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LOS INVOLUCRADOS EN LA CAUSA “LA RAZON DE VIVIR” SEGUIRAN DETENIDOS

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El fiscal del distrito bonaerense de Berazategui, Daniel Ichazo, indagó a Marcelo “Teto” Medina, y a los otros involucrados en la causa abierta por supuesta explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica “La Razón de Vivir”, en tanto que su director, Néstor Zelaya, se negó a declarar y permanecerá detenido al igual que el resto de los investigados, según confirmó su abogado defensor Marcelo Biondi.

El exhumorista y animador del programa VideoMatch, Marcelo José Medina, fue arrestado en su domicilio de Palermo, acusado de ser la cara visible de la organización La Razón de Vivir, para reclutar personas con charlas motivacionales en redes sociales y en varios puntos del país, que luego supuestamente eran reducidos a la servidumbre en condiciones infrahumanas.

Los detenidos fueron trasladados a las 7.30 de este viernes a la fiscalía de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming dependiente de los Tribunales de Quilmes, donde permanecieron hasta cerca de las 18 y fueron trasladados nuevamente a la Comisaría Primera de Berazategui.

Los defensores de los detenidos se quejaron de que no se les permitía “ver el expediente” e incluso se retiraron del lugar tras adelantar que irían a hablar con el Procurador General de la provincia “para hacerle saber lo que sucede”.

La investigación sobre la comunidad La Razón de Vivir

Medina y otras 16 personas fueron detenidas el jueves en una serie de allanamientos en CABA, Gran Buenos Aires y Córdoba.

“Recién terminó de declarar por dos horas, contestó todas las preguntas del fiscal, presenté el pedido de excarcelación y ahora hay que esperar 5 días para que el juez de Garantías resuelva su situación procesal”, dijo uno de los abogados defensores de Medina, Adrián Tenca.

“Él fue absolutamente claro, iba una sola vez por semana, trabajaba de once de la mañana a las cinco de la tarde, cumplía un rol de dar charlas a los chicos y no tiene absolutamente nada que ver con el rol de esta organización”, agregó Tenca.

Luego, dijo que Medina “cobraba diez mil pesos por charla, que se los transferían a su CBU”, y que lo que su cliente hacía en esta fundación lo hacía en otras quince.

“A través de las redes sociales, mucha gente le pedía ayuda y demás, entonces él, conforme al lugar donde vivían esas personas, los iba derivando a distintas comunidades”, explicó.

“Medina era un empleado de cada una de las instituciones con las que trabajaba”, concluyó Tenca.

También el abogado de Néstor Zelaya, que se negó a declarar ante el fiscal, dijo que la imputación de explotación laboral a jóvenes con consumo problemático “es absolutamente descabellada”.

Biondi anticipó la posibilidad de que Zelaya declare “la semana que viene”, una vez que estudie la estrategia de defensa.

“Lo que sí les puedo asegurar es que las personas que se han comunicado conmigo desde el día de ayer que tomé la defensa, que son más de 80 o 90, refieren todo lo contrario a lo que se dio a conocer desde la investigación en forma pública con respecto a que no hubo ningún tipo de acción que los haga trabajar en estado forzoso ni en condiciones deplorables”, afirmó.

Sobre el origen de la denuncia, el abogado remarcó que “tiene que ver un cura que formó parte de esta granja, que después se fue”.

Y detalló: “En el momento en que formó parte no vio nunca ningún hecho presuntamente delictivo. Raro es que después de que se fue y abrió su propia granja a los mismos fines comenzó a denunciar distintos hechos”.

Las familias que acompañan el cierre del lugar

En tanto, la madre de un joven que estuvo internado en un predio de La razón de Vivir, denunciante en la causa abierta contra esa comunidad terapéutica, aseguró que hay familias que defienden el lugar “porque no tienen dónde dejar a los chicos”, aseguró que “es mentira que tenían 14 profesionales” en servicio y sostuvo que los jóvenes “no tenían comida, agua para bañarse, ni asistencia médica”.

“Las familias no saben dónde llevar a los chicos, es entendible. Pero también tienen que darse cuenta de que los chicos no tienen que vivir en la situación que viven. Son chicos que están enfermos y necesitan una vida digna”, dijo a radio Con Vos la mujer, que se presentó como Marcela, pero cuyo nombre fue modificado para resguardar su identidad.

El centro “es todo una mentira”, aseguró la mujer, que la nominó irónicamente en varias oportunidades como “la razón de morir”.

