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Maleteros bloquean el acceso a la terminal de micros de Mar del Plata

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La medida es por tiempo indeterminado. Los ómnibus de larga distancia no pueden ingresar ni salir desde la estación. Sueldo “digno” y obra social son algunas de las demandas para un grupo de 30 trabajadores.
El conflicto comenzó hace un año, según denuncian los trabajadores. 


Imagen: Twitter

Maleteros de la estación ferroautomotora de Mar del Plata realizan esta mañana un bloqueo en los accesos a la terminal, en reclamo de la regularización laboral de 30 trabajadores.

Como consecuencia de la protesta, los micros de larga distancia no pueden entrar ni salir desde la estación de la ciudad, en el segundo fin de semana del año, en plena temporada turística, cuando se espera la llegada de una gran cantidad de viajeros.

El bloqueo a la terminal -ubicada en Nueve de Julio y San Juan- se inició en las primeras horas de este sábado y la medida de protesta es por tiempo indeterminado hasta que los trabajadores obtengan alguna respuesta a sus reclamos.

“Hace exactamente un año que venimos con este conflicto y es por eso que hoy estamos desde las 5 de la mañana bloqueando el acceso de micros a la terminal”, dijo a la prensa Carlos Amodey, representante de la CTA Autónoma.

El dirigente precisó que el reclamo alcanza a 30 trabajadores que operan para distintas empresas en la terminal: “Pedimos que tengan un sueldo digno, cobren en blanco, tengan obra social y ART“, enumeró. “Nos vamos a quedar el tiempo necesario hasta que tengamos una solución”, concluyó el dirigente.

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Cayó de nuevo “Johny Pachanga”: tenía dos pedidos de captura

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El joven de 25 años fue aprehendido en Buenos Aires. En junio del año pasado robó a mano armada un automóvil y lo abandonó luego de chocarlo.

Un sujeto que tenía dos pedidos de captura por dos robos cometidos en la ciudad fue detenido en las últimas horas en Buenos Aires y en las próximas horas será trasladado a Mar del Plata para prestar declaración en Tribunales. “Johny Pachanga” registra varios antecedentes por robos calificados y cuando era menor de edad estuvo imputado por un crimen en el barrio Las Lilas.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el último pedido de captura que pesaba sobre el joven de 25 años fue por el robo cometido el 1 de junio del año pasado en Olazábal casi San Lorenzo cuando junto a un cómplice interceptó a un hombre que entraba su automóvil a la casa. “Ellos se desplazaban en un Renault Sandero que después del hecho abandonaron tras chocarlo con un árbol”, confiaron las fuentes consultadas.

Por esa causa en trámite ante la Unidad Fiscal de Instrucción 7 se solicitó la detención del imputado que se hizo efectiva en las últimas horas y por la que será trasladado en las próximas horas en la ciudad para declarar ante el fiscal Leandro Arévalo.

0223.COM.AR

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La suma fija por decreto será el primer test para poner a prueba el plan económico del Gobierno

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El aumento, que se otorgará en las próximas horas y buscará diferir las paritarias por seis meses, será el puntapié inicial para la convocatoria al Consejo Económico y Social, que será creado por ley para dictar politicas en materia de salarios, precios y empleo

Alberto Fernández, con Hugo Moyano y Armando Cavalieri en la visita que hizo en noviembre pasado a la CGT

Alberto Fernández, con Hugo Moyano y Armando Cavalieri en la visita que hizo en noviembre pasado a la CGT

El aumento salarial que dispondrá el Gobierno por decreto en las próximas horas será mucho más que una forma (tan simbólica como concreta) de arrancar la gestión con un guiño hacia los trabajadores para compensar la inflación. Muchos lo visualizan como el primer gran test que permitirá medir la temperatura que adquirirá de entrada el plan económico de Alberto Fernández y que también delineará las pautas de la relación con los empresarios y el sindicalismo.

Todo indica que, según los detalles que se discutían anoche, será a cuenta de lo que se negocie en las paritarias, alcanzará a trabajadores del sector privado y a estatales, no superará los 6.000 pesos y la cifra servirá de base para que pueda mejorarse si el sector patronal y el gremial así lo acordaran.

Los representantes empresariales insistieron hasta último momento para que la suma fija sea no remunerativa (sin descuentos por cargas sociales ni impacto sobre adicionales ni categorías de convenio), pero ningún representante del sector habría estado presente en las definiciones finales del aumento. Los sindicalistas pugnaban por la incorporación del bono al salario y por su carácter de remunerativo para que un porcentaje aporte a la seguridad social y no contribuya a desfinanciar las obras sociales.

Con el aumento otorgado por decreto, según lo prevé el artículo 54 de la ley de emergencia económica que le otorga superpoderes al Presidente, en la Casa Rosada están convencidos de que cumplirán con la promesa de ponerle dinero en el bolsillo de la gente (la suma fija beneficiará más a aquellos de ingresos más bajos) para fomentar el consumo en la calle y empezar el “círculo virtuoso” de la economía que permitirá bajar la inflación, junto con algún esquema de contención de precios.

