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LA JUSTICIA ANULÓ UNA RESOLUCIÓN DEL GOBIERNO QUE RECONOCÍA LA PROPIEDAD DE VARIAS HECTÁREAS A UNA COMUNIDAD MAPUCHE DE BARILOCHE

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La Cámara Contencioso Administrativa consideró que el INAI incurrió en graves falencia al elaborar la resolución que cedió las tierras. Además, dispuso una custodia policial permanente para evitar incidentes

La Cámara Contencioso Administrativa anuló una resolución que rubricó la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, a través de la cual reconocía la propiedad de un terreno a una comunidad mapuche de Bariloche.

La Justicia consideró que el organismo nacional incurrió en graves falencia al elaborar la resolución 90/2020, motivo por el que determinó su nulidad a partir de una acción de amparo que presentó el propietario de las tierras en conflicto.

Al elaborar la resolución, Odarda omitió cumplir con el debido proceso adjetivo previo a su dictado “afectando con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta el derecho de defensa del actor, motivo por el cual corresponde hacer lugar a la acción de amparo promovida y declarar su invalidez”.

El Estado –menciona el fallo de la Cámara– debe aplicar el precepto de “asegurar a las comunidades indígenas el pleno goce, posesión y propiedad de las tierras que tradicional e históricamente ocuparon, mediante la implementación de procedimientos administrativos (así como también legislativos y judiciales) que, con el objeto de llevar a cabo tal propósito, resguarden el derecho de defensa no sólo de los colectivos aborígenes sino también de los individuos cuyos intereses legítimos pueden verse directamente afectados por las medidas adoptadas”.

“Se evidencia que, ante supuestos de conflicto entre el derecho a la propiedad de las comunidades aborígenes y el de los particulares, el conjunto de normas de carácter internacional aplicable a la materia impone a los Estados el deber de implementar los mecanismos pertinentes para arribar a soluciones que resguarden y compatibilicen en forma efectiva los derechos de ambas partes, sin que resulte suficiente ni aceptable, lógicamente, la adopción de medidas unilaterales que sólo contemplen la situación de una de aquéllas”, se lee en la resolución.

Manifestantes ondean la bandera de la etnia indígena mapuche durante una protestaManifestantes ondean la bandera de la etnia indígena mapuche durante una protesta

El predio en litigio está ubicado a pocos kilómetros de Bariloche. El propietario original de las tierras, Antonio Buenuleo, vendió en 2001 unas 90 hectáreas de un lote pastoril denominado “Pampa de Buenuleo” y ocho años más tarde el comprador se las vendió al propietario actual.

Sin embargo, familiares de Buenuleo desconocieron la operación inicial y decidieron instalarse en el predio por la fuerza, como parte de una acción de reivindicación territorial de la comunidad mapuche Lof Che Buenuleo.

La justicia rionegrina reconoció la titularidad de las tierras por parte del damnificado y configuró el delito de usurpación por parte de los integrantes de la comunidad mapuche. Sin embargo el INAI emitió la resolución 90/2020 a través de la que reconoció a la comunidad Lof Che Buenuleo, perteneciente al denominado “Pueblo Mapuche”, la propiedad del lugar.

Emilio Friedrichel dueño de las tierras, criticó la medida del INAI y solicitó el desalojo del predio y mencionó dos fallos judiciales anteriores en los que se lo reconocía como poseedor del inmueble. El organismo que conduce Odarda obró de “mala fe, tergiversando los hechos, omitiendo considerar pronunciamientos judiciales y circunstancias fácticas relevantes, y prescindiendo de llevar a cabo diligencias indispensables como la constatación del inmueble”, solicitando la anulación de dicha resolución.

El conflicto en el territorio, no finaliza. Durante el proceso judicial hubo enfrentamientos, denuncias cruzadas e incluso varios heridos en el predio, sobre el que la Justicia rionegrina dispuso una custodia policial permanente para evitar “nuevos incidentes”.