“Decían que tenían 14 profesionales y era todo mentira. Todos se ponían títulos, el señor director decía que era contador y era una mentira”, agregó en referencia a Zelaya.

En cuanto a la situación en la que vivían los jóvenes allí, la denunciante refirió que “no tenían comida, no tenían agua para bañarse, no tenían asistencia médica, no tenían asistencia psicológica”.

Consultada sobre si vio un progreso en su hijo a lo largo de la internación, contestó: “Cero, nada”.

“En un año lo vio dos veces al psicólogo. Era una psicóloga en ese momento”, apuntó.

Sobre la modalidad de pago, explicó: “Me hacían depositar dinero a un kiosco que Rubén Durán era el encargado. Resulta que depositaba, depositaba y nunca alcanzaba. Mi hijo no tenía ni un jabón para bañarse”.

Sobre el sacerdote “Quique”, a quien nombraron familiares de personas internadas en el lugar, sostuvo que “es una persona de bien” y que “muchos chicos no se murieron gracias a él”.

A modo de corolario, pidió a las autoridades “que por favor tomen cartas en el asunto. A las familias las entiendo. No les crean todo lo que les dicen los señores directivos por eso hay 17 detenidos. Que realmente se haga justicia”.

La situación actual en la comunidad

A su turno, uno de los jóvenes rehabilitados que se hicieron cargo provisoriamente de la comunidad terapéutica tras las detenciones de los responsables del centro, aseguró que “los chicos están tranquilos, cumpliendo sus actividades como corresponde”, y señaló que “ya pasó lo peor”.

Foto Pepe Mateos

Foto: Pepe Mateos

“Lo peor fue vivir el allanamiento, tener patrulleros adentro como si los chicos hubieran cometido algún delito”, dijo a Télam el joven, llamado Catriel, quien subrayó que “hoy está normal la situación” en la sede de la comunidad de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense.

Catriel, que junto a otros cinco jóvenes rehabilitados decidieron hacerse cargo de ese centro, dijo que “los chicos recién se despertaron; estamos todos los chicos rehabilitados unidos y vamos a tratar de sacarlo adelante”.

“La causa mía de estar acá, hoy, es luchar por la recuperación de mis compañeros”, agregó.

 

Telam

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Condenan a Cristina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua

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Es por el cargo de defraudación al Estado en la causa Vialidad. Los jueces rechazaron condenarla por asociación ilícita. La condena no se aplica porque todavía puede apelar ante la Cámara de Casación y luego la Corte Suprema.

El Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación en la causa Vialidad. A Lázaro Báez también le dieron 6 años.

La vicepresidenta no fue encontrada culpable por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la que había sido acusada junto a otros ex funcionarios como Julio de Vido y Abel Fatala, que también fueron absueltos en ese punto y en el resto de los cargos.

De este modo el Tribunal no la encontró culpable de ser “jefa de una banda” como la acusaban los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Era el punto más difícil de probar, ya que un Gobierno no puede ser culpado de ser una asociación ilícita.

Cristina es la primera vicepresidenta de la historia en ser condenada por corrupción durante el ejercicio de su cargo. Aunque no irá presa porque la sentencia no estará firme hasta que Cristina agote las instancias de apelación, primero ante la Cámara de Casación y luego ante la Corte Suprema. Mientras no haya sentencia firme, no se aplicará la condena y por eso Cristina podrá ser candidata el año que viene.

Los fundamentos de la sentencia se leerán el 9 de marzo de 2023, desde entonces sólo Cristina y los fiscales tienen la posibilidad de apelar el fallo. La vicepresidenta apelará la condena y los fiscales apelarán la absolución que recibió Cristina en el cargo de asociación ilícita.

Los fiscales Luciani y Mola habían pedido 12 años de prisión pero los jueces Carlos Gorini, Andrés Bassi y Rodrigo Giménez Uriburu condenaron a la ex presidenta por la mitad de ese tiempo.

Un grupo de militantes se agolpó en las puertas de los tribunales de Comodoro Py para esperar la sentencia. El piquetero Luis D’Elía, que venía hablando de “golpe”, fue uno de los líderes de la movilización.

FUENTE LA POLITICS ONLINE

FOTO TAPA EL CRONISTA

 

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Camaristas explicaron por qué permitieron la exploración petrolera frente a la costa de Mar del Plata

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Este lunes se conoció el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que revocó la medida cautelar que prohibía la exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. En ese marco, los jueces Alejandro Taza Eduardo Jiménez brindaron una conferencia de prensa, donde argumentaron su posición.

