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LAS CONEXIONES EN EL ENTRAMADO DE PAGOS MILLONARIOS A COOPERATIVAS DE QUILMES VINCULADAS A FUNCIONARIOS DE MAYRA MENDOZA
Las adjudicaciones a tres entidades y una empresa bajo sospecha superan los $671 millones, según el relevamiento de decretos oficiales realizado por Infobae. La Justicia Federal comenzó a analizar documentación que recibió de la AFIP.
La trama de conexiones entre funcionarios, actuales y pasados, familiares y socios alrededor de las cooperativas de trabajo y empresas beneficiadas con contratos millonarios del Municipio de Quilmes, a cargo de Mayra Mendoza, se vuelve cada vez más comprometedora. Los nombres y las direcciones se repiten, y las adjudicaciones bajo sospecha superan los $671 millones, desde comienzos del 2020 a la fecha, según el último cálculo realizado por Infobae en base al análisis de los decretos publicados en el Boletín Oficial del Municipio. Todos llevan la firma de la intendenta de La Cámpora y de funcionarios de su gabinete.
Ya hay dos investigaciones abiertas en la Justicia Federal que investigan si fondos nacionales entregados al municipio de Quilmes se utilizaron para pagarle a cooperativas cuyos titulares son funcionarios y/o empleados del Municipio. Bajo la lupa hay, hasta ahora, 11 imputados, la mayoría de ellos funcionarios de la intendencia de Quilmes, incluida la propia intendenta, siete cooperativas de ese Municipio, y media docena de empresas. Las dos denuncias se realizaron el 25 de abril, basadas en las revelaciones del sitio El Disenso, y avanzan en pararelo ya que aún no hay una disputa de competencia entre la Justicia Federal de Capital y la de Quilmes.
La causa que tramita en los Tribunales de Comodoro Py está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González. Se abrió a partir de la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lome. Los supuestos delitos por los que se investigan a Mendoza y sus funcionarios son los de malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, con la posibilidad de ampliar las acusaciones a otras maniobras como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La otra está en la Justicia Federal de Quilmes, por una autodenuncia del propio Municipio. Críticos de Mayra Mendoza dicen que lo hizo para que la causa quedara en Quilmes y poder, hipotéticamente, influir en el derrotero de la causa. Este otro expediente está en manos del juez federal Luis Armella y de la fiscal Silvia Cavallo. La carátula de la investigación lleva los posibles delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de dinero y administración fraudulenta.
Ambos magistrados, a requerimiento de los fiscales, pidieron informes a distintos organismos oficiales como la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la Inspección General de Justicia (IGJ), y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El escándalo ya tuvo un primer coletazo político: el funcionario municipal más comprometido inicialmente, Sebastián Raspa, debió renunciar el 27 de abril último a su cargo de subsecretario de Hábitat de Quilmes. En su carta de renuncia, sin embargo, aseveró: “Quiero dejar en claro que no soy ni fui parte de ninguna de las cooperativas con las que trabajó el municipio de Quilmes en la presente gestión”. Raspa agregó no tener “cuentas ni participación en empresas en el exterior”. Esa aclaración obedeció a que El Disenso reveló la existencia de tres sociedades en Miami mediante las cuales, según la denuncia, se habría girado dinero de las cooperativas al exterior.
Sebastián Raspa, ex subsecretario de Hábitat de Quilmes (Foto: gentileza Diario La Nueva)Sebastián Raspa y su doble rol
Raspa se desempeñó hasta el 27 de abril último en su doble rol de funcionario municipal y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo, que agrupa a cooperativas de la zona. La Federación funciona en una casa en Quilmes, detrás de un portón negro sin identificación ni cartel alguno, sobre la calle Sudamérica 20, al que acudió Infobae. Allí una empleada administrativa confirmó que era el domicilio de la Federación y de otras cooperativas, pero dijo que no había ningún dirigente en ese momento para brindar más información. Si bien esta cronista dejó su número de teléfono, nadie se contactó.
Sudamérica 20, en Quilmes, el domicilio de media docena de cooperativas y dos empresas vinculadas a Raspa y BordalejoRaspa, de 41 años, es además el responsable de una de las cooperativas que integran esta Federación, Barrio Unido. Es firmante de sus cheques junto a Romina Cangelosi, también es empleada del Municipio, en la Dirección General de Personas Mayores de Quilmes. Cangelosi sería la pareja de Raspa y está también imputada en la investigación abierta en Comodoro Py.
En paralelo a su rol de funcionario y cooperativista, Raspa es socio de las constructoras JD Vitruvio SAS y Canton Tower Gestiones Integrales SAS, junto a Martín Bordalejo. Ambas empresas informan como domicilio Sudamérica 20, el mismo de las cooperativas agrupadas en la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo.
