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La Oficina Anticorrupción dejará de ser querellante en todas las causas penales por “falta de personal”

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El titular de ese organismo, Félix Crous, firmó una resolución. En los expedientes que ya están en juicio, la OA se mantendrá hasta que termine la recepción de la prueba o haya sentencia.

FOTO : Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción

Falta de personal. Con esa simple excusa, el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, justificó un anuncio que venía madurando desde su llegada al organismo: la OA dejará de ser querellante en todas las causas penales. Eso incluye todos los expedientes de corrupción de la gestión kirchnerista. El retiro no será inmediato en todos los casos. En los expedientes que ya están en juicio, la OA se mantendrá hasta que termine la recepción de la prueba o haya sentencia, dice una resolución a la que tuvo acceso Infobae.

“Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”, explica esa disposición.

En el caso de la “ruta del dinero K”, donde ya se concretaron los alegatos de las querellas, la OA se mantendría hasta la sentencia. Distinto es el caso del juicio de Vialidad, donde restan decenas de testigos.

Llamativamente, Crous se apoya en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menciona “indicios de politización y falta de neutralidad de la Procuración General de la Nación” durante la gestión de Alejandra Gils Carbó. La ex procuradora puso a disposición varios funcionarios para la nueva gestión de la OA.

La OCDE cuestionó la gestión de Gils Carbó (Adrián Escándar)La OCDE cuestionó la gestión de Gils Carbó (Adrián Escándar)

En mayo, la OA dejó de ser querellante en el juicio unificado por las causas de Hotesur y Los Saucestodavía sin fecha de comienzo y donde están acusados la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus dos hijos, y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros. El anuncio impulsó un duro comunicado firmado por los referentes Juntos por el Cambio. También hubo una denuncia penal firmada por los legisladores Jorge Enríquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y el radical Álvaro de Lamadrid.

Pese a los cuestionamientos, el titular de la OA adelantó en ese momento que el organismo también renunciaría a otras querellas. El proceso se viene dando, en cuentagotas, en diferentes expedientes.

Crous argumentó falta de personal y “limitaciones presupuestarias” para mantener las querellas. “Un análisis preliminar de la situación ha permitido comprobar que los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia”, dice la resolución con fecha de este lunes.

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Según el funcionario elegido por Alberto Fernández, “la dotación de la OA sufrió una merma de 42 bajas, y durante el mismo período sólo se produjeron 19 incorporaciones”. “A esas bajas se suma la situación generada por la promoción, durante la actual gestión, de cuatro agentes pertenecientes a la planta del organismo a cargos de Alta Dirección Pública de la estructura organizativa, que generaron a la vez nuevas vacantes en la planta de profesionales cuya cobertura no acompaña automáticamente a las bajas por promoción”, agrega la resolución.

“Crous viene vaciando el organismo para justificar esta decisión. Es responsable de echar gente y de no renovar decenas de contratos de los abogados de la OA”, dicen en Cambiemos.

Para justificar su decisión, el titular de la OA también argumentó que el Estado seguirá representando en los expedientes a través de los fiscales. “La oficina cumple funciones que en buena medida se superponen con las específicas del Ministerio Público Fiscal, especialmente su órgano especializado en la materia, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (art. 25 de la ley 27.148), circunstancia reconocida ya en la ley de creación (ley 25.233)”, dice uno de los párrafos de la resolución.

Crous argumentó que ahora se destinarán los recursos a las investigaciones. ¿Qué hizo la OA en los primeros seis meses de gestión? “Se han emprendido numerosas acciones y desarrollos —varios de ellos coordinados con otras instancias ejecutivas del Estado—, iniciando contactos institucionales a nivel federal, realizando y respondiendo consultas, y manteniendo encuentros con organizaciones de la sociedad civil, tanto como con las que reúnen a sujetos obligados por la normativa de cumplimiento y con colegios profesionales”, fue la respuesta que expuso el funcionario en su informe de gestión.

Las escasas denuncias presentadas en estos meses solo apuntan a la gestión de Cambiemos. El viernes último, la OA denunció a los ex ministros de Salud Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, y a la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley por las vacunas que se habrían vencido y fueron “encontradas” en un galpón. Esa presentación quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello.

npizzi@infobae.com
FUENTE INFOBAE

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Mañana se reinicia el juicio contra Cristina Kirchner por la obra pública: certezas y expectativas de cara al tercer año de proceso

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Todavía restan declarar 98 testigos, entre ellos el presidente Alberto Fernández, cuya declaración no tiene fecha pero no será en lo inmediato. Las razones por las que este año no habrá veredicto en el caso en el que también se juzga a Julio De Vio, Lázaro Báez y José López

FOTO : Cristina Kichner y su abogado, Alberto Beraldi, en la primera audiencia del juicio oral en mayo de 2019

El juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez se reanudará mañana y entrará en su tercer año de proceso. Lo hará con certezas y expectativas ante un año que tendrá el voltaje de ser electoral.

