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LA JUSTICIA QUE MERECEMOS

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Causas Hotesur y Los Sauces: sin juicio, sobreseyeron a Cristina Elisabet Kirchner, a sus hijos y al resto de los acusados

Lo resolvió el Tribunal Oral Federal 5, ante un planteo de la vicepresidenta. Fue con el voto de dos jueces y la disidencia de la tercera magistrada, que sostuvo que debía ser enjuiciada

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sus hijos, Máximo y Florencia, y el resto de los acusados en las causas “Hotesur” y “Los Sauces” fueron sobreseídos hoy por el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py. La decisión fue tomada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado y la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti que votó por rechazar el planteo y por avanzar hacia el juicio oral.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que así se resolvió el pedido de la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, y de otros acusados de las causas. Se trata del tercer expediente en el que la vicepresidenta es sobreseída en el año de las causas que tenía elevadas a juicio oral. Antes fue desvinculada en las causas dólar futuro y la firma del memorándum con Irán.

El fallo llegó al filo de la salida de Grünberg del tribunal. El próximo martes vence su suplencia y en su lugar debe asumir otro magistrado. El tribunal se había comprometido esta semana en resolver antes de la partida de Grünberg.

El sobreseimiento también alcanza a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner e hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y al contador Osvaldo Sanfelice, socio de la inmobiliaria de los Kirchner en Río Gallegos, entre otros.

En la causa “Hotesur” y “Los Sauces” -dos empresas de la familia Kirchner- se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquilar de hoteles y propiedades a los empresarios bajo la sospecha que fue una devolución de favores por los negocios públicos que obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El voto fue dividido. Los jueces Obligado y Grünberg dijeron que no hubo lavado de dinero porque los hechos comenzaron cuando para combatir ese delito había una ley más benigna que la actual, entonces eso favorece a los imputados. Luego señalaron que cuando comenzaron los hechos no era punible el autolavado ya que por enrtonces no se castigaba a quien “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado”. Y según señalaron los jueces esa fue la imputación: que habían lavado dinero de un delito que los imputados cometieron: la entrega de negocios por parte del Estado para que los empresarios devolvieran el dinero. Al analizar la hipótesis de asociación ilícita por la que habían sido acusados algunos de los imputados, los jueces señalaron que no se había “constatado mínimamente un concreto daño, o peligro, para con el orden o la tranquilidad pública” con el funcionamiento de la organización, correspondía el sobreseimiento. También se ocuparon de analizar si se había cometido el delito de ofrecimiento de dádivas: “es claro que no puede considerarse que el delito de “ofrecimiento” de dádivas se consumó al comienzo de la presunta maniobra, puesto que, como lo reiteraron los representantes del ministerio público, esas dádivas ingresaron a la empresa Los Sauces en forma de fondos que respondían a pago de alquileres; vale decir que la figura, en todo caso, se habría consumado en este último “tramo”, con la efectiva “presentación” o “entrega” de esas dádivas/fondos”, dijeron los jueces y sobreseyeron a los imputados que estaban acusado por ese delito.

Palliotti en su disidencia señaló que: “…estoy convencida que el único ámbito para discutir la totalidad de los planteos formulados por los defensores resulta ser, inexorablemente, el debate oral, público, contradictorio y continuo, principal etapa del procedimiento penal que garantiza la inmediación entre las partes, favoreciendo la confrontación de las evidencias recabadas durante la instrucción y la adecuada discusión de los hechos, responsabilidades y encuadramientos legales, frente a un tribunal imparcial, que garantice el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales que informan el proceso penal”. Coincidió con el planteo que había el fiscal del caso Diego Velasco. Y agregó: “El tratamiento de los diversos planteos formulados por la defensa en este momento procesal, no sólo desnaturalizarían la instancia del juicio oral, sino que, además, me colocaría en la situación de tener que valorar anticipadamente –y por eso de manera impropia- el acervo probatorio recabado en la etapa de instrucción”. Sus colegas no opinaron lo mismo y por eso dictaron el sobreseimiento.