La Estrella receptora de millonarios fondos
¿Quién es Martín Bordalejo? Hasta mayo del 2020, fue jefe de la Dirección General de Relaciones Institucionales del Municipio de Quilmes y es, en la gestión de Mayra Mendoza, uno de los principales beneficiados a través de las cooperativas que controla, de los fondos otorgados por el Municipio, provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
De profesión abogado, también fue tesorero de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) hasta el 2021. Pero es su rol como responsable de la Cooperativa de Trabajo La Estrella Limitada el que lo tiene hoy bajo la lupa de la Justicia. Esta cooperativa recibió contratos, entre marzo de 2021 y febrero de 2022, por $396.802.792. Los millonarios fondos fueron para realizar tareas que van desde mantenimiento de plazas y “embellecimiento de espacios públicos”, hasta adquisición de plantas ornamentales para distintas calles del distrito, y limpieza de basurales. Así surge de los 11 decretos firmados por Mayra Mendoza y sus funcionarios, publicados en el Boletín Oficial de Quilmes y analizados por Infobae.
Si bien es la más favorecida, La Estrella no es la única cooperativa a la que Bordalejo está vinculado y que resultó beneficiada con fondos públicos. Su padre, Julio Bordalejo, un jubilado de 85 años, figura como tesorero de la Cooperativa La Unión de Azul, que recibió contratos durante la gestión de Mayra Mendoza por $122.748.901. Fueron dos adjudicaciones el año pasado y una en febrero para realizar tareas de recolección de residuos de poda y desmalezado, y obras en el “Barrio Kilómetro 13″.
La Cooperativa Unión de Azul también informa domicilio en Sudamérica 20 y, al igual que La Estrella – de Martín Bordalejo-, y Barrio Unido – de Raspa-, todas figuran en la web del INAES con el mismo mail de contacto a nombre del padre de Bordalejo: juliobordalejo@hotmail.com
No es el único familiar del socio del hoy ex subsecretario de Hábitat de Quilmes que aparece en las cooperativas que reciben fondos nacionales a través del Municipio. La madre de Bordalejo, Susana Orellano, de 85 años, está vinculada a la Cooperativa de Trabajo Progreso. Con el mismo domicilio de Sudamérica 20, en Quilmes, resultó adjudicada por el Municipio con contratos por $63.187.548 entre septiembre del año pasado y abril de éste. Según los tres decretos publicados en el Boletín Oficial de Quilmes, fueron para la compra de hormigón en el marco del “Programa Nacional de Inclusión Socio- Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo”; para trabajos relacionados con obras cloacales; y tareas de fumigación de plagas.
En total, las tres cooperativas vinculadas a Bordalejo y Raspa recibieron, entre 2021 y lo que va de este año, un total de $582.739.241, según el relevamiento realizado por Infobae de decretos publicados en los Boletines municipales. Otras cooperativas, en cambio, recibieron adjudicaciones que, en ningún caso, superan los $5 millones.
Tanto el Municipio de Quilmes como la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo, Barrio Unido, como La Estrella, La Unión de Azul y Progreso fueron allanadas hace dos semanas por el juez Luis Armella, a pedido de la fiscal Cavallo. El magistrado federal se llevó documentación que actualmente está en proceso de digitalización, que incluyen legajos de personal, contratos y órdenes de pago. En el Juzgado están a la espera de las respuestas a los oficios enviados a la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y al INAES, entre otros organismos. Armella también secuestró los celulares de Raspa y Bordalejo.
El magistrado dispuso, asimismo, el levantamiento del secreto bancario de los cuatro imputados que tiene hasta ahora la causa en la Justicia Federal en este distrito: la intendenta de Quilmes, su ahora ex funcionario Raspa, Bordalejo y el socio de ambos, José Alejandro Scozzari.
Préstamos bajo sospecha
Según pudo saber Infobae, el jueves llegó a la Justicia Federal de Quilmes información solicitada por el Juzgado de Armella a la AFIP con información fiscal sobre los imputados que los investigadores ya comenzaron a analizar. Entre otros elementos, revelan una serie de préstamos cruzados entre Raspa y Bordalejo. podrían tratarse de una maniobra de lavado de dinero. Entre las medidas de pruebas solicitadas por la fiscal Silvia Cavallo al impulsar la investigación, pidió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Martín Bordalejo (izq), Sebastián Raspa y Mayra Mendoza (Crédito: El Disenso)Según esos documentos, Bordalejo declaró ante la AFIP haber recibido préstamos por $58.250.000 en el 2020. Entre sus acreedores figuran Raspa, quien le habría prestado $7.350.000 y la cooperativa en la que el hoy ex secretario de Hábitat es responsable, Barrio Unido Limitada, con un préstamo de $3.600.00. También le habría pedido plata a su propia empresa beneficiada con fondos municipales, The Wolf Building, por un monto de $21.400.000.
