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Los trabajadores de la Televisión Pública denunciaron un lock out patronal

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 Luz, cámara, intimidación. “El diálogo que declama Hernán Lombardi es muy democrático: ninguna interlocución, patrulleros y un carro de asalto de la Policía Federal en la puerta del canal para disciplinar a los peligrosos periodistas”, denunciaron los trabajadores de Canal 7. Todavía no hay programación anunciada para el 2018. Los trabajadores advirtieron que mientras promueven la racionalización, le garantizaron un sueldo de “más de 190 mil pesos mensuales” a la mujer del ministro de Modernización, Andrés Ibarra

Por: Emanuel Respighi
La puerta de la TV Pública amaneció hoy con dos móviles policiales apostados sobre la Avenida Figueroa Alcorta. En el estacionamiento al aire libre del canal, sobre la otra puerta de ingreso, una camioneta de las fuerzas de seguridad se hacía ver debajo de la sombra de algunos árboles. El objetivo era unívoco: hacer que todos los trabajadores de la TV Pública que llegaban al canal vieran la presencia policial. En medio del estado de asamblea permanente en el que se encuentran los trabajadores de la TV Pública, tras el comunicado del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyC) en el que se adelanta una política de ajuste en la emisora estatal, las autoridades decidieron responder al pedido de reunión reforzando de manera intimidatoria la presencia policial. “Incluso, pudimos constatar la presencia de policía de civil dentro del canal”, denunció a Página/12 Agustín Lecchi, delegado SiPreBa de la TV Pública. Los trabajadores de la TV Pública denuncian un lock out patronal. PáginaI12 intentó comunicarse con alguna de las autoridades del SFMyC pero no obtuvo respuesta.

Lejos de propiciar el diálogo tantas veces declarado, las autoridades del SFMyC, encabezadas por Hernán Lombardi, sumaron tensión al clima de incertidumbre que desde hace algunas semanas se vive en los medios públicos. El objetivo expresado públicamente de reducir el personal de planta de la TV Pública y negociar el Convenio Colectivo de Trabajo desató temor entre los trabajadores. “Propusimos la modificación del convenio colectivo de trabajo, firmado hace 45 años y completamente obsoleto frente a los cambios tecnológicos, lo que genera altísimos costos de producción”, afirmó el SFMyC en el comunicado del viernes último. No contentos con la difusión de ese anhelo, los móviles de la Policía de la Ciudad y de la Federal en las inmediaciones del edificio de la TV Pública producen una escalada de tensión a priori innecesaria.

“Estuvimos hoy en distintos momentos del día con móviles policiales en la puerta, un carro de asalto y policías de civil dentro del canal. Estamos en asamblea permanente pero no somos delincuentes, somo trabajadores que estamos llevando a cabo una medida gremial. Tenemos motivos para hacerlo porque venimos con una situación de extorsión de parte de las autoridades, pero nunca en ninguna asamblea de la historia hubo algún motivo para tener que sacar la discusión afuera del canal y mucho menos para traer a las fuerzas de seguridad. Lo entendemos como una amenaza, un amedrentamiento y una provocación”, subrayó Lecchi.

El amedrentamiento de parte de las autoridades para con cualquier actividad gremial que se produzca en los medios públicos no parece ser un hecho aislado, sino más bien una política para imponer el ajuste. La semana pasada, el vicedirector de Radio Nacional, irrumpió en medio de una asamblea que analizaba las medidas a tomar ante los 16 despedidos en la emisora estatal, filmando a los trabajadores presentes con su propio teléfono móvil. En el día de hoy, también móviles policiales se hicieron presentes en la sede del Canal de la Ciudad, donde sus trabajadores están de paro y ocuparon los estudios ante los cinco despidos comunicados la semana pasada y la amenaza de que otros treinta se efectivicen en las próximas semanas. Estas cesantías se producen luego de los 180 despidos que se produjeron en el área de contenidos de la TDA (CIARA), y a los 33 de Pakapaka, Encuentro y DeporTV, a quienes se deben sumar los 89 retiros voluntarios en esos mismos canales.

