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Mañana se reinicia el juicio contra Cristina Kirchner por la obra pública: certezas y expectativas de cara al tercer año de proceso

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Todavía restan declarar 98 testigos, entre ellos el presidente Alberto Fernández, cuya declaración no tiene fecha pero no será en lo inmediato. Las razones por las que este año no habrá veredicto en el caso en el que también se juzga a Julio De Vio, Lázaro Báez y José López

FOTO : Cristina Kichner y su abogado, Alberto Beraldi, en la primera audiencia del juicio oral en mayo de 2019

El juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez se reanudará mañana y entrará en su tercer año de proceso. Lo hará con certezas y expectativas ante un año que tendrá el voltaje de ser electoral.

El Tribunal Oral Federal 2 reiniciará mañana a las 9.30 por videoconferencia las audiencias. Está prevista la declaración de dos testigos del área de auditoria de Vialidad Nacional. Son dos de los 100 que restan que den su testimonio. Con ese panorama las fuentes consultadas por Infobae coincidieron que este año no habrá veredicto. Más allá que muchos de esos testigos se puedan desistir, como ocurrió el año pasado, la parte final del juicio con los alegatos será extensa. Una certeza: todos aseguran que en 2021 el juicio no terminará.

Sobre los testigos también están puestas las expectativas. Entre los que faltan hay empresarios de la obra pública -algunos son arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción-, los peritos de la Corte Suprema de Justicia que concluyeron que en las obras hubo corrupción y también algunos políticos relevantes. El más importante es el presidente Alberto Fernández, propuesto por la defensa de Cristina Kirchner.

“En lo inmediato no va a ser citado. Pero no se puede descartar que sea este año”, le dijo a Infobae una fuente que conoce cómo el tribunal oral piensa su agenda sobre el momento en el que puede declarar el jefe de Estado. Todo dependerá de cómo se desarrolle el juicio que como todo proceso oral tiene su dinámica y sus imponderables, por lo que es es difícil fijarle un calendario de largo plazo. Por ejemplo, un testigo que debía declarar el lunes informó el viernes que tiene coronavirus y no podrá asistir.

A eso se le suma el calendario de las elecciones legislativas, un contexto que a los jueces federales no se les pasa por alto. Y la agenda 2021 del propio tribunal oral que tras la finalización de la feria judicial comenzó a organizarla con los otros juicios que tiene. Uno de ellos es al falso abogado Marcelo D´Alessio por el caso de extorsión conocido como “Traficante”. El inicio de ese proceso no se puede demorar mucho más porque el acusado está detenido y se vence su prisión preventiva. En esa revisión de la agenda -en la que el 90 por ciento de los jueces de los tribunales orales federales integra dos-, por ahora las audiencias de la obra pública están fijadas para los lunes y los martes.

El presidente Alberto Fernández, uno de los testigos del juicioEl presidente Alberto Fernández, uno de los testigos del juicio

Fernández defendió públicamente a Cristina Kirchner por este juicio. “Ercolini dice que Cristina es responsable de mandar los presupuestos de obra pública de Santa Cruz y de promulgar la Ley de Presupuesto donde se aprobaron. ¿Qué delito es ese?”dijo en junio de 2019, un mes después del comienzo del juicio y cuando ya era candidato. Julián Ercolini es el juez federal que procesó y envió a juicio a la vicepresidente en este caso.

Sobre la declaración del Presidente hay otra expectativa: ¿lo hará personalmente ante los jueces para contestar las preguntas de todas las partes o por escrito, tal como el Código Procesal Penal de la Nación se lo permite por su cargo? En Comodoro Py empezaron los análisis políticos y las especulaciones con los pro y los contra de ambos escenarios.

Cristina Kirchner, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el ex funcionario de Planificación y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y otros siete imputados -ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz- están siendo juzgados desde el 21 de mayo del 2019. La acusación es por los delitos asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.

Se juzgan las presuntas irregularidades -sobreprecios, rutas no terminas, ampliaciones de presupuesto, empresas sin la capacidad operativa para los trabajos, etc.- en la concesión de 51 obras públicas para la provincia de Santa Cruz que durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las sociedades de Báez, que se convirtió en empresario con la llegada del kirchnerismo al poder nacional.

El juicio que está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso -el fiscal es Diego Luciani-, que aceptaron la declaración de 184 testigos, de los que ya declararon 41 y otros 36 fueron desistidos durante el transcurso del juicio porque las partes entendieron que ya no eran necesarios. Quedan 98. Y hay otros nueve que están siendo investigados por el mismo hecho y resta esperar a que se defina su situación para saber si pueden declarar como testigos.