Daniel Obligado y Adrián Grünberg, los jueces que votaron por el sobreseimiento de todos los acusadosDaniel Obligado y Adrián Grünberg, los jueces que votaron por el sobreseimiento de todos los acusados

A fines de octubre, la defensa de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner pidió el sobreseimiento. Señaló, entre otros argumentos, que no hubo lavado de dinero porque la plata para pagar los alquileres estaba bancarizada y que se puede seguir su trazabilidad. Otros acusados se sumaron al pedido.

El fiscal federal Diego Velasco había dictaminado que los planteos se tenían que rechazar. Sostuvo que todavía hay prueba pendiente que se está realizando, que todo eso se debe analizar en un juicio oral porque lo contario violaría el derecho de la Fiscalía, como representante de la sociedad, a tratar todo en un proceso oral sobre un hecho grave de corrupción. También que un planteo similar ya fue tratado y rechazado por el tribunal tiempo atrás. Velasco además solicitó que se fije la fecha de inicio del juicio oral.

El fiscal había hablado de la importancia de investigar y juzgar los casos de corrupción de acuerdo con las diferentes convenciones a las que adhirió el país. Obligado y Grünberg le contestaron en el mismo acto de sobreseimiento de los imputados, entre ellos la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación: “La extensión argumental de esta decisión, el detenido tratamiento del caso en él contenido, el relevamiento jurisprudencial y doctrinario formulado y las pormenorizadas respuestas otorgadas a cada uno de los argumentos expuestos por la Fiscalía testimonian el grado de escrutinio a que han sido sometidos los planteos defensistas. Aun cuando no pueda desconocerse la trascendencia que pesa sobre las investigaciones en los delitos contra la administración pública, no es posible soslayar que su persecución debe hacerse siempre con la ley en la mano y en plena observancia del principio de igualdad que impone que todos los habitantes tengan el mismo tratamiento ante los tribunales de justicia y, por ello, que sean juzgados con los mismos derechos y garantías”.

Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo del gobierno nacional que actúa como querellante, no tomó una postura y planteó que se debe resolver el planteo de las defensas teniendo en cuenta que el lavado de dinero requiere un delito precedente que tenga sentencia firme, un guiño a la vicepresidenta, porque una nueva legislación aprobada hace años estableció que se puede condenar por lavado sin un delito previo que tenga condena.

La decisión puede ser apelada por el fiscal Velasco para que sea revisada por la Cámara Federal de Casación y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

FUENTE : INFOBAE

 

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EL PRÍNCIPE ANDREW QUEDÓ MÁS CERCA DE SER JUZGADO POR ABUSO SEXUAL DE MENORES EN ESTADOS UNIDOS: LA JUSTICIA RECHAZÓ SU PEDIDO DE DESESTIMAR EL CASO

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El juez Lewis Kaplan despejó el camino para que el juicio se lleve a cabo en Nueva York. La denunciante es Virginia Giuffre, que tenía 17 años cuando conoció al hijo de la reina Isabel II tras ser reclutada por Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein

Un juez de Nueva York rechazó el miércoles la petición del príncipe Andrés de desestimar la denuncia de agresiones sexuales que interpuso una mujer estadounidense contra él por supuestamente haber abusado de ella en 2001, cuando tenía 17 años.

En su decisión, el juez Lewis Kaplan sostiene que la demanda del miembro de la realeza británica de desestimar la demanda civil presentada en el verano boreal de 2021 por Virginia Giuffre, una de las víctimas de los delitos sexuales del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, debe ser “denegada en todos sus aspectos”.

Giuffre asegura que el príncipe Andrés la asaltó sexualmente en la casa de Epstein en Nueva York y en su isla privada de Islas Vírgenes, en Estados Unidos, así como en la casa londinense de Ghislaine Maxwell, que fue pareja sentimental del financiero, y que se enfrenta a cadena perpetua después de que un jurado la declaró culpable recientemente de tráfico de menores con fines sexuales para su amigo del alma.

Giuffre sostiene que Epstein la prestó para tener relaciones sexuales con sus poderosos y ricos amigos, entre ellos Andrés, acusaciones que el príncipe ha negado enérgicamente en repetidas ocasiones.

