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Los devaluadores pierden y están furiosos

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La estrategia para forzar una devaluación está fallando, lo que reporta quebrantos crecientes a especuladores. Mientras enfrenta ese embate, el gobierno de Alberto Fernández sigue reparando el desastre financiero dejado por el macrismo. Ahora llegó el turno de arreglar el fiasco de Luis Caputo con los fondos extranjeros Pimco y Templeton.

El equipo de los devaluadores está perdiendo mucho dinero desde hace varios meses. Quebrantos que permiten explicar en parte la furia especuladora para forzar un brusco ajuste cambiario. La campaña mediática desenfrenada por una devaluación es otro reflejo del revés recibido por las fuertes caídas de los dólares Bolsa (mep y ccl) y blue en estos días.

En los últimos cuatro meses, en el mercado de dólar futuro quienes han estado apostando por una devaluación acumularon un quebranto de 10.200 millones de pesos. Ese monto es la contrapartida de ganancias anotadas por el Banco Central, el principal operador en la punta vendedora en ese tipo de transacciones.

Ante la consulta de este diario, un operador muy entendido del mercado de dólar futuro Rofex, analizó las posiciones de compra y de venta durante el período julio-octubre. El saldo de ese relevamiento ha sido muy negativo para los promotores de la devaluación.

En esta pulseada el Banco Central ha ganado en cada uno de esos cuatro rounds. Los siguientes montos son una herida que exhiben cuando presionan por una devaluación regresiva para recortar estas pérdidas:

* Julio, 1200 millones de pesos.

* Agosto, 2900 millones de pesos.

* Septiembre, 3100 millones de pesos.

* Octubre, 3000 millones de pesos.

* Total: 10.200 millones de pesos

Pérdidas

Aunque la percepción social construida por el inmenso dispositivo de difusión de la derecha política y mediática sea de un Gobierno acorralado en el frente cambiario, los devaluadores están perdiendo mucho dinero.

Las pérdidas en el mercado de dólar futuro se pueden contabilizar con precisión, como las que se informan aquí. Pero el quebranto global en la plaza cambiaria es más abultada por los últimos cierres de las cotizaciones, puesto que en estos días hubo una intensa caída de los dólares Bolsa (mep y ccl) y blue.

Un retroceso de casi 30 pesos por dólar es un golpe que a algunos especuladores les significará molestias al momento de sentarse este fin de semana.

Buscarán revancha después de ese derrape porque así funcionan los mercados financieros. Pero ese mazazo ha sido impactante teniendo en cuentas que estaban jugados con suficiencia a superar los 200 pesos por cada billete verde.

El resultado fue otro: el ccl terminó en 148 pesos, el mep en 143 pesos y el blue en 169.

Este lunes continuará el partido en un escenario cambiario que sigue siendo complicado, pero los promotores de una devaluación desestabilizadora finalmente perdieron el invicto a manos de la dupla Martín Guzmán-Miguel Pesce.

¿Qué es el dólar futuro?

Son operaciones financieras que adquirieron mayor visibilidad en el espacio público a partir de la denuncia delirante de Federico Pinedo, Mario Negri y Alfonso Prat-Gay contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y 14 funcionarios, que el juez Claudio Bonadio utilizó como parte de su estrategia de persecución política, y que sectores del Poder Judicial la continúan hoy impulsando el juicio oral.

En forma esquemática el negocio del dólar futuro se estructura de este modo:

* Las operaciones del mercado a término no involucran reservas del Banco Central.

* Son transacciones que se cancelan en pesos sobre la base de la cotización oficial del tipo de cambio.

Para algunos es un negocio especulativo y para otros es una operación de cobertura cambiaria, en el caso de exportadores e importadores.

* Se concretan sobre la diferencia entre el precio del dólar pactado y el que finalmente resulta del tipo de cambio oficial (comunicación BCRA A3500) en cada jornada hasta la fecha de expiración del contrato (fin de cada mes).

Esa brecha se cubre en pesos; no en dólares, aspecto que es relevante para entender de qué se trata este mercado, en el sentido de que no afecta las reservas del Banco Central.

