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Los 44 millones de argentinos podrían pedir los nuevos planes de internet, telefonía y cable: para los expertos es imposible de implementar

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En la industria ya se habla de un posible colapso administrativo y técnico para las empresas. Imposibilidad de controlar solicitudes y la letra chica de la normativa que se oficializaría la semana que viene
scatalano@infobae.com
En el sector afirman que hay un serio riesgo de subsistencia, sobre todo para las empresas más chicas de la industria (Shutterstock)

Ayer por la tarde se comunicó oficialmente el aumento de 5% para los servicios de internet, telefonía y televisión por cable desde enero de 2021 y se anunció el nuevo “Precios cuidados” del sector (las Prestaciones Básicas Universales, o PBU), con planes subsidiados para más de 10 millones de argentinos y servicios móviles de voz y datos que costarán 1 dólar por mes. Desde entonces, una frase se repite de la boca de empresarios y especialistas del sector: “Imposible de implementar”.

Además del reclamo por un aumento que consideran muy bajo luego de un año de tarifas congeladas –en un contexto en el que ya hablan de negocio poco sustentable y con empresas en riesgo de subsistencia– aseguran que los nuevos beneficios, que incluyen a jubilados, desocupados y titulares de la AUH y otros planes, alcanzarán a muchas más personas. En rigor, explican, como es casi imposible el control sobre quiénes podrían ser reales beneficiarios y quiénes no, casi todos los argentinos están en condiciones de solicitarlos.

A las críticas de Telefónica y Claro, que Infobae detalló esta mañana, horas más tarde se sumó Telecom. “Los números hablan por sí solos y son conocidos por las autoridades. Un aumento del 5% no nos permite seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora”, dijo la empresa que controla también a Personal y Cablevisión. “Si este es el camino que el Gobierno Nacional elige para el sector de la industria TIC, será también el de las oportunidades perdidas”, agregó.

Alguien que no tiene línea fija, en cualquier punto del país, podría pedirla, se la tienen que instalar en cinco días hábiles y pagará 380 pesos por mes

“Yo presidí el Enacom y el organismo de telecomunicaciones de la OEA, y participé en la OCDE y la ITU (la Unión Internacional de Telecomunicaciones). En todos estos organismos se habla de que las normas se construyen con diálogo y mesas de consenso con la industria. Nada de eso ocurre en Argentina. Alberto Fernández rompe con todo lo firmado en materia de libre competencia desde el 2000. Fijaron reglas que ellos mismos incumplen”, detalló Silvana Giudici, directora del Enacom por la oposición.

Giudici asegura que el universo de posibles beneficiarios es inabarcable y que siguiendo los parámetros de pobreza de la UCA habría una base de 18 millones de personas que estarían en condiciones de acceder a los servicios con “precios cuidados”. “Además, los reglamentos están hechos sobre la base de normas que vienen de la privatización de la telefonía y de la licitación de espectro móvil que se hizo en 2014. Si el Enacom en un mes no responde si a un cliente le corresponde el beneficio o no, el servicio básico puede quedar asignado también a gente con poder adquisitivo. O sea, 44 millones de argentinos están en condiciones de pedir el servicio y se los tendrían que dar hasta comprobar su condición fiscal o social según el listado de beneficiarios aprobado”, detalló la funcionaria.

Conectividad en tiempos de pandemia  
. REUTERS/Matias BagliettoConectividad en tiempos de pandemia . REUTERS/Matias Baglietto

Eso mismo se especifica en los artículos 14 y 15 de la resolución de Enacom que circula desde ayer. Allí se habla de Tiempo Comprometido de Instalación (TCI): o sea, alguien que no tiene línea fija, en cualquier punto del país, podría pedirla, se la tienen que instalar en cinco días hábiles y pagará apenas 380 pesos por mes. También se detalla, como dijo Guidici, que los prestadores están obligados a dar los servicios aunque consideren que no corresponde. Luego pueden reclamar y esperar la resolución del Enacom. Si no hay respuesta en 30 días corridos “se considerará que el usuario o usuaria se encuentra alcanzado por la ‘Prestación Básica Universal Obligatoria’ y el licenciatario o licenciataria deberá continuar con la prestación del servicio”, como indica uno de los artículos. ¿Pueden cambiar la norma y sus anexos? Sí, pueden cambiar hasta su publicación en el Boletín Oficial, algo que ocurriría el lunes próximo.

