Connect with us

Politica

A los 69 años, murió el político y economista Aldo Pignanelli

Avatar

Publicado

on

“Peronista de toda la vida”, como se definía en Twitter, Pignanelli presidió el Banco Central durante parte del gobierno de Duhalde. Sufría de cáncer de próstata

El economista Aldo Pignanelli murió este sábado a la noche a la edad de 69 años. Sufría de cáncer de próstata. La noticia fue confirma a Infobae por su jefa de prensa Mariana Goldman.

Pignanelli tuvo una larga trayectoria política que comenzó en 1986, cuando fue nombrado Secretario de Economía de la Municipalidad de Moreno.

Durante una década desempeñó distintos cargos públicos -todos relacionados al área económica- entre los que se destacan la dirección del Banco de la Provincia de Buenos Aires y el de Consultor Financiero del Banco Interamericano de Desarrollo.

En 1997 Pignanelli desembarcó en el Banco Central, donde ocupó los puestos de director y vicepresidente. En julio de 2002 sucedió a Mario Blejer en la presidencia del organismo, posición que ocupó hasta diciembre del mismo año y desde la cual tuvo un rol protagónico en la salida de la crisis junto a Eduardo Duhalde y Roberto Lavagna. Fue sucedido por Alfonso Prat-Gay.

El hijo del ex ministro de Economía, Marco Lavagna, fue uno de los primeros en recordarlo en las redes sociales: “QEPD querido amigo. Vamos a extrañarte”. Su padre, Roberto Lavagna, destacó que era un “excepcional ser humano”.

“Que Dios te bendigam querido amigo”, publicó Aníbal Fernández minutos más tarde.

Durante los últimos años Pignanelli fue uno de los referentes económicos del Frente Renovador liderado por Sergio Massa, además de colaborar asiduamente con su perspectiva sobre la coyuntura económica en distintos medios de comunicación.

En paralelo, buscó durante los últimos meses conseguir apoyo para convertirse en presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. En su cuenta de Twitter se pueden ver distintos videos en los que llama a votar por la lista bordó-naranja junto a su compañera de fórmula, Gabriela Russo.

“Vamos a cambiar esta realidad. Hace 40 años gobierna el mismo color. En democracia es la forma de vivir y en democracia vamos a entrar a gobernar el Consejo Orofesional de Ciencias Económicas y a triunfar el 19 de junio”, dijo en el último video, publicado el 14 de junio.

Durante la madrugada, su mujer, Haydee, utilizó la cuenta personal de Twitter del economista para agradecer todos los saludos recibidos. “Quiero decirles que Aldo jamás dejó de pensar en los argentinos, en la política. Hasta el último minuto quiso una Argentina de pie”, posteó.

Tanto ella como sus cuatro hijos, Julieta, Nicolás, Mariano y Romina, se despedirán este domingo de 9 a 12 y de 16 a 21 en Forest 906, CABA.

Los mensajes de amigos y colegas:

En tanto, la esposa de Pignanelli, Haydée, utilizó la red social de su marido para agradecer todos los mensajes de condolencia y recordarlo con un hilo  en el cual asegura que “Aldo jamás dejó de pensar en los argentinos, en la política”. “Para Aldo, el futuro de la Argentina era brillante. Amén. Dios bendiga a mi compañero y a la Argentina toda”, escribió.

Seguir leyendo
Comentá aquí

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Opinión

Manual de Cambiemos para vaciar un organismo público

Avatar

Publicado

on

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA) cumplió siete años de existencia.

Se trata de un organismo que en poco tiempo logró desarrollar una política pública poniendo en el centro de su accionar los derechos de las audiencias de radio y televisión. Institución novedosa en el mundo, que fue valorada y reconocida por otros países (tanto a nivel estatal como ciudadano) por haber traducido en acciones el derecho humano a la comunicación.

Los primeros cuatro años la defensora del público fue la periodista Cynthia Ottaviano, nombrada por el Congreso en el marco de la ley de servicios de comunicación audiovisual y avalada por más de 800 adhesiones y una sola impugnación presentada por el grupo Clarín. Al finalizar su mandato en noviembre de 2016 la comisión bicameral responsable no nombró a nadie en su lugar, razón por la cual el organismo quedó a cargo de la abogada María José Guembe quien era directora de Protección de derechos y se constituyó un directorio con las y los directores que junto a todo el personal mantuvieron las acciones de la DPSCA.

