Connect with us

Judiciales

LAS CONEXIONES EN EL ENTRAMADO DE PAGOS MILLONARIOS A COOPERATIVAS DE QUILMES VINCULADAS A FUNCIONARIOS DE MAYRA MENDOZA

Published

on

Las adjudicaciones a tres entidades y una empresa bajo sospecha superan los $671 millones, según el relevamiento de decretos oficiales realizado por Infobae. La Justicia Federal comenzó a analizar documentación que recibió de la AFIP.

La trama de conexiones entre funcionarios, actuales y pasados, familiares y socios alrededor de las cooperativas de trabajo y empresas beneficiadas con contratos millonarios del Municipio de Quilmes, a cargo de Mayra Mendoza, se vuelve cada vez más comprometedora. Los nombres y las direcciones se repiten, y las adjudicaciones bajo sospecha superan los $671 millones, desde comienzos del 2020 a la fecha, según el último cálculo realizado por Infobae en base al análisis de los decretos publicados en el Boletín Oficial del Municipio. Todos llevan la firma de la intendenta de La Cámpora y de funcionarios de su gabinete.

Ya hay dos investigaciones abiertas en la Justicia Federal que investigan si fondos nacionales entregados al municipio de Quilmes se utilizaron para pagarle a cooperativas cuyos titulares son funcionarios y/o empleados del Municipio. Bajo la lupa hay, hasta ahora, 11 imputados, la mayoría de ellos funcionarios de la intendencia de Quilmes, incluida la propia intendenta, siete cooperativas de ese Municipio, y media docena de empresas. Las dos denuncias se realizaron el 25 de abril, basadas en las revelaciones del sitio El Disenso, y avanzan en pararelo ya que aún no hay una disputa de competencia entre la Justicia Federal de Capital y la de Quilmes.

La causa que tramita en los Tribunales de Comodoro Py está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González. Se abrió a partir de la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lome. Los supuestos delitos por los que se investigan a Mendoza y sus funcionarios son los de malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, con la posibilidad de ampliar las acusaciones a otras maniobras como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La otra está en la Justicia Federal de Quilmes, por una autodenuncia del propio Municipio. Críticos de Mayra Mendoza dicen que lo hizo para que la causa quedara en Quilmes y poder, hipotéticamente, influir en el derrotero de la causa. Este otro expediente está en manos del juez federal Luis Armella y de la fiscal Silvia Cavallo. La carátula de la investigación lleva los posibles delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de dinero y administración fraudulenta.

Ambos magistrados, a requerimiento de los fiscales, pidieron informes a distintos organismos oficiales como la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la Inspección General de Justicia (IGJ), y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El escándalo ya tuvo un primer coletazo político: el funcionario municipal más comprometido inicialmente, Sebastián Raspa, debió renunciar el 27 de abril último a su cargo de subsecretario de Hábitat de Quilmes. En su carta de renuncia, sin embargo, aseveró: “Quiero dejar en claro que no soy ni fui parte de ninguna de las cooperativas con las que trabajó el municipio de Quilmes en la presente gestión”. Raspa agregó no tener “cuentas ni participación en empresas en el exterior”. Esa aclaración obedeció a que El Disenso reveló la existencia de tres sociedades en Miami mediante las cuales, según la denuncia, se habría girado dinero de las cooperativas al exterior.

Sebastián Raspa, ex subsecretario de Hábitat de Quilmes (Foto: gentileza Diario La Nueva)Sebastián Raspa, ex subsecretario de Hábitat de Quilmes (Foto: gentileza Diario La Nueva)

Sebastián Raspa y su doble rol

Raspa se desempeñó hasta el 27 de abril último en su doble rol de funcionario municipal y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo, que agrupa a cooperativas de la zona. La Federación funciona en una casa en Quilmes, detrás de un portón negro sin identificación ni cartel alguno, sobre la calle Sudamérica 20, al que acudió Infobae. Allí una empleada administrativa confirmó que era el domicilio de la Federación y de otras cooperativas, pero dijo que no había ningún dirigente en ese momento para brindar más información. Si bien esta cronista dejó su número de teléfono, nadie se contactó.

