Economia
Los 44 millones de argentinos podrían pedir los nuevos planes de internet, telefonía y cable: para los expertos es imposible de implementar
Ayer por la tarde se comunicó oficialmente el aumento de 5% para los servicios de internet, telefonía y televisión por cable desde enero de 2021 y se anunció el nuevo “Precios cuidados” del sector (las Prestaciones Básicas Universales, o PBU), con planes subsidiados para más de 10 millones de argentinos y servicios móviles de voz y datos que costarán 1 dólar por mes. Desde entonces, una frase se repite de la boca de empresarios y especialistas del sector: “Imposible de implementar”.
Además del reclamo por un aumento que consideran muy bajo luego de un año de tarifas congeladas –en un contexto en el que ya hablan de negocio poco sustentable y con empresas en riesgo de subsistencia– aseguran que los nuevos beneficios, que incluyen a jubilados, desocupados y titulares de la AUH y otros planes, alcanzarán a muchas más personas. En rigor, explican, como es casi imposible el control sobre quiénes podrían ser reales beneficiarios y quiénes no, casi todos los argentinos están en condiciones de solicitarlos.
A las críticas de Telefónica y Claro, que Infobae detalló esta mañana, horas más tarde se sumó Telecom. “Los números hablan por sí solos y son conocidos por las autoridades. Un aumento del 5% no nos permite seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora”, dijo la empresa que controla también a Personal y Cablevisión. “Si este es el camino que el Gobierno Nacional elige para el sector de la industria TIC, será también el de las oportunidades perdidas”, agregó.
Alguien que no tiene línea fija, en cualquier punto del país, podría pedirla, se la tienen que instalar en cinco días hábiles y pagará 380 pesos por mes
“Yo presidí el Enacom y el organismo de telecomunicaciones de la OEA, y participé en la OCDE y la ITU (la Unión Internacional de Telecomunicaciones). En todos estos organismos se habla de que las normas se construyen con diálogo y mesas de consenso con la industria. Nada de eso ocurre en Argentina. Alberto Fernández rompe con todo lo firmado en materia de libre competencia desde el 2000. Fijaron reglas que ellos mismos incumplen”, detalló Silvana Giudici, directora del Enacom por la oposición.
Giudici asegura que el universo de posibles beneficiarios es inabarcable y que siguiendo los parámetros de pobreza de la UCA habría una base de 18 millones de personas que estarían en condiciones de acceder a los servicios con “precios cuidados”. “Además, los reglamentos están hechos sobre la base de normas que vienen de la privatización de la telefonía y de la licitación de espectro móvil que se hizo en 2014. Si el Enacom en un mes no responde si a un cliente le corresponde el beneficio o no, el servicio básico puede quedar asignado también a gente con poder adquisitivo. O sea, 44 millones de argentinos están en condiciones de pedir el servicio y se los tendrían que dar hasta comprobar su condición fiscal o social según el listado de beneficiarios aprobado”, detalló la funcionaria.
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Conectividad en tiempos de pandemia . REUTERS/Matias Baglietto
Eso mismo se especifica en los artículos 14 y 15 de la resolución de Enacom que circula desde ayer. Allí se habla de Tiempo Comprometido de Instalación (TCI): o sea, alguien que no tiene línea fija, en cualquier punto del país, podría pedirla, se la tienen que instalar en cinco días hábiles y pagará apenas 380 pesos por mes. También se detalla, como dijo Guidici, que los prestadores están obligados a dar los servicios aunque consideren que no corresponde. Luego pueden reclamar y esperar la resolución del Enacom. Si no hay respuesta en 30 días corridos “se considerará que el usuario o usuaria se encuentra alcanzado por la ‘Prestación Básica Universal Obligatoria’ y el licenciatario o licenciataria deberá continuar con la prestación del servicio”, como indica uno de los artículos. ¿Pueden cambiar la norma y sus anexos? Sí, pueden cambiar hasta su publicación en el Boletín Oficial, algo que ocurriría el lunes próximo.
Más dudas sobre la implementación tienen que ver con quién atenderá los reclamos y controlará las bases oficiales con datos privados de los argentinos. El call center del Enacom (unas 40 posiciones), por caso, no funcionó durante la pandemia y aún no funciona al 100% por el Dispo en la administración pública.
Tiene que haber prestaciones básicas porque la conectividad es un derecho, pero tienen que ser servicios de calidad. Si este es el universo no habrá calidad para nadie y se van caer las líneas (Giudici)
“Puede haber un colapso para las operadoras, y no hablamos de las tres grandes sino también de las miles de pymes y cooperativas telefónicas del interior. ¿Cómo chequean? Es imposible. Tiene que haber prestaciones básicas porque la conectividad es un derecho, pero tienen que ser servicios de calidad. Si ese es el universo no habrá calidad para nadie y se van caer las líneas porque hoy no hay infraestructura administrativa ni de red para sostenerlo”, dijo Giudici.
