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Opinión

LAS ZONCERAS QUE DICE CRISTINA CUANDO HABLA DE ECONOMÍA

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Es muy difícil entender por qué una persona inteligente como la Vicepresidenta pifia tanto en un tema central. ¿Pifia o miente? ¿En qué medida cree lo que dice o dice lo que cree que le conviene?.

Cristina Kirchner (Franco Fafasuli)

El lunes por la tarde, en Avellaneda, Cristina Kirchner intentaba demostrar -con ciertas dificultades- que las ganancias de las grandes empresas son el principal motivo de la inflación. En ese contexto, la Vicepresidente empezó a juguetear con una expresión desconocida para la mayoría de las personas. “Me puse a mirar la edbita de algunas empresas…”, anticipó. “¿Qué es el edbita de algunas empresas?”, se preguntó. “Cuando voy a mirar, por ejemplo, el edbita…”, insistió. “¡224,3 por ciento de edbita!”, destacó. Tanto énfasis en esa palabrita, tenía un costado, a la vez, complicado y gracioso. Porque, en realidad, nadie en el mundo sabe qué es el “edbita”. A juzgar por el contexto, tal vez Kirchner se refería al ebitda, que es el acrónimo de la expresión “Earning before interest, taxes, depreciations and amortizations” (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones).

Se trata de un desliz menor y disculpable, porque el concepto estaba bien explicado en castellano. Además, a mucha gente le sucede que cancherea y queda pagando. El problema se agravaría, en cambio, si ese pequeño error revelara que la ex presidenta presume de saber mucho de Economía, cuando no tiene idea del asunto. Y sería mucho más grave aún si en función de esa ignorancia de base emprende batallas políticas o embate violentamente contra su propio gobierno. En sus últimas intervenciones, Kirchner ha dado señales de que eso es, precisamente, lo que está ocurriendo. Por eso, seguramente, varios economistas y periodistas que la han defendido en las situaciones más difíciles, empezaron tomar distancia y a manifestar cierta perplejidad frente a sus intervenciones.

He aquí un listado, para nada exhaustivo, de las últimas incongruencias vicepresidenciales:

1. Durante el discurso del lunes, Kirchner sostuvo que ella defendió las reservas argentinas al imponerle a empresas con balance comercial negativo, que desarrollaran proyectos para exportar. El miércoles insistió con ese tema al citar una nota periodística que destacaba la experiencia supuestamente virtuosa de la empresa Newsan. Más allá de ese caso, que merece un análisis más exhaustivo y sobre el cual hay versiones contrapuestas, tal vez corresponda analizar qué pasó con las exportaciones y las importaciones durante la gestión de CFK: no fijarse en pequeños detalles sino en el cuadro general. Los datos del Banco Central indican que, a un valor 100 para 2004, las exportaciones -en cantidades- apenas treparon a 104 para el 2015. Las importaciones, en cambio, aumentaron –también en cantidades- a 242 en el 2011. Los resultados de su gestión en términos de defensa de las reservas, y por lo tanto de la soberanía nacional, fueron muy malos. Es criterioso entonces que otros funcionarios eviten repetir esa experiencia fallida. Pero CFK sostiene que, como usó la lapicera, tuvo éxito; y arma un escándalo cuando no aplican sus recetas. Hay allí un pequeño problemita para todos y todas.

2. Pero los problemas apenas comienzan. El lunes pasado, Cristina Kirchner dijo: “En el ranking de países evasores, de países donde la evasión es muy importante, Argentina ocupa el tercer puesto. En nuestro país la recaudación representa el 28 del PBI cuando debería representar el 45 del PBI. El primer país es Guyana. El segundo lugar del podio está ocupado por Malta, que no es una cerveza ni una marca ni nada… Y el tercero Argentina. Sí. Tercer país evasor en el mundo, junto a Zambia, a Pakistán y no me acuerdo a qué otro país más”.

La historia de cómo CFK llega a esos números es impactante. Unos días antes del acto de Avellaneda, el Instituto Patria difundió un trabajo donde están los datos que nutren a la vice. Ese estudio concluye que, de existir “un eficaz control tributario”, la recaudación aumentaría un 60 por ciento y representaría un 45 por ciento del PBI en lugar del 28 actual. Eso mismo repitió Cristina. Para obtener esas conclusiones, “el Patria” se apoyó en un estudio realizado por la Universidad de las Naciones Unidas, sobre una base de datos del FMI.

Lo que no dicen “el Patria” ni la Vicepresidente es que todos los datos ¡¡¡corresponden al año 2013!!!!. Es decir, que la incapacidad de recaudar como corresponde se debería a su Gobierno y no al actual. El pequeño detalle da sustento a una frase que pronunció esta semana el periodista Alejandro Bercovich: “Se está asesorando con economistas del fondo de la ola”. ¿No lo vieron? ¿Lo ocultan? El cuadro puede verse a continuación: allí, en el encabezado, se lee claramente a qué año pertenecen los datos.