La reducción de personal no es el único problema que enfrentan los medios públicos. El ajuste ya se percibe en las pantallas. En Encuentro, Pakapaka y DeporTV la repetición de programas y los “enlatados” extranjeros son moneda corriente desde hace meses. En la TV Pública, la merma en la producción empieza a sentirse de cara a una programación 2018 de la que nada se sabe. La tercerización de la producción ya comenzó: mientras históricamente los festivales de verano eran realizados por personal propio del canal, este año la transmisión del “Festival de la doma y folclore de Jesús María” lo está transmitiendo personal externo al canal, mediante un móvil de Adart Producciones (fundada en 1987 por Alejandro Gruz y Daniel Burak). Mientras tanto, el móvil de la TV Pública descansa en la puerta del canal. Otro caso que demuestra la disminución en la producción propia es que el noticiero matutino del canal, que hasta hace unos meses tenía una duración diaria de tres horas (de 7 a 10), se redujo una hora a mitad de año (de 8 a 10) y actualmente sólo se emite de una hora (8 a 9). De hecho, con excepción de los noticieros, el único programa en vivo y de producción propia (junto a Kapow) que emite la TV Pública en la actualidad es Cocineros argentinos.

En este contexto, los trabajadores de la TV Pública difundieron un comunicado titulado “El Ministerio Policial de Medios y Contenidos Públicos quiere liquidar la TV Pública” en el que denuncian un “lock out patronal” peligroso. “Con un cinismo pocas veces visto, y mientras proclama entre sonrisas diálogo, pluralismo y amplitud de voces, el SFMyC -detallan los trabajadores- lanza sin previo aviso una guerra contra los periodistas y los trabajadores del único canal de gestión pública del país. Esto se lleva adelante de la mano de despidos en Radio Nacional, TDA, señales Pakapaka, Encuentro, DeporTV y el Canal de la Ciudad. La estrategia a cargo de Hernán Lombardi busca presentar a los trabajadores y sus salarios como el problema, al mismo tiempo que vacía sin pudor al canal de sus contenidos, a tal punto que, tras la renuncia del Director Ejecutivo de la Televisión Pública, Horacio Levin, en diciembre de 2017, no hay aún ninguna programación conocida, prevista o en marcha para 2018. Una curiosa forma de gestionar los contenidos de los medios públicos cuando deja a la TV Pública a la deriva, reduce horarios de trabajo que empobrecerán inevitablemente los noticieros, y anuncia la paralización total de Canal 7 durante los fines de semana, con la excusa del ´ahorro´.”

En el comunicado, los trabajadores de la TV Pública denuncian que no parece ser la “austeridad” el objetivo buscado por el SFMyC, teniendo en cuenta el sueldo que cobran algunos funcionarios dentro de RTA. “El ahorro y la racionalización que tanto desvelan al Ministerio de Modernización conducido por Andrés Ibarra -señala- cuando se trata de salarios de los trabajadores, pero que no cuenta cuando se trata de colocar a su mujer, Carla Piccolomino, en el área de Relaciones Institucionales de Canal 7, con un sueldo superior a los 190 mil pesos mensuales”. El texto, además, desmiente que la planta de personal en el área de noticias se haya incrementado en un 70 por ciento durante el kirchnerismo, tal como afirmó el SFMyC. “El diálogo que declama Lombardi -cierran los trabajadores- es muy democrático: ninguna interlocución, patrulleros y un carro de asalto de la Policía Federal en la puerta del canal para disciplinar a los peligrosos periodistas, a quienes se empuja a un conflicto que no buscamos ni pretendemos.”

Fuente: Páginai12

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UN EX MINISTRO DE NESTOR KIRCHNER EN LA CORTE. QUIEN ES HORACIO ROSATTI…

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Antes de llegar a la Corte, Rosatti fue dirigente del peronismo en Santa Fe, su provincia. Fue el segundo ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Asumió ese cargo el 26 de julio de 2004, en reemplazo de Gustavo Beliz, y renunció cuando estaba apunto de cumplir un año al frente del ministerio. No aceptó ser candidato a diputado por Santa Fe y se fue peleado con el entonces presidente. Además, denunció irregularidades en la construcción de cárceles. “No cerraban los precios”, dijo. En aquellos tiempos, el jefe de gabinete de Kirchner era Alberto Fernández. Rosatti también fue procurador del Tesoro, convencional constituyente e intendente de Santa Fe.

En 2017, en tanto, Rosatti adhirió al fallo en el que se decidió que los nuevos jueces ingresantes al Poder Judicial tengan que pagar el Impuesto a las Ganancias, como el resto de la ciudadanía. En 2019, fue parte de la mayoría que prohibió la re-reelección de los gobernadores Sergio Casas y Alberto Weretilneck, de La Rioja y Río Negro.

