El cúmulo de causas judiciales que enfrentan Hugo y Pablo Moyano pronostican una larguísima batalla en los tribunales de varios fueros. El frente judicial es tanto o más intrincado que las acusaciones que pesan sobre su aliada, Cristina Fernández de Kirchner.

El secretario general de la CGT, líder del Sindicato de Camioneros y presidente del Club Independiente junto al mayor de sus hijos, Pablo, su mano derecha en estas dos últimas instituciones, son investigados como presuntos miembros de una asociación ilícita y por otros delitos que van desde el lavado de activos, defraudación y malversación de fondos, evasión impositiva y hasta extorsión.

Sólo en el gremio que dirigen se los acusa de pergeñar maniobras fraudulentas mediante la adulteración de facturas y de haber creado una compleja red de sociedades operadas por familiares y allegados para adquirir inmuebles, desviar fondos y enriquecerse ilícitamente.

Todos los cargos han sido negados por los Moyano, que le apuntan a una supuesta persecución judicial movilizada desde la Casa Rosada.

Las sospechas por el supuesto manejo irregular de fondos pertenecientes al club de Avellaneda, no obstante, sumaron en las declaraciones de dos arrepentidos, los barrabravas Pablo “Bebote” Álvarez y Damián Langaronne, imputaciones por manejos turbios de dinero por la venta de jugadores y otras operatorias deportivas a través paraísos fiscales y de financieras que les atribuyen al clan Moyano.

Los hechos que les imputan fiscales y jueces son numerosos y se dispersan, según las distintas imputaciones, en una nube societaria incapaz al momento de determinar la cuantía patrimonial y cuáles son las empresas que ellos efectivamente manejarían. Sin embargo, los vasos comunicantes para las operatorias investigadas tanto en el manejo del club como del sindicato de camioneros encuentran en muchos casos un patrón común: la malversación de fondos y hasta supuestos métodos de coerción. Puntualmente, el clan Moyano es investigado en ocho causas que se instruyen en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Uno por uno cuáles son los expedientes

La principal pesquisa es la que impulsa el fiscal Sebastián Scalera, quien indagará al hijo de Moyano la semana próxima como presunto jefe de una asociación ilícita e insistirá en su detención. Scalera anunció que recurrirá por parcialidad al juez de la causa, Luis Carzoglio, y dijo que cuenta con abundante material probatorio que acreditaría una defraudación millonaria por reventa masiva de entradas desviadas de las cuentas del club rojo. Para el fiscal, su padre como presidente del club no podría estar ajeno a esa operatoria.

El juez federal de Morón, Néstor Barral, investiga la compra de dos propiedades en Parque Leloir para el gremio que se habrían llevado a cabo por medio de empresas ligadas a la familia Moyano. La Justicia busca determinar si los fondos para esas adquisiciones tuvieron origen en la sobrefacturación de esas empresas para lavar dinero.

También el juez federal de Quilmes Luis Armella los investiga por lavado de activos a raíz de las declaraciones como arrepentidos de Álvarez y de Langaronne, quienes sindicaron que los Moyano utilizaban empresas de su propio círculo familiar para lavar activos.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció la compra irregular de cinco terrenos en La Falda, Córdoba, en 2013, por parte del sindicato por montos supuestamente inflados. El fiscal federal Gustavo Vidal impulsó la causa en 2017 a raíz de la denuncia de un particular que señaló que se pagaron $6 millones por los terrenos que dos meses antes habían sido adquiridos por otra persona por un total de $309.255. El juez Alejandro Sánchez Freytes espera una pericia clave del Tribunal de Tasación de la Nación para resolver si procesa a Hugo Moyano.

Una de las causas más antiguas la promovió la diputada Graciela Ocaña ante el juzgado de Claudio Bonadio por el supuesto fraude a la Agencia Gubernamental de Administración de Programas Especiales (APE) por reintegros a la obra social de camioneros por medicamentos oncológicos. Según la denuncia, se habrían adulterado los troqueles de la especialidad medicinal Erbitux para cobrar más de $400.000 en reembolsos.

Tanto la Unidad de Información Financiera (UIF) como la Procelac fueron muy activos para investigar a empresas manejadas supuestamente en las sombras por los Moyano. El titular de la Procelac, Gabriel Pérez Barberá, imputó a la empresa OCA por la evasión de aportes previsionales y otros tributos. La causa recayó en el juez del fuero Penal Económico Javier López Biscayart que procesó a dos de sus directivos, Patricio Farcuh y Jorge Mario Aste. Farcuh acusó a Hugo Moyano de manejar la empresa con la ayuda de Aste para desviar los fondos.

También Pérez Barberá avanzó contra OCA y otras empresas que giran alrededor del gremio de Camioneros por presunto lavado de dinero y evasión impositiva. Lo hizo apoyado en información de la UIF y en la pesquisa de la fiscal Alicia Sustaita que recayó en el Juzgado Penal Económico N° 3 a cargo de Rafael Caputo.

En tanto, el clan Moyano es investigado en otra causa por la presunta extorsión a directivos de la empresa de logística Expreso Pontevedra. Siete dirigentes de la cúpula de camioneros ya fueron procesados por coacción para cobrar una supuesta deuda de $2.000.000 por kilometraje mal facturado a choferes, sin ninguna constancia formal de esos trayectos. Los aprietes se habrían realizado mediante llamados telefónicos y obligada asistencia a reuniones en la que se habría intimidado a los directivos. Esa pesquisa también llega hasta Hugo y Pablo Moyano.