El Tribunal Oral Federal 2 reiniciará mañana a las 9.30 por videoconferencia las audiencias. Está prevista la declaración de dos testigos del área de auditoria de Vialidad Nacional. Son dos de los 100 que restan que den su testimonio. Con ese panorama las fuentes consultadas por Infobae coincidieron que este año no habrá veredicto. Más allá que muchos de esos testigos se puedan desistir, como ocurrió el año pasado, la parte final del juicio con los alegatos será extensa. Una certeza: todos aseguran que en 2021 el juicio no terminará.

Sobre los testigos también están puestas las expectativas. Entre los que faltan hay empresarios de la obra pública -algunos son arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción-, los peritos de la Corte Suprema de Justicia que concluyeron que en las obras hubo corrupción y también algunos políticos relevantes. El más importante es el presidente Alberto Fernández, propuesto por la defensa de Cristina Kirchner.

“En lo inmediato no va a ser citado. Pero no se puede descartar que sea este año”, le dijo a Infobae una fuente que conoce cómo el tribunal oral piensa su agenda sobre el momento en el que puede declarar el jefe de Estado. Todo dependerá de cómo se desarrolle el juicio que como todo proceso oral tiene su dinámica y sus imponderables, por lo que es es difícil fijarle un calendario de largo plazo. Por ejemplo, un testigo que debía declarar el lunes informó el viernes que tiene coronavirus y no podrá asistir.

A eso se le suma el calendario de las elecciones legislativas, un contexto que a los jueces federales no se les pasa por alto. Y la agenda 2021 del propio tribunal oral que tras la finalización de la feria judicial comenzó a organizarla con los otros juicios que tiene. Uno de ellos es al falso abogado Marcelo D´Alessio por el caso de extorsión conocido como “Traficante”. El inicio de ese proceso no se puede demorar mucho más porque el acusado está detenido y se vence su prisión preventiva. En esa revisión de la agenda -en la que el 90 por ciento de los jueces de los tribunales orales federales integra dos-, por ahora las audiencias de la obra pública están fijadas para los lunes y los martes.

El presidente Alberto Fernández, uno de los testigos del juicioEl presidente Alberto Fernández, uno de los testigos del juicio

Fernández defendió públicamente a Cristina Kirchner por este juicio. “Ercolini dice que Cristina es responsable de mandar los presupuestos de obra pública de Santa Cruz y de promulgar la Ley de Presupuesto donde se aprobaron. ¿Qué delito es ese?”dijo en junio de 2019, un mes después del comienzo del juicio y cuando ya era candidato. Julián Ercolini es el juez federal que procesó y envió a juicio a la vicepresidente en este caso.

Sobre la declaración del Presidente hay otra expectativa: ¿lo hará personalmente ante los jueces para contestar las preguntas de todas las partes o por escrito, tal como el Código Procesal Penal de la Nación se lo permite por su cargo? En Comodoro Py empezaron los análisis políticos y las especulaciones con los pro y los contra de ambos escenarios.

Cristina Kirchner, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el ex funcionario de Planificación y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y otros siete imputados -ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz- están siendo juzgados desde el 21 de mayo del 2019. La acusación es por los delitos asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.

Se juzgan las presuntas irregularidades -sobreprecios, rutas no terminas, ampliaciones de presupuesto, empresas sin la capacidad operativa para los trabajos, etc.- en la concesión de 51 obras públicas para la provincia de Santa Cruz que durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las sociedades de Báez, que se convirtió en empresario con la llegada del kirchnerismo al poder nacional.

El juicio que está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso -el fiscal es Diego Luciani-, que aceptaron la declaración de 184 testigos, de los que ya declararon 41 y otros 36 fueron desistidos durante el transcurso del juicio porque las partes entendieron que ya no eran necesarios. Quedan 98. Y hay otros nueve que están siendo investigados por el mismo hecho y resta esperar a que se defina su situación para saber si pueden declarar como testigos.