Otro de sus acreedores, según informó a la AFIP, es Martín Leonel Borgio, proveedor del Municipio de Quilmes, que le prestó $19.500.000. Borgio fue adjudicado, entre 2020 y 2021, contratos por $86.286.506, según detectó Infobae, para la provisión de módulos alimentarios de emergencia para escuelas y jardines maternales.
Scozzari: el socio contador
Estos dos ex funcionarios de Quilmes, tienen otro socio en la constructora JD Vitruvio SAS: Alejandro Scozzari. Este contador es, además, dueño de la constructora e inmobiliaria The Wolf Building SA, que resultó también beneficiada con contratos del Municipio de Quilmes por $88.580.875, entre mayo del 2020 y abril de 2022. Las 13 adjudicaciones plasmadas en decretos fueron por servicios variados: la refacción de escuelas y jardines de infantes del Municipio, la compra de hierros y aceros para el Programa Potenciar Trabajo, el alquiler de maquinarias para levantar basura en el distrito, y la adquisición de mobiliario para oficina. Esta empresa de Scozzari también fue allanada por el juez Armella el mes pasado, quien además de secuestrar documentación, se llevó los celulares de dos empleados que estaban en ese momento.
Pero los negocios de Scozzari no terminan en The Wolf Building. Scozzari es además socio de Sur II SRL, según surge del Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. En esta constructora e inmobiliaria, los apoderados designados son Sebastián Daer, ex marido de Mayra Mendoza y padre de su hija (hoy funcionario de la AFIP); Claudio Carbone, secretario Legal y Técnico de Quilmes; y Anabella Galván, directora de Defensa de Usuarios Consumidores y Lealtad Comercial del Municipio, y abogada del estudio jurídico de Daer.
Según una presentación de la diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, en este caso ante el juez federal Lijo que lleva la causa en Comodoro Py, “de esa sociedad surge una primera y directa relación entre el hoy Secretario de Legal y Técnica de la sra. Intendente, su ex esposo y la sra. Anabella Galván, empleada de la Municipalidad de Quilmes”.
Anabella Galván, directora de Defensa de Usuarios Consumidores y Lealtad Comercial del MunicipioEn su presentación, Frade señaló que José Alejandro Scozzari, “recibió de las arcas del Municipio de Quilmes, la suma de 46.467.034,25 pesos, de una contratación por 54.467.034,25, intermediando con la denominación societaria The Wolf Building S.A”, a nombre de su hijo. El 1 de agosto de 2018, la firma amplió su objeto societario al alquiler de equipos de construcción.
Para la diputada, oriunda de Quilmes, el caso de Wolf Building SA “es elocuente” ya que a través de la Secretaría de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Quilmes, se solicitó el alquiler de minicargadora y retropala para efectuar tareas de limpieza y recolección de montículos y microbasurales. “Bajo el argumento de la Emergencia y utilizando apariencia legal, se ha locado a precio de adquisición, máquinas por servicios abonados a las cooperativas que ellos mismos conducen y controlan, registrándose operatorias circulares”, sostuvo la legisladora de Juntos.
Mayra Mendoza, su ex marido Daer y su actual secretario Legal y Técnico Carbone son, a su vez, socios por partes iguales en 4TER SA, una firma dedicada al rubro “bar y confitería” que crearon en febrero de este año. Su presidente es Paul Brian O´Shanghnessy, subsecretario de Producción y Empleo de la Municipalidad de Quilmes, también imputado en la causa por el fiscal Ramiro González.
Sebastián Daer y Mayra Mendoza, en 2016, cuando eran parejaEn la Justicia Federal de Comodoro Py también están imputados, además de Cangelosi, Alejandro Gandulfo, jefe de gabinete del Municipio; Cecilia Soler, arquitectura y secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Quilmes, jefa directa de Raspa.
La sociedades en el exterior
La investigación también se enfoca en tres sociedades a las cuales, según la denuncia, se habría girado dinero al exterior. Se trata de firmas registradas en Miami que no remiten a nombres de fantasía, sino a los apellidos de los que las registraron: Raspa Investments LLC y Borda Investments LLC, en cuyos directorios también figuraba Scozzari. Ambas fueron disueltas después de la publicación de El Disenso y que se desatara el escándalo. La tercera, SCO Investments, dejó de tener a este Scozzari y a Bordalejo como managers de la empresa.
El juez Federal de Quilmes espera los informes de la UIF, con la posible existencia de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), antes de librar exhortos a Estados Unidos. “Por más que se hayan modificado la constitución de las sociedades, el registro de la documentación queda”, explicó una fuente judicial.
El descargo de Mayra Mendoza
La intendenta de Quilmes e integrante de la mesa de La Cámpora aseguró en un video difundido hace 10 días, dirigido a los vecinos de ese municipio, que las acusaciones en su contra eran “noticias falsas”. Definió las publicaciones como una “operación mediática que busca generar odio y violencia contra el kirchnerismo” y desmintió nuevamente la acusación “de fugar plata a Miami y hacer pagos a cooperativas que no trabajan”.
