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Economia

Los 44 millones de argentinos podrían pedir los nuevos planes de internet, telefonía y cable: para los expertos es imposible de implementar

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En la industria ya se habla de un posible colapso administrativo y técnico para las empresas. Imposibilidad de controlar solicitudes y la letra chica de la normativa que se oficializaría la semana que viene
scatalano@infobae.com
En el sector afirman que hay un serio riesgo de subsistencia, sobre todo para las empresas más chicas de la industria (Shutterstock)

Ayer por la tarde se comunicó oficialmente el aumento de 5% para los servicios de internet, telefonía y televisión por cable desde enero de 2021 y se anunció el nuevo “Precios cuidados” del sector (las Prestaciones Básicas Universales, o PBU), con planes subsidiados para más de 10 millones de argentinos y servicios móviles de voz y datos que costarán 1 dólar por mes. Desde entonces, una frase se repite de la boca de empresarios y especialistas del sector: “Imposible de implementar”.

Además del reclamo por un aumento que consideran muy bajo luego de un año de tarifas congeladas –en un contexto en el que ya hablan de negocio poco sustentable y con empresas en riesgo de subsistencia– aseguran que los nuevos beneficios, que incluyen a jubilados, desocupados y titulares de la AUH y otros planes, alcanzarán a muchas más personas. En rigor, explican, como es casi imposible el control sobre quiénes podrían ser reales beneficiarios y quiénes no, casi todos los argentinos están en condiciones de solicitarlos.

A las críticas de Telefónica y Claro, que Infobae detalló esta mañana, horas más tarde se sumó Telecom. “Los números hablan por sí solos y son conocidos por las autoridades. Un aumento del 5% no nos permite seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora”, dijo la empresa que controla también a Personal y Cablevisión. “Si este es el camino que el Gobierno Nacional elige para el sector de la industria TIC, será también el de las oportunidades perdidas”, agregó.

Alguien que no tiene línea fija, en cualquier punto del país, podría pedirla, se la tienen que instalar en cinco días hábiles y pagará 380 pesos por mes

“Yo presidí el Enacom y el organismo de telecomunicaciones de la OEA, y participé en la OCDE y la ITU (la Unión Internacional de Telecomunicaciones). En todos estos organismos se habla de que las normas se construyen con diálogo y mesas de consenso con la industria. Nada de eso ocurre en Argentina. Alberto Fernández rompe con todo lo firmado en materia de libre competencia desde el 2000. Fijaron reglas que ellos mismos incumplen”, detalló Silvana Giudici, directora del Enacom por la oposición.

Giudici asegura que el universo de posibles beneficiarios es inabarcable y que siguiendo los parámetros de pobreza de la UCA habría una base de 18 millones de personas que estarían en condiciones de acceder a los servicios con “precios cuidados”. “Además, los reglamentos están hechos sobre la base de normas que vienen de la privatización de la telefonía y de la licitación de espectro móvil que se hizo en 2014. Si el Enacom en un mes no responde si a un cliente le corresponde el beneficio o no, el servicio básico puede quedar asignado también a gente con poder adquisitivo. O sea, 44 millones de argentinos están en condiciones de pedir el servicio y se los tendrían que dar hasta comprobar su condición fiscal o social según el listado de beneficiarios aprobado”, detalló la funcionaria.

Conectividad en tiempos de pandemia  
. REUTERS/Matias BagliettoConectividad en tiempos de pandemia . REUTERS/Matias Baglietto

Eso mismo se especifica en los artículos 14 y 15 de la resolución de Enacom que circula desde ayer. Allí se habla de Tiempo Comprometido de Instalación (TCI): o sea, alguien que no tiene línea fija, en cualquier punto del país, podría pedirla, se la tienen que instalar en cinco días hábiles y pagará apenas 380 pesos por mes. También se detalla, como dijo Guidici, que los prestadores están obligados a dar los servicios aunque consideren que no corresponde. Luego pueden reclamar y esperar la resolución del Enacom. Si no hay respuesta en 30 días corridos “se considerará que el usuario o usuaria se encuentra alcanzado por la ‘Prestación Básica Universal Obligatoria’ y el licenciatario o licenciataria deberá continuar con la prestación del servicio”, como indica uno de los artículos. ¿Pueden cambiar la norma y sus anexos? Sí, pueden cambiar hasta su publicación en el Boletín Oficial, algo que ocurriría el lunes próximo.

