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LA JUSTICIA ES REALMENTE INDEPENDIENTE DE LA POLITICA EN ARGENTINA????

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La Oficina Anticorrucpión dejó de ser querellante en las causas contra Cristina Kirchner y sus hijos

La decisión abarca a los casos Los Sauces y Hotesur, donde se investigaban los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia de la vicepresidenta. Crous aseguró: “la OA nunca debió haber sido querellante en este caso”.

Cristina Kirchner sonríe: tendrá un dolor de cabeza judicial menos (Foto de archivo: Franco Fafasuli)

La Oficina Anticorrupción (OA) renunció a ser querellante en las causas Los Sauces y Hotesuren donde están acusados la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia. Así se lo hizo saber por escrito la OA, que dirige el ex fiscal Félix Crous, al Tribunal Oral Federal 5 que tiene en sus manos los dos casos para llevar adelante un único juicio, indicaron fuentes judiciales.

El titular de este organismo ha decidido desistir del rol de querellante en la presente causa. Por lo tanto, se solicita a vuestras excelencias que se aparte a esta Oficina Anticorrupción de tal carácter, oportunamente asumido”, dicen dos escritos que se presentaron, uno en la causa Los Sauces y otro en la causa Hotesur, ante el TOF 5.

La decisión de la OA tiene un fuerte impacto político. Fue esa oficina, entonces liderada por Laura Alonso, en el gobierno de Mauricio Macri, la que más impulso la causa y ahora, con el regreso del kirchnerismo al poder y el fiscal Crous al frente, la que se baja.

El rol de la acusación en la causa Los Sauces y Hotesur, no obstante, sigue en manos de la fiscalía. Hay otra querella, la Unidad de Información Financiera, que habrá que ver si siguen los pasos de la OA. El caso está hoy en manos de los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg.

“Las razones por las que yo decidí desistir de ser querellante es que la Oficina nunca debió haber sido querellante en este caso”, afirmó Crous. “No entiendo muy bien por qué razón en su momento se constituyeron como querellantes. Y creo que los tribunales se equivocaron en aceptarlos como querellantes”, dijo. Además aseguró que hay otros casos de donde podrían bajarse de constituirse como querellantes, aunque no quiso precisar cuáles. Y opinó en los procesos judiciales termina habiendo múltiples acusadores públicos contra un “defensor solitario”.

Por lo pronto, en su resolución, la OA justificó su apartamiento de las causas con que “la facultad de esta Oficina de constituirse en querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional (art. 2°, inc. e). del Decreto PEN N° 102/99), se rige por los criterios de significación institucional, económica y social que condicionan su actuación”. Y remarcó la necesidad de “concentrar los limitados recursos humanos con que cuenta el organismo a casos más complejos, que demanden particular experticia en delitos de corrupción pública y de mayor actualidad”.

También explicó que los casos ya no están en etapa de investigación y que el debido impulso de la acción penal “se encuentra adecuadamente garantizado por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero, que actúa en carácter de querellante estatal, como así también por el propio Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal pública en representación del interés general de la sociedad”.

“Es la propia UIF el organismo con autonomía y autarquía financiera a cargo del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos de origen ilícito (conf. Ley N° 25.246 y sus mod.), hipótesis delictiva que, precisamente, se ventila en las causas aludidas”, se añadió.

Según se remarcó, “no puede soslayarse que los funcionarios de mayor jerarquía y experiencia que integran la Dirección Nacional de Litigio Estratégico, se encuentran afectados a múltiples juicios orales e intervienen en numerosas causas en que esta Oficina Anticorrupción, en el marco de su competencia específica (art. 1° del Decreto PEN N° 102/99) actúa como parte querellante, situación que exige concentrar los limitados recursos humanos con que cuenta el organismo a casos más complejos, que demanden particular experticia en delitos de corrupción pública y de mayor actualidad, sumado a la imposibilidad de ampliar la planta de profesionales en virtud a las disposiciones del Decreto PEN N° 132/20 sobre ‘Restricciones en materia de designaciones y contrataciones’”.