Desde que los testigos comenzaron a declarar -fue en diciembre de 2019- el tribunal dispuso que se hagan por bloques de temas. Así ya pasaron los denunciantes, como los ex diputados opositores Juan Carlos Morán, Margarita Stolbizer y Mariana Zuvic; ex funcionarios y diputados que trabajaron en la elaboración y aprobación de los presupuestos de las obras públicas; empleados del Ministerio de Planificación; y del área de auditoria de Vialidad Nacional.

Desde agosto del año pasado el proceso se hace por videoconferenciaDesde agosto del año pasado el proceso se hace por videoconferencia

Entre los que restan se destacan tres bloques por el impacto que sus testimonios pueden tener para el juicio y también político. Uno es el de Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Sergio Massa, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. Todos los ex jefes de Gabinete cuyos testimonios fueron pedidos por las defensas de la vicepresidenta, De Vido y Báez. También está convocado el ex secretario de Legal y Técnica y actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

Los jefes de Gabinete fueron citados porque son los encargados de la ejecución de los presupuestos y de las reasignaciones de las partidas para las obras públicas. Y esas medidas se tomaron para las obras de Báez. Cuando Cristina Kirchner declaró en el juicio, el 2 de diciembre de 2019 a una semana de asumir, lo nombró a Alberto Fernández. “En el año 1994 se introduce la figura del jefe de Gabinete, el responsable de la ejecución del presupuesto, sin embargo acá no está citado ningún jefe de Gabinete y no digo que tengan que estar acá. El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el Presidente o Presidenta de la Nación. Si es así, van a tener que citar al Presidente de la República, que fue jefe de Gabinete de 2003 a 2008dijo la vicepresidenta.

Cuando Alberto Fernández fue aceptado como testigo -el 3 de septiembre de 2018- no había sido proclamado todavía como candidato a presidente del Frente de Todos -siquiera era una especulación- ni CFK como vice. Con su triunfo en las elecciones de 2019 el juicio recibió como protagonistas al Presidente y a la Vicepresidenta.

El Código Procesal Penal de la Nación establece en su artículo 250 que “no estarán obligados a comparecer” al juicio como testigos “el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales y provinciales”, entre otros. Pero si quieren ir al tribunal pueden hacerlo. Esas personas pueden declarar por escrito -el tribunal les envía las preguntas- o “en su residencia oficial”, hasta donde irán los jueces. Esa disposición alcanza a Alberto Fernández, al gobernador de Chaco Capitanich y a Massa como presidente de la Cámara de Diputados, quiénes deberán informar su decisión cuando sean citados.

El segundo bloque es el de los empresarios. Hay muchos nombres de relieve. Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Chediak y Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri. Wagner fue uno de los primeros arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción. El tercer bloque es de los peritos de la Corte Suprema que realizaron el informe que concluyó que en las obras hubo sobreprecios. Para las defensas de los acusados tienen un especial interés en su testimonio. Objetan fuertemente su trabajo porque, entre otros aspectos, solo analizaron cinco de los 51 obras. Eso fue por decisión del tribunal que estableció que peritar todas llevaría demasiado tiempo y que unos ejemplos abarcaban el universo.

El empresario Angelo CalcaterraEl empresario Angelo Calcaterra

Desde agosto del año pasado el juicio se hace por videoconferencia por la pandemia del coronavirus. Los jueces y los testigos en una sala de Comodoro Py y la Fiscalía y las defensas por la plataforma Zoom. Los abogados pidieron y el tribunal aceptó que aquellos testigos que consideran más importantes se los deje para cuando termine la crisis sanitaria y pueden estar todos en tribunales. Así se postergó la declaración de Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional durante el macrismo que presentó en 2016 la denuncia que dio inicio a la causa, o Rafael Llorens, uno de los funcionarios de Planificación más cercanos a De Vido.

Sobre el juicio sobrevuela la figura de la Corte Suprema. El máximo tribunal tiene desde 2018 planteos de Cristina Kirchner para que el juicio se cierre y que, según lo que resuelva, y si lo hace, podría afectar el futuro del proceso a pesar que ya lleva tres años. La defensa de la vicepresidenta, a cargo de Alberto Beraldi, objeta que la causa ya se investigó en Santa Cruz y se desestimó cualquier acusación, que el peritaje fue parcial sobre solo cinco obras, que no se hizo lugar a todas las pruebas que la defensa pidió y de la actuación de un perito, entre otros puntos.