* Esa diferencia se va saldando en cada jornada, a favor o en contra, según la cotización del contrato pactado hasta su expiración a fin de cada mes.

El siguiente ejemplo colabora en la comprensión de cómo resulta estas transacciones financieras: en este mes que acaba de concluir el tipo de cambio oficial mayorista cerró a 78,32 pesos. A lo largo de octubre hubo compradores de contratos con valores de 80 pesos para arriba porque especulaban con una devaluación, que no se concretó.

Quienes vendieron esos contratos (cada uno por el equivalente a 100 mil dólares o por 1 millón de dólares, convertidos a pesos al valor pactado), siendo la mayoría ejecutado por el Banco Central, ganaron la diferencia en pesos (entre el tipo de cambio oficial y el precio del dólar superior especulado).

¿Por qué?

Porque el precio final del tipo de cambio fue 78,32 pesos, y no uno superior, diferencia que tuvieron que aportar quienes compraron esos contratos apostando a una fuerte devaluación.

Pulseada

La cobertura cambiaria mediante contratos de dólar futuro, por una eventual devaluación publicitada por economistas de la city y presionada por grupos económicos y mediáticos, resultó un fiasco en términos financieros.

Es habitual en el mercado que financistas busquen redoblar la apuesta para recuperar lo perdido, aunque algunos puede ser que se hayan convencidos de que no les conviene.

Por ahora la pulseada continúa y si no se concreta una brusca devaluación, que ha sido negada en varias oportunidades por el presidente Alberto Fernández y los principales ejecutores de la política económica -el ministro de Economía y el titular del Banco Central-, volverán a anotar fuertes quebrantos.

La bronca de financistas por perder en este juego especulativo no es un factor para desestimar en las burdas operaciones mediáticas desplegadas acerca de la evolución del mercado cambiario, las reservas del Banco Central y la intervención oficial en la plaza de dólar futuro.

Respecto a esto último es bastante peculiar que financistas atemoricen acerca de la emisión extraordinaria que debería hacer el Banco Central si se devalúa por la cantidad de contratos a futuro vendidos, cuando lo que está pasando en esa plaza es lo opuesto a lo que dicen, porque el Banco Central está barriendo con pesos de los bolsillos de devaluadores frustrados.

Antecedentes

Como se mencionó, existe una causa judicial “dólar futuro”, una de las más delirantes impulsada por la alianza macrismo-radicalismo. Antes de fallecer, Claudio Bonadio, magistrado que se dedicó a perseguir judicialmente a CFK, la había elevado a juicio oral.

La disparatada acusación es por administración fraudulenta y perjuicio a las cuentas públicas. Hay una pericia que determinó que la intervención del Banco Central no generó esas consecuencias.

El aspecto más insólito de esa acusación es que la última gestión del Banco Central durante el segundo gobierno de CFK, a cargo de Alejandro Vanoli y con el vicepresidente Miguel Pesce (hoy titular de la entidad monetaria), contabilizó ganancias por 5500 millones de pesos por operaciones con dólar futuro.

Las pérdidas posteriores fueron ocasionadas por la decisión de devaluar del equipo económico de Mauricio Macri, medida que benefició además a varios integrantes de ese Gobierno por sus anteriores apuestas financieras.

El Banco Central macrista debió realizar pagos por unos 55.000 millones de pesos y el origen de ese desembolso no fue por la operatoria en sí, sino por el ajuste cambiario del 40 por ciento con el que inauguró la Alianza Cambiemos su gestión.

La estrategia de intervención oficial en la plaza de dólar futuro apuntaba a desalentar las presiones devaluacionistas. En el 2015 se frenaron hasta que el entonces ministro de Economía Alfonso Prat-Gay -el mismo que hoy da consejos sobre qué hacer con el dólar- devaluó, generando esas pérdidas financieras además de un shock inflacionario.

Ese mismo bloque financiero y de poder que se benefició con la devaluación de entonces presiona ahora por un fuerte ajuste cambiario, lo que implicaría las mismas consecuencias: pérdidas para el Banco Central y ganancias para financistas.