 Hotel Alto Calafate (foto NA)

Hotel Alto Calafate (foto NA)

El caso Hotesur investiga el alquiler que realizaron las empresas de Lázaro Báez de habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner. Los hoteles eran gerenciados por la firma Hotesur, y la Justicia sospecha que esos cuartos permanecieron vacíos, pero se se simularon las contrataciones como una manera de facturar y de que ingresara dinero blanco a las arcas de los Kirchner.

A criterio de los investigadores, el dinero con el que Báez pagó era en realidad una devolución por los contratos viales que recibió de obra pública en Santa Cruz -algo que está siendo juzgado ahora en el debate oral de obra pública en donde Cristina Kirchner está acusada junto a Lázaro y los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Néstor Kirchner, entre otros-.

Fue la primera causa que se abrió en la Justicia cuando Cristina Kirchner aún era presidenta, por una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer. El caso estuvo en manos del juez Claudio Bonadio hasta que fue apartado de la causa. Se le asignó al juez Daniel Rafecas, hasta que fue apartado por la Cámara Federal y el caso fue sumado a la causa por asociación ilícita que había impulsado Elisa Carrió en 2008 y estaba en manos del juez Julián Ercolini.

Después, llegó el caso Los Sauces, cuando Cristina Kirchner ya había dejado de ser presidenta. Allí se investiga una maniobra similar a la de Hotesur, pero con el el pago de alquileres de inmuebles en Puerto Madero y Río Gallegos que realizaron Báez y Cristóbal López a la firma Los Sauces, de los Kirchner. El caso también estuvo en manos del juez Bonadio y fue denunciado por Stolbizer.

“Los hechos objeto de pesquisa se vinculan con una supuesta organización delictiva que habría funcionado durante el período comprendido entre el 7 de noviembre de 2006 y el 14 de diciembre de 2016, destinada a canalizar bienes de origen ilícito provenientes de las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo a través de la sociedad “Los Sauces S.A.”, a fin de otorgarle apariencia de legalidad”, describió la OA en su escrito.

La OA anunció que también desistía de ser querellante en la parte del expediente que investiga las maniobras presuntamente delictivas vinculadas con convenios y contratos suscriptos entre un grupo de empresas hoteleras que pertenecerían a la familia Kirchner y la firma Aerolíneas Argentinas S.A. Según la denuncia, se vendían paquetes turísticos a la ciudad de El Calafate, a través de los hoteles “Los Sauces”, “Alto Calafate” y “Las Dunas”, y se hospedaba a la tripulación de la línea aérea en los hoteles de la familia Kirchner. Esa parte de la investigación todavía está en instrucción y no había pasado a la etapa de juicio oral.

La hoy vicepresidenta considera que estas dos causas son una representación del “lawfare” en su contra. Incluso, acusó a los jueces de haber enfermado a su hija Florencia por la persecución judicial en su contra. Es que los hijos de la ex presidenta integraban el directorio de las empresas. Máximo, jefe de bloque de la bancada del Frente de Todos, porque ocupaba un rol en la administración de esas firmas durante los años en que sus padres ocupaban el Ejecutivo; Florencia, en tanto, porque tras la muerte de su padre, heredó parte del paquete accionario y cobró sueldos como directora de esas sociedades. En el caso Hotesur, además, Ercolini secuestró unos 4.6 millones de dólares que estaban en cajas de seguridad a su nombre en el Banco Galicia.

Apenas se conoció la noticia, Crous justificó la decisión tomada. En declaraciones a “Radio con Vos”, el funcionario aseguró que “el término investigación es equivocado” porque “esta investigación ya terminó y está en etapa de juicio”, y añadió que la OA “tiene una capacidad genérica de intervención”.

