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LA JUSTICIA ANULÓ UNA RESOLUCIÓN DEL GOBIERNO QUE RECONOCÍA LA PROPIEDAD DE VARIAS HECTÁREAS A UNA COMUNIDAD MAPUCHE DE BARILOCHE

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La Cámara Contencioso Administrativa consideró que el INAI incurrió en graves falencia al elaborar la resolución que cedió las tierras. Además, dispuso una custodia policial permanente para evitar incidentes

La Cámara Contencioso Administrativa anuló una resolución que rubricó la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, a través de la cual reconocía la propiedad de un terreno a una comunidad mapuche de Bariloche.

La Justicia consideró que el organismo nacional incurrió en graves falencia al elaborar la resolución 90/2020, motivo por el que determinó su nulidad a partir de una acción de amparo que presentó el propietario de las tierras en conflicto.

Al elaborar la resolución, Odarda omitió cumplir con el debido proceso adjetivo previo a su dictado “afectando con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta el derecho de defensa del actor, motivo por el cual corresponde hacer lugar a la acción de amparo promovida y declarar su invalidez”.

El Estado –menciona el fallo de la Cámara– debe aplicar el precepto de “asegurar a las comunidades indígenas el pleno goce, posesión y propiedad de las tierras que tradicional e históricamente ocuparon, mediante la implementación de procedimientos administrativos (así como también legislativos y judiciales) que, con el objeto de llevar a cabo tal propósito, resguarden el derecho de defensa no sólo de los colectivos aborígenes sino también de los individuos cuyos intereses legítimos pueden verse directamente afectados por las medidas adoptadas”.

“Se evidencia que, ante supuestos de conflicto entre el derecho a la propiedad de las comunidades aborígenes y el de los particulares, el conjunto de normas de carácter internacional aplicable a la materia impone a los Estados el deber de implementar los mecanismos pertinentes para arribar a soluciones que resguarden y compatibilicen en forma efectiva los derechos de ambas partes, sin que resulte suficiente ni aceptable, lógicamente, la adopción de medidas unilaterales que sólo contemplen la situación de una de aquéllas”, se lee en la resolución.

Manifestantes ondean la bandera de la etnia indígena mapuche durante una protestaManifestantes ondean la bandera de la etnia indígena mapuche durante una protesta

El predio en litigio está ubicado a pocos kilómetros de Bariloche. El propietario original de las tierras, Antonio Buenuleo, vendió en 2001 unas 90 hectáreas de un lote pastoril denominado “Pampa de Buenuleo” y ocho años más tarde el comprador se las vendió al propietario actual.

Sin embargo, familiares de Buenuleo desconocieron la operación inicial y decidieron instalarse en el predio por la fuerza, como parte de una acción de reivindicación territorial de la comunidad mapuche Lof Che Buenuleo.

La justicia rionegrina reconoció la titularidad de las tierras por parte del damnificado y configuró el delito de usurpación por parte de los integrantes de la comunidad mapuche. Sin embargo el INAI emitió la resolución 90/2020 a través de la que reconoció a la comunidad Lof Che Buenuleo, perteneciente al denominado “Pueblo Mapuche”, la propiedad del lugar.

Emilio Friedrichel dueño de las tierras, criticó la medida del INAI y solicitó el desalojo del predio y mencionó dos fallos judiciales anteriores en los que se lo reconocía como poseedor del inmueble. El organismo que conduce Odarda obró de “mala fe, tergiversando los hechos, omitiendo considerar pronunciamientos judiciales y circunstancias fácticas relevantes, y prescindiendo de llevar a cabo diligencias indispensables como la constatación del inmueble”, solicitando la anulación de dicha resolución.

El conflicto en el territorio, no finaliza. Durante el proceso judicial hubo enfrentamientos, denuncias cruzadas e incluso varios heridos en el predio, sobre el que la Justicia rionegrina dispuso una custodia policial permanente para evitar “nuevos incidentes”.