Más dudas sobre la implementación tienen que ver con quién atenderá los reclamos y controlará las bases oficiales con datos privados de los argentinos. El call center del Enacom (unas 40 posiciones), por caso, no funcionó durante la pandemia y aún no funciona al 100% por el Dispo en la administración pública.

Tiene que haber prestaciones básicas porque la conectividad es un derecho, pero tienen que ser servicios de calidad. Si este es el universo no habrá calidad para nadie y se van caer las líneas (Giudici)

Puede haber un colapso para las operadoras, y no hablamos de las tres grandes sino también de las miles de pymes y cooperativas telefónicas del interior. ¿Cómo chequean? Es imposible. Tiene que haber prestaciones básicas porque la conectividad es un derecho, pero tienen que ser servicios de calidad. Si ese es el universo no habrá calidad para nadie y se van caer las líneas porque hoy no hay infraestructura administrativa ni de red para sostenerlo”, dijo Giudici.

“El dinero lo ponés vos”

Enrique Carrier, especialista en telecomunicaciones y titular de la consultora Carrier y Asoc., asegura que la PBU es algo que en la teoría está bien, pero coincidió en definir al plan como “muy generoso”. “Además de que las dejan aumentar muy poco, las empresas terminarán subsidiando a todos sus clientes. Otra duda: ¿cuál será el aporte del Estado? ¿Le van a sacar el IVA a la PBU? Si no aportan nada se tratará de un subsidio privado. ¿Van a compensar a las empresas o nunca lo harán? El Estado no aporta nada en este contexto, al menos por ahora. Es un ‘seamos solidarios, pero el dinero lo ponés vos’”.

Silvana Giudici, directora del EnacomSilvana Giudici, directora del Enacom

Carrier también señala que la asimetría se dará en los clientes, no en los operadores, ya que habrá menos calidad según el lugar en el que vivan y que, por su configuración técnica, serán servicios que les servirán a pocos. “Hay contados casos de fallas de implementación y ejecución con medidas similares. Es incumplible y por eso va a salir mal: o no habrá líneas o no habrá calidad de servicio. Suena a algo hecho en un laboratorio, con un criterio político y no técnico que va a terminar en un anuncio que se diluirá”, explicó.

“Lo escribieron de apuro y no chequearon nada. Si sale así va a ser un desastre. Son medidas que facilitan la hiper concentración del mercado porque solo las van a poder superar las grandes y las internacionales. A las 1.200 pymes que cablearon en el campo les aumentás 5% y les decís que tiene que dar un servicio universal. Van a desaparecer”, coincide otro muy importante ejecutivo del sector que pidió estricto off the record.

¿Cuál será el aporte del Estado? ¿Le van a sacar el IVA a la PBU? Si no aportan nada se trata de un subsidio privado. ¿Van a compensar a las empresas o nunca lo harán?

“La PBU será como la caja PAN de la conectividad”, tuiteó José Crettaz, coordinador del Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones Convercom.

El economista de FIEL y experto en temas regulatorios Santiago Urbiztondo es otra de las voces que afirma que el universo para el servicio básico es muy amplio y recuerda que en los 90 se estableció un fondo de servicio universal con el 0,5% de la facturación, que luego se aumentó a 1 por ciento. “No veo ninguna mención a la utilización de ese fondo. Es una práctica internacional que no altera la competencia, es algo súperconocido en la Argentina que ahora parece borrarse de un plumazo. Les dicen a las empresas ‘tienen que dar este servicio a este universo muy amplio y costoso, fináncienlo’. Es chocante, descabellado”, afirmó.

Juan José Villar es dueño desde hace siete años de una empresa prestadora de Internet que tiene poco más de 500 clientes en Traslasierra, Córdoba. Está desesperado.

“La medida es absolutamente irresponsable ya que apunta a vender a pérdida, literalmente”, le escribió a Infobae esta mañana por correo electrónico. Cuenta que paga $700 el megabyte a un proveedor privado mayorista y que son precios dolarizados. “Arsat es el prestador de internet vía fibra óptica a nivel nacional. Vendía en dólares y el año pasado pesificó los abonos: vende el mega mayorista, en pesos, a un precio sensiblemente superior al que quiere el Gobierno que se pague por dos. Es decir, el mismo Estado vende más caro de lo que pretende que cobremos los privados”, aseguró.