Desde que los testigos comenzaron a declarar -fue en diciembre de 2019- el tribunal dispuso que se hagan por bloques de temas. Así ya pasaron los denunciantes, como los ex diputados opositores Juan Carlos Morán, Margarita Stolbizer y Mariana Zuvic; ex funcionarios y diputados que trabajaron en la elaboración y aprobación de los presupuestos de las obras públicas; empleados del Ministerio de Planificación; y del área de auditoria de Vialidad Nacional.

Desde agosto del año pasado el proceso se hace por videoconferenciaDesde agosto del año pasado el proceso se hace por videoconferencia

Entre los que restan se destacan tres bloques por el impacto que sus testimonios pueden tener para el juicio y también político. Uno es el de Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Sergio Massa, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. Todos los ex jefes de Gabinete cuyos testimonios fueron pedidos por las defensas de la vicepresidenta, De Vido y Báez. También está convocado el ex secretario de Legal y Técnica y actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

Los jefes de Gabinete fueron citados porque son los encargados de la ejecución de los presupuestos y de las reasignaciones de las partidas para las obras públicas. Y esas medidas se tomaron para las obras de Báez. Cuando Cristina Kirchner declaró en el juicio, el 2 de diciembre de 2019 a una semana de asumir, lo nombró a Alberto Fernández. “En el año 1994 se introduce la figura del jefe de Gabinete, el responsable de la ejecución del presupuesto, sin embargo acá no está citado ningún jefe de Gabinete y no digo que tengan que estar acá. El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el Presidente o Presidenta de la Nación. Si es así, van a tener que citar al Presidente de la República, que fue jefe de Gabinete de 2003 a 2008dijo la vicepresidenta.

Cuando Alberto Fernández fue aceptado como testigo -el 3 de septiembre de 2018- no había sido proclamado todavía como candidato a presidente del Frente de Todos -siquiera era una especulación- ni CFK como vice. Con su triunfo en las elecciones de 2019 el juicio recibió como protagonistas al Presidente y a la Vicepresidenta.

El Código Procesal Penal de la Nación establece en su artículo 250 que “no estarán obligados a comparecer” al juicio como testigos “el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales y provinciales”, entre otros. Pero si quieren ir al tribunal pueden hacerlo. Esas personas pueden declarar por escrito -el tribunal les envía las preguntas- o “en su residencia oficial”, hasta donde irán los jueces. Esa disposición alcanza a Alberto Fernández, al gobernador de Chaco Capitanich y a Massa como presidente de la Cámara de Diputados, quiénes deberán informar su decisión cuando sean citados.

El segundo bloque es el de los empresarios. Hay muchos nombres de relieve. Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Chediak y Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri. Wagner fue uno de los primeros arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción. El tercer bloque es de los peritos de la Corte Suprema que realizaron el informe que concluyó que en las obras hubo sobreprecios. Para las defensas de los acusados tienen un especial interés en su testimonio. Objetan fuertemente su trabajo porque, entre otros aspectos, solo analizaron cinco de los 51 obras. Eso fue por decisión del tribunal que estableció que peritar todas llevaría demasiado tiempo y que unos ejemplos abarcaban el universo.

El empresario Angelo CalcaterraEl empresario Angelo Calcaterra

Desde agosto del año pasado el juicio se hace por videoconferencia por la pandemia del coronavirus. Los jueces y los testigos en una sala de Comodoro Py y la Fiscalía y las defensas por la plataforma Zoom. Los abogados pidieron y el tribunal aceptó que aquellos testigos que consideran más importantes se los deje para cuando termine la crisis sanitaria y pueden estar todos en tribunales. Así se postergó la declaración de Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional durante el macrismo que presentó en 2016 la denuncia que dio inicio a la causa, o Rafael Llorens, uno de los funcionarios de Planificación más cercanos a De Vido.

Sobre el juicio sobrevuela la figura de la Corte Suprema. El máximo tribunal tiene desde 2018 planteos de Cristina Kirchner para que el juicio se cierre y que, según lo que resuelva, y si lo hace, podría afectar el futuro del proceso a pesar que ya lleva tres años. La defensa de la vicepresidenta, a cargo de Alberto Beraldi, objeta que la causa ya se investigó en Santa Cruz y se desestimó cualquier acusación, que el peritaje fue parcial sobre solo cinco obras, que no se hizo lugar a todas las pruebas que la defensa pidió y de la actuación de un perito, entre otros puntos.

