En una resolución de cuatro páginas, el magistrado, además de fijar día y horario del lanzamiento, dispuso que se deberán tener en cuenta las pautas fijadas por la Cámara de Apelaciones para que se pueda realizar el procedimiento. Entre ellas se destaca que en caso de haber mal clima la medida se postergará para el viernes en la misma franja horaria.

Además, el juez autorizó que para llevar a cabo el desalojo se podrá “recurrir al uso de la fuerza pública”. Eso sí, aclaró que deberá ser “en la menor medida posible con el recaudo del debido cuidado de la integridad física de las personas que se encuentren ocupando el predio y de los bienes que allí se hallaren, respetando los principios generales de proporcionalidad y razonabilidad”.

El magistrado también dispuso que durante el operativo deberá haber presencia de asistencia médica, ambulancia, internación o trasladado de las personas. “Especialmente debe darse cuenta del estado sanitario de menores, proveyendo a su atención y derivación pertinente en caso de ser necesario,  a través de las instituciones especializadas”, aclaró.

Además durante el procedimiento deberán estar presentes funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, del servicio local de protección de derechos, Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, del organismo provincial de la Niñez y Adolescencia, de la asesoría de incapaces, de la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio del Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires  y de la Defensoría del Pueblo de la ciudad.

El conflicto comenzó el domingo 23 a la noche cuando un grupo de personas tomó los terrenos linderos al Polideportivo municipal de barrio Las Heras. Un día después, el intendente Guillermo Montenegro se refirió a la usurpación de tierras y dejó en claro la postura del municipio al afirmar que “el que toma un terreno es un delincuente”.

Ese día, el jefe comunal explicó que la toma se produce en “terrenos que son municipales, pero que además tienen una función específica para OSSE, que tiene que ver con que es un reservorio que se utiliza para los momentos de inundación”.

Por su parte, el fiscal Juan Pablo Lódola, como representante del Ministerio Público, y Montenegro, en su carácter de particular damnificado, solicitaron el “lanzamiento” de los ocupantes, término que se utiliza en el sentido de desalojo. Para justificar esa medida, el fiscal aceptó la documentación extendida por el Municipio y citó los distintos agravios con la esperanza de que la Justicia de Garantías autorizara medidas para liberar ese predio.

Sin embargo, el martes de la semana pasada, el juez Errandonea rechazó el pedido por considerar que no había un informe del riesgo de esas tierras ni tampoco un relevamiento preciso de las personas que las ocuparon, de manera que ordenó se agregue esa información para poder tomar una medida.

Cuatro días después, la Cámara de Apelaciones revocó la decisión del magistrado de primera instancia y ordenó que los terrenos sean desalojados aunque dejó en responsabilidad de Errandonea el día y la hora en que se haría el procedimiento. Este martes, el magistrado finalmente lo decidió.

FUENTE LA CAPITAL MDP

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