/o drogas”.

“Metros antes de llegar a su intersección con la calle Tagle e inmediatamente después de pasar a alta velocidad por la derecha a un automóvil que circulaba por el carril derecho de los dos centrales, embistió con la parte delantera derecha de su rodado a Choque y a Siciliano, provocando la muerte de la primera y ocasionando lesiones gravísimas al segundo”, sostuvo la fiscalía.

De acuerdo a lo instruido por la representante del Ministerio Público, ambos estaban “identificados con la indumentaria del Cuerpo de Agentes de Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, parados sobre el anteúltimo carril de la mano derecha de la citada avenida efectuando un control vehicular y de alcoholemia, detrás de un cartel luminoso que así lo señalizaba”.

Tras impactar a las dos víctimas, Veppo escapó sin socorrerlas y abandonó el vehículo sobre la calle Silvio L. Ruggeri, tras lo cual abordó un taxi junto a sus acompañantes y se dirigió a su casa en el barrio porteño de Belgrano.

“Tal actitud, sumado al desprecio evidenciado con posterioridad al hecho al huir del lugar nuevamente a gran velocidad y zigzagueando, resulta una manifiesta indiferencia respecto a los resultados producidos, cuya producción –por la forma en que conducía en plena ciudad- se ha representado como no improbable”, afirmó en su dictamen la fiscal.

El auto fue hallado tres horas después del hecho, por un oficial de Comisaría Comunal 2A que se retiraba de franco. Finalmente, alrededor de las 17.20 del 8 de septiembre, el imputado se presentó junto a su abogado en la Comisaría Vecinal 1A, donde quedó detenido a disposición de la justicia.

“Con su accionar, Veppo ha sometido a las víctimas a situaciones peligrosas que no tuvo la seguridad de controlar, por más que tuviera la esperanza de que no iba a producirse el resultado o no lo haya deseado”, aseguró la funcionaria judicial.

La Cámara del Crimen porteña había confirmado el 16 de octubre el procesamiento con prisión preventiva por el delito de “homicidio simple con dolo eventual” del periodista.

Los integrantes de la Sala V Hernán López y Ricardo Pinto consideraron que “la prueba recolectada durante la investigación resulta indicativa de que al imputado le resultó indiferente el resultado producido y lo aceptó en los términos de la figura escogida”, en alusión a ese delito, que prevé penas de entre 8 y 25 años.

Fabián Gutiérrez, un ex secretario de Cristina Kirchner que se arrepintió en la causa por las anotaciones de Oscar Centeno, quedó hoy procesado sin prisión preventiva por lavado de dinero agravado junto a una docena de personas. El juez federal Claudio Bonadio ligó sus movimientos de dinero a la causa de los cuadernos y a los bolsos que recibió el fallecido secretario presidencial Daniel Muñoz.

“Parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por aquella asociación ilícita fue recibido por Héctor Daniel Muñoz y Víctor Fabián Gutiérrez y luego fue puesto en circulación en el mercado con el fin de aparentar un origen lícito”, insistió el juez Bonadio en la resolución a la que accedió Infobae. “El vínculo con dicha asociación excede la de un mero secretario privado, pudiendo afirmarse en base a indicios objetivos que Víctor Fabián Gutiérrez habría recibido dinero de dicha banda y luego lo puso en circulación en el mercado, intentando darle una apariencia lícita”, dijo el juez.

El magistrado hizo hincapié en “el gran vínculo de confianza con el matrimonio de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, a lo largo de los años” y señaló que el dato “resulta de suma importancia, como así también el nexo que mantuviera Víctor Fabián Gutiérrez con los otros jefes, organizadores y miembros de la organización, de forma continua en el período investigado” porque “excede las tareas propias que un Secretario de Presidencia pueda tener respecto de un Ministerio especifico del Estado Nacional”.

