La compra de armamento antimotines ocurrió apenas comenzó el aislamiento social obligatorio: se efectivizó con una resolución del 2 de abril, pero en verdad las municiones las obtuvieron el 27 de marzo, antes de que la compra estuviera adjudicada. Sostuvieron que “la recepción no podía dilatarse debido a la urgencia” y “la emergencia pública en materia sanitaria”.
La compra costó 52 millones de pesos, pero podría haber sido mucho mayor. Es que originalmente, pidieron 345 mil cartuchos 12/70 (antidisturbios), 8550 cartuchos y 3050 granadas de gas lacrimógeno y 2600 granadas de humo. Pero Fabricaciones Militares les contestó que tenía un stock mucho menor: obtuvieron 150 mil cartuchos antidisturbio, mil cartuchos de gas lacrimógeno, 2000 granadas de mano con gas lacrimógeno y 2915 granadas de humo.
Consultados sobre la compra, en el Ministerio de Seguridad porteño sostuvieron que todas las fuerzas de seguridad se pertrecharon ante cualquier eventualidad. “Tenés que estar preparado para lo que pase. Y la hipótesis de saqueos es nacional, no es de la Ciudad”, aseguraron. También dijeron que es una compra habitual, que solamente se adelantó ante un escenario inesperado como el de la propagación del virus.
Lo cierto es que en el expediente de la compra dejaron varios argumentos sobre la urgencia en comprar armamento antitumultos: “Atento a la situación socioeconómica que está atravesando el mundo, por causa de la propagación pandémica del Convid-19 y teniendo en cuenta el stock de material antidisturbio disponible (…) se solicita la urgente adquisición del material”, indicaba la solicitud de la División de Armamento, Munición y Explosivos de la Policía de la Ciudad.
La compra en medio de la pandemia fue cuestionada por el Observatorio de Derecho a la Ciudad, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que conduce Claudio Lozano. “El Gobierno de la Ciudad se prepara para reprimir a la ciudadanía anticipando una crisis social mientras no toma medidas en el presente para prevenirla: no garantiza elementos de protección a médicos y enfermeros, ni la comida para los estudiantes de escuelas públicas, ni los insumos básicos para la educación a distancia, ni el acceso al agua potable a 400 mil personas que habitan villas y asentamientos”, advirtieron en un comunicado.
A las críticas se sumó el senador Mariano Recalde: “Lamento que el Gobierno porteño destine tanto presupuesto a la compra de cartuchos de balas y de gas lacrimógeno para reprimir, en lugar de fortalecer la salud y el bolsillo de los que tanto necesitan. Sorprende que piensen en represión cuando la sociedad está haciendo un enorme esfuerzo por permanecer en sus hogares pese a los costos económicos que esto implica. El descontento social se enfrenta con políticas públicas, no con balas, no con gases”, advirtió.
Desde la oposición plantearon que este armamento será usado para equipar a una División de Invervención Rápida de la Policía de la Ciudad, que tendría 700 agentes, y que está siendo preparada en la Comuna 8. Desde el Ministerio de Seguridad porteño, negaron que la compra y la preparación de esa nueva unidad estén vinculadas. “Es una unidad para accionar en distintas partes de la Ciudad, sin que afecte la dotación de una comuna en particular”, indicaron.
La nueva unidad tendrá grupos de despliegue con una camioneta y tres motos. Los policías irán vestidos de negro y, además del armamento habitual, contarán con escopetas. Los lugares donde los desplegarán son en principio las zonas
bancarias, los comercios, los accesos de la Ciudad, los parques y los paseos. Tendrá una dotación de 40 camionetas y 50 motocicletas. Más equipamiento para una fuerza de seguridad que tuvo una denuncia penal por maltratos a las personas en situación de calle durante los controles para que no se viole la cuarentena. Ahora tendrán más equipamiento y armas.
FUENTE : PAGINA 12
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