Dijo que las contrataciones con cooperativas para tareas de mantenimiento del municipio se hicieron porque, cuando llegó, había solo 23 personas para esas tareas y decidió mantenerlas. “Se hicieron respetando los procedimientos administrativos”, aseguró. Y agregó que esas cooperativas trabajaban en el Municipio desde 2009.
El concejal de la Coalición Cívica, Walter Fernández, integrante del interbloque de Juntos, pidió citarla al Concejo Deliberante el pasado 17 junio, en relación a la causa penal que la tiene imputada, sin éxito hasta ahora. El edil denunció que esta semana lo dejaron sin los tres empleados que trabajan con él, y “a éstos sin cobrar su sueldo trabajado del mes de mayo”. Según le dijo a Infobae, lo interpretó como una “represalia” por el pedido de interpelación.
Con la colaboración de Desiré Santander.
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Judiciales
El fiscal Guillermo Marijuán pidió el sobreseimiento de Cristina Kirchner en “La ruta del dinero K”
El fiscal Guillermo Marijuán solicitó al juez Sebastián Casanello que sobresea a Cristina Kirchner en la investigación por lavado de dinero en la que ya fue condenado Lázaro Báez.
El caso, conocido como La ruta del dinero K, comenzó en abril de 2013. Una parte fue objeto de un juicio oral y público en el que el ex bancario devenido en empresario de la construcción y millonario luego de que su amigo Néstor Kirchner llegara a la presidencia fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a 12 años de prisión.
La Sala IV de Cámara Federal de Casación Penal redujo en febrero pasado la condena de Báez a diez años de prisión. Y con ello confirmó la existencia de una estructura de lavado que sacó dinero negro del país para transformarlo en lícito. La suma por la que Báez fue condenado es de 65 millones de dólares.
En un remanente de la causa que no se había elevado a juicio oral, la Vicepresidenta había sido indagada y el juez Casanello le había dictado la falta de mérito. El fiscal Marijuán pidió una serie de medidas de prueba y luego del resultado decidió solicitar el sobreseimiento de quien fuera presidente de la Nación entre 2007 y 2015.
Es decir, sostuvo que la operación de lavado de dinero que organizó Báez existió, pero que Cristina Kirchner no estuvo involucrada. Para Marijuán no quedan dudas de la estrecha relación entre la ex mandataria y Báez. Enumeró las operaciones comerciales -negocios- que realizaron ambos y se refirió a algo que se demostró en la causa: la existencia de decenas de llamados entre ambos. El fiscal señaló que a partir de un cruce telefónico ordenado en la causa se determinó que hubo “372 comunicaciones” entre Báez y Cristina Fernández de Kirchner (y sus colaboradores cercanos) entre octubre de 2010 y abril de 2013.
La ex presidenta había sido imputada en el caso luego de la declaración como arrepentido de Leonardo Fariña, quien confesó haber lavado dinero para Báez. Y sitió temporalmente esas operaciones luego de la muerte de Néstor Kirchner, sucedida el 27 de octubre de 2010. En un tramo de la declaración, Fariña había dicho: “…Me llama Lázaro que vaya a Carabelas -donde estaban las oficinas de Austral Construcciones la empresa madre del grupo Báez-, voy a Carabelas, me atiende solo y me dice que había venido de hablar con la jefa, que es Cristina Kirchner y que le había preguntado si él estaba sacando dinero al exterior porque desde la embajada de Estados Unidos le habían comunicado eso. A lo cual, él me dice que le responde que de ninguna manera, pero me dice que seamos más prudentes con los movimientos…”.
Guillermo Marijuán (Adrián Escandar)“La realidad es que, a diferencia de otros empresarios, más allá del negocio que tenía en común Néstor Kirchner con Lázaro Báez, Lázaro guardaba parte del dinero de Néstor Kirchner proveniente de los negocios y cuando Néstor muere, Cristina no estaba al tanto de todo lo que Báez tenía. Esto me lo contó Lázaro Báez a mí, como se lo contaba a un montón de personas. Por este motivo, los primeros movimientos de dinero al exterior se hicieron posteriores y muy cercanos a la muerte de Néstor Kirchner. Porque ella junto con su hijo fueron golpeando a los empresarios más emblemáticos amigos del marido reclamando lo que teóricamente era de él, y ahí es donde viene el cortocircuito entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner”, había declarado Fariña, quien también fue condenado en el juicio oral y público.
