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La Venezuela de Maduro: crisis sin fin, hiperinflación y el ocaso del boom petrolero

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El presidente buscará el próximo domingo la reelección. Desde que asumió, aumentó el costo de vida y la producción de petróleo cayó 700 mil barriles diarios. Prometió un “premio” a los que acudan a las urnas.

En campaña. El líder del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) buscará la reeleción, en medio de una aguda crisis económica, política y social. Aumentó el salario mínimo y pidió 10 millones de votos. Foto:AFP

 

A una semana de las elecciones presidenciales, Venezuela afronta una delicada coyuntura política, económica y social, agudizada en los últimos cinco años. Desde la muerte de Hugo Chávez y la elección de Nicolás Maduro en 2013, el país pasó de una inflación del 43,5% a una de 1.090%, el PBI cayó en cuatro años un 50%, aumentó el desempleo del 7% al 27% y cayó la producción petrolera, acompañada también por una baja del precio del barril de petróleo, fenómeno que comenzó a revertirse recién a partir del año pasado.
En ese contexto, Maduro prometió que si es reelecto, emprenderá una guerra “contra las mafias criminales de la economía”, a las que culpó por la crisis hiperinflacionaria y el desabastecimiento de alimentos y medicinas. “No me importa el apellido que tengan, la riqueza que puedan tener, pero si están en guerra económica contra el pueblo, van presos, no me importa sus apellidos”, dijo esta semana, al justificar la detención de ejecutivos de Banesco, el banco privado más importante del país.
En el tramo final de la campaña electoral, el presidente aumentó el salario mínimo un 95%, al tiempo que prometió un “premio” en el “carné de la patria” a los venezolanos que voten el próximo domingo. En febrero de 2018 se necesitaban alrededor de 151 salarios mínimos para cubrir el costo de la Canasta Alimentaria Familiar, mientras que en abril de 2013 bastaban tres.
Si bien intentó culpar a empresarios y opositores por una supuesta “guerra económica”, las imágenes de venezolanos cruzando el Puente Internacional Símon Bolívar y huyendo del país desmontó el relato bolivariano. Según la Organización Internacional de las Migraciones, en 2017 había 1,6 millones de venezolanos en el exterior.

Adiós al boom petrolero. Desde el inicio del siglo XXI hasta 2014, Venezuela se benefició de los altos precios del petróleo. Esa abultada renta le permitió expandir sus programas sociales y reducir inicialmente la pobreza, que pasó de 49,4% en 1999 a 29% en 2013. La desigualdad, en tanto, fue una de las más bajas de la región: el índice de Gini bajó de un 0,49% en 1998 a un 0,41% en 2013.
Pero en 2015 el precio del barril se desplomó a 49 dólares y la economía venezolana sintió el cimbronazo. Petróleos de Venezuela (Pdvsa) produjo el año pasado 2 millones de barriles de petróleo por día, es decir, 700 mil menos que cuando Maduro asumió la presidencia. Según reveló Financial Times, esa cifra habría caído este año a 1,5 millones de barriles. Como si eso fuera poco, la petrolera estatal anunció el viernes que suspenderá sus operaciones en Curazao, tras una demanda de la empresa estadounidense ConocoPhillips, y, por lo tanto, procesará 335 mil barriles menos por día.
La gallina de los huevos de oro se resintió, pero Maduro no recortó el gasto público, por lo que el déficit fiscal superó en 2016 el 20% del Producto Bruto Interno (PBI). A esa altura era difícil cambiar el rumbo: las Misiones, entre ellas la entrega de las bolsas de comida Clap, no solo eran vitales para su núcleo duro de votantes, sino que también eran un símbolo que el dirigente no podía desterrar. “Maduro recibió una economía distorsionada y un modelo fallido. Pero, al no hacer correctivos, los problemas se agravaron”, explicó a PERFIL la economista Anabella Abadi.
Las sanciones financieras aplicadas por Estados Unidos, sumadas a la caída de sus exportaciones y el default selectivo de su deuda, restringió su financiamiento. Sin dólares para pagar, cayeron estrepitosamente las importaciones y se generó un brote hiperinflacionario. En tanto, el control de capitales generó un dólar paralelo diez veces más caro que el oficial, que cotizó este viernes a 70 mil bolívares.

Represión. Entre 2014 y 2017, el gobierno de Maduro sofocó protestas callejeras de la oposición y detuvo a 12.016 personas por motivos políticos, según denunció la ONG Foro Penal. Entre ellos, encarceló a Leopoldo López -hoy en prisión domiciliaria- y al general Raúl Baduel.

