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Liga Profesional de Fútbol: Gremios de Prensa elevan pedido a la AFA

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Los gremios de prensa solicitan a la AFA la ampliación del número de periodistas habilitados para cubrir los partidos de la Liga Profesional de Fútbol. El pedido busca garantizar el acceso a los estadios a la mayor cantidad de medios, en especial, a los que provienen de las ciudades de los equipos visitantes.

Rosario, 25 de marzo de 2021.
Sr. Gustavo Lorenzo.
Gerencia de Relaciones Institucionales
Asociación del Fútbol Argentino
De nuestra consideración:
Los sindicatos de Prensa del país abajo firmantes, y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, se dirigen a Ud. a fin de solicitarle tenga a bien considerar la posibilidad de que se amplíe la cantidad de periodistas que puedan cubrir los partidos de la Liga Profesional de Fútbol, conforme fuera dispuesto por el boletín 5879 de la AFA.

Se solicita esta ampliación del número de periodistas, ya sean de prensa escrita u oral o reporteros gráficos, por cada partido de la Liga Profesional de Fútbol.

Esto especialmente con miras a permitir la posibilidad de que los medios de prensa de la ciudad de origen del club visitante puedan cubrir esas contiendas, aportando la impronta local a la cobertura del partido.
Si bien entendemos que no está prohibida la asistencia de periodistas de otras localidades, es una constante que se ha registrado en la mayoría de los partidos disputados a la fecha, que los clubes locales no acreditan a periodistas de otras ciudades, con el argumento de que el cupo dispuesto alcanza solo a cubrir la demanda de medios locales y en algunos casos ni eso.
El presente pedido se funda en las siguientes consideraciones:

  1. El Boletín AFA 5879 amplía la cantidad de personas que pueden estar presentes en las diferentes zonas de los estadios, en relación al anterior de fecha 11 de febrero de 2021, sin modificar la cantidad de periodistas autorizados a asistir a los encuentros.
  2. El mismo boletín N° 5879 de AFA establece la posibilidad de ampliación del número de periodistas hasta el doble del estipulado, siempre que las condiciones del estadio lo permitan;
  3. Actualmente, estamos en una etapa de DISPO, en la que la circulación de personas y las actividades permitidas se han ampliado notablemente, por lo que no existe una razón para, en términos de pandemia, no ampliar este número.
  4. Se ha ampliado también, en el mismo boletín, la cantidad de personas que integran cada una de las delegaciones de los clubes visitantes en cada partido.
En función de lo expresado, solicitamos a la AFA incluya expresamente en su protocolo para los medios de prensa, una ampliación del número de trabajadoras y trabajadores de prensa, y que se encuentre especialmente destinado a periodistas y medios de comunicación orales o escritos de ciudades diferentes a las del lugar del partido, y que sea extendido al resto de las categorías.

Una vez más, recordamos la importancia de la cobertura periodística que se realiza en el lugar mismo de los acontecimientos, en esta ocasión, los estadios de fútbol, que permite acceder a los hechos de primera mano, y favorece el ejercicio del derecho a la comunicación de manera más completa y correcta.

La función periodística resulta de vital importancia para ciudadanías tan interesadas en el deporte, en especial el fútbol, lo que torna cualquier esfuerzo por ampliarla en algo fructífero y bien recibido.

A la espera de una respuesta favorable, lo saludamos atentamente.
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren)
Sindicato de Prensa Rosario
Sindicato de Prensa de Mar del Plata
Asociación de Prensa de Tucumán
ARGRA

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El gobierno porteño evalúa ir a la Corte para defender las clases presenciales y rechazar la intervención de las fuerzas federales

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Horacio Rodríguez Larreta está reunido con su gabinete y realiza consultas con gobernadores, con su “mesa judicial y con especialistas externos en Derecho. “No se descarta ninguna posibilidad”, aseguraron en el entorno del mandatario porteño

Horacio Rodriguez Larreta está reunido desde temprano con parte de su gabinete para evaluar los anuncios realizados anoche por el presidente Alberto Fernández. El jefe de Gobierno porteño rechaza el cierre de las escuelas y la posible intervención de las fuerzas federales de seguridad en el territorio de la ciudad de Buenos Aires.Su decisión final se conocerá pasado el mediodía, pero Infobae pudo saber de fuentes oficiales que se evalúa una presentación judicial contra las restricciones. En principio, sería un amparo ante la Corte Suprema para defender las clases presenciales.