Ya durante el gobierno de Alberto Fernández, quien fue su jefe de gabinete en su etapa como ministro de Justicia de Kirchner, Rosatti firmó fallos en contra del ex vicepresidente Amado Boudou, al confirmar la condena en el caso Ciccone, y otro contra la dirigente social Milagro Sala, que se encuentra con prisión domiciliaria desde 2016. Este año, en tanto, adhirió a la sentencia en la que se autorizó a la Ciudad de Buenos Aires a decidir sobre la presencialidad en el dictado de clases.

Especialmente en el caso de Sala, el Presidente consideró el fallo como un desafío a su autoridad, mientras la propia dirigente Tupac Amaru declaraba que “pareciera que gobierna la Corte Suprema” y que el gobierno de Fernández se ha mostrado “un poco blandengue”.

Cristina, en tanto, sigue sin perdonarle su salida del gobierno de Kirchner y ha sido crítica de su designación, como la de Rosenkrantz, durante el gobierno de Macri. El enojo de la vicepresidenta con la Corte no es nuevo y se ha repetido especialmente en una dura carta que difundió a finales del año pasado, en la que acusó al máximo tribunal de “encabezar y dirigir el proceso de Lawfare” en su contra.

“Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, fue, textual, el cuestionamiento de CFK hacia los jueces.

Fuera de la actividad política o jurídica, Rosatti también cuenta con un extenso CV académico. Se desempeñó como docente de grado y de posgrado en varias casas de estudios en la Argentina, entre las que se destacan la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Católica de Santa Fe.

Asimismo, ejerció como decano de la Facultad de Derecho en la sede santafesina de la UCA entre 1999 y 2002. Es doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental y, además,  autor de decenas de libros sobre derecho. También recibió el Premio Konex de Platino en Derecho Constitucional.  La Nacion.

 

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PESE A LA RESISTENCIA DE LORENZETTI Y DE HIGTON, HORACIO ROSATTI ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA CORTE

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Horacio Rosatti fue elegido hoy presidente de la Corte Suprema y Carlos Rosenkrantz, vicepresidente, después de horas de tensión, intrigas y discusiones entre los cinco ministros. Desde hace tiempo, la desconfianza y las operaciones cruzadas marcan el clima interno del tribunal.

La designación de Rosatti, un jurista que viene de la política, fue apoyada por su antecesor y por Juan Carlos Maqueda, pero resistida por Ricardo Lorenzetti y por Elena Highton. La presidencia de la Corte es por tres años. El nuevo mandato comienza el viernes próximo.
De acuerdo con el acta de la reunión que difundió el tribunal, no participaron del acuerdo ni Highton ni Lorenzetti. Ellos intentaron hasta último momento que Rosenkrantz aceptara ser reelecto con los votos de ellos dos. Lorenzetti, ya resignado a que no tenía los apoyos para recuperar la presidencia, prefería reeditar la fórmula Rosenkrantz-Highton antes que asistir a la asunción en el poder de Rosatti.

Lorenzetti está en su casa de Rafaela y no se conectó al Zoom; Highton se comunicó con los otros tres jueces por correo electrónico y por teléfono, solo para pedir la postergación de la reunión, que los demás no le concedieron.

Según el acta, Maqueda propuso la fórmula Rosatti-Rosenkrantz, que se impuso con el voto de ellos tres.

Lorenzetti tenía aspiraciones de volver a la presidencia, que ejerció durante casi doce años, y su regreso era alentado por distintos actores de la política. Oficialistas y opositores leyeron como una última jugada para conseguirlo el proyecto de ley del radical Emiliano Yacobitti y el macrista Cristian Ritondo, que propusieron modificar la forma de elegir al titular de la Corte: terminar con la votación interna y establecer un sistema rotativo, por orden de antigüedad. Si el objetivo buscaba volver a darle a Lorenzetti la presidencia, requería que Highton y Maqueda renunciaran a ejercerla ellos, pero Maqueda envió un mensaje que fulminó el plan. Hizo saber si el proyecto se sancionaba, él asumiría al frente del tribunal. Además, la iniciativa fue muy cuestionada por la propia oposición. Finalmente, Ritondo retiró su firma del proyecto. “Si bien resulta necesario arribar a una reglamentación que supere fricciones, pujas y disputas internas en el máximo tribunal (…), considero oportuno realizarlo a fin de año, luego de que se renueven las autoridades de la Corte”, sostuvo Ritondo en la carta que le hizo llegar al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Habrá que ver si todavía está interesado en impulsarlo. Fuente: La Nación


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EMERGENCIA EN SEGURIDAD: ULTIMO MANOTAZO DEL FDT LOCAL

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El bloque del Frente de Todos local demuestra no haber recibido el mensaje de la gente e insiste con todos los vicios que terminaron poniéndolo de espaldas a la sociedad.