Tanto desde ese directorio como desde diversas organizaciones del campo de la comunicación se reclamó constantemente que el Congreso de la Nación iniciara el proceso de designación de nueva/o defensor/a. Sin embargo de manera imprevista e irregular la comisión bicameral decidió intervenir la institución en septiembre de 2018. Desde ese momento hasta ahora en tiempo récord han vaciado la Defensoría. “Nos quieren transformar en eso que ellos acusaban que éramos”, dijo una compañera sobre la falta de trabajo durante todo un año.

Como balance de este año podemos presentar los Diez pasos del Manual de Cambiemos para vaciar un organismo.

1. Nombrar personas ineptas
La mayoría lograda en la comisión bicameral por parte de “Cambiemos” y aliados designó un interventor sin presentar su currículum. Cuando se pudo acceder al CV se confirmó que la persona nombrada no tenía ninguna pertinencia con el cargo asignado. Ese interventor sin experiencia en el campo de la comunicación y los derechos humanos fue nombrando sucesivamente a funcionarios políticos con salarios altos como responsables de áreas sin conocimiento del tema y sin experiencias previas en la gestión de un organismo de esta naturaleza. Quienes hablaron de la “grasa militante” a comienzos del gobierno macrista terminaron contratando personal cuyo único mérito es ser parte de alguno de los partidos de la alianza PRO/UCR/CC.

2. Evitar contacto directo con la gente
La DPSCA tuvo entre sus políticas más interesantes la convocatoria a audiencias públicas en todo el territorio nacional para conocer las opiniones e informaciones que la ciudadanía tenía para compartir sobre la aplicación de la ley de servicios audiovisuales y sobre el panorama de la comunicación en cada región. Los primeros seis años se realizaron 24 audiencias en 18 provincias cubriendo todas las regiones del país.

La intervención no hizo en todo un año ni una sola audiencia pública aunque está obligada por la propia LSCA en su artículo 19, inciso f.

3. Romper lazos con organizaciones
Desde su creación la DPSCA trabajó con cientos de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, academia y espacio público, capacitando miles de personas en diversas líneas de acción (Juventud, Accesibilidad, Géneros y diversidad, Migrantes, Medios comunitarios y de pueblos originarios).

La intervención desactivó la enorme mayoría de los vínculos con organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y hasta del espacio público, dejando de lado la misión de acompañar a las audiencias en el ejercicio del derecho humano a la comunicación.

4. Desactivar federalismo
La presencia de la DPSCA en todo el territorio nacional fue una constante entre 2012 y 2018. Tanto con el equipo de capacitadora/es como del área de investigación y de asesoría jurídica. El trailer con la Defensoría Móvil llevó por todo el país un estudio de radio y uno de televisión para que las audiencias pudiesen conocer de modo directo la cocina de los medios y producir contenidos propios.

La intervención reemplazó las acciones territoriales con cursos virtuales, muchos de los cuales se venían realizando como complemento del trabajo presencial.

5. Profundizar precariedad laboral
A una planta permanente de alrededor de 100 trabajadores se suman 17 empleados en planta transitoria y contratos de locación de servicios. Desde que asumió la intervención esos contratos que antes se renovaban anualmente para dar alguna tranquilidad dentro de una condición precaria, el último año fueron renovados cada dos meses provocando angustia en los trabajadores que además no pueden planificar sus tareas con tan poco tiempo garantizado.

6. Persecución ideológica
La primera decisión que tomó la intervención fue realizar una falsa auditoría que pretendió analizar en un mes el trabajo de seis años. Como resultado de esa auditoría y luego de un informe con clara persecución ideológica fui desplazado como director de Capacitación y Promoción, una de las direcciones sustantivas, responsable del trabajo territorial y la organización de las audiencias públicas.

Siguió esa política de hostigamiento con la directora de Protección de derechos María José Guembe y con el director de Investigación Santiago Marino a quien no se le permitió presentar el trabajo de monitoreo de noticieros de la TV abierta que realiza esa dirección.

