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LA JUSTICIA QUE MERECEMOS

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Causas Hotesur y Los Sauces: sin juicio, sobreseyeron a Cristina Elisabet Kirchner, a sus hijos y al resto de los acusados

Lo resolvió el Tribunal Oral Federal 5, ante un planteo de la vicepresidenta. Fue con el voto de dos jueces y la disidencia de la tercera magistrada, que sostuvo que debía ser enjuiciada

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sus hijos, Máximo y Florencia, y el resto de los acusados en las causas “Hotesur” y “Los Sauces” fueron sobreseídos hoy por el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py. La decisión fue tomada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado y la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti que votó por rechazar el planteo y por avanzar hacia el juicio oral.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que así se resolvió el pedido de la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, y de otros acusados de las causas. Se trata del tercer expediente en el que la vicepresidenta es sobreseída en el año de las causas que tenía elevadas a juicio oral. Antes fue desvinculada en las causas dólar futuro y la firma del memorándum con Irán.

El fallo llegó al filo de la salida de Grünberg del tribunal. El próximo martes vence su suplencia y en su lugar debe asumir otro magistrado. El tribunal se había comprometido esta semana en resolver antes de la partida de Grünberg.

El sobreseimiento también alcanza a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner e hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y al contador Osvaldo Sanfelice, socio de la inmobiliaria de los Kirchner en Río Gallegos, entre otros.

En la causa “Hotesur” y “Los Sauces” -dos empresas de la familia Kirchner- se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquilar de hoteles y propiedades a los empresarios bajo la sospecha que fue una devolución de favores por los negocios públicos que obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El voto fue dividido. Los jueces Obligado y Grünberg dijeron que no hubo lavado de dinero porque los hechos comenzaron cuando para combatir ese delito había una ley más benigna que la actual, entonces eso favorece a los imputados. Luego señalaron que cuando comenzaron los hechos no era punible el autolavado ya que por enrtonces no se castigaba a quien “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado”. Y según señalaron los jueces esa fue la imputación: que habían lavado dinero de un delito que los imputados cometieron: la entrega de negocios por parte del Estado para que los empresarios devolvieran el dinero. Al analizar la hipótesis de asociación ilícita por la que habían sido acusados algunos de los imputados, los jueces señalaron que no se había “constatado mínimamente un concreto daño, o peligro, para con el orden o la tranquilidad pública” con el funcionamiento de la organización, correspondía el sobreseimiento. También se ocuparon de analizar si se había cometido el delito de ofrecimiento de dádivas: “es claro que no puede considerarse que el delito de “ofrecimiento” de dádivas se consumó al comienzo de la presunta maniobra, puesto que, como lo reiteraron los representantes del ministerio público, esas dádivas ingresaron a la empresa Los Sauces en forma de fondos que respondían a pago de alquileres; vale decir que la figura, en todo caso, se habría consumado en este último “tramo”, con la efectiva “presentación” o “entrega” de esas dádivas/fondos”, dijeron los jueces y sobreseyeron a los imputados que estaban acusado por ese delito.

Palliotti en su disidencia señaló que: “…estoy convencida que el único ámbito para discutir la totalidad de los planteos formulados por los defensores resulta ser, inexorablemente, el debate oral, público, contradictorio y continuo, principal etapa del procedimiento penal que garantiza la inmediación entre las partes, favoreciendo la confrontación de las evidencias recabadas durante la instrucción y la adecuada discusión de los hechos, responsabilidades y encuadramientos legales, frente a un tribunal imparcial, que garantice el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales que informan el proceso penal”. Coincidió con el planteo que había el fiscal del caso Diego Velasco. Y agregó: “El tratamiento de los diversos planteos formulados por la defensa en este momento procesal, no sólo desnaturalizarían la instancia del juicio oral, sino que, además, me colocaría en la situación de tener que valorar anticipadamente –y por eso de manera impropia- el acervo probatorio recabado en la etapa de instrucción”. Sus colegas no opinaron lo mismo y por eso dictaron el sobreseimiento.