Para eso, además, el Gobierno deberá lograr que el bono logre diferir las paritarias por seis meses, lapso en el que, como figura en la hoja de ruta oficial, ya estará en marcha el Consejo Económico y Social, estructura en el que funcionarios, empresarios y sindicalistas acordarán los principales lineamientos que se seguirán en materia de salarios, precios, empleo y otras variables económicas.

Alberto Fernández, con los empresarios de AEA

Alberto Fernández, con los empresarios de AEA

En los gabinetes de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo, seguidos de cerca por la Secretaría de Asuntos Estratégicos que pilotea Gustavo Beliz, se trabaja sin descanso en la estrategia y el andamiaje jurídico que derivará en un proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social, iniciativa que será incluida en el temario que el Poder Ejecutivo propondrá para las sesiones extraordinarias.

El Gobierno encontró algunas resistencias sindicales a la propuesta de postergar las paritarias en gremios como el de Camioneros, que desde 2003 ha liderado la negociación colectiva y se convirtió en una suerte de barómetro que fija los techos de la presión salarial, año tras año. Por algo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aprovechó la invitación que le hizo Hugo Moyano a compartir una comida para tratar de convencerlo de disponer una tregua paritaria a cambio del alivio de la suma fija.

El moyanismo se mostró comprensivo, pero le contestó con un comunicado de prensa en el que, más allá de las necesarias expresiones de respaldo al Gobierno, recordó que reclama “paritarias libres”. Fue el más contundente desafío del jefe camionero a Alberto Fernández, a quien todavía no le perdona que haya designado a “un psicólogo” como ministro de Transporte en lugar de un especialista en el tema como, por ejemplo, su asesor Guillermo López del Punta, a quien intenta ubicar en esa cartera desde diciembre de 2015, cuando también se lo propuso a Mauricio Macri.

De todas formas, Moyano suspendió una marcha callejera de camioneros que ayer tenía previsto reclamar por una compensación salarial del 33% para el primer semestre de 2020, que se iba a sumar al bono navideño de 20.000 pesos que otorgó la mayor parte de las empresas del sector.

El primer encuentro entre la CGT, las CTA y el presidente Fernández

El primer encuentro entre la CGT, las CTA y el presidente Fernández

Para el sindicalismo también se pone en marcha un test crucial. Deberá contener a las bases efervescente sólo con una suma fija que garantice seis meses de paz social, mientras las paritarias esperan en el freezer y sin que haya garantía alguna de que la inflación empiece a ceder después de haber estado desbocada en 2019. Si el decreto salarial simboliza el intento del Gobierno de encarrilar las principales variables económicas, la norma también grafica el tamaño del desafío que afrontará la dirigencia gremial para evitar ser desbordada por trabajadores descontentos con sus sueldos.

El problema político del Gobierno es que el sindicalismo peronista lo apoya en general, pero no se siente parte del Poder Ejecutivo, como prometió Alberto Fernández que lo sería antes de asumir la Presidencia. Los gremialistas imaginaban un regreso con gloria al poder y debieron conformarse con dosis homeopáticas de cargos y de espacios concretos en la nueva administración.

El Presidente se mantiene firme y quiere aprovechar el impulso de los primeros días de gestión para marcarle la cancha a empresarios y sindicalistas. El tablero que quede delineado en las próximas horas será determinante para saber si el diálogo social permitirá o no bajar la tensión que causan la falta de controles y de herramientas para contener sin sobresaltos la puja salarial y el alza de los precios.

Por eso será importante seguir de cerca qué compensaciones habrá, por arriba o por debajo de la mesa, para que unos y otros acompañen sin rebelarse ante la estrategia gubernamental. Los empresarios se quejan por el regreso de la doble indemnización, pero susurran que debe esperarse su reglamentación para determinar cuánto los puede afectar en términos concretos. Los sindicalistas, por su parte, refunfuñan por su escasa presencia en el gabinete y por su casi nula influencia en las medidas oficiales, aunque saben que seguirán manejando el decisivo ente que distribuye los fondos de las obras sociales.

El Presidente los necesita a todos y, a la vez, necesita construir su poder manteniendo a raya a todos como un rasgo de autoridad. El proceso de construcción política de Alberto Fernández, “inventado” como candidato por su vicepresidenta, tendrá en el decreto salarial un mojón importante que puede signar, en cualquiera de los sentidos posibles, el derrotero del flamante Gobierno.

FOTO TAPA : ECONOMIS

FUENTE : INFOBAE

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IMPOSIBLE COMPRENDER COMO ALGUNOS CIUDADANOS LLEGAN A OCUPAR CARGOS SOLO POR MILITANCIA POLITICA NO POR CAPACIDAD

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La ministra de Seguridad Sabina Frederic consideró que Gendarmería tuvo responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado
La funcionaria consideró que el operativo estuvo “pésimamente realizado” y que hará una revisión de la cadena de mando que participó del ejercicio. Sus definiciones sobre la derogación de los protocolos de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic consideró que hubo responsabilidad de Gendarmería nacional en el operativo que finalizó con la muerte de Santiago Maldonado y lo describió a como “pésimamente realizado”, en una extensa entrevista en la que dio también definiciones sobre la derogación de los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad que había impulsado por su predecesora Patricia Bullrich. Entre los cambios definidos aparecen la eliminación de la obligación de las policías en pedir el DNI en los trenes, la resolución que legalizó la “doctrina Chocobar” y el uso de las pistolas TASER, entre otras.