Todos los años, varios organismos internacionales de primer nivel -el Ciat, la Cepal, el BID y la Ocde- elaboran un trabajo llamado “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe”. El 27 de abril difundieron el correspondiente al período 2010/2020. Los datos de ese informe son brutalmente distintos a los que presentó la Vicepresidenta. En principio, la Argentina aparece como el tercer país que recauda más impuestos como porcentaje del PBI en la región. La Argentina recauda el 29,3 por ciento del PBI, 8 puntos más que el promedio de los países de América Latina y el Caribe. Ese estudio informa que los países de la OCDE recaudan 33 puntos del PBI, ¡doce menos de los que Cristina cree que podrían recaudar la Argentina! ¿De dónde sacaran en “el Patria” esas conclusiones que ella repite? ¿Del edbita?

O sea que, en base a datos que revelarían cómo recaudaba el gobierno que ella presidía 2013, la Vicepresidenta denunció como inoperantes o cobardes a los actuales ministro de Economía, titular de la AFIP y presidente del Banco Central , y pidió sus remociones. Al mismo tiempo, acaba de colocar al frente de la aduana a Guillermo Mitchell, que era el número 2 de la AFIP cuando, según el estudio en el que se apoya el instituto Patria, se recaudaba tan mal. La casa está en orden.

3. Los problemas se profundizan. Luego de su salida del Ministerio de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas presentó una carta de renuncia muy crítica hacia la política energética del Gobierno, por la que responsabilizaba a la Vicepresidenta. Horas después, la empresa estatal involucrada, Enarsa, le contestó a Kulfas. Esa respuesta fue respaldada por Cristina, quien la subió a sus redes para darle una máxima difusión. Allí aparece una frase que mezcla el surrealismo con la psicodelia: “Es miópico (sic) sostener que la importación de energía debilita a las reservas internacionales del país”. Ningún economista, de la línea teórica que fuere, podrá entender jamás cómo alguien escribió semejante cosa. ¿De dónde supondrá la Vicepresidenta que salen los recursos para pagar las importaciones? Si alguien realmente cree que importar energía no debilita las reservas, tal vez no se preocupe cuando su país pierde la soberanía energética, que fue exactamente lo que ocurrió cuando Kirchner gobernaba.

Matías Kulfas (Maximiliano Luna)Matías Kulfas (Maximiliano Luna)

4. A principios de mayo, Cristina dio el primer discurso en el que desarrolló su teoría sobre cómo se combate la inflación, en base a su propia experiencia. Dijo entonces: “Tuvimos una devaluación en enero de 2014 y la inflación se nos fue a 38. Pero al año siguiente la bajamos a 24 o 25″. Esa frase ofrece varios flancos. El primero es que se trata de un recorte que omite lo central. Lo que en realidad ocurrió con la inflación desde que Cristina asumió en 2007 no fue, precisamente, que “la bajamos”. En 2006, antes de que ella asumiera, los precios en la Argentina habían subido un 9,8 por ciento. Pocos años después, como reconoce Cristina, habían trepado a casi un cuarenta por ciento. La mala praxis produjo el regreso de la inercia inflacionaria, erradicada en los años noventa mediante la convertibilidad. No había vuelto ni siquiera luego de la trágica ruptura de ese régimen. Pero además, la razón por la que en 2015 hubo menos inflación que en el 2014 no tiene nada que ver con la lapicera de Cristina: simplemente, en 2014 el Gobierno devaluó y al año siguiente no. Lo que parece una discusión histórica tiene efectos determinantes sobre el presente. Porque, contra toda evidencia, ella cree que efectivamente triunfó contra la inflación gracias a la administración de la puja distributiva y entonces recomienda medidas similares a las que, en realidad, causaron el problema.

5. En ese mismo giro, Cristina permite recordar tal vez la única medida significativa que tomó durante su mandato contra la inflación. “Tuvimos una devaluación en enero de 2014 y la inflación se nos fue a 38. Pero al año siguiente la bajamos a 24 o 25″, dijo. El problema de ese ejemplo es que en ese año, el 2014, la inflación oficial, que informó su propio Gobierno, había sido del 23 por ciento y no del 38, ¡15 puntos menos de lo que Cristina reconoce ahora! Esa diferencia se explica porque el Gobierno de Cristina Kirchner, durante largos ocho años, mintió sobre la inflación. Eso logró el milagro de bajar la inflación, que ella recuerda con orgullo, mientras, al mismo tiempo, subían los precios, un detalle que ella olvida.

6. El discurso del lunes tuvo otro gran momento. La Vicepresidenta dijo que todo proceso inflacionario fue precedido por un gran endeudamiento. Para defender esa idea apeló a dos ejemplos: la inflación de la década del 80 que sucedió al endeudamiento producido durante la dictadura, y la actual, que es posterior al endeudamiento de la gestión macrista. La historia ofrece dos contraejemplos muy recientes. El primero es el de la década del 90, cuando la deuda crecía a paso rápido mientras había deflación. El segundo es autobiográfico. Antes de la asunción de CFK, Nestor Kirchner no había endeudado a la Argentina sino, todo lo contrario, la había desendeudado. Entonces: ¿por qué entonces con ella volvió la inflación? Esa pregunta es el elefante del que nunca se habla en los discursos de la Vicepresidenta, pero que puede ver cualquiera que no sea un believer: con ella volvieron la inflación, la restricción externa, la pérdida de la soberanía energética, los déficits gemelos. ¿No debería explicar algo de eso en lugar de presentar como una serie de triunfos lo que, en realidad, fue una cadena de derrotas?

