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Los medios se preparan para la era Fernádez: nuevos cálculos de pauta y realineamiento político

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El mapa de medios muestra a un gran grupo seguido de un pelotón que prepara nuevos movimientos. Un sector en transformación que se mueve en clave política. Nota de Andrea Catalano en iprofesional:

“Nunca estuve a favor de la ley de medios, no era el instrumento para resolver el problema de los monopolios. En Argentina esta ley sirvió para plantear este debate y esa batalla cultural claramente se ganó. Hoy, cuando leés Clarín, sabés lo que leés, y cuando leés Página 12, sabés lo que leés. Lo que se necesita es una ley de defensa de la competencia, una ley antimonopolios, una ley de defensa del consumidor”.

La frase corresponde a Alberto Fernández, candidato a presidente del Frente de Todos y probable ganador de la próxima elección. Más allá de la actual coyuntura, donde el presidente Mauricio Macri está convencido de que tiene chances de dar vuelta los resultados electorales de las PASO, lo único cierto es que habrá un ciclo nuevo a partir del 10 de diciembre.

Y uno de los sectores que más rápidamente reacciona a los cambios de clima político es el de los medios de comunicación. Lo cual es explicable: se trata de un sector que no solamente tiene una estrecha relación con el poder político sino que además depende en buena medida de la pauta publicitaria estatal para mantener equilibradas sus cuentas en un entorno inestable.

El mapa de medios ya había entrado en un proceso de transformación cuando asumió Cambiemos, en parte por el redireccionamiento de la pauta y en parte por el profundo impacto que suponen las nuevas tecnologías y los cambios de hábito de los consumidores.

Lo cierto es que, con el cambio político que se avecina, los directivos de los medios argentinos ya se preparan para una etapa nueva. Nadie está totalmente seguro sobre cuál será la tónica, pero todos entienden que se vienen cambios.

“La primera impresión, en caso de que ganara Alberto Fernández las elecciones, es que hay una tensión interna sobre si una política activa en el sistema de medios se va a realizar de arranque o después de ocuparse de los temas más urgentes. Hay una duda sobre en qué momento lo hará. Están ambas tensiones hoy”, sostiene Fernando Ruiz, profesor de Periodismo y Democracia de la Universidad Austral (UA).

Para el docente de esta casa de estudios, el otro punto a analizar es el referido a la “transformación apocalíptica” que vienen soportando los medios en el mundo.

“La política es una pequeña tormentita dentro de esa gran tormenta que atraviesan. Las grandes redacciones son retiros voluntarios ambulantes y no se puede discriminar entre quién aporta más o menos valor cuando en el discurso marketinero de medios se dice que la clave es aportar valor para generar comunidad”, amplió.

“La pauta oficial, en la actualidad, está cercana al 20% del total de la torta publicitaria que soporta a los medios de comunicación. Y la privada está todavía más concentrada”, dijo a iProfesional Agustín Espada, investigador del Conicet y uno de los responsables, junto con Martín Becerra, también investigador experto en medios, del Monitoreo de Propiedad de los Medios (MOM), realizado por la organización Reporteros sin Frontera y la Cooperativa Por más Tiempo.

Allí se puede ver con claridad cómo está conformado el mapa de medios actual, con una indudable posición de fuerza del Grupo Clarín, seguido por el Estado Nacional como escolta, aunque varios cuerpos por detrás. En un tercer pelotón más o menos igualitario se ubican los grupos La Nación, Indalo Medios, Pierri, América, Moneta y Viacom.

Solo en el primer semestre de 2019, el Gobierno nacional gastó $2.177 millones en pauta oficial (unos u$s36 millones), un 200% más que en el mismo período del año anterior. Y, para tener una mejor foto aun, una cifra bastante similar (en términos nominales) a la que gastó a lo largo de todo el 2018 cuando la inversión alcanzó los $2.250 millones (unos u$s75 millones tomando un dólar promedio a $30 para ese lapso), según los datos publicados por Jefatura de Gabinete.

