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Mañana se reinicia el juicio contra Cristina Kirchner por la obra pública: certezas y expectativas de cara al tercer año de proceso

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Todavía restan declarar 98 testigos, entre ellos el presidente Alberto Fernández, cuya declaración no tiene fecha pero no será en lo inmediato. Las razones por las que este año no habrá veredicto en el caso en el que también se juzga a Julio De Vio, Lázaro Báez y José López

FOTO : Cristina Kichner y su abogado, Alberto Beraldi, en la primera audiencia del juicio oral en mayo de 2019

El juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez se reanudará mañana y entrará en su tercer año de proceso. Lo hará con certezas y expectativas ante un año que tendrá el voltaje de ser electoral.

El Tribunal Oral Federal 2 reiniciará mañana a las 9.30 por videoconferencia las audiencias. Está prevista la declaración de dos testigos del área de auditoria de Vialidad Nacional. Son dos de los 100 que restan que den su testimonio. Con ese panorama las fuentes consultadas por Infobae coincidieron que este año no habrá veredicto. Más allá que muchos de esos testigos se puedan desistir, como ocurrió el año pasado, la parte final del juicio con los alegatos será extensa. Una certeza: todos aseguran que en 2021 el juicio no terminará.

Sobre los testigos también están puestas las expectativas. Entre los que faltan hay empresarios de la obra pública -algunos son arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción-, los peritos de la Corte Suprema de Justicia que concluyeron que en las obras hubo corrupción y también algunos políticos relevantes. El más importante es el presidente Alberto Fernández, propuesto por la defensa de Cristina Kirchner.

“En lo inmediato no va a ser citado. Pero no se puede descartar que sea este año”, le dijo a Infobae una fuente que conoce cómo el tribunal oral piensa su agenda sobre el momento en el que puede declarar el jefe de Estado. Todo dependerá de cómo se desarrolle el juicio que como todo proceso oral tiene su dinámica y sus imponderables, por lo que es es difícil fijarle un calendario de largo plazo. Por ejemplo, un testigo que debía declarar el lunes informó el viernes que tiene coronavirus y no podrá asistir.

A eso se le suma el calendario de las elecciones legislativas, un contexto que a los jueces federales no se les pasa por alto. Y la agenda 2021 del propio tribunal oral que tras la finalización de la feria judicial comenzó a organizarla con los otros juicios que tiene. Uno de ellos es al falso abogado Marcelo D´Alessio por el caso de extorsión conocido como “Traficante”. El inicio de ese proceso no se puede demorar mucho más porque el acusado está detenido y se vence su prisión preventiva. En esa revisión de la agenda -en la que el 90 por ciento de los jueces de los tribunales orales federales integra dos-, por ahora las audiencias de la obra pública están fijadas para los lunes y los martes.

El presidente Alberto Fernández, uno de los testigos del juicioEl presidente Alberto Fernández, uno de los testigos del juicio

Fernández defendió públicamente a Cristina Kirchner por este juicio. “Ercolini dice que Cristina es responsable de mandar los presupuestos de obra pública de Santa Cruz y de promulgar la Ley de Presupuesto donde se aprobaron. ¿Qué delito es ese?”dijo en junio de 2019, un mes después del comienzo del juicio y cuando ya era candidato. Julián Ercolini es el juez federal que procesó y envió a juicio a la vicepresidente en este caso.

Sobre la declaración del Presidente hay otra expectativa: ¿lo hará personalmente ante los jueces para contestar las preguntas de todas las partes o por escrito, tal como el Código Procesal Penal de la Nación se lo permite por su cargo? En Comodoro Py empezaron los análisis políticos y las especulaciones con los pro y los contra de ambos escenarios.

Cristina Kirchner, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el ex funcionario de Planificación y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y otros siete imputados -ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz- están siendo juzgados desde el 21 de mayo del 2019. La acusación es por los delitos asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.

Se juzgan las presuntas irregularidades -sobreprecios, rutas no terminas, ampliaciones de presupuesto, empresas sin la capacidad operativa para los trabajos, etc.- en la concesión de 51 obras públicas para la provincia de Santa Cruz que durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las sociedades de Báez, que se convirtió en empresario con la llegada del kirchnerismo al poder nacional.