Opositores en campaña

Los candidatos presidenciales venezolanos continuaron ayer con sus actividades proselitistas a una semana de los comicios del 20 de mayo. El ex gobernador Henri Falcón estuvo en Barinas y Carabobo, en el centro oeste del país, reiterando que su candidatura es la de la “esperanza”. El opositor afirmó que Venezuela “está cerca de celebrar el cambio” y “la salida a estos años oscuros”, como calificó al Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro. “Salgamos a participar con contundencia y defendamos con el alma cada voto, que nuestro país, sin duda, lo merece. #SiVotasSeVa”, escribió en su cuenta de Twitter.
Por su parte, Javier Bertucci, tercero en las encuestas, visitó el estado de Miranda, donde aseguró que “el modelo económico bolivariano fracasó hace años”.
En tanto, la Mesa de Unidad Democrática anunció que este miércoles protestará contra las elecciones ante la OEA.

Leandro Dario

Leandro Dario

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Ante el terrorismo solo cabe la condena incondicional

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Al equiparar hechos de distinta naturaleza, el Gobierno parece desconocer el legítimo derecho de defensa de un pueblo que es sometido permanentemente a ataques en su territorio

Ataque en Tel Aviv

En las últimas horas, cientos de misiles fueron lanzados contra el territorio soberano del Estado de Israel por la organización terrorista Hamas desde la Franja de Gaza provocando al menos tres muertes y decenas de heridos.

Ataques de esa naturaleza forman parte -desgraciadamente- de la vida diaria en esa región. Pero en el día de la fecha, el accionar de Hamas adquirió las características de lo extremo. En un hecho infrecuente, los ataques provocaron que sonaran alarmas en el centro del país, en donde tiene asiento Tel Aviv y alrededores y donde vive gran parte de los 8,5 millones de habitantes del Estado de Israel. El propio movimiento islamista Hamas, que controla la Franja de Gaza desde hace años, reconoció haber lanzado 130 cohetes contra Tel Aviv.

En tanto, un comunicado de la Cancillería argentina se conoció horas después. El mismo expresó la “honda preocupación” del Gobierno Nacional ante “el dramático agravamiento de la situación en Israel y Palestina” y “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de unidades de seguridad israelíes ante protestas por posibles desalojos de familias palestinas de sus hogares en los barrios de Sheikh Jarrah y Silwan, así como por la respuesta a través del lanzamiento de misiles y artefactos incendiarios desde la Franja de Gaza”.

Las palabras utilizadas por las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores no pueden sino ser interpretadas como la búsqueda de transmitir el pensamiento de quienes la formulan. Al equiparar los hechos, parece desconocer el legítimo derecho de defensa de un pueblo que es sometido permanentemente a ataques en su territorio.

El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, a su vez, contradice la postura del gobierno norteamericano que emitió una firme condena a los ataques. El portavoz del Departamento de Estado Ned Price afirmó que “Israel tiene derecho a defenderse” y “responder” a los ataques. Poco después, el secretario de Estado Antony Blinken se comunicó con su par israelí Gabi Ashkenazi y reiteró las seguridades del tradicional apoyo norteamericano al que es su principal aliado en Medio Oriente. En el mismo sentido se expresó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan quien en una comunicación con su par israelí Meir Ben-Shabbat transmitió la condena por el ataque de Hamas y otros grupos terroristas en Gaza contra Tel Aviv y Jerusalén y sostuvo que el Presidente Joe Biden reafirmó su convicción sobre el derecho del pueblo israelí a defender su territorio.

En el mismo sentido se expresó el gobierno alemán. A través de un comunicado, su ministro de Relaciones Exteriores Heiko Maas condenó el ataque de Hamas y lo tachó de “absolutamente inaceptable” al tiempo que reconoció el derecho de Israel de a la “auto-defensa”.

La actitud del gobierno argentino no puede sino merecer el reproche de quienes creemos firmemente que el terrorismo resulta inaceptable en todas sus formas. La Argentina fue blanco del terrorismo internacional en los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994. Las heridas por esos trágicos hechos todavía permanecen abiertas y el homenaje a sus víctimas nos obliga a no cesar jamás en la condena a hechos de esa naturaleza.