Así quedaron vacantes las tres direcciones sustantivas del organismo.

7. Firmar convenios absurdos
Para mostrar actividades y alianzas con espacios públicos o no gubernamentales la intervención se dedicó a firmar convenios sin sentido con organismos “amigos” que no tienen que ver con la naturaleza de la Defensoría. Hicieron convenios por ejemplo con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y con el Ciclo Básico Común (CBC) sin que los mismos estén relacionados con demandas de las audiencias.

8. Marketing
La intervención se dedicó a organizar reuniones intrascendentes y a sacarse fotos con personas cuestionadas. Valen como muestras de muchas otras las reuniones con el director de Radio Nacional Córdoba (quien censuró a una periodista de esa radio al aire luego que ésta entrevistara a la madre del activista mapuche Jones Huala), con un candidato en Entre Ríos procesado por narcotráfico o con el sindicalista Luis Barrionuevo.

Como parte de esa práctica emitieron comunicados para pronunciarse sobre temas que nada tienen que ver con el organismo como por ejemplo un editorial del diario La Nación, cuando la ley que regula la acción de la DPSCA solo abarca a radio y televisión.

9. Paralizó el trabajo de todas las áreas
La DPSCA se caracterizó en sus primeros seis años por la respuesta rápida y fundada de las denuncias del público, la participación en eventos y actividades, la capacitación y la investigación.

Durante todo el año de intervención no se publicó ni una sola guía con recomendaciones para comunicadores, no se produjeron nuevos videos para divulgar nuevas prácticas de la comunicación, no se convocó a foros de intercambio entre medios, comunicadores y audiencias, no se redactaron nuevos materiales de comunicación y capacitación.

10. Cortar el diálogo con medios de comunicación
La Defensoría no tiene poder sancionatorio. Es por eso que se promovió el diálogo y se desarrolló una tarea pedagógica con comunicadores y responsables de medios.

La intervención interrumpió la interlocución con canales de televisión y radios, que tendían a lograr cambios hacia una comunicación respetuosa de los derechos y promovían reparaciones frente a las denuncias del público. Hoy la respuesta del organismo es netamente burocrática y formularia.

Podrían sumarse detalles, (in) acciones, anécdotas. Quedan estos diez puntos para recordar qué cuando desde un gobierno neo liberal hablen de eficacia, eficiencia, profesionalismo y modernización del Estado, en realidad están hablando de vaciamiento de políticas públicas, desaparición del Estado como garante de derechos, desatención de los sectores vulnerables dejándolos librados a su suerte individual y “emprendedora”.

Costará recuperar el trabajo virtuoso de la Defensoría del Público.

En la etapa que se abre con la esperanza en la recuperación de derechos para las mayorías populares y con un nuevo rol del Estado, más presente y atendiendo a las necesidades de las audiencias junto al compromiso de un equipo de trabajadores y trabajadoras esa recuperación es posible.

Por: Ernesto Lamas – Director de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público
Foto: Radiográfica
Fuente: Diario Tiempo Argentino

Seguir leyendo

Politica

El “modelo holandés” de resolución de conflictos que buscará imponer Alberto Fernández en la Argentina

Avatar

Publicado

on

Se trata de un Consejo Económico Social creado por ley con empresarios, expertos, gremios y gobiernos; el presidente electo dialogó sobre el tema con el embajador de Holanda

Alberto Fernández en el almuerzo con los 22 embajadores de la Unión Europea donde se habló del modelo holandés

Alberto Fernández en el almuerzo con los 22 embajadores de la Unión Europea donde se habló del modelo holandés

Se lo conoce como “modelo Pólder” o “modelo holandés de resolución de conflictos”. Se trata de un Consejo Social y Económico que funciona hace muchos años en Holanda para lograr acuerdos en cuestiones clave de la economía y es el nuevo desvelo que tiene Alberto Fernández para instrumentar en la Argentina una vez que llegue al gobierno el 10 de diciembre.

