“Este es un país maravilloso que tiene todo para funcionar, pero el gran problema es nuestra clase política. Tenemos que cambiar eso”, dijo Jair Bolsonaro hace dos semanas en un acto de la Federación de Industrias de Río de Janeiro. No fue el discurso de campaña de un candidato antisistema, sino el mensaje de un presidente que siente que “los políticos” están bloqueando su gobierno.

Los destinatarios de las palabras del ex capitán del Ejército no son un grupo vago de dirigentes. Les hablaba a los diputados y senadores, que mantienen frenados sus principales proyectos. El que más lo inquieta es la reforma del sistema de pensiones, piedra angular del programa económico del ministro Paulo Guedes, que asegura que el Estado federal se dirige a la quiebra si no se aprueba.

Bolsonaro tiene la misma debilidad que sus predecesores. Producto de una historia de partidos débiles y de un sistema electoral demasiado abierto, que habilita a los ciudadanos a votar directamente por el candidato de su preferencia dentro de las listas, ambas cámaras del Congreso están completamente fragmentadas y nadie se acerca jamás a la mayoría. El Partido Social Liberal del mandatario tiene apenas 52 diputados sobre 513, y 4 senadores sobre 81.

Pero, a diferencia de sus antecesores, prefirió gobernar en soledad, sin hacer una coalición con otras fuerzas para alcanzar una mayoría estable. Eso habría significado repartir ministerios entre sus socios, con la consecuente pérdida de autonomía, algo que no estaba dispuesto a aceptar un líder acostumbrado a la imposición antes que al consenso.

“Lo que está pasando es una consecuencia de la decisión de mantenerse como un gobierno minoritario, sin una sólida articulación política con el Congreso. Su partido tiene el 10% de los escaños en Diputados, y en su mayoría son outsiders sin experiencia. Inicialmente, pensaba en construir mayorías legislativas ad hoc y por temas, algo muy difícil en un parlamento tan fragmentado como el actual. Pero una vez en el gobierno recurrió a una estrategia de confrontación con los partidos y con los líderes parlamentarios, buscando una rendición de los legisladores a su agenda. El Presidente pretende desacreditar las negociaciones con los partidos, acusándolos de ser la vieja política y fuente de corrupción, porque no quiere negociar, sino que el Congreso se rinda”, dijo a Infobae Magna Inácio, profesora de ciencia política de la Universidad Federal de Minas Gerais.

La primera reacción de Bolsonaro ante los problemas en el Parlamento fue apostar por la estrategia que tan buenos resultados le dio durante la campaña: pelear con sus adversarios. Pero lo que logró fue predisponer aún peor a los legisladores.Por eso, el paso siguiente fue apelar a la calle.

Miles de personas se movilizaron el pasado domingo para apoyar al mandatario y cuestionar al Congreso y al Poder Judicial. Las marchas no fueron convocadas por el gobierno, pero Bolsonaro realizó varios guiños para alentarlas. Pero cuando parecía que el conflicto iba a seguir escalando, el Presidente bajó el tono. En una entrevista con TV Record esa misma noche, dijo que tenía que dialogar más con los otros poderes.

Ante la pregunta de si algún legislador le había pedido algún tipo de favor para apoyar sus iniciativas, respondió que dos le pidieron nombramientos en ministerios, pero no reveló sus nombres. “Creo que una proporción considerable de parlamentarios no quieren ser etiquetados como un grupo clientelista, que quiere negociar algo a cambio de votar”, aclaró.

En otro gesto de distensión, se reunió este martes en el Palácio da Alvorada —su residencia oficial— con Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados; Davi Alcolumbre, presidente del Senado; y José Antonio Dias Toffoli, presidente del Supremo Tribunal Federal. Les propuso firmar un pacto entre los tres poderes del Estado “para el crecimiento del país”.

Maia le respondió que tenía que discutirlo con los líderes de los partidos con representación parlamentaria. Lo lógico. Si bien tienen poder para definir la agenda, los titulares de las cámaras no pueden forzar a los congresistas a votar por una u otra ley.

Por eso resulta tan curioso el método de negociación elegido por Bolsonaro, que a pesar de haber sido diputado federal durante 28 años, parece no tener del todo clara la mecánica con la que operan los legisladores. El intercambio de favores y compromisos políticos es el eje de la política parlamentaria, especialmente cuando los partidos son débiles. Esto lleva a pensar que el enfrentamiento seguirá en los próximos meses.

Y no es aconsejable que un presidente tenga mala relación con el Congreso al principio de su mandato, cuando su capital político está en su punto máximo —aunque la imagen de Bolsonaro está en caída—. Sobre todo en Brasil, donde dos de los cuatro presidentes que fueron electos desde el fin de la dictadura sufrieron un impeachment. Fernando Collor de Mello renunció en 1992, antes de su aprobación. El de Dilma Rousseff terminó con su destitución en 2016.