“Nuestra misión principal no es ser querellante en los juicios. Que es la que tratamos de reservar. La pata judicial de la OA es redundante. Estamos racionalizando nuestra intervención, el Estado ya tiene muchos representantes en los juicios. Esto es una deformación que tiene muchos años, que comenzó a fines de 80 en donde el Estado empezó a superponer los roles del fiscal. Y se encuentra que el Estado esta representado por el fiscal y múltiples organismos. Y hay una defensa solitaria, que viola la igualdad de armas. No hay que contribuir más a la deformación de los procesos judiciales”, aseguró.

¿La intención es bajarse de todas las querellas? “No, hay asuntos que nos esperan especialmente porque tienen un impacto para el erario o de altísimo impacto institucional. En esos casos, nos quedaremos”, dijo, aunque cuando le preguntaron en qué casos, no quiso adelantar la respuesta porque “estamos estudiando eso”.

FOTO TAPA : NOTICAS ARGENTINAS

FUENTE : INFOBAE

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El ingenioso método de un geriátrico de Tandil

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Una hogar para adultos mayores ideó un sistema con un panel de nylon y mangas de plástico

El Hogar Reminiscencia de Tandil utilizó un ingenioso método para permitir que los adultos mayores que residen allí puedan volver a abrazarse con sus seres queridos. A través de un sistema sin riesgo de contagio por coronavirus, los familiares pudieron visitarlos durante el inicio de esta semana.

La iniciativa se viralizó rápidamente por los medios locales y luego a través de las redes sociales. En una de las puertas se colocó un panel de nylon con mangas de plástico para que, a través de ellas, quienes visiten a los adultos mayores puedan estirar sus brazos y juntar los cuerpos.

Anahí Soulié, dueña de la residencia e ideóloga de este sistema, explicó: “Lo saqué de Internet, miré unos geriátricos en España que lo tenían y nos pusimos en campaña. Lo estudiamos bien, estuvimos dos días mirando que no entrara aire. Sabemos que estéticamente no es lindo, pero queríamos que estuviera firme, adaptándolo a la puerta”.

En diálogo con El Diario de Tandil, agregó: “Acá somos 20 personas trabajando, pasamos a ser sus familias, nos tuvimos que adaptar a ser peluqueras, manicuras y todo para dejarlas conformes. Hicimos juegos, gimnasia, pero ya los últimos días no nos querían ni ver, estaban cansadas de nosotros”.

“Para las abuelas se están haciendo muy difíciles estas últimas semanas, extrañan mucho. Un día de ellos es como si fuese un año, hay abuelas muy grandes que nos planteaban que les digamos que pasó con sus familias, porque veían que pasaban autos y gente caminando, mientras ellas no podían ver a sus hijos”, señaló.

“La tecnología para ellos es algo muy lejano. Hay abuelas de 102 años, de 98, de 80, es gente muy grande. No entienden que en un teléfono se pueda ver a la persona, a la edad que tienen van perdiendo la vista y el oído. Entonces no reconocían las voces de sus familiares por teléfono, por ejemplo”, explicó al medio local El Eco la propietaria del lugar.

Los adultos mayores pudieron ver a sus familiares a través de un vidrio (Gentileza: Portal El Toro)

Los adultos mayores pudieron ver a sus familiares a través de un vidrio (Gentileza: Portal El Toro)

Fue una manera de devolverles algo de lo mucho que nos dieron. Esto está también para los demás abuelos, me gustaría que en los otros hogares también tengan la posibilidad de compartir esto. Que vengan, que pregunten, que acá vamos a estar para contarles lo que nosotros hicimos”, destacó Soulié.

También relató: “Tengo el primer video, lo miro todos los días y es mucha emoción. Amo este trabajo, vengo contenta a mi casa. Durante estos tres meses he dejado a mi familia de lado por estar acá y no me arrepiento porque esto me da una gran satisfacción. Con mi equipo le metemos muchas ganas, porque los abuelos lo están sufriendo mucho, nosotros tenemos la posibilidad de salir pero ellos están prácticamente presos, más allá del cariño que nosotros les podamos dar”.