Daniel Obligado y Adrián Grünberg, los jueces que votaron por el sobreseimiento de todos los acusadosDaniel Obligado y Adrián Grünberg, los jueces que votaron por el sobreseimiento de todos los acusados

A fines de octubre, la defensa de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner pidió el sobreseimiento. Señaló, entre otros argumentos, que no hubo lavado de dinero porque la plata para pagar los alquileres estaba bancarizada y que se puede seguir su trazabilidad. Otros acusados se sumaron al pedido.

El fiscal federal Diego Velasco había dictaminado que los planteos se tenían que rechazar. Sostuvo que todavía hay prueba pendiente que se está realizando, que todo eso se debe analizar en un juicio oral porque lo contario violaría el derecho de la Fiscalía, como representante de la sociedad, a tratar todo en un proceso oral sobre un hecho grave de corrupción. También que un planteo similar ya fue tratado y rechazado por el tribunal tiempo atrás. Velasco además solicitó que se fije la fecha de inicio del juicio oral.

El fiscal había hablado de la importancia de investigar y juzgar los casos de corrupción de acuerdo con las diferentes convenciones a las que adhirió el país. Obligado y Grünberg le contestaron en el mismo acto de sobreseimiento de los imputados, entre ellos la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación: “La extensión argumental de esta decisión, el detenido tratamiento del caso en él contenido, el relevamiento jurisprudencial y doctrinario formulado y las pormenorizadas respuestas otorgadas a cada uno de los argumentos expuestos por la Fiscalía testimonian el grado de escrutinio a que han sido sometidos los planteos defensistas. Aun cuando no pueda desconocerse la trascendencia que pesa sobre las investigaciones en los delitos contra la administración pública, no es posible soslayar que su persecución debe hacerse siempre con la ley en la mano y en plena observancia del principio de igualdad que impone que todos los habitantes tengan el mismo tratamiento ante los tribunales de justicia y, por ello, que sean juzgados con los mismos derechos y garantías”.

Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo del gobierno nacional que actúa como querellante, no tomó una postura y planteó que se debe resolver el planteo de las defensas teniendo en cuenta que el lavado de dinero requiere un delito precedente que tenga sentencia firme, un guiño a la vicepresidenta, porque una nueva legislación aprobada hace años estableció que se puede condenar por lavado sin un delito previo que tenga condena.

La decisión puede ser apelada por el fiscal Velasco para que sea revisada por la Cámara Federal de Casación y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

FUENTE : INFOBAE

 

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LA JUSTICIA ARGENTINA IMPUTÓ POR TERRORISMO AL PILOTO IRANÍ DE UN AVIÓN VENEZOLANO VARADO EN BUENOS AIRES

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La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires.

FOTO TAPA : Gholamreza Ghasemi

La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.

Y agrega: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana “para delimitar el objeto procesal”.

La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

FUENTE : INFOBAE

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LA CORTE SUPREMA RECHAZARÍA LOS PLANTEOS DE CRISTINA KIRCHNER EN EL CASO DE LA OBRA PÚBLICA ENTREGADA A LÁZARO BÁEZ

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Será a pocos días de los alegatos en el juicio por los contratos concedidos al empresario en Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista. Los delitos investigados son asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Si bien no parecerá una sorpresa para quienes siguen los movimientos judiciales, la noticia tendrá impacto político apenas quede firmada. Es que la Corte Suprema de Justicia se prepara en las próximas horas para responder los planteos que hizo la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados en la causa por por la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Todos los indicios señalan que el máximo tribunal rechazaría los planteos, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

La decisión estará en manos de los integrantes del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que apenas unos días antes de que aquel juicio se iniciara, en mayo de 2019, cuando nada hacía prever que Cristina Kirchner anunciara su regreso a la fórmula presidencial y pusiera el nombre de Alberto Fernandez para el titular del Ejecutivo, solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que le remitieran el expediente para analizar las impugnaciones de los acusados. En aquel momento, se especuló con que el juicio no se iniciara y la noticia provocó revuelo. Rápidamente, la Corte devolvió el expediente y los jueces dieron inicio al debate, con Cristina Kirchner, y sentada en el banquillo de los acusados. “El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite”, dijo en aquel momento el tribunal.