Clarín, Viacom, América, Indalo, Prisa-Albavisión, Supercanal, La Nación, Perfil, Google y Octubre, en ese orden, fueron los medios que capitalizaron la mayor parte de la publicidad oficial desembolsada entre enero y junio de este año.

Espada consideró que seguramente habrá cambios en las estructuras de propiedad de algunos medios, tal como sucedió luego de 2015 cuando asumió Cambiemos.

Uno de los cambios más fuertes que mostró la pauta oficial entre 2015 y 2016 y años subsiguientes no fue sólo el referido a los montos sino también a los destinatarios. Mientras en 2015 el principal beneficiario de la pauta oficial fue el ya inexistente Grupo Veintitrés, hoy lo es el Clarín.

La comparación sobre la pauta oficial entre 2015 y 2016 mostró una reducción de 30% en términos nominales, de acuerdo a un estudio realizado por Espada y Santiago Marino, docente e investigador de medios. En el primer semestre de 2015 se desembolsaron $552 millones (u$s61 millones al cambio de $9 de aquel entonces), mientras que en el mismo lapso de 2016 se trató de $435 millones (u$s29 millones al cambio de aquel momento).

Detrás del pelotón, el mapa de medios coloca a otro grupo de jugadores no muy lejos. Varios de ellos son grupos o empresas que, además de medios, participan del negocio de las telecomunicaciones y de la generación de contenidos.

Ellos son Infobae, Perfil, PRISA, Albavisión, Walt Disney, Turner, Telefónica, Claro, DirecTV, Televisa y Grupo de Narváez. Sin olvidar a otros grupos locales de relevancia como son el Grupo Olmos y la Fundación Octubre, además de La Gaceta de Tucumán, Grupo Televisión Litoral y iCondor (White Bridge-Carval).

“Figoli es un empresario surgido en esta etapa y no se advierte que haya sido muy beneficiado con la pauta oficial. Lo que muestra que se producen cambios. Tal vez hacia adelante ocurrirán pero no tanto como sucedió entre 2015 y 2017 con casos como el del Grupo 23”, sostuvo el investigador.

Marcelo Figoli, dueño de Fénix Entertainment, explota el negocio de medios a través del Grupo Alpha Media. En septiembre pasado se hizo de Radio Rivadavia, y así se evitó el remate luego del proceso de quiebra. La popular emisora pasó a ser parte del grupo de radios La990, Rock & Pop, el 50% de Blue y la producción y comercialización de Radio Colonia y FM Mágica, además del 80% de la agencia Noticias Argentinas (NA).

Tal como indicó Espada, su ingreso en el negocio de medios se produjo en 2016 cuando adquirió Rock & Pop y Splendid, hoy La990. Y la expansión se concretó en 2018 con la incorporación de las radios mencionadas y de la agencia NA, que adquirió en un 80% a la familia Fascetto, dueña de Diario Popular.

Reorganizar el sistema comunicacional
Para Ana Bizberge, directora de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes (UNQUI), el posible triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en las elecciones de octubre, “abre una serie de interrogantes sobre la organización del sistema de comunicaciones en Argentina, a partir de una coalición de bases ampliar y miradas heterogéneas”.

Para la investigadora, el escenario planteado por la gestión actual “se caracteriza por la re-regulación y la implementación de políticas que permitieron la agudización de la concentración, el desmantelamiento de medios públicos y gubernamentalización de la autoridad de aplicación, ENaCom, como lo demostró el estudio MOM Argentina”.

Según su criterio, el candidato a presidente por el Frente de Todos se ha referido al rol de los medios “como negocios”, y también a los “derechos adquiridos” del Grupo Clarín en relación a la fusión Cablevisión-Telecom, entre otros aspectos.

“Una señal hacia los medios comerciales fue dejar en claro la preeminencia de la dinámica comercial de los medios y establecer una división respecto del rol que les cabe a las organizaciones sin fines de lucro, así como a los medios públicos: “Cada uno tiene un rol que cumplir y tiene que cumplirlo bien”, dijo en la entrevista para Tiempo Argentino”, destacó la experta.