Sudamérica 20, en Quilmes, el domicilio de media docena de cooperativas y dos empresas vinculadas a Raspa y BordalejoSudamérica 20, en Quilmes, el domicilio de media docena de cooperativas y dos empresas vinculadas a Raspa y Bordalejo

Raspa, de 41 años, es además el responsable de una de las cooperativas que integran esta Federación, Barrio Unido. Es firmante de sus cheques junto a Romina Cangelosi, también es empleada del Municipio, en la Dirección General de Personas Mayores de Quilmes. Cangelosi sería la pareja de Raspa y está también imputada en la investigación abierta en Comodoro Py.

En paralelo a su rol de funcionario y cooperativista, Raspa es socio de las constructoras JD Vitruvio SAS y Canton Tower Gestiones Integrales SAS, junto a Martín Bordalejo. Ambas empresas informan como domicilio Sudamérica 20, el mismo de las cooperativas agrupadas en la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo.

La Estrella receptora de millonarios fondos

¿Quién es Martín Bordalejo? Hasta mayo del 2020, fue jefe de la Dirección General de Relaciones Institucionales del Municipio de Quilmes y es, en la gestión de Mayra Mendoza, uno de los principales beneficiados a través de las cooperativas que controla, de los fondos otorgados por el Municipio, provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

De profesión abogado, también fue tesorero de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) hasta el 2021. Pero es su rol como responsable de la Cooperativa de Trabajo La Estrella Limitada el que lo tiene hoy bajo la lupa de la Justicia. Esta cooperativa recibió contratos, entre marzo de 2021 y febrero de 2022, por $396.802.792. Los millonarios fondos fueron para realizar tareas que van desde mantenimiento de plazas y “embellecimiento de espacios públicos”, hasta adquisición de plantas ornamentales para distintas calles del distrito, y limpieza de basurales. Así surge de los 11 decretos firmados por Mayra Mendoza y sus funcionarios, publicados en el Boletín Oficial de Quilmes y analizados por Infobae.

infografia

Si bien es la más favorecida, La Estrella no es la única cooperativa a la que Bordalejo está vinculado y que resultó beneficiada con fondos públicos. Su padre, Julio Bordalejo, un jubilado de 85 años, figura como tesorero de la Cooperativa La Unión de Azul, que recibió contratos durante la gestión de Mayra Mendoza por $122.748.901. Fueron dos adjudicaciones el año pasado y una en febrero para realizar tareas de recolección de residuos de poda y desmalezado, y obras en el “Barrio Kilómetro 13″.

La Cooperativa Unión de Azul también informa domicilio en Sudamérica 20 y, al igual que La Estrella – de Martín Bordalejo-, y Barrio Unido – de Raspa-, todas figuran en la web del INAES con el mismo mail de contacto a nombre del padre de Bordalejo: juliobordalejo@hotmail.com

No es el único familiar del socio del hoy ex subsecretario de Hábitat de Quilmes que aparece en las cooperativas que reciben fondos nacionales a través del Municipio. La madre de Bordalejo, Susana Orellano, de 85 años, está vinculada a la Cooperativa de Trabajo Progreso. Con el mismo domicilio de Sudamérica 20, en Quilmes, resultó adjudicada por el Municipio con contratos por $63.187.548 entre septiembre del año pasado y abril de éste. Según los tres decretos publicados en el Boletín Oficial de Quilmes, fueron para la compra de hormigón en el marco del “Programa Nacional de Inclusión Socio- Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo”; para trabajos relacionados con obras cloacales; y tareas de fumigación de plagas.

En total, las tres cooperativas vinculadas a Bordalejo y Raspa recibieron, entre 2021 y lo que va de este año, un total de $582.739.241, según el relevamiento realizado por Infobae de decretos publicados en los Boletines municipales. Otras cooperativas, en cambio, recibieron adjudicaciones que, en ningún caso, superan los $5 millones.

Tanto el Municipio de Quilmes como la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo, Barrio Unido, como La Estrella, La Unión de Azul y Progreso fueron allanadas hace dos semanas por el juez Luis Armella, a pedido de la fiscal Cavallo. El magistrado federal se llevó documentación que actualmente está en proceso de digitalización, que incluyen legajos de personal, contratos y órdenes de pago. En el Juzgado están a la espera de las respuestas a los oficios enviados a la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y al INAES, entre otros organismos. Armella también secuestró los celulares de Raspa y Bordalejo.