Esos operadores de la city hoy no están en el gobierno como en el 2015, cuando se acomodaron en los dos lados del mostrador: definieron el precio del dólar al tiempo que embolsaron utilidades por sus contratos de compra de dólar futuro, entre ellos el padre del endeudamiento descontrolado, Luis Caputo.

Otra herencia

Existe una tendencia en la city y sus voceros mediáticos de no mencionar que las actuales tensiones cambiarias tienen origen en el desastre financiero realizado por uno de los suyos: Luis Caputo, que a esta altura puede considerarse el peor ministro de Finanzas de las últimas décadas. Es una ofensa al Messi jugador de fútbol que haya tenido ese apodo ese mesadinerista que dejó un caos en la deuda pública.

Sólo la complicidad obtenida por los negocios que regaló a sus amigos financistas oculta la sucesión de disparates realizados en la administración de los pasivos públicos, que hoy se siguen pagando.

Uno de ellos ha sido uno de los motores de la disparada del dólar contado con liquidación. El equipo económico liderado por Martín Guzmán está en camino de arreglar ese desaguisado para aflojar las tensiones en ese mercado.

La más reciente inestabilidad cambiaria en el ccl fue motorizada por dos grandes fondos de inversión internacional (Pimco y Templeton), que suscribieron bonos emitidos por Caputo y ahora, luego de contabilizar pérdidas inmensas, están presionando para venderlos y salir del mercado local. Y lo hacen a través de operaciones ccl.

Esos dos fondos fueron los principales compradores del Bono del Tesoro en pesos a tasa de política monetaria (Botapo o TJ20), emitido por Caputo el 21 de junio de 2017, por un total de 75.000 millones de pesos. El monto de ese bono luego fue ampliado el 25 de agosto del mismo año por 29.399 millones de pesos, hasta totalizar 104.399 millones de pesos. El 21 de junio de 2019 se sumaron otros 37.978 millones de pesos.

En total fueron 142.378 millones de pesos de bonos TJ20. Esa operación ruinosa para los fondos de inversión también fue muy onerosa para las arcas del Tesoro Nacional: acumula pagos de intereses por 157.990 millones de pesos. No hay error en las cifras: en tres años el Tesoro tuvo que pagar más intereses que el capital emitido.

Para aliviar la presión de esos fondos de inversión que buscan convertir esos activos en pesos en dólares ccl, lo que disparó al alza esa cotización, Economía emitirá un bono de 750 millones de dólares esta semana para darles salida y despejar un poco esa franja del mercado cambiario.

Día a día

Las tensiones cambiarias seguirán hasta el último día del gobierno de Alberto Fernández. La clave para aflojarlas y así administrar la crítica situación será mantener el control del mercado día a día con todas las herramientas a disposición, ya sean financieras, cambiarias, regulatorias, de fiscalización y de conversaciones amigables o no tanto con banqueros y agentes bursátiles.

La semana pasada fue la prueba que demostró que aplicando esa estrategia se obtienen resultados positivos parciales. Es una estrategia que debe ser adaptada -con más o menos flexibilización- en cada momento para no correr detrás de los movimientos especulativos de los financistas.

La brecha cambiaria seguirá presente mientras exista un férreo control de capitales y su relajación no se encuentra en un horizonte cercano. Bajarla al 50 por ciento como umbral superior es el objetivo inmediato, para luego seguir reduciendo esa brecha para limitar su influencia negativa sobre las expectativas devaluatoria y, por lo tanto, en la dinámica de la recuperación económica.

Sacachispas todavía no puede gritar un nuevo gol pero junto al Banco Central, que acumula ganancias en el mercado de dólar futuro a cuenta del equipo de los devaluadores, pasó a controlar la pelota para dominar el juego en el campo cambiario.

azaiat@pagina12.com.ar

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MDP : Eximen de tasas municipales a gimnasios y natatorios

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Ante la orden de cerrar hasta el 21 de mayo, por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, el intendente resolvió eximir de tasas municipales a gimnasios y natatorios durante ese tiempo.