Más dudas sobre la implementación tienen que ver con quién atenderá los reclamos y controlará las bases oficiales con datos privados de los argentinos. El call center del Enacom (unas 40 posiciones), por caso, no funcionó durante la pandemia y aún no funciona al 100% por el Dispo en la administración pública.

Tiene que haber prestaciones básicas porque la conectividad es un derecho, pero tienen que ser servicios de calidad. Si este es el universo no habrá calidad para nadie y se van caer las líneas (Giudici)

Puede haber un colapso para las operadoras, y no hablamos de las tres grandes sino también de las miles de pymes y cooperativas telefónicas del interior. ¿Cómo chequean? Es imposible. Tiene que haber prestaciones básicas porque la conectividad es un derecho, pero tienen que ser servicios de calidad. Si ese es el universo no habrá calidad para nadie y se van caer las líneas porque hoy no hay infraestructura administrativa ni de red para sostenerlo”, dijo Giudici.

“El dinero lo ponés vos”

Enrique Carrier, especialista en telecomunicaciones y titular de la consultora Carrier y Asoc., asegura que la PBU es algo que en la teoría está bien, pero coincidió en definir al plan como “muy generoso”. “Además de que las dejan aumentar muy poco, las empresas terminarán subsidiando a todos sus clientes. Otra duda: ¿cuál será el aporte del Estado? ¿Le van a sacar el IVA a la PBU? Si no aportan nada se tratará de un subsidio privado. ¿Van a compensar a las empresas o nunca lo harán? El Estado no aporta nada en este contexto, al menos por ahora. Es un ‘seamos solidarios, pero el dinero lo ponés vos’”.

Silvana Giudici, directora del EnacomSilvana Giudici, directora del Enacom

Carrier también señala que la asimetría se dará en los clientes, no en los operadores, ya que habrá menos calidad según el lugar en el que vivan y que, por su configuración técnica, serán servicios que les servirán a pocos. “Hay contados casos de fallas de implementación y ejecución con medidas similares. Es incumplible y por eso va a salir mal: o no habrá líneas o no habrá calidad de servicio. Suena a algo hecho en un laboratorio, con un criterio político y no técnico que va a terminar en un anuncio que se diluirá”, explicó.

“Lo escribieron de apuro y no chequearon nada. Si sale así va a ser un desastre. Son medidas que facilitan la hiper concentración del mercado porque solo las van a poder superar las grandes y las internacionales. A las 1.200 pymes que cablearon en el campo les aumentás 5% y les decís que tiene que dar un servicio universal. Van a desaparecer”, coincide otro muy importante ejecutivo del sector que pidió estricto off the record.

¿Cuál será el aporte del Estado? ¿Le van a sacar el IVA a la PBU? Si no aportan nada se trata de un subsidio privado. ¿Van a compensar a las empresas o nunca lo harán?

“La PBU será como la caja PAN de la conectividad”, tuiteó José Crettaz, coordinador del Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones Convercom.

El economista de FIEL y experto en temas regulatorios Santiago Urbiztondo es otra de las voces que afirma que el universo para el servicio básico es muy amplio y recuerda que en los 90 se estableció un fondo de servicio universal con el 0,5% de la facturación, que luego se aumentó a 1 por ciento. “No veo ninguna mención a la utilización de ese fondo. Es una práctica internacional que no altera la competencia, es algo súperconocido en la Argentina que ahora parece borrarse de un plumazo. Les dicen a las empresas ‘tienen que dar este servicio a este universo muy amplio y costoso, fináncienlo’. Es chocante, descabellado”, afirmó.

Juan José Villar es dueño desde hace siete años de una empresa prestadora de Internet que tiene poco más de 500 clientes en Traslasierra, Córdoba. Está desesperado.