El magistrado dispuso, asimismo, el levantamiento del secreto bancario de los cuatro imputados que tiene hasta ahora la causa en la Justicia Federal en este distrito: la intendenta de Quilmes, su ahora ex funcionario Raspa, Bordalejo y el socio de ambos, José Alejandro Scozzari.

Préstamos bajo sospecha

Según pudo saber Infobae, el jueves llegó a la Justicia Federal de Quilmes información solicitada por el Juzgado de Armella a la AFIP con información fiscal sobre los imputados que los investigadores ya comenzaron a analizar. Entre otros elementos, revelan una serie de préstamos cruzados entre Raspa y Bordalejo. podrían tratarse de una maniobra de lavado de dinero. Entre las medidas de pruebas solicitadas por la fiscal Silvia Cavallo al impulsar la investigación, pidió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Martín Bordalejo (izq), Sebastián Raspa y Mayra Mendoza (Crédito: El Disenso)Martín Bordalejo (izq), Sebastián Raspa y Mayra Mendoza (Crédito: El Disenso)

Según esos documentos, Bordalejo declaró ante la AFIP haber recibido préstamos por $58.250.000 en el 2020. Entre sus acreedores figuran Raspa, quien le habría prestado $7.350.000 y la cooperativa en la que el hoy ex secretario de Hábitat es responsable, Barrio Unido Limitada, con un préstamo de $3.600.00. También le habría pedido plata a su propia empresa beneficiada con fondos municipales, The Wolf Building, por un monto de $21.400.000.

Otro de sus acreedores, según informó a la AFIP, es Martín Leonel Borgio, proveedor del Municipio de Quilmes, que le prestó $19.500.000. Borgio fue adjudicado, entre 2020 y 2021, contratos por $86.286.506, según detectó Infobae, para la provisión de módulos alimentarios de emergencia para escuelas y jardines maternales.

Scozzari: el socio contador

Estos dos ex funcionarios de Quilmes, tienen otro socio en la constructora JD Vitruvio SAS: Alejandro Scozzari. Este contador es, además, dueño de la constructora e inmobiliaria The Wolf Building SA, que resultó también beneficiada con contratos del Municipio de Quilmes por $88.580.875, entre mayo del 2020 y abril de 2022. Las 13 adjudicaciones plasmadas en decretos fueron por servicios variados: la refacción de escuelas y jardines de infantes del Municipio, la compra de hierros y aceros para el Programa Potenciar Trabajo, el alquiler de maquinarias para levantar basura en el distrito, y la adquisición de mobiliario para oficina. Esta empresa de Scozzari también fue allanada por el juez Armella el mes pasado, quien además de secuestrar documentación, se llevó los celulares de dos empleados que estaban en ese momento.

Pero los negocios de Scozzari no terminan en The Wolf Building. Scozzari es además socio de Sur II SRL, según surge del Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. En esta constructora e inmobiliaria, los apoderados designados son Sebastián Daer, ex marido de Mayra Mendoza y padre de su hija (hoy funcionario de la AFIP); Claudio Carbone, secretario Legal y Técnico de Quilmes; y Anabella Galván, directora de Defensa de Usuarios Consumidores y Lealtad Comercial del Municipio, y abogada del estudio jurídico de Daer.

Según una presentación de la diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, en este caso ante el juez federal Lijo que lleva la causa en Comodoro Py, “de esa sociedad surge una primera y directa relación entre el hoy Secretario de Legal y Técnica de la sra. Intendente, su ex esposo y la sra. Anabella Galván, empleada de la Municipalidad de Quilmes”.

Anabella Galván, directora de Defensa de Usuarios Consumidores y Lealtad Comercial del MunicipioAnabella Galván, directora de Defensa de Usuarios Consumidores y Lealtad Comercial del Municipio

En su presentación, Frade señaló que José Alejandro Scozzari, “recibió de las arcas del Municipio de Quilmes, la suma de 46.467.034,25 pesos, de una contratación por 54.467.034,25, intermediando con la denominación societaria The Wolf Building S.A”, a nombre de su hijo. El 1 de agosto de 2018, la firma amplió su objeto societario al alquiler de equipos de construcción.