Por lo pronto el juicio se reanuda mañana con la declaración de Leonardo Durante y Jésica Caballero, de la auditoria de Vialidad Nacional. No es el único juicio oral contra Cristina Kirchner. La vicepresidenta tiene otros cuatro: “Hotesur” y “Los Sauces”, la firma del memorándum con Irán, dólar futuro y cuadernos de la corrupción. Ninguno empezó ni tiene fecha para hacerlo. Hay alguna expectativa de que este año se fije el inicio de alguno de ellos.

mangulo@infobae.com
FUENTE : INFOBAE

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Cristina Kirchner utilizó su descargo en la causa dólar futuro para justificar la avanzada oficial contra jueces y fiscales

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En su propia defensa como imputada por administración fraudulenta, la vicepresidente insistió en la necesidad política de reformar el Poder Judicial como exigió Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa

Cristina Kirchner apuntó con el dedo amenazador contra los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, sumó en su andanada a los medios de comunicación, y aseguró que la actual situación económica y social de la Argentina es el resultado de una conspiración política que Alberto Fernández intenta remediar con su reforma judicial y la anulación definitiva de la practica de Lawfare que se aplicaría sin sosiego en Comodoro Py y la Corte Suprema.

“Usted me quiere convencer a mi que hay Justicia en este país, y que hay un poder judicial en serio, por favor”, dijo CFK al juez Petrone acusándolo de continuar con la causa de Dólar Futuro que, desde su perspectiva, es un armado del establishment para perseguirla a ella y al peronismo.

La exposición de la Vicepresidente -54 minutos exactos desde su despacho- complementa la presentación que hizo Alberto Fernández -148 minutos- ante la Asamblea Legislativa. Fue un tándem que se movió a un ritmo vertiginoso, utilizando palabras que conmocionaron a los tribunales y apuntando a un sólo objetivo: reformar al Poder Judicial, que en cada una de sus instancias tiene bajo revisión la conducta penal de Cristina Kirchner, sus familiares directos, sus amigos de la Patagonia y sus aliados económicos.

No fue casual que CFK avanzara contra el juez federal Claudio Bonadio -que ya falleció- y el fiscal federal Carlos Stornelli. Ambos funcionarios de Comodoro Py realizaron la investigación en la causa Cuadernos que colocó a la Vicepresidente en una compleja situación penal.

Cristina Kirchner participó en una audiencia en la causa por dólar futuroCristina Kirchner participó en una audiencia en la causa por dólar futuro

Stornelli y su jefe directo, el procurador interino Eduardo Casal, no pueden ser removidos pese a los deseos Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y la única chance política que el Presidente y su socia tienen es que la mayoría kirchnerista de Diputados sancione la reforma a la Procuración General.

Si ello ocurriera, Stornelli y Casal serían eyectados de sus cargos en apenas dos días hábiles.

“Estamos en un momento muy grave institucional de la Argentina, no pueden seguir comportándose como una corporación, va a llegar un momento de crisis tan grave que va a ser revisado la totalidad del poder; no es sano el ejercicio del poder con funcionarios que parecen una aristocracia”, señaló la ex presidenta cuando promediaba su alegato.

Alberto Fernández propuso modificar las condiciones básicas de la Ley 48 (Recurso Extraordinario), reformular la aplicación directa del artículo 280 del Código de Procedimientos que ejecuta la Corte Suprema, establecer los juicios por jurados incluso para delitos federales, crear un tribunal de garantías con apoyo de todos los gobernadores y establecer una comisión bilateral para controlar al Poder Judicial.

No hay jueces o fiscales federales que rechacen in totum estas propuestas formales del Presidente. Pero no creen su palabra, y menos aún después de escuchar a CFK durante su presentación ante la Cámara de Casación.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante la Asamblea Legislativa (Presidencia)Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante la Asamblea Legislativa (Presidencia)

Comodoro Py asume que la propuesta del jefe de Estado es un inasible Caballo de Troya: si aceptan el obsequio de remozar ciertos instrumentos jurídicos, a la madrugada aparecerá la Vicepresidente colonizando al Poder Judicial y cerrando todas las causas penales en su contra.

“Este es el sistema que está podrido y perverso”, opinó CFK sobre el sistema judicial.

Y antes había asegurado que toda la justicia federal y los medios de comunicación habían conspirado para lograr que Mauricio Macri derrotara a Daniel Scioli en el balotaje de noviembre de 2015.

Desde una perspectiva política, el alegato de Cristina confirma la fuerte sintonía que existe con Alberto Fernández respecto a la intención de forzar una reforma judicial desde ambas cámaras del Congreso.

En cambió, si la perspectiva de poder se ubica en Comodoro Py y la Corte Suprema, la Reforma Judicial propuesta por el Presidente será una disputa política muy parecida a los enfrentamientos de trinchera en la Primera Guerra Mundial.

