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La torpeza de la Justicia parte 2

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Sobre el fallo emitido por el Dr. Juan Francisco Tapia, juez de Garantías Nº 4 de Mar del Plata, 10 de diciembre, 2020.

VISTO

El contenido de las presentes actuaciones “Agrupación Marplatense de Cannabicultores s/ Habeas Corpus”, registradas bajo el nro. 37-19……

El Juez Juan Francisco Tapia resuelve “Hacer lugar a la presente acción de Habeas Corpus preventivo colectivo interpuesto por Gabriel Díaz en su carácter de Presidente de la Agrupación Marplatense de Cannabicultores”

Se recibe un reclamo de la “Agrupación Marplatense de Cannabicultores Asociación Civil” (Cannabicultores que se podría interpretar como: “que cultiva cannabis sativa” más conocida como marihuana) y dicta conclusiones sobre marihuana, clorhidrato de cocaína, pasta base, “paco”, “crack”, pasta cruda, MDMA, METH (éxtasis, síntesis de éxtasis) Anfetaminas, LSD Opioides. Estipulando que cantidad es para consumo personal de todos ellos.

Para que quede claro. Se pide un habeas corpus sobre tomates. Y ya que estamos contestamos sobre tomates morrones y cualquier otra verdura.

Salvo, que la asociación haya pedido abstención de controles policiales para todos los estupefacientes incluyendo drogas más duras de consumo y no solo para aquellas que son de uso medicinal, como el cannabis. ¿?.

¡No se entiende, un fallo con tanto detalle en todas las drogas!

Pero es más polémico todavía, porque envía un mensaje, en especial a los jóvenes de nuestra sociedad al: “Ordenar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y demás fuerzas de seguridad que en el Departamento Judicial Mar del Plata se abstengan de realizar la detención, en espacios públicos, de usuaries de sustancias que la ley define como estupefacientes, cuando las circunstancias del caso pongan de manifiesto que la tenencia es para consumo personal …

Entonces si la justicia ni lo prohíbe y ni lo sanciona, entonces es legal. Al quitarse prohibiciones y controles está dando una señal inequívoca en esa dirección, que al ser para consumo propio no pasa nada y puede considerase legítimo.

Y sigue con “…. y la conducta se realice en condiciones tales que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”

El Juez, no toma en cuenta, el daño a la salud de la persona y a terceros ya que la necesidad de dinero para solventar el consumo, provoca todo tipos de exceso, llegando al extremo de delinquir. Además, facilita el narcomenudeo porque legitima al consumidor.

Y va más allá, en sus conclusiones al:

“Declarar la inconstitucionalidad del inciso “c” del art. 15 de la ley 13482 de la Provincia de Buenos Aires, en tanto faculta al personal policial a la detención de personas con el objeto de conocer su identidad, en razón de que dicha facultad vulnera la garantía primaria libertad, los principios de igualdad ante la ley, de razonabilidad, legalidad y control judicial efectivo…”

Supongamos que una requisa le encuentran una cantidad mayor de estupefacientes de la que El estipula en su listado, la policía no podría exigir su identificación. Pero es peor aún, si una persona merodea una propiedad, las fuerzas no podrán identificarlo. Si una persona tiene pedido de captura, no explica como deberá identificarse. Ni a los motociclistas en actitud sospechosas. Podemos seguir enumerando casos en la que es, necesaria la identificación.

Y continua. “Instar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y demás fuerzas de seguridad que intervengan en el Departamento Judicial Mar del Plata que las requisas sin orden judicial deberán concretarse cuando concurran indicios vehementes de la comisión de un delito y razones de urgencia”

Como determina el personal de las fuerzas de seguridad si una persona lleva estupefacientes para la venta. O si va armado. O si lleva un muerto en el baúl del auto (uy exagere un poco, pero puede pasar).

Y más abajo dice “Hacer saber al accionante que deberá promoverse en cada caso y ante les fiscales y jueces que intervengan en las actuaciones respectivas la posibilidad de restitución de sustancias secuestradas…”

No solamente les prohíbe a las fuerzas policiales controlar, identificar, detener si no que en el supuesto caso que lo hicieran deberán restituir las sustancias (todas, no solo el cannabis).

Esta Asociación repudia este fallo y solicita a la Justicia en general que se abstenga de tratar de modificar leyes con las que no están de acuerdo. O no concuerdan con opiniones personales de quien dicta justicia. “es absolutamente subjetiva la percepción de eficacia preventiva del delito con la saturación del espacio público y el patrullaje con fuerzas represivas” Dichos del Juez

Las victimas debemos ir al congreso para que se realicen modificaciones en las leyes. Debemos esperar los tiempos del congreso y trabajar arduamente para que se modifiquen. Pedimos en estado de igualdad que garantiza la constitución, que hagan los mismos. Donde nos permitamos un debate amplio sobre el tema.