Para la diputada, oriunda de Quilmes, el caso de Wolf Building SA “es elocuente” ya que a través de la Secretaría de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Quilmes, se solicitó el alquiler de minicargadora y retropala para efectuar tareas de limpieza y recolección de montículos y microbasurales. “Bajo el argumento de la Emergencia y utilizando apariencia legal, se ha locado a precio de adquisición, máquinas por servicios abonados a las cooperativas que ellos mismos conducen y controlan, registrándose operatorias circulares”, sostuvo la legisladora de Juntos.

Mayra Mendoza, su ex marido Daer y su actual secretario Legal y Técnico Carbone son, a su vez, socios por partes iguales en 4TER SA, una firma dedicada al rubro “bar y confitería” que crearon en febrero de este año. Su presidente es Paul Brian O´Shanghnessy, subsecretario de Producción y Empleo de la Municipalidad de Quilmes, también imputado en la causa por el fiscal Ramiro González.

Sebastián Daer y Mayra Mendoza, en 2016, cuando eran parejaSebastián Daer y Mayra Mendoza, en 2016, cuando eran pareja

En la Justicia Federal de Comodoro Py también están imputados, además de Cangelosi, Alejandro Gandulfo, jefe de gabinete del Municipio; Cecilia Soler, arquitectura y secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Quilmes, jefa directa de Raspa.

La sociedades en el exterior

La investigación también se enfoca en tres sociedades a las cuales, según la denuncia, se habría girado dinero al exterior. Se trata de firmas registradas en Miami que no remiten a nombres de fantasía, sino a los apellidos de los que las registraron: Raspa Investments LLC y Borda Investments LLC, en cuyos directorios también figuraba Scozzari. Ambas fueron disueltas después de la publicación de El Disenso y que se desatara el escándalo. La tercera, SCO Investments, dejó de tener a este Scozzari y a Bordalejo como managers de la empresa.

El juez Federal de Quilmes espera los informes de la UIF, con la posible existencia de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), antes de librar exhortos a Estados Unidos. “Por más que se hayan modificado la constitución de las sociedades, el registro de la documentación queda”, explicó una fuente judicial.

El descargo de Mayra Mendoza

La intendenta de Quilmes e integrante de la mesa de La Cámpora aseguró en un video difundido hace 10 días, dirigido a los vecinos de ese municipio, que las acusaciones en su contra eran “noticias falsas”. Definió las publicaciones como una “operación mediática que busca generar odio y violencia contra el kirchnerismo” y desmintió nuevamente la acusación “de fugar plata a Miami y hacer pagos a cooperativas que no trabajan”.

Dijo que las contrataciones con cooperativas para tareas de mantenimiento del municipio se hicieron porque, cuando llegó, había solo 23 personas para esas tareas y decidió mantenerlas. “Se hicieron respetando los procedimientos administrativos”, aseguró. Y agregó que esas cooperativas trabajaban en el Municipio desde 2009.

La intendenta de Quilmes publicó un video en el que negó que haya habido desvíos de fondos a Miami

El concejal de la Coalición Cívica, Walter Fernández, integrante del interbloque de Juntos, pidió citarla al Concejo Deliberante el pasado 17 junio, en relación a la causa penal que la tiene imputada, sin éxito hasta ahora. El edil denunció que esta semana lo dejaron sin los tres empleados que trabajan con él, y “a éstos sin cobrar su sueldo trabajado del mes de mayo”. Según le dijo a Infobae, lo interpretó como una “represalia” por el pedido de interpelación.

Con la colaboración de Desiré Santander.

 

 

 

 

Judiciales

LA JUSTICIA ARGENTINA IMPUTÓ POR TERRORISMO AL PILOTO IRANÍ DE UN AVIÓN VENEZOLANO VARADO EN BUENOS AIRES

Published

on

La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires.

FOTO TAPA : Gholamreza Ghasemi

La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.

Y agrega: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana “para delimitar el objeto procesal”.