La comunidad mapuche desconoce la legitimidad de los documentos que exhibió Friedrich para convertirse en propietario de las hectáreas en litigio. “El origen del boleto de compraventa es dudoso e incomprobable”, aseguran desde la Lof Che Buenuleo, e insisten que el dueño original “denunció gran cantidad de veces que ese documento, era fraudulento

Por

Francisco Poppe
FUENTE INFOBAE

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LUIS JUEZ NO SE DA POR VENCIDO Y LANZÓ UNA NUEVA OFENSIVA JUDICIAL CONTRA LA MANIOBRA DE CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER

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El senador de Juntos por el Cambio apeló la decisión del juez Santiago Carrillo junto a Humberto Schiavoni en el expediente del Colegio de Abogados. Cuestionan la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratur

Foto: Twitter @luisjuez

El senador Luis Juez y su par Humberto Schiavoni apelaron la decisión del juez Santiago Carrillo en el marco del expediente del Colegio de Abogados donde se presentaron tras el rechazo a su amparo en el juzgado de Pablo Cayssials contra la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura.

En el expediente principal requirieron que se ordene ejecutar la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el presente expediente, decrete la nulidad absoluta del DPP 33/22 dictado por la Presidencia del H. Senado de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner) que designó “ilegalmente al senador Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, y adopte las medidas pertinentes para que los senadores Luis Juez y Humberto Schiavoni asuman como consejeros de la magistratura titular y suplente respectivamente, ambos por la segunda minoría y en representación del H. Senado de la Nación”.

Ante esto el magistrado entendió que atento habían iniciado acciones en otro juzgado, la dúplica de pretensiones resultaba inadmisible, razón por la cual ahora los senadores apuestan a que la Cámara revierta esta situación al considerar que “dicha decisión resulta contraria a derecho y carente por completo de fundamentación normativa, lo que la transforma en arbitraria, razones que llevan a que V.E. deba revocarla”.

Así fue que decidieron interponer recurso de apelación contra la decisión del 11 de mayo por la cual el juez resolvió rechazar la solicitud de tenerlos por parte en las actuaciones y rechazar la solicitud de ordenar ejecutar la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el presente expediente, decretando la nulidad absoluta del DPP 33/22 dictado por la Presidencia del H. Senado de la Nación que designó ilegalmente al senador Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Lourdes Marchese

Lourdes Marchese

FUENTE MDZOL.COM

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ALBERTO FERNÁNDEZ OFRECIÓ DONAR $1,6 MILLÓN PARA CERRAR LA CAUSA POR LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS EN OLIVOS

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El presidente hizo una presentación ante el fiscal Fernando Domínguez. En agosto del año pasado, había ofrecido donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán

Alberto Fernández instruyó a sus abogados para que presenten su propuesta antes de viajar a Europa.

Antes de subirse al avión rumbo a España, el presidente Alberto Fernández dio el visto bueno para buscar una salida definitiva a la causa judicial por la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos. Esta tarde, sus abogados presentaron ante el fiscal federal Fernando Domínguez una nueva propuesta: donar $1,6 millón para el sistema de salud, pudo saber Infobae de fuentes oficiales.

En agosto del año pasado, cuando estaba a punto de ser imputado por el primer fiscal de la causa, Ramiro González, el presidente ofreció donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. Representaba unos 630 mil pesos.

En ese momento, en un escrito dirigido al juez Sebastián Casanello, cuando la causa tramitaba en Comodoro Py, el Presidente también argumentó que la Fiesta en Olivos no era delito y pidió que se declare extinta la acción penal y se decrete su sobreseimiento. La estrategia fracasó: la presentación fue rechazada por el juez Lino Mirabelli.

Pasaron nueve meses. “La propuesta económica ya estaba desactualizada”, admitió hace tiempo uno de los abogados que asesora al jefe de Estado.

La donación propuesta en realidad es una reparación integral, un recurso previsto en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Primero debe ser aceptada por el fiscal y luego homologada por el juez.

El fiscal ya llegó a un acuerdo con Carolina Marafioti, la estilista de Fabiola Yañez que donó $200 mil al hospital Provincial Petrona V. de Cordero de San Fernando y terminó sobreseída. “Difícil es mensurar el daño causado en este tipo de casos a los fines de la reparación, sin embargo, si puede intentar fijarse algún criterio que permita tornar operativo el instituto, concitando los intereses en juego”, sostuvo en ese momento.

Pero luego rechazó las reparaciones ofrecidas por otros tres imputados que estuvieron en el cumpleaños de Fabiola Yañez, el 14 de julio de 2020: Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López y Fernando Consagra.

El actor y modelo Fernando Consagra, y su pareja Emmanuel López (que trabajó con la primera dama hasta octubre del año pasado), ofrecieron donar $150 mil cada uno para ser sobreseídos. En tanto, Santiago Basavilbaso, que se fue a vivir a Barcelona (España) y ahora trabaja en una cafetería, ofreció donar $220 mil para costear “varios días de internación en las unidades de terapia intensiva que han sido utilizadas en la emergencia sanitaria por la pandemia que nos ha afectado”.

