Sociedad
LA JUSTICIA ES REALMENTE INDEPENDIENTE DE LA POLITICA EN ARGENTINA????
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3 años agoon
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Ruben Muñoz
La Oficina Anticorrucpión dejó de ser querellante en las causas contra Cristina Kirchner y sus hijos
La decisión abarca a los casos Los Sauces y Hotesur, donde se investigaban los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia de la vicepresidenta. Crous aseguró: “la OA nunca debió haber sido querellante en este caso”.
La Oficina Anticorrupción (OA) renunció a ser querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, en donde están acusados la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia. Así se lo hizo saber por escrito la OA, que dirige el ex fiscal Félix Crous, al Tribunal Oral Federal 5 que tiene en sus manos los dos casos para llevar adelante un único juicio, indicaron fuentes judiciales.
“El titular de este organismo ha decidido desistir del rol de querellante en la presente causa. Por lo tanto, se solicita a vuestras excelencias que se aparte a esta Oficina Anticorrupción de tal carácter, oportunamente asumido”, dicen dos escritos que se presentaron, uno en la causa Los Sauces y otro en la causa Hotesur, ante el TOF 5.
La decisión de la OA tiene un fuerte impacto político. Fue esa oficina, entonces liderada por Laura Alonso, en el gobierno de Mauricio Macri, la que más impulso la causa y ahora, con el regreso del kirchnerismo al poder y el fiscal Crous al frente, la que se baja.
El rol de la acusación en la causa Los Sauces y Hotesur, no obstante, sigue en manos de la fiscalía. Hay otra querella, la Unidad de Información Financiera, que habrá que ver si siguen los pasos de la OA. El caso está hoy en manos de los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg.
“Las razones por las que yo decidí desistir de ser querellante es que la Oficina nunca debió haber sido querellante en este caso”, afirmó Crous. “No entiendo muy bien por qué razón en su momento se constituyeron como querellantes. Y creo que los tribunales se equivocaron en aceptarlos como querellantes”, dijo. Además aseguró que hay otros casos de donde podrían bajarse de constituirse como querellantes, aunque no quiso precisar cuáles. Y opinó en los procesos judiciales termina habiendo múltiples acusadores públicos contra un “defensor solitario”.
Por lo pronto, en su resolución, la OA justificó su apartamiento de las causas con que “la facultad de esta Oficina de constituirse en querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional (art. 2°, inc. e). del Decreto PEN N° 102/99), se rige por los criterios de significación institucional, económica y social que condicionan su actuación”. Y remarcó la necesidad de “concentrar los limitados recursos humanos con que cuenta el organismo a casos más complejos, que demanden particular experticia en delitos de corrupción pública y de mayor actualidad”.
También explicó que los casos ya no están en etapa de investigación y que el debido impulso de la acción penal “se encuentra adecuadamente garantizado por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero, que actúa en carácter de querellante estatal, como así también por el propio Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal pública en representación del interés general de la sociedad”.
“Es la propia UIF el organismo con autonomía y autarquía financiera a cargo del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos de origen ilícito (conf. Ley N° 25.246 y sus mod.), hipótesis delictiva que, precisamente, se ventila en las causas aludidas”, se añadió.
Según se remarcó, “no puede soslayarse que los funcionarios de mayor jerarquía y experiencia que integran la Dirección Nacional de Litigio Estratégico, se encuentran afectados a múltiples juicios orales e intervienen en numerosas causas en que esta Oficina Anticorrupción, en el marco de su competencia específica (art. 1° del Decreto PEN N° 102/99) actúa como parte querellante, situación que exige concentrar los limitados recursos humanos con que cuenta el organismo a casos más complejos, que demanden particular experticia en delitos de corrupción pública y de mayor actualidad, sumado a la imposibilidad de ampliar la planta de profesionales en virtud a las disposiciones del Decreto PEN N° 132/20 sobre ‘Restricciones en materia de designaciones y contrataciones’”.
El caso Hotesur investiga el alquiler que realizaron las empresas de Lázaro Báez de habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner. Los hoteles eran gerenciados por la firma Hotesur, y la Justicia sospecha que esos cuartos permanecieron vacíos, pero se se simularon las contrataciones como una manera de facturar y de que ingresara dinero blanco a las arcas de los Kirchner.