La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

FUENTE : INFOBAE

noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

 

Continue Reading

Judiciales

LA CORTE SUPREMA RECHAZARÍA LOS PLANTEOS DE CRISTINA KIRCHNER EN EL CASO DE LA OBRA PÚBLICA ENTREGADA A LÁZARO BÁEZ

Published

on

Será a pocos días de los alegatos en el juicio por los contratos concedidos al empresario en Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista. Los delitos investigados son asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Si bien no parecerá una sorpresa para quienes siguen los movimientos judiciales, la noticia tendrá impacto político apenas quede firmada. Es que la Corte Suprema de Justicia se prepara en las próximas horas para responder los planteos que hizo la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados en la causa por por la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Todos los indicios señalan que el máximo tribunal rechazaría los planteos, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

La decisión estará en manos de los integrantes del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que apenas unos días antes de que aquel juicio se iniciara, en mayo de 2019, cuando nada hacía prever que Cristina Kirchner anunciara su regreso a la fórmula presidencial y pusiera el nombre de Alberto Fernandez para el titular del Ejecutivo, solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que le remitieran el expediente para analizar las impugnaciones de los acusados. En aquel momento, se especuló con que el juicio no se iniciara y la noticia provocó revuelo. Rápidamente, la Corte devolvió el expediente y los jueces dieron inicio al debate, con Cristina Kirchner, y sentada en el banquillo de los acusados. “El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite”, dijo en aquel momento el tribunal.

Son varias las impugnaciones (ocho al menos) que la defensa de la vicepresidenta planteó contra su acusación. Entre ellos aparece un recurso de queja contra un rechazo a diversas medidas de prueba tras un informe de la Oficina Nacional de Presupuesto, el antecedente de un sobreseimiento en Santa Cruz y otro porque se le impidió un peritaje más amplio sobre las obras que tomó como base la acusación. Es que sólo se analizaron cinco de las 51 obras bajo la lupa.

La versión de que la Corte Suprema rechace los recursos de la vicepresidenta no resultará una sorpresa para su entorno. No solo porque la ex jefa de Estado está convencida que existe “lawfare” en su contra. Es que hay otros fallos sobre los que se pronunció el máximo tribunal que podían servirle de vaticinio: el 16 de diciembre de 2021, el mismo día en que declaró la inconstitucionalidad del hoy ya viejo Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por Sergio Urribarri, en la causa que investigaba el presunto desvío de fondos del ex gobernador de Entre Ríos en la campaña presidencial en 2015. El rechazo fue formal, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. En esa causa tampoco se vio un gravamen irreparable que pudiera habilitar la revisión del máximo tribunal.

Los jueces de la Corte Suprema: Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y RosenkrantzLos jueces de la Corte Suprema: Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz

La Corte Suprema tenía decidido resolver los planteos en el juicio de la obra pública antes de que el debate llegara a su final. Precisamente, ese debate entró en etapa de definiciones: los alegatos comenzarán el 11 de julio próximo. La Oficina Anticorrupción ya no será parte del debate porque la semana pasada anunció que se retiraba del proceso y por lo tanto de la eventual acusación. Al inicio de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el organismo que dirige Felix Crous ya había decidido renunciar a todas las querellas de la causas en trámite contra la Vicepresidenta y sus hijos

Este el único juicio oral que hasta el momento enfrentó la ex jefa de Estado. El debate comenzó en mayo de 2019, apenas días después de que Cristina Kirchner anunciara la formula presidencial con Alberto Fernández. Junto con la vicepresidenta están acusados otras 12 personas. Entre ellas Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz. La imputación es que desde los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz de manera irregular porque se otorgaron con sobreprecios, sin que las compañías tengan la capacidad para hacer las obras o porque cobraron la totalidad antes sin terminarlas. Se juzgan los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Después de tres años de juicio oral, el TOF a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso terminó con la ronda de testigos y fijó para el 11 de julio el inicio de los alegatos. El orden de acusaciones empezaba con la Unidad de Información Financiera y luego con la Oficina Anticorrupción -que ya se retiró- y después le tocará al fiscal Diego Luciani, que guarda bajo siete llaves los detalles de la lectura de pruebas que hará el Ministerio Público sobre el trámite de la causa. Será el momento en que se defina si la fiscalía acusa a la vicepresidenta. Los delitos en juego hacen pensar que podría pedirse una pena de entre los 5 y 16 años de prisión. Luego hablarán las defensas para rechazar las imputaciones. Se estima que el veredicto podría llegar antes de fin de año.