“La medida es absolutamente irresponsable ya que apunta a vender a pérdida, literalmente”, le escribió a Infobae esta mañana por correo electrónico. Cuenta que paga $700 el megabyte a un proveedor privado mayorista y que son precios dolarizados. “Arsat es el prestador de internet vía fibra óptica a nivel nacional. Vendía en dólares y el año pasado pesificó los abonos: vende el mega mayorista, en pesos, a un precio sensiblemente superior al que quiere el Gobierno que se pague por dos. Es decir, el mismo Estado vende más caro de lo que pretende que cobremos los privados”, aseguró.

Es absurdo. Nunca estuvimos tan en el limbo como a partir de esta medida”, cerró el emprendedor cordobés.

INFOBAE

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Otra vez Camioneros: los Moyano bloquean e impiden el funcionamiento de una empresa química y exigen sumar a trabajadores a su gremio

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Se trata de Química Oeste, una compañía de Esteban Echeverría, que provee materias primas a industrias. El sindicato pretende transferir a 60 empleados enmarcados en Comercio

Camioneros cortan el acceso de la firma Química Oeste, ubicada en Avenida Olimpo 2054, en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría.

Tras el conflicto que finalizó la semana pasada entre el sindicato de Camioneros y Walmart y que puso en peligro 10.000 puestos de trabajo, el gremio que conduce Hugo Moyano bloqueó hoy otra empresa: la firma Química Oeste, que opera en el partido de Esteban Echeverría.

Camioneros exige que tres de los 60 empleados que tiene la firma que provee insumos químicos a la industria, dejen de pertenecer al sindicato de Comercio para pasar al que conduce Moyano dado que parte de las actividades incluyen el manejo de camiones.

“Los empleados no quieren pasarse y hace 10 días desde Camioneros nos advirtieron que íbamos a tener novedades de ellos” (Dos Reis)

Ignacio Dos Reis, dueño de la empresa familiar de más de 64 años que provee insumos químicos a industrias como la alimentación y la salud dijo a Infobae que el bloqueo comenzó cerca de las 7:30 de la mañana y que como consecuencia no pudo distribuir la mercadería entre sus clientes que a su vez debieron parar en algunos casos sus producciones.

Camioneros dice que había empleados que tienen que estar en su gremio y que actualmente están en Comercio. Esto ya había pasado hace unos años con 8 empleados cuando habían amagado con bloquearnos. La realidad es que los empleados no quieren pasarse y hace 10 días desde Camioneros nos advirtieron que íbamos a tener novedades de ellos”, detalló el empresario.

El sindicato de Camioneras bloquea a la empresa Química Oeste en el partido de Esteban Echeverría.El sindicato de Camioneras bloquea a la empresa Química Oeste en el partido de Esteban Echeverría.

“Nosotros hicimos la denuncia penal en en la UFI 2 de Esteban Echeverría. Mientras tanto el bloqueo continúa”, remarcó el empresario, que es miembro de la Cámara Argentina de Comercio.

Es la primera vez en 64 años de vida que no podemos trabajar. Somos una pyme familiar y nunca cerramos. Tenemos clientes del rubro de la salud, de la energía y de la alimentación”, añadió.

Camioneros exige que tres de los 60 empleados que tiene la firma que provee insumos químicos a la industria, dejen de pertenecer al sindicato de Comercio para pasar al que conduce Moyano dado que parte de las actividades incluyen el manejo de camiones

La mafia sindical de camioneros está bloqueando en este momento la fábrica Química Oeste en Av. Olimpo 2054 en Esteban Echeverría. Estamos yendo a la fiscalía a hacer la denuncia. Basta de mafia sindical”, escribió en Twitter la dirigente de Cambiemos y abogada de Dos Reis, Florencia Arrieto.

Nosotros hicimos la denuncia penal en en la UFI 2 de Esteban Echeverría. Mientras tanto el bloqueo continúa (Dos Reis)

Cabe recordar que la semana pasada, hubo acuerdo entre Walmart y Camioneros para destrabar un conflicto que ponía en peligro 10.000 puestos de trabajo. Se dejó de lado el reclamo sindical de echar, indemnizar y volver a contratar, una exigencia que se conoce como “Ley Moyano”, un planteo insostenible desde el punto de vista legal y que es el eje de numerosos reclamos del gremio desde hace más de 20 años.