Hay algo que está claro para la próxima administración, sea quien sea el elegido el próximo 27 de octubre: la política de comunicación no será una prioridad, coincidieron los consultados. Y no porque no lo merezca. Las urgencias se llevarán la mayor atención y esfuerzo.

Nadia Koziner, docente e investigadora de la UBA, la UNQUI y el Conicet, también conversó con iProfesional y sostuvo que “habrá más novedades en la relación entre la política y los medios más que en la política de medios”.

Según la académica las referencias del Frente de Todos sobre medios y medios públicos son muy generales pero anticipó que, en su visión, “ha sido tan paupérrima la política de comunicación de Cambiemos que es poco lo que hay que hacer para que sea buena”.

Digital y después
Desde hace dos años la torta publicitaria en la Argentina se mantiene estancada, si no en contracción. Y el aumento de la facturación anual responde sólo al factor inflación. El corrimiento hacia lo digital también impacta en los números.

En los primeros cuatro meses de este año, la inversión publicitaria privada cayó en cantidad de anuncios, de espacios comprados. Se redujo un 23% en radios y un 22% en revistas en relación a los primeros cuatro meses de 2018. Los diarios porteños vieron ajustada esa relación un 17%, mientras que la televisión de la Capital Federal y por cable la soportó en un 7%, y los canales del interior en un 6%, de acuerdo a datos de Monitor de Medios.

Un informe de Zenith Media sobre la distribución del gasto publicitario a nivel global de cara a 2021, arrojó que el 52% se destinará a Internet, el 27% a televisión, el 7% a vía pública, el 6% a diarios, el 5% a radios, el 3% a revistas y el 1% a cine. El reporte abordó la situación en 84 países, entre los que se encuentra la Argentina.

“Hay medios que muestran cómo se van reacomodando en los nuevos contextos. El empresario Daniel Vila dejó negocios (N. de la R.: el de la televisión paga) para focalizarse en otros segmentos”, ilustró Espada.

Y no se quedó ahí: “Hay radios que están sobre las cuerdas, como El Mundo, del Plata y Rivadavia. Hay que ver si CNN Radio sigue o si definitivamente replicará la experiencia chilena. Perfil y sus radios y un segundo canal de televisión a operar es otro caso. Una economía en recesión es fría para la pauta y también para los lanzamientos”, apuntó.

¿Qué podría pasar con Víctor Santa María, director general del grupo de medios Octubre? Para Espada, este dirigente, secretario general del SUTERH y con ambición para formar parte de la conducción de los destinos del club Boca Juniors, “es una empresario de medios anfibio. Si bien en el contexto que atraviesa el sector no se preveía que creciera fue uno de los que más lo hizo cuando, justamente, compró Página 12.

Para el investigador el empresario, sindicalista y eventual dirigente futbolístico es la figura del mundo de medios que crece con más fuerza. Pero eso no implica que no se dejen de observar a otros referentes:

Por un lado, aparece Belocopitt, accionista del Grupo América, además de ser el dueño de Swiss Medical. Habrá que ver, según el experto, si mantiene su participación en ese negocio.

Otro caso a seguir es el de Marín Kweller, dueño de la productora Kuarzo, asociada con Perfil Network para la gestión de Net TV, el canal de televisión más joven que acaba de cumplir un año.

También habrá que prestar atención a lo que suceda con DirecTV; con Claro; con Telecentro, si van a dar algún paso para entrar o salir de algún negocio, según de quién se trate, sin olvidar que aún queda pendiente de resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia las implicancias locales de la fusión entre Fox y Disney.

“Sobre la concentración mediática –dice Bizbergé- si tomamos en cuenta los dichos sobre la fusión Cablevisión-Telecom subyace un enfoque que, en principio, no problematiza esta dimensión e, incluso, se ha manifestado en favor de una mirada centrada en la aplicación de criterios de defensa de la competencia”.