Es absurdo. Nunca estuvimos tan en el limbo como a partir de esta medida”, cerró el emprendedor cordobés.

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IIMPUESTO A LAS GANANCIAS: POR DECRETO, EL GOBIERNO NACIONAL SUBIÓ EL PISO A $175 MIL

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El mínimo no imponible volverá a actualizarse el 1 de enero en función de la evolución de los salarios.

Tras el incremento anticipado del salario mínimo, vital y móvil, el gobierno nacional anunció la firma de un decreto para elevar el piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que pasará a ser de 175 mil pesos. Volverá a actualizarse en enero.

Tras la derrota electoral del Frente de Todos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el gobierno nacional empezó a anunciar una serie de medidas ante el difícil contexto económico y así, en primer lugar,  este martes centrales sindicales, empresarios y el gobierno acordaron elevar el salario mínimo a 33 mil pesos hacia febrero.

Y como segunda medida este miércoles se  anunció oficialmente que mediante un decreto a publicar este jueves en el Boletín Oficial el gobierno decidió elevar el piso a partir del cual los asalariados deben abonar el impuesto a las Ganancias: desde septiembre, quienes perciban una remuneración bruta mensual de hasta $175 mil quedarán exentos. Hasta ahora, ese valor era de $150 mil.

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Tras la reunión del Consejo del Salario, el gobierno nacional, empresarios y centrales sindicales acordaron llevar el mínimo, vital y móvil a 33 mil pesos en febrero.

De la misma manera, el umbral de los 173 mil pesos pasará a ser de 203 mil pesos. A su vez, informaron que los trabajadores gozarán de la exención del Sueldo Anual Complementario de diciembre.

Así, destacaron que las 1.267.000 personas que dejaron de pagar el impuesto tras la última reforma del régimen aprobada en abril seguirán sin abonarlo a pesar del incremento de los sueldos y lo acordado en las paritarias: sostienen que solo alcanza al 10% de los trabajadores bajo relación de dependencia.

impuesto a las ganancias

En este marco, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, todas las deducciones y las escalas del impuesto volverán a actualizarse a partir del 1 de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.

FUEENTE : QUE DIGITAL

FOTO TAPA : BONANO

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PRESIÓN TRIBUTARIA: SI UN EMPLEADO TRABAJA DE 9 A 18, TODO LO QUE GANA HASTA LAS 14:25 SE DESTINA A PAGAR IMPUESTOS

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Un trabajador en relación de dependencia tiene que destinar el 60% de sus horas laborales a afrontar la carga impositiva, entre descuentos al salario e impuestos al consumo

 

Un empleado privado en relación de dependencia puede destinar hasta un 60% de su semana laboral solo para hacer frente a los impuestos nacionales y locales que se cobran sobre su salario y sobre los productos que compra con ese dinero. Para graficar: para un trabajador que desempeña sus tareas de lunes a viernes de 9 a 18, hasta el miércoles a las 15 solo trabaja para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Ese fue el resultado de una estimación realizada por el economista Manuel Adorni, que publicó en su cuenta de Twitter y que se viralizó de inmediato. “Si tu horario laboral es de 9 a 18 horas, recordá que hasta las 14:25 vas a trabajar para pagar impuestos. Si trabajás de lunes a viernes, hasta el miércoles a las 15 horas vas a trabajar para el Estado. Que disfrutes de tu jornada”, ironizó.

En diálogo con Infobae, Adorni comentó que para realizar esa cuenta se basó en una carga tributaria del 60 por ciento. “Estamos hablando de promedios y de porcentaje estándares; después dependerá de cada caso, si se retiene o no impuesto a las Ganancias o si trabaja media jornada, en ambos casos lo que se termina pagando terminaría siendo más”, aseguró.

Para llegar a esa conclusión, el economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto, entre los aportes patronales y las cargas jubilatorias que hace el propio empleado, y luego para un caso de un trabajador en relación de dependencia, el cobro de ART y el descuento sindical. En esa primera instancia Adorni consideró que, como ejemplo, un empleado con un sueldo bruto de $30.000 termina recibiendo 20.000 pesos.