A partir de aquella declaración y de datos aportados al expediente tanto de la Unidad de Información Financiera (UIF) como de la Oficina Anticorrupción (OA), pidieron como querellantes -durante el gobierno de Mauricio Macri– la indagatoria de Cristina Kirchner. Marijuán, en tanto, también había pedido la indagatoria. El juez Casanello había rechazado estos pedidos. Fue la Sala II de la Cámara Federal porteña la que ordenó la indagatoria de la titular del Senado. En septiembre de 2018, la ex presidenta fue indagada y negó los cargos en su contra. En noviembre de 2018, el juez le dictó la falta de mérito y ordenó varas medidas de prueba. Y Marijuán solicitó otras -entre las que se halla el cruce de llamados- que se produjeron.
El fiscal se refirió también a la condena que recayó sobre Cristina Kirchner y Báez -entre otros- por la adjudicación amañada de obra publica vial a las empresas constructoras del empresario. La ex jefa de Estado fue condenada por el delito de administración fraudulenta a la pena de seis años de prisión por el Tribunal Oral Federal 2. La sentencia fue apelada.
En su dictamen, al que accedió Infobae, Marijuán señaló: “Claramente, esta sentencia ratifica que el dinero ilícito de Lázaro Antonio Báez provenía mayoritariamente de la asignación irregular de obra pública con la que fue beneficiado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner”.
Lázaro Báez fue condenado por lavado de dineroFue entonces cuando el fiscal criticó el fallo dictado por dos jueces de Casación al momento de revisar la condena de Báez y el resto de los imputados en el caso de lavado de dinero: “Frente a ello, el voto mayoritario de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en la resolución que analizaré en adelante, que no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro Báez y la evasión fiscal de su ‘patrimonio’, obviando el nexo del lavado de dinero con la obra pública vial, resulta a todas luces desacertado. Ello por cuanto, si bien la evasión fiscal también ha sido sostenida por el suscripto como delito precedente de las conductas de lavado de Báez, anular como tal a la asignación irregular de obra pública, es esconder una realidad innegable”.
Sobre aquel fallo de febrero, Marijuán sostuvo: “En efecto, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el pasado 28 de febrero del año en curso, sentenció confirmar las condenas de Lázaro Báez y la mayoría del resto de los implicados. Sin embargo, estableció como delito precedente ya no la adjudicación irregular de obra pública direccionada sino la evasión fiscal. Esta particular y desafortunada consideración del delito precedente que sostiene la postura mayoritaria de la Sala IV -Dres. Mariano Borinsky y Angela Ledesma-, que no es compartida por el Dr. Javier Carbajo que insiste y reproduce los fundamentos que hubo de brindar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 en la condena de todas estas personas, desde mi punto de vista también influye directamente en la desvinculación de Cristina Fernández en esta causa. Ello pues, si se considera que la descomunal masa de dinero que Lázaro Báez lavaba con la compleja maniobra de ‘exportar’ millones de divisas reingresándolas al país como una inversión, así como la compra de innumerables muebles e inmuebles, proviene sólo de la evasión fiscal y no de la asignación irregular de la obra pública direccionada a su favor, se aleja el centro de la escena delictual del poder político de esta causa de lavado de dinero aunque no influya en las consideraciones y fundamentos que se efectuaron en punto al fraude contra el Estado Nacional en la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2″.
Para Marijuán los “desafortunados votos” de Borinsky y Ledesma respecto del delito precedente al lavado, le hicieron replantear las medidas de prueba que pidió y el fondo de la situación.
El fiscal resumió la situación del caso en en su dictamen: “A modo de conclusión, reiterando algunos conceptos, vemos que desde las manifestaciones del imputado colaborador Leonardo Fariña se han reunido pruebas que, incuestionablemente, sostuvieron el estado de sospecha que llevo a la indagatoria de Cristina Elisabet Fernández. Sin embargo, el innegable vínculo con Lázaro Báez junto con quien se encuentra condenada ante este fuero federal, por sí sólo no permite avanzar en su procesamiento y menos aún en un juicio oral con la consiguiente elevación a un tribunal colegiado de esto obrados para, de esta forma, debatir si la nombrada ha sido instigadora, coautora o partícipe de la maniobra de lavado de dinero que se investiga en autos”.
Y agregó: “También como afirmé, el sobreseimiento que en esta ocasión propicio respecto de la ex presidenta, en nada conmueve otras situaciones procesales en expedientes en trámite. Es más, hay pruebas ahora colectadas a instancias del suscripto que demuestran un vínculo que va más allá de una relación de amistad o conocimiento entre Lázaro Antonio Báez y Cristina Elisabet Fernández. En esto deseo destacar, aun cuando quede comprendido por el propio estado de sospecha establecido en esta pesquisa, que las visitas de Lázaro Báez a Cristina Fernández en la Quinta de Olivos y la circunstancia que la contactara telefónicamente de manera directa o por sus secretarios privados en más de 300 oportunidades, son una prueba cabal sobre estos aspectos que, indudablemente, deberán confrontarse con otros sucesos críticos o momentos consumativos en otras investigaciones”.