Si bien el presidente electo venía desde hace mucho tiempo evaluando este esquema de resolución de conflictos el martes pasado en el almuerzo que mantuvo con 22 embajadores de la Unión Europea hizo pública su admiración por el modelo Pólder. “Sabemos que en Holanda el Consejo Económica y Social funciona muy bien y queremos agiornar ese sistema en la Argentina”, le dijo Fernández muy entusiasmado al embajador de los Países Bajos, Roel Nieuwenkamp. El diplomático lo tomó como un alago y se mostró dispuesto a colaborar en ello.

El Consejo Económico y Social de Holanda está conformado por representantes de cámaras empresarias, sindicatos, expertos en temas económicos y miembros del gobierno. Todos buscan el mismo objetivo: resolver conflictos, acordar posiciones en leyes complejas y asesorar al gobierno en la toma de decisiones.

Felipe Solá, que también participó de ese almuerzo con embajadores de la UE y se prevé como el futuro canciller de Fernández, le comentó a sus allegados que “sería bueno instalar por ley el modelo holandés de resolución de conflictos porque es una manera orgánica de resolver los problemas”. El futuro canciller argentino aclaró también ante un grupo de asesores que “el Consejo emite consejos, por eso se escribe con ‘s’ y no con ‘c’, por lo que la última palabra siempre la tiene el presidente”.

A la vez, el eventual ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, explicó a Infobae que en el Frente de Todos impera la idea de instaurar en el nuevo gobierno una idea de pacto social sostenido en el tiempo. “Si vamos a imponer un Consejo Económico Social esto debería sustentarse en una ley para que no sea algo momentáneo para la foto”.

Una reunión del Consejo Económico Social o Modelo Pólder que funciona en Holanda para resolver conflictos

Una reunión del Consejo Económico Social o Modelo Pólder que funciona en Holanda para resolver conflictos

Arroyo también destacó que el modelo holandés de resolución de temas “puede funcionar porque sería un punto de equilibrio entre posiciones encontradas para reconstruir la economía dañada de la Argentina”.

En Holanda, el “modelo Pólder” está sustentado por ley y es un órgano asesor en el que empleadores, empleados y expertos independientes que son miembros nombrados por la Corona trabajan juntos para llegar a un acuerdo sobre cuestiones sociales y económicas clave.

Este Consejo asesora al gobierno y al Parlamento holandés sobre política social y económica. También facilita los acuerdos y hasta puede coordinar posiciones para dar con un proyecto de ley complejo. Los casos más emblemáticos que resolvió en los últimos años este Consejo Económico y Social fueron la creación del Acuerdo de Energía Holandés para el Crecimiento Sostenible, los consensos para imponer una profunda reforma previsional o un programa de empleo nacional.

El embajador Nieuwenkamp se mostró entusiasmado al igual que el presidente electo. “Vale la pena que en la Argentina hagan el intento de armar un Consejo Económico Social porque son muchos los desafíos por delante y se necesitará de acuerdos sólidos”, dijo a Infobae.

El embajador de Holanda se muestra cauto a la hora de evaluar los futuros resultados de esta idea en la Argentina. Macri se mostró interesado en este modelo de acuerdo social y económico cuando viajó en visita oficial a Holanda. Y después de ello el entonces ministro de Trabajo de Macri, Jorge Triaca se había movilizado para ver en detalle el “modelo Pólder”. Pero luego de varias consultas con Ámsterdam la idea quedó en la nada.

No obstante, Nieuwenkamp detalló que ahora le propuso a Alberto Fernández asesorar a su gobierno en la instrumentación del “modelo Pólder” con asistencia técnica y capacitación. “Estamos disponibles en todo lo que sirva para ayudar en la Argentina”, dijo el diplomático holandés.

¿Podría funcionar el modelo Pólder en Argentina teniendo en cuenta las amplias diferencias culturales, sociales y económicas que hay con Holanda?

“Sabemos que no Argentina y Holanda son sociedades diferentes con historias diferentes pero creo que es necesario hacer el intento. Siempre hace falta hacer acuerdos en políticas de corto y de largo plazo”, respondió Nieuwnkamp.

El embajador de Holanda, Roel Nieumkamp se mostró dispuesto a colaborar con Alberto Fernández para desarrollar el modelo Pólder

El embajador de Holanda, Roel Nieumkamp se mostró dispuesto a colaborar con Alberto Fernández para desarrollar el modelo Pólder

Un agregado del embajador de Holanda: “Obviamente las situaciones no son completamente comparables. Sin embargo, se pueden aprender lecciones sobre la formación de un amplio diálogo social”, dijo.