Por lo pronto el juicio se reanuda mañana con la declaración de Leonardo Durante y Jésica Caballero, de la auditoria de Vialidad Nacional. No es el único juicio oral contra Cristina Kirchner. La vicepresidenta tiene otros cuatro: “Hotesur” y “Los Sauces”, la firma del memorándum con Irán, dólar futuro y cuadernos de la corrupción. Ninguno empezó ni tiene fecha para hacerlo. Hay alguna expectativa de que este año se fije el inicio de alguno de ellos.

mangulo@infobae.com
FUENTE : INFOBAE

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Qué dice el primer informe de la autopsia sobre el cuerpo de Patricio Farcuh, el último dueño de OCA

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El informe preliminar confirma que el empresario murió por una falla severa en el corazón, tal como había adelantado Infobae. El cuerpo fue encontrado en la puerta del baño y luego intentaron reanimarlo

“Insuficiencia cardíaca aguda”. El informe preliminar de la autopsia que recibió la fiscal Mariana Albisu es breve pero contundente sobre la causa de la muerte del empresario Patricio Farcuh, que tenía apenas 43 años: tuvo una falla severa en el corazón y no hubo forma de reanimarlo. Sin embargo, la fiscal esperará las pericias complementarias, que pueden tardar varios días.

“Tuvo una falla en el corazón. El resultado preliminar a la autopsia coincide con las circunstancias y con los testimonios recogidos en el lugar”, dijo a Infobae una fuente de la investigación.

En 2013 dio el gran salto en su carrera al convertirse en propietario de OCA, uno de los mayores correos privados y de servicios logísticos de Latinoamérica, del cual fue presidente y CEO hasta febrero del 2019, cuando fue apartado de la firma poco antes de que se decretara su quiebra.

Según las fuentes consultadas, Farcuh se desplomó al piso minutos antes de las 20 del sábado pasado. A esa hora, en su casa solo estaban sus hijos, menores de edad, y personal doméstico.

El empresario fue encontrado en la puerta del baño y luego fue trasladado hasta su cama, donde personal del barrio privado intentó reanimarlo, según consta en el expediente judicial.

Patricio Farcuh, presidente de OCAPatricio Farcuh, presidente de OCA

Farcuh se recibió de contador público en la Universidad de Buenos Aires, fue Doctor Honoris Causa de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de esa misma casa de estudios y tenía un Master en Administración de Empresas por el IAE Business School, de la Universidad Austral.

Cuando cumplió 33 años, cofundó el Grupo RHUO (Recursos Humanos Organizados), mediante el cual agrupó varias compañías y, entre otras actividades, organizó congresos, convenciones y sesiones privadas entre empresas y oradores internacionales de renombre. Previamente, había desarrollado una serie de startups de servicios generales y luego formó una serie de emprendimientos dedicados a selección de ejecutivos, la búsquedas de profesionales, el desarrollo de talentos, el marketing y la logística.

Al momento de su muerte, la situación económica personal del empresario evidenciaba dificultades.

Aunque en principio no había dudas sobre las causas de su fallecimiento, la fiscal ordenó una autopsia en la Morgue de La Plata. El informe preliminar habla de una “insuficiencia cardíaca aguda”, que se produce cuando el músculo del corazón no bombea sangre como debería hacerlo. No hay marcas en el cuerpo por lo que los investigadores por ahora descartan otra circunstancia aunque esperarán el resultado de las muestras de laboratorio.

Durante ese tiempo, Farcuh protagonizó duros enfrentamientos con el líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, a quien acusó de querer quedarse con la firma de correo, y recibió una denuncia de la AFIP por supuestos desvíos millonarios y malversación de fondos de su compañía entre 2016 y 2018.

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Incluso se llegó a conocer una filmación interna de la empresa, en la que se ve cómo el líder sindical y un puñado de dirigentes camioneros echaron al empresario de su oficina para luego impedirle el ingresoEse material fue aportado por el propio Farcuh a la Justicia, en el marco de una causa en la que se lo investigaba por el no pago de aportes patronales, por la apropiación de las retenciones del impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado, por montos millonarios.

Posteriormente, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) abrió una causa en su contra por supuestos desvíos millonarios y malversación de fondos de su compañía entre 2016 y 2018.

Los lazos entre Moyano y Farcuh siempre estuvieron bajo sospecha, incluso después de que el empresario declarara ante la Justicia que el sindicalista le había “tomado” su compañía para vaciarla y firmar contratos con firmas vinculadas al Sindicato de Camioneros.

“No sé porque dicen que es mi testaferro”, declaró Farcuh en 2018, durante una entrevista con el periodista Luis Majul en A24.

