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La maquinaria política detrás de los terrenos tomados en el Conurbano y un modus operandi que se replica en todo el país

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Miles de viviendas levantadas en tierras usurpadas son construidas por cooperativas de organizaciones sociales y con fondos del Estado

FOTO : “El tema de las viviendas es así. Se toman las tierras. Si son privadas, se presiona para que los dueños, a través de la municipalidad o de la provincia, las vendan. Después pasan a manos de los que las tomaron. Ahí entran las cooperativas de las organizaciones para construir las casas. Brindan una solución rápida. Si no fuera por las cooperativas de trabajo, no sé qué pasaría”, sostiene Cecilia Galluzzo, (Franco Fafasuli)

“Las organizaciones sociales son, por un lado, parte del problema, pero por el otro, también parte de la solución”. La reflexión ante Infobae la realizó un funcionario del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que conoce al dedillo el complejo entramado que se mueve detrás de los movimientos piqueteros. La conversación tenía como eje la usurpación aún no resuelta de la toma de las 100 hectáreas en la localidad de Guernica. Algunos de estos movimientos están detrás de las tomas de tierras, o al menos fomentan las usurpaciones, pero también son de gran ayuda para los intendentes porque con sus cooperativas de trabajo levantan barrios enteros. Construyen las casas, abren calles, tiran cables de luz y hasta hacen pozos de agua. Y antesde que llegue el Estado para brindar los servicios a las familias más necesitadas”.

Se trata de una fenomenal maquinaria, que mueve millones y millones de pesos, concedidos por los gobiernos de turno para que las organizaciones sociales, a través de sus cooperativas de trabajo, lleguen a donde ellos no supieron o no pudieron llegar, y además den trabajo.

Las 52 viviendas fueron construidas por las cooperativas de la CCC. Los terrenos adquiridos por sus miembros, a la altura del kilómetro 44 de la Ruta 3, en la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza. (Prensa CCC)Las 52 viviendas fueron construidas por las cooperativas de la CCC. Los terrenos adquiridos por sus miembros, a la altura del kilómetro 44 de la Ruta 3, en la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza. (Prensa CCC)

“El tema de las viviendas es así. Se toman las tierras. Si son privadas, se presiona para que los dueños, a través de la municipalidad o de la provincia, las vendan. Después pasan a manos de los que tomaron esas tierras. Ahí entran las cooperativas de las organizaciones para construir las casas. Las cooperativas brindan una solución rápida. Si no fuera por las cooperativas de trabajo, no sé qué pasaría”, sostiene Cecilia Galluzzo, cooperativista y secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Programas Sociales, la organización que reclama ante el ministerio de Trabajo para que le otorgue personería gremial.

“En José C. Paz -recuerda Galluzzo- el barrio de viviendas sociales, llamado Lamas, se construyó así. Ese barrio es todo de los cooperativistas por un convenio que se firmó en los últimos meses de la presidencia de Néstor Kirchner y se terminó con el de Cristina Kirchner. Se firmó un acuerdo con el municipio para que ponga los terrenos y nación pagaba los materiales. La mano de obra corría por cuenta de los cooperativistas. Todo funciona muy bien hasta que la política mete la cuchara y quiere sacar una tajada. Cuando los intendentes le dan el manejo a los punteros políticos se desbanda todo”, sostiene y afirma: Detrás de las tomas están las organizaciones sociales que muchas veces están en connivencia con el poder político y todo lo que hay detrás.

Son varias las agrupaciones piqueteras, alineadas con el actual oficialismo, que están presentes a lo largo y ancho del país y que manejan miles de cooperativas de trabajo. También que son beneficiadas con entregas de alimentos y otro tipo de planes para que sean distribuidos entre los vecinos y militantes más necesitados.

Entre esas organizaciones sociales se destaca el Movimiento Evita, que tiene como sus dos principales referentes a Fernando “Chino” Navarro, actual secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, un área del organigrama de la jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero; y Emilio Pérsicosecretario de Economía Social, una dependencia del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo.

Es la organización social más importante que forma parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), estructura que se sostiene sobre tres pilares fundamentales: el mencionado Movimiento Evita, del cual también forma parte el diputado nacional Leonardo Grosso; el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que conduce Juan Grabois, y el Movimiento Popular La Dignidad, comandado por su secretario general, Rafael Klejzer, actual director de la Secretaría de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social.