En cuanto a los controles médicos, la propietaria de la residencia indicó que “el Municipio está muy estricto con eso. Nosotros tenemos controles en la semana. El médico del hogar tiene que evaluar cada paciente y nosotros tenemos que mandar un mail. Todas las semanas se debe hacer eso. Se dispuso una pieza de aislamiento por cualquier cosa, por ejemplo”.

Hace algunas semanas, unos 300 establecimientos de hotelería y gastronomía de Tandil, que emplean cerca de 5.000 personas, comunicaron que no están en condiciones de pagar salarios y servicios de mayo, a raíz de la crisis generada por el COVID-19. Se difundió a través de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Bares de la ciudad bonaerense (Ahbrt), presidida por Luis Cerone, quien señaló: “Los empresarios dudamos que podamos mantener a la misma cantidad de trabajadores cuando retomemos la actividad”.

FOTO TAPA : CÑLARTIN

FUENTE : INFOBAE

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Despidos en Vialidad de la Provincia: 12 trabajadores piden ser reincorporados

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A comienzos del año 42 trabajadores recibieron el telegrama de despido, pero luego de reuniones las autoridades reincorporaron a 30. Uno de los damnificados es marplatense.

Una docena de trabajadores despedidos de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires están luchando por ser reincorporados, y entre ellos se encuentra un profesional de Mar del Plata que se encargaba de seis distritos de la zona. El conflicto se inició en febrero, cuando 42 trabajadores recibieron los telegramas de despido. Luego de reuniones, las autoridades reincorporaron a 30 personas pero aún hay 12 que, en el marco de la pandemia de coronavirus, no tienen más que incertidumbre.

“El 3 de enero de este año arrancamos mal porque despidieron de Vialidad Provincial a 13 compañeros. A partir de asambleas que pudimos hacer en nuestros lugares de trabajo decidimos hacer distintas medidas de fuerza que tenían que ver con cortes de calle e ir a los ministerios a reclamar por la reincorporación”, explicó en dialogo con Qué digital Américo Rodríguez, delegado en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Tras las movilizaciones y reuniones pudieron lograr que “el administrador y toda la gestión entendieran que los despidos eran arbitrarios porque eran compañeros y compañeras que hacían sus tareas normalmente”, relató el delegado. No obstante, la situación se agravó cuando el 5 de febrero llegaron otros 29 telegramas de despido que elevaron el total a 42 desvinculaciones.

Según explicó Rodríguez, esta situación se dio incluso previo a que finalizaran los contratos, los cuales tenían vigencia hasta el 31 de marzo.

Es por eso que se volvieron a organizar y llevaron adelante distintas acciones para visibilizar la situación en La Plata, en las que participaron trabajadores de Mar del Plata, Necochea, Azul y Bahía Blanca. Y el pasado 7 de abril lograron una reunión con la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y las autoridades bonaerenses del gremio, ante quienes los funcionarios asumieron el compromiso de reincorporar a los trabajadores. Sin embargo, al momento de efectivizar la reincorporación solamente lo hicieron con 30 de los despedidos.

En este sentido y ante la emergencia sanitaria que se vive por la pandemia del coronavirus, las y los trabajadores volvieron a organizarse para exponer esta irregularidad y pedir que se resuelva la situación del total de quienes reclaman.

“Seguimos en la lucha, con asambleas permanentes de forma virtual por el covid–19 para hacer lo posible que se restituyan los compañeros que faltan. Son monotributistas que se desempeñaron en todo el 2019, hay profesionales, obreros que hicieron su capacitación entre el 2017 -2018”, continuó.

Por último, el delegado de Vialidad de ATE resaltó que esta situación atraviesa a doce familias. “Tal es el caso del compañero de Mar del Plata, uno de los dos profesionales que hay en toda la zona que abarca entre seis y ocho distritos”, señaló Rodríguez.