En las próximas horas, esos tres imputados también harán una nueva propuesta económica para esquivar una indagatoria.

La fiesta de Fabiola Yañez ocurrió el 14 de julio de 2020. La fiesta de Fabiola Yañez ocurrió el 14 de julio de 2020.

Algo similar ocurrirá con la primera dama Fabiola Yañez, defendida por los abogados Juan Pablo Fioribello y su socio Mariano Lizardo. Según pudo saber este medio, la propuesta superaría el millón de pesos.

En su caso, la valuación sobre el monto de la reparación fue más complejo porque no cobra un sueldo del Estado. “Voy a proponer una reparación relacionada con insumos médicos”, había dicho Fioribello en diciembre pasado en una entrevista con Infobae.

Según pudo saber este medio, el abogado de Yañez estuvo reunido esta mañana con el fiscal Dominguez y logró destrabar las negociaciones que comenzaron hace varias semanas.

La presentación del Presidente aterrizó horas después en la Fiscalía y lleva la firma de Marcelo Sgro y Fabián Musso, los dos abogados defensores designados por Alberto Fernández en diciembre pasado. “La nueva propuesta consiste en el pago de una suma de $1.600.000 con destino a un establecimiento de salud pública estatal”, confirmó una fuente oficial.

Sgro es profesor adjunto regular de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA hace 23 años y socio del estudio Diaz Cantón, Sgro y Asociados. En tanto, Fabián Musso trabajó en el estudio de Righi durante muchos años y defendió a Néstor y Cristina Kirchner en la primera causa por enriquecimiento ilícito que tuvieron en Comodoro Py.

La nueva propuesta económica está ligada al precio de los respiradores. De hecho, el fiscal pidió en las últimas semanas informes para saber los costos actualizados de varios insumos contra el COVID-19.

Durante la investigación judicial se comprobó que cinco de los invitados al cumpleaños de Yañez no tenían un certificado de la aplicación CUIDAR. Es más, este medio reveló en octubre del año pasado que tres de esas personas circularon esa noche con permisos “truchos” que entregaba el intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodriguez. Uno de ellos era Sofía Pacchi, una de las mejores amigas de Yañez. Llamativamente todavía no hizo una propuesta ante la Fiscalía y quedó al borde del llamado a indagatoria.

FUENTE : INFOBAE

 

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CAUSA HOTESUR-LOS SAUCES: LA FISCALÍA PIDIÓ ANULAR LOS SOBRESEIMIENTOS DE CRISTINA KIRCHNER Y SUS HIJOS Y HACER EL JUICIO ORAL

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El planteo fue hecho por el fiscal Mario Villar, con la intención de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anule la decisión que, por dos votos a uno, tomó el Tribunal Oral Federal 5 que debía llevar adelante el juicio oral

El fiscal general Mario Villar pidió este lunes anular el sobreseimiento que favoreció a todos los implicados en la causa Los Sauces-Hotesur, encabezados por la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Para el Ministerio Público, los dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 dictaron una sentencia arbitraria al firmar los sobreseimientos y frenar el juicio oral por los delitos de lavado de dinero, dádivas y asociación ilícita. “No hay ninguna prueba nueva que habilite analizar la posibilidad de un sobreseimiento en esta etapa procesal”, sostuvo el escrito del Ministerio Público al que accedió Infobae.

Para el fiscal,”las sentencias arbitrarias enmascaran bajo la apariencia de un acto jurídico una decisión desamparada de legalidad, por ello no son sentencias, no dicen el derecho y los que las dictan no actúan como jueces, sino como voluntades subjetivas apartadas del sistema jurídico que deberían defender”. Y añadió que “en cada uno de los fundamentos” que expuso la mayoría del TOF “se percibe a simple vista que la única coherencia que poseen es su unidad de dirección hacia cerrar la causa, lo cual incluye el argumento que les permitió llevar adelante los fundamentos de fondo para intentar justificar el sobreseimiento”.