En diálogo con radio Metro, la periodista María O’ Donnell indagó sobre las causas del fallecimiento del joven artesano. “¿Creen que el operativo (de Gendarmería) tuvo responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado?”, consultó la conductora. Y Frederic respondió afirmativamente, sin dudar.

“Sí, fue un operativo pésimamente realizado. Las decisiones que se tomaron fueron totalmente desacertadas y por fuera de los protocolos, y eso lo sabe Gendarmería”, sostuvo la titular de la cartera de Seguridad. “El jefe del escuadrón se fue al baño (en el momento del operativo), quedó el segundo y no esperó al primero. Tampoco se esperó al móvil 4 de La Pampa, que es el que estaba preparado para intervenir en este tipo de episodios. Cruzar la cerca persiguiendo a la gente como lo hizo Chocobar también estuvo mal”, enumeró.

En esa línea, Frederic evitó opinar cuál fue el rol de Gendarmería, ya que es una atribución del Poder Judicial. “Desaparición (forzada) aparentemente no hubo por las pericias que se hicieron y lo que sabemos del proceso judicial. Ahora está la caratula en abandono de persona. Podían haber creído que esa persona podía cruzar tranquila, o no atender la situación de una persona que no solo estaba huyendo, sino estaba siendo víctima de un accidente. Pero no me corresponde a mí decirlo”.

Además, aclaró que el Ministerio va a colaborar con la investigación y que hará una revisión de las responsabilidades en toda la “cadena de mando” que participó del operativo que culminó con los decesos de Maldonado y Rafael Nahuel: “Vamos a aportar toda la información que la Justicia pida y una revisión disciplinaria, para generar un informe de las lecciones aprendidas sobre lo que se hace y lo que no se debe hacer, porque no es la primera que ocurre. Estos tipos de episodios no suelen tener consecuencias disciplinarias ni operativas, y tienen que ser una fuente de aprendizaje hacia dentro de la fuerza y hacia la sociedad”.

“Doctrina Chocobar”

Acerca de la defensa y el protocolo (hoy derogado) sobre la prerrogativa de las fuerzas de seguridad de disparar sin dar la voz de alto, Frederic indicó que se restableció que las policías tendrán como referencia al “Código Penal” en su actuación para la prevención o persecución del delito, que lo “remiten al principio de la legítima defensa” (propia y de terceros) y que no se seguirá “el criterio de Bullrich que es el cumplimiento del deber por encima de todo”.

“Nosotros somos el Ministerio de Seguridad, no somos el de Justicia ni los fiscales o jueces. La policía no hace Justicia por mano propia. Creemos que hay mantener esa separación. Con Chocobar el hecho criminal ya había cesado, el policía tenía que dar la voz de alto o pedir refuerzos, y no ajusticiar por la espalda. La policía tiene que encargarse de apresar al detenido”, opinó.

Marihuana y pistolas TASER

En relación a la legalización de la marihuana, Frederic se mostró de acuerdo en “avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis y de las drogas blandas” e indicó que “el costo para el Estado de la persecución por marihuana es altísimo. A veces el daño que causa es menor que el alcohol”. “Necesitamos un debate serio con actores que han avanzado en pensar la regulación y tomar los modelos canadienses, norteamericanos y uruguayos. Ser responsables es empezar con la regulación de las drogas blandas y luego pensarlo, no creo que estemos preparados para despenalizar las drogas duras”.

Con respecto a las pistolas TASER, la ministra de Seguridad confirmó que aún no llegaron al país las 300 armas encargadas por la gestión de Patricia Bullrich y contó que la derogación del protocolo del uso de estas armas publicada hoy en el Boletín Oficial implica que solo podrán usarlas “las fuerzas federales especiales y en casos que no son de rutina cotidiana, como en tomas de rehenes o allanamientos”. “Es otro uso, no el original”, aclaró sobre la intención de la anterior gestión, que pretendía usarla en los trenes y espacios públicos abiertos.

Además, Sabina Frederic justificó que se derogue el protocolo “ofensores de trenes”, que establece como obligación a las fuerzas de seguridad que pidan documentos de identidad en los trenes a los usuarios. “Yo viajé en tren en el Roca hasta que me convertí en ministra y vi muchas veces hurtos en el tren. Suelen ser desde el anden hacia adentro del andén. Eso se controla con personal en los andenes, no hace falta pedir documentos. La Policía puede seguir pidiendo documentos pero tienen que justificar la circunstancia sospechosa”.

INFOBAE

 

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