El juicio que está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso -el fiscal es Diego Luciani-, que aceptaron la declaración de 184 testigos, de los que ya declararon 41 y otros 36 fueron desistidos durante el transcurso del juicio porque las partes entendieron que ya no eran necesarios. Quedan 98. Y hay otros nueve que están siendo investigados por el mismo hecho y resta esperar a que se defina su situación para saber si pueden declarar como testigos.

Desde que los testigos comenzaron a declarar -fue en diciembre de 2019- el tribunal dispuso que se hagan por bloques de temas. Así ya pasaron los denunciantes, como los ex diputados opositores Juan Carlos Morán, Margarita Stolbizer y Mariana Zuvic; ex funcionarios y diputados que trabajaron en la elaboración y aprobación de los presupuestos de las obras públicas; empleados del Ministerio de Planificación; y del área de auditoria de Vialidad Nacional.

Desde agosto del año pasado el proceso se hace por videoconferenciaDesde agosto del año pasado el proceso se hace por videoconferencia

Entre los que restan se destacan tres bloques por el impacto que sus testimonios pueden tener para el juicio y también político. Uno es el de Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Sergio Massa, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. Todos los ex jefes de Gabinete cuyos testimonios fueron pedidos por las defensas de la vicepresidenta, De Vido y Báez. También está convocado el ex secretario de Legal y Técnica y actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

Los jefes de Gabinete fueron citados porque son los encargados de la ejecución de los presupuestos y de las reasignaciones de las partidas para las obras públicas. Y esas medidas se tomaron para las obras de Báez. Cuando Cristina Kirchner declaró en el juicio, el 2 de diciembre de 2019 a una semana de asumir, lo nombró a Alberto Fernández. “En el año 1994 se introduce la figura del jefe de Gabinete, el responsable de la ejecución del presupuesto, sin embargo acá no está citado ningún jefe de Gabinete y no digo que tengan que estar acá. El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el Presidente o Presidenta de la Nación. Si es así, van a tener que citar al Presidente de la República, que fue jefe de Gabinete de 2003 a 2008dijo la vicepresidenta.

Cuando Alberto Fernández fue aceptado como testigo -el 3 de septiembre de 2018- no había sido proclamado todavía como candidato a presidente del Frente de Todos -siquiera era una especulación- ni CFK como vice. Con su triunfo en las elecciones de 2019 el juicio recibió como protagonistas al Presidente y a la Vicepresidenta.

El Código Procesal Penal de la Nación establece en su artículo 250 que “no estarán obligados a comparecer” al juicio como testigos “el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales y provinciales”, entre otros. Pero si quieren ir al tribunal pueden hacerlo. Esas personas pueden declarar por escrito -el tribunal les envía las preguntas- o “en su residencia oficial”, hasta donde irán los jueces. Esa disposición alcanza a Alberto Fernández, al gobernador de Chaco Capitanich y a Massa como presidente de la Cámara de Diputados, quiénes deberán informar su decisión cuando sean citados.

El segundo bloque es el de los empresarios. Hay muchos nombres de relieve. Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Chediak y Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri. Wagner fue uno de los primeros arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción. El tercer bloque es de los peritos de la Corte Suprema que realizaron el informe que concluyó que en las obras hubo sobreprecios. Para las defensas de los acusados tienen un especial interés en su testimonio. Objetan fuertemente su trabajo porque, entre otros aspectos, solo analizaron cinco de los 51 obras. Eso fue por decisión del tribunal que estableció que peritar todas llevaría demasiado tiempo y que unos ejemplos abarcaban el universo.

El empresario Angelo CalcaterraEl empresario Angelo Calcaterra

Desde agosto del año pasado el juicio se hace por videoconferencia por la pandemia del coronavirus. Los jueces y los testigos en una sala de Comodoro Py y la Fiscalía y las defensas por la plataforma Zoom. Los abogados pidieron y el tribunal aceptó que aquellos testigos que consideran más importantes se los deje para cuando termine la crisis sanitaria y pueden estar todos en tribunales. Así se postergó la declaración de Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional durante el macrismo que presentó en 2016 la denuncia que dio inicio a la causa, o Rafael Llorens, uno de los funcionarios de Planificación más cercanos a De Vido.