Cristina Kirchner y Alberto Fernandez (Franco Fafasuli)Cristina Kirchner y Alberto Fernandez (Franco Fafasuli)

7. Durante sus últimos discursos, la Vicepresidenta elogió al capitalismo chino, en comparación con el norteamericano, porque incluyó muchas más personas en el mercado, y las sacó de la pobreza. Al mismo tiempo, reclamó aumentos de salarios en la Argentina. Cualquier conocedor superficial del proceso de desarrollo chino, sabe que ese proceso tan espectacular tuvo entre sus rasgos centrales a los salarios bajos. Empresas de todo el mundo se radicaron, entonces, en China para aprovechar esa ventaja. CFK admira la manera en que se desarrolló China pero recomienda lo contrario para la Argentina. ¿Cómo se juntarán las dos ideas? Misterio.

8. En septiembre del año pasado, luego de la debacle oficialista en las primarias, la Vicepresidenta difundió una carta en la que adjudicaba el resultado electoral a un supuesto plan de ajuste del Gobierno. Un ajuste implica que el Estado gaste menos que un año antes. En agosto de 2021, sin embargo, se gastó 66 por ciento más que el mismo mes del año anterior, una diferencia que superaba con creces a la inflación. “Tiene razón Guzmán. No hubo ajuste”, explicó por entonces Alfredo Zaiat, tal vez el periodista más elogiado por CFK en sus discursos.

9. En la misma carta, la ex presidenta había dicho que este Gobierno tiene más reservas que el suyo para enfrentar la presión cambiaria. Su ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, explicó que en 2009 Cristina disponía de 45 mil millones de dólares de reservas. En el momento en que Cristina escribió su carta había solo 9 mil millones. ¡Cinco veces menos! De esa magnitud suelen ser los errores de la Vicepresidenta. No se trata solo de confundir ebidta con edbita.

10. La relación de Cristina Kirchner con los números, en realidad, siempre fue complicada. El ejemplo que mejor permite entenderlo es lo que ocurrió con la resolución 125. Esa medida reestructuró el esquema de relaciones políticas y humanas en la Argentina. Muchas familias y amistades se rompieron en ese momento. El peronismo se dividió. Durante siete años, ella agredió a quienes señalaron que aquella medida era un error político y, sobre todo, técnico, de la misma manera que agrede ahora a quienes no acuerdan con su mirada. En el año 2015, durante la campaña electoral por la jefatura de Gobierno porteño, Cristina admitió que la resolución 125 tenía, efectivamente, un problema de cálculos. Por entonces, Martín Lousteau encabezaba una lista opositora. “Ahí está el que nos hacía mal los números de la 125″, dijo Cristina. Finalmente, había llegado el reconocimiento del error. Tardísimo. El daño ya se había producido.

Es muy difícil entender por qué una persona tan inteligente como Cristina Kirchner pifia tanto en un tema central. ¿Pifia o miente? ¿En qué medida cree lo que dice o dice lo que cree que le conviene? Nadie puede responder esas preguntas. Lo cierto es que tantos errores de diagnóstico, y de tanta magnitud, explican muchos de los pesares que viven los argentinos. Gobernar no es solo una cuestión de números, pero los números importan mucho. Si son incorrectos, o si se los interpreta mal, se puede hacer mucho daño.

Claro, se trata de un punto de vista. Como todo. Máximo, el hijo de la vice, hace un tiempo defendió una visión alternativa con una reflexión deslumbrante: “Una cosa son los números y otra el bolsillo de la gente”.

Eso dijo.

Y tiene razón.

Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

 

 

Opinión

El caso Jey Mammon y el abuso sexual: ¿qué dice la ley sobre la edad y el consentimiento?

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¿En qué casos hay delito? ¿Qué es el estupro? ¿Por qué el humorista insiste en que el denunciante tenía 16 años y no 14? ¿Cuándo hay consentimiento?
Jey Mammon fue denunciado por abusar de un joven de 14 años pero la justicia decretó la prescripción de la causa

La denuncia de abuso sexual contra Juan Martín Rago, conocido como Jey Mammon, generó debates de todo tipo en la sociedad y, por supuesto, en los medios. Genial, pensé yo. Siempre es bueno debatir estos temas y que el acusado sea famoso va a ayudar a despertar interés para informar y educar, en especial a los principales afectados: los niños, niñas y adolescentes a quienes debemos proteger.

Pero no. Salvo honrosas excepciones, el caso se convirtió en un circo y se manejaron altísimos niveles de desinformación y de irresponsabilidad: adultos que opinan aunque desconocen qué corresponde y qué no conforme a la ley, periodistas experimentados que se tuitean encima sin consultar antes a un abogado o abogada o sin abrir un Código Penal, noteros citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre juicios por la verdad para delitos de lesa humanidad, panelistas dispuestos a definir la culpabilidad de una persona por lo que dice en un magazine de tv un “especialista en comunicación no verbal” e incluso gente que ni siquiera sabe cuándo comienza en nuestro país la mayoría de edad. “¡Eh, vamo’, che, si puede votar y manejar cómo no va a poder coger!”. Hasta eso hubo que leer.