Son varias las impugnaciones (ocho al menos) que la defensa de la vicepresidenta planteó contra su acusación. Entre ellos aparece un recurso de queja contra un rechazo a diversas medidas de prueba tras un informe de la Oficina Nacional de Presupuesto, el antecedente de un sobreseimiento en Santa Cruz y otro porque se le impidió un peritaje más amplio sobre las obras que tomó como base la acusación. Es que sólo se analizaron cinco de las 51 obras bajo la lupa.

La versión de que la Corte Suprema rechace los recursos de la vicepresidenta no resultará una sorpresa para su entorno. No solo porque la ex jefa de Estado está convencida que existe “lawfare” en su contra. Es que hay otros fallos sobre los que se pronunció el máximo tribunal que podían servirle de vaticinio: el 16 de diciembre de 2021, el mismo día en que declaró la inconstitucionalidad del hoy ya viejo Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por Sergio Urribarri, en la causa que investigaba el presunto desvío de fondos del ex gobernador de Entre Ríos en la campaña presidencial en 2015. El rechazo fue formal, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. En esa causa tampoco se vio un gravamen irreparable que pudiera habilitar la revisión del máximo tribunal.

Los jueces de la Corte Suprema: Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y RosenkrantzLos jueces de la Corte Suprema: Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz

La Corte Suprema tenía decidido resolver los planteos en el juicio de la obra pública antes de que el debate llegara a su final. Precisamente, ese debate entró en etapa de definiciones: los alegatos comenzarán el 11 de julio próximo. La Oficina Anticorrupción ya no será parte del debate porque la semana pasada anunció que se retiraba del proceso y por lo tanto de la eventual acusación. Al inicio de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el organismo que dirige Felix Crous ya había decidido renunciar a todas las querellas de la causas en trámite contra la Vicepresidenta y sus hijos

Este el único juicio oral que hasta el momento enfrentó la ex jefa de Estado. El debate comenzó en mayo de 2019, apenas días después de que Cristina Kirchner anunciara la formula presidencial con Alberto Fernández. Junto con la vicepresidenta están acusados otras 12 personas. Entre ellas Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz. La imputación es que desde los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz de manera irregular porque se otorgaron con sobreprecios, sin que las compañías tengan la capacidad para hacer las obras o porque cobraron la totalidad antes sin terminarlas. Se juzgan los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Después de tres años de juicio oral, el TOF a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso terminó con la ronda de testigos y fijó para el 11 de julio el inicio de los alegatos. El orden de acusaciones empezaba con la Unidad de Información Financiera y luego con la Oficina Anticorrupción -que ya se retiró- y después le tocará al fiscal Diego Luciani, que guarda bajo siete llaves los detalles de la lectura de pruebas que hará el Ministerio Público sobre el trámite de la causa. Será el momento en que se defina si la fiscalía acusa a la vicepresidenta. Los delitos en juego hacen pensar que podría pedirse una pena de entre los 5 y 16 años de prisión. Luego hablarán las defensas para rechazar las imputaciones. Se estima que el veredicto podría llegar antes de fin de año.

Quizás el momento más recordado del debate hasta ahora haya sido el día que le tocó declarar a Cristina Kirchner como imputada. Fue en diciembre de 2019, una semana antes de regresar al poder. “Este es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, dijo parándose y dando por terminada su declaración ante la mirada incrédula de los miembros del tribunal. Luciani insistió en saber si la imputada iba a responder preguntas. La ex presidenta volvió sobre sus pasos, se acercó al micrófono y respondió: ” ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”.