Camioneros reclamaba que se despidiera, indemnizara y contratara nuevamente a los trabajadores, argumentando que la compra de la cadena, que se realizó el año pasado, constituía una nueva empresa.

La empresa que ahora está en manos del Grupo De Narváez pagará por única vez una “gratificación extraordinaria no remunerativa”, una suma “no acumulable ni compensable” en hasta 5 cuotas. El pago será de entre $115.000 y 1 millón según la antigüedad y se pagará a 477 trabajadores. En total, la cadena desembolsará 227.576.922 millones de pesos.

Daniel Blanco Gómez

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MDP : Eximen de tasas municipales a gimnasios y natatorios

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Ante la orden de cerrar hasta el 21 de mayo, por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, el intendente resolvió eximir de tasas municipales a gimnasios y natatorios durante ese tiempo.

 

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, dispuso hoy eximir de tasas municipales a gimnasios y natatorios, que deberán permanecer cerrados hasta el 21 de mayo, de acuerdo a las nuevas restricciones establecidas para los distritos en fase 3 de coronavirus, oficializadas por el Gobierno bonaerense.

Montenegro comunicó hoy su decisión de beneficiar a gimnasios y natatorios durante el tiempo que no puedan desarrollar sus actividades por el avance de la segunda ola de Covid-19, en principio hasta el 21 de este mes.

«Como desde el primer día hablamos con todos los sectores porque sabemos que muchos se ven perjudicados por las restricciones», dijo el jefe comunal a través de un comunicado y agregó: «Es muy importante que cumplamos con los protocolos, para seguir cuidándonos».

Asimismo, confirmó que fue prorrogado hasta el 21 de mayo el libre estacionamiento en zonas permitidas con el objetivo de propiciar una merma en la utilización de transporte público.

Por su parte, Ariel Caltalbiano integrante de la Cámara de Gimnasios, aseguró hoy a Télam que «nadie» les informó sobre las nuevas disposiciones y que hasta el viernes pasado se trabajó «normalmente, bajo los protocolos acordes a la fase 3».

«El año pasado estuvimos cerrados durante 8 meses por las restricciones en el marco de la pandemia del coronavirus y hace poco abrimos con estrictos protocolos; no se registraron contagios y a pesar de ello ahora debemos cerrar las puertas. No creo que podamos seguir subsistiendo de esta manera», lamentó Caltabiano.

El Gobierno provincial oficializó anoche cambios en las restricciones contenidas en la fase 3 -en la que está contenido el distrito de General Pueyrredón-, entre las que se determinó el cierre temporal de las salas de cines, los gimnasios y los natatorios.

Por su parte, los comercios podrán permanecer abiertos hasta las 20, mientras que los espacios gastronómicos podrán trabajar hasta las 23. Se mantiene además la restricción total de circulación entre las 0 y las 6 de la mañana.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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Una canasta de 120 productos con precios congelados por 180 días: la nueva apuesta del Gobierno para frenar la inflación

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La Secretaría de Comercio mantuvo entre lunes y martes reuniones con empresas de consumo masivo para pedirles su colaboración. A cambio, el sector espera que deroguen Precios Máximos
La inflación se aceleró en los últimos meses y alimentos y bebidas es un rubro que no logra ceder a pesar de los controles

Tras haber anunciado días atrás mediante un comunicado que estaba en negociaciones con la industria alimenticia una nueva canasta de productos básicos a precios accesibles, la Secretaría de Comercio Interior comenzó esta semana las reuniones para avanzar con esta anunciada medida, que hasta la semana pasada sólo se reducía a conversaciones muy genéricas con el titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, sobre cómo desarmar el programa Precios Máximos. Con la tensión por la aceleración inflacionaria como trasfondo, el Gobierno citó a las principales compañías alimenticias y les explicó cuál es el plan que busca implementar durante las próximas semanas.