Asimismo, Kaplan refuta en su escrito de 44 páginas que la demanda de Giuffre sea “ininteligible”, “vaga” o “ambigua”, como proclamaban los abogados del príncipe, ya que alega “discretos incidentes de abuso sexual en circunstancias particulares en tres lugares identificables”, así como “a quién atribuye el abuso sexual”.

Virginia Giuffre junto a su abogado afuera de la corte de Nueva York. (REUTERS/Shannon Stapleton/archivo)Virginia Giuffre junto a su abogado afuera de la corte de Nueva York. (REUTERS/Shannon Stapleton/archivo)

La defensa del príncipe enarboló un acuerdo que Giuffre firmó en 2009 con el financiero, a cambio de medio millón de dólares, para no perseguirle en justicia en el futuro ni a él ni a “otros acusados potenciales”.

El juez rechaza también este punto en su escrito, que tiene fecha del martes pero que se hizo público este miércoles.

Andrés, que no ha sido acusado penalmente, siempre ha negado las acusaciones de Virginia Giuffre, que ahora vive en Australia, donde ha formado una familia.

Giuffre salió de la sombra por primera vez en marzo de 2011, cuando contó al diario británico Daily Mail que había sido explotada sexualmente por la pareja Epstein-Maxwell, y mencionó también por primera vez al duque de York, que entonces era representante especial para el comercio internacional de Gran Bretaña, sin acusarle de agresión sexual o de violación.

Amistades peligrosas

En 2015, el príncipe tuvo que desmentir que Andrés hubiera mantenido relaciones sexuales con una mujer que aparecía anónimamente en unas diligencias judiciales. Se trataba de Virginia Giuffre.

La amistad del duque de York, de 61 años, con el financiero Jeffrey Epstein, que según Giuffre empezó en 1999 cuando los presentó Ghislaine Maxwell, está siendo un quebradero de cabeza para el segundo hijo de la reina de Inglaterra, Isabel II.

El príncipe Andrés y Virginia Giuffre (Eliot Press/The Grosby Group)
El príncipe Andrés y Virginia Giuffre (Eliot Press/The Grosby Group)

Desde las acusaciones de Giuffre, rara vez Andrés se ha mostrado en público, tras verse obligado a dejar la primera línea de la monarquía británica al no renunciar ni lograr desligarse del caso Epstein.

En Reino Unido se han difundido ampliamente una serie de fotografías que atestiguan los vínculos entre Andrés, Epstein, Maxwell y Giuffre.

Si todos los recursos de Andrés fracasan, un juicio civil podría tener lugar “entre septiembre y diciembre” próximos, adelantó en noviembre pasado el juez Kaplan.

Jeffrey Epstein, que había sido declarado culpable de pederastia por un tribunal de Florida y vio rebajada su pena por un acuerdo secreto con el fiscal del estado, se suicidó en una cárcel de Nueva York, donde aguardaba un nuevo juicio en 2019 por tráfico y abuso de menores.

(Con información de AFP)

FOTO TAPA : ZONA DE PRENSARD INICIO

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CONFIRMARON LA PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL ASESINO AL VOLANTE DE PALERMO: ASEGURÓ QUE SE “QUEDÓ DORMIDO”

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La justicia decidió que José Carlos Olaya González espere el juicio en prisión. Consideraron que actuó con “desprecio por la vida humana”.

José Olaya González tiene antecedentes por robo y encubrimiento José Olaya González tiene antecedentes por robo y encubrimiento

“Alrededor de las 8.30 conducía de manera temeraria, a mayor velocidad que la permitida y bajo los efectos de sustancias estupefacientesPudo representarse un resultado dañoso y, aun así, fue indiferente”. Esta fue parte de la acusación que esta mañana escuchó José Carlos Olaya González en la audiencia donde la justicia porteña ordenó su prisión preventiva por atropellar y matar a la ciclista Marcela Bimonte el domingo pasado en Palermo. El hombre de 32 años es el único detenido, ya que sus tres amigos, que estaban acusados de encubrimiento, fueron liberados ayer. La jueza se declaró incompetente y mandó la causa a la justicia nacional.