Cualquier camino lleva al Frente de Todos local a la titánica tarea de conseguir apoyos electorales. Tal vez si cambiara su neurótica intención de trabar al gobierno por una actitud que los marplatenses lograsen percibir como positiva la suerte no le sería tan esquiva.

Pero no…los ediles kirchneristas parecen no entender el duro mensaje que los marplatenses y batanenses les dieron en las urnas.

Tras un largo año de entorpecer la acción de gobierno del intendente Montenegro, en un escenario que más que nunca antes en la historia lugareña hubiese requerido de grandeza y capacidad de acompañamiento, la paliza electoral solo sirvió para agudizar las peleas internas, disparar las posiciones más extremas y pretender que los vecinos de General Pueyrredón no entienden nada y por lo tanto no merecen ser escuchados.

Tan mal anda la seguridad en el país que el presidente de su partido, aunque la mayoría de ellos se niegue a reconocerlo y crean que la política comienza y termina con Cristina Kirchner, debió cambiar a su ministra de Seguridad por un hombre ducho en los teje y manejes de la política, con visiones sesgadas sobre la relación estado-delito y al que sin embargo los progresistas seguidores locales recibieron con un «silenzo stampa» digno del perro que esconde el rabo y mira hacia otro lado a sabiendas de que el jarrón que yace hecho añicos en el piso fue empujado por él mientras jugaba.

Hace apenas una semana todo lo que venía de afuera del distrito como política de seguridad era un ejemplo a seguir. ¿Ahora que todo voló por los aires y está al frente del área Aníbal, el compadrito irredento, todo es lo mismo?.

¿O, como ocurre con las barras de la esquina en los barrios, el haber sumado a Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio, los que un día comprendieron que nada era como ellos imaginaban y tomaron el atajo, los empuja a tratar de imponer una mayoría que, quedó en claro, nada tiene que ver con las expectativas y el deseo de la comunidad?

¿En serio creen que la ciudadanía no se da cuenta de nada?…

Empecinados en sacar una ordenanza que declare la emergencia en materia de seguridad -con el único interés de machacar acerca de «la falta de política pública municipal en materia de seguridad”– se niegan a siquiera debatir cambios propuestos por el oficialismo e insisten en poner en boca del secretario del área la afirmación falsa de que es fundamental tener la emergencia, aún cuando el propio Horacio García aclaró hasta el cansancio que su afirmación se refería solo a lo administrativo por la necesidad de acelerar los mecanismos de compra de insumos y bienes necesarios para su tarea.

Ya en su momento LIBRE EXPRESIÓN advirtió sobre estas dos cuestiones: la mala fe del bloque del Frente de Todos y la inexperiencia del funcionario municipal en cuestiones políticas, lo que lo lleva en reiteradas ocasiones a hablar sin medir el uso tergiversado que una oposición que solo sabe entorpecer podía hacer de sus palabras (Ver: Fuegos de artificio que ponen la inseguridad en modo campaña). Aquella distracción semántica en su visita a la comisión en el Concejo se vuelve ahora caballito de batalla de quienes buscan poner contra la pared al gobierno municipal.

Y en este país patas para arriba se da la paradoja de que, en nombre del progresismo kirchnerista tan amigo de largos discursos y parrafadas cuando de hablar sobre derechos humanos y de minorías se trata, dos cultores de la mano dura como Sergio Berni y Aníbal Fernández, uno por definición y profesión y el otro por sus innegables contactos con el lumpen del delito, lo que lo lleva a manejar una red de informantes y marginales a los que a cambio de prebendas y concesiones se les permite vivir en los límites de la marginalidad legal, conducen las políticas de seguridad de las jurisdicciones de ese signo mientras en General Pueyrredón lo hace un técnico desapasionado, amigo del diálogo y las estadísticas.

El uso de una cuestión tan delicada en beneficio de posiciones electorales demuestra la falta de empatía con la sociedad. Quien así actúa solo busca el poder como objetivo final de todos sus actos.

Y la gente siempre se da cuenta. ¿O no fue suficiente con el aviso del 12 de setiembre?.

A veces los que se creen más vivos no dan abasto con su gilada…


Nota del periodista Adrian Freijo para Libre Expresion


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