“Bolsonaro evitó las prácticas tradicionales de formación de alianzas y ha intentado utilizar su mandato electoral para impulsar su agenda legislativa. Lo que está aprendiendo, sin embargo, es que el Congreso brasileño es muy poderoso. Normalmente no vemos ese poder porque la mayoría de los presidentes forman una gran coalición para apoyar sus políticas. Pero cuando uno carece de apoyo puede ser extremadamente difícil que avance. La experiencia de Bolsonaro no es diferente a la de Collor y Joao Goulart (presidente entre 1961 y 1964), quienes tenían grandes expectativas de cambio pero terminaron luchando contra el Congreso”, explicó Scott Desposato, profesor de ciencia política especializado en América Latina de la Universidad de California en San Diego, consultado por Infobae.

Bloqueado

Durante el encuentro que mantuvo con los titulares de los otros poderes, Bolsonaro trató de hacer una demostración de poder. Él mismo reveló un diálogo que mantuvo con Maia. “Con la pluma tengo mucho más poder que tú. Aunque tú, de hecho, haces las leyes, ¿verdad? Pero yo tengo el poder de hacer decretos”.

Lo cierto es que los decretos tienen un alcance limitado en Brasil, ya que deben ser ratificados por el Congreso. Una evidencia de hasta qué punto está trabada la agenda legislativa del gobierno es que estuvo a punto de caerse uno de los primeros que firmó, que es también uno de los más básicos: el que redujo la cantidad de ministerios de 29 a 22.

Recién fue aprobado esta semana, días antes de que perdiera validez, y con una alteración importante respecto del proyecto original. El decreto establecía que el Consejo de Control de Actividades Fiscales (COAF), que supervisa operaciones financieras sospechosas, pasara de la órbita de Economía a Justicia, un pedido del ex juez Sergio Moro. Pero los diputados consideraron impropio el traslado, así que se aprobó sin mudar al COAF. De todos modos fue celebrado como una victoria por el gobierno.

Toda la expectativa oficial está depositada ahora sobre lo que suceda con la reforma del sistema de pensiones. Al comienzo parecía haber consenso, pero con el correr del tiempo fueron creciendo las dudas.

“El Presidente no pudo ni quiso formar una coalición capaz de asegurar la aprobación de sus proyectos. Como resultado, se enfrenta a una amplia iniciativa de los parlamentarios, que buscan definir su propia agenda, que no siempre está en línea con lo que el gobierno quiere. La principal consecuencia es que hasta ahora no se ha aprobado la reforma, y el relator de la Comisión Especial que la examina da señales de que hay muchas propuestas que, en la práctica, pueden alterar el proyecto elaborado por Guedes. Este es un claro ejemplo de que en Brasil, si el presidente no es consciente de cuánto depende del parlamento, puede terminar trabajando involuntariamente para el fracaso de su propio gobierno”, sostuvo Jose Alvaro Moises, profesor de ciencia política de la Univerisdad de San Pablo, en diálogo con Infobae.

Lo que empantana aún más el trámite legislativo es que el cambio propuesto por Bolsonaro y Guedes es muy impopular. Pretende establecer como edad jubilatoria 62 años para las mujeres y 65 para los hombres —actualmente no hay un mínimo—, y exige 40 años de contribución para acceder a una pensión completa —ahora son 35—.

“Estas reformas son complejas y políticamente costosas —dijo Inácio—. Los efectos redistributivos en los diferentes segmentos de la población no se pueden resolver mediante ecuaciones simplistas. Los presidentes anteriores, desde Fernando Henrique Cardoso (1995—2003) hasta Rousseff, han aprobado reformas más modestas que las propuestas originalmente, y después de mucha negociación con el Congreso. Esto forma parte del juego institucional y democrático. Pero este gobierno, minoritario, ha estado poco comprometido en la construcción de acuerdos”.

No se puede soslayar que, independientemente de lo que piensen acerca de la necesidad de cambiar el sistema previsional, muchos parlamentarios temen perder su banca en las próximas elecciones si votan el proyecto tal como salió del Ministerio. Si además se considera que para convertirse en ley la norma necesita reunir el apoyo de 3/5 de ambas cámaras del Congreso, porque requiere una enmienda constitucional, parece muy difícil que salga si el Gobierno no negocia ofreciendo algo a cambio a los legisladores dubitativos.

“Bolsonaro hizo una campaña basada en el lema ‘contra todo lo que hay’, y mantuvo esa posición desde entonces. La tónica es criticar al Congreso y al Poder Judicial en público o a través de Twitter, y luego hacer alguna caricia irrelevante de manera privada. Siempre que puede, critica la ‘vieja política’, pero no da ninguna señal de cuál podría ser la nueva política. A menudo contradice a los supuestos líderes del gobierno en el Congreso y no tiene representantes capaces de negociar. Esto ha generado una gran desconfianza por parte de los congresistas”, dijo a Infobae Cesar Zucco Júnior, profesor de ciencia política en la Fundación Getulio Vargas.