No es difícil imaginar, en este contexto, cuánto pueden saber o entender las víctimas de abuso sexual infantil o qué tan informados están nuestros hijos e hijas para poder resguardarse de un depredador sexual. Y ni te digo si agregamos que la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) de 2006 no se termina de implementar en todo el país a pesar de que es absolutamente trascendental.

Un informe de 2020 del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires reveló que casi el 80% de las niñas, niños y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de recibir clases de ESI. Sin embargo, un relevamiento que publicó en junio de 2021 la asociación civil FUSA AC, realizado a 397 jóvenes y adolescentes de entre 16 y 24 años en Jujuy, Salta, Córdoba, Buenos Aires y Río Negro, indicó que más del 21% no recibió ESI y que el 54% lo hizo solo en forma parcial. El 60% dijo que si bien tiene conocimientos, no los aprendió en la escuela. Y aunque más de la mitad de los encuestados pudo identificar situaciones de violencia, el 82% dijo no conocer a ningún referente escolar con quien contar en esos casos. La principal barrera identificada para la implementación efectiva fue la falta de formación docente.

Veamos, entonces, qué dice la legislación argentina sobre el abuso sexual, las edades y el consentimiento, más allá de si nos parece bien o nos parece mal.

Primero, el Código Civil y Comercial dispone que las personas alcanzan la mayoría de edad cuando cumplen 18 años y que se denomina adolescentes a quienes cumplen 13. Una persona de 16 años puede hacer un montón de cosas, incluyendo votar, pero no es un adulto. Es un adolescente. Y si tiene menos de 13 es un niño o niña.

Segundo, las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes (13 a 18 años) no constituyen delito. En cambio, siempre es abuso sexual si la víctima es menor de 13 años, pues al ser una niña o niño no puede consentir. Esta es una presunción y es definitiva. No admite ninguna prueba en contrario y no es necesario ni siquiera considerar el problema del consentimiento y su prueba.

Tercero, por encima de los 13 años es posible mantener relaciones sexuales consentidas. Sin embargo, ese consentimiento no existe (aunque vayan de la manito por la calle cual novios) y habrá delito (estupro) si la víctima tiene más de 13 pero menos de 16 años y se prueba, además, un aprovechamiento de su inmadurez sexual porque el autor es mayor de edad (más de 18) o tiene una relación de preeminencia sobre la víctima (por ejemplo, es su maestro). En este caso no alcanza con el abuso simple (por ejemplo, tocamientos), sino que debe haber acceso carnal o un abuso gravemente ultrajante para la víctima. A diferencia de lo que ocurre con los menores de 13 años, no hay una presunción, sino que es necesario probar cada elemento que se alega.

Este punto es el relevante en el caso de Jey Mammon (más allá de que la causa ya está cerrada por prescripción). Por eso el humorista insiste, en su descargo público, en que el denunciante tenía 16 años. ¿Por qué? Porque si tenía menos de 16, la diferencia de edad con el agresor era lo suficientemente significativa como para que implicara un aprovechamiento de su inmadurez sexual (el humorista lo doblaba en edad) y, además, hubo acceso carnal, estaríamos hablando de un caso de estupro. La pena correspondiente sería de tres a seis años de prisión y, si se demostrara un grave daño en la salud física o mental de la víctima, de seis a diez.

Cuarto, es delito (corrupción de menores) promover o facilitar la alteración del desarrollo saludable de la sexualidad de una persona menor de 18 años. Este caso de perversión o seducción de niños, niñas o adolescentes se configura incluso si hay consentimiento y se agrava si la víctima es menor de 13 años o hay cualquier tipo de coacción o intimidación. También podría ser relevante en la denuncia contra Jay Mammon, más allá de que, como dijimos, está prescripta.

Quinto, hay abuso sexual sin importar la edad de la víctima ni del autor en los casos de violencia, amenaza, coacción, abuso de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o un aprovechamiento de la falta de consentimiento de la víctima (por ejemplo, porque está alcoholizada). El consentimiento debe ser libre, específico para el momento del hecho (no puede deducirse de comportamientos anteriores) y siempre es reversible (puedo decir que sí y arrepentirme luego durante el acto sexual). Si el denunciante de Jey Mammon pudiera alegar y probar la falta de consentimiento, también este supuesto sería relevante, incluso si el muchacho tenía más de 16 años.

Por último, un puntito sobre la prescripción (que desde 2015 se suspende mientras la víctima sea menor de edad): que Jey Mammon tenga un sobreseimiento firme por prescripción no significa que el hecho no haya existido. Lo único que nos dice ese dato es que la acción penal, o sea, la posibilidad de que se persiga penalmente al humorista, se extinguió por el paso del tiempo. Por eso el sobreseimiento por prescripción es el único caso en el que, según el Código Procesal Penal de la Nación, el juez o jueza no debe declarar que el proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado el imputado. Porque una cosa es la ley y otra cosa es otra cosa.