Luego de la declaración indagatoria de ayer en la que Olaya González rechazó hablar y responder preguntas, la fiscal Natalia Pla solicitó su prisión preventiva. Para confirmar ese pedido, se realizó esta mañana una audiencia en los juzgados ubicados en la calle Beruti al 3000 en la que estuvo presente el imputado, su abogado particular y la magistrada Patricia Larocca. Antes de finaliza la audiencia el acusado dijo unas breves palabras: “Me quedé dormido. No salí a matar. Le pido disculpas a la víctima y a su familia”. Sólo eso.

En la imputación que se leyó, la justicia hace especial hincapié en el hecho de que Olaya abandonó a las víctimas: “Invadió el cordón de la vereda, atravesó la defensa que protege la bicisenda y, sin frenar en ningún momento, embistió a las víctimas. A pesar de lo ocurrido, en clara conciencia del desprecio por la vida humana, ya que no auxilió a a quienes él mismo atropelló, tomó distintos elementos del interior del auto, se puso un sweater, cargó la mochila y se fue”.

En el expediente, al que pudo acceder Infobae de manera completa, se puede ver un croquis realizado por la justicia donde se observa la posición exacta de cada una de las víctimas al momento del hecho. Según ese documento, Marcela Bimonte, al momento de ser atropellada, se encontraba entre los últimos de la fila que circulaba por la bicisenda de Figueroa Alcorta, algunos metros por detrás de su pareja Luis Ceccato. Al igual que lo que marcan las cámaras de seguridad, en esta representación queda claro que el Focus rojo conducido por Olaya González se cruzó de carril y embistió todo lo que encontró a su paso.

La foja 7 del expediente, donde la justicia recreó el hecho La foja 7 del expediente, donde la justicia recreó el hecho

En las más de 200 fojas que conforman la causa, también están las fotografías tomadas en la camioneta Jeep donde viajaban los tres amigos de Olaya y donde se subió el principal acusado para fugarse del lugar mientras sus víctimas todavía eran atendidas sobre el asfalto. En esas imágenes se ven botellas de distintas bebidas alcohólicas como Champagne marca Baron B, Nieto Senetiner y Chandón y latas de cerveza. El conductor de ese vehículo dio positivo en el examen de alcoholemia.

En la ronda de indagatorias de ayer, los únicos que hablaron fueron dos de los tres ocupantes de esa camioneta, todos acusados de encubrimiento. Patricio Daniel Valiente (31) y Fernando Ezequiel Escobar (29) realizaron un relato de lo que sucedió desde la noche anterior.

Tal como había adelantado este medio, contaron que todo empezó en el boliche “Kapital” de San Telmo donde los cuatro amigos estuvieron hasta las 5.30 de la mañana cuando el local cerró. Sin embargo, decidieron seguir la jornada en las piletas de Parque Norte. Para eso, fueron en el Ford Focus y en la camioneta Jeep para el lado de Avellaneda. Allí, cada uno fue a su casa para agarrar las mallas.

Algunas de las botellas que se encontraron en la camioneta donde viajaban los tres amigos de Olaya Algunas de las botellas que se encontraron en la camioneta donde viajaban los tres amigos de Olaya

Siempre según la versión que brindaron en la indagatoria de ayer, luego de algunos minutos salieron los dos vehículos juntos para la Ciudad nuevamente. Los acusados de encubrimiento aseguraron que no conocen a las mujeres que iban en el Ford Focus junto a Olaya González. Se trata de dos jóvenes identificadas como Camila G. y Priscila A. que en un primero momento fueron aprehendidas pero luego liberadas.

Aseguraron también que ellos iban, como mínimo, 200 metros por delante del auto rojo y que en determinado momento miraron para atrás y no lo vieron más y por eso frenaron. Sin embargo, las cámaras de seguridad desmienten en parte esta versión. Si bien es cierto que venían por delante, la distancia es muy inferior a dos cuadras.

Escobar contó que se bajó de la camioneta y caminó para atrás hasta que se encontró con Olaya González. Ahí se dio una breve conversación. “Nos explica que había tenido un accidente, que chocó y que quería hablar con su mamá para que lo acompañe a la comisaría 4 de Avellaneda para hacer la denuncia”, declaró. Y siguió: “José me dijo que las chicas se habían quedado cuidando el auto y mi intención fue hacer eso, llevarlo a la comisaría y que se presente con su madre”.