En Holanda, el Consejo Económico y Social ayudó a salir de una situación de estanflación hace algunas décadas. Y aún hoy se utiliza el modelo de Pólder para mantener la inflación bajo control utilizando un amplio modelo de diálogo social. “Tenemos miembros designados por el gobierno, empresas y sindicatos como miembros y siempre una persona autorizada que está por encima de las partes como presidente”, explicó el embajador de Holanda.

El famoso “acuerdo de Wassenaar” de 1982 para mantener los aumentos salariales bajo control a cambio de una reducción del tiempo de trabajo se logró bajo la coordinación de este Consejo Económico y Social. Desde entonces, hubo muchos acuerdos alcanzados en este esquema sobre reformas de pensiones, reformas del mercado laboral y muchos otros, que han sido muy importantes para la competitividad a largo plazo.

Entre los estamentos fundamentales que propone el Consejo Económico y Social de Holanda figura:

– Mantener una economía fuerte y sostenible.

– Lograr que tantas personas como sea posible tengan trabajo.

– Alcanzar una distribución justa de los ingresos.

El lema de este Consejo que funciona en Holanda sintetiza el espíritu de su creación: “Denkwerk, voor Draagvlak door Dialoog”, que en español significa, “Pensamiento para el apoyo a través del diálogo”.

En Holanda el “modelo Pólder” funciona de manera independiente del Poder Ejecutivo ya que no es una institución gubernamental y tiene un presupuesto autónomo. Está financiado indirectamente por la industria a través del Fondo General de Desempleo.

En la Argentina hubo muchos intentos de los sucesivos gobiernos por instaurar un Consejo Económico y Social. Nunca funcionó. Sólo se establecieron mecanismos similares y muy esporádicos. Habrá que ver en el futuro inmediato Fernández logra romper ese mito y puede establecer en la Argentina un “modelo Pólder” aggiornado a las pampas. Se trata de un amplio desafío en un país atravesado por la grieta.

INFOBAE

Seguir leyendo

Politica

Alberto Fernández tendría un Consejo de la Magistratura a favor cuando asuma como presidente

Avatar

Publicado

on

El mandatario electo designará al representante del Ejecutivo y Cambiemos perderá su actual mayoría. Quiénes son los nuevos integrantes que ingresarían al organismo que promueve y destituye jueces

 

La llegada de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación alterará la virtual mayoría que vino teniendo el oficialismo saliente en el Consejo de la Magistratura, para virar a una mayoría favorable al nuevo gobierno. Esto sucederá porque el organismo encargado de promover y remover jueces sufrirá un recambio de casi un tercio de sus integrantes, producto del resultado electoral y la preeminencia de los consejeros políticos en su integración.

Pese a las críticas del presidente electo a la actual dinámica del Consejo y su planteo de que necesita ser reformado para “sanear a la Justicia”, es más que factible que siga funcionando en sintonía con el nuevo signo político.

Una de las renovaciones que se producirán a partir del 10 de diciembre será clave: la del representante del Poder Ejecutivo Nacionalque modificará los números que tuvo hasta ahora Cambiemos.

De los 13 miembros que integran el Consejo, el actual oficialismo contó con seis votos casi asegurados: el del representante del Ejecutivo; el del diputado del PRO Pablo Tonelli y el de la senadora radical Inéz Brizuela y Doria, más los de los representantes de los abogados Juan Pablo Mas Vélez y Marina Sánchez Herrera, ambos de origen radical, y el del juez Juan Manuel Culotta.

Del otro lado, los votos del bloque “opositor” se consolidaron también en seis: los diputados Eduardo “Wado” De Pedro, del Frente para la Victoria, y Graciela Camaño, que fue elegida el año pasado con el apoyo de los distintos bloques de la oposición; el senador justicialista Mario Pais, que reemplazó a Miguel Pichetto cuando éste aceptó acompañar a Mauricio Macri en la fórmula; su colega Ada Itúrrez de Cappellini, del Frente Cívico Por Santiago, que ocupa la segunda banca por la mayoría justicialista en el Senado por un acuerdo de este bloque con el gobernador de su provincia; el juez Alberto Lugones, de la Lista Celeste, las más cercana al kirchnerismo; y el consejero académico Diego Molea.