Otra posibilidad sobre la mesa es una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema por la competencia originaria, con una medida cautelar para que la decisión, si la hay, tenga efecto inmediato. Durante la mañana también se estudió una presentación ante el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad o ante el Contencioso Administrativo Federal.

Las autoridades de la Ciudad se apoyarían en el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad que determina que las autoridades “tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la constitución nacional”.

El jefe de gobierno porteño está en contacto desde anoche con distintos gobernadores y con los integrantes de su “mesa judicial”, que reciben consultas a la distancia. También hubo consultas con especialistas externos en Derecho. “No se descarta ninguna posibilidad”, dijo a media mañana un funcionario del entorno de Larreta. Esa misma fuente advirtió que la conferencia de prensa, prevista para el mediodía, se demorará.

La decisión de ir a la Corte Suprema reflota el escenario por el recorte en los fondos de la coparticipación federal. En ese caso, la Ciudad presentó un amparo contra el DNU y luego hizo otra presentación cuando se aprobó la ley en el Congreso. Pasaron casi siete meses. Recién esta semana el Máximo Tribunal llamó a una audiencia de conciliación para el 21 de abril.

(Télam)(Télam)

Larreta está en contra del cierre de las escuelas. Su decisión se respalda en la baja incidencia de contagios que registraron en los dos primeros de clases. En comparación con el primer mes, en el que solo se había contagiado el 0,17% de los docentes y alumnos, entre el 17 de marzo y el 12 de abril se infectó el 0,71% de la comunidad educativa, en línea con la curva ascendente en la Ciudad. No obstante, de los casos que se aislaron preventivamente por contacto estrecho dentro de una misma burbuja, dio positivo luego solo el 0,012%.

Anoche circuló un decreto que generó confusión sobre ese rubro. No fue una respuesta a los anuncios de Alberto Fernández. De hecho se había firmado horas antes del mensaje del Presidente. “Es un decreto que estaba orientado a los trabajadores de la educación, salud, y seguridad para que puedan circular en el transporte público. No se declaró esencial la actividad educativa”, explicó un vocero esta mañana. Y agregó: “Estamos en comunicación con distintas ONGs para generar un petitorio colectivo juntando firmas”.

Otro punto de conflicto por estas horas es la posible intervención de las fuerzas federales (Prefectura, Gendarmería y PSA) en las calles de la Ciudad. “El Poder de Policía lo tiene la Ciudad salvo que el decreto nacional diga que hay una intervención federal. No se pueden llevar puesta la Constitución nacional y de la Ciudad. La intervención de las fuerzas federales es de imposible cumplimiento desde lo legal y lo práctico”, aseguró a este medio un funcionario porteño.

La ministra de Seguridad de la Nación Sabrina Frederic dijo esta mañana que hubo contactos con la Ciudad y hasta mencionó al secretario de Seguridad Marcelo D’Alessandro. Según pudo saber este medio, el funcionario fue consultado anoche si podía asistir a una reunión este mediodía para coordinar las medidas pero rechazó la invitación a la espera de los anuncios del jefe de Gobierno.

“No me importa si la Policía de la Ciudad no quiere intervenir”, lanzó esta mañana el Presidente en una entrevista con Radio 10. La frase explotó en las oficinas de Uspallata. En la Ciudad ratifican por estas horas que las fuerzas federales no pueden patrullar por las calles de la Ciudad y solo puede actuar en estaciones de trenes, en los accesos y en lugares como la Villa 21-24 y el barrio 31, donde hay acuerdos con la Ciudad.

Alberto Fernández deslizó en la misma entrevista que la Policía de la Ciudad no actuaba en las calles para hacer cumplir las restricciones nocturnas anunciadas el viernes de la semana pasada. “Por ese motivo decidí que esto se cumpla con las fuerzas federales, todo el mundo tiene mi número de celular y el fin de semana no fueron pocos los vecinos que me mandaban fotos de Palermo con todos los bares abiertos”, dijo.