 

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, dispuso hoy eximir de tasas municipales a gimnasios y natatorios, que deberán permanecer cerrados hasta el 21 de mayo, de acuerdo a las nuevas restricciones establecidas para los distritos en fase 3 de coronavirus, oficializadas por el Gobierno bonaerense.

Montenegro comunicó hoy su decisión de beneficiar a gimnasios y natatorios durante el tiempo que no puedan desarrollar sus actividades por el avance de la segunda ola de Covid-19, en principio hasta el 21 de este mes.

«Como desde el primer día hablamos con todos los sectores porque sabemos que muchos se ven perjudicados por las restricciones», dijo el jefe comunal a través de un comunicado y agregó: «Es muy importante que cumplamos con los protocolos, para seguir cuidándonos».

Asimismo, confirmó que fue prorrogado hasta el 21 de mayo el libre estacionamiento en zonas permitidas con el objetivo de propiciar una merma en la utilización de transporte público.

Por su parte, Ariel Caltalbiano integrante de la Cámara de Gimnasios, aseguró hoy a Télam que «nadie» les informó sobre las nuevas disposiciones y que hasta el viernes pasado se trabajó «normalmente, bajo los protocolos acordes a la fase 3».

«El año pasado estuvimos cerrados durante 8 meses por las restricciones en el marco de la pandemia del coronavirus y hace poco abrimos con estrictos protocolos; no se registraron contagios y a pesar de ello ahora debemos cerrar las puertas. No creo que podamos seguir subsistiendo de esta manera», lamentó Caltabiano.

El Gobierno provincial oficializó anoche cambios en las restricciones contenidas en la fase 3 -en la que está contenido el distrito de General Pueyrredón-, entre las que se determinó el cierre temporal de las salas de cines, los gimnasios y los natatorios.

Por su parte, los comercios podrán permanecer abiertos hasta las 20, mientras que los espacios gastronómicos podrán trabajar hasta las 23. Se mantiene además la restricción total de circulación entre las 0 y las 6 de la mañana.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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Una canasta de 120 productos con precios congelados por 180 días: la nueva apuesta del Gobierno para frenar la inflación

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La Secretaría de Comercio mantuvo entre lunes y martes reuniones con empresas de consumo masivo para pedirles su colaboración. A cambio, el sector espera que deroguen Precios Máximos
La inflación se aceleró en los últimos meses y alimentos y bebidas es un rubro que no logra ceder a pesar de los controles

Tras haber anunciado días atrás mediante un comunicado que estaba en negociaciones con la industria alimenticia una nueva canasta de productos básicos a precios accesibles, la Secretaría de Comercio Interior comenzó esta semana las reuniones para avanzar con esta anunciada medida, que hasta la semana pasada sólo se reducía a conversaciones muy genéricas con el titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, sobre cómo desarmar el programa Precios Máximos. Con la tensión por la aceleración inflacionaria como trasfondo, el Gobierno citó a las principales compañías alimenticias y les explicó cuál es el plan que busca implementar durante las próximas semanas.

Fueron convocados ayer a la secretaria directivos de Molinos, Mastellone, Arcor, Unilever, Las Marías, Bimbo Papelera del Plata, y el lunes les había tocado a Aceitera General Deheza, Procter & Gamble, Molino Cañuelas, Mondelez, Danone Alicorp. En ambos encuentros, el mensaje fue el mismo: extrema preocupación por la suba de precios y la necesidad de conformar una nueva canasta básica que esté compuesta por 100/120 productos y cuyos precios queden congelados por seis meses

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, recalcó que los precios se estaban disparando y que para poder salir del congelamiento de Precios Máximos, era necesario avanzar con esta nueva canasta, que no tiene que reunir productos de primeras marcas pero que deben poder encontrarse en la mayor cantidad de puntos de venta del país. Le pidió a cada empresa que ofrezca entre 2 y 3 productos con un precio sugerido para poder ponerlo en marcha cuanto antes. El objetivo oficial, según especulan en el sector privado, es que sea lanzado en mayo, en línea con el vencimiento de los máximos (finaliza a mediados de mes).