Leonardo Fariña, arrepentido y condenado por lavadoEl fiscal resaltó lo sucedido en algunas fechas específicas: “En particular y estas pruebas en concreto, hay algunas que me llaman la atención. Así tenemos, como dije, que el día 2 de diciembre de 2010 Lázaro Báez concurrió a la Residencia Presidencial de Olivos donde residía Cristina Fernández. También se encuentra probado que con fecha 20 de diciembre de 2010, el nombrado recibió una llamada telefónica de un abonado correspondiente a la Residencia de Olivos. Ambos eventos, por el momento en que acontecen, coinciden con la ubicación temporal brindada por Fariña cuando afirmó que la ex Presidenta Cristina Fernández le dijo a Lázaro Báez que tenía conocimiento sobre el movimiento de fondos al exterior. Estos datos concretos de la visita a Olivos y del llamado telefónico recibido, ahora reconstruidos probatoriamente, vienen a sostener la afirmación de Leonardo Fariña pero, con ello también, se revitaliza el aspecto que agregó el imputado colaborador en cuanto a que Lázaro Báez le negó a Cristina Fernández todo aquello que tenía que ver con el movimiento al exterior de las divisas con el que se perpetraba parte del lavado de dinero”.
“En suma, -señaló Marijuán- la prueba de los eventos señalados -llamada telefónica y visita a Olivos- acerca a la cuestión del lavado de dinero a Cristina Fernández al sostener la versión de Fariña pero, de algún modo, la aleja y no logra responsabilizarla penalmente. Aun soslayando o dejando por un momento de lado el anterior razonamiento o conclusión, podríamos dar otro enfoque a la cuestión y preguntarnos por qué Cristina Elisabet Fernández se interesó en esos montos de dinero que se sacaban por Lázaro Báez y otras personas del país. Así, teniendo en cuenta la condena por fraude al Estado Nacional con la adjudicación irregular de obra pública – causa “Vialidad”- podría pensarse como una hipótesis que Cristina Fernández le preguntaba a Lázaro Báez por la exportación de divisas ya que podría haber estado interesada en el producto o destino del dinero obtenido por aquel fraude. Aun así, en esta hipótesis, tampoco el interrogatorio de Cristina Fernández a Lázaro Báez me permite situarla en el lavado de dinero que es el objeto de este proceso con la fuerza probatoria que vaya más allá de una sospecha. Todo ello claro está, sin perjuicio de otras valoraciones que puedan hacerse en otros procesos de las innumerables comunicaciones telefónicas, así como de las visitas personales a la ex presidenta”. Fue por ello que pidió el sobreseimiento.
Infobae
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Ataque a Cristina Kirchner: la jueza rechazó secuestrar el celular de Gerardo Milman por no estar imputado
Gerardo Milman, diputado del PRO (Maximiliano Luna)La causa por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner deberá definir en los próximos días si se manda a juicio a los tres detenidos por el intento de homicidio. Pero mientras tanto, la discusión por estas horas pasa por el avance de la llamada pista Casablanca, abierta desde que un asesor legislativo del Frente de Todos dijo 20 días después del atentado que oyó al diputado Gerardo Milman decir 48 horas antes del hecho “cuando la maten yo estoy camino a la costa”. Y ahora la novedad pasa porque el fiscal federal Carlos Rívolo solicitó el secuestro del celular del allegado a Patricia Bullrich luego de una nueva declaración de una asesora del diputado que contó cómo le habían borrado el teléfono. La jueza María Eugenia Capuchetti, sin embargo, le dijo que no: aseguró que en base a la propia postura del Ministerio Público Milman no está imputado, que hay un criterio restrictivo para investigar las comunicaciones de legisladores y que para secuestrarle el teléfono se necesitaría un proceso de desafuero.
“Por todo lo expuesto, no ha lugar a la medida de secuestro del celular del Diputado Nacional Gerardo Milman”, sostuvo Capuchetti en la resolución a la que accedió Infobae, luego de de enumerar que “los datos objetivos incorporados con la nueva declaración de la testigo solo ahondan en sus inconsistencias relativas a los detalles del borrado del teléfono, circunstancia ya conocida en autos y valorada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) oportunamente, sin que se brinden nuevos datos relativos a los hechos aquí investigados”.
Según la jueza, “el cuadro probatorio con el que se cuenta no permite superar los tamices de necesidad, adecuación y proporcionalidad demarcados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que operan como principios rectores para decidir sobre la procedencia de una injerencia del tenor de las solicitadas”.
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Pero, además, la magistrada reseñó que para hacer lugar al secuestro del teléfono de un diputado o “toda otra diligencia relativa a sus ‘comunicaciones’, como ser obtener el registro de llamadas entrantes y salientes, deberá efectuarse mediante una solicitud formulada ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados por la posible comisión de un ilícito penal en cabeza del legislador”.
