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Las cifras que dejan al descubierto la feroz respuesta de la dictadura cubana al estallido del 11 de julio

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El régimen reaccionó a las históricas protestas con detenidos; desaparecidos; periodistas agredidos, silenciados y encarcelados; el bloqueo de internet y el llamado desesperado a una guerra fratricida.
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(Infografía: Marcelo Regalado)

Las cifras que este artículo informa pueden cambiar minuto a minuto. La dictadura cubana arresta, libera bajo amenaza y reprime de manera incesante, lo que realmente complica la documentación de los casos. Todo es hermético en Cuba, hasta las detenciones, pero desde el domingo 11 de julio, algo cambió… Miles perdieron el miedo.

Hasta ahora, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los movimientos disidentes contabilizaron 382 detenciones desde el 11 de julio, cuando las manifestaciones espontáneas se volvieron multitudinarias, e inocultables. La mayoría de los arrestados fueron hombres (310).

Las detenciones se produjeron por fuerzas de la dictadura, en su mayoría agentes de civil, que comenzaron sus redadas luego de que el dictador Miguel Díaz Canel llamara a los “revolucionarios comunistas” a salir a combatir a los que protestaban, en un acto de desesperación que lo puso en el foco mundial: en cadena nacional llamó a un baño de sangre, a un enfrentamiento entre cubanos…

Las primeras manifestaciones se produjeron en San Antonio de los Baños y el resto de los cubanos se enteró por transmisiones en vivo que los mismos manifestantes publicaron en sus redes sociales. Al grito de “¡abajo la dictadura!”, “libertad” y “patria y vida”, vino el efecto dominó: luego se encendió Palma Soriano y a medida que pasaban las horas estalló La Habana. Una columna inimaginable de cubanos llegó al Malecón hasta que fue brutalmente reprimida.

La capital fue el lugar con más arrestos por parte de las fuerzas del régimen, con 112 detenciones y luego se ubica Holguín, con 76. Además, aún hay 28 cubanos desaparecidos, probablemente apresados por la dictadura pero que no fueron registrados oficialmente y sus familiares no saben dónde están retenidos o si están con vida.

En paralelo a las detenciones, la dictadura bloqueó los datos móviles: sin acceso a redes sociales, los manifestantes no podían ni informarse de más movilizaciones ni difundir en el resto del globo lo que allí sucedía. Apagón- represión, el combo preferido de la dictadura castrista.

Pero bloquear todo ya no es sencillo, no lo es desde hace tres años cuando internet llegó a los móviles de todos los cubanos. “Esto habría sido imposible sin una Cuba digitalmente conectada. Las redes sociales jugaron un papel facilitador fundamental al canalizar el descontento generalizado y permitir a la gente ver a otros expresar sin miedo frustraciones compartidas”, señaló a EFE Ted Henken, profesor de Sociología y Estudios Latinoamericanos en el Colegio Baruch de Nueva York. El experto define internet como “una caja de Pandora que ha traído constantes dolores de cabeza al régimen al permitir a los cubanos perder cada vez más el miedo colectivo e identificar su descontento con el de muchos otros conciudadanos”.

Díaz- Canel fue también por la prensa, intentó silenciar a los corresponsales, sus fuerzas de choque golpearon a un fotógrafo de la agencia AP e incluso se llevaron detenida a una influencer en vivo, mientras daba una entrevista para la TV española, pero las maniobras usuales no alcanzaron.

A diferencia de marchas anteriores -como las Damas de Blanco (un colectivo de madres y esposas de presos políticos) y el Movimiento de San Isidro (artistas que reclaman libertad de expresión)-, estas manifestaciones se han extendido más allá de sus pequeños enclaves y han estado integradas por decenas de miles de cubanos, a pesar de las duras tácticas de represión.

El 11 de julio pasado hubo más de 35 focos de protesta en toda la isla, no fueron manifestaciones aisladasEl 11 de julio pasado hubo más de 35 focos de protesta en toda la isla, no fueron manifestaciones aisladas

Es que el domingo 11 de julio sucedió lo que parecía imposible en una isla controlada férreamente por el aparato represivo de la dictadura: miles de cubanos salieron espontáneamente a reclamar. Díaz Canel y sus “revolucionarios comunistas” podrán aplastar este foco, pero no será el único.