El problema, señalaron los especialistas, es que estos organismos carecen de un conocimiento específico del sector, hecho que impacta en la toma de decisiones.

“Algunos aspectos que serán centrales para la nueva administración tendrá que ver con el abordaje de los cambios tecnológicos, de la convergencia digital para la elaboración de políticas para el sector que tenga en cuenta un entramado en el que no sólo participan los grandes sino también pymes, cooperativas y medios comunitarios”, expresó Bizbergé.

Como se dijo: en distintas entrevistas, Fernández se ha referido al rol de los medios: a los medios como negocios, al rol de los medios públicos, a Grupo Clarín y los “derechos adquiridos” sobre la fusión Cablevisión- Telecom, entre otros aspectos.

En ese sentido, Koziner consideró que “la mayor dificultad será revertir la enorme concentración de la propiedad, a lo que se debe sumar también el desafío de la convergencia que complejiza la problemática”.

Todo esto deberá ir resolviéndose, en un esquema ideal, en la medida en que los medios puedan ir sorteando su propia crisis. Tanto Espada como Ruiz señalaron la caída de ingresos publicitarios y el corrimiento hacia lo digital. Temas que, en un contexto de tanta urgencia, quedan casi irremediablemente dejados en segundo plano.

Ruiz propuso el avance de un pacto de Estado donde se reconozca el valor institucional del periodismo y se lo proteja, defienda y sostenga como tal “porque si no puede producirse un proceso de desertificación fuerte, especialmente en algunas zonas del país”, aseveró.

Si bien reconoció que el periodismo como institución también está desprestigiado, sostuvo que se podría avanzar en una ley consensuada de publicidad oficial donde quede reducida su dimensión de control, es decir, que no sea utilizada para controlar a los medios. Hecho que se repite con la publicidad privada.

“Que sea muy legítimo para el poder político cuestionar a los medios pero que no lo sea para tomar represalias. En este contexto de crisis tan grande creo que es posible pensar en algo en este sentido”, concluyó.
Fuente: iprofesional

 

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Bonos en dólares cedieron hasta 5,6% a la espera de avances en negociación del canje

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Los títulos en moneda dura retrocedieron luego de tres jornadas con subas, mientras se mantuvo la expectativa con respecto al acuerdo por canje de deuda. El riesgo país avanza un 2,6%. ADRs cerraron mixtos, y el S&P Merval perdió 2,2%.
Tras anotar importantes subas en las últimas tres jornadas, los bonos y las acciones revirtieron ímpetu alcista y cayeron este martes, en un contexto expectante a señales sobre avances en la reestructuración de la deuda soberana, con negociaciones que se podrían extender más allá de este viernes si no se alcanza un acuerdo.

Coincidiendo con el epílogo de la jornada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo una videoconferencia con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina -AMCHAM- que Argentina podría extender el período de negociación con sus acreedores que vencía el 22 de mayo en momentos en que el país continúa con un “diálogo constructivo”.

Con esa novedad, los bonos soberanos profundizaron sus bajas, y terminaron con retrocesos de hasta el 5,6%, por lo que el riesgo país de Argentina, medido por el banco JP.Morgan , subía 67 unidades a 2.757 puntos básicos.

Los acreedores de la Argentina hicieron contraofertas a fines de la semana pasada después de rechazar una propuesta inicial del Gobierno que implicaba una suspensión de pagos de tres años, un recorte del 62% en los pagos de cupones y vencimientos hasta 2030 e incluso después.

“Será muy difícil cerrarlo esta semana (el acuerdo), por eso hay una alta probabilidad de un default técnico. Aunque en principio esto no generaría una situación dramática, ya que la deuda no se aceleraría y las negociaciones continuarían los siguientes días”, estimaron desde una sociedad de bolsa.

“Se habla de una prórroga de diez días para acercarse a un VPN (Valor Presente Neto) del 50/55%”, dijo otro agente.