Así se sostuvo que “la solución del sobreseimiento tal como aquí nos es presentada no sólo priva al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la justicia sino que esconde a la sociedad aquello que en un debate oral y público se puede apreciar a plena luz del día, allí se podrá determinar si las imputaciones gravísimas que están en juego en esta causa son verdaderas o no, si pueden probarse más allá de toda duda razonable”. “La sociedad tiene derecho a tomar conocimiento de cuestiones que son intrínsecas a su rol de ciudadanos, responsables y comprometidos en el marco de un sistema republicano de gobierno. Este es un interés legítimo de la sociedad, que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal deben resguardar como parte de su función institucional”, se añadió. “En definitiva, no hay derecho en esta aparente sentencia, apartémosla del camino del debido proceso, que se produzca el debate”.

El escrito fue presentado ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene bajo su análisis el caso. Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa ya intervienen en otras causas que salpican a la vicepresidenta: cerraron la causa dolar futuro, validaron un planteo contra los arrepentidos de los “cuadernos” y también deberán analizar el sobreseimiento de la causa Memorándum. Por lo pronto, según indicaron a Infobae fuentes judiciales, con esta presentación de la Fiscalía sobre el fin del horario judicial del lunes, los jueces quedaron en condiciones de fijar una audiencia para escuchar a las partes.

El 26 de noviembre pasado, Cristina Kirchner, sus hijos, Máximo y Florencia, y el resto de los acusados en las causas “Hotesur” y “Los Sauces” fueron sobreseídos por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado y la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti que votó por rechazar el planteo y por avanzar hacia el juicio oral. El sobreseimiento también alcanzó a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner e hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y al contador Osvaldo Sanfelice, socio de la inmobiliaria de los Kirchner en Río Gallegos, entre otros.

En la causa “Hotesur” y “Los Sauces” -dos empresas de la familia Kirchner- se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquilar de hoteles y propiedades a los empresarios bajo la sospecha que fue una devolución de favores por los negocios públicos que obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En su resolución, Obligado y Grünberg dijeron que no hubo lavado de dinero porque los hechos comenzaron cuando para combatir ese delito había una ley más benigna que la actual y que entonces no era punible el autolavado. Rechazaron la figura de dádivas y, al analizar la hipótesis de asociación ilícita por la que habían sido acusados algunos de los imputados, los jueces señalaron que no se había “constatado mínimamente un concreto daño, o peligro, para con el orden o la tranquilidad pública” con el funcionamiento de la organización, correspondía el sobreseimiento. Su análisis estuvo centrado en”prueba novedosa” que aludía a los expedientes de la Obra Pública y la causa Oil Combustibles, hechos que -para la Fiscalía- no resultaba “novedosos para estas actuaciones, ya que incluso el objeto procesal delineado en esas investigaciones había sido valorado por los propios integrantes del TOF n° 5 para rechazar diversos planteos de las defensas de los aquí imputados”.

“El argumento del tribunal oral que niega la validez constitucional de los delitos de peligro abstracto y, por consiguiente, de la asociación ilícita como tal, no puede sino descartarse”, sostuvo el fiscal Villar en la presentación a la que accedió Infobae. A lo largo de 105 páginas, el Ministerio Público repasó los dictámenes de acusación que derivaron en los procesamientos y aseguró: “la resolución aquí cuestionada efectuó una interpretación absolutamente arbitraria de una norma federal, contenida en el Código Penal”.

El dictamen rechazó los argumentos para interpretar la aplicación de la vieja ley de lavado de dinero (”mal podía sobreseerse a los citados procesados por hechos que no se hallaban formalmente imputados conforme se desprende de los requerimientos en cuestión”, dijo), y la confusión sobre el “dinero bancarizado” y el dinero de procedencia ilegal.

Y advirtió: “Deviene razonable sostener que existen indicios suficientes para afirmar, en esta etapa del proceso sin que se haya incorporado nueva prueba que permita su reconsideración, que el dinero originado a partir de la asignación ilícita de la obra pública vial en la Provincia de Santa Cruz y de la concesión de beneficios impositivos que excedían el marco legal constituyeron, entre otros, la fuente de las ganancias ilícitas constatadas en ambos grupos empresariales”. Según resaltó, “conforme se desprende de los requerimientos de elevación a juicio, se habría cumplido con la finalidad maquillar esa entrega de dinero a la familia Kirchner, la cual no podía ser transferida directamente, sino mediante una actividad comercial de apariencia lícita declarada formalmente, tal que permitiera darle apariencia de legalidad”.