Lo que ocurrió tiene muchas lecturas pero en principio es una protesta social,la más grande ocurrida desde 1959, que somete a discusión profunda las bases de lo que se ha entendido por el ‘consenso cubano’”, explicó a Efe el profesor e investigador cubano Julio César Guanche. A su juicio, “es previsible que vuelva a ocurrir” y “eso significa leer la causa no como explosión en sí misma sino como un continuo que con un detonante puede explotar, pero siempre respondiendo a un proceso que remite a sus causas y a sus motivos”.

“Hay una línea de tiempo que venía indicando que cosas como estas ocurrirían y no hay nada que indique que esto sea el capítulo final de este proceso, a no ser que se entienda como un punto de ruptura y se modifiquen muchas de las bases de la política en sí misma, también de la política económica, social, incluso del lenguaje político que el Estado cubano usa”, afirmó el intelectual.

Tampoco el historiador cubano Rafael Rojas, del Colegio de México, descarta “nuevos brotes de manifestación pública” dado que la represión de la última semana contra los manifestantes “se sumará al cúmulo de agravios que sufren amplios sectores de la población de más bajos ingresos dentro de la isla”. “Es difícil vislumbrar algún tipo de salida a este conflicto en el corto plazo. La polarización se intensificará porque miles de manifestantes pacíficos, de sectores humildes de la isla, han sido tratados como ‘contrarrevolucionarios’ y ‘delincuentes’. En esa ciudadanía inconforme, que crece demográficamente, se afianzará el enojo”, asevera el intelectual del Colmex.

En 1994 cientos de cubanos volcaron su rabia y desesperación en el bulevar frente al mar conocido como el Malecón. El país se encontraba en medio de una crisis económica conocida como el “periodo especial”, cuando el colapso de la Unión Soviética despojó a Cuba de su principal socio comercial y dejó al país al borde de la hambruna. Aunque existen paralelismos con las protestas de 1994, una diferencia, según los analistas, es que Díaz-Canel tiene pocas opciones, incluso cuando la paciencia del pueblo cubano está en su punto más bajo.

“Díaz-Canel no puede pedir más sacrificio. Díaz-Canel no puede decir que esto es sólo un bache… se acabará. Es incapaz, creo, de convencer a la opinión pública de que tiene arreglo”, afirmó la historiadora de Cuba y profesora de la Universidad de Nueva York, Ada Ferrer.

Policías arrestan a un hombre cuando personas se manifiestan hoy, en una calle en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa
Policías arrestan a un hombre cuando personas se manifiestan hoy, en una calle en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

Según afirman estos expertos al Washington PostDíaz Canel esta vez no puede utilizar la migración como una válvula de escape para la oposición, como hizo Castro con el éxodo del Mariel en 1980 y el éxodo de 1994 a Estados Unidos. “Muchos de los manifestantes actuales no quieren salir de Cuba”, explicó Iris Ruiz, coordinadora del Movimiento San Isidro. Han visto a generaciones de cubanos abandonar la isla, pero la vida de los que se quedan no ha mejorado. No podemos seguir así”.

En cualquier caso, esto es inédito, afirmó al Post Pavel Vidal, un economista que trabajó en el Banco Central de Cuba y ahora enseña en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia: “No sabemos cuándo y no sabemos cómo, pero es innegable que esto significará un cambio”.

FUENTE : INFOBAE

FOTO TAPA .: DW

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Internacional

EEUU EXTRADITÓ A UN TESTAFERRO DE MADURO Y VENEZUELA TOMÓ UNA DRÁSTICA DECISIÓN

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Además de suspender el diálogo con la oposición, Venezuela calificó la extradición como un “secuestro” de su “embajador” pues el empresario investigado, que es colombiano, recibió la nacionalidad venezolana y un título de embajador mientras estaba en cautiverio en Cabo Verde.

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LA JUSTICIA ESPAÑOLA APROBÓ EXTRADITAR A EEUU A CLAUDIA PATRICIA DÍAZ GUILLÉN, LA EX ENFERMERA DE HUGO CHÁVEZ

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El país norteamericano la reclama por blanqueo de capitales y organización criminal para favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera

La Audiencia Nacional española aprobó la extradición de Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos, que la reclama por blanqueo de capitales y organización criminal por favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera.

En un auto conocido este viernes, los magistrados consideran que se dan los requisitos para la extradición por delitos que en EEUU están tipificados como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios.