“La Cámara ha tomado la decisión judicial de autorizar la exploración petrolera en el marco de un proyecto que es más grande, superior, en base al aporte de nuevos informes brindados tanto por el Estado como de la empresa encargada de hacer este tipo de tareas, considerando que aquellos requisitos que hemos impuesto para preservar el medio ambiente estaban cumplidos“, expresó el juez Alejandro Taza.

En relación a la posibilidad que la decisión judicial sea apelada, Taza explicó: “Estamos en un proceso de amparo en el marco de una medida cautelar que había sido dictada por el juez en primera instancia, luego vino a la Cámara, se impusieron una serie de requisitos. El Estado y la empresa petrolera dieron respuesta a esos requisitos, la Cámara los analizó e impuso nuevas condiciones y autorizó al exploración petrolera que estaba programada oportunamente por el Estado como la empresa. En principio, es una decisión definitiva y las partes pueden interponer únicamente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema”, dijo.

En ese caso, “la Cámara debe analizar si es procedente o no y en su caso, conceder o no el recurso extraordinario ante la Corte Suprema”.

“El Poder Judicial no es el encargado de fijar las políticas públicas por parte del Estado, eso es algo que le incumbe al poder político. Nuestras tarea es simplemente velar por la legalidad del proceso que se lleva a este tipo de proyecto y cuidar y preservar el medio ambiente que en definitiva es algo que nos comprende e interesa a todos”, remarcó.

Y agregó: “En ese contexto, hemos hecho una serie de resoluciones  tendientes a preservar el medio ambiente de la mejor manera posible, procurando a que existan observadores y velando pro el cuidado del medio ambiente, fundamentalmente de la Ballena Franca que se alimenta en esa zona y el fitoplancton. Hemos ordenado medidas de mitigación del impacto porque se hace a través de artefactos sonoros que pueden llegar a perturbar la tranquilidad o algún indicio de perturbación al medio ambiente, frente a cualquier situación que se produzca en ese sentido, nosotros estaríamos dispuestos a tomar las medidas pertinentes que correspondieran”, aclaró.

En tanto, para el juez Eduardo Jiménez, justificó la decisión porque “nos enmarcamos en el mandato constitucional, que es de desarrollo sustentable y remarcó que la justicia “no va a interferir en la política de desarrollo del gobierno” pero “sí marcar pautas de resguardo” ambiental.

En ese análisis, argumentó que “YPF hace ese tipo de prospecciones desde hace 90 años, con bombeos de aire sonoros, para ver si el lugar es aceptable o no y con más de 138 procesos en marcha y no hay ningún accidente ecológico que se haya producido” y mencionó el CAN 114 y 08 “que están en zona de reproducción y alimentación” de las ballenas francas.

Asimismo, mencionó la zona del Agujero Azul, “que es donde descansan los restos del (crucero ARA) General Belgrano que tiene una media sanción para ser protegida” y “que es uno de los sectores de biodiversidad más importantes que tiene la República”.

Jiménez aclaró que con este fallo “se está explorando y no explotando” y que se impusieron “observadores calificados como los del proyecto Pampa Azul, con 9 universidades y 6 ministerios y están para la preservación del Mar Argentino”.

Si hubiera la posibilidad que los cetáceos murieren, se detiene el proceso“, remarcó Jimenez y dijo: “No quisimos avalar ni un fascismo ambiental ni una explotación a cómo venga, tenemos que buscar un justo equilibrio para que no dañe los ecosistemas”, completó.

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Causa Potenciar Trabajo: el fiscal Marijuán denunció a la ministra Tolosa Paz por incumplimiento de los deberes de funcionario público

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También la acuso de “abuso de autoridad” y “malversación de caudales públicos”. A Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita le imputa los mismos delitos. Entiende que la titular del ministerio de Desarrollo Social no dio de baja a los más de 250.000 beneficiarios de ese programa con las presuntas incompatibilidades detectadas por la AFI

El fiscal Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, por los presuntos delito de “Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”. Les reprocha no haber dado de baja a los 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular por tener alguna “incompatibilidad”, según el informe que el 24 de octubre envió la AFIP a la cartera que conduce la ex diputada nacional y que fue solicitado por su antecesor Juan Zabaleta.

El fiscal federal abrió una investigación preliminar después de que Infobae publicara el contenido de ese informe. Además solicitó que varios funcionarios declaren en calidad de testigos: primero fue el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, quien ratificó los informes elaborados por el organismo. Explicó que los contenidos son “estadísticos” y no nominales por el “secreto fiscal” al que está impuesto el organismo recaudador; y precisó que solo un juez puede levantarlo de ese impedimento.