FOTO TAPA: LA IZQUIERDA DIARIO

 

FUENTE _ QUE DIGITAL

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Volvió de Brasil, circuló sin permiso hasta San Luis y la embargaron por $500 mil: “Ingresó escondida en un camión”

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Así lo aseguró la fiscal Verónica Alonso, del Juzgado Correcional N°3 de Villa Mercedes. La imputada tiene 23 años. Había llegado del país carioca el 20 marzo, día que comenzó la cuarentena obligatoria, vía terrestre

Una joven de 23 años ingresó de manera ilegal a la localidad puntana de Villa Mercedes, en plena cuarentena, escondida en un camión (@MunicipalidadDeVillaMercedes)

Una joven de 23 años ingresó de manera ilegal a la localidad puntana de Villa Mercedes, en plena cuarentena, escondida en un camión (@MunicipalidadDeVillaMercedes)

Amantes furtivos, apostadores de caballos, pescadores rebeldes, novios que se extrañan, amigos con ganas de jugar un partido de fútbol o familias que se juntan a comer un asado. Las excusas para justificar la violación de la cuarentena obligatoria muchas veces resultan sorprendentes y son varios los que aún no toman conciencia de que esta desobediencia no solo implica un peligro para la propagación del virus sino que también acarrea una denuncia penal.

En la ciudad puntana de Villa Mercedes, el incumplimiento del aislamiento social por parte de una joven de 23 años que volvió al país en medio de la pandemia por coronavirus e ingresó de manera ilegal a San Luis trajo consecuencias inimaginales: un embargo por $500 mil y un pueblo que se sintió damnificado por su irresponsable accionar.

María Carolina Mauri había viajado en avión a Brasil el 14 de febrero, donde permaneció alrededor de un mes. Su modalidad de regreso, en cambio, se produjo vía terrestre a través del paso fronterizo Foz Iguazú. Según los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, la joven ingresó a las 23.58 del 20 marzo -el mismo día que empezó a regir la cuarentena- y se dirigió hacia Córdoba.

“Vino incumpliendo el DNU nacional desde Foz de Iguazú hasta Córdoba, ciudad en la que estuvo hasta el 20 de abril para después dirigirse hacia San Luis, donde también incumplió un disposición provincial. Pero como Córdoba no es nuestra jurisdicción, eso quedó fuera de mi investigación”, precisó a Infobae la fiscal Verónica Alonso del Juzgado Correcional N°3 de Villa Mercedes.

Al igual que en la Ciudad de Buenos Aires, todas las personas que vienen del exterior o pretenden radicarse por un tiempo en San Luis deben informar de su llegada y realizar un aislamiento obligatorio de 14 días en un alojamiento que es costeado por el gobierno provincial. “El protocolo consiste en pedirle un permiso al Comité de Crisis, integrado por funcionarios de Seguridad y Salud, a través de una página web oficial”, detalló la fiscal.

El camión que utilizó para ingresar a San Luis pertenece a una empresa de su familia (@MunicipalidadDeVillaMercedes)

El camión que utilizó para ingresar a San Luis pertenece a una empresa de su familia (@MunicipalidadDeVillaMercedes)

En el expediente consta que María Carolina hizo la solicitud en dos oportunidades para que le permitieran trasladarse hasta San Luis. “La primera vez le fue denegado porque ella vive en Córdoba y posee departamento allá. Lo inicia en una segunda oportunidad, el 17 de abril, tres días antes de partir. Y cuando le pidieron que informara qué la motivaba a volver, dónde permanecería después de la cuarentena y quién la traería no lo llega a completar”, reveló la funcionaria judicial.

Con un trámite a medias y sin contar con el permiso oficial, la joven se tomó un remis hasta Río Cuarto y luego -según lo que declaró en primera instancia- hizo dedo en la ruta y se subió a un camión que se dirigía hasta Villa Mercedes.