Sobre la asociación ilícita, Villar recordó que los magistrados sostienen que el delito de asociación ilícita sería “un delito de peligro concreto” que aquí no se puede aplicar. “En verdad, el primer argumento no resiste el menor análisis: si una empresa delictiva integrada por presidentes y expresidentes de la Nación, sus familiares y subordinados no afecta al orden público, entonces sería difícil imaginar que algún delito en general lo haga. Ello puesto que pocas cuestiones alteran tanto la vida pública como la comprobación, por parte de la ciudadanía, de que justamente aquellas personas que más deberían bregar por la defensa de los intereses comunitarios, (me refiero aquí a los funcionarios públicos) los ultrajen”, dijo.

A criterio del Ministerio Público, no podía interpretarse que la asociación ilícita para la causa Hotesur y Los Sauces era la misma que se investiga en el juicio oral de la Obra Pública, en donde está siendo enjuiciada la vicepresidenta y sus ex funcionarios, junto a Lázaro Báez.

“No solo la composición, sino más aún las clases de delitos cometidos en ambas asociaciones son distintas: mientras las maniobras delictivas investigadas en la causa Obra Pública sirvieron para defraudar al Estado Nacional para enriquecer ilícitamente a empresarios cercanos a las posiciones de poder y a los funcionarios que hicieron posible la adjudicación de la obra pública, mientras los hechos aquí investigados tuvieron como objetivo hacer que el dinero obtenido, aunque no sólo el proveniente de la obra pública, retornara a la familia Kirchner, bajo la modalidad de contratos de alquiler y otras formas jurídicas comerciales”, dijo.

La fiscalía también denunció que se ignoró “los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de lucha contra la corrupción y el lavados de activos”, circunstancia que puede originar la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”. “La gravedad de esta situación, sin dudas, pone en juego la fe en quienes tienen a su cargo la función judicial, comprometiendo directamente el sistema republicano de gobierno y su diseño institucional. La afectación al principio de división de poderes que deriva de que un tribunal resuelva este caso con base en su sola voluntad, sin acudir al derecho vigente, constituye otro supuesto de suma gravedad institucional. Es que, como ya hemos dicho, la resolución impugnada ha prescindido de las normas que rigen el caso, enmascarando la falta de fundamentos con apreciaciones dogmáticas. Ello implica desconocer la fuerza normativa de las leyes de alcance general que el Poder Legislativo dicta en el orden nacional”, se sostuvo.

Según la fiscalía, “la falta de certeza para sobreseer es aún más clara a poco que se repara en que el a quo (el tribunal) omitió valorar, en procura de obtener su conclusión, el resto de las probanzas obrantes en la causa que fueron evocadas con absoluta minuciosidad en los requerimientos de elevación a juicio de estas investigaciones y que justificaban la necesidad de someter al debate la hipótesis sostenida por la acusación”.

Y añadió: “Incluso no puede soslayarse que aún se hallaba pendiente de producción prueba absolutamente dirimente que había sido ordenada durante la instrucción suplementaria de las causas y que se relacionaban, entre otras cuestiones, con los peritajes contables que se estaban efectuando y que se hallaban próximos a su conclusión. Ello determina también la arbitrariedad de la sentencia por no haber valorado el sustrato probatorio de las causas de forma integral y armónica, es decir, por no honrar el deber de los jueces de valorar las pruebas de conformidad con la sana crítica racional, circunstancia que impone su descalificación como acto jurisdiccional válido por no ser una derivación racional de los hechos y del derecho vigente”.

La fiscalía entendió que el TOF 5 “no tenía habilitada la vía procesal que establece el artículo 361 del Código Procesal Penal de la Nación” que permite dictar sobreseimientos cuando el caso ya está elevado a juicio si aparece nueva prueba que demuestre la inocencia de los implicados, y “por lo tanto, no podía sino realizar el debate pertinente para avocarse al conocimiento de los hechos y de su significación jurídico penal”.

Por eso Villar reclamó anular los sobreseimientos, avanzar hacia el juicio oral y apartar de la causa de los jueces Grümberg y Obligado que firmaron esa resolución. Grümberg cumplía una subrogancia en el Tribunal Oral 5 que finalizó justo al límite del dictado de esta resolución.

Esto es lo que deberá evaluar ahora la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal: si ratifica los sobreseimientos o si avanza con el juicio oral. Para eso, deberá llamar a una audiencia a las partes. Recién después de ese trámite, quedará en condiciones de resolver.

Patricia Blanco
9 de Mayo de 2022
FOTO TAPA Cristina Kirchner, el viernes pasado, en el último acto público que encabezó en Chaco.

FUENTE INFOBAE

 

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