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) fue una de las primera organizaciones barriales que salió a la calle para pedir “tierra, techo y trabajo”, y comenzó con la toma de tierras en La Matanza, el distrito más populoso del conurbano bonaerense y disputar con gobernadores e intendentes la propiedad de las parcelas usurpadas. Su líder indiscutido es el diputado del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, referente, además, del Partido Comunista Revolucionario (PCR).

“La regularización dominial de las tierras es parte de mi vida. El Barrio María Elena, en Gregorio de Laferrere, en La Matanza, nació de la toma de tierras privadas, pero de forma inmediata buscamos la intervención del Estado para que le comprara la tierra a los privados. Así lo hizo. Pero para eso hicimos movilizaciones porque no hay una política de Estado para resolver el problema habitacional. Eran terrenos inhóspitos, fangosos, nos metimos con carpas, sin luz, agua, ni baños. Fue doloroso. Pero lo conseguimos y los compañeros tienen sus escrituras. Las casas las fuimos auto construyendo. Nos costó mucho, pero ganamos en experiencia y ahora construimos hasta en las laderas de las montañas jujeñas. Si no dábamos batalla para quedarnos con esas tierras y construir nosotros, ahora sería Villa Elena en vez del barrio Elena”, le dice Alderete a Infobae.

En los años ’90 Alderete y el dirigente de la Federación Tierra y Vivienda y de la Agrupación Miles, Luis D’Elia, marchaban juntos en los reclamos. Así como La CCC construyó el Barrio María Elena sobre tierras usurpadas, el piquetero condenado por la toma de una comisaría hizo lo propio con el ahora Barrio El Tambo, también ubicado en La Matanza.

La CTEP, a través de la Cooperativa 20 de Diciembre también construyó de cero el Barrio San Jorge, unas 600 viviendas ubicadas en Florencio Varela. “Luego de mucho esfuerzo se logró demostrar que las cooperativas de trabajadores de la Economía Popular pueden llevar a cabo un trabajo eficiente y transparente, generando así un sistema que permite crear puestos de trabajo y a su vez realizar una obra de infraestructura con trabajo de interés social. Las organizaciones sociales proponemos esta idea cómo una posibilidad concreta de resolver los problemas laborales, sociales y de hábitat que sufren los barrios populares de nuestro país”, dijo en su momento Emilio Pérsico. Era diciembre de 2017.

El juez ordenó que el 1 de octubre se desaloje la toma de Guernica. Son 100 hectáreas ocupadas por 1904 personas. (Franco Fafasuli)El juez ordenó que el 1 de octubre se desaloje la toma de Guernica. Son 100 hectáreas ocupadas por 1904 personas. (Franco Fafasuli)

Barrios de Pie es otra de las organizaciones sociales de peso en el universo piquetero y del cooperativismo. Su coordinador nacional es Daniel Menéndez, es el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local. Menéndez es referente nacional del partido SOMOS, que lidera la titular del INADI, Victoria Donda. Junto a otros referentes sociales, estuvo presente en Gregorio de Laferrere durante la presentación del proyecto de ley del proyecto de Tierra, Techo y Trabajo que desde la Cámara Baja impulsa Alderete.

Del acto en la “Catedral Piquetera” participó Fernanda Miño, referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) y Secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

El proyecto, que cuenta con el apoyo, entre otros, de Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, propone realizar 375.000 soluciones habitacionales, generar 1.5 millones de puestos de trabajo directos y 1.5 millones de puestos de trabajo indirectos y la compra por parte del estado nacional, provincial o municipal, la adquisición de tierras privadas o la entrega de parcelas fiscales para la generación de nuevos barrios populares.

“La vivienda está en el centro de nuestra agenda. Tenemos que materializar las cuestiones pendientes y en particular en la provincia de Buenos Aires con carencias y problemas estructurales profundos”, dijo el ministro de Axel Kicillof durante la presentación del proyecto de ley apoyado por todas las organizaciones sociales.

“Esta no es una ley cualquiera, es una ley hecha por muchos que han tenido que tomar tierras para construir barrios dignos. Estos compañeros son protagonistas de ese proceso, son los humildes, son los desposeídos, son los que Evita amaba, son esos compañeros los que toman la política”, apuntó a su turno Pérsico.

