“No te regales, guacho, no te regales”, les grita un detenido a otros tres en un pabellón de la Unidad N° 23 de Florencio Varela. Unos ven la escena desde sus espejos de maquillaje que extienden desde los huecos de las puertas de metal en sus celdas, otros filman con sus teléfonos. Mientras tanto, las balas de goma truenan fuerte.

En el pasillo del pabellón, tres presos enfrentan a tres penitenciarios con cascos antidisturbio, con escudos: los penitenciarios tiran, los presos los encaran con frazadas como si fuesen toreros, retroceden de a poco. Los penitenciarios no se detienen, tiran. El teléfono que filma la escena cae, el interior de la celda se ve, pava y mate.

Luego, ese video se volvió viral. No fue el único: decenas de teléfonos de detenidos filmaron y compartieron el caos en el mediodía de hoy, la revuelta penitenciaria más violenta y caótica en la historia bonaerense reciente.

El enfrentamiento masivo entre grupos de presos en la Unidad N° 23 terminó con un muerto a puñaladas y varios heridos. Internos de varios pabellones se atacaron entre ellos con facas: las frazadas se usaron para amortiguar las postas de goma y las puñaladas, algo común en peleas y levantamientos en la cárcel. Los detenidos ganaron los techos y se enfrentaron allí, fue en las azoteas donde habría muerto el detenido asesinado. Otros recibieron cortes profundos en la cabeza: un video muestra cómo un preso le lava la cabeza a otro con agua de una pava entre hombres ensangrentados. “Hasta los hermanitos agitaron”, dice un preso dentro del penal, en referencia a los presos evangélicos.

El coronavirus, según autoridades y varios detenidos, no tuvo nada que ver. Otros dicen que sí, que hubo una protesta por medidas de higiene y pedidos de excarcelaciones. El disturbio fue aplacado, precisamente, con balas de goma. La fiscal Roxana Giménez, UFI N° 9 de Florencio Varela, está a cargo de investigar el homicidio del preso en la Unidad N° 23.

Al caer la tarde, los presos volvieron a los techos, varios abogados llamados por sus defendidos se presentaron a las puertas del complejo, intentando entrar. Se hablaba de una negociación, de intentar descomprimir la situación, un diálogo en camino para terminar el día en paz. Continuaban ahí, hasta poco antes de las 19:30. El problema no estaba resuelto. Un reconocido penalista aseguraba a este medio desde las puertas del penal que no es cierto, tal como afirma el Servicio Penitenciario Bonaerense, que la pelea entre presos no existió, en base a comunicaciones con sus defendidos, que había detenidos en huelga de hambre en el penal.

Mientras tanto, ninguna fuente consultada daba cuenta de cómo murió el detenido, por una herida de faca, o por un disparo, o una golpiza.

Hoy por la tarde, el Ministerio de Seguridad de Corrientes confirmó que José Candia, el recluso de 22 años muerto ayer en un disturbio en un penal de la capital provincial, perdió la vida por una bala.

Mientras tanto, los videos viralizados por los mismos detenidos se esparcen en teléfonos a lo largo del país: el Tribunal de Casación había permitido que los presos tuvieran sus aparatos de cara a la pandemia; 4.500 fueron blanqueados ante las autoridades en las primeras semanas del aislamiento obligatorio, una oportunidad histórica para cortar con el negocio negro de los smartphones en las cárceles y con el control del contrabando. Los números clandestinos son mayores: entre 2017 y 2018, el SPB incautó 53 mil teléfonos; hoy hay 45 mil encerrados en todo el sistema.

El fenómeno de que los presos filmen no es nuevo, pero se refuerza con cada disturbio: los encerrados en Coronda y Las Flores registraron las escenas dantescas que terminaron con cinco muertos el mes pasado, pabellones incendiados, hombres quemados vivos, apuñalados por la espalda, una guerra abierta. Otros transmiten sus demandas. “Hasta acá llegó lo pacífico que veníamos”, dijo un grupo a cara tapada con barbijo en un pabellón de la Unidad N° 13 de Junín, una de las primeras en renunciar colectivamente a las visitas de familiares para evitar el contagio. Afirman que no hay cuidados por el coronavirus, que ingresan presos nuevos. Hay, en general, una mezcla complicada: miedo genuino al virus en un sistema con recursos de salud insuficientes, beneficios perdidos, noticias falsas y rumores que agitan, o un verdadero deseo de matar.

Mientras tanto, más de 300 detenidos se declararon ayer en huelga de hambre en seis penales provinciales: lograr excarcelaciones para presos de la población en riesgo –2.600 en grupos sensibles, de edad avanzada o con patologías crónicas– o recuperar beneficios perdidos es el centro de la agenda. La Procuración bonaerense calcula 900 excarcelaciones hasta hoy. Faltan más. Hoy al mediodía, la Cámara de Casación ordenó que se cumpla su fallo de comienzos de este mes y les ordenó a los jueces que “inmediatamente” se dispongan los arrestos domiciliarios para los presos de la provincia que son grupo de riesgo ante la pandemia del coronavirus y que están detenidos por haber cometido delitos leves

Las prisiones domiciliarias presentan otros problemas. Requieren ciertos trámites previos, como constatar si el domicilio es apto, si allí no vive la víctima del detenido y de qué manera se controla la detención hogareña. El método más extendido es el uso de tobilleras electrónicas. Pero la Provincia no tiene más dispositivos. Los 1.960 que posee están en uso y tiene un listado de 250 personas que esperan uno.

Mientras tanto, los presos en el complejo de Varela hablan de traslados repentinos y órdenes de encerrarse en sus celdas. “Se está poniendo heavy”, afirma un veterano con dos condenas.