FUENTE : INFOBAE

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Opinión

La jueza que condenó a Videla por el robo de bebés: “Justicia es poner paz donde hubo dolor”

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La exjueza María del Carmen Roqueta aseguró que “justicia es poner paz donde hubo dolor” al recordar la condena a Jorge Rafael Videla por el plan sistemático de apropiación de bebés, en cuya causa intervino como presidenta del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que emitió el veredicto, y sobre aquel fallo histórico subrayó: “Creo que cumplí con mi trabajo”.

En una entrevista con Télam, Roqueta revivió la jornada del 5 de julio de 2012, cuando “en un día muy frío” el Tribunal que presidía leyó la última sentencia contra Videla, a quien condenó -junto a Jorge “el Tigre” Acosta, Reynaldo Bignone, el exmédico policial Jorge Luis Magnacco y otros- por “la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad”.

Ante un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, la exmagistrada reveló que al momento de leer el veredicto ella y los otros integrantes del TOF 6 “se sentían muy seguros” luego de haber estado “un año y medio trabajando”, pero confió que ese día al retornar a su casa tras el “tenso momento de la exposición” se encontró con su familia y entonces sí pudo, por fin, “bajar y llorar un poco”.

Roqueta se jubiló del poder judicial en 2017 y dos años después fue distinguida por la Legislatura porteña como personalidad destacada de los Derechos Humanos: se le reconoció su compromiso en la restitución de la identidad de menores apropiados durante la dictadura, a partir de su rol en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés, una labor que para la exjueza implicó simplemente “cumplir con el trabajo” aunque al mismo tiempo, asumió, “quedó para la historia”.

Periodista: ¿Cómo vivió el día de la lectura de la sentencia, aquel 5 de julio de 2012?

María Roqueta: Internamente trabajé muchísimo, porque como jueza tenía que responder a la sociedad con un fallo que fuera objetivo. Habíamos logrado organizar bien el trabajo en el tribunal: los empleados y funcionarios del tribunal habían trabajado mucho. Después de las últimas palabras de los imputados, volví a mi despacho y me acuerdo que me saqué los zapatos y dije: “Bueno, ya está”. Pero faltaba ese otro momento, la lectura de la sentencia, en el cual uno, obviamente, como juez o jueza que está en el Tribunal Oral, pone mucho el cuerpo y se expone. Me acuerdo que me calmé. Bajé los niveles. Era difícil. Y leí, con la autoridad que correspondía leer semejante fallo. En definitiva, es lo que siempre digo: la justicia, en un estado de derecho, de alguna manera es poner paz donde hubo dolor.

P.: Fue un momento histórico.

M.R.: Creo que cumplí con mi trabajo. Sé que hay una mirada (de valoración) por haber hecho el juicio (sobre robo de bebés), como ocurre con todos lo que hemos trabajado con las causas de esa humanidad. Que sí, es cierto, quedan en la historia. Pero yo lo quiero tomar como algo cotidiano porque si no sería muy pesado.

P: ¿Cómo llegó a intervenir en la causa del ‘Plan sistemático de robo de bebés’?

M.R.: La causa por robo de bebés venía ya desde el año 1997. Una causa en la que no solo estaba imputado Videla sino varios que militares más. Eran 34 casos en los cuales íbamos desde el caso (Francisco) Madariaga (fallecido en 2020), que había sido apropiado y había aparecido, hasta el caso de (Victoria) Donda, que había sido apropiada. El máximo referente de todo ese plan era Videla y en el medio estaban (Jorge ‘el Tigre’) Acosta, (Jorge Luis) Magnacco, (Antonio) Vañek y mucho más. Teníamos testimonios de chicas embarazadas que habían parido en lugares donde había maternidades clandestinas: Campo de Mayo, el Pozo de Banfield. Había una práctica sistematizada. Pero para poder decir que hubo una sistematización había que analizar varios centros clandestinos: todo el circuito La Plata, el circuito de Campo de Mayo, ESMA. Y así tuve que armar el juicio, primero por cada centro clandestino y en cada centro, cada caso puntual y las testimoniales de la gente que había sobrevivido y contado lo que había visto. Después, con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, comienza una nueva etapa. Y también con los fallos que saca la Corte Suprema en su momento, después de la anulación (de las leyes) que hace el presidente (Néstor) Kirchner y el Congreso acompaña. La Corte después dicta tres fallos fundamentales, uno a partir del espía chileno (Enrique) Arancibia Clavel, para decir que esas causas no habían prescripto, porque eran delitos de lesa humanidad y, como tales, no prescriben. El delito es tan terrible para la sociedad que eso no puede prescribir. Mi trabajo era trazar toda la línea de responsabilidad penal, como se llama en derecho penal, para llegar a los máximos, a los que dieron las órdenes.

P.: En esa oportunidad la Justicia estuvo a la altura. Así lo vivieron los organismos de DDHH y las propias víctimas. ¿Cómo ve usted ahora los debates sobre la justicia?