La aclaración era por las críticas públicas que había realizado la ex diputada nacional. Aun conociendo la legislación -es contadora-, en conferencia de prensa dijo que la AFIP no había proporcionado la identidad de los titulares del plan social que, por ejemplo, tenían autos con menos de un año de antigüedad, había comprado dólares y disfrutaban de más de una propiedad. Todas incompatibilidades manifiestas.

El miércoles fue el turno de Juan Manzur, el jefe de Gabinete., quien declaró por escrito: respondió 11 preguntas y deslindó responsabilidades en Tolosa Paz.

Manzur aclaró que, si bien conocía el contenido del trabajo de la AFIP sobre el listado de titulares del Potencial Trabajo, más de 1.300.000, y “los requisitos” para ser excluidos del programa, respondió: “De lo que aquí interesa en la relación a la aplicación y/o ejecución de cada individuo que se inscribe en el ‘Potenciar Trabajo’, como así también la aprobación de su incorporación al mismo, son potestad de la autoridad de aplicación, a través de la ejecución de los planes, programas y proyectos”.

La “autoridad de aplicación” es el ministerio de Desarrollo Social al frente del cual está, desde el 13 de octubre, Tolosa Paz. La precedieron en el cargo Daniel Arroyo, y Juan Zabaleta.

Juan Manzur, jefe de Gabinete y Carlos Castagneto, titular de la AFIP, declararon como testigos en la investigación preliminar del fiscal Guillermo MarijuánJuan Manzur, jefe de Gabinete y Carlos Castagneto, titular de la AFIP, declararon como testigos en la investigación preliminar del fiscal Guillermo Marijuán

Dentro de esa cartera, el Programa Potenciar Trabajo funciona bajo la orbita de la Secretaría de Desarrollo Social comandada por Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita. El dirigente social administrará en 2023 -como lo hace ahora- fondos multimillonarios. En total, $594.285.915.597; un presupuesto más alto que el destinado a las políticas alimentarias, que es de $442.755.687.402; y casi la mitad de la partida presupuestaria que para el próximo año autorizó el Congreso para el ministerio de Tolosa Paz en un año electoral: $1.169.156.152.175, es decir más de un billón de pesos.

Los fundamentos de la denuncia penal

“Vengo por la presente a efectuar formal denuncia contra la actual Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz y contra el Secretario a cargo de la Secretaría Economía Social de dicho organismo, Emilio Miguel Ángel Pérsico, por las conductas que encuadran en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, previstos y reprimidos por los artículos 248 y 260 del Código Penal, ello conforme lo actuado en esta investigación que será referenciado en adelante”, comienza el escrito de 24 carillas presentado por el Fiscal Guillermo Marijuán y al que accedió de manera exclusiva Infobae.

Marijuán le reprocha a la ministra que, ante el informe de la AFIP no cumplió con su función de dar de bajas a esos titulares o al menos solicitar que se releve del secreto fiscal a la AFIP y así investigar si, efectivamente, esos beneficiarios recibían un subsidio del Estado fuera de las normas.

En ese trabajo, la AFIP había detectado, sobre un padrón de 1.382.279 beneficiarios, que “44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses (entre enero y junio pasado) mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil”. Que “52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc”. Que “63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil y que “253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales (no se aclara si son dueños de una moto o un auto de alta gama)” y que seguían empadronados hasta más de 2.800 personas fallecidas.

infobae

Marijuán entiende que: “Resulta evidente que a raíz de la labor solicitada por la anterior gestión a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también por la titular actual de ese organismo a la AFIP, se tomó conocimiento de esa situación, lo que debió derivar en una orden inmediata de la Ministra Victoria Tolosa Paz y de los funcionarios responsables, de suspensión y re empadronamiento de las personas que son beneficiarias del “Programa Potenciar Trabajo” y que resultaban observadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, no obstante lo cual la actitud fue muy distinta y de allí esta denuncia penal”.

Para el fiscal federal, el no haber dado de baja a los titulares del programa social con incompatibilidades “existió claramente una inobservancia de estas conclusiones, ya que con posterioridad a conocer el informe de la AFIP enviado con fecha 24 de octubre del año en curso, la Ministra Victoria Tolosa Paz requirió nuevamente una información complementaria de ese organismo, ya con otros conceptos distintos de los originales”. En este caso se realizaron menos preguntas, con otros criterios y con un padrón más chico.