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FUENTE : INFOBAE

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PYMES CON FACTURAS DE CREDITO ELECTRONICA

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Para pymes: el 1 abril entra en vigencia el nuevo sistema para descontar Factura de Crédito Electrónica

La herramienta que comenzará a funcionar en los próximos días es el resultado de un trabajo conjunto entre la AFIP, el Banco Central y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo. Fuentes de la cartera que conduce Guillermo Merediz anticiparon a Ámbito que “este nuevo sistema de descuento de facturas va a jugar un rol muy fuerte”, y explicaron que “va a funcionar del mismo modo que lo hace actualmente el e-cheq, cuyo uso se disparó en plena pandemia”.

En la Secretaría Pyme indicaron que esta herramienta es una alternativa de financiación de las que están vigentes, y una manera más de fomentar que las pymes se acerquen al mercado de capitales.

Para poner en funcionamiento esta nueva modalidad, la AFIP incorporó en los servicios web las disposiciones necesarias para realizar las operaciones. Es por eso que las mipymes adheridas que emitan sus Factura de Crédito Electrónica (FCE), deberán tener actualizados sus desarrollos para optar por el nuevo Sistema de Circulación Abierta o por el de Agente de Depósito Colectivo al momento de efectuar la solicitud de autorización electrónica del comprobante.

De esta forma los bancos habilitarán el endoso y posterior descuento de las facturas electrónicas por parte de las mipymes, que serán garantizadas contra el flujo de las grandes empresas de las que son proveedoras. Fuentes oficiales explicaron que para darle más fuerza a la garantía, “las grandes empresas que no cumplan van a ser incluidas en la central de deudores del Banco Central”.

En la Secretaría Pyme esperan que el régimen abierto de las FCE opere a una tasa similar a la de los cheques garantizados. En la actualidad, con el uso bastante extendido, la tasa de descuento de los cheques a 30 días se ubica entre el 16% y 25%.

Quienes quieran comenzar a operar, deben ingresar al sitio web https://servicioscf.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/default.asp donde ya se encuentran los manuales de usuario para que los desarrolladores adapten el sistema e incorporen la posibilidad de hacerlo a través del homebanking.

Al momento de la emisión de la factura y para el caso que esta no fuera cancelada en el plazo de 30 días actualmente vigente, se puede optar por enviar la FCE a un Agente de Depósito Colectivo, es decir, al mercado de valores. Ahora se suma el Sistema de Circulación Abierta a través de entidades bancarias.

Esta última opción posibilitará, entre otras funciones, su circulación extrabursátil, negociación, transmisión, cancelación mediante compensación interbancaria, y el registro de su cancelación luego de su aceptación (tácita o expresa) y antes de su vencimiento.

Adicionalmente, en caso de que alguna FCE resulte impaga se podrán celebrar acuerdos de pago extrajudiciales en el sistema, o bien, solicitar la emisión de un comprobante para ejercer acciones legales. Fuentes oficiales explicaron que el comportamiento de pago de las empresas deudoras será informado a una Central de Deudores de FCE impagas al vencimiento que administrará el Banco Central.

FOTO TAPA : DIARIO RESPONSABLE

FUENTE : CONTADOR ROBERTO EMILIO LOPEZ

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Arrestan a ex jefe de la Armada y destituyen a otro alto mando

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Las sanciones a los altos mandos de la Armada se conocen tras una investigación de cuatro meses sobre la responsabilidad de ocho altos oficiales en el hundimiento del ARA San Juan.

El Consejo General de Guerra que investigó el hundimiento del submarino ARA San Juan, sancionó al exjefe de la Armada Marcelo Srur con 45 días de «arresto riguroso» por haber informado en forma “incompleta” al Ministerio de Defensa los sucesos acontecidos con el submarino, se informó oficialmente.

También dispuso la destitución del capitán de navío Claudio Javier Villamide, exjefe del comando de la Fuerza de submarinos de la Armada.