M.R.: El poder judicial debe volver a ser confiable. Tiene que haber una justicia ordenada, transparente, creíble y que tenga una mirada amplia de la sociedad, conociendo qué es lo que pasa y dónde se necesita ser efectivo, ágil, llegar a tiempo. Se han vivido y se viven momentos complejos, que no son de la mejor calidad de justicia que se pueda ofrecer, con diez jueces que hacen una instrucción y un juicio que está comprado o lo que sea. Se puede hacer persecución política, como se ha estado haciendo, pero eso no quita que hay un montón de gente que trabaja seriamente y pone todo para hacer las cosas bien.

P.: ¿Cómo decidió ser abogada y cómo entró en el Poder Judicial?

M.R.: Siempre tuve presente durante mi carrera, y en el ejercicio de mi profesión, la búsqueda de ejercer derechos y lograr, un poco, que se haga justicia. Esa fue siempre mi motivación principal en el marco del país que viví -los ’60 y los ’70- en el que, bueno, las injusticias existían. Un país que tenía proscripciones políticas. Yo me críe en un barrio muy sencillo, Valentín Alsina, y mis viejos eran personas de laburo. Por eso sentía la injusticia, pero mis viejos me enseñaron que la educación era una herramienta importante para avanzar en el camino que uno quería armar. Hace poco conversaba con una amiga que siente nostalgia de los ’70, pero los ’70 fueron terribles. Yo viví la etapa más terrible de la facultad de Derecho, con patotas caminando por los pasillos y compañeros y compañeras a los que se llevaban, que habían sido torturados en el decanato, cosas horribles. Uno no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando porque creía que se los llevaban detenidos y en algún momento aparecían pero la realidad fue terrible, porque no aparecían nunca más.

P.: ¿Y cómo fue su ingreso al Poder Judicial?

M.R.: Yo me incorporé antes de la reforma del año ’94; uno acercaba su currículum y veía qué podía pasar. Yo venía de la calle, no pertenecía al Poder Judicial. De hecho, las veces anteriores en que había intentado entrar, una vez me discriminaron por ser mujer y otra vez, en la época de los radicales, por peronista; pero sobre todo por ser mujer, porque me interesaba mucho el tema penal. Porque aunque en la facultad de Derecho la mayoría eran mujeres, en determinados cargos es como muy, muy difícil, poder llegar a ser jueza, o ser fiscal, o defensora oficial. En una entrevista, por ejemplo, cuando yo tenía 27 años, el secretario me mira y me dice: “Vos sos joven, y sos mujer, y si tenés que verte con un detenido…” Yo le dije: “Yo soy una profesional preparada y uno elige también qué cosas hacer dentro de la profesión”.

P.: En este año se cumplen 40 años del regreso de la democracia. ¿Cómo vivió aquel momento?

M.R.: Quienes tenemos algunos años y recordamos ese 1983, en el que todo parecía posible con la vuelta a la democracia y había mucha ilusión, después fuimos viendo que no era tan fácil.

P.: ¿Qué opina del fuero federal?

M.R.: La justicia federal necesita, sobre todo, que sea modernizada. Hay que tener recursos y la mejor calidad de personas, pero calidad en el compromiso con la justicia para que no se haga algo contra el estado de derecho. Y hay que poner la mirada en el tema de género, porque el Poder Judicial está un poquito atrasado. No puede haber una Corte con cuatro señores (por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti). No voy a abrir juicio de valor porque son personas intelectualmente importantes, pero no puede ser una Corte en la cual no haya cuatro mujeres más, o cinco más. Pienso que en algún momento tiene que caerles la ficha y dejar de jorobar.

 

Andrea Holgado para Ambito

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Judiciales

No fue lawfare: mentiras y trampas en el juicio de Vialidad que condenó a Cristina

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Abogados que ocultaron tramos de documentos oficiales en que basaron las defensas porque lo omitido hundía a sus clientes. O que le enrostraron a la Fiscalía haber lanzado afirmaciones que en realidad nunca lanzó para confundir al tribunal o a la opinión pública. O que denunciaron la violación del derecho de defensa por no haber sido notificados sobre la incorporación de una prueba al expediente cuando sí fueron notificados. O varios peritos de parte y testigos que orillaron el falso testimonio con afirmaciones sesgadas. O empleados de Vialidad que… la lista continúa.

El Tribunal Oral Federal que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la “causa Vialidad” reflejó en el fallo que difundió este jueves múltiples episodios en los que las defensas intentaron jugadas, como mínimo, polémicas. Tanto, que el tribunal le notificó lo ocurrido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que “fiscalice las temerarias intervenciones profesionales” y, acaso, aplique sanciones disciplinarias.