Esa paridad fue resuelta la mayoría de las veces a favor de las posiciones del oficialismo por el juez Ricardo Recondo, presidente este año del Consejo y con doble voto en caso de empate.

Esta virtual mayoría actual de 7 a 6 que aún tiene Cambiemos se invertiría y pasaría a ser de 7 a 5 a favor del nuevo oficialismo, sin contar a Recondo que podría convertirse en el octavo voto, o en el sexto del futuro bloque opositor.

En cualquier caso, ninguno de los dos sectores tendrá la mayoría de dos tercios para iniciarle juicio político a un juez o aprobar un terna de candidatos para cubrir cargos vacantes, ya que se necesitan 9 votos sobre el total de 13, si están todos presentes. “Va a ser necesario algún tipo de acuerdo, lo cual es saludable porque la idea no es perseguir políticamente a ningún juez”, sostuvo ante Infobae un consejero que continúa luego del 10 de diciembre.

Más allá de las acusaciones de integrantes del Frente de Todos de “persecución” por parte del gobierno de Mauricio Macri contra jueces que fallan en contra de sus deseos, lo cierto es que el Consejo puede, por mayoría simple, resolver si mantiene abiertas, o no, las denuncias contra magistrados por su desempeño.

Quizás como señal de los nuevos tiempos políticos, el jueves último, el oficialismo fracasó en su intento de desestimar tres denuncias contra el juez Claudio Bonadio -cuya actuación es muy cuestionada por el kirchnerismo por el procesamiento y detención de varios ex funcionarios de Cristina Kirchner, incluida la ex mandataria-, cuya resolución se postergó sin fecha. Tampoco prosperó un sorpresivo un dictamen del consejero Mas Vélez para cerrar cuatro expedientes contra Rodolfo Canicoba Cabral.

El futuro representante de Alberto

Durante la gestión de Cambiemos, el representante del gobierno de Cambiemos, Juan Bautista Mahiques, tuvo un rol estratégico como articulador de los deseos del Gobierno. Pero Mahiques juró el 29 de octubre pasado como nuevo fiscal general de la Ciudad y fue reemplazado hasta el 10 de diciembre por su ex jefe de gabinete en la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, Facundo Bargalló Benegas. Con el recambio de Gobierno, Fernández deberá designar un nuevo nombre inmediatamente.

Quien contaría con más chances de ocupar ese lugar es Gerónimo “Zaza” Ustarroz, primo y hermano de crianza de “Wado” de Pedro. Ex concejal de la localidad de Mercedes y ex funcionario del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner, Ustarroz es actualmente su asesor en el Consejo. Ya había desempeñado esa tarea cuando el diputado del FPV integró el organismo entre 2012 y 2014.

Gerónimo Ustarroz, el nombre que suema con fuerza como representante del Alberto Fernández en el Consejo (Twitter: @gustarroz)

Gerónimo Ustarroz, el nombre que suema con fuerza como representante del Alberto Fernández en el Consejo (Twitter: @gustarroz)

Ustarroz estuvo días pasados en Bolivia en representación del Frente de Todos como observador de las elecciones en ese país, y elaboró un contradocumento que cuestiona “por falta de objetividad” las conclusiones de la OEA sobre las “graves irregularidades” que hubo en esos comicios, que derivaron en la renuncia forzada de Evo Morales y la crisis que atraviesa la nación boliviana.

Hay quienes deslizaron otro nombre que pisa fuerte en la Justicia y es del círculo de confianza de Fernández: Juan Manuel Olmos, dirigente del peronismo de la Capital, y ex presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Sin embargo, desde su entorno lo descartaron.

El recambio de diputados

Al nuevo representantes del Ejecutivo, a partir del 10 de diciembre, se sumarán otras caras en el Consejo.

Si bien aún no fue informado oficialmente, todos dan por sentado que De Pedro ocupará un cargo relevante en el próximo gobierno, por lo que dejará su lugar en el Consejo. Su suplente es Vanesa Siley, también diputada del kirchnerismo y oriunda de Mercedes, además de secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires.