De acuerdo con la reclamación del Tribunal Federal de Distrito Sur de Florida (EEUU), desde 2008 a 2017 Gorrín Belisario, junto a Díaz Guillén y su marido Adrián Velásquez Figueroa participaron con otros en un “estratagema corrupta” en relación al cambio de moneda extranjera efectuado por el gobierno venezolano a cambio de sobornos.

Guillén, que se desempeñó como tesorera del gobierno chavista, es conocida como la enfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y su marido, que fue guardaespaldas del caudillo, tiene pendiente que la Audiencia Nacional se pronuncie también sobre su extradición por los mismos hechos.

En 2019 la Audiencia Nacional española rechazó extraditar a Venezuela a Guillén y a su marido, así como a un contable de la petrolera estatal PDVSA, atendiendo a la situación que atraviesa el país, lo que consideró que ponía en peligro su integridad.

Ahora, acepta la entrega a Estados Unidos de la ex responsable del Tesoro venezolano a la luz de la documentación aportada por las autoridades de ese país el pasado año.

Claudia Patricia Díaz Guillén (EFE/Javier Lizon)Claudia Patricia Díaz Guillén (EFE/Javier Lizon)

Según esa documentación, Gorrín pagó cientos de millones de dólares para asegurarse el derecho de participar en transacciones de cambio de moneda extranjera que le reportaron unas ganancias de cientos de millones de dólares.

En su estrategia, Gorrín, juntos con otros, prometía, autorizaba y efectuaba pagos corruptos a funcionarios del régimen venezolano, incluidos dos tesoreros nacionales, Alejandro Andrade Cedeno y Claudia Patricia Díaz Guillén, “a fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables”.

Para ocultar los pagos, según la documentación de las autoridades americanas, Gorrín utilizó cuentas bancarias cuyos titulares eran empresas ficticias y disfrazó numerosos pagos de sobornos a Díaz Guillén haciendo los pagos a su esposo en vez de a ella directamente.

Entre 2011 y 2013 el empresario hizo pagos por sobornos de al menos 65 millones de dólares a beneficio de la reclamada a través de transferencias de cuentas de Suiza hacia Estados Unidos.

Además de los sobornos, Gorrín también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes y otros objetos de lujo.

En su resolución, los magistrados españoles rechazan los argumentos de la reclamada para oponerse a la extradición, entre ellos que ya está siendo investigada por los mismos hechos en España, así como que el haber obtenido la nacionalidad española en abril de 2021 sería causa para denegar la entrega.

Respecto al primero de los argumentos, los jueces concluyen que no se trata de los mismos hechos por los que se la investiga en este país y, respecto a la nacionalidad española como causa de denegación, así como su arraigo, consideran que no se dan los factores para rechazar la extradición de nacionales, como son la ponderación sobre la gravedad y la vinculación o arraigo en el país.

(Con información de EFE)

FOTO TAPA ABC

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PANDORA PAPERS: EL DETRÁS DE ESCENA DE LA MAYOR COLABORACIÓN PERIODÍSTICA EN LA HISTORIA

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Una investigación global, de la que participó Infobae, involucró el análisis de casi 12 millones de documentos filtrados de más de una docena de proveedores offshore

Los números de Pandora PapersLos números de Pandora Papers

Lo hicimos otra vez. Después de Panamá Papers, de Paradise Papers, de Implant Files y de Fincen FilesInfobae volvió a ser convocado para Pandora Papers, una nueva iniciativa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro con sede en Washington, que reúne como miembros a periodistas de todo el mundo.

La caja de Pandora era, en la mitología griega, el baúl que contenía todos los males del mundo. Miles de años después, ICIJ ofreció una nueva caja de Pandora que puso a disposición de más de 600 periodistas de 150 medios de 117 países. Se conformó así la mayor alianza periodística mundial liderada por ICIJ, para volver a hurgar en el secreto mundo de las operaciones offshore y los secretos financieros a nivel global.

El nuevo desafío consistió en analizar casi 12 millones de documentos internos, la mayoría muy extensos, alojados en un baúl virtual al que pudimos acceder a través de una plataforma digital especialmente diseñada para la investigación. Los archivos forman parte de la filtración periodística más voluminosa en la historia y provenían de 14 proveedores de servicios offshore de todo el mundo. Entre ellos, el poderoso estudio de Panamá, Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), elegido por la mayoría de los beneficiarios finales argentinos; y Trident Trust Company, especialmente elegida por los argentinos para armar fideicomisos vinculados a las Islas Vírgenes Británicas.