La comunidad mapuche desconoce la legitimidad de los documentos que exhibió Friedrich para convertirse en propietario de las hectáreas en litigio. “El origen del boleto de compraventa es dudoso e incomprobable”, aseguran desde la Lof Che Buenuleo, e insisten que el dueño original “denunció gran cantidad de veces que ese documento, era fraudulento

Por

Francisco Poppe
FUENTE INFOBAE

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La Justicia de EEUU falló contra Argentina en la causa por la expropiación de YPF

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La jueza Preska dejó afuera del caso a YPF, pero admitió la demanda contra el Estado argentino por una indemnización de hasta 20 mil millones de dólares.

La jueza estadounidense Loretta Preska aplicó un revés al Estado argentino en la causa por la expropiación de YPF en 2012 y ahora enfrenta el riesgo de tener que pagar indemnizaciones por hasta 20 mil millones de dólares.

Preska, titular de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y sucesora de Thomas Griesa, admitió las demandas de los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron a accionistas privados el derecho a litigar contra Argentina e YPF por la expropiación.

El fallo de este viernes tuvo una recepción positiva en YPF. Fuentes de la compañía explicaron a LPO que “la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional”. Además, indicaron que Preska no hizo lugar a todos los pedidos de los demandantes.

En la petrolera de mayoría estatal destacan que “sus activos están fuera de riesgo”, aunque en los hechos la jueza determinó que la Argentina deberá pagar las indemnizaciones y por lo tanto otros activos del país quedan sujetos a embargos.

El fallo se da apenas dos días después de la reunión de Alberto Fernández con Joe Biden en la Casa Blanca e implica un duro revés para el gobierno argentino, que buscó exagerar el supuesto buen vínculo con Estados Unidos.

Burford: El mega estudio que hizo de los juicios contra Argentina su negocio más rentable

La jueza neoyorkina consideró que el Gobierno argentino debió haber realizado en 2012 una oferta pública a todos los accionistas de YPF y no solamente a la española Repsol, que tenía la mayoría del paquete. “Ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada, pero (Argentina) no lo hizo”, consideró.

La Argentina tiene dos instancias para apelar el fallo de Preska, pero igualmente deberá pagar una garantía. Los demandantes reclaman indemnizaciones de entre 8 mil y 20 mil millones de dólares, pero la jueza Preska rechazó fijar los montos.

En el fallo sostiene que “el precio de oferta pública que Argentina habría estado obligada a ofrecer si cumpliera con los Estatutos es la medida apropiada de los daños compensatorios de los demandantes”, pero advirtió que no tiene certezas del momento exacto en que Argentina tomó el control de las acciones para determinar el monto.

Burford lleva adelante el juicio contra Argentina tras haberle comprado los derechos a Petersen Energía, una empresa creada por los Eskenazi que se fue a la quiebra en España. El fondo inglés pagó 15 millones de euros y un 30% de la indemnización que resulte del juicio.

FUENTE : LA POLITICA ONLINE

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Usurpación en barrio Las Heras: Ferlauto confirmó que “las familias tienen 48 horas para desalojar los terrenos”

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El secretario de Seguridad municipal, Martín Ferlauto, hizo referencia a las tomas de tierras en el barrio Las Heras y la orden de desalojo que dispuso el juez de la causa.

 

“Hoy tome comunicación telefónica con el fiscal de la causa y me informó que el juez ordenó el desalojo definitivo de los terrenos del bario Las Heras. Son aproximadamente 28 grupos familiares que tienen 48 horas para hacer abandono del lugar o sino lo hará el Estado con el uso de la fuerza”, dijo.

 

Con respecto a las diferentes usurpaciones que se vienen desarrollando en distintos puntos de la ciudad, el funcionario remarcó: “Se está replicando en varios lugares de la ciudad la toma de terrenos. Está orquestado, no se si por una o varias organizaciones, y estamos cansados de esto, yo estoy cansado. Antes que funcionario, soy argentino”.

 

“Tenemos que trabajar más allá de las ideologías porque esto es un problema de Mar del Plata, queremos proteger el estilo de vida de nuestros vecinos, simplemente eso”, concluyó.