Sobre el juicio sobrevuela la figura de la Corte Suprema. El máximo tribunal tiene desde 2018 planteos de Cristina Kirchner para que el juicio se cierre y que, según lo que resuelva, y si lo hace, podría afectar el futuro del proceso a pesar que ya lleva tres años. La defensa de la vicepresidenta, a cargo de Alberto Beraldi, objeta que la causa ya se investigó en Santa Cruz y se desestimó cualquier acusación, que el peritaje fue parcial sobre solo cinco obras, que no se hizo lugar a todas las pruebas que la defensa pidió y de la actuación de un perito, entre otros puntos.

Por lo pronto el juicio se reanuda mañana con la declaración de Leonardo Durante y Jésica Caballero, de la auditoria de Vialidad Nacional. No es el único juicio oral contra Cristina Kirchner. La vicepresidenta tiene otros cuatro: “Hotesur” y “Los Sauces”, la firma del memorándum con Irán, dólar futuro y cuadernos de la corrupción. Ninguno empezó ni tiene fecha para hacerlo. Hay alguna expectativa de que este año se fije el inicio de alguno de ellos.

mangulo@infobae.com
FUENTE : INFOBAE

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ESPIONAJE ILEGAL: APARECIÓ MUERTO UNO DE LOS PROCESADOS EN DOLORES

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Uno de los procesados en la causa por supuesto espionaje ilegal y extorsiones que tramita en la ciudad bonaerense de Dolores, Carlos Liñani, fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Liñani estaba procesado en la investigación que se lleva adelante en la Justicia Federal de Dolores y además tenía un procesamiento por defraudación en los Tribunales de Retiro.

El despachante de Aduanas y empresario fue hallado en su vivienda y se investiga si se trató de un suicidio por emanación de gas, según información de la Policía de la Ciudad.

El empresario fue hallado por personal de la comisaría vecinal 14B, el martes a las 19.30, cuando concurrió al edificio donde vivía, en Soler al 6000, ante reportes de vecinos sobre un escape de gas desde un departamento del primer piso. Los bomberos cortaron el suministro de gas de todo el edificio, se evacuaron todas las instalaciones y se forzó el ingreso al departamento con autorización de la fiscalía a cargo de Adrián Peres.

Liñani, de 48 años, fue encontrado muerto tendido sobre el piso del living y en el lugar, según el informe policial, se hallaron “varias cartas de despedida”, supuestamente escritas por él.

Además, se informó que las “hendijas de puertas y ventanas estaban selladas con cinta”, no había desorden, ni tampoco evidencia de un ingreso forzado.

Liñani estaba procesado sin prisión preventiva y pesaba sobre él un embargo de 5 millones de pesos en la Justicia Federal de Dolores por intento de extorsión en la causa por la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio. Según la acusación, habría cometido este delito contra varias personas con la pretensión de forzar o direccionar sus declaraciones en el marco de la llamada causa cuadernos. Estaba procesado por “asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y contraria a las previsiones de la Ley Nacional de Inteligencia, extorsión en grado de tentativa y tráfico de influencias”.

Liñani se presentaba como “colaborador” de D’Alessio y además estaba procesado en los Tribunales Federales de Retiro por haber mencionado, de manera falsa, tener vínculos con el fiscal Carlos Rivolo, quien lo denunció. En Comodoro Py tenía procesamiento confirmado por la Cámara Federal porteña por “defraudación”.

FUENTE : PAFINA 12

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LA HIJA DE HUGO MOYANO CONDENADA EN CAUSA POR LAVADO DE DINERO

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La Cámara Federal de La Plata confirmó este miércoles la decisión que se había tomado durante la instrucción del caso en Lomas de Zamora: a Karina Moyano, hija del líder camionero, le serán retenidos 600 mil pesos y 434 mil dólares, como parte de un expediente por lavado de dinero. Ese dinero fue encontrado en su domicilio tras un allanamiento que se realizó en relación a un caso de narcotráfico. Además, se investiga el origen de los fondos.

Aunque su abogado defensor anticipó que va a apelar la medida, ya hay en sede judicial una resolución firme para que la hija de Hugo Moyano devuelva los fondos cuestionados.

Para el titular de Camioneros, todo se enmarca en una campaña mediática en su contra. “No respetan a los jueces con autoridad como el juez Villena”, sostuvo y cuestionó al diario La Nación, que informó sobre los vericuetos judiciales de su hija. “Estos señores vienen a hablar de autoridad moral”.

En la justicia, el análisis fue otro. En el juzgado federal de Lomas de Zamora comenzó en 2018 el expediente por supuesto narcotráfico, en cuya investigación intervino el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. En ese marco fueron allanados varios domicilios, uno de los cuales fue el de Karina Moyano.