A criterio de los investigadores, el dinero con el que Báez pagó era en realidad una devolución por los contratos viales que recibió de obra pública en Santa Cruz -algo que está siendo juzgado ahora en el debate oral de obra pública en donde Cristina Kirchner está acusada junto a Lázaro y los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Néstor Kirchner, entre otros-.
Fue la primera causa que se abrió en la Justicia cuando Cristina Kirchner aún era presidenta, por una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer. El caso estuvo en manos del juez Claudio Bonadio hasta que fue apartado de la causa. Se le asignó al juez Daniel Rafecas, hasta que fue apartado por la Cámara Federal y el caso fue sumado a la causa por asociación ilícita que había impulsado Elisa Carrió en 2008 y estaba en manos del juez Julián Ercolini.
Después, llegó el caso Los Sauces, cuando Cristina Kirchner ya había dejado de ser presidenta. Allí se investiga una maniobra similar a la de Hotesur, pero con el el pago de alquileres de inmuebles en Puerto Madero y Río Gallegos que realizaron Báez y Cristóbal López a la firma Los Sauces, de los Kirchner. El caso también estuvo en manos del juez Bonadio y fue denunciado por Stolbizer.
“Los hechos objeto de pesquisa se vinculan con una supuesta organización delictiva que habría funcionado durante el período comprendido entre el 7 de noviembre de 2006 y el 14 de diciembre de 2016, destinada a canalizar bienes de origen ilícito provenientes de las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo a través de la sociedad “Los Sauces S.A.”, a fin de otorgarle apariencia de legalidad”, describió la OA en su escrito.
La OA anunció que también desistía de ser querellante en la parte del expediente que investiga las maniobras presuntamente delictivas vinculadas con convenios y contratos suscriptos entre un grupo de empresas hoteleras que pertenecerían a la familia Kirchner y la firma Aerolíneas Argentinas S.A. Según la denuncia, se vendían paquetes turísticos a la ciudad de El Calafate, a través de los hoteles “Los Sauces”, “Alto Calafate” y “Las Dunas”, y se hospedaba a la tripulación de la línea aérea en los hoteles de la familia Kirchner. Esa parte de la investigación todavía está en instrucción y no había pasado a la etapa de juicio oral.
La hoy vicepresidenta considera que estas dos causas son una representación del “lawfare” en su contra. Incluso, acusó a los jueces de haber enfermado a su hija Florencia por la persecución judicial en su contra. Es que los hijos de la ex presidenta integraban el directorio de las empresas. Máximo, jefe de bloque de la bancada del Frente de Todos, porque ocupaba un rol en la administración de esas firmas durante los años en que sus padres ocupaban el Ejecutivo; Florencia, en tanto, porque tras la muerte de su padre, heredó parte del paquete accionario y cobró sueldos como directora de esas sociedades. En el caso Hotesur, además, Ercolini secuestró unos 4.6 millones de dólares que estaban en cajas de seguridad a su nombre en el Banco Galicia.
Apenas se conoció la noticia, Crous justificó la decisión tomada. En declaraciones a “Radio con Vos”, el funcionario aseguró que “el término investigación es equivocado” porque “esta investigación ya terminó y está en etapa de juicio”, y añadió que la OA “tiene una capacidad genérica de intervención”.
“Nuestra misión principal no es ser querellante en los juicios. Que es la que tratamos de reservar. La pata judicial de la OA es redundante. Estamos racionalizando nuestra intervención, el Estado ya tiene muchos representantes en los juicios. Esto es una deformación que tiene muchos años, que comenzó a fines de 80 en donde el Estado empezó a superponer los roles del fiscal. Y se encuentra que el Estado esta representado por el fiscal y múltiples organismos. Y hay una defensa solitaria, que viola la igualdad de armas. No hay que contribuir más a la deformación de los procesos judiciales”, aseguró.
¿La intención es bajarse de todas las querellas? “No, hay asuntos que nos esperan especialmente porque tienen un impacto para el erario o de altísimo impacto institucional. En esos casos, nos quedaremos”, dijo, aunque cuando le preguntaron en qué casos, no quiso adelantar la respuesta porque “estamos estudiando eso”.
FOTO TAPA : NOTICAS ARGENTINAS
FUENTE : INFOBAE
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Sociedad
El bullying es “el mayor problema de la educación”
Published
1 día agoon
20 marzo, 2023By
Maru Valle
A pesar de que en los últimos años se ha hecho eco y difundido acerca de las consecuencia que trae el bullying y la importancia de la salud mental, el acoso escolar parece incrementarse con las redes sociales e incluso, como hace menos de un mes en Barcelona, sigue cobrándose vidas.