Quizás el momento más recordado del debate hasta ahora haya sido el día que le tocó declarar a Cristina Kirchner como imputada. Fue en diciembre de 2019, una semana antes de regresar al poder. “Este es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, dijo parándose y dando por terminada su declaración ante la mirada incrédula de los miembros del tribunal. Luciani insistió en saber si la imputada iba a responder preguntas. La ex presidenta volvió sobre sus pasos, se acercó al micrófono y respondió: ” ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”.

 

Continue Reading

Judiciales

LA CORTE SUPREMA DECLARÓ INCOMPETENTE AL JUEZ KREPLAK

Published

on

El juez federal Ernesto Kreplak fue desplazado de la intervención del Soeme y expuesto por mal desempeño de funciones, luego de que el Máximo Tribunal determinara que “excedió el marco de su competencia” y que “sus decisiones no deben proyectarse sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado”.

Declararon incompetente al juez federal Ernesto Kreplak para intervenir el Sindicato de Obreros y Empleados de Educación y Minoridad (Soeme). Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia poniendo un límite al avasallamiento y persecución sindical llevada adelante por este juez que operó como un “Kapo” colaboracionista de la “Gestapo” antisindical macrista.

De esta manera se confirma que la intervención impulsada por Ernesto Kreplak el 29 de enero del 2018 al Soeme fue un violento atentado contra la libertad sindical consagrada en la Constitución Nacional, los tratados con jerarquía constitucional y los artículos 1 a 9 de la Ley 23.551. Representó, al mismo tiempo, la neutralización de la representación de los trabajadores en las negociaciones paritarias con los distintos perjuicios que de ello se deriva. Se trató, como se expone, de un verdadero copamiento arbitrario de un sindicato por parte de un juez sin competencia en la materia.

El documento de la sentencia de la Corte Suprema indica: “En la presente causa se ha suscitado un conflicto entre una magistrada nacional ordinaria (jueza Analía Vigano del Juzgado de Tra­bajo nº 31) y un magistrado federal con asiento en una Provincia (Ernesto Kreplak) . En tanto, la primera sostuvo que las cuestiones relacionadas con la normalización de la entidad sindical son de exclusiva competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación y le solicitó al juez federal que se abstuviera de involucrarse en ellas”.

Ante el conflicto judicial y las reiteradas denuncias por parte de las integrantes de la comisión directiva desplazada del Soeme, Alicia Mercedes Velich y Mirta Susana Mariño, el máximo tribunal de Justicia determinó que “el magistrado federal debe circunscribir su actuación jurisdiccional al objeto de la pesquisa penal, de tal forma de evitar que sus decisiones se proyecten sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado”.

De este modo, se confirma que el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, abusando de su poder jurisdiccional, arremetió contra la libertad, la autonomía y la democracia sindical. Arbitrariamente decidió desconocer los mandatos establecidos de forma democrática a través del voto de los afiliados sin tomar en cuenta la reglamentación estatutaria de la propia entidad.

Diario Hoy habló esta mañana con el abogado Alejandro Belfer y destacó que el juez Kreplak cometió “prevaricato”, agregando que tampoco “va a quedar así” ya que iniciarán acciones contra el magistrado por tomar decisiones arbitrarias respecto a la intervención del sindicato SOEME.

A su vez, agregó también que la decisión está tomada y no existe ningún tipo de apelación para que se revierta la resolución tomada por la Corte Suprema.

El expediente

La causa contra el Soeme se inició por un requerimiento de la AFIP entre el 2012 y 2013, para poder disponer de toda la documentación relevante al manejo del sindicato, en el contexto de una de las tantas inspecciones que suele realizar la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Sin embargo, fue la misma AFIP la que tiempo después reconoció ante el Juzgado 3 de La Plata que encabeza Ernesto Kreplak, que no existía ningún tipo de interés fiscal, es decir que no había ninguna pretensión fiscal pendiente de satisfacción por parte de la entidad sindical (Soeme). Pese a ello, el juez optó por darle un giro a la investigación, desnudó su verdadero objetivo procesal, y direccionó la investigación de forma arbitraria y persecutoria.