Actos deleznables como ellos nos obligan al imperativo de rechazar en palabras y actos cualquier forma de extremismo y la intolerancia. Frente a actos como los cometidos por Hamas en el día de la fecha no corresponde nada salvo un firme repudio.

Mariano Caucino

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Fin de una era: por qué estalló Colombia

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Tras plantear un ajuste a la clase media, Iván Duque ahora es señalado por la comunidad internacional por violaciones a los DD.HH.

Las manifestaciones multitudinarias contra el gobierno de Iván Duque en Colombia, comenzaron hace 10 días como un rechazo a una reforma tributaria, y se han transformado en movimiento de múltiples demandas de la sociedad. Dichas manifestaciones han sido reprimidas brutalmente por las fuerzas de seguridad, aumentando día a día el número de heridos, desaparecidos y muertos.

El actual conflicto se muestra como la peor cara de la desigualdad estructural en Colombia,  que se ha profundizado con la pandemia de COVID19. Como la priorización de la acción represiva, demuestra la falta de capacidad política del gobierno de Duque ante un conjunto de demandas ciudadanas que se suman día a día buscando algún tipo de respuesta.

Desnuda desigualdad

Colombia ha sido atravesada en los últimos 50 años por el conflicto armado entre la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares y el ejército. Esta larga, sangrienta y sinuosa historia ha dejado el saldo de más de 900.000 muertos, el desplazamiento de más de 8 millones de personas, y el asesinato de cientos de líderes sociales.

El gobierno de juan Manuel Santos logro en 2016 realizar un histórico acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dando un paso definitivo para comenzar un largo proceso de sanación del país. Incorporó a miembros de esta organización a la vida política y negoció acuerdos similares con otras guerrillas menores. Pero el comienzo de una solución a ese conflicto puso en relieve los otros profundos problemas estructurales socio económicos que ocultaba Colombia desde hace décadas.

Colombia es un país conocido en el mundo por tener una larga estabilidad política, independientemente del conflicto de la guerrilla, ya que desde los años 50 se han intercalado democráticamente en el poder conservadores y liberales, mientras los números macroeconómicos no paran de crecer, con un crecimiento del 3,26 del PBI en 2019. Pero al mirar la distribución del ingreso Colombia, es el séptimo país más desigualdad del mundo, y el segundo de la región después de Brasil.

Colombia no ha generado cambios en la distribución del ingreso desde 1992. En 2019 el 10% de la población más favorecida poseía 4 veces más que el 40% de la población más pobre. A su vez hay más de 500.000 niños en situación de desnutrición crónica. Mientras en lo que respecta a la educación, en Colombia hay 2 millones de analfabetos, y solo el 44 % de los estudiantes llega a terminar el bachillerato, y de este número solo la mitad logra entrar a la universidad. Sobre este escenario la pandemia llevó el desempleo actual al 14%, y la pobreza en 2020 al 42,5% de la población.

LA PANDEMIA LLEVÓ EL DESEMPLEO ACTUAL AL 14%, Y LA POBREZA EN 2020 AL 42,5%.

Impuestos y falta de ideas

En 2019 Iván Duque que ya poseía un 65 % de desaprobación, con un modelo económico que mostraba desgaste, en cuanto a lo que inclusión social se refiere. Entonces envió proyectos de reforma laboral y de pensiones que generaron más malestar en la población.

Este malestar económico termino de confluir en un gran paro nacional en noviembre del 2019. Donde a pesar de lo pacifico de las manifestaciones, estas fueron reprimidas duramente por la policía ocasionando la muerte de varios manifestantes. La llegada de la pandemia de COVID19 pareció dar una pausa a las protestas sociales, pero cuando en abril de este año el gobierno propuso una nueva reforma tributaria, esta se transformó en la chispa que volvió a encender el conflicto.

La reforma planteaba obtener 25,4 billones de pesos colombianos, unos 6800 millones de dólares, para paliar la crisis económica del país. Pero la reforma planteaba obtener el dinero mediante el gravamen de impuestos a una empobrecida clase media.

Y a su vez subir hasta un 19% el IVA a productos alimenticios, e incluso ampliar este aumento del IVA a la gasolina, electricidad y el gas, golpeando también a los sectores bajos. Esto origino un nuevo paro nacional iniciado el 28 de abril, con enormes y constantes movilizaciones en todo el país, generando que Duque retirara el proyecto, y renunciara el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

SUBIR HASTA UN 19% EL IVA A PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Sin embargo, a pesar del retiro de la reforma tributaria, el paro continua. Es que solo había sido el catalizador de múltiples reclamos de un movimiento tan grande como heterogéneo. A tal punto que el comité conformado por los sectores que llevan a adelante el paro nacional, buscaban presentar a Duque diversos reclamos que iban desde: la renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, defensa de la producción (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).