En Gregorio de Laferrere, La Matanza, se presentó el proyecto de ley "Tierra, Techo y Trabajo". propone realizar 375.000 soluciones habitacionales, generar 1.5 millones de puestos de trabajo directos y 1.5 millones de puestos de trabajo indirectos y  la compra por parte del estado la adquisición de tierras privadas o la entrega de parcelas fiscales para la generación de nuevos barrios populares. (Prensa CCC)En Gregorio de Laferrere, La Matanza, se presentó el proyecto de ley “Tierra, Techo y Trabajo”. propone realizar 375.000 soluciones habitacionales, generar 1.5 millones de puestos de trabajo directos y 1.5 millones de puestos de trabajo indirectos y la compra por parte del estado la adquisición de tierras privadas o la entrega de parcelas fiscales para la generación de nuevos barrios populares. (Prensa CCC)

La presentación en sociedad del proyecto de ley coincide con el conflicto por la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires, entre ellas las 100 hectáreas de Guernica, que tiene al 1° de octubre como ultima fecha para el desalojo.

Si bien buena parte de los barrios y viviendas que construyeron en provincias como Chaco, Salta, Jujuy, o Buenos Aires, fueron sobre terrenos adquiridos por el Estado para desarrollar planes de viviendas sociales, existen otros que fueron edificados en terrenos usurpados y que, a fuerza de reclamos y cortes de calles y avenidas, llevaron a los funcionarios a “acordar” con los dueños privados de las parcelas usurpadas su compra y cesión a los tomadores, regularizando la situación mediante escrituras.

La concreción de estos propósitos -enorme solución para los que no tienen techo y gran frustración para los propietarios que ven sus campos o terrenos invadidos- es posible gracias a una maquinaria política finamente articulada entre las organizaciones sociales y los funcionarios. O al menos un punto de encuentro en el que ambas partes consiguen un rédito. De justicia social para unos y político para otros que muchas veces se traducen en votos.

“Nuestra organización ha hecho 7.200 viviendas en 18 provincias. Hemos firmado un convenio marco con el entonces presidente Néstor Kirchner para conseguir una cantidad de viviendas para nuestra gente. Para eso teníamos que llegar a acuerdos con intendentes, con gobernadores para solucionar el principal problema, dónde construir”.

-¿Y si no les daban las tierras ustedes las tomaban?

-A veces no queda otra. Pero siempre logramos la regularización de dominio. La provincia o el municipio buscaba a los dueños y les compraba las tierras. No queremos eso, por eso presentamos el proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo. Nosotros demostramos que la enorme organización de amplios sectores populares, los descartados de éste sistema perverso, no solo luchamos y nos organizamos en el barrio, también hacemos política y tenemos un programa para transformar esta Argentina.

-Y una vez conseguida las tierras, el dinero para la edificación, para pagar sueldos, para comprar materiales, ¿de dónde sale?

-De los fondos nacionales. Mire, si hablamos de tierranos referimos a un derecho legítimo. Para vivir y trabajar, y en Argentina y América Latina la tierra está en manos de unos pocos. Si hablamos de techo, plantamos la bandera en la lucha para que no haya más hacinamiento de millones de familias como vemos en los asentamientos en las villas y los barrios populares. Cuando decimos trabajo, afirmamos que las organizaciones sociales desde su nacimiento pelearon y seguirán peleando por trabajo para todos los que habitan nuestro suelo.

Las cooperativas de trabajo dan la solución que no les otorga el Estado. Construyen las casas, abren las calles. Tiran cables, dan agua potable. Una inmensa maquinaria que cuenta con la participación del Estado que suele darle la espalda. (Franco Fafasuli)Las cooperativas de trabajo dan la solución que no les otorga el Estado. Construyen las casas, abren las calles. Tiran cables, dan agua potable. Una inmensa maquinaria que cuenta con la participación del Estado que suele darle la espalda. (Franco Fafasuli)

No sólo en el conurbano bonaerense las organizaciones sociales toman tierras para después construir los barrios populares. Alderete recuerda, por ejemplo, que el ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, adquirió a los dueños las tierras que la Corriente Clasista y Combativa tomó en esa provincia, y allí, con las cooperativas de la CCC, construyeron las 420 viviendas que conforman el Barrio Finca Valdivia.

