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La Oficina Anticorrupción dejará de ser querellante en todas las causas penales por “falta de personal”

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El titular de ese organismo, Félix Crous, firmó una resolución. En los expedientes que ya están en juicio, la OA se mantendrá hasta que termine la recepción de la prueba o haya sentencia.

FOTO : Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción

Falta de personal. Con esa simple excusa, el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, justificó un anuncio que venía madurando desde su llegada al organismo: la OA dejará de ser querellante en todas las causas penales. Eso incluye todos los expedientes de corrupción de la gestión kirchnerista. El retiro no será inmediato en todos los casos. En los expedientes que ya están en juicio, la OA se mantendrá hasta que termine la recepción de la prueba o haya sentencia, dice una resolución a la que tuvo acceso Infobae.

“Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”, explica esa disposición.

En el caso de la “ruta del dinero K”, donde ya se concretaron los alegatos de las querellas, la OA se mantendría hasta la sentencia. Distinto es el caso del juicio de Vialidad, donde restan decenas de testigos.

Llamativamente, Crous se apoya en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menciona “indicios de politización y falta de neutralidad de la Procuración General de la Nación” durante la gestión de Alejandra Gils Carbó. La ex procuradora puso a disposición varios funcionarios para la nueva gestión de la OA.

La OCDE cuestionó la gestión de Gils Carbó (Adrián Escándar)La OCDE cuestionó la gestión de Gils Carbó (Adrián Escándar)

En mayo, la OA dejó de ser querellante en el juicio unificado por las causas de Hotesur y Los Saucestodavía sin fecha de comienzo y donde están acusados la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus dos hijos, y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros. El anuncio impulsó un duro comunicado firmado por los referentes Juntos por el Cambio. También hubo una denuncia penal firmada por los legisladores Jorge Enríquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y el radical Álvaro de Lamadrid.

Pese a los cuestionamientos, el titular de la OA adelantó en ese momento que el organismo también renunciaría a otras querellas. El proceso se viene dando, en cuentagotas, en diferentes expedientes.

Crous argumentó falta de personal y “limitaciones presupuestarias” para mantener las querellas. “Un análisis preliminar de la situación ha permitido comprobar que los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia”, dice la resolución con fecha de este lunes.

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Según el funcionario elegido por Alberto Fernández, “la dotación de la OA sufrió una merma de 42 bajas, y durante el mismo período sólo se produjeron 19 incorporaciones”. “A esas bajas se suma la situación generada por la promoción, durante la actual gestión, de cuatro agentes pertenecientes a la planta del organismo a cargos de Alta Dirección Pública de la estructura organizativa, que generaron a la vez nuevas vacantes en la planta de profesionales cuya cobertura no acompaña automáticamente a las bajas por promoción”, agrega la resolución.

“Crous viene vaciando el organismo para justificar esta decisión. Es responsable de echar gente y de no renovar decenas de contratos de los abogados de la OA”, dicen en Cambiemos.

Para justificar su decisión, el titular de la OA también argumentó que el Estado seguirá representando en los expedientes a través de los fiscales. “La oficina cumple funciones que en buena medida se superponen con las específicas del Ministerio Público Fiscal, especialmente su órgano especializado en la materia, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (art. 25 de la ley 27.148), circunstancia reconocida ya en la ley de creación (ley 25.233)”, dice uno de los párrafos de la resolución.

Crous argumentó que ahora se destinarán los recursos a las investigaciones. ¿Qué hizo la OA en los primeros seis meses de gestión? “Se han emprendido numerosas acciones y desarrollos —varios de ellos coordinados con otras instancias ejecutivas del Estado—, iniciando contactos institucionales a nivel federal, realizando y respondiendo consultas, y manteniendo encuentros con organizaciones de la sociedad civil, tanto como con las que reúnen a sujetos obligados por la normativa de cumplimiento y con colegios profesionales”, fue la respuesta que expuso el funcionario en su informe de gestión.

Las escasas denuncias presentadas en estos meses solo apuntan a la gestión de Cambiemos. El viernes último, la OA denunció a los ex ministros de Salud Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, y a la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley por las vacunas que se habrían vencido y fueron “encontradas” en un galpón. Esa presentación quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello.

npizzi@infobae.com
FUENTE INFOBAE

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LA HIJA DE HUGO MOYANO CONDENADA EN CAUSA POR LAVADO DE DINERO

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La Cámara Federal de La Plata confirmó este miércoles la decisión que se había tomado durante la instrucción del caso en Lomas de Zamora: a Karina Moyano, hija del líder camionero, le serán retenidos 600 mil pesos y 434 mil dólares, como parte de un expediente por lavado de dinero. Ese dinero fue encontrado en su domicilio tras un allanamiento que se realizó en relación a un caso de narcotráfico. Además, se investiga el origen de los fondos.