Hasta  la matricula cero para la educación, y detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato. El gobierno que tuvo la falta de criterio político y social para buscar un impuesto sobre los sectores medios y bajos, ahora debe dar, aunque sea en forma transitoria, respuesta a numerosos reclamos.

Violencia y represión institucional

La violencia ha llegado a tal punto, que un organismo reconocido como Human Rights Watch público un video donde se ve a policías disparar desde una tanqueta proyectiles hacia manifestantes. Y la ONU pidió a Colombia respetar los DD.HH. y garantizar el derecho a las protestas.

Esa misma violencia policial ha pasado a transformarse en uno de los reclamos del paro nacional: la represión a las protestas ha dejado al cierre de esta nota el saldo de 24 muertos, casi 100 desparecidos y cientos de heridos. Estos hechos han revelado la incapacidad de las fuerzas de seguridad colombianas para contener la protesta social.

Debido a que por más de 50 años la policía ha sido entrenada y estructurada en contexto de conflicto armado contra un enemigo en común: las guerrillas. Generando que al tratar con los manifestantes,  muchas veces en vez de abórdalos como ciudadanos que reclaman democráticamente, estos son tratados como subersivos.

 AL CIERRE DE ESTA NOTA EL SALDO ERA DE 24 MUERTOS, CASI 100 DESPARECIDOS

Mientras la corriente más reaccionaria del uribismo, del cual Duque proviene, reduce la complejidad del análisis de los reclamos sociales a un conjunto de conspiraciones orquestadas por Venezuela. la ciudadanía continua en las calles planteando múltiples demandas que por ahora parecen sobrepasar la capacidad de respuesta del actual gobierno.

Mientras la segunda ola de COVID19 avanza, en Colombia se empiezan a reclamar soluciones a problemas que han pasado desapercibidos por mucho tiempo en el centro de la opinión pública. Siendo que el futuro de la democracia colombiana dependerá de lo rápido y efectivo que esas demandas sean encauzadas y respondidas.

FUENTE : REVISTA NOTICIAS

FOTO TAPA : PERFIL

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Estados Unidos ya vacunó con dos dosis a 100 millones de personas

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Estados Unidos tiene ya cien millones de personas completamente vacunadas contra el coronavirus, lo cual morigerará los devastadores efectos de la enfermedad, lo que supone un 35% de su población.

Estados Unidos tiene ya cien millones de personas completamente vacunadas contra el coronavirus, lo cual morigerará los devastadores efectos de la enfermedad, informó hoy el coordinador de respuesta a la pandemia de la Casa Blanca, Jeff Zients.

«Son 100 millones de estadounidenses con una sensación de alivio y tranquilidad al saber que después de un año largo y duro están protegidos del virus, sabiendo que su decisión de vacunarse no solo los protege a ellos sino que también protege a sus familias, sus amigos y sus comunidades», expresó Zients en rueda de prensa.

El país, que sigue siendo el más afectado del mundo, ha distribuido 237 millones de dosis y el 55% de los adultos recibió al menos una dosis.

Se considera que una persona está completamente vacunada dos semanas después de la aplicación del inmunizante o de la segunda dosis para los que se administran en dos tomas.

La campaña de vacunación en Estados Unidos arrancó con altibajos en diciembre, pero el ritmo aumentó rápidamente durante la primavera boreal hasta llegar a un pico de la tasa de inyecciones a principios de abril.

Sin embargo, ahora experimenta una cierta disminución del ritmo de inoculación, consignó la agencia de noticias AFP.

Paulatinamente, todas las personas que estaban convencidas de querer vacunarse lo han hecho, por lo que ahora la campaña está orientada a llegar a las indecisas o de difícil acceso, como las que residen en zonas rurales.

En el país están autorizadas tres vacunas, las de Pfizer/BioNtech, Moderna y Johnson & Johnson, esta última la única que no precisa de más de una dosis.

Estados Unidos registra 32,3 millones de casos y 575.000 muertes, según el último reporte sanitario.

Entretanto, se informó oficialmente que los mayores de 16 años pueden vacunarse en Florida desde hoy sin prueba de residencia, lo que abre la vía a la inmunización de las personas indocumentadas.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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