A raíz de la vuelta a clases, sumado a la triste noticia de las gemelas marplatenses que saltaron de un tercer piso tras verse denigradas en la escuela “por el simple hecho de ser argentinas” y la identidad sexual de Alana -que murió a consecuencia de la caída-, es necesario que los padres sepan de qué manera pueden ayudar a sus hijos.
En ese sentido, el psiquiatra y médico marplatense, Juan Tesone, habló con El Marplatense para abordar la problemática. En principio, explicó: “El bullying es una conducta de acoso y violencia social en el medio escolar, que puede ser continuado o potenciado por el uso de las redes sociales, a través de las cuales se hostiga a alguno de los compañeros”.
Acerca del impacto que puede generar, comentó que “depende de la personalidad” de cada uno, pero si permanece en el tiempo puede ser muy grave, incluso llevando a la “auto lesión”.
“El bullying no es necesariamente físico, también lo hay psicológico, como burlas, destrato y descalificación. A veces es acompañado de otro fenómeno asociado llamado peaje, que es la exigencia bajo amenazas para que el niño o adolescente lleve todos los días a la escuela una cierta suma de dinero para que lo dejen entrar”, sostuvo el psicólogo.
En paralelo, destacó que “no es un fenómeno exclusivamente argentino”, sino que ocurre en casi todos los países, aunque “la violencia escolar se ha incrementado” en los últimos tiempos de manera “alarmante”.
En tanto a la actuación de los padres, indicó que es necesario que tengan un diálogo con sus hijos, aún más sobre el ámbito social, y en la medida de que sea fluido, “tendrán que estar atentos a posibles cambios de conducta”, si se retraer o no quiere asistir a la escuela.
“Toda actitud de aislamiento del ámbito escolar puede significar algún tipo de sufrimiento. En medida que lo detecten, hay que trasladarlo al colegio porque la comunidad escolar es responsable de lo que pase allí y no puede desentenderse ni siquiera en el caso de que el bullying ocurra en redes sociales, ya que éste es un espacio prolongado de la misma”, expresó Tesone.
“Lo más urgente es erradicar el bullying porque no puede ir a terapia si las acciones siguen activas. La escuela puede intervenir con un trabajo de dinámica grupal que responsabilice a cada miembro del grupo, escondidos en cierto anonimato, de las consecuencias que pueden desencadenar sus actos, no bastan las sanciones disciplinarias”, argumentó.
A su vez, el experto aseguró que es uno de los mayores problemas dentro de la educación, al mismo tiempo que la segunda es la violencia que muchos estudiantes trasladan desde su hogar.
“Sucede permanentemente. Tuve pacientes que lo sufren y los ayudo luego de que el bullying haya cesado porque sino es contraproducente. Los directivos deben hacerse cargo”, concluyó.
El Marplatense
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Salud
Receta digital: por qué la implementación será lenta y existen resistencias entre los médicos
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3 semanas agoon
27 febrero, 2023By
Maru Valle
Adiós a la foto receta por WhatsApp. Desde este miércoles sólo dos documentos serán válidos para adquirir un medicamento en farmacias o droguerías de todo el país: la orden médica en papel y la receta electrónica o digital, un archivo que confecciona el médico a través de una plataforma digital, con firma electrónica certificada y una identificación única mediante código de barras o código QR.
Si bien es un paso para alcanzar la trazabilidad y fortalecer la seguridad del expendio de fármacos, hasta marzo de 2024 se tratará de un proceso paulatino que avanzará a paso lento, ya que el procedimiento para garantizar la firma certificada y otros datos clave, demorará. En una primera etapa que se extenderá por 12 meses, convivirán más de 50 apps o plataformas en las que los profesionales de la salud podrán confeccionar la prescripción electrónica.
Esto plantea un escenario poco claro para algunos médicos, que quedan librados a su propia elección personal o a la elegida por el distrito, la prepaga u obra social con la que trabajen. Esto implica que un mismo profesional se vea en la situación de utilizar tres o cuatro apps distintas para prescribir sus recetas.
Infobae participó esta mañana de una reunión en el Ministerio de Salud de la Nación con el fin de detallar el paso a paso del nuevo sistema que regirá desde el miércoles en todo el país y para toda la población, sin distinción del tipo de patología o tratamiento. Del encuentro participaron la ministra a cargo del área, Carla Vizzotti y los funcionarios encargados de implementar la nueva normativa.