“El dinero lo ponés vos”
Enrique Carrier, especialista en telecomunicaciones y titular de la consultora Carrier y Asoc., asegura que la PBU es algo que en la teoría está bien, pero coincidió en definir al plan como “muy generoso”. “Además de que las dejan aumentar muy poco, las empresas terminarán subsidiando a todos sus clientes. Otra duda: ¿cuál será el aporte del Estado? ¿Le van a sacar el IVA a la PBU? Si no aportan nada se tratará de un subsidio privado. ¿Van a compensar a las empresas o nunca lo harán? El Estado no aporta nada en este contexto, al menos por ahora. Es un ‘seamos solidarios, pero el dinero lo ponés vos’”.
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Silvana Giudici, directora del Enacom
Carrier también señala que la asimetría se dará en los clientes, no en los operadores, ya que habrá menos calidad según el lugar en el que vivan y que, por su configuración técnica, serán servicios que les servirán a pocos. “Hay contados casos de fallas de implementación y ejecución con medidas similares. Es incumplible y por eso va a salir mal: o no habrá líneas o no habrá calidad de servicio. Suena a algo hecho en un laboratorio, con un criterio político y no técnico que va a terminar en un anuncio que se diluirá”, explicó.
“Lo escribieron de apuro y no chequearon nada. Si sale así va a ser un desastre. Son medidas que facilitan la hiper concentración del mercado porque solo las van a poder superar las grandes y las internacionales. A las 1.200 pymes que cablearon en el campo les aumentás 5% y les decís que tiene que dar un servicio universal. Van a desaparecer”, coincide otro muy importante ejecutivo del sector que pidió estricto off the record.
¿Cuál será el aporte del Estado? ¿Le van a sacar el IVA a la PBU? Si no aportan nada se trata de un subsidio privado. ¿Van a compensar a las empresas o nunca lo harán?
“La PBU será como la caja PAN de la conectividad”, tuiteó José Crettaz, coordinador del Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones Convercom.
El economista de FIEL y experto en temas regulatorios Santiago Urbiztondo es otra de las voces que afirma que el universo para el servicio básico es muy amplio y recuerda que en los 90 se estableció un fondo de servicio universal con el 0,5% de la facturación, que luego se aumentó a 1 por ciento. “No veo ninguna mención a la utilización de ese fondo. Es una práctica internacional que no altera la competencia, es algo súperconocido en la Argentina que ahora parece borrarse de un plumazo. Les dicen a las empresas ‘tienen que dar este servicio a este universo muy amplio y costoso, fináncienlo’. Es chocante, descabellado”, afirmó.
Juan José Villar es dueño desde hace siete años de una empresa prestadora de Internet que tiene poco más de 500 clientes en Traslasierra, Córdoba. Está desesperado.
“La medida es absolutamente irresponsable ya que apunta a vender a pérdida, literalmente”, le escribió a Infobae esta mañana por correo electrónico. Cuenta que paga $700 el megabyte a un proveedor privado mayorista y que son precios dolarizados. “Arsat es el prestador de internet vía fibra óptica a nivel nacional. Vendía en dólares y el año pasado pesificó los abonos: vende el mega mayorista, en pesos, a un precio sensiblemente superior al que quiere el Gobierno que se pague por dos. Es decir, el mismo Estado vende más caro de lo que pretende que cobremos los privados”, aseguró.
“Es absurdo. Nunca estuvimos tan en el limbo como a partir de esta medida”, cerró el emprendedor cordobés.
INFOBAE
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Economia
Massa adelantó su regreso desde Panamá y hay expectativa sobre nuevas medidas para atacar la inflación
El ministro de Economía Sergio Massa anticipó su regreso a Buenos Aires desde Panamá, donde participó de la cumbre de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en medio de las especulaciones sobre un nuevo paquete de medidas que estaría preparando el equipo económico tras el dato negativo de inflación de febrero, conocido la semana pasada.
El jefe del Palacio de Hacienda tenía prevista una actividad este lunes, en la capital panameña, pero suspendió su participación y este domingo emprendió su regreso al país tras haber formado parte del plenario del BID, que encabezó el presidente del organismo Ilan Goldfajn. Massa iba a exponer ante empresarios en un evento organizado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en un foro de inversiones en industria y salud.