Marcela Bimonte se dedicaba a hacerle Reiki, desinteresadamente, a enfermos terminales Marcela Bimonte se dedicaba a hacerle Reiki, desinteresadamente, a enfermos terminales

Escobar, que es marino mercante, siguió: “En ningún momento supe que había atropellado gente, y mucho menos que estábamos haciendo un abandono de persona en grave estado, ya que sabiendo eso no me hubiese ido del lugar y hubiese actuado como corresponde: llamando a la Policía”.

Luego de estas palabras la justicia decidió liberarlos aunque siguen investigados por encubrimiento y deberán presentarse en la fiscalía cada 15 días.

Po su parte, el único detenido, hijo del “Cholo” Olaya recordado descubridor y manager de la cantante Gilda, quedará alojada en la alcaidía de la comisaria comunal 6 en Avenida Avellaneda.

 

 

FOTO TAPA : CLARIN
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REACTIVAN UNA CAUSA CONTRA CRISTÓBAL LÓPEZ POR OTRO DESVÍO DE FONDOS PARA SUS EMPRESAS

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Lo acusan junto a su socio Fabián De Sousa de realizar una maniobra similar a la del caso Oil, por la que fue condenado Ricardo Echegaray

Sólo días después de que un tribunal oral condenó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por causarle un perjuicio al Estado al permitirles un lucro indebido a Cristóbal López y Fabián de Sousa, la Justicia reactivó otra investigación que podría complicar a esos empresarios.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de medidas tendientes a determinar si López y De Sousa cometieron algún delito contra las arcas públicas con el manejo de las autopistas Riccheri y Ezeiza – Cañuelas, con la supuesta complicidad del entonces titular del Órgano Contralor de las Concesiones Viales (Occovi), Gustavo Gentili.

GUSTAVO VALDÉS: “MAURICIO MACRI TODAVÍA TIENE CHANCES DE VOLVER A SER PRESIDENTE EN 2023″
Casanello adoptó esas medidas a pesar de un dictamen del fiscal Federico Delgado, quien se basó en un peritaje contable para concluir que no se había logrado verificar “mínimamente” la hipótesis delictiva y propuso el cierre de la causa.

Para Casanello, sin embargo, “la investigación luce incompleta, por lo que su cierre sería precipitado e incorrecto”, según explicó en una resolución que firmó poco antes de comenzar la feria judicial de verano, y recordó que el fiscal Delgado no solicitó el sobreseimiento de López y De Sousa. Por eso, concluyó, debía disponer nuevas medidas “para averiguar la verdad”.

Para López y De Sousa, la decisión judicial significó un traspié en sus planes. Confiaban en ser sobreseídos tras el dictamen de Delgado. Pero Casanello le ordenó a Vialidad Nacional –y en particular a su Unidad de Ética y Transparencia- que le envíe “urgente” todas sus actuaciones vinculadas desde 2009 a Aecsa, de Autopistas del Sol –en la que tenían participación accionaria los Macri- y de las firmas Sycic SA, Iecsa y Consular Consultores Argentinos Asociados SA.

Fabián de Sousa durante la conferencia de prensa luego del fallo por la Causa Oil
Fabián de Sousa durante la conferencia de prensa luego del fallo por la Causa Oil
Enrique García Medina

Cada una de esas sociedades y empresas arrastran ya serios problemas en la Justicia, con investigaciones avanzadas por presuntos casos de corrupción o delitos económicos, incluso en el Juzgado a cargo de Casanello.

Así, por ejemplo, Iecsa quedó bajo la lupa en la llamada “causa Vialidad” y en el capítulo argentino del Lava Jato por los sobornos que ejecutivos de Odebrecht le adjudicaron a sus entonces máximos responsables, Ángelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero. También, porque empleó a Laura Andino, esposa de Gentili.