Algo similar sucedió con el Barrio Che Guevara, en San Salvador de Jujuy. Allí sucedió algo muy curioso, el que colaboró desde el Estado nacional para destrabar el conflicto por la toma de esas tierras, fue el entonces viceministro de Desarrollo Social, Sergio Berni, actual ministro de Seguridad bonaerense. La ministra del área era Alicia Kirchner y la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Alderete lo recuerda así: “Berni intercedió ante la gobernación de entonces (el peronista Eduardo Fellner) para que la gente que estaba tomando las tierras privadas, fueran trasladadas a un predio muy cercano a la toma y que eran terrenos provinciales porque los propietarios no querían vender”.

A la derecha Juan carlos Alderete en la presentación de su proyecto en "La catedral piquetera", en Gegorio de Laferrere, en La Matanza. "La regularización dominial de las tierras es parte de mi vida. El Barrio María Elena nació de la toma de tierras privadas, pero de forma inmediata buscamos la intervención del Estado para que intervenga y le compre la tierra a los privados. Así lo hizo. Pero para eso hicimos movilizaciones porque no hay una política de Estado para resolver el problema habitacional.(Prensa CCC)A la derecha Juan carlos Alderete en la presentación de su proyecto en “La catedral piquetera”, en Gegorio de Laferrere, en La Matanza. “La regularización dominial de las tierras es parte de mi vida. El Barrio María Elena nació de la toma de tierras privadas, pero de forma inmediata buscamos la intervención del Estado para que intervenga y le compre la tierra a los privados. Así lo hizo. Pero para eso hicimos movilizaciones porque no hay una política de Estado para resolver el problema habitacional.(Prensa CCC)

El dirigente social y diputado aclara que en algunos casos, la propia CCC adquiere los terrenos con dinero “de la propia organización, hacemos las viviendas y se las vendemos a los compañeros en cuotas muy accesibles. En La Matanza hicimos dos barrios así. El último fueron 52 viviendas en terrenos adquiridos por sus miembros, a la altura del kilómetro 44 de la Ruta 3, en la localidad de Virrey del Pino.

Casos similares de tomas y regularización forzosa de las tierras, estuvieron protagonizadas, por otras organizaciones sociales, como el Movimiento Evita y la CTEP aunque ellos lo nieguen. De hecho, uno de sus referentes, Juan Grabois, ya había advertido que la toma de tierras era un hecho inminente. También lo que viene detrás de las usurpaciones.

FUENTE : INFOBAE

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La Justicia rechazó el pedido para reabrir la investigación por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner

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Lo resolvió la jueza federal María Eugenia Capuchetti. De esta manera, el caso por el aumento del patrimonio del matrimonio presidencial quedó archivado

La jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió no reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Fernández de Kirchner, que había sido cerrada por sobreseimiento en 2009 por el ex juez Norberto Oyarbide.

De este modo rechazó el pedido hecho durante el gobierno de Mauricio Macri por la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se reabriera la causa por enriquecimiento ilícito contra la actual vicepresidente, que archivó en tiempo récord el entonces juez Oyarbide. Pero la UIF con las nuevas autoridades que asumieron en 2019 desistió del pedido de repertura de la causa por “cosa juzgada írrita” que había hecho la misma oficina durante el gobierno anterior.

En la resolución a la que Infobae tuvo acceso, la jueza dijo que “teniendo en consideración la trascendencia que ha adquirido el pedido de nulidad del sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner resuelto en el año 2009 por el entonces juez a cargo de este juzgado, corresponde adelantar que lo tendré por desistido en atención a las recientes presentaciones realizadas por la UIF y el Ministerio Público Fiscal (MPF) en las que afirman que no existen elementos que permitan conmover las sólidas bases sobre las cuales se asienta la cosa juzgada de aquella resolución. De esta forma, no existe impulso que permita el resurgimiento de la acción penal tal como originalmente se había requerido. Además, se ha podido establecer que se encuentra siendo juzgada en otros procesos en los que se la acusa -entre otras cuestiones- de supuestos lucros indebidos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2015, es decir un período temporal que claramente abarca lo aquí denunciado”.