Por un cambio de composición de los juzgados, la causa siguió en el despacho de Juan Pablo Augé pero delegada en la PROCUNAR. Durante la feria judicial de este último verano, el juez Villena subrogaba el juzgado de su colega Augé y fue entonces cuando dictó el sobreseimiento de la hija del líder sindical, reintegrándole el dinero.

El agravante de la situación, es que la medida se tomó mientras se encontraba la investigación delegada en la PROCUNAR, cuyo titular terminó denunciando ante el Consejo de la Magistratura al juez Villena, requiriendo su juicio político.

En la presentación, el fiscal Iglesia junto a su colega Cecilia Incardona, indicaron que Villena “habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas” en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional “y le imprimió el veloz trámite de tres días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia”, fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que luego el mismo juez no respetó, marcan ambos fiscales en escrito.

Por otro lado, denunciaron que se “dictó la resolución de sobreseimiento de una persona -Karina Moyano- sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso”.

Mientras se realizó aquella presentación, el juez Augé se reintegró a su juzgado, firmó la nulidad de lo resuelto por su colega Federico Villena, y ordenó a Karina Moyano reintegrar el dinero, medida ahora que fue confirmada por la Cámara Federal de La Plata.

En el fallo se sostuvo: “El hecho de que nos encontrábamos ante una causa delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria”.

Bajo este mismo lineamiento, el camarista César Álvarez rechazó el argumento de la defensa de Karina Moyano, quien señaló que hubo “animosidad” en la medida judicial. La réplica a dicho argumento fue: “Ni es parte de ninguna guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano, y menos aún como parte de un ataque general al sindicalismo combativo de nuestro país ni como un capítulo del llamado Lawfare”.

Por otro lado, analizó el magistrado, “lo que me persuade de que estamos ante una decisión acertada, es que una investigación que estuvo en cabeza del Juez Villena durante tanto tiempo -y como dice la propia defensa, casi sin actividad respecto de Karina Moyano, se resuelva intempestivamente en una feria judicial pasando por alto que la causa estaba delegada”.

Por su parte, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que “la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo” todo el procedimiento, incluyendo la devolución de los fondos bajo investigación.

Al momento de explicar este punto, dijo: “Debo destacar que se advierte en la resolución anulada una serie de irregularidades en torno a la participación y al cercenamiento de las facultades del Ministerio Público Fiscal que afectaron el debido proceso, provocaron un gravamen irreparable a esa parte y, por tanto, provocaron la invalidez de la decisión dictada”.
Lucia Salinas para Clarin

 

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Chantaje con planes: ya es tiempo que la justicia intervenga

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Guillermo Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al Polo Obrero y a la «Organización Clasista Revolucionaria” (OCR), por la realización de presuntas maniobras ilícitas de coacción para que la gente asistiera a marchas a cambio de beneficios económicos o planes sociales. Es a raíz de la marcha de ayer de distintos movimientos piqueteros en todo el país con foco importante en la Ciudad de Buenos Aires y el centro porteño.

Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas, aunque «sin perjuicio de ello, y con el objeto de no dejar sin planes sociales y/o asistencia a las personas que integran dichos movimientos toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes, requiero que ese Ministerio continúe con la ayuda a cada una de ellas pero debiendo hacerlo personalmente, sin intermediación de organizaciones o de terceros».

Asimismo, Marijuan remarcó que informes periodísticos dan cuenta que muchos de los manifestantes reconocieron recibir un beneficio de hasta 12 mil pesos mensuales, pero a cambio estaban obligados a ir a las marchas.

«Entre varios testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en el lugar, cabe señalar ciertos dichos de manifestantes a los que se logró entrevistar. Así, estas personas relataron que percibían $12.000 mensuales y que si faltaban a las marchas o no se quedaban hasta el final de las mismas, se los quitaban, dando de baja las tarjetas a través de las cuales los percibían», denunció Marijuan, cuya causa ahora será sorteada por la Cámara Federal.

También que de las imágenes «se dejó asentada la existencia de personas pertenecientes a las asociaciones convocantes que hacían firmar cuadernos o libretas a los asistentes a efectos de confirmar su presencia». El fiscal pidió tomarles declaraciones testimoniales a algunos manifestantes que previamente sean identificados por la Policía Federal.

FUENTE LIBRE EXPRESION

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