Y volvemos a solicitar que cese la justicia garantizida, sin tener en cuenta en este caso las victimas que produce el flagelo de la droga en nuestra sociedad, para aquellos que consumen, y para aquellos que sufren la violencia que ocasiona el narcotráfico. (En el inicio el consumidor gasta su dinero, luego roba a su familia, luego sale a robar y así continua el espiral en acenso de hechos delictivos…para obtener dinero para consumir)

También nos llama la atención que estos fallos son emitidos cerca de las fiestas y de la feria judicial al inicio de la temporada de verano.

Tal vez con cierta intencionalidad de que pasen desapercibidos.
Pedimos, que inmediatamente a quien corresponda del sistema judicial, rechace este fallo y su intención de modificar criterios de actuación de las fuerzas públicas, volviéndolas más laxas y entorpeciendo el trabajo de las fuerzas de seguridad en general. No olviden que tiene alcance en toda la Provincia de Buenos Aires.

Y finalmente. Fallos como este, donde se abarca tanto en una resolución, no pueden descansar solamente en el criterio de un juez al que se le pide un fallo sobre tomates… y contesta sobre tomates morrones y cualquier verdura.

Poniendo una feria entera a disposición, sin control de fuerzas de seguridad o salud y creando un mercado impune.

ASOCIACIÓN FAMILIARES DE VICTIMAS DE DELITO Y DE TRANSITO
Partido de General Pueyrredón
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina

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ESPIONAJE ILEGAL: APARECIÓ MUERTO UNO DE LOS PROCESADOS EN DOLORES

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Uno de los procesados en la causa por supuesto espionaje ilegal y extorsiones que tramita en la ciudad bonaerense de Dolores, Carlos Liñani, fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Liñani estaba procesado en la investigación que se lleva adelante en la Justicia Federal de Dolores y además tenía un procesamiento por defraudación en los Tribunales de Retiro.

El despachante de Aduanas y empresario fue hallado en su vivienda y se investiga si se trató de un suicidio por emanación de gas, según información de la Policía de la Ciudad.

El empresario fue hallado por personal de la comisaría vecinal 14B, el martes a las 19.30, cuando concurrió al edificio donde vivía, en Soler al 6000, ante reportes de vecinos sobre un escape de gas desde un departamento del primer piso. Los bomberos cortaron el suministro de gas de todo el edificio, se evacuaron todas las instalaciones y se forzó el ingreso al departamento con autorización de la fiscalía a cargo de Adrián Peres.

Liñani, de 48 años, fue encontrado muerto tendido sobre el piso del living y en el lugar, según el informe policial, se hallaron “varias cartas de despedida”, supuestamente escritas por él.

Además, se informó que las “hendijas de puertas y ventanas estaban selladas con cinta”, no había desorden, ni tampoco evidencia de un ingreso forzado.

Liñani estaba procesado sin prisión preventiva y pesaba sobre él un embargo de 5 millones de pesos en la Justicia Federal de Dolores por intento de extorsión en la causa por la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio. Según la acusación, habría cometido este delito contra varias personas con la pretensión de forzar o direccionar sus declaraciones en el marco de la llamada causa cuadernos. Estaba procesado por “asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y contraria a las previsiones de la Ley Nacional de Inteligencia, extorsión en grado de tentativa y tráfico de influencias”.

Liñani se presentaba como “colaborador” de D’Alessio y además estaba procesado en los Tribunales Federales de Retiro por haber mencionado, de manera falsa, tener vínculos con el fiscal Carlos Rivolo, quien lo denunció. En Comodoro Py tenía procesamiento confirmado por la Cámara Federal porteña por “defraudación”.

FUENTE : PAFINA 12

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LA HIJA DE HUGO MOYANO CONDENADA EN CAUSA POR LAVADO DE DINERO

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La Cámara Federal de La Plata confirmó este miércoles la decisión que se había tomado durante la instrucción del caso en Lomas de Zamora: a Karina Moyano, hija del líder camionero, le serán retenidos 600 mil pesos y 434 mil dólares, como parte de un expediente por lavado de dinero. Ese dinero fue encontrado en su domicilio tras un allanamiento que se realizó en relación a un caso de narcotráfico. Además, se investiga el origen de los fondos.

Aunque su abogado defensor anticipó que va a apelar la medida, ya hay en sede judicial una resolución firme para que la hija de Hugo Moyano devuelva los fondos cuestionados.

Para el titular de Camioneros, todo se enmarca en una campaña mediática en su contra. “No respetan a los jueces con autoridad como el juez Villena”, sostuvo y cuestionó al diario La Nación, que informó sobre los vericuetos judiciales de su hija. “Estos señores vienen a hablar de autoridad moral”.