El Gobierno insiste en que cualquier acuerdo debe cumplir con su propio análisis de lo que sería sostenible para la economía, que atraviesa una severa crisis, como también el del Fondo Monetario Internacional (FMI), el principal prestamista del país.

“Las contrapropuestas representan un progreso. Pero las dos partes permanecen a metros, no centímetros, de lo que podría funcionar”, dijo a Reuters una fuente familiarizada con las conversaciones del Gobierno con los acreedores, que pidió no ser identificada. “Si tomas su oferta al pie de la letra, no solo está más allá de lo que el Gobierno consideraría aceptable, sino que también está más allá de lo que funcionaría en un marco del FMI”, añadió.

Las contraofertas de los principales grupos de acreedores exigen un período de gracia más corto -de un año- para los pagos y tasas de interés en promedio más altas que la propuesta inicial del Gobierno.

Las conversaciones pueden continuar más allá de la fecha límite del viernes, ya que el Gobierno busca calmar la crisis de la deuda para revivir la economía, más afectada aún por la pandemia del coronavirus.

La oferta de reestructuración del Gobierno representa alrededor de 40 centavos por dólar y las contraofertas fueron de poco menos de 60 centavos por dólar.

Los bonos argentinos ya se cotizan a niveles muy bajos, principalmente entre 30 y 35 centavos por dólar, después de una fuerte caída el año pasado, cuando aumentaron los temores sobre un posible incumplimiento soberano, que sería el noveno del país.

“Las discusiones están en curso. Los próximos días serán cruciales”, dijo la fuente. Recordemos que el viernes finaliza el período de gracia para pagar intereses de bonos en moneda extranjera que vencieron el 22 de abril.

S&P Merval y ADRs

En la plaza bursátil, el índice S&P Merval cayó un 2,2%, a 39.388,72 puntos, en línea con la trayectoria declinante de los mercados externos.

En Wall Street, en tanto, los papeles de empresas argentinas cerraron sin una tendencia definida. Las subas fueron lideradas por las acciones de Loma Negra (+9,6%), una de las preferidas por los inversores en las últimas jornada, tal como lo muestra su creciente volumen operado. Por el contrario, las bajas fueron encabezadas por los activos de Tenaris (-9,4%).

FUENTE : AMBITO

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Freno a las facturas de luz y gas absurdas: el gobierno les puso límites

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Los entes de control de la luz y el gas reaccionaron rápido frente a las denuncias de sobrefacturación por consumos estimados por la cuarentena. Dictaron resoluciones para revertir la situación y están ampliando el alcance de la prohibición de corte de servicios por atrasos en los pagos.

 

Los entes de control de las distribuidoras de luz y gas demostraron esta semana un cambio de comportamiento fundamental respecto del desempeño que tuvieron los cuatro años que gobernó Cambiemos. El Enargas primero y el Enre después tomaron rápida intervención frente a las denuncias por sobrefacturación de servicios. Ambos organismos dictaron resoluciones para terminar con los abusos en la estimación de consumos, a partir de que se suspendió la lectura presencial de los medidores por la cuarentena, y permitir a los usuarios recuperar el dinero cobrado de más. Sus interventores, Federico Bernal y Federico Basualdo, respectivamente, respondieron a las quejas de los clientes por facturas que pasaron de un mes a otro de 1000 a 10.000 pesos en los casos más extremos. En esa línea de apertura a los reclamos de la ciudadanía, el Gobierno y los entes de control están ampliando el alcance del decreto que impide el corte de servicios públicos por falta de pago a un mayor número de usuarios de clase media.