Muy distinto fue el comportamiento de los últimos presidentes, que siguieron los lineamientos del presidencialismo de coalición. Para garantizar el apoyo a sus proyectos, repartían distintos puestos del gabinete con diferentes partidos. De esa manera, cuando tenían que votar algo que no los convencía demasiado, los legisladores que formaban parte de la alianza sabían que les convenía hacerlo, porque si no corrían el riesgo de que su fuerza política perdiera las posiciones que tenía en el Ejecutivo. Y eso implica perder recursos y la posibilidad de implementar políticas favorables a sus votantes.

“En el presidencialismo brasileño, dada la fragmentación del sistema de partidos, el presidente tiene que organizar su mayoría parlamentaria por medio de coaliciones. Eso requiere capacidad de negociación y coordinación de políticas, algo que Bolsonaro no tiene. Él fue electo prometiendo desconocer la negociación con los partidos, a los que estigmatizó como ‘vieja política’. Como no tiene mayoría, y ni siquiera controla a su pequeño partido, tiene dificultades para hacer avanzar a sus proyectos, aunque la oposición sea chica y el Congreso sea más bien conservador”, sostuvo Maria Herminia Tavares de Almeida, profesora de ciencia política de la Universidad de San Pablo, consultada por Infobae.

Hasta el Partido de los Trabajadores (PT), que cuando ganó las elecciones en 2002 era visto como una fuerza de izquierda, muy crítica del resto de la clase política, siguió el modelo coalicional. Lula da Silva se alió con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, hoy MDB), el más importante en el interior profundo del país, que le aportó un apoyo parlamentario clave.

De hecho, para fortalecer la alianza, Rousseff designó como vicepresidente a Michel Temer, líder del partido. Si en un principio parecía imposible que prosperara el juicio político en su contra es porque tenía al PMDB de aliado. Fue sólo después de que éste anunciara su decisión de abandonar el gobierno que el proceso empezó a tener fuerza.

Los peligros de un choque de poderes

“Es probable que el conflicto se mantenga bajo control hasta el final del tratamiento de la reforma de las pensiones, ya que el propio Rodrigo Maia tiene un interés directo en su aprobación —dijo Zucco—. Una vez que se apruebe, o no, las posibilidades se bifurcan. Si el Presidente es realmente un inepto, es probable que el Congreso tome las riendas del proceso legislativo, en una especie de parlamentarismo blanco, y lleve al Gobierno hasta el final. Sin embargo, si el Ejecutivo continúa inflando el conflicto, es posible que lleguemos al punto de una ruptura. Es difícil saber de qué tipo. Con la caída de la popularidad del presidente, creo que es más probable que sea defenestrado ‘legalmente’. Pero no es imposible que él intente prevalecer sobre las demás instituciones”.

El caso de Rousseff evidencia que formar un gabinete de coalición no blinda contra la eventualidad de un impeachment. Pero es cierto que difícilmente habría prosperado si su segundo gobierno no hubiera coincidido con la peor recesión de la historia reciente de Brasil y la mayor crisis política desde la transición democrática, por las revelaciones del Lava Jato.

En cambio, Collor de Mello sí había optado por un gabinete técnico a lo Bolsonaro. Bastó que perdiera popularidad para que el Congreso comenzara los trámites para su destitución. De hecho, no llegó a cumplir tres años en el Planalto.

“Esta confrontación, que inicialmente era política, es cada vez más un choque institucional y desestabilizador. El unilateralismo presidencial, con un sesgo populista, busca erosionar la credibilidad de las instituciones y, en consecuencia, desacreditar cualquier intento de controlar al Poder Ejecutivo.Insistir en este enfrentamiento, con la esperanza de conseguir lo que el gobierno quiere, es apostar por un arma de doble filo. Al tensar la relación con los otros poderes, el Presidente deja espacio para que el Congreso se muestre como el adulto en la sala”, afirmó Inácio.

El juicio político no es el único riesgo. Quizás el mayor peligro es que el conflicto se traslade a la calle y salga de los canales institucionales. Nunca un gobierno había tenido una presencia militar tan fuerte, lo que genera una preocupación aún mayor, por la historia de intervenciones en el país.

El general Hamilton Mourao, que adoptó un perfil bastante moderado desde que asumió la vicepresidencia, había realizado algunas declaraciones verdaderamente temerarias cuando solo era candidato. “O las instituciones solucionan este problema político, a través de la acción de la Justicia, retirando de la vida pública a esos elementos involucrados en ilícitos, o nosotros vamos a tener que imponerlo”, había dicho en 2017, en una suerte de ultimátum a los jueces para que encarcelen a los dirigentes políticos investigados por corrupción.

Por el momento, ningún funcionario del gobierno realizó ninguna advertencia semejante contra el Congreso. Pero los antecedentes de varios de sus integrantes inquietan a muchos en Brasil.

Por Darío Mizrahi

2 de junio de 2019

dmizrahi@infobae.com

Foto tapa RCN Radio

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