La diputada kirchnerista Vanesa Siley sería la reemplazante de

La diputada kirchnerista Vanesa Siley sería la reemplazante de “Wado” De Pedro si éste se va al Ejecutivo.

Su nombre deberá aún ser reconfirmado por el interbloque del Frente de Todos. Si bien el artículo 3 de la ley del Consejo de la Magistratura contempla que, cuando por algún motivo cesa un consejero titular en su funciones, su mandato lo continúa su suplente, también establece que puede ser reemplazado por quien disponga el bloque que le dio la legitimación como representante. “La práctica es que asuma el suplente del titular que se va, pero el bloque parlamentario que lo designó en ese rol tiene margen para elegir a otro, en función de los reacomodamientos políticos”, señala una fuente que conoce los avatares y normativas del Consejo.

El lugar de De Pedro es uno de los dos que le corresponden a la mayoría parlamentaria por la Cámara baja. El otro está ocupado por Camaño, diputada que ingresó a fines del año pasado con el apoyo de los distintos bloques de la oposición a partir de un acuerdo entre el Frente Renovador y el bloque kirchnerista, en una jugada -precuela de la unión del peronismo- que le quitó el lugar al diputado radical Mario Negri. Desde entonces, el todavía hoy oficialismo se quedó con una sola banca por la Cámara de Diputados -la que ocupa Tonelli por la minoría-, pese a ser el interbloque que más integrantes tiene.

Tonelli logró renovar su mandato el 27 de octubre pasado y continuará en su cargo en el Consejo.

El diputado Pablo Tonelli renovó su mandato y seguirá como consejero de Juntos por el Cambio (Foto: Consejo de la Magistratura)

El diputado Pablo Tonelli renovó su mandato y seguirá como consejero de Juntos por el Cambio (Foto: Consejo de la Magistratura)

Si bien Camaño acaba de ser reelecta por Consenso Federal, desde su entorno descartaron que haya margen para que el Frente de Todos le reclame ese puesto, en la medida que sigue siendo diputada. “Fue elegida en recambio de noviembre del 2018, por cuatro años, por un acuerdo de los bloques de la oposición de ese momento, más allá de que hoy no represente a la mayoría”, explicaron.

Por lo pronto, Camaño no tiene suplente, ya que quien ocupaba ese puesto, Martín Llaryora, diputado por Córdoba Federal, fue electo este año intendente de la capital de la esta provincia mediterránea.

En el bloque hoy todavía “opositor”, la cuentan como “propia” aunque hay quienes plantean algún interrogante sobre “cómo jugará” con el nuevo gobierno. Las dudas surgen sobre si va a estar alineada a su ex jefe Sergio Massa, o se ubicará en una posición de independencia respecto de la gestión de Fernández, desde el espacio de Consenso Federal.

La diputada Graciela Camaño, reelecta por Consenso Federal, tiene mandato por tres años más en el Consejo (Consejo de la Magistratura)

La diputada Graciela Camaño, reelecta por Consenso Federal, tiene mandato por tres años más en el Consejo (Consejo de la Magistratura)

Las vacantes del Senado

En cuanto a los tres representantes del Senado – dos por la mayoría y uno por la minoría-, las dos senadoras mujeres dejan sus bancas por distintos motivos.

La radical Brizuela y Doria resultó electa intendenta de la ciudad de La Rioja, cargo que asumirá también a fin de año. Si bien formalmente su suplente es la cordobesa Laura Rodríguez Machado, del PRO, por la relación de fuerzas de los socios de Juntos por el Cambio en la Cámara alta, donde son más los senadores de la UCR que del macrismo, y el hecho de que esta fuerza ya tenga el representante de Diputados, habría un acuerdo para que ese lugar sea para el radicalismo.

El nombre que estaría confirmado es el de la senadora jujeña y abogada Silvia GiacoppoLa definición no pasará del 27 de este mes, según puso saber Infobae. “La idea es que se resuelva antes de que juren los nuevos senadores el 28 de noviembre, y que el decreto que el presidente del Senado le tiene que enviar al presidente del Consejo de la Magistratura informándole la designación del bloque parlamentario, no esté firmado por Cristina”, admitieron fuentes que conocen los entretelones de ese nombramiento.