PáginaI12 reveló la semana pasada que se estaba produciendo una avalancha de denuncias de clientes residenciales, del comercio y de la industria por boletas que empezaron a llegar de Edenor, Edesur, Metrogas y Litoral Gas, entre las más cuestionadas, por montos absurdos. La razón es que el Enargas y el Enre las autorizaron a estimar los consumos de cada usuario en base a sus registros históricos, debido a que el Gobierno resolvió no incluir a los trabajadores de las empresas eléctricas y de gas como prestadores de un servicio esencial. Lo hizo para resguardar su salud en el marco de la cuarentena, de modo que no tuvieran que salir a las calles a realizar la lectura habitual de los medidores. Esa prerrogativa está contemplada en el Reglamento del Servicio de Distribución para causas excepcionales, como ocurre en la actualidad. El problema es que en lugar de utilizarla con rigurosidad, en numerosos casos dio lugar a facturaciones exorbitantes, muy por encima de los registros reales de demanda de los clientes.

 

El primero en reaccionar fue el Enargas. Ya dictó dos resoluciones, la 25 y la 35, para resolver la situación. “Hemos detectado muchos casos con estimaciones que no guardan relación con el consumo real”, advirtió Bernal. “Adoptamos una medida que incluye el reintegro a los usuarios allí donde se haya producido la sobrefacturación”, agregó, en referencia a la primera de las medidas, por la cual se ordenó a las distribuidoras de gas habilitar “aplicaciones, entornos web y otras herramientas informáticas” para que los clientes puedan remitirles, bajo declaración jurada, la lectura correcta de los medidores.

Esta semana dio un paso más. En la resolución 35, el Enargas les fijó a las empresas reglas precisas de cómo deben hacer la estimación de consumo mientras siga suspendida la lectura de los medidores. “Las prestadoras deben utilizar el menor registro de consumo correspondiente al mismo período de los años 2017, 2018 y 2019”, señala. Es decir, en ningún caso las facturas podrán contemplar consumos superiores a aquellos años. Pero, además, deberán utilizar el de menor demanda. 2017 fue un año con temperaturas más altas, por lo que seguramente resultó el de consumo más bajo para la mayoría de los clientes, y ese parámetro es el que tendrán que aplicar las empresas en este momento.

La resolución 35 también amplia la posibilidad de remitir a las distribuidoras de gas una foto con la lectura correcta del medidor para reclamar el reintegro de lo facturado de más a los clientes residenciales. En principio, la resolución 25 lo limitaba a los no residenciales, comercios e industrias, que son quienes más reclamos habían formulado.

“Notamos una apertura de los entes por escuchar a los usuarios que antes categóricamente no existía. Convocan a las comisiones de usuarios, a las asociaciones de consumidores, a los clubes de barrio, a las fábricas recuperadas. Hay una amplitud que hace mucho no veíamos. Los organismos podrían haber utilizado la cuarentena como excusa para posponer encuentros con estos sectores, pero en lugar de eso, nos convocan más que nunca”, valora Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, una de las entidades que trabaja activamente dentro de los entes. “En la etapa anterior tuvimos que cuestionar judicialmente los concursos del Enre y el Enargas para designación de autoridades porque establecían un favoritismo expreso por los ejecutivos de las empresas eléctricas y las petroleras. Los postulantes de esos sectores tenían de entrada un mejor puntaje para acceder a un lugar en el directorio, mientras se discriminaba a las entidades de consumidores y demás actores de la sociedad civil, que son los más interesados en controlar a las empresas”, explica. Esos concursos están frenados y por eso el actual Gobierno nombró a Bernal y Basualdo como interventores, hasta que se resuelva una nueva convocatoria para designar a los integrantes estables de los entes de control.

Andrea Manzi, de la Red de Multisectoriales, hace la misma evaluación sobre el cambio de funcionamiento en los organismos de control. “Vemos que los entes están en una actitud de salir a la calle, retomar el contacto con los usuarios. Es importante que avancen en una descentralización de delegaciones para que estén presentes en toda el área de concesión. Si no para la gente es muy difícil hacer los reclamos. Están en un buen punto de partida y es necesario que sigan adelante”, plantea. La organización que encabeza fue una de las que lideró los reclamos por la sobrefacturación de luz y gas.