Según explicaron fuentes oficiales, este domingo pasado el mediodía el ministro de Economía inició su regreso a Buenos Aires para volver a la agenda local. El IPC de febrero, que fue de 6,6%, más alto de lo que preveía el mercado y de lo que aguardaba el Gobierno semanas atrás, abrió un escenario de replanteo de medidas hacia adelante para intentar contener la suba de precios. Desde el Ministerio de Economía no brindaron detalles ante una consulta de Infobae.
Por lo pronto, el Palacio de Hacienda atiende cuatro frentes en la política antinflacionaria: acuerdos y controles de precios, por un lado, y tres macroeconómicas: déficit fiscal, política monetaria y el de reservas y dólar. Sobre el primer aspecto, el diagnóstico que arrojó el 6,6% de IPC de febrero mostró que los productos que salieron en febrero de la canasta de Precios Justos tuvieron un incremento más alto de lo previsto, que rondó el 9 por ciento. Ese factor, sumado a la fuerte suba de alimentos como la carne y productos frescos empujó hacia arriba el ritmo general de precios. Tanto la carne como frutas y verduras tienen una penetración mucho menor en los esquemas de precios acordados.
Cerca del secretario de Comercio Matías Tombolini aseguraron, después de conocida la inflación del mes pasado, que los mayores aumentos fueron detectados en los comercios de cercanía, un circuito mucho menos propenso a seguir el lineamiento de los controles de precios en comparación con las grandes cadenas de supermercados. Y que además concentra cerca de un 65% del consumo de las familias.
La inflación fue de 6,6% en febrero, más alto de lo que esperaba el mercado y el Gobierno. REUTERSUna primera reacción al dato de inflación de febrero, aseguraron, será reajustar la capacidad de ingreso de Precios Justos en ese canal de comercialización, una medida que fue buscada en distintas ocasiones por la Secretaría de Comercio, que también buscará explicaciones entre las empresas del sector sobre por qué los bienes que salieron de la canasta controlada tuvieron ese nivel de remarcaciones.
En el menú de medidas macroeconómicas, el equipo económico dio menos pistas sobre si readaptará sus políticas ante el escenario de una inflación más alta de lo previsto. Una suba en la tasa de interés fue la primera y por el momento única medida de reacción tras el IPC de febrero. El Banco Central descongeló el interés de los plazos fijos después de seis meses en el 75% anual para que los depósitos en pesos no pierdan frente a la variación de precios y la elevó hacia cerca de un 6,5% efectivo mensual.
En el frente fiscal, el Palacio de Hacienda cree que el hecho de haber sostenido la meta de reducción del déficit primario acordada con el Fondo Monetario Internacional incluso en el contexto de una esperada caída de ingresos al fisco por la vía de derechos de exportación por la sequía actúa como una suerte de “señal fiscal” adicional. La cuestión sobre el objetivo de tope del gasto es que los datos de enero mostraron una fuerte expansión del rojo de las cuentas públicas y, según estiman informes privados y también admitieron en el equipo económico, febrero tendrá una tendencia similar. Por lo cual el “corsé” fiscal deberá estar concentrado en marzo para no exceder esa meta, no modificada, con el FMI.
Un informe de la consultora LCG mencionó que “en la segunda semana del mes de marzo el Relevamiento de Alimentos y Bebidas marcó un incremento del 0,9% semanal, desacelerando 0,5 puntos porcentuales respecto a la semana previa. La inflación promedio mensual continúa desacelerándose, ubicándose en un 5,7% mensual”, marcó.
“En lo que va del mes, la suba es de 2,3 por ciento. Esta semana el porcentaje de productos con aumento de precios se redujo significativamente después de la subida de las últimas dos semanas, ubicándose en un 13% de la canasta total. Estuvo 11 puntos por debajo del promedio de las últimas 4 semanas”, continuó.
La carne fue el bien que registró el aumento más alto en febrero entre los alimentos. REUTERSPor su parte, Ecolatina midió que “en la primera quincena de marzo, el IPC GBA Ecolatina registró un incremento del 7,1% en comparación con la primera quincena de febrero, consolidando la aceleración verificada en el primer bimestre”. “Por motivos estacionales, marzo tiende a ser un mes con inflación mensual más elevada que el promedio mensual del resto del año, donde suelen incidir los mayores aumentos en Indumentaria –por el cambio de estación- y Educación -por el inicio de clases-”, mencionó.
“Marzo será un mes donde impactarán puntualmente distintos aumentos: colegios privados (+16,4%); prepagas (+7,7% para quienes perciban ingresos netos iguales o superiores a $392.562 y +5% para quienes tengan salarios inferiores a ese monto); tarifas de subte (38%); combustibles (+3,8%); trenes y colectivos (+6%); las tarifas de agua y gas; los precios de televisión, cable e internet, los taxis (30%) y el servicio doméstico (+4%)”, cerró Ecolatina.