En la resolución por la que se cerró el caso, Capuchetti -la única juez federal designada durante el gobierno de Macri- resumió la posición del fiscal Eduardo Taiano quien también postuló el rechazo a la reapertura de la causa. Con respecto a Taiano, la juez explicó que “en tal sentido, afirmó que la utilización de la cosa juzgada fraudulenta debe apreciarse con un criterio sumamente restrictivo y que, sin perjuicio de ello, tampoco se advertía que el mal desempeño del entonces magistrado a cargo de esta causa encuentre sustento fáctico en los elementos aunados a la presente pues entiende que, por el contrario, cada una de las medidas probatorias ordenadas dieron cuenta de que no existen motivos sustantivos para afirmar esa circunstancia. En resumen, concluyó el MPF que “hacer lugar a la nulidad impetrada y reanudar la investigación, avasallaría la garantía constitucional de la cosa juzgada y los superiores intereses que ampara, en tanto no constan elementos para afirmar que el pronunciamiento cuestionado haya sido dictado mediante fraude por parte de la judicatura o cualquier otra circunstancia indicativa de que la resolución no fuera el corolario de un debido proceso.”

El organismo antilavado durante el gobierno de Macri había solicitado que se reabra la investigación luego de que el histórico contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, declarara – en el Caso Cuadernos- que Oyarbide le encomendó que realizara una pericia irregular para justificar el crecimiento patrimonial del matrimonio investigado y poder de esa manera archivar la causa. A lo dicho por Manzanares se sumó declarado que el juez Oyarbide había sido presionado por operadores judiciales del kirchnerismo con estrechas vinculaciones con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para que sobreseer a Néstor y Cristina Kirchner. El ex juez fue sobreseído por ese hecho por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

En aquella presentación, hecha en febrero del año pasado, la UIF invocó la figura de la cosa juzgada írrita para fundar el planteo. “No hay dudas respecto a la relevancia que pueden tener las manifestaciones del contador Manzanares en orden a los hechos investigados”, señaló en su escrito la dependencia encargada de la prevención y combate del lavado de activos.

“Considera esta Unidad que se encuentran dadas las condiciones para resolver el planteo de nulidad basado en la existencia de cosa juzgada írrita. Es que cuando la investigación judicial no se condujo por su cauce natural, consecuente con la búsqueda de la verdad, sino que se dirigió a sobreseer ficticiamente a quien fue objeto de dicha pesquisa, la inmutabilidad de la cosa juzgada pierde su razón de ser para el caso particular, por cuanto la convalidación de tal situación jurídica colisiona con los principios más elementales del Estado de Derecho y la seguridad jurídica”, había dicho la UIF en la presentación hecha el año pasado y que fue desistida por las nuevas autoridades.

“Cuando la investigación judicial no se condujo por su cauce natural, consecuente con la búsqueda de la verdad, sino que se dirigió a sobreseer ficticiamente a quien fue objeto de dicha pesquisa, la inmutabilidad de la cosa juzgada pierde su razón de ser para el caso particular”, sostuvo la Unidad de Información Financiera en aquella oportunidad.

La cosa juzgada írrita es el as en la manga que tiene la Justicia para reabrir los procesos en los que se llegó a una sentencia absolutoria en forma irregular y evitar, de esta manera, que queden impunes casos de corrupción. La posibilidad de aplicar la nulidad por cosa juzgada írrita se da especialmente en los casos de investigaciones superficiales que terminan de manera rápida sin una condena para los responsables, es decir, cuando se trata de un proceso fraudulento.

La jueza María Eugenia Capuchetti (foto Adrián Escandar)La jueza María Eugenia Capuchetti (foto Adrián Escandar)

La investigación sobre el aumento de los bienes del matrimonio Kirchner se inició en julio de 2009 por una denuncia de Enrique Piragini de la ONG “A.R.I.E.L. somos todos” a raíz de notas periodísticas que daban cuenta del importante incremento patrimonial de la ex pareja presidencial correspondiente al años 2008. Tras un peritaje contable que fue cuestionadoa, en sólo cinco meses, el entonces juez Oyarbide sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner sin producir una sola prueba adicional. El estudio realizado por los peritos se hizo en tiempo récord y se basó en un sólo punto de pericia. Los profesionales contables sólo tuvieron la posibilidad de examinar algunas fotocopias y una carpeta con un estudio hecho por Manzanares, el histórico contador de los Kirchner. Manzanares está acusado en la causa Los Sauces de ser el organizador de una asociación ilícita que integraba junto con Cristina Kirchner.