Esas “temerarias intervenciones” de los abogados reflejaron un contraste notorio entre las acusaciones de lawfare y lo que salió a la luz, con evidencias concretas, durante las audiencias del juicio oral, según surge de la sentencia de 1616 páginas que rubricaron los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

De hecho, el tribunal remarcó a lo largo del fallo que algunas defensas incurrieron repetidas veces en una “actitud estratégica de elegir los presupuestos de la acusación para luego poder defenderse de dichos extremos inexistentes”, lo que calificó como “una verdadera y despiadada lucha contra los molinos de viento”. ¿Por qué? Porque para algunas defensas, según el estimó el tribunal, lo más importante no se dirimía en las audiencias del juicio, sino en “la instalación de una narrativa en el plano extraprocesal”. Es decir, la difusión de un relato ante la opinión pública a través de los medios de comunicación y propaganda afines.

La lectura del fallo aporta numerosos ejemplos. Entre ellos, cuando los defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, remarcaron que no había mensajes directos entre la entonces Presidenta y su secretario de Obras Públicas, José López, y esgrimieron esa ausencia como una prueba irrefutable de la inocencia de su defendida. “¿Esperaban que la Presidenta de la Nación chateara personalmente con López?”, se preguntó el tribunal. “¿Quién más que la entonces Presidenta, a través de su asistente personal, podría ordenarle a un Secretario de Estado que se hiciese presente en la quinta de Olivos o en Casa de Gobierno a una hora determinada?”, plantearon Gorini, Giménez Uriburu y Basso, para luego indicar que esa jugada defensiva era “realmente llamativa” y “manifiestamente endeble”.

El letrado de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva, fue, sin embargo, el que protagonizó más episodios cuestionablesc como cuando sostuvo que su cliente había sido un empleado bancario que ascendió en el escalafón hasta convertirse en el máximo ejecutivo del Banco de Santa Cruz, y le enrostró al fiscal Diego Luciani haber dicho que era mero “cajero” bancario.

Pero eso era falso. Luciani jamás lo dijo, aclaró el tribunal. “Si alguien utilizó ese término fue la propia defensa de Báez, la que puso ese concepto en boca de los Fiscales para luego poder cuestionarlo y probar un pretenso yerro tanto en el plano procesal como en el mediático”. Y más allá de eso, el tribunal le recordó que lo esencial del debate pasó por otro lado: ¿tenía Báez experiencia en la obra pública? Y allí tropezó su defensa: “El intento de la defensa técnica de Báez de presentarlo como un avezado directivo de una empresa constructora es directamente una farsa”, concluyeron los magistrados. Una y otra vez, empero, Báez y sus letrados incurrieron en “falsedades” o “falacias”, según el tribunal. Por ejemplo, cuando quisieron sostener que Austral Construcciones se constituyó en abril de 2003 y acusaron a los fiscales de “falsear” el acta constitutiva porque “no les servía la verdad”, lo que también levantó y difundió la maquinaria de difusión cercana al kirchnerismo. Pero en realidad, según verificó el tribunal, la Fiscalía tenía la razón, apoyado en un documento que así lo demostró y que conocían todas las partes. “Nos enfrentamos, una vez más, frente a un artilugio defensista cimentado en una nueva falsedad”, estimó el tribunal.

La diferencia entre el relato y las evidencias también quedó expuesta cuando se analizó cómo fue el proceso de recálculo en las obras otorgadas a Báez. La defensa invocó un informe que aportó la Dirección Nacional de Vialidad que calificó como “una prueba central” que demostraba “dos mentiras” de la Fiscalía y cuya solidez era “incontrovertible”. Pero, ¿qué pasó? Según el tribunal, la defensa incurrió en un “berenjenal comparativo” que lo llevó a esbozar conclusiones erróneas o, peor, “opuestas” a las reales.

“La treta”

Lo mismo, aclaró el tribunal, ocurrió cuando se analizaron la ampliación del plazo o las redeterminaciones de precios en las obras, entre otros ejes. “Una vez más, las defensas escogieron ellas mismas los ejes sobre los que ejercer su defensa, y en ese afán realizaron estruendosas y simbióticas alegaciones sobre la licitud del procedimiento, el acierto en los cálculos y el sacrificio económico que resultaba su aplicación para las empresas”, destacaron los magistrados, cuando en realidad lo nuclear pasaba por otro lado. “El yerro en el que caen las defensas […] se encuentra íntimamente vinculado al escandaloso sistema de aprobación de las ampliaciones de plazos y modificaciones de obras (por su automaticidad, inmotivación, falta de acreditación, justificación, control y fundamento, etc.) que lo antecedió, pues ahí residía la treta”.

Lejos de amilanarse, sin embargo, las defensas redoblaron la apuesta. También buscaron relativizar la importancia de que Báez tuviera tanta preponderancia en el reparto de la obra pública en Santa Cruz. Para eso plantearon que en cada provincia suele haber una constructora con mayor peso porque, por ejemplo, está localizada allí, con sus maquinarias y personal, lo que buscó probar el letrado de Báez con un documento que, según alertó el tribunal, “no cuenta con la totalidad del universo de obras financiadas y/o ejecutadas por la Dirección Nacional de Vialidad en el período en cuestión”.

El tribunal requirió entonces más información oficial y lo que obtuvo, lejos de beneficiar a los acusados, los complicó aún más. “La comparación completa y fundamentada en datos es apabullante”, destacaron Gorini, Giménez Uriburu y Basso, que se apoyaron en datos “objetivos y verificables” para evaluar la distribución de sus negocios, y deploraron lo que calificaron como “pseudos conocimientos especiales” que invocaron los letrados y que fueron levantados por los medios de comunicación más afines al Frente de Todos.