Fueron convocados ayer a la secretaria directivos de Molinos, Mastellone, Arcor, Unilever, Las Marías, Bimbo Papelera del Plata, y el lunes les había tocado a Aceitera General Deheza, Procter & Gamble, Molino Cañuelas, Mondelez, Danone Alicorp. En ambos encuentros, el mensaje fue el mismo: extrema preocupación por la suba de precios y la necesidad de conformar una nueva canasta básica que esté compuesta por 100/120 productos y cuyos precios queden congelados por seis meses

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, recalcó que los precios se estaban disparando y que para poder salir del congelamiento de Precios Máximos, era necesario avanzar con esta nueva canasta, que no tiene que reunir productos de primeras marcas pero que deben poder encontrarse en la mayor cantidad de puntos de venta del país. Le pidió a cada empresa que ofrezca entre 2 y 3 productos con un precio sugerido para poder ponerlo en marcha cuanto antes. El objetivo oficial, según especulan en el sector privado, es que sea lanzado en mayo, en línea con el vencimiento de los máximos (finaliza a mediados de mes).

A diferencia del programa Precios Cuidados, que contiene productos de primeras marcas -como es el caso de la Coca-Cola, por ejemplo- y que tiene como finalidad fijar precios de referencia dentro de cada categoría, en este caso el Gobierno no les exigió a las compañías marcas líderes, sino que lo que busca es que haya una opción dentro de cada categoría básica a un precio accesible y que no se mueva por 180 días. Las empresas deberán hacer sus propuestas y luego comenzará un ida y vuelta con el Gobierno, como es habitual cuando se negocian este tipo de acuerdos.

Fuentes de varias compañías afirmaron que buena parte de la reunión del martes se la llevó la discusión en torno a quiénes son los responsables de la aceleración de los precios. Desde las empresas insistieron en que el propio Indice de Precios al Consumidor (IPC) muestra a las claras que los productos envasados no son los que suben, sino la carne, las frutas y las verduras. De todos modos, en el índice de marzo, que mostró una suba en alimentos y bebidas no alcohólicas del 4,6%, también incidieron fuertemente los lácteos, los huevos y los aceites. De hecho, el litro de leche entera fresca en sachet subió 12%, el yogur firme, 10,8%, y los quesos treparon hasta 15% en el mes, según el Indec.

El nuevo programa que busca lanzar el Gobierno se asemeja a "Precios esenciales" del gobierno de Mauricio MacriEl nuevo programa que busca lanzar el Gobierno se asemeja a “Precios esenciales” del gobierno de Mauricio Macri

Aunque en muy buenos términos, admiten en las empresas, Español les dijo a los directivos que no hubo una salida del congelamiento responsable -en los casos de las categorías que fueron deslistadas- y que había habido muchas innovaciones en el último año, mecanismo que las firmas comenzaron a utilizar en mayor medida para sortear los controles. Así aparecieron “productos mellizos”, como se le suelen llamar, que tienen apenas una mínima diferencia de packaging o de peso. Tanto es así que, semanas atrás, desde la Secretaría de Comercio imputaron a varias compañías por ofrecer productos similares con diferencias de 1 gramo, en algún caso, y cobrarlo hasta 50% más.

La funcionaria hizo especial hincapié en que quiere que esta canasta, que aún no tiene nombre, llegue a todos los canales de venta, que la distribución sea lo más masiva posible. Sin embargo, desde las empresas le plantearon que no están en condiciones de garantizar que eso vaya a ser así porque al canal tradicional -autoservicios y almacenes- les venden generalmente a través de distribuidores.

Español también les pidió que los productos que elijan para que integren la nueva canasta no deben tener problemas de insumos, es decir, tienen que poder ser de fácil producción aún en el actual contexto para que pueda sostenerse el acuerdo. Pero este objetivo tampoco es así de sencillo como lo planteó el Gobierno, ya que “hay problemas a nivel global con los insumos, de precios y abastecimiento”, dijeron en una de las empresas.

La principal duda que tienen las compañías es si realmente Comercio Interior derogará Precios Máximos a cambio de este “aporte” o lo seguirá dilatando aún después de la firma del nuevo compromiso. De todos modos, hay intención de las empresas de colaborar y de generar un puente de diálogo en el medio de tanta tensión acumulada que hasta incluyó la presentación de dos recursos administrativos contra los sistemas SIPRE y SIFIRE, destinados a exigir información sobre costos y otros parámetros, impuestos por la secretaría.

FUENTE : INFOBAE

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