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FOTO TAPA : PERFIL

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Formosa: la Corte Suprema intimó a Insfrán a informar cómo realizan los operativos sanitarios ante un contagio de coronavirus

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Se trata de un nuevo pedido de informes del máximo tribunal en donde emplazó a la provincia a llevar la política anticontagios “con arreglo a los estándares constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos”

La Corte Suprema de Justicia emplazó hoy al gobierno de Gildo Insfrán a que informe si sigue funcionando el centro deportivo adonde eran enviados los ciudadanos de Formosa sospechosos de tener COVID-19 y sus contactos estrechos y si existen más establecimientos como ese. También exhortó a la provincia a llevar un protocolo anticontagios respetando la Constitución Nacional.

Puntualmente, los ministros de la Corte piden saber si “el Centro de Atención Sanitaria ubicado en el ‘Estadio Polideportivo Cincuentenario’ ha sido desactivado de manera definitiva, o si se trata de una resolución condicionada a la reducción en el nivel de contagios” y, en tal caso, “bajo qué pautas se procedería a su reapertura” y “si subsisten en actividad otros centros de internación que funcionen bajo las mismas condiciones” que las referidas por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Formosa respecto del Estadio Polideportivo Cincuentenario.

Además, buscan saber si cumplen con “los protocolos para la protección de derechos humanos que deben respetar las autoridades provinciales que controlan y aplican la regulación sanitaria, incluso respecto de quienes cumplan cuarentenas domiciliarias”.

Disturbios en un centro de atención sanitaria en Formosa de hace unas semanas

Además, el máximo tribunal exhortó al gobierno de la provincia de Formosa “sobre la necesidad de llevar a cabo el control y prevención de la propagación del virus COVID–19 con arreglo a los estándares constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos, así como también acerca del deber impostergable que pesa sobre los tribunales de justicia de todo el país, en el marco de sus respectivas competencias, de brindar efectivo amparo a las personas cuyos derechos se ven amenazados o han sido ya vulnerados”.

El gobierno de Formosa viene siendo denunciado por el tratamiento de las medidas preventivas durante la pandemia. Miles de habitantes oriundos de la provincia habían sido impedidos de reingresar a la provincia desde que se decretó el ASPO. Más tarde, se denunció que en el centro de atención sanitaria se encuentran no solo pacientes con COVID-19, sino también personas que aún no recibieron el resultado de su hisopado. Allí no había distanciamiento entre sanos y contagiados, hasta compartían el mismo baño. La APDH formalizó también denuncias por esta situación.

Gildo Insfran (Foto: Maximiliano Luna)Gildo Insfran (Foto: Maximiliano Luna)

El 19 de noviembre, la Corte falló en contra de Gildo Insfrán y a favor de los formoseños varados que aún no pudieron regresar a su provincia desde el inicio de la pandemia. Amnistía Internacional había denunciado que eran más de 7.500 las personas que reclamaban el regreso a sus casas mientras las autoridades locales no lo permitían.

Ahora, la causa llego a la Corte Suprema por un planteo de competencia: un pedido de hábeas corpus presentado por el senador radical Naidenoff, en donde se debate si los magistrados designados por Gildo Insfrán deben tratar –o no– la cuestionada estrategia sanitaria que se ejecutó para aplacar los efectos del COVID-19. La base del hábeas corpus es en nombre de personas adultas y menores, que se hallan alojadas en los centros de aislamiento por COVID-19 existentes en la provincia, las que recibirían un trato inhumano por parte de las autoridades locales que gestionan dichos establecimientos.

El 11 de febrero, se presentó la fiscal de Estado de Formosa y comunicó que “el Centro de Atención Sanitaria ‘Estadio Polideportivo Cincuentenario’ fue habilitado ante la irrupción de brotes de contagios en diferentes localidades de la provincia y funcionó durante las primeras semanas del corriente año. Agregó que en este Centro se llegó a internar a 200 pacientes asintomáticos o con síntomas leves de COVID-19. Por último, hizo saber al Tribunal que, ante la reducción de los contagios, circunstancia que adjudicó a la decisión de imponer la cuarentena preventiva y obligatoria en el Estadio Polideportivo, este centro de alojamiento fue desactivado”.

En ese marco, la Corte Suprema hoy recordó que “aun ante el escenario de emergencia que se verifica en el marco del COVID-19, conforme ha señalado este Tribunal, las medidas que se adopten para hacer frente a la pandemia y conlleven la regulación de derechos fundamentales deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales”, y que “la restricción a la libertad corporal debe satisfacer exigencias de razonabilidad”.