Repasando el expediente que constituyó parte de la causa, el 15 de abril de 2019 la jueza laboral Analía Vigano hizo lugar al pedido de la parte actora y le solicitó al juez federal que se abstuviera “de intervenir en las controversias inherentes a la vida interna de la asociación gremial, como lo constituye en el caso la normalización de la misma mediante el llamado a elecciones de los afiliados, lo que resulta de exclusiva competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y, en su caso, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”.

Ese mismo día, el juez federal dispuso el llamado a elecciones para cargos directivos del Soeme a celebrarse el 5 de agosto siguiente, sin considerar el pedido de la jueza. El 17 de julio de 2019, ante un nuevo planteo de las actoras, la jueza laboral resolvió, con el carácter de medida cautelar, suspender las elecciones convocadas por el juez federal señalando que “este había excedido el marco de su competencia al involucrarse en ese tipo de cuestiones inherentes a la vida interna de la asociación gremial”. Pese a ello, el 5 de agosto se llevaron a cabo las elecciones.

“Y el 4 de septiembre siguiente el juez federal rechazó el planteo inhibitorio y remitió el incidente ante esta Corte, dando noticia a su par del fuero laboral, quien también remitió a este Tribunal las actuaciones que obraban en su poder”, continúa el documento.

Finalmente, ante una nueva petición efectuada por Velich y Mariño, y también por el ministerio de Trabajo de la Nación, quien sostuvo que las autoridades electas no habían podido asumir sus funciones en virtud del conflicto jurisdiccional que estaba pendiente de decisión ante la Corte, el 5 de mayo de 2020 la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decretó, con el carácter de “medida cautelar innovativa”, la intervención del sindicato y, por ende, la suspensión provisoria en el ejercicio de sus funciones de la totalidad de las autoridades electas.

Ante dichas circunstancias, la Corte determinó que “al respecto, se aprecia que el argumento que fue invocado por el juez federal para disponer la intervención del Soeme, en modo alguno pudo dar sustento a una actuación de ese magistrado que fuera más allá de tales cometidos avanzando sobre la normalización del sindicato intervenido”. Y que “claramente asistió la razón a la jueza laboral al señalar que es la autoridad administrativa del trabajo a quien compete en exclusiva el control de las asociaciones sindicales la que está legalmente facultada para adoptar medidas tendientes a la normalización de un sindicato a través de la convocatoria a elecciones”.

“En tal sentido, el magistrado federal debe circunscribir su actuación jurisdiccional al objeto de la pesquisa penal, de tal forma de evitar que sus decisiones se proyecten sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado.”, finaliza la sentencia.

Una amenaza a la libertad gremial

La maniobra de Kreplak resultó una verdadera amenaza para todas las organizaciones gremiales que se rigen por sus estatutos, elecciones internas y por el mandato soberano de sus afiliados. De no haber sido denunciado Kreplak, el caso del copamiento del Soeme habría podido ser el primero de muchos otros casos en los que un juez federal decidiera tomar un sindicato para elegir de forma autoritaria sus destinos, expulsando a las autoridades debidamente electas y designando en su reemplazo a quienes su antojo le indicara.

Este fallo reviste un inconmensurable interés institucional pues constituye un precedente que permitirá evitar futuros intentos de intervención a otros sindicatos u organizaciones gremiales pudiendo aquellas tomar el caso del Soeme como ejemplo de lo que no debe ocurrir entre la Justicia penal y la libertad sindical.

El logro obtenido para salvaguardar las libertades sindicales en el Soeme tiende a ser una victoria de toda la clase sindical argentina ante el atropello, abuso de autoridad y el desconocimiento de las normas estatutarias que rigen la actividad y el funcionamiento de un gremio por parte de un juez federal que desnudó su ignorancia y dejó expuesta su animosidad encarnizada contra el ingeniero Marcelo Balcedo, que se encuentra cada vez más cerca de recuperar la conducción del Soeme.

FUENTE : DIAROIOHOY.NET

noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

 

Continue Reading

Más Vistas