Agenda en el BID y el alerta por la crisis bancaria
En Panamá, el ministro de Economía mantuvo un encuentro con Goldfajn, presidente del organismo en el que se realizó la firma de tres programas para la Argentina con un financiamiento de USD 235 millones.
El BID financiará el programa de Fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Agropecuaria y del Manejo Sustentable de los Recursos Marítimos por USD 125 millones. Este programa permitirá mejorar el control de plagas que afectan al patrimonio zoo-fitosanitario del país, incrementar la capacidad diagnóstica de los laboratorios de sanidad vegetal y animal, y reforzar la investigación de los recursos oceanográficos.
En tanto, el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) contará con un financiamiento de USD 70 millones y contribuirá a incrementar la disposición adecuada de RSU y a mejorar su recuperación y valorización con un enfoque de inclusión social.
Por último, quedó también formalizado el programa de Apoyo a pequeños productores vitivinícolas, con un financiamiento de USD 40 millones, que contribuirá a la sostenibilidad social, económica y ambiental de la producción de uva y vino del país. Los objetivos del programa son fomentar el uso de tecnologías y la capacidad de comercialización por parte de los pequeños y medianos productores, y favorecer la participación en el sector de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), especialmente aquellas lideradas por mujeres y jóvenes.
Sergio Massa se reunió con Christopher Dodd, funcionario del presidente de los EE.UU., Joseph BidenEl jefe del Palacio de Hacienda, luego, se reunió con el Asesor Presidencial Especial para las Américas de EE.UU., Christopher Dodd, y con la ministra de Planificación, Presupuesto y Gestión de Brasil, Simone Nassar Tebet. Con Dodd analizó la situación financiera global y la complejidad derivada de la suba en las tasas de interés para la economía mundial y con Tebet trató temas de intercambios comerciales y logística. .
Para este lunes, Massa tenía previsto participar de un evento organizado por el Departamento de Comercio de EEUU, en el foro Americas Rise for Health, que busca “identificar, catalizar y acelerar las colaboraciones multisectoriales voluntarias” para mejorar ecosistemas de salud y lograr economías resilientes en la región. El ministro iba a disertar en un seminario sobre “Captación de inversión en salud y manufactura y generación de más empleos en las Américas” del que también formaban parte Rodrigo Contreras, del BID, Varnee Murugan (Cámara de Comercio de EEUU y Sarah Castrillo (Fundación para la Paz y la Democracia, Fundapem).
FILE PHOTO: FILE PHOTO: Visitors walk past a screen with the logo of Banco Interamericano de Desarrollo (BID) at the Atlapa Convention Center in Panama City March 13, 2013. Panama will be holding the annual meeting for Boards of Governors of BID, also known as the Inter-American Development Bank (IDB), from March 14 to 17. REUTERS/Carlos Jasso (PANAMA – Tags: BUSINESS LOGO)/File Photo/File PhotoEn el cierre de la Asamblea, el BID presentó su informe anual, titulado este año “Preparar el terreno macroeconómico para renovar el crecimiento”. El economista-jefe de la entidad, Eric Parrado, consideró que la región enfrenta un triple desafío: 1) proveer seguridad alimentaria; 2) iniciar un proceso de consolidación fiscal luego del aumento del gasto, el déficit y la deuda en la etapa de la pandemia; y 3) restablecer el crecimiento económico a partir de un aumento de la productividad.
El informe estima, en un “escenario base” que la región crecerá 1% este año, pero en un escenario de “stress financiero” -de prolongación de la incertidumbre a raíz de la reciente quiebra del Silicon Valley Bank y el Signature Bank en EEUU y la crítica situación del Credit Suisse, que este domingo se encaminaba a ser absorbido por UBS a un precio de liquidación- el crecimiento se reduciría a cero.
Este año, dijo Parrado, el crecimiento económico será esquivo en todas las regiones y bloques del mundo, con la sola excepción de China, que crecería el 5%, algo que consideró positivo para América Latina, en la que muchos países tienen una fuerte relación con el gigante asiático. La tracción, aclaró, sería especialmente fuerte para países como Chile y Perú, que son importantes proveedores de cobre de China.
El informe se abstiene de hacer precisiones por países; Parrado dijo que la región en general debe hacer un esfuerzo en materia de optimización fiscal, precisó que la “ineficiencia” del gasto en la región equivale, en promedio, a 4,4% del PBI de cada país y apuntó a la necesidad de reducir o eliminar los subsidios a grupos que no los necesitan y lograr una mayor “focalización” del gasto social. Caracterización muy parecida a la que hizo sobre la Argentina el reciente informe del staff del FMI.
Infobae
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