FUENTE : INFOBAE

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La Cámara de Casación decidió que Ricardo Jaime debe continuar detenido

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El ex secretario de Transporte del kirchnerismo había pedido prisión domiciliaria para cuidar a su madre

La Sala de Feria de la Cámara Nacional Federal de Casación decidió esta tarde rechazar el pedido de prisión domiciliaria presentado por Ricardo Jaime, quien argumentó que debía cuidar a su madre nonagenaria.

Los jueces Mariano Borinsky y Daniel Petrone fallaron en contra del pedido que había hecho el ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner ante el Tribunal Oral Federal 6 -que juzga a Jaime por enriquecimiento ilícito- en los últimos días del año 2020. La fiscal del juicio que acusa a Jaime, Gabriel baigún, había dictaminado en favor de la prisión domiciliaria del ex funcionario. Jaime apeló ante la Casación que esta tarde resolvió que el primer ex funcionario kirchnerista en haber admitido cobrar coimas, debe seguir detenido en la cárcel de Ezeiza.

A mediados de diciembre Jaime había pedido salir de prisión para cuidar a su madre María Margarita Silvestre, quien tiene 90 años y un frágil estado de salud. El argumento era que por entonces su hermano Roberto René estaba muy enfermo. Ese pedido había sido rechazado por el TOF 6. Días después del rechazo el hermano de Jaime falleció, entonces el ex funcionario presentó un nuevo pedido debido a lo sucedido. También fue rechazado. El principal argumento de Jaime era que su madre necesitaba su asistencia.

Con su voto de hoy, los jueces Borinsky y Petrone respaldaron lo decidido en diciembre por Julio Panelo, Fernando Canero y José Martínez Sobrino, integrantes del TOF 6. Allí se lo acusa a Jaime por cuatro hechos de corrupción cometidos entre 2003 y 2009 cuando manejó los negocios oscuros en la secretaría de Transporte.

Según explicaron en Casación, Borinsky y Petrone sostuvieron que el fallo del TOF 6 “se encontraba suficientemente fundado tanto en la ley aplicable como en las circunstancias particulares del caso”. Y que “la defensa del ex funcionario Jaime no lograba demostrar la arbitrariedad alegada y que las circunstancias oportunamente valoradas por Casación Federal al revisar los anteriores rechazos de excarcelación y arresto domiciliario solicitados en favor de Jaime, no habían variado de manera sustancial en la actualidad”. Los jueces de la Sala de Feria de Casación señalaron que “la defensa del ex funcionario Jaime no lograba demostrar la arbitrariedad alegada y que las circunstancias oportunamente valoradas por Casación Federal al revisar los anteriores rechazos de excarcelación y arresto domiciliario solicitados en favor de Jaime, no habían variado de manera sustancial en la actualidad”. Jaime también había solicitado salir de la cárcel por la pandemia de coronavirus y su argumento fue rechazado por Casación.

El pedido que llegó a Casación durante la feria fue uno de los varios que hizo Jaime para salir de la cárcel de Ezeiza durante 2020. Uno de ellos fue respaldado por el gobierno nacional a través de una solicitud que hizo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla en las primeras semanas del aislamiento por la pandemia de coronavirus. El pedido fue rechazado por el TOF 6 y ese rechazo fue confirmado por Casación.

El TOF 6 juzga a Jaime por el delito de enriquecimiento ilícito en el que están imputados como testaferros algunos de sus familiares. En ese mismo juicio se trata de determinar si hubo delito en la compra millonaria de trenes chatarra a España y Portugal, caso en el que también está imputado el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Otro de los capítulos del juicio es sobre una defraudación cometida en el ferrocarril Belgrano Cargas por la que está acusado Jaime y personas vinculadas a la empresa. Jaime también es enjuiciado – junto ex director del OCCOVI Claudio Uberti– por el uso de autos de propiedad estatal para beneficio personal.

Jaime tiene dos condenas firmes por casos de corrupción además de la que le dictaron por su responsabilidad en la Tragedia de Once que aún debe ser revisada por Casación. Una de esas condenas fue por haber recibido coimas de empresas a las que debía controlar como funcionario. Pactó una pena y admitió el delito en octubre de 2015 cuando no se sabía quién iba a gobernar el país hasta 2019.

En la primera semana de febrero se reanudará el juicio oral que durará algunos meses más. Tal vez antes de fin de año se sepa si Jaime es culpable o no de los hechos de corrupción por los que está en el banquillo de los acusados.

olavieri@infobae.com

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