Gutiérrez fue secretario de la Presidencia de la Nación, entre mayo de 2003 y mayo de 2005, y secretario adjunto de la Presidencia entre diciembre de 2007 y enero de 2010, y antes lo había sido en distintas áreas del Gobierno de Santa Cruz.

En 2011, Bonadio había sobreseído a Fabián Gutiérrez y a otros ex secretarios investigados por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en 2017, la UIF lo denunció por lavado y enriquecimiento. El caso estuvo en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, hasta que estalló el caso de las anotaciones de Oscar Centeno y el expediente pasó bajo la órbita de Bonadio.

Precisamente, Fabián Gutiérrez ya está procesado en la causa de los cuadernos por encubrimiento. Estuvo preso y se convirtió en imputado colaborador. Salió de prisión. Mientras tanto, José López, el ex secretario de Obras Públicas, lo acusó de haberle entregado el dinero que llevó al convento, aunque el tribunal oral que lo condenó por enriquecimiento ilícito entendió que el dinero pertenecía a López y que el ex funcionario solo buscó aprovechar la causa de los cuadernos.

El juez recordó las palabras del ex ministro de Economía de Santa Cruz Juan Manuel Campillo, como arrepentido, al señalar: “Todos los secretarios que yo conozco, Daniel Álvarez, Fabián Gutiérrez, Isidro Bounine, y Daniel Muñoz tenían el rango de secretario de Estado y luego de haber cesado en sus funciones todos siguieron trabajando con el matrimonio Kirchner. Inclusive siguen trabajando. Incluso Fabián Gutiérrez estuvo hasta el último día con la Dra. Kirchner, esto es fácilmente comprobable, se lo ve en fotos con ella hasta los últimos días de su mandato. Insisto, todos los secretarios siguieron trabajando con la Dra. Kirchner”.

Según Bonadio, “las pruebas reunidas en el curso de esta investigación, han permitido conocer que los imputados habrían integrado una asociación cuyo objeto fue conformar, en la República Argentina una estructura societaria –ideada por Víctor Fabián Gutiérrez– e integrada por el resto de los imputados, algunos de ellos familiares del nombrado, a los efectos de administrar y poner en circulación parte del dinero ilícito obtenido como consecuencia de las maniobras investigadas en la causa n° 9608/18 y sus conexas e integrarlos al circuito económico bajo formal apariencia de licitud”.

Para el juez, “del propio Víctor Fabián Gutiérrez dependió una maniobra específica respecto a la aplicación de parte de esos fondos ilegales, a la constitución de una estructura jurídica, societaria y bancaria en nuestro país, con el fin de organizar un sistema de blanqueo de activos que le diera a esta asociación una aparente fachada de legalidad de la que carecía, visto el origen espurio del dinero; resultando intrascendente, a los fines de este resolutorio, si la aplicación de tales fondos en dichas actividades se hacía por cuenta y orden de los jefes de aquélla organización delictiva o si provenían de fondos sustraídos al control de éstos o de sus organizadores”.

En el fallo se asegura que “las actividades ilícitas se habrían llevado a cabo aproximadamente en el período entre los años 2008-2018, destinándose parte de los fondos ilícitos provenientes de la corrupción pública, a la adquisición de propiedades y bienes muebles en este país, más precisamente en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego”.

Fue por eso que además de a Gutiérrez el juez procesó a Teresa Amalia García, Valeria Alejandra Martinovich, Matías Enrique Lazzaro Raimondo, Carlos Mario Cesar Siverino, Oscar Raúl Núñez, Humberto Rodrigo Mieres Vera, Diego Carlos Riestra, Germán Alberto Rodríguez, Alberto Luis Fernández, Luis Alejandro Semprini, Rosa Susana Gillone, Diego Miguel Derdey, Fernando Andrés Mangione, David Maico Miguel, Jorge Mozo y Javier Alfredo De La Torre. Según dijo, sus operaciones “no se condicen con la capacidad económica de aquéllos, entre otras maniobras, generando de esta forma confusión sobre sus patrimonios”.

infobae