El Consejo de Guerra está conformado por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército) y el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea), ambos en condición de vocales, mientras que lo preside un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi por delegación expresa del ministro Agustín Rossi.

El funcionamiento del Consejo General de Guerra está reglamentado por la ley 26.394 (Justicia Militar) sancionada en 2008, que derogó el Código de Justicia Militar, introdujo modificaciones al Código Penal y Código Procesal (al personal castrense) y aprobó el Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y otros conflictos, entre otras innovaciones.

Los altos jefes de la Armada, Marcelo Srur y Claudio Villamide.

En el caso de la desaparición y hundimiento del ARA San Juan, el Consejo de Guerra analizó desde el miércoles 25 de noviembre último, en audiencias celebradas en el Edificio Libertador (sede de la cartera de Defensa), la conducta y responsabilidad frente al hecho del exjefe de la Armada Marcelo Srur (a quien el exministro de Defensa Oscar Aguad le pidió el pase a retiro en diciembre de 2017) y del exjefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis López Mazzeo, entre otros oficiales de la Armada.

El Consejo de Guerra también evaluó las acciones y responsabilidades del exjefe de Mantenimiento y Arsenales, Eduardo Malchiodi; del exjefe de Operaciones Carlos Ferraro; el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; como también de los oficiales en actividad capitán de navío Héctor Alonso, capitán de fragata Hugo Correa y capitán de corbeta Jorge Sullia.

La resolución dada a conocer este lunes es la cuarta intervención del Consejo General de Guerra desde que el Congreso derogó el Código de Justicia Militar (a través de la ley 26394), precisaron a esta agencia desde la cartera de Defensa.

La proximidad de la difusión del fallo del Consejo de Guerra generó en los últimos días pronunciamientos de entidades ligadas a la Marina pero también de abogados que representan a familiares de los 44 submarinistas del ARA San Juan.

El Centro Naval, que nuclea a miembros de la Armada retirados o en actividad, difundió un comunicado en el que aseguró que «los marinos están en estado de vigilia por el cercano desenlace que juzga a un grupo de oficiales por los sucesos ocurridos con el submarino ARA San Juan».

En el comunicado, el Centro Naval planteó que «el único responsable de la navegación segura, del rendimiento de ingeniería, de los disparos precisos (en el caso de guerra) y de la moral de la nave es el comandante» y luego señaló, en relación al fallo, que «aguarda que el Consejo de Guerra, en su decisión, resguarde estos principios, valores y votos, porque de otra forma estaría cambiando la esencia de la profesión del marino y la ancestral figura del Comandante en el mar».

El ARA San Juan mantuvo su última comunicación con tierra el 15 de noviembre de 2017, a las 7:30: la tripulación estaba formada por 44 integrantes, entre ellos el comandante del submarino, capitán de fragata Pedro Martín Fernández

También en relación al fallo del Consejo General de Guerra, la abogada querellante Valeria Carreras emitió en las últimas horas un comunicado en el que aseguró que «los militares procesados que están siendo juzgados disciplinariamente por el Consejo de Guerra han desplegado una serie de acciones de presión contra los miembros del jurado con el fin de no ser sancionados y así no perder su retiro (jubilación)».

Carreras, junto a sus pares Lorena Arias y Fernando Burlando, representa a la mayoría de las familias de tripulantes en la causa por el hundimiento que tramita en la Justicia Federal de Caleta Olivia y en la que intervino la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

«Indigna a los familiares de esta querella, no sólo las presiones, sino el argumento de las defensas de los imputados, culpando a la tripulación y su comandante por el destino final del submarino, tal como hizo el exministro de Defensa (Oscar) Aguad el 17 de mayo de 2019″, señaló la abogada.

Los familiares de los submarinistas fueron espiados por la base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia que encabezaban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el marco de la gestión de Mauricio Macri, tal como denunció el miércoles 23 de septiembre pasado la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

Esta denuncia derivó en la apertura de una causa por espionaje ilegal cuyos primeros pasos procesales y medidas de instrucción se realizaron en los Tribunales Federales de Mar del Plata aunque la semana pasada la Cámara Federal de esa ciudad atlántica ordenó el pase del expediente al Juzgado Federal de Dolores.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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