Aunque su abogado defensor anticipó que va a apelar la medida, ya hay en sede judicial una resolución firme para que la hija de Hugo Moyano devuelva los fondos cuestionados.

Para el titular de Camioneros, todo se enmarca en una campaña mediática en su contra. “No respetan a los jueces con autoridad como el juez Villena”, sostuvo y cuestionó al diario La Nación, que informó sobre los vericuetos judiciales de su hija. “Estos señores vienen a hablar de autoridad moral”.

En la justicia, el análisis fue otro. En el juzgado federal de Lomas de Zamora comenzó en 2018 el expediente por supuesto narcotráfico, en cuya investigación intervino el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. En ese marco fueron allanados varios domicilios, uno de los cuales fue el de Karina Moyano.

Por un cambio de composición de los juzgados, la causa siguió en el despacho de Juan Pablo Augé pero delegada en la PROCUNAR. Durante la feria judicial de este último verano, el juez Villena subrogaba el juzgado de su colega Augé y fue entonces cuando dictó el sobreseimiento de la hija del líder sindical, reintegrándole el dinero.

El agravante de la situación, es que la medida se tomó mientras se encontraba la investigación delegada en la PROCUNAR, cuyo titular terminó denunciando ante el Consejo de la Magistratura al juez Villena, requiriendo su juicio político.

En la presentación, el fiscal Iglesia junto a su colega Cecilia Incardona, indicaron que Villena “habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas” en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional “y le imprimió el veloz trámite de tres días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia”, fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que luego el mismo juez no respetó, marcan ambos fiscales en escrito.

Por otro lado, denunciaron que se “dictó la resolución de sobreseimiento de una persona -Karina Moyano- sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso”.

Mientras se realizó aquella presentación, el juez Augé se reintegró a su juzgado, firmó la nulidad de lo resuelto por su colega Federico Villena, y ordenó a Karina Moyano reintegrar el dinero, medida ahora que fue confirmada por la Cámara Federal de La Plata.

En el fallo se sostuvo: “El hecho de que nos encontrábamos ante una causa delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria”.

Bajo este mismo lineamiento, el camarista César Álvarez rechazó el argumento de la defensa de Karina Moyano, quien señaló que hubo “animosidad” en la medida judicial. La réplica a dicho argumento fue: “Ni es parte de ninguna guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano, y menos aún como parte de un ataque general al sindicalismo combativo de nuestro país ni como un capítulo del llamado Lawfare”.

Por otro lado, analizó el magistrado, “lo que me persuade de que estamos ante una decisión acertada, es que una investigación que estuvo en cabeza del Juez Villena durante tanto tiempo -y como dice la propia defensa, casi sin actividad respecto de Karina Moyano, se resuelva intempestivamente en una feria judicial pasando por alto que la causa estaba delegada”.

Por su parte, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que “la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo” todo el procedimiento, incluyendo la devolución de los fondos bajo investigación.

Al momento de explicar este punto, dijo: “Debo destacar que se advierte en la resolución anulada una serie de irregularidades en torno a la participación y al cercenamiento de las facultades del Ministerio Público Fiscal que afectaron el debido proceso, provocaron un gravamen irreparable a esa parte y, por tanto, provocaron la invalidez de la decisión dictada”.
Lucia Salinas para Clarin

 

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Chantaje con planes: ya es tiempo que la justicia intervenga

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Guillermo Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al Polo Obrero y a la «Organización Clasista Revolucionaria” (OCR), por la realización de presuntas maniobras ilícitas de coacción para que la gente asistiera a marchas a cambio de beneficios económicos o planes sociales. Es a raíz de la marcha de ayer de distintos movimientos piqueteros en todo el país con foco importante en la Ciudad de Buenos Aires y el centro porteño.

Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas, aunque «sin perjuicio de ello, y con el objeto de no dejar sin planes sociales y/o asistencia a las personas que integran dichos movimientos toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes, requiero que ese Ministerio continúe con la ayuda a cada una de ellas pero debiendo hacerlo personalmente, sin intermediación de organizaciones o de terceros».

Asimismo, Marijuan remarcó que informes periodísticos dan cuenta que muchos de los manifestantes reconocieron recibir un beneficio de hasta 12 mil pesos mensuales, pero a cambio estaban obligados a ir a las marchas.