La senadora radical Silvia Giacoppo sería la reemplazante de Inés Brizuela y Doria que fue electa intendenta de La Rioja.

La senadora radical Silvia Giacoppo sería la reemplazante de Inés Brizuela y Doria que fue electa intendenta de La Rioja.

La otra senadora es Ada Itúrrez de Cappellini, del Frente Cívico Por Santiago, que termina su mandato el 10 de diciembre. Ocupa la segunda banca por la mayoría justicialista por un acuerdo de este bloque con el gobernador de su provincia, Gerardo Zamora, y que termina su mandato el 10 de diciembre.

Su suplente es Guillermo Snopek, del Bloque Justicialista que comanda Carlos Caserio en el Senado. Ante la consulta de este medio, desde esa bancada aseguraron que la reemplazará este senador jujeño. “No hay discusión porque le corresponde hasta terminar el tiempo de mandato”, explicaron.

Sin embargo, son varios los que sostienen que el sector en la Cámara alta que responde a Cristina Kirchner podría reclamar ese lugar para alguien propio a partir del 10 de diciembre, e incluso echaron a rodar el nombre de Mariano Recalde, senador electo por la Capital. Esa especulación se resolverá cuando la ex mandataria regrese de Cuba el lunes y se defina si el futuro conglomerado oficialista en la Cámara alta funcionará como un solo bloque – el Justicialista y el kirchnerista, hoy bajo el paraguas de Unidad Ciudadana- o si lo harán como un interbloque manteniendo cada uno su independencia.

El otro representante de la mayoría justicialista en el Senado es el chubutense Mario Pais, que asumió a mitad de año como suplente de Pichetto y ya había estado en el Consejo años anteriores, y cuenta con el aval del bloque para continuar.

Los consejeros que siguen

Los otros seis integrantes que no son representantes políticos tienen mandato hasta fines del 2022 y su continuidad no depende del cambio de Gobierno.

Son los jueces Recondo, del fuero civil y comercial e integrante de la lista Bordó, el oficialismo en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN); Lugones, juez de la Cámara Federal de San Martín y representante de opositora Lista Celeste; y Culotta, juez federal de Tres Febrero y elegido por Compromiso Judicial, lista que surgió como una fractura de la Celeste, en desacuerdo con sus posiciones cercanas al kirchnerismo y las políticas judiciales que impulsó Cristina Kirchner.

También continúan Mas Vélez, abogado de origen radical y actual vicerrector de la Universidad de Buenos Aires; y Sánchez Herrero, abogada marplatense y actual vicepresidenta del Consejo, referenciada en el dirigente radical Ernesto Sanz, ex integrante del organismo.

El abogado y consejero de origen radical Juan Pablo Mas Vélez, que promovió un dictamen para desestimar las denuncias contra el juez Canicoba Cabral (Foto: Consejo de la Magistratura)

El abogado y consejero de origen radical Juan Pablo Mas Vélez, que promovió un dictamen para desestimar las denuncias contra el juez Canicoba Cabral (Foto: Consejo de la Magistratura)

El otro integrante que permanece es Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, electo por el sector académico.

Las próximas autoridades

El mandato de Recondo como presidente se extiende hasta el 6 de diciembre de este año. Pero todo indica que es probable que continúe hasta la semana siguiente cuando asuma Fernández en la Casa Rosada, y se realice el próximo plenario para elegir las nuevas autoridades del Consejo. “La fecha deben fijarla las nuevas autoridades y todavía no informaron nada”, señalaron fuentes del organismo.

No circularon aún nombres de quien ocupará el lugar de Recondo, ni tampoco la presidencia de las estratégicas comisiones de Acusación y Disciplina, y de Selección. Si bien la norma dice que el presidente del Consejo puede ser cualquiera de los 13 integrantes, la práctica y el “decoro” indican que deberá ser elegido entre los jueces, los abogados o el representante académico. Quedan tres semanas de negociaciones por delante entre los distintos sectores.

Seguí leyendo:

Seguir leyendo

Más Vistas