A diferencia del programa Precios Cuidados, que contiene productos de primeras marcas -como es el caso de la Coca-Cola, por ejemplo- y que tiene como finalidad fijar precios de referencia dentro de cada categoría, en este caso el Gobierno no les exigió a las compañías marcas líderes, sino que lo que busca es que haya una opción dentro de cada categoría básica a un precio accesible y que no se mueva por 180 días. Las empresas deberán hacer sus propuestas y luego comenzará un ida y vuelta con el Gobierno, como es habitual cuando se negocian este tipo de acuerdos.

Fuentes de varias compañías afirmaron que buena parte de la reunión del martes se la llevó la discusión en torno a quiénes son los responsables de la aceleración de los precios. Desde las empresas insistieron en que el propio Indice de Precios al Consumidor (IPC) muestra a las claras que los productos envasados no son los que suben, sino la carne, las frutas y las verduras. De todos modos, en el índice de marzo, que mostró una suba en alimentos y bebidas no alcohólicas del 4,6%, también incidieron fuertemente los lácteos, los huevos y los aceites. De hecho, el litro de leche entera fresca en sachet subió 12%, el yogur firme, 10,8%, y los quesos treparon hasta 15% en el mes, según el Indec.

El nuevo programa que busca lanzar el Gobierno se asemeja a "Precios esenciales" del gobierno de Mauricio MacriEl nuevo programa que busca lanzar el Gobierno se asemeja a “Precios esenciales” del gobierno de Mauricio Macri

Aunque en muy buenos términos, admiten en las empresas, Español les dijo a los directivos que no hubo una salida del congelamiento responsable -en los casos de las categorías que fueron deslistadas- y que había habido muchas innovaciones en el último año, mecanismo que las firmas comenzaron a utilizar en mayor medida para sortear los controles. Así aparecieron “productos mellizos”, como se le suelen llamar, que tienen apenas una mínima diferencia de packaging o de peso. Tanto es así que, semanas atrás, desde la Secretaría de Comercio imputaron a varias compañías por ofrecer productos similares con diferencias de 1 gramo, en algún caso, y cobrarlo hasta 50% más.

La funcionaria hizo especial hincapié en que quiere que esta canasta, que aún no tiene nombre, llegue a todos los canales de venta, que la distribución sea lo más masiva posible. Sin embargo, desde las empresas le plantearon que no están en condiciones de garantizar que eso vaya a ser así porque al canal tradicional -autoservicios y almacenes- les venden generalmente a través de distribuidores.

Español también les pidió que los productos que elijan para que integren la nueva canasta no deben tener problemas de insumos, es decir, tienen que poder ser de fácil producción aún en el actual contexto para que pueda sostenerse el acuerdo. Pero este objetivo tampoco es así de sencillo como lo planteó el Gobierno, ya que “hay problemas a nivel global con los insumos, de precios y abastecimiento”, dijeron en una de las empresas.

La principal duda que tienen las compañías es si realmente Comercio Interior derogará Precios Máximos a cambio de este “aporte” o lo seguirá dilatando aún después de la firma del nuevo compromiso. De todos modos, hay intención de las empresas de colaborar y de generar un puente de diálogo en el medio de tanta tensión acumulada que hasta incluyó la presentación de dos recursos administrativos contra los sistemas SIPRE y SIFIRE, destinados a exigir información sobre costos y otros parámetros, impuestos por la secretaría.

FUENTE : INFOBAE

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Más trabas a las exportaciones de granos, carne y lácteos: qué tiene que hacer ahora un exportador para poder vender al mundo

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Hoy el Ministerio de Agricultura publicó una resolución por la cual regirán mayores exigencias a los operadores delcomercio exterior que deben estar inscriptos en el Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria. Todos los detalles y los primeros rechazos a la medida
Mediante el ministerio de Agricultura, el Gobierno intensificó los controles a las exportaciones de granos y ganados y carne. (REUTERS/Marcos Brindicci)

Mientras se aguardan detalles de las medidas anunciadas la semana pasada para la exportación de carne vacuna, el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que conduce Luis Basterra, publicó hoy la Resolución 60/2021, a través de la cual regirán mayores exigencias a los operadores del comercio exterior que deben estar inscriptos en el Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), que depende de la cartera agropecuaria.