“Imputación que tampoco surge del dictamen del MPF, que en su última intervención razonó: ‘hasta aquí el nombrado no reviste en estos actuados la calidad de imputado’”, agregó.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo el día que le tomaron declaración a Cristina Kirchner en su casa, horas después del ataque (Maximiliano Luna)Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, Milman quiso acceder a la causa cuando el expediente en los últimos días y esa fue la respuesta que rechazó su pedido.
Todo esto se conoció ahora, cuando en la causa se levantó el secreto de sumario que se había impuesto el lunes pasado a raíz de la declaración de Ivana Bohdziewicz, una de las secretarias del diputado Gerardo Milman, que reapareció en la causa para confirmar que había borrado su teléfono porque no quería que se filtraran sus fotos íntimas y que para ello se había asesorado. Bohdziewicz afirmó que su amiga y compañera de trabajo Carolina Gómez Mónaco la llevó hasta una oficina de la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, en donde estaban Milman y un perito, para realizar el borrado del contenido del teléfono. Y detalló que su amiga tenía otro teléfono. En base a eso, y tal como reveló Infobae la semana pasada, la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró ese segundo equipo en un procedimiento que se hizo a metros del obelisco en la noche del miércoles.
En base a eso, el fiscal solicitó una serie de medidas de prueba: reclamó analizar las comunicaciones del segundo teléfono de Gómez Mónaco, proceder al secuestro del teléfono de Milman y entrecruzar las comunicaciones entre los cuatro imputados hasta ahora (los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo y la joven Agustina Díaz) y las de la Milman y sus dos asesoras.
“En virtud de lo declarado, y teniendo en cuenta que existía la sospecha de que el Diputado Nacional Milman podría haber convocado a sus colaboradoras con el objeto de borrar o intentar borrar información que podría ser de interés para la presente investigación, era que correspondía incoar la medida de secuestro” de su celular, señaló la fiscalía.
Abordada la cuestión, la jueza solo habilitó el análisis del teléfono de Gómez Mónaco. Según escribió, el foco debe estar puesto en “las conversaciones y/o material digital orientado a la comprobación de la existencia de cualquier mención a los dichos que, según el testigo Jorge A. Abello, habría proferido el Diputado Nacional, Gerardo Milman, el pasado 30/08/22 en el restaurante Casablanca y/o cualquier mención o texto que pueda vincularse al atentado contra la Vicepresidenta de la Nación, acontecido el 1° de septiembre de 2022″. El análisis debe ser sobre comunicaciones entre el 01/07/22 y el 01/12/22, no hasta ahora como pedía la fiscalía. Y “con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”
Para Capuchetti, “si la hipótesis del acusador público para secuestrar el teléfono de Gómez Mónaco fue que dicho dispositivo sería aquel que, en ocasión de los eventos narrados por Bohdziewicz, fue suplantado por los aparatos que luego aquella aportó voluntariamente a la instrucción, nada conduce a apartarse del marco temporal oportunamente fijado por la Alzada y resultaría irrazonable pesquisar los cinco meses de intervalo hasta el 10/05/23″. Sobre los entrecruzamientos, la jueza entendió que Rívolo ya contaba con el material de entradas y salientes de lo cuatro acusados durante el período solicitado para realizar un cotejo inicial.
Ivana Bohdziewicz, frente al celular, y a su lado Carolina Gómez Monaco, el día 1 de diciembre cuando entregaron sus teléfonos en la fiscalía. La primera dijo allí que había borrado su teléfono porque no quería que se filtraran sus fotos. La segunda que había cambiado el equipo pero podía entregar el viejoEn su resolución, la jueza subrayó las diferentes versiones dadas por Ivana Bohdziewicz, que incluso llevaron a la querella a pedirle la indagatoria cuando apareció en sus teléfonos el mensaje “Día Festivo” el 1 de septiembre de 2022, sin advertir que esa es la forma en la que el calendario de Google registra un feriado no catalogado y que el equipo tenía sincronizado un huso horario que no era de Argentina. El 2 de septiembre el Ejecutivo decretó feriado nacional por la gravedad del intento de homicidio que había tenido lugar en la noche del 1 de septiembre, cuando Sabag Montiel gatilló, sin que el tiro saliera, en la cara de la vicepresidenta en la puerta de su casa. También cuando se encontró una charla que decía “chicas borren todo” de un grupo de Whatsapp de la oficina, días antes del atentado.
La jueza resaltó que en todas sus versiones la joven aseguró que no habló del atentado y que anteriormente subrayó que el teléfono se había borrado por su propia decisión. Subrayó que tampoco surgió nada del análisis de los celulares hechos por la DATIP y la PSA. “Si el MPF entiende pertinente avanzar en la producción de nuevas medidas de prueba relativas a los extremos traídos a estudio, deberá avanzar de forma progresiva ‘optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego’, en tanto esta judicatura no habrá de modificar el criterio sostenido al respecto, por cuanto medidas como las postuladas deberán ser llevadas a cabo como ultima ratio, en tanto acarrea una intromisión al ámbito de la privacidad de personas no imputadas en autos”, agregó.