Poco después de esa pericia, el contador y ex perito de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Propitkin elaboró un informe en el que señaló una serie de irregularidades en el trabajo que sirvió de base a Oyarbide para dictar el sobreseimiento de los Kirchner. Propitkin constató que los peritos no contaron con documentos originales básicos como escrituras de compra y venta de inmuebles, facturas de adquisición de automóviles, certificados de depósitos a plazo fijo, contratos y recibos de alquiler y acciones, entre otros. No pudieron revisar los movimientos las compras y gastos efectuados por la Vicepresidente ni por su familia y tampoco pudieron justificar el incremento patrimonial al verse impedidos de seguir el procedimiento adecuado para estos casos. El resultado de aquel peritaje fue cuestionado también por Eduardo Blanco quien era contador en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que era parte en el caso. Unos meses antes de aquel sobreseimiento Manuel Garrido había renunciado a la FIA y y su reemplazante, Guillermo Noailles, a pesar del informe crítico de Blanco, decidió no apelar la resolución de Oyarbide.

El ex juez Norberto OyarbideEl ex juez Norberto Oyarbide

La jueza señaló que la vicepresidenta está imputada en varios juicios orales y públicos donde se la acusa de “de sustraer y apoderarse del dinero de las arcas públicas”. La jueza se refirió a la condición de imputada de la vicepresidenta en el los casos judiciales conocidos como “Cuadernos de las coimas”, “Hotesur”, “Los Sauces” y “Obra Pública”.

Por eso explicó que en la causa que se pretendió reabrir por “cosa juzgada írrita” se estaba investigando algo similar a lo que ya está elevado a juicio oral y público: “Se observa entonces, sin perjuicio del eventual resultado al que arriben esas investigaciones y/o juicios orales, que algunas de las partes acusadoras de esos procesos se presentaron en este expediente con la finalidad solicitar que simultáneamente se reabra esta investigación con fin de determinar si Cristina Fernández de Kirchner se había enriquecido de manera ilícita durante ese mismo período. Es decir que mientras en aquellos juicios intentan probar que fue la jefa de una organización ilícita que administró fraudulentamente el erario, adjudicó de manera irregular obra pública, planificó el retorno del dinero para enriquecerse y realizó actividades de blanqueo de dinero, aquí intentaban acreditar -acción de nulidad por cosa juzgada fraudulenta mediante- que la misma persona y en idéntico período tuvo un incremento patrimonial injustificado”, dijo Capuchetti.

Luego de las posiciones de las nuevas autoridades de la UIF y de Taiano la jueza que asumió en el juzgado que dejó vacante Oyarbide en 2018 señaló que “Como se advierte de la reseña realizada, tanto de las recientes manifestaciones efectuadas por la UIF en las que desiste del remedio solicitado como así también de la opinión fundada del MPF de rechazar la pretensión original, me hacen concluir la necesidad de dar por concluido este incidente”. Y archivó la causa. El sobreseimiento sigue firme.

 

fferrer@infobae.com
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El gobierno bonaerense otorgará subsidios de 300 mil pesos por persona para desactivar Guernica y evitar nuevas tomas de tierras

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En las últimas horas, varios funcionarios del gobierno bonaerense se refirieron a la situación de la ocupación de un predio de 100 hectáreas en Guernica, partido de Presidente Perón

 

La ocupación de GuernicaLa ocupación de Guernica

. Se trata de la toma de tierra más conflictiva en la provincia de Buenos Aires, y que involucra a más de 1500 familias. Tanto el ministro de Seguridad, Sergio Berni, como la ministra de Gobierno, Teresa García, destacaron el trabajo conjunto para alcanzar un desalojo pacífico, previsto en un principio para el lunes 2 de noviembre.

En el marco de la negociación para desarticular esta ocupación, y evitar otras nuevas, sobre todo en el conurbano bonaerense, el gobernador Axel Kicillof oficializó la entrega de subsidios de 300 mil pesos por persona, por año, destinado a quienes que, por verse privadas de una vivienda digna, se encuentran en un contexto de extrema vulnerabilidad.

El programa de “Asistencia Crítica y Habitacional” será coordinado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, que dispondrá de 54 millones de pesos que podrán ser destinados para gastos de alojamientos, materiales de construcción y alimentos.