Fuente: TwitterFuente: Twitter

Y sobre esa base estimó cuánto es lo que ese empleado pagará de impuestos una vez que quisiera, por ejemplo, comprar alimentos en un supermercado. Esa cuenta da un 40% de presión tributaria sobre esos productos, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.

“Aunque depende del producto, están calculados todos los impuestos de la cadena. Hay otros, por supuesto, que tienen más o menos IVA. En definitiva, desde que empezaste a trabajar hasta que llevaste la comida a la mesa de tu casa, trabajaste por $30.000 y pudiste disfrutar -por así decirlo- por $12.000, la diferencia te da un 60% aproximadamente″, concluyó Adorni.

El economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto entre los aportes y cargas jubilatorias, el cobro de ART y el descuento sindical. Y luego, los impuestos a consumo de alimentos en un supermercado

Hace dos años el economista había hecho una cuenta similar, también en Twitter y que también se viralizó. “Sueldo de Comercio: $34.293,57. Imp. al trabajo: $ 5.829,90. Sindicato: $957,35. => Cobrás $ 27.506,32. Con eso salís a consumir productos con 50% de impuestos en promedio. Trabajaste por $34.293,57 y compraste por $13.753,16. Impuestos = $20.540,41. Que tengan todos un buen día”, había mencionado en ese entonces.

Independencia Tributaria

En los últimos 10 años hasta 2020, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), elaboró un indicador que dio a conocer como el Día de la Independencia Tributaria, es decir, en qué momento del año una persona deja de trabajar para pagar impuestos y comienza a “gozar” de su salario propiamente dicho.

El año pasado esa fecha llegó el 28 de junio para el caso de un trabajador que ganaba en ese entonces en promedio 50 mil pesos de bolsillo mensuales. Según el informe de la consultora que dirige el economista Nadin Argañaraz, desde el 1° de enero los ciudadanos y ciudadanas comienza a trabajar “para el Estado”, entendido como destinar su ingreso a cumplir con el pago de impuestos que tienen alguna incidencia en su salario.

El año pasado el Día de la Independencia Tributaria llegó el 28 de junio

Una vez cumplido ese plazo determinado, comienza a percibir ingresos “para sí mismo”. Según los resultados obtenidos en el último relevamiento realizado por ese centro de estudios, un trabajador asalariado formal en Argentina debió trabajar en 2020 entre 181 y 214 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno, dependiendo de sus ingresos.

Iaraf toma en consideración cuatro tipos testigo de asalariados para hacer su estimación. El Caso 1, el nivel más bajo de ingresos ejemplificado, se trata de un empleado que no queda alcanzado ni por el impuesto a las Ganancias ni por el impuesto a los Bienes Personales (ni el impuesto PAIS en 2020). Para este ejemplo, su “Día de la independencia tributaria” permaneció relativamente estable a lo largo de la última década.

Por su parte, los Casos 2 al 4, con sueldos más altos, demoraron una mayor cantidad de días en 2020 para alcanzar su independencia tributaria en comparación con 2019. Por otra parte, si bien se mantienen aún alejados del pico de 2015, en todos estos casos necesitaron más días para cumplir con sus obligaciones tributarias que al inicio de la serie, en 2011. Ante esto, Iaraf aclaró que “los cuatro casos considerados terminarían el 2020 con un aumento de la carga tributaria formal, acercándose nuevamente a los valores de 2017”.

FUENTE : INFOBAE

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EL ENACOM RECHAZARA LOS AUMENTOS DE MOVILES INTERNET Y TELEVISION PAGA

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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) rechazará los aumentos en los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión paga para agosto y septiembre que las empresas informaron a los usuarios, aseguró a Télam el vicepresidente de la dependencia oficial, Gustavo López.

“Nosotros vamos a rechazar los aumentos”, dijo López, quien advirtió que “lo que pretenden las empresas es un proyectado del 65 al 70% de aumento en un año”, incremento al que calificó de “disparate”.

“Con aumentos de ese tipo, amparados por la justicia, mucha gente se va quedar sin servicio”, enfatizó el funcionario.