 

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LA CORTE SUPREMA DECLARÓ INCOMPETENTE AL JUEZ KREPLAK

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El juez federal Ernesto Kreplak fue desplazado de la intervención del Soeme y expuesto por mal desempeño de funciones, luego de que el Máximo Tribunal determinara que “excedió el marco de su competencia” y que “sus decisiones no deben proyectarse sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado”.

Declararon incompetente al juez federal Ernesto Kreplak para intervenir el Sindicato de Obreros y Empleados de Educación y Minoridad (Soeme). Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia poniendo un límite al avasallamiento y persecución sindical llevada adelante por este juez que operó como un “Kapo” colaboracionista de la “Gestapo” antisindical macrista.

De esta manera se confirma que la intervención impulsada por Ernesto Kreplak el 29 de enero del 2018 al Soeme fue un violento atentado contra la libertad sindical consagrada en la Constitución Nacional, los tratados con jerarquía constitucional y los artículos 1 a 9 de la Ley 23.551. Representó, al mismo tiempo, la neutralización de la representación de los trabajadores en las negociaciones paritarias con los distintos perjuicios que de ello se deriva. Se trató, como se expone, de un verdadero copamiento arbitrario de un sindicato por parte de un juez sin competencia en la materia.

El documento de la sentencia de la Corte Suprema indica: “En la presente causa se ha suscitado un conflicto entre una magistrada nacional ordinaria (jueza Analía Vigano del Juzgado de Tra­bajo nº 31) y un magistrado federal con asiento en una Provincia (Ernesto Kreplak) . En tanto, la primera sostuvo que las cuestiones relacionadas con la normalización de la entidad sindical son de exclusiva competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación y le solicitó al juez federal que se abstuviera de involucrarse en ellas”.

Ante el conflicto judicial y las reiteradas denuncias por parte de las integrantes de la comisión directiva desplazada del Soeme, Alicia Mercedes Velich y Mirta Susana Mariño, el máximo tribunal de Justicia determinó que “el magistrado federal debe circunscribir su actuación jurisdiccional al objeto de la pesquisa penal, de tal forma de evitar que sus decisiones se proyecten sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado”.

De este modo, se confirma que el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, abusando de su poder jurisdiccional, arremetió contra la libertad, la autonomía y la democracia sindical. Arbitrariamente decidió desconocer los mandatos establecidos de forma democrática a través del voto de los afiliados sin tomar en cuenta la reglamentación estatutaria de la propia entidad.

Diario Hoy habló esta mañana con el abogado Alejandro Belfer y destacó que el juez Kreplak cometió “prevaricato”, agregando que tampoco “va a quedar así” ya que iniciarán acciones contra el magistrado por tomar decisiones arbitrarias respecto a la intervención del sindicato SOEME.

A su vez, agregó también que la decisión está tomada y no existe ningún tipo de apelación para que se revierta la resolución tomada por la Corte Suprema.

El expediente

La causa contra el Soeme se inició por un requerimiento de la AFIP entre el 2012 y 2013, para poder disponer de toda la documentación relevante al manejo del sindicato, en el contexto de una de las tantas inspecciones que suele realizar la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Sin embargo, fue la misma AFIP la que tiempo después reconoció ante el Juzgado 3 de La Plata que encabeza Ernesto Kreplak, que no existía ningún tipo de interés fiscal, es decir que no había ninguna pretensión fiscal pendiente de satisfacción por parte de la entidad sindical (Soeme). Pese a ello, el juez optó por darle un giro a la investigación, desnudó su verdadero objetivo procesal, y direccionó la investigación de forma arbitraria y persecutoria.