Estaban en inglés y en español, en su gran mayoría. Fueron obtenidos en distintas entregas por ICIJ de parte de una fuente anónima. Exponían información confidencial y secreta de los estudios que asesoran a los más poderosos sobre cómo estructurar u ocultar sus patrimonios, reducir el pago de impuestos y proteger al máximo la información sobre sus bienes.

Sobre la base de listas de personajes públicas que elaboramos como guía para las búsquedas, empezamos a rastrear documentos relacionados con esos nombres y a compaginar piezas para detectar posibles delitos. Desde tributarios o financieros, hasta estrategias de elusión impositiva i fondeo de negocios en el exterior, pasando por la adquisición de patrimonio o manejo de herencias fuera de los ojos del fisco argentino.

Noviembre de 2020. La Unidad de Datos de Infobae comenzaba a planificar los próximos temas a encarar cuando la primera ola de la pandemia empezaba a ceder. Fue poco después de que publicamos una serie de 16 notas de FinCEN Files. El día 17 de ese mes, Emilia Díaz Struck, coordinadora de ICIJ para América Latina, envió un primer mail para convocar a una reunión al equipo argentino del Consorcio para hablar de “una nueva aventura”. La experiencia de varias filtraciones anteriores nos permitía imaginar un nuevo proyecto de esa naturaleza, aunque nunca nos imaginamos que se trataría, en plena pandemia, de la más grande colaboración periodística en la historia.

Con ansiedad, nos conectamos una tarde en la que empezaba a asomar el verano a la primera reunión virtual del proyecto Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli, Iván Ruiz, Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Emilia Delfino y Ricardo Brom.

Era un tema con el que ya estábamos familiarizados pero, no por eso, nos resultaba menos apasionante: sociedades offshore en paraísos fiscales. Aún así, escuchamos con algo de sorpresa que Argentina era uno de los países protagonistas de una filtración con un tamaño inimaginable para que un ser humano pudiera analizar: casi 12 millones de documentos.

Los archivos estaban subidos a una plataforma especialmente diseñada por ICIJ y con extremas medidas de seguridad para acceder a ella, que requerían no haber cambiado el celular, o no haberlo perdido, por los códigos de acceso habilitados.

Los documentos incluían desde largos PDF, hasta hojas de cálculo con miles de celdas, casi imposibles de descargar en nuestras computadoras. En esos Excels gigantescos, debíamos tratar de detectar un nombre o una dirección que nos resultaran conocidos y que nos dieron una pista para comenzar una búsqueda más fina. Había correos electrónicos, formularios, poderes, cartas, y hasta copias de los pasaportes de argentinos, de anónimos y de varios poderosos.

ICIJ ya había avanzado rápidamente con la estructuración de los primeros datos. A semanas de ese primer encuentro, desde Washington compartieron el primer archivo: “Argentina: names to start”, una planilla de Excel que contenía los primeros 150 nombres de beneficiarios finales (o UBOs, como los llamábamos con naturalidad entre nosotros por Ultimate Beneficial Owner) con nacionalidad argentina. Era el punto de partida para un largo camino que incluiría la llegada de más hojas de cálculo que hasta multiplicaban por diez aquel número inicial de apellidos.

Fueron horas mirando documentos para detectar un nombre o domicilio que nos encendieran alertas. Y aparecieron los primeros apellidos reconocidos. Y sentimos el vértigo por la tarea que nos esperaba. La gran mayoría, sin embargo, no tenían relevancia pública, lo que nos generó un desafío porque había que evaluarlos uno por uno para evaluar si había detrás una historia de interés público. Tuvimos – y seguimos teniendo – debate sobre la relevancia de publicar o no determinados nombres.

Las referencias a Argentina se multiplicaban por todo el leak. Comenzamos con las primeras búsquedas en febrero pasado, mientras a la par nos organizamos para armar listas de nombres de todo tipo de personajes y sus familiares, direcciones y hasta algunas palabras clave para el día a día de los argentinos. También empezaron las reuniones, cada vez más frecuentes, y algunos problemas de agenda, porque Argentina nunca se detiene.