“Dada la trascendencia de las cuestiones involucradas, en forma excepcional y con carácter previo a dirimir el conflicto de competencia planteado, esta Corte, en su condición de custodio último de las garantías constitucionales, estima que es prioritario requerir información actualizada sobre la situación denunciada en relación a los centros de aislamiento preventivos de la Provincia de Formosa y encomendar a las autoridades públicas correspondientes que, lleven a cabo las gestiones necesarias para que en el contexto de la emergencia declarada por la propagación del virus COVID sean respetados y protegidos los estándares constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos”, sostuvo.

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Qué dice el primer informe de la autopsia sobre el cuerpo de Patricio Farcuh, el último dueño de OCA

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El informe preliminar confirma que el empresario murió por una falla severa en el corazón, tal como había adelantado Infobae. El cuerpo fue encontrado en la puerta del baño y luego intentaron reanimarlo

“Insuficiencia cardíaca aguda”. El informe preliminar de la autopsia que recibió la fiscal Mariana Albisu es breve pero contundente sobre la causa de la muerte del empresario Patricio Farcuh, que tenía apenas 43 años: tuvo una falla severa en el corazón y no hubo forma de reanimarlo. Sin embargo, la fiscal esperará las pericias complementarias, que pueden tardar varios días.

“Tuvo una falla en el corazón. El resultado preliminar a la autopsia coincide con las circunstancias y con los testimonios recogidos en el lugar”, dijo a Infobae una fuente de la investigación.

En 2013 dio el gran salto en su carrera al convertirse en propietario de OCA, uno de los mayores correos privados y de servicios logísticos de Latinoamérica, del cual fue presidente y CEO hasta febrero del 2019, cuando fue apartado de la firma poco antes de que se decretara su quiebra.

Según las fuentes consultadas, Farcuh se desplomó al piso minutos antes de las 20 del sábado pasado. A esa hora, en su casa solo estaban sus hijos, menores de edad, y personal doméstico.

El empresario fue encontrado en la puerta del baño y luego fue trasladado hasta su cama, donde personal del barrio privado intentó reanimarlo, según consta en el expediente judicial.

Patricio Farcuh, presidente de OCAPatricio Farcuh, presidente de OCA

Farcuh se recibió de contador público en la Universidad de Buenos Aires, fue Doctor Honoris Causa de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de esa misma casa de estudios y tenía un Master en Administración de Empresas por el IAE Business School, de la Universidad Austral.

Cuando cumplió 33 años, cofundó el Grupo RHUO (Recursos Humanos Organizados), mediante el cual agrupó varias compañías y, entre otras actividades, organizó congresos, convenciones y sesiones privadas entre empresas y oradores internacionales de renombre. Previamente, había desarrollado una serie de startups de servicios generales y luego formó una serie de emprendimientos dedicados a selección de ejecutivos, la búsquedas de profesionales, el desarrollo de talentos, el marketing y la logística.

Al momento de su muerte, la situación económica personal del empresario evidenciaba dificultades.

Aunque en principio no había dudas sobre las causas de su fallecimiento, la fiscal ordenó una autopsia en la Morgue de La Plata. El informe preliminar habla de una “insuficiencia cardíaca aguda”, que se produce cuando el músculo del corazón no bombea sangre como debería hacerlo. No hay marcas en el cuerpo por lo que los investigadores por ahora descartan otra circunstancia aunque esperarán el resultado de las muestras de laboratorio.

Durante ese tiempo, Farcuh protagonizó duros enfrentamientos con el líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, a quien acusó de querer quedarse con la firma de correo, y recibió una denuncia de la AFIP por supuestos desvíos millonarios y malversación de fondos de su compañía entre 2016 y 2018.

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Incluso se llegó a conocer una filmación interna de la empresa, en la que se ve cómo el líder sindical y un puñado de dirigentes camioneros echaron al empresario de su oficina para luego impedirle el ingresoEse material fue aportado por el propio Farcuh a la Justicia, en el marco de una causa en la que se lo investigaba por el no pago de aportes patronales, por la apropiación de las retenciones del impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado, por montos millonarios.

Posteriormente, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) abrió una causa en su contra por supuestos desvíos millonarios y malversación de fondos de su compañía entre 2016 y 2018.

Los lazos entre Moyano y Farcuh siempre estuvieron bajo sospecha, incluso después de que el empresario declarara ante la Justicia que el sindicalista le había “tomado” su compañía para vaciarla y firmar contratos con firmas vinculadas al Sindicato de Camioneros.

“No sé porque dicen que es mi testaferro”, declaró Farcuh en 2018, durante una entrevista con el periodista Luis Majul en A24.

FUENTE : INFOBAE

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