Es importante destacar que la Ley 27.553 de Recetas Electrónicas fue sancionada en agosto de 2020, pero aún no fue reglamentada, es decir que falta la “letra chica” de la implementación sobre aspectos que aún no están claros. Ante la consulta de Infobae, Vizzotti aseguró que el decreto de reglamentación se publicará esta semana.
Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, explicó que la ley nacional “no se reglamentó antes porque el acto de prescripción digital (de un medicamento) forma parte de un acto médico más grande englobado en la telemedicina o la telesalud y, como en el Congreso de la Nación existían proyectos de telemedicina, la idea era esperar que saliera la reglamentación de todo el ejercicio virtual de la medicina. Como esto no ocurrió, se decidió avanzar en la reglamentación de Ley de Receta Electrónica”.
La foto receta deja de tener validez en todos los casos
Desde abril de 2020, la foto de la orden médica de papel, digitalizada por la cámara del teléfono móvil y enviada por WhatsApp o mail (denominada “foto receta”) fue autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación de manera temporaria y excepcional en el contexto del ASPO (Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio) por el COVID-19.
Sin embargo, el uso de la foto receta se prolongó en el tiempo y su utilización se extendió en todas la ciudades del país, llegando incluso a representar más de la mitad de las prescripciones en algunas zonas. En diciembre de 2022, la cartera sanitaria nacional mediante una resolución dejó sin efecto esta modalidad.
Como excepción, su uso se extendió hasta el 28 de febrero para pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos prolongados. Desde el miércoles, esta excepción queda sin efecto.
Cómo se prescribe la receta electrónica y/o digital

Las recetas digitales no se efectuarán a través de una plataforma única unificada en todo el país. En esta primera instancia, que se prolongará por un año, todas las plataformas que hoy están en uso podrán seguir utilizándose.
Según el primer relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación, en el país se utilizan unas 50 apps o plataformas para confeccionar recetas electrónicas. Cada médico puede acceder a ellas a través del sistema público de cada jurisdicción (como en la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires), de algunas obras sociales -como Pami-, las provistas por las prepagas y hasta apps gratuitas que cada médico puede descargar en internet.
En cuanto a por qué el Ministerio de Salud de la Nación no elaboró una plataforma nacional única para la confección de recetas, Vizzotti señaló que se priorizó integrar los distintos sistemas digitales que ya están en uso en lugar de diseñar uno desde cero, “se buscó construir sobre lo construido y no intentar hacer un sistema nuevo para que lo use todo el mundo, porque eso no funciona en la realidad”, apuntó la funcionaria.
El interrogante es cuál es el estatus de seguridad y protección de datos, tanto del paciente como del profesional de la salud, que ofrecen las distintas aplicaciones digitales que hoy se utilizan. “Se va a poner un plazo para que se inscriban todas las plataformas disponibles y las que no se inscriban, van quedan afuera del proceso. Mientras tanto se va a generar un conjunto mínimo de requisitos para que una vez que estén inscritas, sean evaluadas. Esos requisitos son los que se están trabajando con expertos, con las sociedades científicas y con los distintos subsectores del sistema de salud. Todo ese proceso va a ser progresivo”, señaló Vizzotti.

“Hasta el 31 de diciembre de este año se podrán inscribir las plataformas y en marzo de 2024 vamos a empezar a registrarlas y autorizarlas, mediante un sistema de fiscalización progresivo”, señaló Claudio Ortiz, subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización en Ministerio de Salud.
Cada plataforma digital debe poder validar la firma del profesional médico, la identidad del paciente, el nombre del medicamento y su dosificación. Todos estos aspectos en el primer año de implementación van a poder validarse en algunos casos y en otros no.
“El proceso de implementación en todos los países que han incorporado la receta digital es muy largo, va a llevar entre 5 y 10 años que en todo el país se pueda usar la receta electrónica”, añadió Ortiz.
Cómo se certifica la firma del médico
El objetivo de la receta electrónica es ofrecer mayor seguridad y trazabilidad, es decir poder seguir el proceso desde la prescripción hasta la venta en la farmacia. Para lograrlo, un paso indispensable es que la firma del profesional esté certificada.
Si bien cada médico tiene un número de matrícula distinto en cada jurisdicción, en la actualidad ya existe una Licencia Sanitaria Federal, un solo número que los identifica como profesional de la salud en todo el territorio nacional.