La norma exige la presentación de una enorme cantidad de documentación, mucha de ella ya disponible en otras dependencias del Estado, como paso previo a poder vender al exterior ganado, carne vacuna, lácteos y granos. Los especialistas sostienen, que “los requerimientos aplican a nuevos sujetos que quieran exportar, atentando contra cualquier nueva iniciativa de una pyme y generando mayor concentración”.

El RUCA no es nuevo, fue creado en febrero de 2017 con la idea de regular los requisitos y demás formalidades para la matriculación y registro que deben cumplir las personas humanas y/o jurídicas para ser habilitadas para actuar en las actividades de comercialización y/o industrialización de productos agroalimentarios.

Pero según explican en el Gobierno la resolución de hoy tiene como objetivo de establecer controles sistémicos y evitar el ingreso al mercado de operadores comercialmente desleales. En la misma constan los numerosos nuevos requisitos que deberán cumplir los exportadores:

– Informar las ventas que planean hacer en el próximo año. Los exportadores de granos, leche y carnes que no cuentan con planta propia tienen que presentar “un plan de trabajo proyectado para el próximo año, con detalle de mercadería a exportar, volúmenes, proveedores y destinos” para conseguir matrícula como exportador.

– Información financiera para probar solvencia. Además, para demostrar solvencia, “los interesados en exportar deberán informar el detalle de cuentas bancarias con las que opera, movimientos bancarios de los últimos 6 meses y líneas de financiamiento otorgadas por las entidades informadas”. Lo cierto es que toda esa información ya se encuentra disponible, por ejemplo, en el Banco Central.

También habrá mayores controles a las exportaciones de lácteos. También habrá mayores controles a las exportaciones de lácteos.

– Presentar una constancia que el Banco Central ya les exigía. Por otro lado, hay un requisito puntual para los exportadores que se trata de presentar una constancia de ingreso de divisas del último año, en el caso de haber realizado una operación con el mercado externo. Hay que recordar que en 2020 se había implementado una normativa por la cual en el registro no podía figurar ningún operador que no haya entregado la información sobre liquidación de divisas ante el Banco Central.

– Informar destalles sobre sus empleados y salarios pagos. También se exige a los exportadores que presenten un listado del personal en relación de dependencia, informar sobre la compañía aseguradora de riesgos de trabajo contratada y constancia de las entidades bancarias donde se depositan los haberes de los trabajadores.

– Presentar balances. Otro de los requisitos será la presentación del “último estado contable certificado, para las Personas Jurídicas y Manifestación de bienes actualizada y certificada para las Personas Humanas o socios y/o accionista para el caso de Personas Jurídicas de reciente constitución”.

– Verificar que las empresas a las que compran cumplan con estos mismos requisitos.En el caso de la exportación de ganados y carnes, la resolución también establece que “los titulares de los establecimientos matriculados que presten servicios de exportación a terceros matriculados en este registro, serán mancomunada y solidariamente responsables por los incumplimientos de los requisitos y demás condiciones establecidas en la normativa”.

Fundamentos de la medida

De acuerdo a lo expresado por la cartera agropecuaria, “se han constatado ciertas modalidades de actuación en la operatoria comercial exportadora, de las distintas cadenas de productos, que generan distorsiones en la actividad comercial y dificultan el pleno ejercicio de las potestades tributarias y de control cambiario a cargo de las autoridades competentes”.

Frente a esta situación, con el propósito de transparentar y controlar la exportación, las autoridades nacionales consideraron establecer las nuevas exigencias que serán requeridas a los fines de su inscripción y permanencia en el RUCA y la consecuente habilitación, para ejercer legalmente el comercio. “Los requisitos a incorporar tienden a reducir al máximo la existencia de operadores en circuitos marginales, informales e insolventes, que son los que mayores distorsiones producen en el adecuado funcionamiento del mercado interno y exportador”, se menciona en la Resolución.

En 2020 las exportaciones de carne vacuna alcanzaron las 900 mil toneladas y generaron divisas por encima de los 2.500 millones de dólares. En 2020 las exportaciones de carne vacuna alcanzaron las 900 mil toneladas y generaron divisas por encima de los 2.500 millones de dólares.