Ambos, Gentili y Andino, se encuentran con procesamientos dispuestos por Casanello y confirmados por la Cámara Federal por las presuntas negociaciones incompatibles con la función pública que desarrollaron durante el kirchnerismo y por lavado del dinero que durante años recaudó la pareja a través de Consular entre las concesionarias que debía controlar.

UN AJUSTE IMPROVISADO FRENTE A LA BOMBA DE TIEMPO

La investigación sobre Aecsa, en particular, comenzó en septiembre de 2017, cuando el entonces titular de Vialidad Nacional durante el macrismo, Javier Iguacel, denunció que la empresa a cargo de la concesión de la autopista Ricchieri – Ezeiza se habría apropiado de los Recursos de Asignación Específica (RAE), por cientos de millones de pesos, para destinarlo hacia otras empresas del Grupo Indalo.

De verificarse esa operatoria, mostraría una notable semejanza con las prácticas empresariales que López y De Sousa desarrollaron en la petrolera Oil Combustibles y que fue centro del debate durante el juicio oral con el Impuesto a los Combustibles Líquidos, y que llevó a Echegaray a recibir su primera condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Desde el Grupo Indalo negaron todo ilícito en la firma Aecsa. Por el contrario, replican que el gobierno de Mauricio Macri los asfixió para apropiarse de la concesión vial, y que el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Guillermo Dietrich; y el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel; participaron de las maniobras para desarmar el holding.

Apoyado en un peritaje contable, el fiscal Delgado dejó clara su posición en relación a la denuncia contra Aecsa, en línea con las defensas. “No habría existido una apropiación indebida de los recursos retenidos para hacerlos formar parte de su patrimonio en forma irreversible, sino la contracción de deuda así asentada en los estados contables”, sostuvo.

El entramado de Gentili
Sin embargo, en vez de cerrar el expediente, Casanello decidió hurgar un poco más. Para eso, le pidió al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el fiscal Sergio Rodríguez, que le informe cuánto avanzó en su propia indagación sobre Gentili y el entramado de negocios que urdió mientras estuvo a cargo del Occovi.

Casanello también requirió copias del expediente del fuero Comercial en el que se tramita el concurso preventivo de Aecsa –trámite en el que se homologó un acuerdo de la empresa con sus acreedores-, y le pidió a la AFIP que le entregue toda la información que tenga sobre la facturación entre 2008 y 2016 de Aecsa, Iecsa, Sycic y Consular.

El magistrado también solicitó al Juzgado federal de San Luis que le entregue copias de una causa penal que instruye sobre la constructora Sycic, después que los investigadores judiciales encontraron evidencias que Gentili era uno de sus accionistas desde 2012.

Seis empleadas domésticas, tres niñeras, personal trainers y diamantes para una hija de tres años, en la lista de excentricidades de la familia de Gustavo Gentili
Seis empleadas domésticas, tres niñeras, personal trainers y diamantes para una hija de tres años, en la lista de excentricidades de la familia de Gustavo Gentili
Al procesar a Gentili, el juez Casanello consideró probado que al menos “dos grandes grupos de empresas, asociadas en UTE que se presentaron a las referidas licitaciones, contaban en sus ofertas con el aval técnico de Consular”. Es decir, del propio Gentili, aunque desde las sombras.

Así, abundó el magistrado, el corredor vial 4 quedó para el consorcio “Carreteras Centrales de Argentina”, integrado por tres empresas que luego figuraron en la causa “Cuadernos” -Corsan Corviam, Luis Losi y Lemiro Pietroboni-, y una cuarta, CCI Construcciones, cuya quiebra se declaró en 2018. Y el corredor vial 8 fue para el consorcio “Corredor Central S.A.” –formado por otras tres empresas de los “Cuadernos” –Supercemento Luciano SA, y Petersen, Thiele y Cruz, de la familia Eskenazi-, y Polan SA.

Ahora, Casanello quiere avanzar sobre la operatoria de Aecsa en sí, y sobre sus eventuales relaciones con Gentili. López y De Sousa, en tanto, también afrontan causas penales por no abonar los aportes previsionales de numerosos empleados del holding. Por ese motivo, fueron citados a indagatoria o se encuentran ya procesados en el fuero Penal Económico.

 

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