En la justicia, el análisis fue otro. En el juzgado federal de Lomas de Zamora comenzó en 2018 el expediente por supuesto narcotráfico, en cuya investigación intervino el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. En ese marco fueron allanados varios domicilios, uno de los cuales fue el de Karina Moyano.

Por un cambio de composición de los juzgados, la causa siguió en el despacho de Juan Pablo Augé pero delegada en la PROCUNAR. Durante la feria judicial de este último verano, el juez Villena subrogaba el juzgado de su colega Augé y fue entonces cuando dictó el sobreseimiento de la hija del líder sindical, reintegrándole el dinero.

El agravante de la situación, es que la medida se tomó mientras se encontraba la investigación delegada en la PROCUNAR, cuyo titular terminó denunciando ante el Consejo de la Magistratura al juez Villena, requiriendo su juicio político.

En la presentación, el fiscal Iglesia junto a su colega Cecilia Incardona, indicaron que Villena “habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas” en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional “y le imprimió el veloz trámite de tres días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia”, fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que luego el mismo juez no respetó, marcan ambos fiscales en escrito.

Por otro lado, denunciaron que se “dictó la resolución de sobreseimiento de una persona -Karina Moyano- sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso”.

Mientras se realizó aquella presentación, el juez Augé se reintegró a su juzgado, firmó la nulidad de lo resuelto por su colega Federico Villena, y ordenó a Karina Moyano reintegrar el dinero, medida ahora que fue confirmada por la Cámara Federal de La Plata.

En el fallo se sostuvo: “El hecho de que nos encontrábamos ante una causa delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria”.

Bajo este mismo lineamiento, el camarista César Álvarez rechazó el argumento de la defensa de Karina Moyano, quien señaló que hubo “animosidad” en la medida judicial. La réplica a dicho argumento fue: “Ni es parte de ninguna guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano, y menos aún como parte de un ataque general al sindicalismo combativo de nuestro país ni como un capítulo del llamado Lawfare”.

Por otro lado, analizó el magistrado, “lo que me persuade de que estamos ante una decisión acertada, es que una investigación que estuvo en cabeza del Juez Villena durante tanto tiempo -y como dice la propia defensa, casi sin actividad respecto de Karina Moyano, se resuelva intempestivamente en una feria judicial pasando por alto que la causa estaba delegada”.

Por su parte, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que “la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo” todo el procedimiento, incluyendo la devolución de los fondos bajo investigación.

Al momento de explicar este punto, dijo: “Debo destacar que se advierte en la resolución anulada una serie de irregularidades en torno a la participación y al cercenamiento de las facultades del Ministerio Público Fiscal que afectaron el debido proceso, provocaron un gravamen irreparable a esa parte y, por tanto, provocaron la invalidez de la decisión dictada”.
Lucia Salinas para Clarin

 

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Chantaje con planes: ya es tiempo que la justicia intervenga

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Guillermo Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al Polo Obrero y a la «Organización Clasista Revolucionaria” (OCR), por la realización de presuntas maniobras ilícitas de coacción para que la gente asistiera a marchas a cambio de beneficios económicos o planes sociales. Es a raíz de la marcha de ayer de distintos movimientos piqueteros en todo el país con foco importante en la Ciudad de Buenos Aires y el centro porteño.

Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas, aunque «sin perjuicio de ello, y con el objeto de no dejar sin planes sociales y/o asistencia a las personas que integran dichos movimientos toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes, requiero que ese Ministerio continúe con la ayuda a cada una de ellas pero debiendo hacerlo personalmente, sin intermediación de organizaciones o de terceros».

Asimismo, Marijuan remarcó que informes periodísticos dan cuenta que muchos de los manifestantes reconocieron recibir un beneficio de hasta 12 mil pesos mensuales, pero a cambio estaban obligados a ir a las marchas.

«Entre varios testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en el lugar, cabe señalar ciertos dichos de manifestantes a los que se logró entrevistar. Así, estas personas relataron que percibían $12.000 mensuales y que si faltaban a las marchas o no se quedaban hasta el final de las mismas, se los quitaban, dando de baja las tarjetas a través de las cuales los percibían», denunció Marijuan, cuya causa ahora será sorteada por la Cámara Federal.

También que de las imágenes «se dejó asentada la existencia de personas pertenecientes a las asociaciones convocantes que hacían firmar cuadernos o libretas a los asistentes a efectos de confirmar su presencia». El fiscal pidió tomarles declaraciones testimoniales a algunos manifestantes que previamente sean identificados por la Policía Federal.

FUENTE LIBRE EXPRESION

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