“El remis le salió 7 mil pesos y si tenemos en cuenta que de Río Cuarto hasta Villa Mercedes hay 137 km estamos hablando de aproximadamente 3 mil más. Ella dijo que paró al camión porque se había quedado sin plata pero después constatamos que se trataba de un camión que pertenece a su familia. Sin autorización, ingresó escondida en la cabina del camión y se dirigió hacia la casa de su mamá”, relató la fiscal, quien fue advertida por una denuncia que radicó un vecino.

La joven no solo fue imputada por violar la cuarentena nacional sino también por desobedecer las medidas complementarias establecidas en el decreto provincial de necesidad y urgencia 297/2020 y sus prórrogas.

La jueza Antonella Panero Magnano consideró que incumplió los artículos 205, 239 y 54 del Código Penal por “violación de medidas anti epidémicas y desobediencia a una orden emanada de funcionario público en perjuicio de la sociedad, en concurso ideal”.

Doctora Verónica Alonso, fiscal del Juzgado Correcional N°3 de Villa Mercedes que interviene en la causa

Doctora Verónica Alonso, fiscal del Juzgado Correcional N°3 de Villa Mercedes que interviene en la causa

A su vez, la Fiscalía de Estado -que actúa en este tipo de contravenciones- se presentó como particular damnificado por todos los gastos que le generó al Fisco llevar adelante este caso y pidió un embargo de 500 mil pesos, que finalmente fue aprobado por la magistrada.

“Hasta el momento, la defensa no ha apelado la medida y una vez que la sentencia quede firme se dará inicio al debate oral. Los delitos que se imputan prevén una pena de hasta dos años de prisión, por lo que sería de cumplimiento en suspenso y seguramente termine haciendo tareas comunitarias”, opinó la fiscal Alonso.

María Carolina permaneció 8 días con prisión domiciliaria, sin saber que tras darse a conocer el fallo aún faltaba lo peor. Sus vecinos la acusaron de haber impedido la apertura paulatina de la economía ya que dos días antes el gobernador había anunciado la habilitación de algunas actividades comerciales y tras el revuelo ocasionado por su caso decidió dar marcha atrás.

En San Luis, la epidemia está bastante controlada. No registra víctimas fatales desde el 20 de marzo, no posee circulación comunitaria y desde hace más de una semana no se registran nuevos infectados por COVID-19.

Esta situación generó un enorme impacto en la sociedad villamercedina. La psicosis desatada hizo que la gente comenzara a insultarla y escracharla en las redes sociales y su padre tuvo que salir a hablar para calmar los ánimos”, recordó la fiscal.

Tras conocerse la noticia, la ciudad de Villa Mercedes se revolucionó y muchos agredieron a la joven en las redes sociales (@MunicipalidadDeVillaMercedes)

Tras conocerse la noticia, la ciudad de Villa Mercedes se revolucionó y muchos agredieron a la joven en las redes sociales (@MunicipalidadDeVillaMercedes)

Si bien el nombre de la joven se mantuvo bajo estricto secreto de sumario por parte de la justicia, cuando su padre, Jorge Mauri, brindó una entrevista radial para pedirle disculpas a la comunidad, la joven cobró notoriedad pública.

“Pido disculpas a la sociedad de Villa Mercedes en nombre de mi hija por el error cometido, es lo único que puedo hacer, ella está bien, no tiene síntomas. Hace 10 días que está y la justicia sabrá lo que hace y me hago cargo. Ella es una chica de 23 años que se desesperó por ver a su familia, asumimos el error y pedimos disculpas”, dijo al ser entrevistado en FM La Bomba.

Más allá de que la imputada dio negativo en el test que le practicaron, la fiscal precisó que si llegaba a estar infectada se iba a sumar en la causa un delito aún más grave, que consiste en la propagación del virus y contempla la prisión preventiva.

“La chica vivió una verdadero odisea desde que volvió de Brasil. Acumulaba mucha carga emocional y era entendible que quisiera reencontrarse con su familia. Pero solo era cuestión de cumplir con los protocolos, nada más”, concluyó la fiscal.

FUENTE : INFOBAE

 

FOTO TAPA : EL SOL

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