«Entre varios testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en el lugar, cabe señalar ciertos dichos de manifestantes a los que se logró entrevistar. Así, estas personas relataron que percibían $12.000 mensuales y que si faltaban a las marchas o no se quedaban hasta el final de las mismas, se los quitaban, dando de baja las tarjetas a través de las cuales los percibían», denunció Marijuan, cuya causa ahora será sorteada por la Cámara Federal.

También que de las imágenes «se dejó asentada la existencia de personas pertenecientes a las asociaciones convocantes que hacían firmar cuadernos o libretas a los asistentes a efectos de confirmar su presencia». El fiscal pidió tomarles declaraciones testimoniales a algunos manifestantes que previamente sean identificados por la Policía Federal.

FUENTE LIBRE EXPRESION

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Un juez le otorgó la libertad condicional a Amado Boudou

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El magistrado de Ejecución Penal Ricardo Basílico determinó que el ex vicepresidente condenado por corrupción puede gozar del beneficio al haber cumplido dos tercios de su pena.

Amado Boudou puede salir en libertad condicional. El que fuera el primer vicepresidente en ejercicio de la historia en ser procesado -condenado luego- por un caso de corrupción podrá caminar por las calles sin demasiadas restricciones. Hasta hoy estaba en prisión domiciliaria y tenía una tobillera electrónica que controlaba sus movimientos.

El juez de Tribunal Oral, a cargo de la Ejecución Penal de la condena de Boudou, Ricardo Basílico, firmó la resolución por la cual el ex vice pasa a estar en libertad condicional al haber cumplido los dos tercios de la condena a cinco años y diez meses de prisión que le fue impuesta en 2018 por su participación en el caso Ciccone.

Como condición para la libertad condicional Boudou deberá cumplir con varias condiciones: no podrá salir del país sin autorización previa y no podrá mudarse sin comunicación a la autoridad judicial del domicilio que establezca a partir de hoy. En la misma resolución por la que le otorgó la libertad condicional a Boudou el juez Basílico ordenó que se desactive el sistema de monitoreo mediante la tobillera electrónica que tenía el ex vicepresidente de la Nación.

La fiscalía que interviene en el Caso Ciccone había avalado que se le otorgue la libertad condicional a Boudou tal y como lo había solicitado su defensa. Al no haber contradicción entra la fiscalía y la defensa, el juez Basílico firmó la resolución. En ella dejó sentada su posición en contra de la libertad condicional para casos de corrupción como los cometidos por Boudou.

Basílico comparó el caso de Boudou con el de José López, ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, célebre por arrojar bolsos llenos de dinero en un convento y condenado por enriquecimiento ilícito. Basílico en aquel caso también se había manifestado en contra de la libertad condicional. En la resolución el juez Basílico citó un artículo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que dice: ” …Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos pertinentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de esos delitos…”. Y luego recordó que la Argentina había tomado compromisos internacionales en la lucha contra los delitos cometidos por funcionarios públicos al citar como ejemplo la Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada por la legislación nacional.

Basílico explicó por qué, a pesar de haber cumplido el tiempo estipulado por la ley y de tener informes de conducta favorables a Boudou, se oponía a la libertad condicional: “En ese escenario, conforme lo sostuve en el legajo, considero que los hechos por los cuales Boudou fue condenado resultan de sustancial gravedad y que ello de algún modo obstaculiza la posibilidad de otorgar una libertad anticipada, de acuerdo con los compromisos internacionales que el Estado argentino suscribió para aunar los esfuerzos y poder prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas”.

En agosto de 2018, Boudou había sido condenado por el Caso Ciccone a cinco años y diez meses de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una multa de $90.000 porque gente de su entorno, mientras ocupaba el Ministerio de Economía, se había quedado con la empresa privada que podía imprimir papel moneda. Fue condenado como autor de los delitos de cohecho pasivo (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública.

La condena por el caso Ciccone fue revisada y confirmada por la Cámara Federal de Casación. La apelación de Boudou y el resto de los imputados llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En diciembre de 2020 la Corte confirmó la condena de todos los involucrados en el caso Ciccone. La pena del ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner finalizaba el 1 de junio de 2024.

Boudou había conseguido una reducción de pena de once meses debido a “estímulo educativo”, un incentivo para que los presos estudien en la cárcel. Y por eso hoy quedó en libertad condicional.

FOTO TAPA WIKIPEDIA

FUENTE : INFOBAE

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