Repasando el expediente que constituyó parte de la causa, el 15 de abril de 2019 la jueza laboral Analía Vigano hizo lugar al pedido de la parte actora y le solicitó al juez federal que se abstuviera “de intervenir en las controversias inherentes a la vida interna de la asociación gremial, como lo constituye en el caso la normalización de la misma mediante el llamado a elecciones de los afiliados, lo que resulta de exclusiva competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y, en su caso, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”.

Ese mismo día, el juez federal dispuso el llamado a elecciones para cargos directivos del Soeme a celebrarse el 5 de agosto siguiente, sin considerar el pedido de la jueza. El 17 de julio de 2019, ante un nuevo planteo de las actoras, la jueza laboral resolvió, con el carácter de medida cautelar, suspender las elecciones convocadas por el juez federal señalando que “este había excedido el marco de su competencia al involucrarse en ese tipo de cuestiones inherentes a la vida interna de la asociación gremial”. Pese a ello, el 5 de agosto se llevaron a cabo las elecciones.

“Y el 4 de septiembre siguiente el juez federal rechazó el planteo inhibitorio y remitió el incidente ante esta Corte, dando noticia a su par del fuero laboral, quien también remitió a este Tribunal las actuaciones que obraban en su poder”, continúa el documento.

Finalmente, ante una nueva petición efectuada por Velich y Mariño, y también por el ministerio de Trabajo de la Nación, quien sostuvo que las autoridades electas no habían podido asumir sus funciones en virtud del conflicto jurisdiccional que estaba pendiente de decisión ante la Corte, el 5 de mayo de 2020 la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decretó, con el carácter de “medida cautelar innovativa”, la intervención del sindicato y, por ende, la suspensión provisoria en el ejercicio de sus funciones de la totalidad de las autoridades electas.

Ante dichas circunstancias, la Corte determinó que “al respecto, se aprecia que el argumento que fue invocado por el juez federal para disponer la intervención del Soeme, en modo alguno pudo dar sustento a una actuación de ese magistrado que fuera más allá de tales cometidos avanzando sobre la normalización del sindicato intervenido”. Y que “claramente asistió la razón a la jueza laboral al señalar que es la autoridad administrativa del trabajo a quien compete en exclusiva el control de las asociaciones sindicales la que está legalmente facultada para adoptar medidas tendientes a la normalización de un sindicato a través de la convocatoria a elecciones”.

“En tal sentido, el magistrado federal debe circunscribir su actuación jurisdiccional al objeto de la pesquisa penal, de tal forma de evitar que sus decisiones se proyecten sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado.”, finaliza la sentencia.

Una amenaza a la libertad gremial

La maniobra de Kreplak resultó una verdadera amenaza para todas las organizaciones gremiales que se rigen por sus estatutos, elecciones internas y por el mandato soberano de sus afiliados. De no haber sido denunciado Kreplak, el caso del copamiento del Soeme habría podido ser el primero de muchos otros casos en los que un juez federal decidiera tomar un sindicato para elegir de forma autoritaria sus destinos, expulsando a las autoridades debidamente electas y designando en su reemplazo a quienes su antojo le indicara.

Este fallo reviste un inconmensurable interés institucional pues constituye un precedente que permitirá evitar futuros intentos de intervención a otros sindicatos u organizaciones gremiales pudiendo aquellas tomar el caso del Soeme como ejemplo de lo que no debe ocurrir entre la Justicia penal y la libertad sindical.

El logro obtenido para salvaguardar las libertades sindicales en el Soeme tiende a ser una victoria de toda la clase sindical argentina ante el atropello, abuso de autoridad y el desconocimiento de las normas estatutarias que rigen la actividad y el funcionamiento de un gremio por parte de un juez federal que desnudó su ignorancia y dejó expuesta su animosidad encarnizada contra el ingeniero Marcelo Balcedo, que se encuentra cada vez más cerca de recuperar la conducción del Soeme.

FUENTE : DIAROIOHOY.NET

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