Andrés "Cuervo" Larroque, en el predio de 100 hectáreas en el partido de Presidente PerónAndrés “Cuervo” Larroque, en el predio de 100 hectáreas en el partido de Presidente Perón

“Con el objetivo de acompañar, cuidar y asistir a esos sectores más necesitados de la sociedad, y a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de grupos en riesgo social, es necesario optimizar los recursos destinados a las políticas públicas existentes, resultando de vital importancia la creación de un Programa de asistencia habitacional, con el objeto de atender a la población vulnerable de la provincia de Buenos Aires, que necesite asistencia para acceder a una vida digna, tanto en materia alimentaria como habitacional”, dispone el decreto 938/2020, publicado ayer en el Boletín Oficial.

Los subsidios podrán ser otorgados por un periodo máximo de tres meses y, si la situación de vulnerabilidad social del beneficiario así lo amerita, podrá ser prorrogado por única vez durante tres meses más.

“En el marco del escenario crítico que atraviesa la Provincia por la emergencia provocada por el Coronavirus (COVID-19) y la demanda creciente de diversos actores en concordancia con la competencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y los objetivos del Gobierno Provincial, se impulsa el presente Programa de Asistencia Crítica Habitacional, que tiene por objeto otorgar subsidios de hasta la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) mensuales por el termino de tres (3) meses, prorrogables por tres (3) meses más”, se detalla de manera oficial.

Ayer, con relación a la situación de Guernica, Berni aseguró que “Larroque trabaja todo el día para lograr un desalojo pacífico en Guernica, pero nosotros vamos a cumplir lo que diga el juez. Vamos a garantizar el derecho a la propiedad en Buenos Aires”. “Si no se llega a un acuerdo, calculo que el lunes 2 de noviembre se hará el desalojo en Guernica, salvo que el juez vuelva a cambiar la fecha. Pero por lo que hablé con el fiscal no habría otra propuesta para aplazar la fecha”, agregó.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof (Maximiliano Luna)El gobernador bonaerense, Axel Kicillof (Maximiliano Luna)

Según el funcionario provincial, durante el mes de octubre se desarticularon más de 100 tomas y, en declaraciones radiales, apuntó contra la CTEP, la organización cuyo referente es Juan Grabois: “Hay gente de esa organización que tiene participación en tomas de la provincia de Buenos Aires”.

En el caso de la toma de Guernica, además del subsidio de 50 mil pesos, el gobierno bonaerense propuso la reubicación de las familias y el traslado de manera definitiva a lotes que estarán disponibles en un plazo de entre cuatro y seis meses. Según se informó, se trata de lotes “escriturables, con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados, contarán con dos servicios (luz y agua) y serán adjudicados prioritariamente a las mujeres de los grupos familiares”.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, por su lado, destacó que “se trabaja en el diálogo y el consenso con medidas para las familias establecidas en el predio” ocupado desde julio pasado. En una conferencia de prensa ayer en la Gobernación bonaerense, el funcionario aseguró que el Gobierno trabaja en “soluciones parciales”, aunque reconoció que “hay un núcleo duro minoritario con el que se sigue trabajando y, cuando la justicia lo determine, se avanzará con el desalojo”, aseguró.

Los terrenos reclamados por sus propietarios, unas 100 hectáreas, fueron ocupados en julio pasado por familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.

Tras la denuncia ante la Justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A., el juez de Garantías de La Plata Martín Rizzo ordenó el desalojo del predio, decisión que fue postergada en dos oportunidades a pedido del Gobierno provincial, y que tiene nueva fecha límite de concreción el próximo viernes.

No es una linea de subsidios generalizada, sino que tenemos que disponer de instrumentos que nos permitan responder a situaciones de extrema vulnerabilidad; no es una política generalizada, no se ofrece”, informó Larroque en diálogo con TN.

La decisión del gobierno bonaerense generó el rechazo de dirigentes de la oposición. “50.000 pesos a cada usurpador de Guernica. 0 pesos para subsidiar jardines maternales e infantes. 0 pesos para los pequeños comercios que apenas subsisten. Kicillof, ¿para cuándo una para el lado del laburante?”, afirmó el intendente de Vicente López, Jorge Macri, a través de las redes sociales.

Y agregó: “El que labura cierra y el que usurpa hace negocio. La provincia no es inviable, pero así la hacen invivible!”.