Esa licencia única se establece cada vez que un profesional se matricula en una jurisdicción y ese dato se envía al Registro Federal del Ministerio de Salud, allí se genera esa clave única de identificación, que es la Licencia Sanitaria Federal. Ese código de identificación es el que el profesional de la salud debe completar en las diferentes plataformas en las que confeccione recetas digitales. “Nadie va a tener que hacer un trámite adicional”, explicó el subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización de la cartera sanitaria nacional.
“El gobierno de las matrículas no es del Ministerio de Salud de la Nación, cada jurisdicción regula a sus profesionales y con esa información que todos los colegios profesionales proporcionan al Registro Federal, el Ministerio de Salud recaba los datos para tener todo en un único lugar. La responsabilidad de la matrícula, de la sanción y de la vigencia es de cada colegio profesional que gobierna la matrícula”, explicó Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación.
Por el momento, algunas apps para recetas digitales tienen la posibilidad de validar que sea una firma certificada perteneciente a un profesional matriculado y con Licencia Sanitaria Federal, pero no todas cuentan con este paso de seguridad. El plazo límite estipulado para que todos cumplan con este requisito es marzo de 2024.

La situación en Ciudad y Provincia de Buenos Aires
En cuanto a la posibilidad de disponer de un medicamento a través de una receta digital, desde la Ciudad de Buenos Aires, explicaron a Infobae que en CABA rige la Historia Clínica Electrónica y Receta electrónica desde hace ya 4 años. De manera que todas las prescripciones del sistema público se hacen por receta electrónica y se retiran por farmacias. Respecto a validez de la “foto receta”, la misma seguiría en vigencia para enfermos crónicos el 28 de febrero, tal como lo dispuso la cartera sanitaria nacional.
Esta mañana el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dio detalles de la implementación de la Receta Electrónica Bonaerense y dijo que en territorio bonaerense la inscripción de los médicos para dejar asentada su firma digital “es muy fácil y rápido”, pero indicó que es “presencial” porque deben “ir a mostrar la documentación” que los acredite como profesionales en un trámite similar, dijo, a “cuando uno saca la clave fiscal en la AFIP, que hay un nivel de seguridad que necesita que la persona vaya y lleve los papeles personalmente”.
Otro aspecto al que se refirió Kreplak es dónde puede utilizarse la receta digital emitida por un profesional bonaerense y dijo que si bien el sistema de receta digital “lo tienen todas las farmacias de la provincia de Buenos Aires” quienes obtengan una receta electrónica de ese distrito solo podrán comprar medicamentos en farmacias situadas en territorio bonaerense y no, por ejemplo, en Capital Federal”.
Diario Veloz
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Sociedad
El boleto estudiantil gratuito se podrá tramitar a partir del 1 de marzo
Published
3 semanas agoon
27 febrero, 2023By
Maru Valle
2.- Foto del certificado de Alumno Regular otorgado por la institución sellado y firmado. Las firmas y sellos aceptados son las del Director, Vicedirector, Inspector, Representante Legal y/o Autoridad del consejo escolar.
Las personas que tengan una tarjeta SUBE registrada a su nombre podrán cargar viajes 96 horas después de aprobada la solicitud en una terminal TAS (Terminal de Autogestión Sube) para que quede validada para todo el ciclo lectivo 2023. Además, podrán verificar el estado del trámite ingresando en el link que se envía a su mail al momento de generar la solicitud.
Aquellos que no tengan ni hayan tenido ninguna tarjeta SUBE registrada a su nombre, a los 10 días hábiles de haber finalizado y aprobado el trámite, la podrán retirar en la Dirección General de Transporte ubicada en avenida Independencia y Roca de 8.30 a 14, mostrando el mail con la leyenda “trámite finalizado” y el DNI del titular de la tarjeta en mano.
El trámite se podrá realizar hasta el 30 de junio y los estudiantes de secundario básico tendrán una suma fija de 60 boletos mensuales, los de escuelas técnicas o agrarias de 80, los de Centros de Formación Profesional, CENS o FINES de 40 y los docentes de 50 boletos al mes.
Los pases no tendrán restricciones diarias ni semanales. Podrán ser utilizados de lunes a viernes de 5 a 23.59 y los sábados de 5 a 17.59, renovándose automáticamente el primer lunes del siguiente mes.
DiezAhora
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