Testigos y peritos de parte

En otros tramos de la sentencia, el tribunal también criticó la actuación de varios testigos y peritos propuestos por las defensas. Entre ellas, una ingeniera designada como perito por la defensa de la actual vicepresidenta, Adriana Alperovich, quien para apoyar a quien la había contratado llegó a utilizar “bibliografía estudiantil guatemalteca, peruana y colombiana, sin precisar sus antecedentes, calificación y rigurosidad técnica”. Eran tesis de grado.

Eso no fue todo. “Sobrepasando los límites de la tarea pericial que le fuera encomendada”, Alperovich “omitió deliberadamente su abordaje completo y recurrió a normas, dictámenes y antecedentes que no resultan ni remotamente aplicables al caso”, indicó el tribunal, hasta ofrecer “una versión exculpatoria que no resiste el menor análisis técnico”. Pero su relevancia en los tribunales fue lo de menos. Su testimonio fue ensalzado por la defensa y levantado por los medios de comunicación afines como “la única que hizo un estudio serio” y “quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecio. En la misma línea, varios testigos quedaron bajo la lupa, como Daniel Semino o Laura Hindie, que durante el juicio intentó relativizar lo que ella misma, como jefa de Legales del Distrito 23° de Vialidad, había sostenido apenas nueve meses después de ocurridos los hechos. ¿Qué pasó en el medio? Que asumió como diputada por el Frente de Todos. Para el tribunal, su giro resultó una “calculada y casi frívola mutación” que la llevó a modificar “su percepción de los hechos de manera infantil y con un sentido de la oportunidad asombroso”. Pero en las usinas de propaganda fue presentada como “una testigo fundamental”.

Como el de Hindie, los defensores y medios afines al kirchnerismo también propalaron el testimonio de Justo Pastor Romero, un auditor de Vialidad Nacional que al declarar durante el juicio oral “escondió en su fundamentación un error de base” conceptual, según el tribunal, y lanzó “temerarias interpretaciones” sobre un informe, “totalmente opuestas a las aclaraciones que realizaron sus hacedores en relación a sus alcances”. Y otra vez se repitió la dinámica: los magistrados desconfiaron de su credibilidad, al punto de indicar que les pareció que estaba “constantemente repitiendo un libreto”. ¿Y los medios de propaganda oficialistas? Lo definieron como “otro testigo demoledor”.

Columnas y notificaciones

Sin embargo, el tribunal estimó que no sólo ciertos testigos parecieron seguir un libreto propio. También la defensa de Báez editó el contenido de los “reporte por certificación de obra” que expuso durante el juicio. “Para empezar, [el material] se trata de una muestra parcializada del informe en cuestión”, alertaron los magistrados, que lo compararon con el informe completo. “Como puede verse de una simple comparación, 6 columnas han sido suprimidas del documento en ciernes”.

Pero si el uso de información parcial o manipulada durante un juicio resulta cuestionable, casi todas las defensas incurrieron en otro error, decisivo en el resultado final del proceso. Ocurrió cuando se incorporó a la “causa Vialidad” evidencias de otra investigación, la 12.441/2008. Es decir, el contenido de los teléfonos de José López; en particular, los mensajes que el exsecretario de Obras Públicas cruzó con los secretarios privados de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Báez y su alfil en Austral Construcciones, Julio Mendoza.

La tormenta se desató cuando el fiscal Luciani usó esos mensajes en su alegato de manera intensiva. Las defensas clamaron que se violaba el principio de defensa en juicio de sus clientes y que jamás habían sido notificados sobre el eventual uso de ese material, lo que amplificaron sus canales habituales de difusión y propaganda, donde se afirmó que era “una prueba introducida silenciosamente en el juicio”, sin que las partes pudieran objetar su inclusión.

La realidad fue, otra vez, distinta. Así lo expuso el tribunal en su sentencia: “Las alegaciones introducidas por algunas defensas en torno a la supuesta sorpresa que habría significado para esas partes el hecho de conocer el contenido de esa prueba recién durante el alegato de clausura fiscal resultan completamente inadmisible”. ¿Por qué? Porque la Fiscalía pidió incorporar ese material al expediente mucho antes del inicio del juicio, todas las partes fueron notificadas de su interés e invitadas a compulsar ese material, que quedó a disposición de todos desde noviembre de 2017, tanto en la sede del tribunal como en forma digital.

Dicho de otro modo: las defensas sí fueron notificadas sobre el eventual uso de los teléfonos de López como prueba, pero no reaccionaron. Para el tribunal, la conclusión es tan clara como tajante: “Independientemente de si se trató de una decisión deliberada o una negligencia en el ejercicio del ministerio de la defensa, lo que de ninguna manera puede permitirse es atribuir ni vincular esa supuesta sorpresa con el comportamiento procesal que ha tenido este tribunal”.

 

 

Hugo Alconada Mon para La Nacion

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