FUENTE INFOBAE

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LA FALTA DE AUTOCRÍTICA QUE ESCONDE EL VERDADERO PLAN

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Estalló la economía, todos los cálculos que el gobierno hizo sobre los alcances de la pandemia fueron equivocados y sin embargo, parados en el incendio monetario y de salud, el presidente y su equipo nos miran con cara de «yo no fui».

Si Mauricio Macri hizo todo mal y dejó un país quebrado poco tiene que ver con la disparada del dólar, el estallido de un plan que nunca existió y la contundente muestra de pérdida de confianza que la sociedad dedica a un gobierno que ya al estallar la pandemia venía demostrando no tener muy en claro que era lo que había que hacer con la economía.

Aquel «no creo en los planes económicos» del presidente no fue otra cosa que la puesta en claro de que la improvisación le había ganado a la planificación y que todos estábamos a expensas de lo que el destino resolviese que tenía que pasar.

Y el destino resolvió...vaya si resolvió.

Y lo hizo con la circunstancia tan trágica como novedosa de un virus y con la ya tradicional y reiterada de los argentinos corriendo a refugiarse en el dólar como cada vez que perciben que todo lo que se comunica desde el gobierno es mentira y que ella está más vinculada a la impotencia y la incapacidad que al deseo perverso (y estúpido) de que las cosas vayan mal.

Mientras esta explosión se gestaba, el presidente y su extravagante «gobierno de científicos» no paraba de equivocarse en el diagnóstico y tratamiento de la crisis sanitaria. Todo mal encarado, peor diagnosticado y con consecuencias funestas para el país: primero mundialmente en la relación de contagios por millón de habitantes y ahora también en el de muertes por la infección.

Todo bajo el paraguas de un oficialismo dividido y disparatado en el que una agenda sólo útil a los intereses de alguno de sus miembros ganaba el centro de la escena mientras quedaba al costado del camino lo que ciertamente importaba a la sociedad. Al mismo tiempo que a todos nos ganaba una duda que servía además para alimentar la crisis y la desconfianza: ¿es realmente Alberto quién gobierna?.

Más allá de las ñoñas desmentidas, supuestos sarcasmos y caritas despreciativas de los dirigentes del oficialismo, todos en Balcarce 50 saben que la duda está clavada en el corazón de la sociedad y que con ella no se puede seguir mucho tiempo más. No sé puede, sin correr el riesgo de que la doble crisis se convierta en triple y lo que entre en un tirabuzón imparable sea la misma institucionalidad.

Y el primer paso para evitar la catástrofe -de la que ya se puede hablar sin que pueda colgarse a quien lo hace el sayo de alarmista o desestabilizante- sería una autocrítica del presidente y su gobierno acerca de los errores cometidos.

Porque algo falló del «no plan» económico y también salió mal en la mirada que se posó sobre la pandemia, su tratamiento, el tiempo de aislamiento y la comparación con otros países de la tierra a los que llegamos a poner como el ejemplo a no seguir y hoy han dejado atrás la crisis, con menos muertos y  con menos daño económico. Pero Alberto Fernández parece elegir el silencio, pasar por alto la necesidad ciudadana de una explicación y seguir adelante como si todos los errores fuesen imputables a una mano invisible a la que, a lo sumo, gusta definir como «la oposición».

La vieja costumbre de simplificar todo en un culpable y un pretexto parece no alcanzar ya para zafar de los propios errores. Máxime cuando en el propio espacio ya asoman quienes trabajan en la sucesión y se disponen a ser impiadosos  con aquel al que en su momento fueron a buscar para esconder tras su figura el rechazo de la sociedad a algunas posturas que ahora vuelven a aparecer explícitas y sin disimulo.

Y mientras Alberto calla, evade la realidad y espera que por arte de magia el virus y la inestabilidad abandonen el escenario, las usurpaciones, las tomas, los manotazos a la justicia, el intento de controlar a los medios, la persecución al mérito como motor del avance social y la protección de la marginalidad como un tesoro a cuidar, sostener y multiplicar ocupan el centro de la escena generando un enfrentamiento que, hoy conceptual y acerca del país que queremos, se acerca peligrosamente a un choque violento entre los que tienen y los que , apoyados desde el gobierno, quieren quedarse con todo ello.

Algo que seguramente un «me equivoqué» no va a resolver pero sería señal suficiente de que la vocación es hacer las cosas bien y no buscar la explosión para avanzar luego en la apropiación.

Un pequeño gesto para una gran causa.

 

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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