No conforme con eso, y lejos de realizar un reempadronamiento el fiscal determinó que la ex diputada nacional “ya en conocimiento de dos informes de la AFIP que ponían en su conocimiento inconsistencias en los planes “Potenciar Trabajo” otorgados, la Ministra hizo un nuevo pedido al organismo fiscal ampliatorio del anterior -con fecha 17 de noviembre de 2022-, esta vez consultando solo por cuatro items, que fue respondido por AFIP, haciendo saber la normativa de la cual surgía el carácter secreto y consecuente obligación de reserva de la información económica-patrimonial contenida en las declaraciones juradas , manifestaciones e informes de naturaleza impositiva presentadas ante el Organismo, detallando que el pedido efectuado no se encontraba incluido dentro de las excepciones al secreto fiscal”.

En esta oportunidad, destaca el fiscal en su denuncia contra Tolosa Paz y Pérsico, la AFIP le respondió que “en relación a los atributos -por los datos- solicitados en su mayoría resultaban de acceso público”.

Sobre el final de la presentación penal, el fiscal Marijuán remarcó: “Cabe destacar asimismo, que en los informes realizados por la AFIP se señaló que había personas fallecidas, en relación de dependencia, o con beneficios jubilatorios, con bienes personales declarados y/o declaraciones juradas presentadas por su condición de contribuyentes alcanzados impositivamente, con bienes y/o vehículos – motos y autos-, así como con intervención en el mercado de cambios. Esto inexorablemente debía derivar en una actividad directa y concreta hacia la suspensión de estos planes, para evitar el perjuicio que mes a mes importa pagar un Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo” para alguien que es incompatible con la ley que lo establece y reglamenta”.

Tolosa Paz recién solicito al Juez Federal Julián Ercolini que releve a la AFIP del secreto fiscal el lunes pasado, una vez que Marijuán avanzó en su Investigación Preliminar: ya había tomado declaración testimonial a Castagneto; había citado a Manzur y había escuchado las testimoniales de los responsables que administran el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que coordina el intercambio de información de personas físicas y jurídicas entre organismos públicos nacionales y provinciales.

Según las normas vigentes, Desarrollo Social no debe liberar los haberes del Potenciar Trabajo a sus titulares hasta que el SINTyS informe que no hay incompatibilidades. Las incompatibilidades las determina Desarrollo Social, a través de la resolución 121/2020.

infobae

Por eso, al declarar ante Marijuán, Castagneto explicó que, para elaborar sus informes: “La AFIP utilizó las bases de datos que tiene para responder los informes, pero siempre respetando el secreto fiscal. Estos informes contestaron los puntos que fueron requeridos con datos estadísticos, no reflejan una opinión al respecto”.

Ante otra pregunta del fiscal, el funcionario también dejó en claro que: “La AFIP declara datos estadísticos, no declara irregularidades, no somos un ente ejecutor ni definidor de estas políticas públicas”. Como Manzur, también dejó en claro que esa era tarea de Tolosa Paz y, para mayor precisión subrayó: “No somos nosotros los que tenemos que decir si alguien está cometiendo una irregularidad. La AFIP no es organismo ejecutor ni de aplicación de los planes Potenciar Trabajo”.

El fiscal Guillermo Marijuán denunciará a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz por presunto mal desempeño en sus funcionesEl fiscal Guillermo Marijuán denunciará a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz por presunto mal desempeño en sus funciones

Estas son algunas de las razones por las que el fiscal federal está convencido de Victoria Tolosa Paz “se apartó de su responsabilidad” razón por la cual la denunciará a ella y a los responsables del Potenciar Trabajo por presunto “mal desempeño de funcionario público”.

la denuncia penal de Guillermo Marijuán será sorteada por Cámara Federal, y la responsabilidad de imputar algún delito a Tolosa Paz y/o otros funcionarios recaerá en un magistrado y un nuevo fiscal. Por conexidad, la causa también puede aterrizar en el juzgado de Julián Ercolini quien, junto al fiscal Eduardo Taiano ya investigan las presuntas irregularidades en la administración del programa Potenciar Trabajo denunciado por el diputado Wado Wolf y una segunda denuncia que también presentó Marijuán en el mismo sentido. La novedad, en este último caso, es que el fiscal la acusa a Tolosa Paz de haberse “apartado” de las normas, haber abusado de su autoridad, haber incumplido con sus deberes y malversar causales públicos. Los mismos cargos le imputo al secretario Emilio Pérsico quien además, es uno de los líderes del Movimiento Evita.

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