Habrá que ver ahora cuáles son los próximos pasos de la causa. Se descuenta que la querella cuestionará la decisión. Sobre todo teniendo en cuenta que el capítulo Milman y las declaraciones de las asesoras fue lo que llevó a la vicepresidenta a avanzar en un camino de recusaciones y denuncias sobre la magistrada. En las próximas horas vencerán las prórrogas otorgadas a la querella para pronunciarse sobre si los detenidos deben ir a juicio. En distintas apariciones púbicas, los abogados ya dejaron ver que se opondrán.
FOTO TAPA vnnespanol.cnn.co,
FUENTE INFOBAE
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Judiciales
El indignante audio que se conoció del juicio por la masacre de Monte: insulto a las víctimas y desprecio por la sobreviviente
Las víctimas de la Masacre de Monte (Fotos: Télam)El perito informático que inspeccionó los celulares de los policías acusados por la denominada Masacre de Monte, ocurrida en 2019 en San Miguel del Monte, fue un testigo clave este lunes en la sexta audiencia por la muerte de tres adolescentes de 13 y 14 años y un joven de 22 tras una persecución policial y posterior choque. Y su testimonio fue crucial no solo por lo que contó, sino por la prueba que exhibió.
Así, afirmó que uno de los imputados “borró” los mensajes de su teléfono durante la hora en la que sucedió el hecho tras el que murieron Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13), Camila López (13) y Aníbal Suárez (22), mientras que la única sobreviviente fue Rocío Quagliariello (17).
Se trata de José Luis Sánchez, miembro del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Procuración, quien declaró ante los 12 jurados y la presidenta del Tribunal Oral Criminal (TOC) 4 de la capital bonaerense, Carolina Crispiani; y aseguró que lo que se pudo recuperar fue un audio en el que un subcomisario les sugería “ordenar” la escena, les decía que la culpa no era de ellos y en el que calificaba a las víctimas como “hijos de puta”.
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“Si estos hijos de puta hubieran parado, no se hubieran matado. La culpa no la tuvimos nosotros. Extraoficialmente, me dijeron cuatro fallecidos. Queda una chica ahí que está pidiendo pista, calculo. Van a hacer miles de anécdotas, miles de versiones de las cosas que pasaron”, se escuchó en el audio exhibido y que recibió uno de los agentes detenidos vía WhatsApp. Allí, se hace referencia a Rocío, la única sobreviviente de la tragedia.
De anteojos, Rocío Quagliariello (17), la única sobrevivienteJustamente, el autor de ese audio es el subcomisario Franco Micucci, imputado y detenido por el “encubrimiento” del hecho en otra causa paralela.
El perito Sánchez tuvo a su cargo el análisis de los teléfonos de los agentes acusados, Manuel Monreal, Rubén Alberto García, Leandro Ecilapé y Mariano Ibáñez; y de las víctimas. Y también dijo que en uno de los mensajes de audio recibidos se escucha al subcomisario Micucci “ordenar” la escena.
Al respecto, el perito informático opinó: “Hay uno que ordena el trabajo después que se produjo el hecho. Está conversando personal policial. Están explicando cómo hacer el operativo”.
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“El imputado Monreal ha sido nombrado en otros teléfonos, pero no tengo la correspondencia en el teléfono de él. ¿Qué pasó con los mensajes de él? Si era un diálogo…”, sugirió Sánchez durante la sexta audiencia del juicio sobre lo que ocurrió con el celular borrado.
Son cuatro los imputados de la Masacre de MonteA su vez, Sánchez explicó que le llamó la atención que los policías estaban “inquietos” ante la presencia de una instructora judicial de la ayudantía fiscal de San Miguel del Monte.
Por otro lado, el perito exhibió una serie de videos y audios de los celulares de las víctimas, datados entre las 00.01 y las 00.24, donde se los veía bromear y reír a bordo de un Fiat 147, mientras circulaban por la mencionada localidad bonaerense.
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En tanto, antes declaró el perito criminalístico Lucas Basanta. Especialista en balística, aseguró que dos de los cuatro policías bonaerenses acusados tiraron contra el auto en el que viajaban las víctimas y descartó que los agentes hayan disparado en dirección al piso.
El caso
La madrugada trágica, los cinco chicos iban en el Fiat 147 escuchando música cuando los oficiales comenzaron a perseguirlos sin motivos y, de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del municipio, a dispararles, ya que se observó a un policía en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo.
A raíz de ello, el auto en el que iban los jóvenes chocó contra un acoplado que estaba detenido en la ruta. Fallecieron tres adolescentes y el joven que lo conducía. Sólo hubo una sobreviviente: Rocío.
FOTO TAPA : PAGINA 12
*Con información de Télam
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