 

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El MTE se retiró del campo en El Marquesado de forma “pacífica”

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Después de varias horas de tensión y momentos de violencia, los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se retiraron del campo ubicado en el barrio El Marquesado de Mar del Plata.

“Quedaron solamente dos, y el casero que va a quedarse con ellos”, informó Martín Ferlauto, secretario de Seguridad, en diálogo con Ahora Mar del Plata. Consultado sobre la retirada, el funcionario contestó que fue “pacífica” y además confirmó que quedará custodia policial en el sector durante la noche de este sábado.

El predio conformado por 140 hectáreas y ubicado en el barrio El Marquesado fue entonces desalojado, tal como habían acordado con las autoridades. En el conflicto intervino la policía, el Poder Judicial y la Municipalidad de General Pueyrredon.

Más allá de los reclamos de los vecinos, de la postura del gobierno local y de las expresiones de políticos en redes sociales, desde el Movimiento hicieron hincapié en la legitimidad para explotar los terrenos de Playa Escondida, al sur de Mar del Plata.

“En esas tierras, cedidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) a la ONG Tercer Tiempo, se llevará adelante un Proyecto de Producción Agroecológica donde trabajarán productores rurales del cordón frutihortícola de la ciudad, proyecto que permitirá el abastecimiento local con alimentos de calidad. Se trata de la concreción de una propuesta histórica para dichas tierras, pensado con la construcción del Complejo Turístico Chapadmalal”, habían declarado mediante un comunicado en la tarde del sábado.

“Están trabajando profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Conicet con todos los estudios de suelo correspondientes y necesarios. Es el equipo que evaluará la viabilidad de cada sector del predio según las funciones que permitan las tierras”, extendieron.

El proyecto se suma a otras iniciativas en Argentina, que buscan afianzar la agricultura familiar, resolviendo las dificultades del acceso a la tierra para muchas personas que actualmente trabajan en condiciones de arrendamientos costosos y precarios”, afirmaron.

“Se promueven nuevas formas de producir en armonía con el medio ambiente; cuidando la salud de quienes producen y consumen, para que la población acceda a alimentos sanos y a precios justos”, comentaron luego.

“Actualmente hicimos posesión del predio y su custodia, como lo marca el convenio firmado el 16 de febrero del corriente año y por el cual nos apersonamos. No se instalará ningún asentamiento, sino que allí vivirán quienes trabajen la tierra”, aseguraron.

Frente al conflicto que ocurren en El Marquesado donde los vecinos amanecieron con la presencia de 40 personas con “pecheras del MTE” liderado por Grabois en el marco del proyecto para ceder 140 hectáreas a más de 100 familias, explotar las tierras y realizar viviendas sociales el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se expresó mediante redes sociales.

En principió, declaró: “Lo que está pasando en la zona de El Marquesado es de extrema gravedad. Porque mientras los marplatenses trabajan todos los días con esfuerzo para progresar y hacer crecer a la ciudad, otros proponen regalar tierras, con fines político partidarios, haciendo las cosas como no se debe y de forma totalmente ilegítima”.

Asimismo, agregó: “Estamos en contacto con los vecinos, trabajando con las Fuerzas de Seguridad y la Justicia para frenar estas acciones que no avalamos de ninguna manera. Siempre voy a defender a los que laburan y se rompen el lomo. Fuera de la ley, nada”.

En la misma línea, los residentes del lugar cortaron la ruta 11 para pedir visibilizar y reclamar lo sucedido: “Entraron con 40 personas del MTE y están queriendo desalojar al hombre que vive en el campo”. Asimismo, afirmó uno de los vecinos  :”No tenemos cloacas, ni gas. Si hacen pozos ciegos se pueden contaminar las napas. Tenemos claro como terminan los proyectos sociales lo vimos a lo largo del país. Ninguno de los vecinos estamos a favor, nosotros compramos nuestros terrenos con años de trabajo”.

Diez Ahora

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