Por último, desde el ministerio de Agricultura señalaron que “la medida propiciada brindará un horizonte de mayor certidumbre no solo para los interesados en participar en la actividad, sino también para los compradores extranjeros, creando un entorno que contribuya a consolidar más aun la industria agroexportadora de nuestro país, instalándola como marca distintiva en el mundo”.

Repercusiones

En los últimos días desde diversos sectores de la cadena agroindustrial salieron a cuestionar al Gobierno por la implementación de un Registro para la exportación de carne vacuna. Las dudas que hay en el ámbito privado, es que el mismo funcione como el Registro de Operaciones de Exportación (ROE) que fue aplicado por el kirchnerismo y que provocó un freno a la producción y las exportaciones y derivó en el cierre de plantas frigoríficas. En aquel momento funcionaba el ROE Blanco para los lácteos, un ROE Verde para productos agrícolas y el ROE Rojo para la carne vacuna.

Es por eso que antes de que entre en vigencia dicho Registro de exportadores de carne vacuna, los dirigentes de la Mesa de Enlace pidieron una audiencia con el ministro de Economía, Martín Guzmán; con el ministro de Agricultura, Luis Basterra y también con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías kulfas. Hasta el momento los funcionarios no respondieron el reclamo de los representantes de los productores agropecuarios.

<b>“</b>Fiel a su estilo, el Gobierno dice una cosa y hace otra. Hoy anuncia más burocracia y trabas” (Etchevehere)

Con la aplicación de este tipo de medidas, se profundiza la sensación del sector agroindustrial de que existen en el Gobierno dos sectores que operan de manera diferente al momento de regular la actividad. Por un lado, hay funcionarios y hasta el propio Alberto Fernández, que promueven un aumento de las exportaciones que permitan el ingreso de divisas que son necesarias para combatir los grandes flagelos de la Argentina, como la pobreza e indigencia. Y por el otro lado, se implementan normativas con que no conducen a facilitar las tareas de los exportadores, sino todo lo contrario.

En diálogo con este medio, el contador Juan Manuel Barrero, Socio de Barrero & Asociados, precisó que el Gobierno solicita información mediante la nueva Resolución, que ya cuenta a través del Banco Central, el RUCA, la AFIP y la Aduana para de esa manera poder evitar la subfacturación y controlar el ingreso de divisas. Además, dijo que los requerimientos aplican a nuevos sujetos que quieran exportar, atentando contra cualquier nueva iniciativa de una pyme y generando mayor concentración.

“Se multiplican requisitos y exigen un año antes informar que operaciones se van a realizar. Este es un ejemplo más del exceso control que sufre el sector: no solo cada vez paga más impuestos haciendo que su actividad sea más ineficiente y menos sostenible, que sino genera mayor burocracia”, señaló.

Y agregó: “En definitiva se termina perjudicando a las empresas más chicas, que no tienen otra opción de seguir agrandando su costo administrativo con el fin de reportar” a un socio (el Estado) que sólo participa de las ganancias y no de las pérdidas.Hay muchas inconsistencias como la que obliga a los empresarios ´Sin planta´a informar mercadería a exportar, volumen, proveedores y destinos como si esto fuera fácil o posible proyectar”.

Entre las primeras repercusiones a la Resolución, surgió la opinión de Nicolás Pino, candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina por el Movimiento Compromiso Federal. “Más burocracia es más control y trabas sobre los productores, cabañeros y empresarios del campo. Estas medidas nos hacen perder competitividad y nos traen malos recuerdos”, dijo desde su cuenta personal de Twitter.

El ex ministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, también utilizó las redes sociales para criticar la medida: “Fiel a su estilo, el Gobierno dice una cosa y hace otra. Hoy anuncia más burocracia y trabas para exportar carnes, granos y lácteos. Acceso más difícil para que se exporte menos con pocos operadores. Pide exportar más y dificulta exportaciones”, comentó.

FUENTE : INFOBAE

FOTOT TAPA : RURALNET

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