Pasó el verano y llegó la segunda ola de coronavirus. La Unidad de Datos de Infobae, entonces, se dividió entre dos mundos distantes. Por un lado, estuvimos abocados a los números sobre contagios, muertes y nuevas cepas de Covid-19. Al mismo tiempo, a veces en momentos libres, nos sumergimos por horas dentro de los sistemas de búsqueda que había facilitado ICIJ.

¿Con qué nos encontrábamos? Con todo tipo de documentos de 14 diferentes estudios proveedores de servicios offshore, que se dedican a abrir cuentas secretas en paraísos fiscales, con la ayuda de estudios contables y operadores financieros. Son documentos que van desde 1970 a 2018, considerando fecha de creación de empresas, pero la mayoría de los archivos relacionados cubren el rango temporal hasta 2020. Muestran distintas operaciones como el establecimiento de empresas fantasma hasta movimientos de cuentas bancarias en más de 30 jurisdicciones y al menos 10 paraísos fiscales.

Los tipos de documentos, por cantidad, incluidos en Pandora Papers (ICIJ)Los tipos de documentos, por cantidad, incluidos en Pandora Papers (ICIJ)

Trabajamos con reglas muy estrictas de seguridad informática: los correos están encriptados y las consultas a los documentos sólo se pueden hacer a través de una plataforma que es accesible sólo para los miembros de ICIJ que participan de la investigación.

También, debido a la pandemia, la reunión global con los otros socios del proyecto que, en anteriores proyectos fue presencial, esta vez fue vía Zoom. Y fue una de tantas. Luego vinieron varias con el equipo de ICIJ y decenas con el equipo argentino: al principio una vez por mes y, en el último tramo, varias veces a la semana.

Una de las tantos reuniones por Zoom entre los periodistas que participaron del proyecto, entre ellos, tres de InfobaeUna de las tantos reuniones por Zoom entre los periodistas que participaron del proyecto, entre ellos, tres de Infobae

En otras filtraciones, como en Panamá Papers, los documentos se encontraban alojados en carpetas, estaban ordenadas por el número identificatorio de cada empresa offshore creada por Mossack Fonseca. En Pandora Papers, como si se abriera la caja de un rompecabezas, el trabajo consistió en unir las piezas dentro de ese mismo repositorio, para encontrar la historia.

Este caso fue muy diferente. No había carpetas sino miles de documentos en los que aparecía la palabra “Argentina”: se encontraron exactamente 57.307 registros en diferentes formatos con la mención a nuestro país, desde archivos de texto, hojas de cálculo, PDFs hasta fotografías y mails, entre muchos otros. Y algunos de esos archivos contenían más de 1.000 páginas.

El volumen total de la filtración asciende a 11.903.676 documentos, de los cuales hay 6,4 millones de PFDs, 2,9 millones de archivos en formato de imagen, 1,2 millones de emails, casi medio millón de hojas de cálculo, más de 3 .000 audios y más de 1.400 videos, entre otros.

Comparada con otras filtraciones, esta es la más voluminosaPanamá Papers reunió 11,5 millones de documentos cuyo tamaño total fue de 2,6 Terabytes. Al año siguiente, en 2017, Paradise Papers recopiló 13,4 millones de documentos con un tamaño de 1,4 Terabytes. En Pandora Papers, este año, hay 11,9 millones de documentos pero con un tamaño que es casi del doble del anterior: 2,94 Terabytes.

En nuestros tiempos, “abrir una caja de Pandora” significa iniciar una acción o una búsqueda que puede revelar hallazgos insospechados y tener consecuencias de alto impacto. Esto es lo que ocurrió con Pandora Papers.

Entre los medios que participaron junto a Infobae, por Argentina, se encuentran La Nación y elDiarioAR. A nivel global participan BBC y The Guardian del Reino Unido, Le Monde de Francia, The Washington Post y Miami Herald de Estados Unidos; El País y La Sexta de España; ABC de Paraguay, Convoca e IDL de Perú, El Espectador y Conectas de Colombia, El País, Quinto Elemento, Proceso y Univisión de México; Búsqueda de Uruguay; ArmandoInfo de Venezuela, Süddeutsche Zeitung de Alemania; Ciper de Chile y L’Espresso de Italia, entre otros.

Infografía: Marcelo Regalado

Visualización interactiva: Daniela Czibener

 

Mariel Fitz Patrick
Sandra Crucianelli
Iván Ruiz
FUENTE : INFOBAE
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