En las videoconferencias de esta semana con las comisiones de usuarios que funcionan dentro de los organismos, el Enargas y el Enre señalaron que están autorizando a clientes de gas y luz que en principio no estaban amparados por el decreto del Gobierno que impide la interrupción de servicios por falta de pago a acceder a esa posibilidad. Los entes están abiertos a recibir las solicitudes a través de sus páginas de internet y sus cuentas de mail. Los clientes con ingresos superiores a dos salarios mínimos –que en la norma oficial es el límite para acceder al beneficio- pueden justificar su situación económica y solicitar que no le corten la luz y el gas por falta de pago, por un lapso de 180 días.

En relación a las denuncias de sobrefacturación de consumos, el Enre indicó que analizará “oportunamente” los reclamos de los usuarios. “Se dispuso que las eventuales diferencias que surjan entre las lecturas reales y lo que se haya facturado a los usuarios y usuarias serán evaluadas oportunamente y se establecerán los procedimientos para su tratamiento, ponderando los derechos” de cada parte. También instruyó a Edenor y Edesur a que “refuercen los canales de atención y comunicación para que los clientes puedan impugnar sus facturas en los casos donde se detecte un desvío entre el consumo real y el estimado por la distribuidora”. La medida es menos contundente que la del Enargas y no termina de resolver la cuestión, pero reconoce la existencia de “desvíos de facturación” y promete entregar las soluciones efectivas más adelante, en un análisis caso por caso.

En los casi treinta años de existencia de los entes de control de la luz y el gas, a partir de las privatizaciones de los ’90, su funcionamiento resultó claramente defectuoso en la mayoría de esos años. Las empresas cometieron todo tipo de abusos, sin que los clientes encontraran quién los defienda de manera real. Los últimos cuatro años fueron de los peores, según coinciden los responsables de entidades de consumidores. En un momento tan delicado como el actual, es saludable que hayan empezado a mostrar otra actitud.

 

FUENTE PAGINA 12

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Provincia desembolsa $1.000 millones del Tesoro para asistir a municipios

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Lo dispuso el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Además, se creará el “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”
La Provincia asistirá financieramente a los municipios a través de Aportes del Tesoro Provincial (ATP) y mediante la creación del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” en el marco de la estrategia para combatir el avance del coronavirus.

El gobernador Axel Kicillof dispuso una asistencia financiera inmediata de $1.000 millones para que sean distribuidos a los municipios, a través de Aportes del Tesoro Provincial (ATP), en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Por otra parte, el “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la contención Fiscal Municipal” (Decreto 264/20), tendrá el objetivo de contribuir con el pago de sueldos de los empleados municipales, las prestaciones habituales de los municipios bonaerenses y las necesidades adicionales determinadas por la emergencia del COVID-19.

La ayuda financiera, destinada mediante este fondo, será reembolsable, no se percibirán intereses ni gastos administrativos de ningún tipo y se otorgará tras la solicitud de cada municipio.

Este Fondo se compondrá con recursos de Rentas Generales de la Provincia, Aportes del Tesoro Nacional y otras fuentes que determine el Ministerio de Hacienda y Finanzas, como autoridad de aplicación.

El fondo que se irá desembolsando en los próximos meses, estará constituido por una suma de 8 mil millones de pesos, que podrá ampliarse hasta 12 mil millones de pesos de ser necesario.

El Decreto expresa que “la crisis sanitaria, económica y social impacta sobre el normal funcionamiento de las administraciones provincial y municipal, que se ven en la necesidad de atender mayores demandas de gastos en un contexto de caída de la recaudación de tributos”.

Los municipios de la Provincia de Buenos Aires son actores principales para enfrentar esta pandemia. En cada uno de ellos se ha constituido un Comité de Emergencia (COE) compuesto por las áreas de salud, seguridad y desarrollo social para atender las necesidades extraordinarias y contribuir al cuidado y protección de los vecinos y vecinas de la Provincia.

FUENTE : AMBITO FINANCIERO

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