En enero de este año se descongelaron los precios de los servicios de comunicaciones, En esa oportunidad, el Enacom autorizó hasta el 1 de julio aumentos del 20%, mientras que las empresas aumentaron alrededor de 32%, amparadas en medidas cautelares que frenaron la aplicación del DNU 690 y sus reglamentaciones que categorizaron a la tv paga, internet y telefonía como servicios públicos esenciales y en competencia.

“Nuestro objetivo era que no hubiera aumentos hasta diciembre, pero las empresas ya anunciaron incrementos para agosto y septiembre. Esta semana nosotros lo vamos a rechazar”, indicó López en diálogo con Télam.

El vicepresidente del Enacom recordó que existen medidas cautelares iniciadas por las empresas que impiden la aplicación del DNU 690 que declara a internet, telefonía fija y móvil y tv paga como servicio público esencial y en competencia, así como la posibilidad de regular los precios.

“En este punto no hay dialogo porque cada uno tiene una postura diametralmente opuesta, no hay posibilidad de zanjarlo: O es servicio público o no es servicio público” insistió López.

El vicepresidente del Enacom dijo que a pesar de las objeciones realizadas al DNU 690, “las empresas están invirtiendo más que en el 2019”, cuando los precios estaban liberados.

López concluyó que tras analizar los montos invertidos en los últimos seis años, “la inversión no depende de la regulación sino de la macroeconomía”.

Consultado por la posición de quienes promueven que el Estado subsidie la demanda y deje los precios liberados a la competencia indicó que: “subsidiar la demanda sería: cobren lo que quieran que total el Estado lo paga. Nosotros decimos: cobren lo justo, lo razonable, que nosotros también ayudamos”.

Subrayó además, que el Fondo de Servicio Universal tiene por objeto financiar la expansión de redes y que los ingresos que existen por ese concepto no alcanzarían para subsidiar la demanda.

Ante la posición del sector privado que asegura verse condicionado por la declaración de servicio público, y especialmente por la regulación de precios, López señaló que “nosotros no nos metemos en sus ganancias, pero estamos cuidando al consumidor”.

Agregó que la decisión de declarar a internet como servicio público se tomó un año atrás cuando en plena pandemia, con el aislamiento social vigente y un congelamiento en las tarifas de gas, luz y agua, las empresas del sector “quisieron volver a aumentar de un modo brutal” los precios de los servicios.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández reavivó el debate público al sostener que las comunicaciones son un servicio público “le pese a quien le pese”.

Desde el ámbito legislativo, el senador oficialista Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley que toma el mismo principio del DNU 690 y el presidente de la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Pablo Carro, sostuvo que “en la Argentina que viene no podemos depender en servicios esenciales como la conectividad, solo con el criterio de cómo quieran cobrarlos las grandes empresas”.

Para el vicepresidente del Enacom queda claro que “vale la pena el debate público sobre si internet o las telecomunicaciones tienen que tener un acceso universal o tienen que estar restringido por la ley de oferta y demanda”.

López rechazó que la declaración de servicio público sea una medida que vaya en contra de un grupo empresario determinado, dado que Telecom fue la primera empresa en imponer aumentos superiores a los aprobados por el Enacom.

“Nunca lo pensamos así. Las circunstancias nos llevan a determinadas declaraciones porque quien encabezo la lucha en contra fue un grupo especifico”, indicó.

Recordó que “todo esto vino a partir de la pandemia” y que “el diálogo por la suba de precios se rompió cuando quisieron aumentar mucho más allá de lo que la lógica indicaba”.

Señaló que la declaración de internet como servicio esencial es una recomendación de las Nacionales Unidas y puso como ejemplo de esto que en “Chile ya tiene media sanción el servicio publico de internet y Colombia lo aprobó la semana pasada”.

A lo que se suma que tienen la misma calificación para internet en México, Canadá y “algunos países de Europa”, agregó el funcionario.

“Nosotros lo hicimos, lo creemos y lo sostenemos porque nos parece que como la luz, el gas y el agua, es un servicio esencial para la vida cotidiana. La declaración de servicio publico nos permite pensar y discutir hacia adelante normas que garanticen el acceso. Todo lo demás estamos dispuestos a conversarlo siempre”, finalizó López.

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